lunes, 14 de diciembre de 2009

"CASO MATSA"; LA CONFESIÓN DEL APODERADO DESACREDITA A CHAVES FRENTE AL SUPREMO

Manos Limpias y el PP piden que se cite al abogado como testigo

* El vicepresidente negó también al fiscal la participación de su hija en la ayuda

Manuel María Becerro | Sevilla

Las declaraciones de Francisco Javier López Rubio, el ex apoderado de la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) que reconoció a EL MUNDO.es de Andalucía que Paula Chaves –la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves– intervino materialmente en la tramitación de la solicitud del incentivo que acabó ratificando su propio padre, comprometen gravemente la estrategia jurídica del ex presidente andaluz ante el Tribunal Supremo (TS), cuyos magistrados aún tienen que pronunciarse sobre la querella criminal que le presentó el PP por prevaricación y tráfico de influencias.

La línea de defensa del también ministro de Cooperación Territorial ha quedado al descubierto en un escrito dirigido por su abogado, Víctor Moreno Catena, al teniente fiscal del Supremo a mediados de julio –a cuenta de otra denuncia penal que presentó en paralelo el sindicato de funcionarios Manos Limpias, y que fue inicialmente archivada por el Ministerio Público–, donde se subraya que "Dª Paula Chaves Iborra aparece por primera vez en el expediente del incentivo a partir del 12 de febrero de 2009 y efectivamente intervino por primera vez al aceptar el incentivo en nombre de Matsa el 19 de febrero de 2009".

Con esa secuencia de hechos, el abogado de Chaves descarta cualquier ilegalidad tanto en el procedimiento administrativo como en la actuación del ex jefe del Ejecutivo andaluz, por cuanto, "en todo caso, lo cierto es que el día 20 de enero de 2009 [la fecha en la que Chaves presidió el Consejo de Gobierno durante el cual votó a favor de la ayuda, pese a que la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta le obligaba a inhibirse] Dª Paula Chaves Iborra no había intervenido en el expediente, pues no lo hizo hasta el mes siguiente, en el momento en que acepta el incentivo a nombre de la empresa".

López Rubio, el ex apoderado de Matsa, reveló a este diario la falsedad de la versión oficial. En concreto –como, además, acreditan dos grabaciones publicadas en EL MUNDO.es–, este abogado confirmó que él se encargaba de "poner en copia" del expediente a la hija del vicepresidente tercero del Gobierno para su "supervisión y validación"; que ella "dio el visto bueno" a documentación remitida por otro bufete de abogados; y que su papel fue "más activo en la fase de presentación final" de la solicitud de la ayuda.

"Evidentemente, siendo abogado como soy y trabajando en tramitación de ayudas en confección de expedientes, se ha trabajado con ella, porque era la responsable jurídica de Matsa", afirmó literalmente el ex apoderado, que tras la publicación de sus manifestaciones remitió una carta a este periódico exigiendo un derecho de rectificación porque, según su versión, no habría dicho "ninguna de las frases que se le atribuyen", algo que quedó desmentido con los audios colgados en EL MUNDO.es.

Manos Limpias ha solicitado por escrito al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que llame a declarar como testigo al ex apoderado y abra diligencias penales contra Chaves. Por su parte, el PP ya había propuesto en su querella criminal a López Rubio como testigo. Ahora ha remitido sus declaraciones a este diario, incluida la prueba del audio.

elmundo.es

EL FISCAL PIDE INHABILITAR POR DOS AÑOS AL ALCALDE DE ALMUÑÉCAR POR MALVERSACIÓN

TRIBUNALES | Pagó con dinero público las costas de un proceso judicial privado

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides, en el banquillo. | Jesús G. Hinchado

* Es el segundo de los tres juicios a que se enfrenta Benavides en diciembre



* El alcalde dice que 'daba por sentado' que la demanda era del Ayuntamiento


José A. Cano | Granada

El alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), se ha sentado este lunes en el banquillo en la primera sesión del juicio con jurado popular en el que se le acusa de malversación por una querella presentada en 2004 contra su antecesor en el cargo, Juan Luis González Montoro (PP), supuestamente a título particular pero cuyos costas habría pagado el Consistorio.

Benavides ha declarado que "siempre dio por sentado que la querella la interponía el Ayuntamiento" y que se realizó a través de los abogados del mismo. "En ningún caso", dijo, se le comunicó que la estuviese presentando a título particular.

Sobre los 9.000 euros de fianza que se le exigían precisamente por ser querellante particular, ni ofendido ni perjudicado por el delito que denunciaba, y que pagó con dinero municipal, dijo que trasladó la documentación directamente a la asesoría jurídica del Ayuntamiento "y ésta me comunicó que el pago era procedente".

