sábado, 27 de junio de 2009

EL PP PIDE QUE ESTEPONA SIGA LOS PASOS DE MARBELLA Y SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO


Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del PP en el Congreso, durante su intervención ayer en Torremolinos.

El alcalde denuncia «múltiples amenazas» tras destaparse los episodios de la corrupción urbanística

«Tu regalo nos encantó. Muchas gracias»

J. C. SEVILLA/MÁLAGA

Primero fue Marbella con la operación «Malaya» y ahora otro municipio malagueño, Estepona, se encuentra en el ojo del huracán tras conocerse el contenido del sumario del caso «Astapa», vinculado asimismo a la corrupción urbanística en el Ayuntamiento, motivo por el que fue detenido, encarcelado y puesto en libertad bajo fianza el alcalde, Antonio Barrientos, del PSOE.

Los populares, al igual que en el episodio marbellí, han alzado la voz y quieren que la Corporación municipal esteponera se disuelva y se convoquen elecciones anticipadas. En Marbella, la disolución obligó a nombrar una gestora, pero no se celebraron comicios extraordinarios.

La portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó ayer que «las graves revelaciones» del sumario del caso «Astapa», cuyo secreto levantó el jueves parcialmente el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona (Málaga), demuestran que «es necesaria la disolución de la Corporación de este municipio y elecciones municipales anticipadas».

Rectificación
Por ello, pidió a la Junta de Andalucía que «rectifique», después de que el consejero de Gobernación, Luis Pizarro, manifestara el jueves ante el Pleno del Parlamento que el Gobierno andaluz no va a instar al Ejecutivo nacional a la disolución del Ayuntamiento de Estepona.

A juicio de la dirigente popular, la situación en la que se encuentra el Consistorio de este municipio hace que sea «absolutamente ingobernable».

Sáenz de Santamaría recordó que hace ya un año el PP advirtió de la necesidad de disolver la Corporación y convocar elecciones anticipadas y ahora, lamentó, «tenemos que volver a reclamarlo en el Congreso de los Diputados», de modo que «se dé la voz al pueblo» y «haya un gobierno elegido por el pueblo, honrado y decente, que saque a Estepona del descontrol que está viviendo».

«Podíamos haber ganado un año y que Estepona hubiera sido gobernado como se debe», manifestó la portavoz popular en el Congreso, que asistió ayer en Torremolinos (Málaga) a la inauguración de la Escuela de Verano del PP andaluz «Ahora reformas, ahora Andalucía».

Unos 20 ponentes y 150 asistentes participan desde hasta el domingo en la sexta edición de esta escuela, «un evento ya consolidado", como indicó el presidente de los populares malagueños, Elías Bendodo. Hoy está prevista la asistencia del secretario general del PP-A, Antonio Sanz, y mañana, la del presidente andaluz del partido, Javier Arenas, que presentará las conclusiones.

Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, comprometió el «máximo respeto» y ofreció la «máxima colaboración» de su partido en relación a la investigación judicial de la supuesta trama de corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.

Durante un encuentro con medios de comunicación en la localidad de Elche (Alicante), Leire Pajín, insistió en que el PSOE «siempre tiene el máximo respeto por la actuación de la Justicia», a quien «le corresponde determinar cuál es el alcance de este caso».

Otro «marrón» para la Diputación malagueña
Los trámites para la disolución de un Ayuntamiento por decisión del Consejo de Ministros no son fáciles. La iniciativa debe partir de la Junta, tienen que pronunciarse el Senado y el Consejo de Estado, este último para determinar si puede haber elecciones anticipadas. En cualquier caso, en lo que respecta a Estepona, correspondería a la Diputación de Málaga la obligación de nombrar una comisión gestora, al igual que ocurrió con el caso de Marbella, encargada de regir los destinos de la Corporación. Algo que siempre está marcado por la polémica.

