domingo, 1 de marzo de 2009

UN JUEZ VE INDICIOS DE PREVARICACIÓN EN LA EX ALCALDESA DE JEREZ

Al ser parlamentaria, y por tanto, aforada, el magistrado se inhibe en favor del TSJA

El auto recoge que existen indicios racionales de criminalidad en la persona de María José García Pelayo. Estos hechos se refieren al tiempo en que la "popular" fue alcaldesa y presidenta del órgano gesto del urbanismo jerezano. Se le acusa de requerir el desalojo de los parcelistas sin haber tramitado el expediente con la intención de facilitar el suelo a la constructora "Xera Promociones".

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Un juez de Jerez recoge en el auto, la presunta comisión de un delito de prevaricación de la ex alcaldesa y actual concejal María José García Pelayo, del PP, en el caso Huertos de Ocio, que investiga el desalojo de unos 30 parcelistas asentados en unos terrenos transmitidos a una promotora para que edificara decenas de viviendas. El auto aprecia "indicios racionales de criminalidad" en el desalojo.

Tribunal Superior de Justicia
El magistrado Antonio-Jesús Jiménez Álvarez hace constar en la resolución, firmada el 25 de febrero, que de las actuaciones practicadas en el procedimiento "parecen indicios racionales de criminalidad" imputables, entre otros, a la también parlamentaria y vicepresidenta 2ª del Parlamento andaluz, y por tanto como aforada, se inhibe a favor del TSJA. Se le acusa, entre otras cosas, de haber requerido el desalojo de los parcelistas sin tramitar el pertinente expediente con la intención de facilitar el suelo a la constructora Xera Promociones.

Caso Gürtel y Fitur
Como informamos desde este medio, el equipo de gobierno de Jerez ha trasladado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, junto al expediente escrito, un soporte informático con más documentación sobre las adjudicaciones que firmó García Pelayo -foto con Arenas- sobre la presencia de Jerez en Fitur 2004 a Special Events y Down Town, dos de las empresas investigadas por el magistrado.

Contratos de Fitur
Como informó El Plural, el ayuntamiento de Jerez, en la época en la que gobernaba el PP, contrató con empresas vinculadas a Francisco Correa. La ex alcaldesa adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en Fitur. Lo hizo por el procedimiento de urgencia, saltándose el concurso público.

Manipulación de expedientes
El rotativo sevillano afirma que el actual equipo de gobierno sospecha que desde el Instituto de Promoción de la Ciudad, que presidía en ese año la dirigente popular, se escribieron documentos que reflejan trámites de los expedientes de contratación mencionados con fechas posteriores a las adjudicaciones.

andalucia@elplural.com

EL PRINCIPAL EMPRESARIO IMPUTADO POR EL JUEZ GARZÓN CONSTRUYE 2.000 VIVIENDAS FUERA DE LA LEY


El gobierno del PP en Ponferrada cedió de forma irregular parcelas para 2.000 pisos a José Luis Ulibarri, imputado del 'caso Gürtel'.
El pago fue el 20% del precio de mercado


PERE RUSIÑOL - MADRID

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y León), que gobierna el PP con mayoría absoluta, concedió en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el caso Gürtel, la presunta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesión ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, así como por recalificación improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amasó en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pagó un precio hasta cinco veces por debajo de los que establecía el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandió el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcción, servicios de limpieza y medios de comunicación. La empresa opera en toda España, pero sobre todo en Castilla y León, Madrid y Valencia y su facturación alcanzó los 614 millones de euros en 2006.

Dos sentencias firmes anulan todo el proceso, pero no se ejecutan

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de Público. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no haría ningún comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garzón, cita prevista en principio para el día 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gestó con el alcalde Ismael Álvarez Rodríguez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fernández. Pero lo heredó su sucesor, Carlos López Riesco, que culminó las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto está trufado de irregularidades desde sus orígenes y así lo han certificado los tribunales. Para diseñarlo, se modificó el Plan General de Ordenación Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en 2007. Ya en 2005 había fallado en contra, pero la urbanización siguió construyéndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos prácticos.

