domingo, 27 de febrero de 2011

"BALEARES SA": LA CORRUPCIÓN AFECTA A DECENAS DE EXDIRIGENTES DE UM, PP Y PSOE

A. M. - Palma de Mallorca

Los casos por supuesta corrupción que se investigan en los juzgados de Baleares afectan a decenas de ex cargos públicos y empresarios. Figuran, junto a los exmandatarios Jaume Matas y María Antònia Munar, personas como el decorador de él y la esteticista de ella. También el gerente de la Funeraria de Palma, empresarios de recogidas de basuras, y hasta una cantante de ópera.

- PP. Con el 43% de los votos en las islas, más de dos décadas en el poder y unos 20.000 militantes, al PP le atañen una decena de causas abiertas, desde el caso Andratx (70 piezas penales distintas) hasta el caso Palma Arena (con 25 causas separadas). Medio centenar de excargos y exmilitantes del PP están imputados, entre ellos dos expresidentes autonómicos (Jaume Matas y su mentor, el histórico Gabriel Cañellas, que cayó en 1995 por un escándalo de cobro de comisiones), así como cuatro exconsejeros: Juan Flaquer, José Juan Cardona, Francisco Fiol y Luis Ramis de Ayreflor. En la cárcel cumplen condena el exalcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo; el exdirector del Territorio del Gobierno Matas, Jaume Massot, y el ex número dos de Palma, Rodrigo de Santos.

- PSOE. Los socialistas arrastran la imputación del presidente de Ibiza Xico Tarrés y del alcalde de Sant Josep, Josep Marí Agustinet por una causa abierta en 2007.

- Unió Mallorquina. Alrededor de UM, partido bisagra que ha decidido Gobiernos en Baleares durante dos décadas, flotan más de seis causas por supuesta corrupción que afectan a sus tres exlíderes: la expresidenta del Parlamento Maria Antònia Munar, el exconsejero balear Miquel Nadal y el exconsejero de Mallorca Miquel Àngel Flaquer. Condenado en prisión está Tomeu Vicens, ex secretario general de UM. Además están imputados los exconsejeros autonómicos Xisco Buils, Miquel Àngel Grimalt y Mateu Cañellas. También se investiga a cuatro exalcaldes, dos exconsejeros insulares y el excontable del partido.


"CASO PICNIC"; UNIÓN MALLORQUINA ABONÓ VISITAS CON DINERO PÚBLICO PARA CAPTAR MILITANTES

Detenidos tres excargos del partido 'bisagra' en el Ayuntamiento de Palma

ANDREU MANRESA - Palma de Mallorca

Un juez de instrucción, dos fiscales anticorrupción y una decena de policías ocuparon ayer durante ocho horas la sede central de Unió Mallorquina (UM) en Palma de Mallorca para desarticular una supuesta trama de captación de militantes sufragada con fondos públicos. Unas 3.000 personas fueron invitadas a excursiones por UM como forma de comprar su apoyo, según la fiscalía.

3.000 personas fueron invitadas a excursiones, según la fiscalía

El llamado caso Picnic, que se saldó ayer con tres detenidos, supone una nueva vuelta de tuerca -a 90 días de las elecciones municipales y autonómicas- por parte de la Fiscalía Anticorrupción al partido bisagra en Baleares: entre 1983 y 2010 UM ha decidido o participado en las mayorías políticas de las islas, alternativamente con derecha e izquierda.

Unió Mallorquina se queja del "espectáculo mediático judicial" y "el sufrimiento" de sus bases, según su líder, Josep Melià, que afirmó que "la nueva UM" no tiene nada que ver con este episodio. Uno de los detenidos, Salvador Maimó, es miembro del Consejo Político Nacional y fue asesor de Medio Ambiente de Palma. Los otros arrestados son Catalina Payeras, exgerente del organismo municipal de Palma implicado en la trama (quedó en libertad horas después tras colaborar con la policía); y Paula Cortés, excoordinadora de Medio Ambiente del ayuntamiento.

Ex altos cargos y militantes de UM (que obtuvo el 6,9% de los votos en 2007) protagonizan seis casos judiciales de corrupción. Las cúpulas del partido han ido cayendo sucesivamente tras su imputación; dos decenas de exautoridades están bajo investigación penal. El ex secretario general Tomeu Vicens cumple cárcel por malversación.

El registro judicial de ayer se realizó para buscar pistas o documentos de una presunta organización delictiva de carácter clientelar integrada por militantes de UM que, cobrando nóminas públicas del Ayuntamiento, se dedicaban a captar votantes y afiliados. Tras las elecciones de 2007, al pactar UM con el PSOE-Bloc y mandar a su anterior socio, el PP, a la oposición, exigió controlar ciertas áreas de gestión de Palma, Mallorca y Baleares: los departamentos que mayores partidas manejaban y los que más empresas públicas tenían con capacidad de contratar. Desde Turismo hasta la recogida de basuras; Medio Ambiente y Deportes, Puertos o Caza, y la televisión autonómica IB3.

