sábado, 28 de febrero de 2009

LA COMUNIDAD DE MADRID ADMITE PAGOS POR MÁS DE 3 MILLONES DE EUROS A CORREA

Los contratos fueron para financiar actos constitucionales de Esperanza Aguirre

El Gobierno de Madrid pagó 3.229.302 euros a las empresas de la trama de Francisco Correa de 2004 a 2009. La inmensa mayoría de los alrededor de 300 contratos fueron aprobados por el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado, para no ser descubierto.

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Según revela hoy el diario El Mundo, la información en manos del Juez Baltazar Garzón, a partir de documentos recopilados por la propia Comunidad de Madrid, casi todos los contratos, que tenían como objeto realizar actos institucionales de la presidenta, Esperanza Aguirre, fueron cedidos a las empresas Easy Concept, Servimadrid, Good and Better y Diseño Asimétrico, todas propiedad de Francisco Correa.

Cuatro nombres diferentes de empresas, único dueño
Para no levantar sospechas, López Viejo trabajó con hasta cuatro empresas diferentes, herederas de Special Events, una de las primeras sociedades de la red, y fue cambiando el grueso de la inversión de unas a otras a lo largo de los años para que nadie pudiera acusarle de elegir siempre a la misma.

El dinero
En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%).

Los negocios entre López Viejo y Correa duraron hasta este año
Las arducias societarias continuaron en 2006 con pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.

ELPLURAL.COM

LA GUARDIA CIVIL DETIENE AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCAUCÍN POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

Dos hijas del regidor se encuentran entre los doce arrestados en el municipio malagueño

SANTI SOUVIRON | MÁLAGA

El alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, detenido por la Guardia Civil, saluda ante los aplausos de los vecinos.

La Guardia Civil detuvo ayer a trece personas en la denominada operación Arco contra una trama de corrupción urbanística en Málaga. Entre los arrestados destaca el alcalde socialista del municipio malagueño de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, dos de sus hijas y el aparejador municipal. Junto a ellos, el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, dos funcionarios de ese organismo y varios administradores, apoderados de empresas y gestores inmobiliarios.

La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron bajo supervisión municipal numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña.

Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a la de Anticorrupción.

Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.

El PSOE lo expulsará
La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente del ente, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de "la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución".

En Alcaucín, la operación de la Guardia Civil dejó boquiabierta a la población. José Manuel Martín Alba, nacido en 1953, es albañil y un conocido cantaor flamenco. Entró en política hace dos décadas, y ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Numerosos vecinos se concentraron a las puertas de su domicilio mientras era registrado, y le dedicaron gritos de ánimo y apoyo durante su traslado hacia el ayuntamiento, donde presenció la inspección de varias dependencias municipales. Alcaucín es un primoroso pueblo serrano de apenas 2.500 habitantes.

Sin embargo, según las incesantes denuncias de los grupos ecologistas en los últimos años, en su extenso término municipal se han construido unas 20.000 viviendas de todo tipo. Según las investigaciones fiscales, se erigieron en suelo rústico, aunque desde el ayuntamiento y la diputación se disimuló esa circunstancia.

Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán "tolerancia cero" ante la corrupción. El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció ayer el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos por los que han sido detenidos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad contra la corrupción, y apostilló que el partido "va a asumir responsabilidades y no se va a querellar con el juez instructor", en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón. Desde el PP señalaron a la Junta de Andalucía como máximo responsable, por acción u omisión, de lo ocurrido al ostentar las competencias en control y disciplina urbanística. A juicio del secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, el caso de Alcaucín confirma la "extensa mancha de corrupción" del PSOE en la comunidad autónoma.

LASPROVINCIAS.ES

viernes, 27 de febrero de 2009

EL YA EX ALCALDE PANERO NOMBRÓ DIRECTOR JURÍDICO DE BOADILLA A UN SOCIO DEL BUFETE

Connivencias, incompatibilidades y sospechas en el despacho de Michavila

JOSÉ MARÍA GARRIDO

Según ha podido saber El Plural, Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte forzado a dimitir por su presunta vinculación con la trama corrupta investigada por el juez Baltasar Garzón, ha contratado hasta en 10 ocasiones al despacho EIUS Abogados, en el que trabaja el ex ministro de Justicia y diputado del Partido Popular, José María Michavila.

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El despacho EIUS Abogados (fundado por Alberto Borrego, antiguo subordinado de Michavila cuando era ministro en el Ejecutivo de Aznar), habría recibido 120.000 euros del Ayuntamiento de Boadilla. (12.000 euros por pleito).

Socio y empleado
Además, uno de los socios de este bufete de abogados, Francisco Javier González Sánchez, fue contratado como “personal eventual” del consistorio de Boadilla. Su nombramiento como “director técnico jurídico” se recogió en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M) el 25 de julio de 2007. Ese mismo año, el Ayuntamiento de Boadilla fijó en 45.053 euros la retribución anual que percibiría González Sánchez como director técnico jurídico.

Posibles incompatibilidades
Desde que se destapó la supuesta trama de corrupción vinculada al Partido Popular, EIUS Abogados y el diputado popular José María Michavila están bajo sospecha. Incluso, el Partido Popular podría estar trabajando en un informe jurídico sobre las posibles incompatibilidades del trabajo como abogado de Michavila al ser este diputado y mantener contratos con diferentes administraciones públicas.

José María Michavila, Alberto Dorrego, Alfredo Dagnino y Andrés Jiménez Días, miembros de EIUS, en las fotos de la web del bufete

Más sospechas
El hecho de que Michavila se reuniera con Francisco Camps el 21 de febrero, justo el mismo día que el presidente valenciano (uno de los posibles imputados en la Operación Gürtel) se vio también con el número dos del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, no ha hecho sino aumentar las sospechas. Tal y como ya informó este periódico, además de para defender al Ayuntamiento de Boadilla, su bufete se encargó del asesoramiento jurídico de la empresa de Ulibarri para conseguir las licencias de televisión en Valencia.

Vinculaciones
Lo cierto y verdad es que en los últimos días, no han cesado las noticias que vinculan a este despacho de abogados con varios imputados en la Operación Gürtel que investiga el juez Baltasar Garzón. Poco a poco, se ha desvelado que dos abogados del despacho en el que trabaja Michavila son también letrados de las cortes: Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz.

Un hombre de Michavila
Alberto Dorrego es el socio director de EIUS, despacho que fundó en 2004, cuando el PP perdió las elecciones. Hasta ese momento, Dorrego había sido director general para la Modernización de la Administración de Justicia a las órdenes de Michavila, que llegó a concederle la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort. En la actualidad, Dorrego asesora a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso de los Diputados.

Abogado y congresista
Por su parte, Andrés Jiménez Díaz compagina su trabajo en EIUS Abogados con su puesto en la Comisión de Presupuestos de la Cámara Baja y en la Comisión Mixta de Control de la Corporación de Radio Televisión Española (RTVE). En el pasado, Jiménez Díaz incluso llegó a ser interventor del Congreso de los Diputados.

¿Incompatibilidad de los letrados de Cortes?
En este punto, cabe precisar que, según el Estatuto de las Cortes, a los letrados de las cámaras les está prohibido terminantemente desempeñar cualquier actividad pública o privada que pueda “comprometer su imparcialidad o independencia”.