Precisamente, el fiscal en su escrito hacer referencia a la asesoría jurídica, en concreto a la entidad privada Urbalex Consultores S.L., contratada por el Ayuntamiento de Almuñécar, pero acusando al regidor de usar "los servicios de la misma para su actuación como particular querellante", precisamente lo contrario de lo que afirma Benavides, para quien esa consulta prueba su "buena fe". El Ministerio Público pide en sus conclusiones provisionales una pena de dos años de inhabilitación y una multa de 27.000 euros.

La querella contra el ex alcalde Montoro se remonta, según explicó el actual primer edil en su declaración, precisamente a otra acusación de malversación, según la cual el popular habría utilizado dinero del Ayuntamiento en "actividades prohibidas por la Junta Electoral". En concreto, 38.000 euros sobre cuyo gasto el equipo de gobierno habría remitido la documentación a la asesoría jurídica "para que llevara a cabo las acciones oportunas". Benavides insistió en que el interés era "recuperar 38.000 euros que eran de todos los sexitanos" y por tanto "procedía que demandase el Ayuntamiento".

El alcalde ha recordado que la decisión de pagar los 9.000 euros "se sometió a la Junta de Gobierno Local", donde estaban presentes el secretario y el interventor, que "no manifestaron ningún reparo". Preguntado sobre el poder notarial que acompañaba a la querella y autorizaba a intervenir en su nombre como particular, Benavides respondió que se trataba de un documento firmado "con anterioridad" y "para otro tema que nada tiene que ver".

También declaró el mencionado secretario municipal, quién añadió que aunque la multa se pagó, "fue recurrida, porque se entendió que no debía pagarse", y confirmó su visto bueno en la citada Junta de Gobierno.

Este juicio es el segundo de tres al que se enfrenta Benavides durante el mes de diciembre, que también está pendiente de su recurso en la Audiencia Provincial de Granada contra una sentencia de los juzgados de Motril que lo condena a 28 meses de cárcel y otros tantos de inhabilitación por coacciones a la empresa adjudicataria de la televisión municipal del municipio en el año 2004.

elmundo.es

"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; UN AFRONTA LAS DECLARACIONES CON "VALENTÍA" Y "SEGURIDAD" EN SU "INOCENCIA"

CORRUPCIÓN | Operación Maquillaje

Flaquer, Munar, Grimalt y Nadal | El Mundo

* Flaquer: 'Llegaremos a Navidad divertidos'
* El miércoles declara Nadal por la financiación de programas de TV inexistentes
* También están citados Munar, Vicens, Flaquer, Sard y Grimalt

Europa Press | Palma

UM afronta las declaraciones ante el juez con 'valentía' y 'seguridad en la inocencia' de sus miembros

El presidente de UM, Miquel Ángel Flaquer, ha admitido que el partido afronta una semana "complicada" debido a las numerosas comparecencias previstas por la Operación Maquillaje, si bien, apuntó que su formación encara esta situación "con valentía y seguridad de que las cosas nos irán bien, porque estamos seguros de la inocencia de la gente que va a declarar".

Son dos semanas de declaraciones de miembros de UM, por tanto, "llegaremos a Navidad divertidos" afirma, al tiempo que señala que "eso es lo que nos ha tocado vivir, y lo afrontamos con valentía, con decisión y con fuerza" porque "estamos seguros que el tiempo nos dará la tranquilidad que necesitamos. Hay que cumplir con la Justicia, y cumpliremos", sentencia.

Nadal: Operación Maquillaje y Can Domenge

Así lo ha apuntado el líder uemita en la celebración de la tradicional copa de Navidad que la formación nacionalista compartió esta mañana con los medios de comunicación, al ser preguntado por los interrogatorios que comenzarán el próximo miércoles con la declaración del ex conseller de Turismo del Govern y ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, y a su presunto testaferro Miquel Sard, ambos en calidad de imputados en el marco de la pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje, y por la que también comparecerán a lo largo de este mes y durante enero otros numerosos encausados en este procedimiento.

Nadal, imputado también en el caso de presunta corrupción en torno a la enajenación del solar de Can Domenge, abrirá de este modo la ronda de comparecencias previstas para esta semana y la siguiente dentro del fleco de Son Oms que investiga el presunto desvío de caudales públicos desde el Consell a través de subvenciones y contratos supuestamente irregulares a varias productoras audiovisuales.

En el caso del ex vicepresidente de la Institución insular, asistido por el letrado Josep Zaforteza, se le vincula con una de las empresas audiovisuales investigadas en el caso, Vídeo U, administrada por Miquel Oliver -también imputado- y a través de la cual se pusieron en marcha programas presuntamente inexistentes en Televisió de Mallorca encomendados desde el Consell mediante contratos presuntamente irregulares.

