domingo, 13 de septiembre de 2009

UN EX ALCALDE DEL PP, CONDENADO A TRES AÑOS DE INHABILITACIÓN Y MULTA DE 73.000 EUROS

Su empresa compró un terreno que él mismo recalificó y más tarde edificó

El ex alcalde popular del municipio riojano de Santurde ha sido condenado a tres años de inhabilitación y suspensión y a pagar una multa de 73.000 euros por un delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” cometido en 2005. El ex edil, Jesús Montoya, firmó la compra de un terreno calificado como suelo dotacional con uso privado por parte de una empresa de la que era administrador solidario. Poco después aprobó la recalificación del terreno como suelo urbano con uso residencial y una empresa de su propiedad construyó allí una promoción de 47 viviendas. La sentencia subraya la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor, y duplica la pena solicitada por el fiscal.

Durante doce años (cuatro con el Partido Riojano y ocho con el PP) gobernó Jesús Montoya el municipio de Santurde (La Rioja). En 2007 dejó la alcaldía y ahora tendrá que rendir cuentas con la Justicia por su mala actuación en sus años de mandato. El juzgado de lo Penal número 1 de La Rioja ha dictado una sentencia por la que suspende de cargo público al ex edil durante tres años y le impone una sanción de 73.000 euros, el doble de lo que pedía la Fiscalía. El magistrado del caso considera que había que aplicarle la sentencia en el máximo de tiempo y con una cantidad acorde con sus posibilidades económicas y con el delito de “negociaciones prohibidas a funcionarios públicos” que cometió durante su mandato.

Su empresa compró el terreno
La sentencia recuerda que en julio de 2004, ya como edil del PP, Montoya autorizó la compra de un terreno propiedad de la Diócesis de Calahorra y La Calzada-Logrono que estaba calificada en el Plan General Municipal como suelo dotacional para la construcción de una residencia de ancianos. La compra la realizó la empresa Ribera del Oja Mercantil, de la que el propio ex alcalde era administrador solidario. En septiembre del mismo año, la compañía solicitó un cambio en el Plan Municipal para convertir el suelo en terreno residencial, algo que se autorizó en enero de 2005.

Rápida recalificación
Según el auto, Montoya, en su calidad de alcalde, sabía que Diócesis había solicitado en numerosas ocasiones el cambio de la calificación del suelo, una petición que el Ayuntamiento que él regía no atendió durante cuatro años. Sin embargo, cuando fue su empresa la que adquirió el terreno, la modificación se produjo inmediatamente.

También constructor
Otra empresa también propiedad de Montoya se encargó de construir en la zona una promoción de 47 viviendas, entre edificios unifamiliares y apartamentos, además de locales comerciales, un complejo deportivo y un garaje.

Negociaciones prohibidas a funcionarios públicos
La sentencia apunta que aunque la modificación urbanística “siguió el cauce formal correcto” en una actuación “usual en todos los municipios”, no se puede olvidar la “triple condición” de Montoya como alcalde, promotor y constructor de las viviendas, una condición que le hace haber incurrido en el citado delito de negociaciones prohibidas.

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ELPLURAL.COM

EL CASO CAMAS, A LA ESPERA DE QUE EL FISCAL SE PRONUNCIE SOBRE LOS CARGOS

TRIBUNALES | Cuatro años del intento de soborno a una concejala

Europa Press | Sevilla

El caso del supuesto intento de soborno a la que fuera concejal no adscrita del Ayuntamiento de Camas Carmen Lobo cumple mañana su cuarto año en un escenario en el que las partes esperan que el fiscal emita sus conclusiones para la correspondiente redacción de los escritos de defensa, pues en mayo de 2008 la Audiencia Provincial anuló las escuchas telefónicas que desencadenaron las diligencias, obligando a retrotraer el procedimiento mientras el ex concejal del PP de Castilleja de Guzmán Aureliano Lucas fue exculpado en octubre.

Pedro Pérez, abogado defensor del que fuera concejal por el PP Antonio Enrique Fraile, ha recordado que, después de que la anulación de las escuchas provocase que el procedimiento "fuera retrotraído" a sus fases iniciales, pero "se decretase continuar con el procedimiento", las diligencias siguen "su trámite procesal" para que los hechos sean enjuiciados por el procedimiento del jurado popular. No obstante, reconoció que se desconoce fecha alguna para las vistas orales que habrán de resolver el asunto.

El asunto estalló el 14 de septiembre de 2005 con la detención de dos concejales del PP y del PA por intento de soborno. Concretamente, Antonio Enrique Fraile, entonces edil del PP en el Ayuntamiento camero; José del Castillo, concejal adscrito al PA; y el empresario Eusebio Gaviño, todos ellos hoy imputados junto con el por entonces alcalde y actual coordinador local de IU-CA, Agustín Pavón, quien no fue arrestado pero muy pronto fue llamado a declarar ante la Policía Nacional en el marco de estas diligencias depositadas en el Juzgado de Instrucción número dos.