Católico y consejero de la COPE
Otro de los nombres que han aparecidos vinculados al despacho de EIUS Abogados es Alfredo Dagnino, consejero de la cadena COPE, y presidente de la Asociación Católica de Propaganda y por ende, de la Fundación San Pabla CEU. Al igual que Michavila, Dagnino, que hace unos meses comparó al Gobierno socialista con los nazis, también ha trabajado con este bufete.

jmgarrido@elplural.com

YA ESTÁN EN PODER DE GARZÓN LOS CONTRATOS INVESTIGADOS DE JEREZ

"Por su naturaleza, pueden arrojar luz sobre las presuntas irregularidades"

Como ayer informamos desde El Plural, la trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón, se amplia en Andalucía. Desde ayer el juez de la Audencia Nacional tiene otro expediente de supuestas contrataciones irregulares sobre la mesa. En este caso corresponde al importante ayuntamiento gaditano de Jerez.

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El Ayuntamiento jerezano y su alcaldesa, Pilar Sánchez -foto-, se puso ayer a disposición de la Audiencia Nacional para el esclarecimiento de los asuntos que son investigados y que incumban a las actuaciones realizadas en el pasado el consistorio. Por ello ha remitido, por propia voluntad al juez Baltasar Garzón, "todo el expediente" relativo a la contratación con varias empresas investigadas en el "caso Gürtel".

En 2004 con alcaldesa del PP
Dichas contrataciones están fechadas en 2004 y se realizaron para la presencia del ayuntamiento en Fitur. La documentación remitida consta de todo el expediente de contratación con las empresas 'Special Events', 'Teleanuncio' y 'Down Town Consulting'. También se han remitido soportes informáticos cuya naturaleza, origen, fechas, destinatarios y remitentes "pueden arrojar luz sobre las presuntas irregularidades que están siendo objeto de investigación judicial".

Pide colaborar con la Justicia
La alcaldesa ha invitado a todos los grupos políticos de la Corporación municipal, y muy particularmente al PP, a colaborar con la Justicia y "no realizar declaraciones que puedan entorpecer el total esclarecimiento de los hechos y el trabajo de la Justicia, y que pretendan desviar la atención sobre el asunto principal".

Consulta con la Audiencia Nacional
El ayuntamiento, y a tenor de las declaraciones del PP, consideró necesario aclarar que fue el Ayuntamiento el que contactó con la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana para consultar qué debía hacer con el mencionado expediente, toda vez que en él figuran empresas y personas que están siendo objeto de investigación judicial. En esa primera comunicación fue imposible contactar con ningún portavoz autorizado del juzgado, por lo que se dejó razón con el ruego de que devolvieran la llamada.

Llamada de la Audiencia
Posteriormente, y en el transcurso del pleno municipal celebrado esta mañana, personal del juzgado del magistrado Baltasar Garzón telefoneó al Ayuntamiento, lo que obviamente obligó a la alcaldesa a ausentarse momentáneamente de la sesión para atender dicha llamada.

Acceso documentación al PP
Por ello no fue posible facilitar al grupo municipal del PP el expediente, lo que si se hizo cuando la Audiencia informó que no había impedimento . Los concejales del PP han podido consultarlo en su totalidad posteriormente.

Advertencia al PP
El equipo de gobierno socialista ha reiterado la plena disposición a colaborar con la Justicia, y ha lamentado "que las personas que en el pasado realizaran actos cuya naturaleza sea objeto de controversia, pongan en duda la honorabilidad del Ayuntamiento al que pertenecen.

andalucía@elplural.com

DETIENEN AL ALCALDE SOCIALISTA DE ALCAUCÍN, EN MÁLAGA, EN UNA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA

El PSOE expulsará a los militantes que resulten imputados

La Guardia Civil ha detenido a trece personas en una operación contra la corrupción urbanística que se está desarrollando en la localidad malagueña de Alcaucín, cuyo alcalde socialista, José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados. El PSOE de Málaga ha advertido que expulsará a los militantes que resulten imputados dentro de su política de tolerancia cero con la corrupción.

En un comunicado el PSOE ha dicho que la dirección política provincial respeta las acciones judiciales y policiales emprendidas, "sin menoscabo del respeto de la presunción de inocencia de los detenidos". Los socialistas aseguran que la posición del partido ante las imputaciones de sus militantes por delitos de corrupción "es la tolerancia cero, tal y como se ha demostrado en situaciones anteriores".

Dos hijas del regidor, entre los detenidos
Además entre los detenidos están dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores. Los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación.

El Fiscal de "Astapa" y "Malaya" presente en el registro
El Fiscal Anticorrupción, López Caballero que dirigió los casos "Malaya" y "Astapa" en Marbella y Estepona respectivamente, está supervisando el desarrollo del registro en el departamento de Arquitectura de la Diputación malagueña. Alli, están siendo investigados proyectos urbanísticos y mucha documentación de ese departamento.

Denunciado en Marzo
Según ha podido conocer El Plural, en Marzo de 2008, la Fiscalía de Málaga denunció al alcalde de Alcaucín, Juan Manuel Martín (PSOE), por la presunta concesión de licencias para viviendas ilegales en el municipio. Fuentes cercanas al caso indicaron en aquellas fechas, que en la denuncia se apuntabaa un supuesto delito de prevaricación urbanística cometido entre 2004 y 2006.

Licencias para reforma
Al parecer, el alcalde habría autorizado una decena de licencias para reforma de viviendas, cuando en realidad se trataba de permisos para nuevas construcciones unifamiliares. Estas nuevas edificaciones se ubicarían en suelo no urbanizable, por lo que se considerarían ilegales. Las fuentes explican que la legislación permite la concesión de permisos para reforma de viviendas antiguas, independientemente del tipo de suelo donde se ubiquen. De esta forma se pretendía avalar la legalidad de la licencia, pero realmente el permiso servía para levantar una casa nueva.

Arquitecto denunciado
El arquitecto municipal de Alcaucín también ha sido denunciado ya que, según las fuentes, sin comprobación alguna habría emitido informes favorables a las actuaciones. La Fiscalía pidio al juzgado competente de Vélez Málaga que abriese diligencias de investigación por si estos hechos constituían un delito contra la ordenación del territorio.

También en Huelva
Así mismo, la Guardia Civil ha informado de la detención de un empresario, cuya identidad se desconoce y que tiene su residencia en la costa de Huelva. La benemérita no descarta nuevas detenciones en esta operación a la que han bautizado con el nombre de operación "Arcos"

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andalucia@elplural.com

jueves, 26 de febrero de 2009

LA EX ALCALDESA DE JEREZ CONTRATÓ A DEDO A DOS DE LAS EMPRESAS DE LA TRAMA CORRUPTA

La larga mano de Correa llega al PP de Jerez

La trama de corrupción vinculada a instituciones gobernadas por el PP que investiga Baltasar Garzón, se amplia en Andalucía. Jerez se une a Granada y Estepona como ciudades donde empresas vinculadas al presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, obtuvieron contratos. Según ha adelantado la Cadena SER, la ex alcaldesa de Jerez de la Frontera adjudicó en 2004 a dos de las empresas investigadas por Garzón, Easy Concept y Special Events, un contrato para la participación de la ciudad en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). Lo hizo por el procedimiento de urgencia para saltarse el concurso público.