ABC.ES

BÁRCENAS DISPUESTO A DEJAR SU CARGO SI EL SUPREMO PIDE EL SUPLICATORIO


La cabeza de Bárcenas, por Edurne Uriarte

CRISTINA DE LA HOZ | MADRID

El tesorero del PP y senador popular, Luis Bárcenas, está convencido de que el Tribunal Supremo no acabará imputándolo pero, en todo caso, ha mostrado su disponibilidad a abandonar la tesorería si el alto Tribunal decide pedir el suplicatorio, paso previo a su imputación, según han indicado fuentes de la dirección popular a ABC.

En el Senado no esperan que llegue la petición de suplicatorio de Bárcenas, si es que llega, antes del verano puesto que ya se ha celebrado el último pleno de este periodo de sesiones. Es por ello, que el senador por Cantabria ha pedido declarar cuanto antes, reclamación que también ha realizado el diputado por Segovia Jesús Merino.

El tesorero del PP insiste, sin embargo, en que no le imputarán

A pesar de que hoy por hoy en Génova aseguran que no hay grandes novedades sobre la situación judicial del responsable de las cuentas populares y que Mariano Rajoy ha pedido confianza a los suyos, cada vez son más las voces que, públicamente, reclaman al también senador un gesto de generosidad y eso ha empezado a hacer mella.

«Mucha gente»

Lo han verbalizado los diputados Vicente Martínez Pujalte y Juan Morano, pero sobre todo ha sido la intervención del vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, el que más claramente ha señalado la puerta de salida. González Pons dijo que había «mucha gente» en el PP que compartía la visión de Pujalte, quien días antes dijo que Bárcenas «tenía que pensar acerca de su continuidad como tesorero del partido».

En cambio, el secretario general de los populares madrileños, Francisco Granados, aseguró ayer no haber detectado ninguna corriente interna en la formación regional a favor de la dimisión de Bárcenas. Granados puntualizó que la presentación de la renuncia o dimisión es una decisión personal «que cada uno debe tomar en el ejercicio de su responsabilidad». Ha sido en Madrid donde la trama Gürtel se ha cobrado una amplia serie de víctimas políticas, en muchos casos incluso sin mediar imputaciones.

ABC.ES

LA GUERRA INTERNA EN ESTEPONA DESVELÓ LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL

El sumario del 'caso Astapa' recoge cohechos a ediles

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

El ex alcalde Antonio Barrientos, cuando fue detenido en junio de 2008 - JULIÁN ROJAS

La guerra interna entre los concejales de Estepona (Málaga) fue clave para que afloraran algunos de los delitos investigados en el caso Astapa contra la corrupción, según se desprende del sumario de la investigación. La entrada en el consistorio de un nuevo concejal de Urbanismo, Rafael Duarte, que no estaba dispuesto a tolerar que le salpicaran las irregularidades, sumado al nerviosismo de otros ediles y cargos municipales, que, al igual que en el caso Malaya de Marbella, intuían el ocaso del imperio corrupto, dio material muy interesante a los investigadores.

En diciembre de 2007, Duarte se negó a firmar los presupuestos municipales ya que supuestamente se habían manipulado las previsiones de ingresos por aprovechamientos urbanísticos. Esta negativa le enfrentó a uno de los protagonistas de la trama, el edil de Hacienda Francisco Zamorano, que recurrió para la firma del presupuesto a la directora de Urbanismo, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, también imputada en la trama. "Han utilizado a Patricia, ella sabrá, que es mayorcita", afirmó Duarte en una de las escuchas. El sumario recoge dos llamadas de Javier Rojo al ex alcalde Antonio Barrientos. En una de ellas se interesa por el futuro laboral de su hija, y en otra trata de colocar a un técnico de deportes de Vitoria en el Ayuntamiento de Estepona o en el de Benalmádena, que en junio de 2007 pasó a manos del PSOE.

La policía también recoge que el portavoz del Partido Andalucista, Rafael Montesinos, "recibió, al parecer, 200 millones de pesetas del PSOE, a través de la promotora Valle Romano" a cambio de apoyar en junio de 2007 la investidura de Barrientos, pese a que el PA pensaba pactar inicialmente con el PP.