Aureliano Lucas, por entonces concejal del PP en el Ayuntamiento de Castilleja de Guzmán, fue también llamado a declarar e incluido en las diligencias hasta que en octubre de 2008 se decretó su exculpación, toda vez que meses antes, en mayo, la Audiencia Provincial decretó nula la intervención del teléfono usado por el empresario Eusebio Gaviño al considerar que el auto que autorizaba dicha intervención ofrecía "un vacío total y absoluto de motivación", ya que en éste "no se consigna un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos" investigados.

El auto aclaraba no obstante que dicha nulidad "no implica el archivo de las actuaciones", pues existen distintas pruebas tales como la denuncia que destapó los hechos, grabaciones audiovisuales o declaraciones, entre otras, que "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad", de forma que el juez instructor, a quien la Audiencia devolvió entonces las actuaciones, "dispone de material de investigación para esclarecer los hechos denunciados y concretar la posible participación de los imputados".

Sin embargo, el pasado abril, la Guardia Civil emitió un informe en el que manifiesta la imposibilidad de establecer un cotejo entre las pruebas de voz practicadas al ex alcalde de Camas y coordinador local de IU-CA, Agustín Pavón, y el que fuera concejal por el PA José Del Castillo, y la grabación en CD donde se volcaron las conversaciones clave en la instrucción del 'caso Camas'.

Así las cosas, la Fiscalía debe emitir sus conclusiones para que, una vez trasladadas a las partes, las defensas de cada uno de los imputados elaboren sus correspondientes escritos de defensa.

ELMUNDO.ES

EL PP "NO APLAUDE" A DE SANTOS Y SI ES CULPABLE "SEREMOS LOS PRIMEROS EN CONDENARLO"

TRIBUNALES | El juicio comienza este lunes

* Simarro apela a la necesidad de esperar a la conclusión del proceso
* El portavoz del PP apela a la presunción de inocencia


Europa Press | Palma

El PP balear asevera que "no aplaudimos ni apoyamos" la actuación del ex concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Palma, Javier Rodrigo de Santos, que a partir de este lunes será juzgado por la presunta malversación de 50.804 euros públicos en clubes de alterne masculinos, y asegura que si tras el juicio se demuestra su culpabilidad "seremos los primeros en condenarlo".

Carlos Simarro, tras matizar que De Santos "ya no pertenece" a la formación 'popular', apela a la necesidad de esperar a la conclusión del proceso "para condenar o no" al ex regidor, para quien la Fiscalía pide cinco años de prisión por un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Simarro se refirió asimismo a las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo en torno a la construcción del velódromo Palma Arena debido a las supuestas irregularidades que rodearon a la ejecución, y ante esto quiso dejar claro que "la inmensa mayoría de los cargos públicos de la pasada legislatura" -en la que el Govern estaba en manos del PP- "trabajó por el bien de los ciudadanos".

Por este motivo, apela a la presunción de inocencia de los imputados al tiempo que considera "injusto que se condene a quienes trabajaron para bien". Asimismo, auguró que de todos los procesos judiciales que hay abiertos por presuntas tramas de corrupción en el pasado mandato "la mayoría" de los imputados en ellos, entre quienes se encuentran numerosos ex altos cargos del Govern del PP, "se resolverán de forma positiva".

En el caso de De Santos, el ex concejal será juzgado desde mañana por un tribunal popular, presidido por el magistrado Carlos Izquierdo. Frente a la petición de cinco años de privación de libertad y su inhabilitación absoluta por un periodo de nueve años, la defensa del acusado alega como atenuante la reparación del daño producido, además de haber actuado así debido a su "grave" adicción a la cocaína y haber procedido, antes de conocer que el proceso judicial se dirigía contra él, a confesar la infracción ante las autoridades.

Además
* Todo listo para el juicio contra Rodrigo de Santos

ELMUNDO.ES

LA POLICÍA BUSCÓ A LA ESPOSA DE BÁRCENAS PARA DARLE UNA CITACIÓN COMO IMPUTADA

LA INVESTIGACIÓN DEL CASO 'GÜRTEL' SOBRE EL EX TESORERO DEL PP

El ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas, saliendo de su domicilio, el pasado 21 de julio.- SAMUEL SÁNCHEZ


Hacienda halló una cuenta a nombre de la mujer con un millón de euros

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

La investigación judicial del caso Gürtel, una trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP que afecta casi a un centenar de imputados, alcanzó el pasado 26 de julio a la mujer del ex tesorero del partido, Luis Bárcenas.