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María José García Pelayo -en la foto-, hoy portavoz de la oposición en el ayuntamiento jerezano y diputada en el Parlamento andaluz, firmó adjudicaciones por procedimiento de urgencia y sin publicidad por valor de 202.172 euros a las empresas Special Events y Down Town Consulting. Como en otras localidades donde operaba la supuesta trama de corrupción ligada al PP, se utilizó el mismo sistema, es decir fórmula de contratación por urgencia y sin publicidad, eufemismo de adjudicación de contrato a dedo. También el objeto contratado era idéntico a otros “clientes” municipales: adjudicar los servicios de Fitur para el ayuntamiento, en esta ocasión en la edición de 2004.

Firma de imputados
En los contratos de Jerez, junto a la firma de la alcaldesa aparecen las rúbricas de Pablo Crespo (ahora ingresado en prisión), como consejero delegado y representante de la empresa Special Events, S.L.; así como las de Isabel Jordán y de Javier Nombela, ambos en representación de la firma Down Town Consulting, S.L. e imputados en la actualidad. Crespo, fue secretario de organización del PP en Galicia y Javier Nombela, asesor de un concejal del PP del Ayuntamiento de Madrid y que fue destituido por Gallardón la semana pasada.

Informe en contra
Según informa hoy El País, la adjudicación se produjo incurriendo en varias anomalías administrativas. Al parecer la alcaldesa entonces, hizo caso omiso de un informe de la interventora municipal en el que se advertía de que el órgano competente para la adjudicación de los trabajos era el Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC). A pesar de ello, la ex regidora adjudicó las obras una semana después, el 15 de enero, por resolución de alcaldía, sin dar cuenta al IPDC hasta dos meses después de que finalizara la feria.

Varias irregularidades
Además de esta irregularidad, García Pelayo como presidenta del IPDC, utilizó un procedimiento excepcional y urgente para la tramitación de los expedientes, y así pudo obviar el concurso público y la publicidad de las adjudicaciones a pesar de que la organización de Fitur es un evento previsible desde un año antes de la organización de la siguiente edición. Aunque se contrate con este sistema, se exige a los ayuntamientos la participación en la convocatoria contractual de al menos tres empresas distintas para adjudicar el servicio. Algo que también se soslayó, ya que en el expediente administrativo, tan sólo aparecen estas empresas, finalmente adjudicatarias

355.000 euros
El Ayuntamiento firmó con Special Events por importe de 162.806 euros la gestión del stand de Jerez en Fitur. Con Teleanuncio contrató 141.364 euros, para la publicidad y propaganda del stand. El contrato con Down Town fue de 39.366 euros para organizar el espectáculo ecuestre de la Plaza del Caballo y otro de 11.855 euros para el acondicionamiento del pabellón Cecilio Rodríguez para este espectáculo. En total los tres contratos firmados con las mencionadas empresas ascienden a 355.392 euros.

Acciones legales del PP
Desde el PP jerezano alegan que las relaciones del IPDC con las empresas de la trama "siempre fueron técnicas" y que García Pelayo "respetó la legislación vigente". Los populares anuncian que presentarán "de inmediato" las acciones civiles o penales que correspondan.

Pagos al PP, según Correa
Se da la circunstancia de que Correa, en las reuniones de su empresa, citaba la existencia de pagos directo al PP a cambio de adjudicaciones de contratos. En las grabaciones de conversaciones privadas de Correa aportadas al sumario hay al menos dos referencias a la supuesta financiación ilegal del partido.

andalucia@elplural.com

EL PARTIDO DE REVILLA PONE LA MANO EN EL FUEGO POR BÁRCENAS


El Partido Regionalista de Cantabria pide que se respete la presunción de inocencia del tesorero nacional del PP y senador cántabro.

EUROPA PRESS - Madrid

Las filtraciones que implican al tesorero nacional del PP y senador por Cantabria, Luis Bárcenas, en la presunta trama de corrupción investigada por el juez Baltasar Garzón, ha provocado que la formación liderada por Miguel Ángel Revilla —Partido Regionalista de Cantabria (PRC)— ponga su mano en el fuego por él.

El vicesecretario general, Rafael de la Sierra, ha opinado que no deberían trascender y trasladarse a la opinión pública datos sobre una instrucción que está bajo secreto de sumario y mostró sus dudas sobre la posibilidad de que todas las informaciones difundidas al respecto sean "correctas" y "estén saliendo de los responsables del sumario".

De la Sierra ha argumentado que en este momento no está "corroborada" la imputación del senador, porque el secreto de sumario sólo se ha levantado para trasladar al fiscal la providencia de Garzón en la que pregunta si debe inhibirse, al aparecer aforados en el proceso.

Por tanto, ha señalado que el PRC no se pronunciará sobre el asunto "hasta que no diga algo el juez instructor" o el tribunal que, en su caso, lo juzgue.

De todas maneras, afirmó que si fuera cierto, el PRC diría lo mismo que dice cuando salen a la luz casos de este tipo: que es "muy triste", hace "daño" a la política y crea "inquietud".

"Pero desde el punto de vista personal, respetamos, asumimos y defendemos la presunción de inocencia" de Bárcenas, apostilló.

Respecto a las distintas informaciones que se están publicando sobre la supuesta implicación del senador, insistió en que "hay mucho radio macuto", y también puede haber "información interesada, información de fuentes bien informadas y, a lo mejor, algo de indiscreción".

PÚBLICO.ES

miércoles, 25 de febrero de 2009

FABRA:"YO NO SÉ LACANTIDAD DE GENTE QUE HABRÉ COLOCADO EN 12 AÑOS"



El presidente de la Diputación de Castellón alardea de nepotismo

MARÍA FABRA - Castellón

"Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en 12 años...". Lo que era un secreto a gritos finalmente se puede oír en voz del propio presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra (PP), en una grabación en la que admite utilizar la Administración para "colocar" a gente de la que, después, espera su "voto agradecido". "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente (...), y con las oposiciones puedes meter a uno o dos ayudantes", añade.

* La juez atribuye a Fabra un delito de falsedad castigado con hasta seis años de cárcel

Audio
Carlos Fabra: "No sé la cantidad de gente que habré colocado en doce años"
AUDIO - Cadena Ser - 24-02-2009

La SER ha tenido acceso a una grabación realizada al presidente de la diputación de Castellón por miembros de su propio partido. "Porque el que gana las elecciones coloca a un sinfín de gente. Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo. Supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación. Yo no sé la cantidad de gente que habré colocado en doce años, no lo sé. Pero entre Penveta, Hospital, Instituto de Promoción Cerámica, Escuela Taurina, la diputación, el puerto... ni sé. Tonterías... Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana... que está muy difícil... y esa señora es un voto agradecido. Por lo tanto, no hace falta que me extienda mucho más" -




Carlos Fabra Carreras

A FONDO



Para Fabra, ganar las elecciones "supone mucho poder en un ayuntamiento, en una diputación". La grabación, desvelada ayer por la Cadena SER, corresponde a una conversación, antes de las pasadas elecciones municipales, con un miembro de su partido, el PP. Esos comentarios suponen, a juicio de la oposición, una "autoinculpación" de Fabra, a quien un juzgado de Nules investiga por supuesto fraude fiscal y tráfico de influencias. El portavoz socialista en la diputación, Francesc Colomer, exigió una "explicación inmediata".