La reforma del plan general recibió el visto bueno de la Junta de Castilla y León, que el PP también controla con mayoría absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aumentó la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hectárea, se multiplicó por cuatro el terreno destinado a vivienda y además se suprimió el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gestión Urbanística (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido también anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respetó el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jurídico", señala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las polémicas concesiones tuvieron como máximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo año, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino sólo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno más se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcción, como Pizarras Franvisa o Fernández de la Mata, dedicada a las instalaciones eléctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, así como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Empresas ajenas al sector recibieron licencias y las cedieron a Ulibarri

Para esta operación Ulibarri utilizó a la promotora UFC, la misma que empleó para ganar en 2006 la concesión de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrileño epicentro del caso Gürtel, en el punto de mira de Baltasar Garzón. El juez investiga si en la operación de Boadilla Ulibarri pagó tres millones de comisión a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todavía no tenía empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operación de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pagó por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembolsó 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres días después de que el consejo de Administración de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extraños a las contrataciones de la Administración pública al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni cómo ni dónde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobación formal de las adjudicaciones había sido apenas tres días antes.

La segunda parte es el único desembolso real de dinero a la que se comprometía Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La última parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanización en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Además, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesión de los terrenos, las empresas de Ulibarri no sólo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino también con la construcción de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio más alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC había revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para sí el espacio para construir 800 pisos.

PÚBLICO.ES

INVESTIGAN LAS RELACIONES DEL DIPUTADO POPULAR MARI OLANO Y EL EMPRESARIO ULIBARRI EN UN PROYECTO URBANÍSTICO EN CASTELLÓN

Nuevas sospechas en torno al bufete del ex ministro Michavila

CECILIA GUZMÁN

El diputado autonómico del PP en Valencia y abogado José Marí Olano ha sido citado a declarar en la Comisión de Investigación creada por el Ayuntamiento de Xilxes, en Castellón, que indagará sobre la tramitación del PAI de golf, en cuyo proyecto participa el empresario José Luis Ulibarri, imputado por Garzón en la operación Gürtel. Las coincidencias van más allá, ya que este diputado trabaja también en el despacho de abogados del ex ministro José María Michavila, un bufete que ayudó al magnate castellano leonés a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana y además ha venido prestando asesoría jurídica al Ayuntamiento madrileño de Boadilla, epicentro de la trama corrupta.

El portavoz de Economía y miembro de la dirección del PP en las Corts, José Marí Olano, asesora jurídicamente al constructor Andrés Selma en algunos de sus negocios, como el PAI de Xilxes, proyecto urbanístico en la cual participa también su socio José Luis Ulibarri, quien entró en el proyecto a mediados de 2006 con la sociedad UFC. El magnate castellanoleonés es uno de los imputados por el juez Garzón en la presunta trama de corrupción urbanística que investiga, vinculada con el PP.

3 millones de euros
Según se desprende de las grabaciones que investiga el juez Garzón, Ulibarri había pagado 3 millones de euros al cerebro de la red, Francisco Correa por la concesión de una promoción de viviendas en Boadilla del Monte. Presuntamente este dinero se repartió entre Correa y el entonces alcalde de la localidad, Arturo González Panero, también imputado en la causa.

Lista de comparecientes
Tanto Ulibarri como Andrés Selma aparecen en la lista de los 11 comparecientes solicitados por la Comisión de Investigación de Xilxes, además de José Marí Olano y tres altos cargos de la Conselleria de Medio Ambiente: la secretaria autonómica María Ángeles Ureña, el director general Jorge Traver y la jefa del servicio de evaluación ambiental, Esperanza Colomé.

Olano trabaja en el mismo bufete que Michavila
Olano, que es portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas y ex letrado de la Generalitat, además de atender a sus responsabilidades políticas, trabaja como abogado en el bufete Eius, en el que también está José María Michavila, ex ministro y hermano de la jefa de gabinete del presidente de la Generalidad valenciana, Francisco Camps.