ELPAÍS.COM

LOS INVESTIGADORES HALLAN 27 APUNTES DE ENTREGAS DE DINERO A LUIS BÁRCENAS

La fiscalía encuentra una decena de pruebas distintas contra el tesorero del PP

CARLOS E. CUÉ - Valencia

Durante semanas, los dirigentes del PP insistían en que no podían tomar una decisión sobre el futuro de su tesorero, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino hasta conocer de qué se les acusa. "Necesito alguna prueba", sentenció Mariano Rajoy esta misma semana en El Gato al agua, un programa de televisión. El PP, personado en la causa, y los dos aforados encausados por el Tribunal Supremo, Bárcenas y Merino, ya tienen en su poder las pruebas de los investigadores contra ellos. Por tanto, Rajoy y Federico Trillo, portavoz de Justicia y máximo responsable de la estrategia de defensa en el caso Gürtel, ya conocen la multitud de pruebas que ha acumulado la policía, en especial contra Bárcenas, a quien se le atribuye haber cobrado casi un millón de euros en sobornos de la red de Francisco Correa, que logró en la época en que Bárcenas era gerente prácticamente todos los grandes contratos del PP.

* Las pruebas del 'caso Gürtel'

Francisco Correa llegó a decir que había dado dinero al senador popular

El cruce de pruebas y declaraciones llevó a la fiscalía a cambiar de criterio

El informe de la Fiscalía Anticorrupción detalla todas las pruebas para incriminar a Bárcenas. Y son al menos una decena de diferentes clases. La principal de ellas son los apuntes contables de voluminosas entregas a L, LB, LBárcenas, Bárcenas o Luis el cabrón. Hasta 27 distintos apuntes de entregas al tesorero del PP se pueden contabilizar en el informe de Anticorrupción.

Algunos son manuscritos, otros están en archivos informáticos. La variedad de los apuntes tiene aún más valor por cuanto han sido hallados en distintos registros, en distintos archivos informáticos, localizados en un pen drive y en documentos requisados al contable de la red, José Luis Izquierdo. Uno de esos archivos se llama directamente "Cuentas L.B.". "De las diligencias practicadas", explica la fiscalía, "fundamentalmente de las declaraciones de imputados y de la documentación por ellos aportada, y de la documentación intervenida en los registros se ha acreditado la realidad de los apuntes del pen drive. En efecto, alguno de quienes aparecen cobrando determinadas cantidades han reconocido haberlas percibido en el importe y la fecha anotadas, otros apuntes se confirman con documentos bancarios, facturas, recibos, etc".

La fiscalía ve concluyente como prueba el que "en los documentos de reparto" aparecen las siglas L y LB junto con otras que han sido relacionadas con personas vinculadas a Bárcenas. En muchos de esos apuntes aparece Bárcenas junto a Gerardo Galeote o Jesús Sepúlveda. "Todos los que aparecen en los repartos identificados pertenecen al PP y al menos Jesús Sepúlveda, conforme a la documentación intervenida en los registros, compartía facultades sobre la contratación de los actos del partido con Luis Bárcenas". Bárcenas y Sepúlveda son amigos y comparten negocios.

También son claves las declaraciones de los imputados. La fiscalía explica que si en un principio pensó que no había suficientes indicios para asegurar que L, LB o Luis el cabrón era Bárcenas, estas declaraciones y nuevos documentos analizados han sido definitivas para cambiar de opinión. "Diferentes imputados afirman que Correa manifestó haber entregado una elevada cantidad de dinero a Bárcenas, imputados respecto a los que no se aprecian móviles espurios ni autoexculpatorios. Los mismos imputados afirmaron que Correa hablaba despectivamente de Bárcenas, manifestando dos de ellos que se refería al mismo como un cabrón".

Otra prueba es la declaración de Correa. "Francisco Correa llegó a decir que había dado dinero a Bárcenas dando una explicación poco verosímil al respecto. Consta en la causa la grabación de una conversación referida a dichos pagos corroborada por los dos imputados que participaron en la misma y no negada por Francisco Correa".