"Ni sé", dice Fabra en referencia al número de personas que ha colocado. Y cita entre las entidades donde ha practicado el enchufismo la Diputación, donde mantiene contratados a más de una treintena de asesores. También asegura haber colocado a conocidos en el Hospital Provincial, el Instituto de Promoción Cerámica, dependiente de la Diputación; la Escuela Taurina, un proyecto puesto en marcha por Fabra; el complejo socioeducativo de Penyeta Roja, también dependiente de la Diputación, y el Puerto de Castellón, integrado en Puertos del Estado pero cuyo personal está transferido a la comunidad autónoma, con lo que la designación de su plantilla y del consejo de administración, al que pertenece Fabra, depende de la Generalitat Valenciana.
"Voto cautivo"

En todos ellos y en algunos otros, según palabras del propio Carlos Fabra, se puede "colocar a un sinfín de gente, asesores, secretarios, directores generales, subdirectores, subsecretarios, asesores de los consejeros, directores territoriales, secretarias de no sé qué... (...). Y toda esa gente es un voto cautivo. Ese es un voto cautivo, que lo tengáis muy claro", añade.

Fabra pone un ejemplo, una "tontería", según él. "Madre que quiere entrar en el colegio de la Consolación de Burriana. Está muy difícil. No hace falta, Fabra llama a Baila y Baila mete en ese colegio y esa señora es un voto agradecido". Se refiere a Francisco Baila, entonces director territorial de Educación en Castellón y actualmente director general de Centros Docentes de la Generalitat Valenciana, que está siendo investigado por un posible delito de prevaricación después de que CC OO lo acusara de intervenir irregularmente en el proceso de matriculación del colegio de la Consolación, pero no de Burriana, sino de Castellón.

ELPAÍS.COM

martes, 24 de febrero de 2009

MICHAVILA ASESORÓ A LA SGAE PARA CONSEGUIR "GRATIS" UN PALACETE EN BOADILLA

Michavila, SGAE, Teddy Bautista, Dorrego, Dagnino, Boadilla, Gürtel, Ulibarri



Teddy Bautista y el ex alcalde de Boadilla. (Foto: Ayto. de Boadilla)

@Fátima Martín.

Alejandro Sanz y Shakira no son los únicos contactos del ex ministro de Justicia, José María Michavila, con la farándula. Ni su intermediación en la Ciudad Sanitaria de la Mutua Madrileña, su único vínculo con la alcaldía de Boadilla del Monte, en el epicentro de la investigación del ‘caso Gürtel’ contra la corrupción ligada al PP. Sucede que Eius Abogados, despacho del que forma parte el ex ministro, defendió al Ayuntamiento de Boadilla en el contencioso sobre el polémico ‘regalo’ a la Sociedad General de Autores (SGAE) del Palacio del Infante Don Luis. Alternativa por Boadilla (APB), que denunció la cesión, ha asegurado a El Confidencial que “Eius defendió la operación por partida doble: a través de Alberto Dorrego y de Alfredo Dagnino”. Ambos son socios de Michavila en Eius, donde ayer nadie contestaba al teléfono. Un portavoz de la SGAE consultado no ha negado estos extremos y ha comentado que "gestionar el palacio es más loable que censurable".

Ángel Galindo, portavoz de APB, ha mostrado su extrañeza por la presencia del bufete en esta defensa, teniendo en cuenta que “el Ayuntamiento de Boadilla dispone de varios abogados en nómina”. Galindo asegura que “Eius ha representado al Ayuntamiento en unos cuantos pleitos”. El propio Dorrego reconoció que “ciertos pleitos de singular complejidad se encomiendan a abogados en ejercicio. Es una práctica frecuentísima”.

De Bien de Interés Cultural a bien de interés de la SGAE

Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla imputado en el Caso Gürtel, concedió a la asociación de autores que preside Teddy Bautista la explotación de dicho palacio durante un plazo de 75 años. Se trata de una joya del siglo XVIII, obra del arquitecto Ventura Rodríguez, que era de titularidad municipal por expropiación y que la SGAE quiere convertir en la sede de la Fundación Autor. El monumento pasa así de ser Bien de Interés Cultural (BIC) a bien de interés de la SGAE.

El Juzgado de lo contencioso-administrativo número 1 de Madrid investiga esta concesión como una de tantas operaciones "sospechosas" que llevó a cabo Panero. El Ayuntamiento explicó que convocó un concurso público, pero reconoce también que sólo hubo una sociedad que optó por su gestión: la SGAE. La transmisión se hizo a coste cero, aunque la entidad de los autores se comprometió a invertir un mínimo de 30 millones de euros en su rehabilitación. El Ayuntamiento adquirió el edificio en 1998 por tan sólo 12 millones de euros. De los 30 millones que la SGAE pensaba gastar en rehabilitación, sólo nueve se dedicarán a ese fin, mientras que el resto, 21 millones, "es dinero o inversión para su exclusivo proyecto de obra nueva y en su exclusivo beneficio" según Galindo.

Dorrego, ex administrador de Global Health y secretario de Ulibarri en Mediamed

La pretendida futura sede de la Fundación Autor de la SGAE no es la única operación sospechosa en Boadilla en la que aparece vinculado el despacho del ex ministro de Justicia y aún hoy diputado del PP en el Congreso. Este lunes trascendió que Michavila pidió seis millones de euros a la Mutua Madrileña como mediador entre la aseguradora y la consultora Global Health (su cliente) para construir una megaciudad sanitaria en la localidad, según El Mundo, que cita fuentes de la Mutua. Da la casualidad de que Dorrego fue administrador de Global Health Proyects & Investments.

Pero los nexos de los socios de Eius Abogados con la trama Gürtel no acaban ahí. El director del bufete y antiguo subordinado de Michavila en Justicia, Alberto Dorrego –fue director general para la Modernización de la Administración de Justicia-, también colabora en los negocios de otro de los imputados, el tycoon castellano de los medios y los ladrillos José Luis Ulibarri, a su vez beneficiado por Panero con la adjudicación de la construcción de 139 viviendas en Boadilla. Dorrego es también secretario de Mediamed Comunicación Digital, brazo mediático de Ulibarri, adjudicatario de 13 licencias de TDT por la Generalitat valenciana. Para más inri, el bufete Eius también asesoró en el PAI del golf de Xilxes en el que participa Ulibarri. Dagnino, aparte de abogado, es presidente de la Asociación Católica de Propagandistas y Gran Canciller de la Universidad CEU Cardenal Herrera.

De Alejandro Sanz a Shakira

El sindicato Manos Limpias entregó recientemente a la Fiscalía Anticorrupción un listado de supuestos "amigos" de Panero "implicados" en sus negocios que incluía a Michavila. Este negó entonces tener negocios con el entonces alcalde de Boadilla.

Michavila, cuya hermana Ana es jefa de gabinete del presidente Francisco Camps, mantiene una estrecha relación con el artisteo. Como abogado, representa a Shakira y Alejandro Sanz. El ex ministro de Justicia compagina esta actividad con la de diputado en el Congreso. Además, es secretario general de la Fundación Alas (América Latina en Acción Solidaria), presuntamente destinada a luchar contra la pobreza en Latinoamérica.

Michavila fundó ALAS en Diciembre de 2006 junto con Shakira, Alejandro Sanz, Miguel Bosé, Juanes y un largo número de artistas latinos. Alejandro Sanz, por su parte, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción por haber blanqueado presuntamente dinero en el paraíso fiscal de Liechtenstein. Honor que comparte con el ex CEO de Repsol y también imputado en Gürtel, Ramón Blanco Balín.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL PP VE EN LAS FACTURAS FALSAS DE BAENA UNA TRAMA DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PSOE

El alcalde y senador socialista, durante la comparecencia de ayer. FELIPE OSUNA

Luis Moreno es aforado y sólo podría juzgarle el Tribunal Supremo.