La sombra de Michavila y su despacho
El despacho de Michavila ayudó a Ulibarri a conseguir 13 licencias de TDT en la Comunidad Valenciana, se trató en cualquier caso de una concesión bajo sospecha y en la que pudo intervenir el secretario de Comunicación Popular, Esteban González Pons. Pero las oscuras coincidencias van más allá. El despacho de Michavila ha llevado la defensa jurídica del alcalde de Boadilla al menos en 12 pleitos municipales. Además, Panero contrató como asesor jurídico a uno de los miembros de este despacho.

Director jurídico de la Generalitat
Marí Olano era director del gabinete jurídico de la Generalitat cuando en diciembre de 2005 se adjudicaron 42 licencias de TDT locales y dos autonómicas, siendo conseller de Presidencia Esteban González Pons. En ese proceso, la principal adjudicataria fue Mediamed Comunicación Digital, empresa de la que es presidente José Luis Ulibarri y vicepresidente Andrés Selma, los dos socios en el PAI de Xilxes y en otros proyectos, según publica el diario Levante.

"No intervine personalmente..."
El diputado popular Marí Olano declaró a Levante que en el proceso de adjudicaciones de TDT "no intervine personalmente, no sé si lo hizo el servicio jurídico porque no tengo en la cabeza los 4.000 asuntos que lleva la Generalitat, pero yo no intervine en el expediente". En todo caso, añade, "es absolutamente legal el asesoramiento a Selma" ya que dice, "no estoy sujeto a régimen de incompatibilidad, porque las incompatibilidades de los altos cargos de la Generalitat no están reguladas".

Elius asesoró a Mediamed
De acuerdo con la misma publicación, el despacho Eius del que forma parte Marí Olano cobró al menos 150.000 euros a Mediamed como minuta de asesoramiento antes de la concesión de las TDT. La empresa de Ulibarri y Selma logró acaparar licencias en 13 de las 14 demarcaciones y adquirió el 80% de las acciones de Ondas 13, compañía que logró la gestión de la Televisión Municipal de Valencia (TMV).

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ELPLURAL.COM

EL ALCALDE DE ALCAUCÍN ESCONDÍA 160.000 EUROS DEBAJO DEL COLCHÓN

La Guardia Civil ha incautado 160.000 euros en los registros de la casa de José Manuel Martín. El alcalde socialista de Alcaucín los escondía bajo el colchón de su propia casa.
En conjunto, los agentes se han hecho con más de 250.000 euros en los sucesivos registros de la "operación Arcos".


José Manuel Martín, detenido. Archivo.

* Arenas pide responsabilidades a Chaves



L D (EFE) El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), detenido por la Guardia Civil por presunta corrupción urbanística, guardaba 160.000 euros en efectivo distribuidos en varias bolsas bajo un colchón de una cama de su casa, según publica el diario SUR de Málaga. Javier Arenas ya ha pedido responsabilidades políticas a la Junta de Manuel Chaves.

El dinero supuestamente fue hallado en uno de los registros efectuados por la Guardia Civil en el marco de la "operación Arcos", que ha destapado una trama que construía viviendas en suelo no urbanizable en la sierra de la Axarquía y en la que también fueron detenidas las dos hijas del alcalde y otras diez personas.

El inmueble fue inspeccionado varias horas por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) y del Seprona de la Guardia Civil y, cuando éstos descubrieron el dinero, Martín manifestó que los 160.000 euros eran "los ahorros de toda una vida", según el periódico, que cita fuentes consultadas por el periódico sin precisar cuáles son.

En total, los agentes se habrían incautado de más de 250.000 euros en los once registros llevados a cabo en la operación, que también ha salpicado a la Diputación de Málaga con la detención de un responsable del Servicio de Arquitectura y de su secretaria.

Esta última quedó en libertad tras ser interrogada por los agentes que investigan el caso, añade el diario.

LIBERTADDIGITAL.COM