También está la operación sospechosa, según la Agencia Tributaria, en la que Bárcenas ingresó 330.000 euros en billetes de 500, según su versión porque pidió un crédito para comprar un cuadro y la operación se frustró. Esa operación se realizó "precisamente en los años en que se reflejan entregas de dinero a L y LB", escribe Anticorrupción. "La operación se refiere, por otra parte, a una cuantía coincidente con uno de los repartos efectuados". La fiscalía aporta el documento según el cual Bárcenas ("LBarcenas") habría recibido 300.000 euros de la sociedad Rutsfield, propiedad de Correa y cuya matriz está en el paraíso fiscal de la isla de Nevis. El Supremo cree que este documento no es prueba suficiente de la participación del tesorero en la red de blanqueo de dinero y pide que se siga investigando.

Por último, los investigadores aportan la prueba del safari de superlujo que, supuestamente, Correa le regaló a Bárcenas. Fue en Suráfrica y tenía un valor mínimo de 15.000 euros por persona. El tesorero admite que hizo el viaje, pero asegura que lo pagó.

Las pruebas del 'caso Gürtel'

- Los apuntes de entregas de dinero. La documentación recabada y las declaraciones de imputados acreditan "la realidad de los apuntes del pen drive" hallado en un registro. "Alguno de quienes aparecen cobrando determinadas cantidades han reconocido haberlas percibido en el importe y la fecha anotadas; otros apuntes se confirman con documentos bancarios, facturas".

- El documento de reparto. "Todos los que aparecen en los repartos identificados pertenecen al PP y al menos Jesús Sepúlveda [ex alcalde de Pozuelo], según la documentación intervenida en los distintos registros, compartía facultades sobre la contratación de los actos del partido con Luis Bárcenas".

- La declaración de Francisco Correa. "Francisco Correa llegó a decir que había dado dinero a Bárcenas dando una explicación poco verosímil al respecto. Consta en la causa la grabación de una conversación referida a dichos pagos corroborada por los dos imputados y no negada por Correa".

ELPAÍS.COM

JOSÉ RAMÓN DE LA MORENA RECIBIÓ TRATO DE FAVOR DEL EX ALCALDE DE ESTEPONA


'Caso Astapa'

De la Morena y Antonio Barrientos en una imagen de archivo. | elmundo.es

Marga García | Málaga

La Unidad Central de Delicuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) ha detectado durante las escuchas e investigación del 'caso Astapa' que el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, del PSOE, dio un trato de favor al periodista deportivo de la cadena Ser, del grupo Prisa, José Ramón de la Morena.

La relación era tan estrecha que Barrientos condicionó un convenio con la promotora Prasa, entre otros puntos, a que de los tres pisos que adquirió el periodista, la promotora sólo escriturara uno, pese a ser estos hechos constitutivos al menos de un delito contra la Hacienda Pública, según se desprende del informe policial y las conversaciones entre ambos amigos.

La investigación policial ha dejado al descubierto que «si bien se tenía constancia de su amistad, en el último periodo de observación –se refiere a noviembre de 2007– se ha constatado un acercamiento importante entre Antonio Barrientos y José Ramón de la Morena, al cual le han dispensado un trato de favor especialmente en relación a tres apartamentos que compró al Grupo Prasa».

Sólo un mes después, la UDEF recogió otra conversación fundamental en las relaciones de los dos amigos. «José Ramón de la Morena, director del programa El Larguero, ha mantenido una conversación con Antonio Barrientos poniendo en su conocimiento la intención de construir un complejo deportivo en Estepona junto al padre de José Tomás, reconocido torero español, pidiendo una concesión de 50 años para que el tema le salga rentable».

Además

* El sumario revela la financiación irregular de PSOE y PES
* David Valadez abusa del victimismo

ELMUNDO.ES

EL "CASO ASTAPA" DESVELA CONTRATOS A DEDO PARA CONTROLAR EL PSOE LOCAL

TRIBUNALES | Corrupción en Estepona

El sumario del 'caso Astapa', que investiga la presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de la localidad malagueña de Estepona, desvela las contrataciones a dedo que se realizaban para controlar la asamblea del PSOE local.