B. GONZÁLEZ / A. R. V. CÓRDOBA

El PP ve en el caso de las facturas falsas emitidas por el Ayuntamiento de Baena, en el que se quiere personar como acusación particular, una posible trama de financiación ilegal del PSOE. Un extremo que rechaza el alcalde del municipio y senador socialista, Luis Moreno, quien calificó estos hechos, que investiga la Guardia Civil, como una «trama» urdida contra él «por un partido político que busca así poder tapar sus vergüenzas», en referencia al PP y sus supuestos casos de corrupción en Valencia y en Madrid.

La reacción del PP no se ha hecho esperar a tenor del sistema de facturas falsas que había orquestado el Ayuntamiento de Baena y que está investigando el Instituto Armado a instancias del juzgado de Instrucción número uno de esta localidad cordobesa.

Club de alterne
El «modus operandi» de este sistema de facturación fraudelento consistía en la emisión de facturas a nombre del Ayuntamiento en las que aparecían una serie de trabajos inexistentes. Parte del dinero obtenido de estas facturas lo utilizaban algunos cargos para acudir a clubs de alterne en Puerto Banús, como el Milady Place.

Hasta ahora, están imputados en el caso dos trabajadores del Ayuntamiento. Según las escuchas de la Guardia Civil, el coordinador de la red sería el secretario del alcalde, Rafael Santano, acusado de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, entre otros delitos.

Sin embargo, el Instituto Armado considera que el alcalde puede estar al tanto de estos hechos, según se desprende de conversaciones telefónicas grabadas.

Pero las sospechas que mantiene el PP sobre la utilización de los fondos no se quedan en los posibles gastos en un club de alterne. Así, el presidente provincial de los populares, José Antonio Nieto, vinculó la supuesta trama de los recibos con una financiación ilegal del PSOE y anunció que el PP ha puesto en manos de sus abogados su personación en el caso.

Manipulación de actas
Nieto recordó que hace siete años su partido llevó al alcalde baenense, Luis Moreno, a juicio por la manipulación de actas de un organismo municipal, hecho que el juez reconoció, si bien entendía que no hubo dolo. «Creemos que sí lo había porque servía para financiar a algunos sinvergüenzas y a algún partido político [en alusión al PSOE\] y ya entendemos de dónde provenía el dinero de la campaña electoral».

Y denunció que ambos casos «eran un secreto a voces en Baena» y constituyen sólo «el pico del iceberg, puesto que hay muchísimo más detrás de la gestión del alcalde y senador por el PSOE de Córdoba».

El alcalde salió ayer al paso de estas acusaciones con el anuncio de que piensa «desenmascarar la trama» urdida contra el PSOE y contra él por el PP.Una trama en la que todos están contra él, ya que Moreno también implica entre sus conspiradores a un cabo de la Guardia Civil y su esposa, así como a dirigentes de IU: el ex alcalde y promotor urbanístico de Baena, Carlos Arenas; a su mujer, concejala de IU, promotora turística, empresaria de la construcción y trabajadora municipal en el Área de Urbanismo, María Jesús Muñoz; e, incluso, al ex dirigente andaluz de IU, Luis Carlos Rejón.

«No hay corrupción»
El alcalde quiso dejar claro que «en el Ayuntamiento de Baena no hay corrupción» ya que no hay ningún edil imputado y sólo lo están dos empleados municipales, cuya presunción de inocencia defendió.

Es más, «una auditoría interna y otra externa verificaron la autenticidad de las facturas» a las que se alude en la denuncia que «hace dos años» presentó un empresario baenense «que luego se retractó ante el juez y dijo que había denunciado bajo coacciones y amenazas» de los conspiradores de IU en esta trama.

Por todo ello, el alcalde de Baena avanzó que iniciará «las acciones judiciales por supuestos delitos de estafa, extorsión, falsedad documental, infidelidad en la custodia de documentos, calumnias e injurias, delitos contra la Administración de Justicia y otros» que los letrados del Consistorio «entiendan que son perseguibles».

Estas explicaciones no convencieron al secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien preguntó al PSOE «a qué espera para pedir la dimisión inmediata» de Moreno y anunció que su partido preguntará al Consejo de Gobierno si «conocía los hechos» de Baena en el pleno de esta semana del Parlamento.

El portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, replicó que no pedirá responsabilidades a ningún cargo público mientras no esté imputado por el juez, pero aseguró que no pone «la mano en el fuego por nadie».

El caso Fitur, el caso Ohanes y la cacería de Bermejo
El presidente del PP-A advirtió ayer de que el PSOE tendrá que dar explicaciones en el Parlamento sobre la adjudicación del expositor andaluz en Fitur a una empresa sobre cuyo máximo responsable pesaba una condena por malversación, así como de la actitud que ha adoptado en relación con la montería protagonizada en Jaén por el ministro de Justicia -pese a carecer de licencia de caza en la comunidad- y de la imputación del ex alcalde de la localidad almeriense de Ohanes por presuntos delitos de cohecho. Arenas explicó que esta batería de interpelaciones responde al interés de reclamar responsabilidades al PSOE «ante el ejemplo diario de soberbia, prepotencia y, sobre todo, impunidad del que hacen gala las administraciones gobernadas por los socialistas». Con toda seguridad, el caso de Baena se sumará a estas iniciativas.

ABC.ES

EL COORDINADOR DE LA TRAMA DE BAENA, ALTO CARGO DE UNA HERMANDAD DE SEMANA SANTA

DINERO PÚBLICO EN UN CLUB DE ALTERNE

Rafael Santano, presunto coordinador de la red de facturas falsas del Ayuntamiento de Baena y hombre de confianza del senador socialista y alcalde, consentía que el dinero fuera gastado por altos cargos municipales en un club de alterne. Destaca que eral alto cargo de una Hermandad de Semana Santa.

LD (Pedro de Tena) Lo más sorprendente es que Santano Cañete aparece como vicecuadrillero, una especie de vicehermano mayor de la hermandad de la Magdalena de la ciudad de Baena. En este sentido, Rafael Santano Cañete fue nombrado para este puesto de la Hermadad de la Magdalena de Baena en 1997, mientras que el cuadrillero o hermano mayor es su hermano José María Santano.

Esta es la prueba documental: a 1997

Cesa de su cargo, y a petición propia por su estado de salud, nuestra camarera Dª. Soledad Fernández Baena y la suple en su cargo Dª. Marina Alcalá Ruiz, hermana de nuestra hermandad y sobrina de nuestro fundador D. Luis Fernández Roldán.

Se realizan elecciones a las que no se presenta el actual cuadrillero debido a su estado de salud y en las que es elegido D. José María Santano Cañete.