El PSOE rompió finalmente con UM en febrero de 2010, al ser imputada la exlíder María Antònia Munar; su sucesor, Miquel Nadal -que la delató-; los consejeros de Gobierno Xisco Buils, Miquel Ángel Grimalt y Mateu Cañellas; y altos cargos de Turismo. Las investigaciones judiciales y las confesiones de arrepentidos -empresarios y políticos- han ayudado a desentrañar el supuesto mecanismo para derivar una parte de los fondos oficiales a potenciar la red militante y a ampliar la base electoral, según consta en los sumarios.

La investigación del caso Picnic calcula que unos 3.000 vecinos de Palma fueron invitadas a excursiones por la maquinaria supuestamente corrupta de UM. La malla se extendió desde el Instituto Municipal de Ocupación y Formación (IMFOF), cuya misión oficial era dar información medioambiental casa por casa y en centros públicos.

Eberhard Grosske, concejal de Izquierda Unida que asumió el control del IMFOF tras la ruptura de UM con el PSOE hace un año, encargó una auditoria y enumeró hasta 12 empleados que operaban fuera de la institución, en una sede propia y a las órdenes de UM. El empresario Arbona Repic de Sóller ha entregado los tacógrafos de sus autobuses para documentar los cientos de viajes de merendola realizados.

De la candidatura al Ayuntamiento de Palma con la que UM concurrió en 2007, los cuatro primeros candidatos han sido luego imputados en diferentes causas.
  

EL EXDIRECTOR DE ATLAS CAPITAL COMPARECERÁ ANTE EL JUEZ POR EL "CASO BOMSAI"

Está citado el miércoles

Efe | Palma

El juez instructor del "caso Bomsai" ha citado a declarar el próximo miércoles 2 de marzo al que fue director general hasta diciembre de 2009 de la consultora Atlas Capital, Pablo Cervera, como imputado en este caso de supuesta corrupción.

Cervera ya había sido citado en febrero por el juez, pero su declaración se pospuso y se ha fijado ahora en marzo junto a la de otros dos testigos, que tendrán que declarar el día 7.

En esta causa se indaga un supuesto desvío de fondos durante la anterior legislatura del PP en la adjudicación de dos obras públicas por parte de Caib Patrimoni, y se centra en el banco de inversión y asesoramiento Atlas Capital, que realizó trabajos de asesoría técnica supuestamente innecesarios y por un procedimiento irregular por valor de 609.000 euros.

En su querella, la Fiscalía considera a los principales imputados en la causa responsables de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y cohecho ya que la empresa pública decidió contratar a Atlas cuando se contaba con los servicios jurídicos y económicos de la Conselleria de Economía, así como con los de la Comunidad Autónoma, por lo que el gasto resultó "absolutamente innecesario".

Además, el ministerio fiscal indica que es "patente" la "indefinición del objeto" del contrato con Atlas y tilda de "disparate" el que se establecieran unos "honorarios de éxito", por lo que considera que este contrato se hizo incurriendo en el delito de prevaricación.

Entre los principales imputados figuran el exconseller de Economía y Hacienda del Govern balear Lluís Ramis de Ayreflor (PP) -en libertad bajo fianza-, y los ex directores generales de Emergencias y Tributos, Joan Pol y Jorge Sainz de Baranda, respectivamente, todos ellos miembros del consejo de administración de Caib Patrimoni.

También figura imputado el ex gerente de Caib Patrimoni Jaume Vidal, expulsado junto a Pol y Sainz de Baranda del PP a raíz de su imputación en esta causa. Ramis de Ayreflor se dio de baja en el PP tras serle impuesta la fianza


elmundo.es

"OPERACIÓN PICNIC"; EN LIBERTAD CON CARGOS TODOS LOS DETENIDOS POR MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

* Seis de los siete detenidos ya están en libertad
* Los fiscales anticorrupción continúan interrogando a Paula Cortés

Europa Press | Palma

La Policía Nacional ha puesto en libertad con cargos a cuatro de los cinco detenidos que aún permanecían en los calabozos en el marco de la Operación Picnic, a excepción de la ex responsable de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Palma y ex número 4 de UM en la capital balear, Paula Cortés, quien aún continúa arrestada y en estos momentos está siendo interrogada por los agentes y los fiscales Anticorrupción Pedro Horrach y Miguel Ángel Subirán, que decidirán si la dejan en libertad o si pasa a disposición judicial mañana por la mañana.