Las investigaciones de la Policía recogen una conversación telefónica mantenida entre el entonces jefe del Gabinete de Alcaldía, José Flores, y su primo Juan Simón, ambos imputados en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y blanqueo, aunque a Flores se le añade también el de malversación.

En esta conversación, Flores y Simón hablan de la necesidad de contratar a dedo a varias decenas de personas para controlar la asamblea.

La transcripción de la conversación, mantenida el 29 de noviembre cerca de la medianoche, recoge cómo Flores le cuenta a su primo que "con unas copillas" le dijo al ex alcalde Antonio Barrientos que le dejara actuar a él, que había diez o doce para contratar y que "se meten un par de ellos por mes" con el fin de tener la mayoría en la asamblea.

Añade que le había dicho a Francisco Alberto González, miembro del Gabinete de Alcaldía e imputado en la causa por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, que le "eche una mano", que él también tiene un compromiso.

La conversación continúa con Flores contándole a su primo que quiere meter a la hija de otro militante "de administrativa en el Parque de Bomberos, para que pasara desapercibido", aunque Barrientos "no quiere mucho", y añade que le ha dicho al alcalde "que no se complique la vida, que la meta y punto".

Su primo le pregunta que cuando se celebre la asamblea hacia dónde se inclinarán y Flores le responde que "está con nosotros", que "se ha dado cuenta de que David no le ha hecho ni puto caso" y de que "David me vende que no hay problema pero ni se mueve", en referencia al actual alcalde, David Valadez (PSOE).

Si se contratan a otros más, asegura, "ya tienes a casi todo el mundo ubicado", y sólo "nos quedan un par de jardineros del partido y poquito más", y después, añade, "está lo de la hija de nuestro primo", aunque aquí desvelan que Barrientos no está por la labor.

Continúa, en relación al refuerzo para la campaña de Playas, que las personas contratadas aquí son 30 o 40, "con lo que con eso tenemos controlada la asamblea", y la conversación concluye con que confía en que "después que vayan a las asambleas, por lo menos a las gordas".

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* José Ramón de la Morena recibió trato de favor
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ELMUNDO.ES

LOS TRIBUNALES ACOGERÁN ESTE VERANO JUICIOS CONTRA MASSOT, FELIU Y DE SANTOS

JUSTICIA | Agenda judicial del verano

* Juzan los casos Andratx, relámpago, Royaltur y De Santos
* Dani Güiza y Nuira Bermudez están citados por la custodia de su hijo

Efe | Palma

Los Juzgados y la Audiencia Provincial de Palma acogerán este verano varios juicios vinculados a casos de corrupción como son los que afectan al ex director general de Ordenación del Territorio Jaume Massot; el abogado Alejandro Feliu, y el ex concejal de Palma Javier Rodrigo de Santos.

El primero de los procesos será el juicio oral por una de las piezas del 'caso Andratx', los días 1 y 2 de julio en el Juzgado Penal número 3 de Palma, en el que Jaume Massot es el acusado por un presunto delito de negociaciones prohibidas, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El 10 de julio, los juzgados de Sa Gerreria acogerán la vista por la custodia del hijo del futbolista Dani Güiza y Nuria Bermúdez, en la que ambos están citados.

El Juzgado de lo Penal número 4 de Palma será escenario el 22 de julio del juicio en el que el acusado es el abogado Alejandro Feliu, por una pieza de la llamada 'operación relámpago' que investiga desde abril de 2007 presuntos delitos de estafa, fraude fiscal, dobles ventas y blanqueo de dinero.

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Palma acogerá el 7 de septiembre el juicio del denominado 'caso Royaltur', que sienta en el banquillo a la antigua cúpula de la Banca March y de la inmobiliaria Alcázar, y que fue aplazado el pasado febrero por incomparecencia de uno de los acusados, el ex presidente de Alcázar, Juan Piguillem García.