Miquel Sard: testaferro de Nadal

Cabe destacar que esa misma jornada está prevista la declaración de Miguel Sard, supuesto testaferro de Nadal en Vídeo U y en las producciones de Televisió de Mallorca, mientras que también comparecerán este miércoles la mujer de Sard, Christine Alice Read, así como la esposa del actual regidor de Unió Mallorquina, María José Sard.

Munar: Can Domenge y Maquillaje

Sin embargo, una de las principales declaraciones programadas para esta semana será, también como imputada, la de la ex presidenta del Consell y actual del Parlament balear, Maria Antònia Munar, cuya comparecencia está prevista para el viernes, 18 de diciembre, y quien habría autorizado varios pagos de forma presuntamente irregular a favor de la empresa Bahía Difusión, fusionada con Vídeo U. No obstante, Munar podría acogerse a su derecho a no declarar alegando su condición de aforada.

La también presidenta de honor de UM, defendida por Gabriel Garcías, también está inculpada en el caso que investiga los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración cometidos en el proceso de enajenación del solar de Can Domenge, adjudicado por el Consell de Mallorca por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.
Grimalt: Maquillaje

Junto a la presidenta del Parlament, el próximo viernes también está citado a declarar el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt, que en la pasada legislatura ocupaba el cargo de coordinador de Servicios Generales del Consell y está encausado en esta pieza por presuntas irregularidades administrativas en la autorización de varios pagos a la productora Studio Media.

Vicens y Flaquer: Maquillaje


Ya la siguiente semana, concretamente el día 22, serán interrogados el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el presunto testaferro del primero y socio de Studio Media, Alfredo Conde, y la mujer de éste y funcionaria de la Seguridad Social, Elisabeth Diéguez, todos ellos también encausados en la Operación Maquillaje y asistidos legalmente por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

Además
* El Govern busca para neutralizar el voto de Vicens

elmundo.es

"CASO PRETORIA"; "LUIGI" SIGUE EN PRISIÓN PARA EVITAR QUE DESTRUYA PRUEBAS

CORRUPCIÓN | Presunto cerebro de la trama

* Existe riesgo de que 'destruya evidencias u otros datos', según los jueces
* Habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones


Europa Press | Madrid

'Luigi', en una foto de archivo. | Efe

La Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso presentado por el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama de corrupción desarticulada a través de la operación 'Pretoria', Luis García, contra el ingreso el prisión ordenado por el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de octubre. Los magistrados Ángela Murillo, Teresa Palacios y Juan Francisco Martel consideran válidas las sospechas del juez instructor de que "dispone de cuantiosos fondos y realiza actividades fuera de la jurisdicción española".

Según el auto de la Sección, hecho público hoy, los tres jueces defienden también que existe un elevado riesgo de que García -imputado por la comisión de delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, tráfico de influencias, fraude en subvenciones y falsedad documental- "destruya evidencias u otros datos, documentos o elementos necesarios" en la investigación que se lleva a cabo en relación con la presunta organización corrupta.

El escrito destaca también que existen "indicios" de la comisión por parte del acusado de los delitos que se le imputan y pone de manifiesto que los magistrados de la Sala de lo Penal "carecen de base alguna para contradecir el criterio ostentado" por Garzón. En este sentido, subraya que García constituye "el nexo de unión de los demás imputados con el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet y, especialmente, con el alcalde Bartomeu Muñoz".

Cerebro de la trama
García, está considerado como líder de la presunta trama corrupta que operaba distintos ayuntamientos catalanes. Según defendía Garzón en el auto por el que ordenó su ingreso en prisión, en todos los casos los ayuntamientos afectados aprobaban "un proyecto urbanístico adjudicado a una empresa del entorno de García, quien gracias a sus contactos con el equipo de gobierno en estas localidades y a sus relaciones con empresarios interesados favorecía la tramitación y la consumación del negocio, repartiendo en forma ilícita cantidades pagadas por los últimos".

El ex diputado de PSC habría cobrado al menos 8,02 millones de euros por las operaciones en los tres municipios investigados. Era, según Garzón, "uno de los máximos responsables de la trama y por sus actividades de intermediación y de influencia sobre el alcalde de Santa Coloma", se erigió "en una especie de consejero que decide e imparte las decisiones de dicha institución".

En la actualidad únicamente se encuentran en prisión García y el ex alcalde de Santa Coloma Bartomeu Muñoz (PSC). También se encuentran imputados otras 18 personas entre las que cabe destacar los ex altos cargos de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta, el ex concejal de Urbanismo de Santa Coloma Manuel Dobarco; el director de Servicios Pasqual Vela y los empresarios Manuel Carrillo, Josep Singla y Lluis Casamitjana.

Además
* ¿Quién es quién en Pretoria?

elmundo.es