Se nombra nueva junta directiva:

Cuadrillero:

D. José María Santano Cañete

Vice–cuadrilleros:

D. José Antonio López Bravo

D. Rafael Santano Cañete

Secretario

D. Francisco Vizcaíno Barea

Tesorero:

D. Jesús Morales Ruiz

Vocales:

D. Desposorio Vizcaíno Agundo

D. Desposorio Vizcaíno Alguacil

D. Antonio Gallardo Navea

Dª. Nieves Campaña García

Dª. Pilar Garrido Bujalance

Dª. Remedios Mesa Molina

Se nombra:

"Cuadrillero Honorario":

D. Francisco Morales García

"Teniente-Cuadrillero Honorario":

D. Emilio Garrido Esquinas

"Camarera Honoraria":

Dª Soledad Fernández

Se realiza en el mes de Septiembre el homenaje al que fue nuestro Cuadrillero D. Francisco Morales García.

Como saben ya, en el Ayuntamiento de Baena, regido desde hace 14 años por un alcalde y senador socialista, Luis Moreno, se investiga una trama de facturas falsas que servía para financiar los pagos en un exclusivo club de alterne a varios cargos del Consistorio.

El alcalde podría tener conocimiento de los hechos, según El Mundo que recoge información de la Guardia Civil. Esta supuesta trama de corrupción está siendo investigada por la Benemérita a instancias del Juzgado de Instrucción número uno de Baena. Las facturas falsas básicamente se conseguían en la emisión de facturas a nombre del Ayuntamiento en las que aparecían una serie de trabajos inexistentes. Posteriormente, una vez blanqueado el dinero, algunos cargos utilizaban estos fondos para acudir a exclusivos clubes de alterne en Puerto Banús como el Milady Place así como para otros caprichos.

El PP ve en las facturas falsas de Baena una trama de financiación ilegal del PSOE y se quiere personar en la causa. El presidente del PP-A, Javier Arenas, advirtió ayer de que el PSOE tendrá que dar explicaciones en el Parlamento sobre la adjudicación del expositor andaluz en Fitur a una empresa sobre cuyo máximo responsable pesaba una condena por malversación, así como de la actitud que ha adoptado en relación con la montería protagonizada en Jaén por el ministro de Justicia -pese a carecer de licencia de caza en la comunidad- y de la imputación del ex alcalde de la localidad almeriense de Ohanes por presuntos delitos de cohecho. Arenas explicó que esta batería de interpelaciones responde al interés de reclamar responsabilidades al PSOE "ante el ejemplo diario de soberbia, prepotencia y, sobre todo, impunidad del que hacen gala las administraciones gobernadas por los socialistas".

El alcalde del municipio y senador socialista, Luis Moreno, quien calificó estos hechos, que investiga la Guardia Civil, como una "trama" urdida contra él «por un partido político que busca así poder tapar sus vergüenzas», en referencia al PP y sus supuestos casos de corrupción en Valencia y en Madrid. La reacción del PP no se ha hecho esperar a tenor del sistema de facturas falsas que había orquestado el Ayuntamiento de Baena y que está investigando el Instituto Armado a instancias del juzgado de Instrucción número uno de esta localidad cordobesa.

Club de alterne

El «modus operandi» de este sistema de facturación fraudulento, como explicamos ayer, consistía en la emisión de facturas a nombre del Ayuntamiento en las que aparecían una serie de trabajos inexistentes. Parte del dinero obtenido de estas facturas lo utilizaban algunos cargos para acudir a clubs de alterne en Puerto Banús, como el Milady Place. Hasta ahora, están imputados en el caso dos trabajadores del Ayuntamiento. Según las escuchas de la Guardia Civil, el coordinador de la red sería el secretario del alcalde, Rafael Santano, acusado de malversación de caudales públicos y falsificación de documentos, entre otros delitos.

Sin embargo, el Instituto Armado considera que el alcalde puede estar al tanto de estos hechos, según se desprende de conversaciones telefónicas grabadas.

Pero las sospechas que mantiene el PP sobre la utilización de los fondos no se quedan en los posibles gastos en un club de alterne.

Manipulación de actas

Según informa ABC que el presidente provincial de los populares, José Antonio Nieto, vinculó la supuesta trama de los recibos con una financiación ilegal del PSOE y anunció que el PP ha puesto en manos de sus abogados su personación en el caso. Hace siete años el PP llevó al alcalde baenense, Luis Moreno, a juicio por la manipulación de actas de un organismo municipal, hecho que el juez reconoció, si bien entendía que no hubo dolo. "Creemos que sí lo había porque servía para financiar a algunos sinvergüenzas y a algún partido político (en alusión al PSOE) y ya entendemos de dónde provenía el dinero de la campaña electoral". Y denunció que ambos casos «eran un secreto a voces en Baena» y constituyen sólo "el pico del iceberg, puesto que hay muchísimo más detrás de la gestión del alcalde y senador por el PSOE de Córdoba".

El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, quien preguntó al PSOE "a qué espera para pedir la dimisión inmediata" de Moreno y anunció que su partido preguntará al Consejo de Gobierno si "conocía los hechos" de Baena en el pleno de esta semana del Parlamento. El portavoz parlamentario del PSOE, Manuel Gracia, replicó que no pedirá responsabilidades a ningún cargo público mientras no esté imputado por el juez, pero aseguró que no pone "la mano en el fuego por nadie".

LIBERTADDIGITAL.COM

lunes, 23 de febrero de 2009

UN JUEZ INVESTIGA UNA DECENA DE DELITOS EN CASTRO URDIALES E IMPUTA AL ALCALDE

REPORTAJE
Un Ayuntamiento fuera de control

NATALIA JUNQUERA - Castro Urdiales

Ediles que ingresan en su cuenta cheques de una empresa beneficiada por contratos del Ayuntamiento, porque el gerente es compañero de partido. Hermanos de concejales bendecidos con obras municipales que cobran, incluso, sin necesidad de hacerlas. Viviendas construidas sin licencia, sin agua o sin luz, donde los compradores pasean de noche al perro con linterna y lanzan cables por la carretera hasta el depósito de agua más cercano. Urbanizaciones que no aparecen en los mapas, es decir, en los planes de ordenación urbana. Es una pequeña muestra de las irregularidades que un juez casi recién llegado, Luis Acayro, ha detectado en Castro Urdiales (Cantabria), un municipio a 35 kilómetros de Bilbao, refugio de muchos vascos y nido de constructores en racha, que en 15 años ha cuadruplicado su población. Gobernado por un alcalde tránsfuga del Partido regionalista de Cantabria (PRC), Fernando Muguruza, es un ayuntamiento fuera de control, según un informe del Tribunal de Cuentas.


Castro Urdiales
, sin control
FOTOS - SANTOS CIRILO - 22-02-2009

Masificación. El desarrollo urbanístico de los últimos 15 años ha sido espectacular. La construcción en 1992 de la autovía que comunica Santander y Bilbao llevó a miles de vascos al municipio cántabro.- SANTOS CIRILO



El regidor y su predecesor fueron detenidos por prevaricación

El Tribunal de Cuentas fue incapaz de averiguar las licencias concedidas

El juez ha detectado indicios de delitos contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación de fondos públicos, falsedad documental, blanqueo de capitales y estafa. La lista de detenciones (18) es aún más larga y salpica a casi todos los partidos. Están imputados, entre otros, el alcalde, su predecesor, Rufino Díaz Helguera (expulsado del PSOE y hoy concejal de obras), cuatro ediles de la corporación actual y seis de la anterior, una docena de técnicos y funcionarios y siete promotores. El juez investiga irregularidades cometidas en más de 30 ejecuciones urbanísticas. Ocupan más de 3.000 folios.