La denuncia por estafa la presentó hace quince años el presidente del grupo de empresas Moll -compuesto por las sociedades Royal Resort y Royaltur España-, Jaime Moll. Ambas sociedades explotaban una amplia planta hotelera, situada la mayoría de sus propiedades en la zona de sa Coma, en Mallorca.

Moll, que ejerce la acusación particular, afirma que los directivos del banco y de la inmobiliaria le hicieron caer en una trampa que motivó la pérdida de una buena parte de los bienes de su propiedad, cuando la compañía estaba atravesando un mal momento debido a una crisis internacional y al aumento de los intereses bancarios por los préstamos que habían solicitado. Solicita para cada uno de los acusados una pena de seis años de prisión.

Sin embargo, la Fiscalía sostiene que se trató de un negocio lícito, por lo que solicita la libre absolución de los acusados.

El 14 de septiembre la Audiencia acogerá el juicio al ex concejal de Palma Javier Rodrigo de Santos por malversación de caudales públicos por el uso de una tarjeta de crédito de la Empresa Municipal de Obras Públicas (EMOP), entre 2005 y 2007, para realizar pagos por 50.804 euros en clubes de alterne de Palma, cuando era edil de Urbanismo.

El ex concejal también se enfrentará a los tribunales los días 5, 6 y 7 de octubre, con la celebración en la Audiencia Provincial de Palma del juicio por cuatro presuntos delitos de abuso sexual, dos contra la salud pública y otro de corrupción de menores, por los que el fiscal pide para de Santos 24 años y tres meses de cárcel.

ELMUNDO.ES

UN RECURSO DE LA HIJA DE CHAVES DEJA EN EVIDENCIA LA VERSIÓN DE LA JUNTA


CASO MATSA

Admite en el escrito que el proyecto no reunía los requisitos








El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, toma nota ayer en el Senado. | Alberto Di Lolli

* La Junta modificó la orden de 2005 para poder subvencionar empresas mineras

Manuel María Becerro | Sevilla

Paula Chaves Iborra, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, según se constata en el propio expediente administrativo al que ha tenido acceso EL MUNDO, deja en evidencia la versión oficial de la Junta de Andalucía para tratar de tapar el escándalo sobre el polémico incentivo de 10,1 millones de euros concedido a la empresa que ella apodera, Minas de Aguas Teñidas (Matsa).

Para desmentir la denuncia de EL MUNDO de que Matsa se benefició de un traje legislativo a medida, la Junta mantiene que Matsa no se benefició de cambio legislativo alguno porque su proyecto de planta de transformación de mineral sería perfectamente incentivable "tanto con la orden de 2005 como con la de 2007 como con la de 2008".

Sin embargo, en un recurso de reposición presentado el 2 de abril, Paula Chaves recuerda que, "en fecha 29 de septiembre de 2006", la empresa que apodera "presentó solicitud de incentivos (...) al amparo de la orden de 2005" y que ésta "fue denegada 'por no reunir el proyecto los requisitos especificados en la orden', dado que entre los beneficiarios no se encontraban las empresas que desarrollen actividades mineras".

El problema con las 'costuras' legales salta a la vista cuando el Gobierno central deniega la ayuda el 24 de abril de 2008, alegando que Aguas Teñidas había iniciado las inversiones antes de la presentación -20 de julio de 2007- de la solicitud. Y, evidentemente, si las inversiones estaban ya iniciadas en esa fecha, cuando Aguas Teñidas presenta el 11 de octubre de 2007 la solicitud ante la Junta, también lo tenían que estar.

Pero un 'buen sastre' todo lo arregla, así que el 24 de junio de 2008 el Consejo de Gobierno andaluz aprobó un nuevo decreto de ayudas por el que se suprimían todas las limitaciones al fomento de los proyectos mineros que se fijaban en el decreto 21/2007.

Además

* El PP pedirá que Chaves vaya a la Diputación Permanente
* Paula Chaves firmó la aceptación de la ayuda como apoderada
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* Remiten al Supremo la denuncia de Manos Limpias contra Chaves

ELMUNDO.ES