martes, 25 de mayo de 2010

LA FISCALÍA DETECTA UN INCREMENTO DE LAS CAUSAS CONTRA LOS ALCALDES POR DELITOS URBANÍSTICOS

TRIBUNALES | Presentada la Memoria de la Fiscalía de Urbanismo

* La Fiscalía denuncia que las 'deficiencias de control' permiten estos delitos

José A. Cano | Granada

Las "deficiencias de control" sobre la actuación urbanística de los ayuntamientos están permitiendo se ignoren las leyes urbanísticas, pese a las garantías que éstas ofrecen, según señalan los fiscales andaluces del ramo. Una falta de esa vigilancia que la ley otorga a la Administración autonómica, y que, recuerdan, señaló también el célebra Informe Auken, de la eurodiputada danesa Margaret Auken, aprobado en 2009 y en el que se afeaba la "urbanización extensiva" española.

La Fiscalía Superior de Andalucía ha dado a conocer las conclusiones de las fiscalías provinciales de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio Histórico incluidas en la Memoria Anual de 2009, que se presentará en dos semanas. La coordinadora del ramo y delegada en Córdoba, Consuelo Fidalgo, ha reunido las valoraciones de la actividad del año pasado, en los que cada provincia ha tenido sus particularidades pero, en general, se aprecia un aumento de las causas urbanísticas contra autoridades municipales.

La especialización del Ministerio Público, según destacan las conclusiones generales, necesita también de "recursos suficientes". Valoran que aunque los fiscales estén acostumbrados "a hacer de la necesidad virtud", la especialización necesita ser "exclusiva" para resultar eficiente.

En Cádiz el fiscal lamenta los procesos de "regularización" de viviendas ilegales, provocados por la constitución en asociaciones de los propietarios, quienes "se convierten en auténticos grupos de poder que tratan de imponer la línea a seguir a los Ayuntamientos".

En Córdoba, la Fiscalía se muestra satisfecha, ya que la actuación de las distintas administraciones en el entorno de Medina Azahara, ha supuesto la "casi extinción" de la actividad de parcelación en la zona. Málaga constata que las gerencias de urbanismo municipales comienzan a denunciar más ha menudo las violaciones, en lugar de ignorarlas.

Es la Fiscalía granadina la que, a partir de asuntos como el 'caso Nevada' o las múltiples irregularidades urbanísticas detectadas en Atarfe, señala el incremento de casos de prevaricación municipales, en que alcaldes y concejales se saltan trámites "esenciales". Por ejemplo, en el uso que se hace de los estudios de detalle para aumentar la edificabilidad de algunas construcciones, evitando la intervención de organismos como el Consejo Consultivo.

Destacan, así datos como los 34 procedimientos por delitos contra la ordenación del territorio que tramita actualmente la Fiscalía de Almería contra, al menos, catorce alcaldes de la provincia. En doce de ellos se han formulado escrito de acusación contra un total de seis alcaldes, aunque ninguno de ellos ha sido aún enjuiciado.

En este sentido, el fiscal observa "un cierto retraso" en el enjuiciamiento de los casos "más complejos", como los que afectan a autoridades o a promociones múltiples de viviendas. En Jaén, el fiscal destaca las cuatro sentencias condenatorias a diferentes regidores que se dieron en 2009.

La Fiscalía onubense, por su parte, apunta la necesidad de crear más puestos de perito judicial "en todas las materias propias de la especialidad", esto es, desde los mencionados delitos urbanísticos hasta los daños al Patrimonio, pasando por incendios forestales. De lo contrario, se añaden nuevas causas de retraso, ya que es "enormemente complicado" que los juzgados tramiten sobre la marcha el nombramiento de peritos "idóneos".

Una queja general es la dificultad para la ejecución de las demoliciones, si bien el número de sentencias condenatorias que las ordenan ha aumentado. En especial, los fiscales de varias provincias destacan la complejidad de que, cuando el propio infractor no la afronta, exigir la responsabilidad a los ayuntamientos de turno.

En el caso de los incendios forestales, la Fiscalía de Córdoba reitera las "dificultades probatorias", que siguen "favoreciendo la impunidad". Aunque destaca que el número de imputaciones ha aumentado, pide una mayor presencia de las fuerzas de seguridad y recuerda que, en estos casos, se debe otorgar la consideración de policía judicial a los peritos medioambientales.

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"CASO SCALA"; CARDONA VERIFICA EN EL TSJIB LOS BIENES DESIGNADOS PARA SU FIANZA CIVIL

De 2,9 millones de euros

* Ha acudido al TSJIB para comprobar que los bienes son suyos


Efe | Palma

El ex conseller de Comercio, Industria y Energía del PP y diputado autonómico, Josep Juan Cardona, ha verificado en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) los bienes designados para avalar su fianza civil de 2,9 millones de euros fijada por el "caso Scala" de supuesta corrupción.

Cardona ha acudido este martes al TSJIB para comprobar que los bienes designados por la Sala de lo Civil y Penal para cubrir la fianza son efectivamente de su propiedad, según informan fuentes del caso. Como el ex conseller no abonó esta fianza en el plazo fijado, el TSJIB inició el proceso de embargo de sus bienes y hoy Cardona ha procedido a verificar la titularidad de los bienes que el tribunal considera de su propiedad.

Cardona es diputado autonómico del Grupo Mixto desde que abandonó el PP para no dañar la imagen del partido, dada su imputación en este caso de supuesta corrupción. En el "caso Scala" se investiga presunta corrupción durante la pasada legislatura, en la que se habrían inyectado fondos mediante transferencias y otros sistemas en el Consorcio para el Desarrollo Económico de Baleares (CDEIB), que en realidad habrían sido empleados para beneficio de particulares.

Esta causa se comenzó a investigar en los juzgados de instrucción de Palma pero, dada la condición de aforado de Cardona, ahora lo hace un magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJIB. Cardona mantiene que es inocente de los delitos económicos que se le imputan.

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"CASO PALAU"; EL PARLAMENT INVESTIGARÁ SI MILLET FINANCIÓ DE FORMA IRREGULAR A CONVERGENCIA

El desfalco del Palau salpica a la política

Millet y Montull, los saqueadores confesos de las arcas del Palau | Antonio Moreno

efe Barcelona

El PSC ha dado el empujón final a la creación en las próximas semanas en el Parlament de Catalunya de una comisión de investigación para aclarar si CDC se financió de manera irregular a través de las donaciones del ex presidente del Palau de la Música Fèlix Millet.

Después de varios días deshojando la margarita y tras la insistencia de sus socios de ICV-EUiA y ERC, además del PP y de Ciutadans, el grupo parlamentario del PSC ha decidido abrir esta comisión de investigación, al no darse por satisfecho con las explicaciones dadas hasta ahora por los dirigentes de CDC.

El portavoz parlamentario del PSC, Miquel Iceta, ha asegurado que la comisión, que deberá tener a punto sus conclusiones antes de las vacaciones de agosto y para la que no se descarta citar a declarar al propio Millet, tendrá que servir para "aclarar" la posible financiación irregular de CDC y no para echar "más leña al fuego".

En declaraciones a los periodistas, Iceta ha remarcado que la formación liderada por Artur Mas no ha sido capaz de explicar "contundentemente" los indicios de irregularidades que se han venido haciendo públicos en los últimos días.

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