De momento, el juez ha dictado dos autos de procesamiento. El primero, de septiembre de 2008, contra el alcalde, el concejal de Hacienda (PP), la de Cultura (PP) y los ex ediles de Obras (IU), Medio Ambiente (PP) y Deportes (IU), entre otros, por prevaricación y tráfico de influencias. Adjudicaron sin concurso las obras de acondicionamiento del túnel de Mioño a una empresa, que "ni era especializada en el sector", según el auto, pero cuyo gerente era hermano del entonces concejal de Industria. La empresa, Izeta, cobró 58.765 euros por las obras, que nunca llegaron a terminarse. El túnel está actualmente cerrado por ser peligroso.

La investigación se centra ahora en cuatro promociones de viviendas levantadas sobre el cauce de un arroyo, es decir, sobre lo que podría ser terreno público. De confirmarse, las casas, muchas ya vendidas (los compradores pagaron a Urdicam, una de las promotoras, grandes cantidades en dinero negro, según fuentes conocedoras de la investigación) serían ilegales y susceptibles de derribo. Por eso el juez exigió a los gestores de Urdicam una fianza de más de 4,8 millones de euros. Además, la licencia de obra es posterior al certificado de fin de obra del arquitecto. El consistorio autorizó la construcción cuando ya estaba terminada.

Para que respondieran por este capítulo de irregularidades fueron detenidos recientemente el alcalde, su predecesor y el ex secretario municipal, César Sáiz. Dos abogados acompañaron a Muguruza. Uno de ellos, Luis Revenga, es miembro del consejo de administración de la empresa editora del Diario Montañés, un periódico que ha dedicado varios artículos al juez. En uno de los más recientes, titulado "El juez Acayro, protagonista de una controvertida y mediática instrucción" le advertían: "En Castro no todas las miradas están puestas en Muguruza y sus socios. Otros apuntan al juez".

Tras quedar en libertad, Muguruza manifestó su "decepción con la justicia española" y aseguró haber actuado siempre conforme a lo que le habían indicado los técnicos. Sin embargo, está personado como acusación particular en la causa Fernando Urruticoechea, interventor del municipio entre 2001 y 2006. Asegura que lo hace "para defender el patrimonio de Castro Urdiales", después de que en el ayuntamiento le hicieran "la vida imposible" por elaborar informes en los que manifestaba "las flagrantes ilegalidades que pretendían llevar a cabo". Otro empleado fue hospitalizado con una crisis nerviosa por el acoso de sus superiores, según denunció IU. Ya no vive en Castro Urdiales.

Fueron los informes de Urruticoechea los que pusieron en marcha al Tribunal de Cuentas. El PP, entonces en la oposición, se los envió al tribunal en enero de 2003, pero cuando éste entregó sus conclusiones, en julio de 2008, la situación había cambiado: el PP había acaparado poder gracias a un acuerdo con el alcalde tránsfuga. Y el informe del tribunal no fue difundido.

El Tribunal arranca quejándose porque el Ayuntamiento no les da los documentos que piden. La "falta de control y de procedimientos normalizados en la concesión de licencias urbanísticas", con el consiguiente "riesgo de actuaciones discrecionales", explican, les impide averiguar cuántas se habían concedido entre 2002 y 2005. Destacan que el consistorio ha renunciado a miles de metros de aprovechamientos urbanísticos (lo que los promotores deben cederle en cada urbanización) o su equivalente económico, varios millones de euros. Y cómo desde 1991 hasta 2005 sólo se aprobaron dos presupuestos con "omisiones e inconsistencias".

El dossier de irregularidades, de más de 3.000 folios, sigue engordando. La racha se acabó en Castro Urdiales. Los especuladores necesitan otro nido.

La concejal de los 1.000 euros

Entre la documentación que ha reunido el juez Acayro, figura un cheque firmado por Trapur, una empresa "beneficiada sistemáticamente" por el Ayuntamiento de Castro Urdiales, e ingresado en la cuenta personal de la concejal de Asuntos Sociales, Elisa Dopico (PP), por valor de 1.000 euros. El gerente de Trapur, Pedro María Llamas López es compañero de partido de Dopico y es miembro del comité ejecutivo y electoral del PP local.

El juez ha procesado por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias a Dopico, al alcalde, al concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez López (PP), y al ex edil de Pedanías, Pedro Revuelta (PP). Considera que su "amistad" con Llamas favoreció que Trapur, "empresa modesta, familiar y deficitaria" se convirtiera en "extraordinariamente rentable".

ELPAÍS.COM

EL VENTILADOR SOPLA AHORA SOBRE MICHAVILA

El diario "El Mundo" publica hoy como, según fuentes cercanas a la anterior dirección de La Mutua Madrileña, el ex ministro de Justicia con el Gobierno de Aznar, José María Michavila habría reclamado en varias ocasiones seis millones de euros para llevar a cabo el proyecto de una megaciudad sanitaria en Boadilla del Monte (Madrid), en el que actuaría de mediador con la empresa Global Health. Esta cantidad, explican, no era una comisión, sino los honorarios que cobraría la consultora, aunque los responsables entendieron que en todo momento se trataba de un "peaje" para hacerse con el citado proyecto. Pero eso no es todo...

Esto habría ocurrido en 2006 a instancias del entonces alcalde de esta localidad, Arturo González Panero -imputado ahora en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón-.

Al parecer, los responsables de la Mutua estaba dispuestos a realizar una inversión muy fuerte, de 600 millones de euros, para edificar un hospital dos centros de investigación y una Universidad sobre una superficie de 50 hectáreas, una megaciudad sanitaria privada justo enfrente de la Ciudad Financiera del Santander, también en Boadilla del Monte.

Sin embargo, tanto Ramirez Pomatta como el resto de los directivos de la empresa consideraron innecesario contratar a Global Health. Entendieron incluso que desde un primer momento su contratación era una especie de comisión o peaje para conseguir el proyercto por lo que habría rechazado de pleno "pagar ni un céntimo".

Posteriormente al rechazo de la intermediación se volvieron a iniciar los trámites con el Ayuntamiento. Cuando los representantes de la Mutua volvieron al Consistorio dirigido por González Panero, el alcalde les relató el gran interés del Ayuntamiento, pero les dijo que era conveniente hablarlo con la firma de abogados en la que trabajaba Michavila.

Debido a la ralentización de los trámites municipales, Ramírez Pomatta habría pedido una entrevista a la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Esta preguntó a González Panero que qué problemas había, y que si no existía ninguno diera luz verde sin condiciones previas porque era un asunto de interés regional.

Cuando parecía que todo "marchaba", volvieron a reproducirse las trabas que hacían inviable el proyecto.

Al parecer y siempre según este medio, el propio Michavila habría telefoneado a Pomatta para intentar convencerles de que contratara a Global Earth.

Sus gestiones fueron, no obstante, infructuosas. El proyecto fue definitivamente desechado por la aseguradora madrileña en 2007 y nunca salió adelante.

Michavila ha admitido a este diario haber estado en reuniones con los responsables de la Mutua, pero ha negado que les pidiera seis millones de euros. Dijo además que de esos seis millones no habría salido la minuta de su despacho. El alcalde de Boadilla por su parte, ha negado que pusiera trabas a la mutua, y achacó que la operación se abandonara al cambio de presidente en la compañía.

También ha negado "absolutamente" haber hablado de este tema por teléfono con Esperanza Aguirre.