Así lo han informado fuentes policiales, que han señalado que a las seis personas que han quedado en libertad (cuatro de ellas esta tarde, una el sábado y otra el jueves) se les imputa un delito de malversación de fondos públicos.

De este modo, este domingo fue puesto en libertad el coordinador del área de Medio Ambiente del Consistorio, Salvador Maimó (detenido el viernes); el ex director general de Formación Enric Molina; una militante de UM que fue contratada para realizar actividades en la Regiduría de Medio Ambiente A.S.M. y otra ex trabajadora de la misma Regiduría M.M.C, todos ellos arrestados el sábado.

Durante la operación, también fue detenida el pasado jueves la ex gerente del Imfof, Catalina Payeras, si bien, posteriormente, fue puesta en libertad, mientras que este sábado también fue arrestado un hombre M.N., aunque también fue puesto en libertad.

Así, Cortés y Maimó han sido los únicos que han permanecido dos noches en los calabozos y aún se desconoce si la ex responsable de Medio Ambiente del Consistorio pasará una tercera noche, a la espera de pasar a disposición judicial.

Las investigaciones que se están desarrollando en el marco de la nueva operación de presunta corrupción, bautizada como 'Picnic' e iniciada este viernes por orden del Juzgado de Instrucción número 8, apuntan a que Unió Mallorquina (UM) contrató a través del Instituto Municipal de Formación Ocupacional y Trabajo (Imfof) a una veintena de informadores medioambientales cuya única función era, en realidad, captar afiliados para el partido.

De este modo, las pesquisas se centran en si pudieron cometerse delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación, ya que estos trabajadores fueron contratados a través de esta empresa pública, a fin de que llevaran a cabo su trabajo para el departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento, pese a que en ningún momento habrían realizado el cometido para el que ocupaban estos puestos.

Más al contrario, estos agentes, conocidos como IMAS, se dedicaban exclusivamente, de acuerdo a las pesquisas, a la captación de afiliados para UM. De hecho, otra de las arrestadas en el marco de esta operación policial, Paula Cortés, quien fuera número 2 de la ex concejala de Medio Ambiente Cristina Cerdó, ya fue interrogada por el juez instructor del caso Maquillaje sobre el programa de mejora del entorno denominado Agenda Local 21, cuyos informadores iban puerta por puerta presuntamente para atraer simpatizantes.

EL FISCAL PIDE EL ARCHIVO DEL CASO DE LOS MERINOS Y EL ALCALDE SE MUESTRA "SATISFECHO"

Está acusado de prevaricación

* IU ha anunciado que recurrirá el posible archivo de la causa

Europa Press | Málaga

El alcalde de Ronda (Málaga), Antonio Marín Lara, se ha mostrado "satisfecho" tras conocer que la Sección de Medio Ambiente de la Fiscalía ha pedido el sobreseimiento de la causa que se sigue contra él en el Juzgado número 2 del municipio por un delito de prevaricación cometido presuntamente al aprobar por decreto el proyecto de urbanización de lujo de Los Merinos-Norte.

No obstante, Marín Lara, que ha reconocido estar algo contrariado por haberse enterado de este informe a través de la prensa, ha afirmado este sábado a Europa Press que "por respeto" a la jueza que instruye la causa no se pronunciará sobre estos hechos hasta que haya una resolución.

En cuanto a las consideraciones que la Fiscalía hace en su informe acerca de que la decisión del alcalde puede ser legal, pero atenta contra principios morales y ecológicos, tal y como ha informado 'La Opinión de Málaga', Marín Lara no ha querido pronunciarse e incide en que no hay pruebas para poder acusarle de prevaricación.

Por su parte, el portavoz municipal de IU, Rafael Ruiz, se ha mostrado "sorprendido" por los términos del escrito de petición de sobreseimiento de la Fiscalía. De hecho, ha anunciado que recurrirán el posible archivo de la causa y "vamos a tratar de aportar las pruebas que el fiscal cree que no tiene para poder acusar al alcalde de un delito".

Ruiz sí que ha dado importancia a "los tirones de orejas" de la Fiscalía hacia la actuación del alcalde. En este sentido, desde la coalición interpretan esta parte como la demostración de que las irregularidades que ellos denunciaron han existido, aunque el ministerio público no haya encontrado las evidencias necesarias de que fueron cometidas "a sabiendas" para que, de este modo, se pueda hablar de un delito de prevaricación.

El representante de IU ha señalado a Europa Press que espera que "todo esto no tenga nada que ver con el cambio de partido del alcalde", y es que en el momento del inicio del procedimiento, Marín Lara, ahora en el PSOE, militaba en el PA y mantenía un acuerdo de gobierno con el PP en el Ayuntamiento de Ronda.

Incluso, el Gobierno andaluz llevó todo este proceso a los juzgados para pedir la paralización de las obras, aunque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no atendió aquella petición.