* Blanco: "Los que persiguen a Rajoy los tiene en el despacho de al lado"

Luis Bárcenas Gutiérrez
A FONDO

Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva

El juez Pedreira retiró la imputación a los cuatro días de decidirla

Ese 26 de julio, viernes, el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió citar como imputada a la esposa de Bárcenas y ordenó a la policía que entregará la resolución judicial a la mujer. El juez respondía a una petición expresa de la Fiscalía Anticorrupción. El 30 de septiembre, el mismo juez dejó sin efecto esa citación, que no había podido ser notificada.

Hacía dos semanas que el caso Bárcenas había pasado al Tribunal Supremo, ya que el tesorero es senador y sólo puede ser juzgado por ese órgano previa concesión del suplicatorio por la Cámara Alta. Mañana, de hecho, está previsto que se reúna la Comisión de Suplicatorios del Senado para, como primer paso decidir sobre su concesión o no, escuchar en audiencia a Luis Bárcenas, si este lo desea.

El sumario del caso que maneja el Tribunal Supremo incluye un informe de la Agencia Tributaria que cita expresamente los ahorros de la esposa de Bárcenas. En una de las cuentas que detalla la Agencia Tributaria, la mujer tenía algo más de un millón de euros en 2007. En el mismo informe se incluye otra cuenta corriente a nombre de Bárcenas con 300.000 euros. Tanto el tesorero como su esposa habían invertido ese dinero en Deuda Pública.

La información recabada de la Agencia Tributaria pretendía aclarar si Bárcenas había ingresado dinero de la trama corrupta. La operación que desarticuló esta red que operaba con numerosas administraciones gobernadas por el PP permitió incautar numerosa documentación del grupo empresarial que dirigía Francisco Correa. Entre esa documentación figuraban apuntes contables de diversas operaciones de pago de comisiones ilegales a cargos políticos. La contabilidad reflejaba supuestos pagos a L. B., al que la investigación identificó como Luis Bárcenas, por lo que fue imputado. En varios años, la trama corrupta habría pagado supuestamente a Bárcenas al menos 1,3 millones de euros. Las declaraciones de una directiva de la red empresarial investigada y del contable de Correa apuntalaban la tesis de los supuestos pagos a Bárcenas. La grabación de una conversación de los miembros de la trama, aportada a la Fiscalía por un ex concejal del PP de Majadahonda, señalaba el pago de "1.000 millones de pesetas" a Bárcenas.

Todos estos indicios llevaron al juez a solicitar un informe patrimonial de Bárcenas donde figura la cuenta corriente a nombre de su esposa con un millón de euros. Un mes después de tener el informe, el juez firmó la resolución citando como imputada a la mujer del ex tesorero del PP. Dos agentes se presentaron en el domicilio de la mujer y de Bárcenas el lunes 29 de julio pero se encontraron la puerta cerrada y al matrimonio de vacaciones. Le pidieron al portero de la finca el teléfono de la esposa del tesorero y la llamaron dos veces sin obtener respuesta.

El incidente sirvió para que Bárcenas, que ignoraba el motivo de la visita de los policías, denunciase a mediados de agosto en un juzgado el acoso policial y hace unos días pidiera amparo al Senado por allanamiento de su morada. Llegó incluso a explicar que ese supuesto acoso policial obedecía a una especie de venganza del comisario general de Policía Judicial, Juan Antonio González, por una tensa conversación que mantuvieron en un restaurante unas semanas antes.

Los policías regresaron del domicilio del matrimonio Bárcenas sin poder entregar la citación. Un día después, el juez Pedreira dejó sin efecto esa resolución.

El informe fiscal sobre Luis Bárcenas
- Crédito de 330.000 euros para la supuesta compra de un cuadro el 9 de diciembre de 2003, devuelto en efectivo el 20 de enero de 2004. "Parece poco creíble que se formalizara una póliza de crédito y se dispusiera del dinero en efectivo para una operación que finalmente no se llevó a cabo y se mantuviera ese efectivo más de un mes en poder del contribuyente con el coste financiero que eso supone".

- Titular de una cuenta que en 2007 tuvo 3 millones de euros de abonos. Podrían corresponder a una única renta o elemento patrimonial que se hubiera abonado dos veces o más por reinversiones sucesivas. Luis Bárcenas ha realizado reiteradas operaciones de Deuda Pública intervenidas por Caja Madrid reinvirtiendo sucesivamente un capital de 300.000 euros.

- La esposa de Bárcenas aparece como titular de una cuenta en Caja Madrid con "un elevado importe de abonos" en 2007: 10.935.241 euros. "Podría deducirse que ese importe está provocado por sucesivas reinversiones en Deuda Pública de dos capitales, uno de 650.000 euros y otros de 370.000 euros".

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