Pero aún hay más, tal y como publica hoy este mismo diario, los dos principales imputados del "caso Gürtel", Francisco Correa y Pablo Crespo hacían pasar a uno de sus abogados por juez para presionar en sus negocios. Se trata, según afirma este medio, de Juan Pérez Mora. Su nombre no aparece en la lista del Consejo General del Poder Judicial, y también está inculpado.

Según "El Mundo", Perez Mora se hizo pasar por juez e hizo valer su autoridad copmo tal para presionar, entre otros, a una abogada que mostraba discrepancias con los manejos del clan y que pretendía dejar constancia de las irregularidades en que estaba incurriendo la emrpesa "Easy Concept".

Esta situación, dice este diario, se desprendería de los datos recabados por los invetigadores. Afirma asimismo que entre las ya publicas conversaciones que han marcado el "hilo conductor" de las investigaciones, habría una en la que se relata un momento especialmente tenso entre Pérez Mora y Felisa Jordán, otra de las imputadas en la causa, y por aquel entonces -octubre de 2007- administradora única en las empresas de "Easy Concept" y "Good and Better".

En dicha conversación, de aproximadamente una hora de duración,se habría alertado a la interlocutora de que podría acabar en la cárcel a la vez que se le aseguraba que según su fundamentada opinión y su experiencia como juez nada le pasaría si mantenía una actitud discreta.

El nombre de Perez Mora no consta en la lista de jueces del CGPJ, pero no sería la única vez que tanto Correa como Crespo lo habrían presentado como magistrado. Así, dice este medio, Pérez Mora habría obtenido favores personales de Correa.

Según afirma "El Mundo" citando investigaciones policiales, Felisa Jordán habría iniciado a principios de 2007 una serie de discursiones con Correa y Crespo, con los que llevaba trabajando un par de años por el modo que tenían de dirigir y gestionar las empresas.

Había constancia especígfica de que, sobre todo el que fuera secretario de Organización del PP Gallego, había estado pagando y cobrando en efectivo abultadas cantidades de dinero por servicios de los que no se tenía referencia real; la hoy imputada habría protestado por esta situación y habría encargado una auditoría interna para que quedase constancia.

Su malestar se habría extendido por unos trabajos realizados por Easy Market cuya beneficiaria era la Generalitat Valenciana y que según la imputada no habría sido abonados por la citada empresa. Correa y Crespo habría intentado intimidar a Felisa recordándole que por su cargo era susceptible de verse responsabilizada de las irregularidades que denunciaba.

La acusaban además de haber empleado cantidades considerables en gastos innecesarios más tarde justificados.

Y en ese contexto de acusaciones mutuas intervino este imputado, que consta con el número 25 en la lista de Garzón.

Pérez Mora habría utilizado las acusaciones sobre supuestos gastos extemporáneos realizados pro los dos jefes del clan a la administradora única como pretexto para hacerle llegar sus "recomendaciones".

Le explico que Correa le pondría una querella si denunciaba la situación y que dado su cargo de admistradora única podría ir a la cárcel.

Jordán decidió no hacer caso de las "recomendaciones".

En las horas siguientes, recibió el borrador con el resultado de la auditoría interna que había encargado sobre Easy Concept y acudió a la Guardia Civil de Boadilla para denunciar irregularidades y luego las amenazas y seguimientos a las que habría sido sometida.

Año y medio después no había sido interrogada por los hechos denunciados hasta que Garzón, que ha admitido desconocer sus denuncias, la llamó a declarar.

Luego dictaminó para ella libertad sin fianza con la obligación de presentarse una vez por semana en comisaría. En cambio no le preguntó por su "episodio" con Pérez Mora, que también esta imputado.

COPE.ES

UN CONSEJERO DE AGUIRRE DENUNCIA NUEVOS "DOSSIERS" SOBRE SU PATRIMONIO

Los escándalos que afectan al PP

Granados estudia acciones legales contra quienes le vinculan a negocios ilícitos

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, ha tenido que salir al paso de nuevos dossiers que le involucran en negocios ilegales con constructores. Alguno de los informes incluye fotografías de sus propiedades. Granados quiere conocer al detalle el alcance del seguimiento del que ha sido objeto y sus autores para decidir si presenta una querella.

* Madrid encarga un informe caligráfico para buscar a los espías

Esperanza Aguirre Gil de Biedma
A FONDO

Nacimiento:
03-01-1952

Lugar:
Madrid

Los dossiers vuelven a tener origen desconocido, y el consejero se muestra tan inquieto como en su día lo estuvo el vicepresidente Ignacio González, que denunció en los juzgados el seguimiento del que fue objeto. González llegó a sugerir que esos dossiers (que le atribuían trato de favor a empresarios) podrían tener su origen en la propia Comunidad.

El primer dossier se refiere a la empresa DICO, que vendió a Granados la vivienda en la que reside en Valdemoro, municipio madrileño del que fue alcalde. El director financiero de la empresa, despedido del puesto, se hizo eco del dossier y denunció en Interviú la semana pasada que el consejero cobraba sobornos a cambio de dar trato de favor a DICO. Granados lo niega y ha formalizado un requerimiento notarial contra el directivo de DICO, que, según documentos a los que ha tenido acceso este periódico, se ha desdicho de lo denunciado en Interviú.

El otro asunto que ha dado lugar a un nuevo dossier tiene que ver con una historia antigua: la venta por parte de Granados de una vivienda que había empezado a comprar en Marbella. Se la vendió a un constructor de Valdemoro, David Marjaliza, ex edil del PP y amigo del consejero. Granados ya explicó los detalles de aquella operación de compraventa y mostró en su día los certificados de la transacción que supuestamente demostraban que no había ganado nada.

Por último, circula un tercer documento anónimo que vincula a Granados con el constructor Marjaliza en una adjudicación de suelo supuestamente amañada en otro municipio, Parla, gobernado por el socialista Tomás Gómez cuando ocurrieron los hechos. El dossier, que no ofrece pruebas, sugiere que la adjudicación benefició a Marjaliza y, de forma indirecta, al consejero Granados.

ELPAÍS.COM

domingo, 22 de febrero de 2009

LAS FECHAS NO CUADRAN

Según Granados, contactó con la empresa en 2006, pero el proyecto es previo

La mujer de Francisco Granados, el pasado martes, a su llegada a la mansión. - M.PATXOT / G.PECOT

Granados sostiene que la primera conversación con Obras y Vías sobre la posibilidad de construir una casa en la calle Chequia cuando alguien prendió fuego al Mini Cooper en el garaje de la vivienda donde entonces residía la familia, en la calle Guardia Civil de Valdemoro. Pero ese incendio, nunca esclarecido y que destapó la verdadera identidad del titular del vehículo -Grandes Locales de Negocio, filial de Obras y Vías-, se produjo el 23 de octubre de 2006.

Pero en fecha, Vicfidem, filial de Obras y Vías, ya tenía la licencia de obras de la mansión. La junta de gobierno del ayuntamiento de Valdemoro la había otorgado el 16 de febrero. Y la solicitud se registró el 27 de diciembre de 2005.

Es más, según el arquitecto municipal de Valdemoro, el proyecto básico data del 14 de junio de 2005. Y el de ejecución, de noviembre de 2006. Llevan la firma del arquitecto Carlos de Rojas, con quien Público no ha logrado contactar.

Según Granados, fue el incendio lo que decidió a la pareja a buscar suelo para hacerse una casa. Eligieron El Caracol, una zona de expansión donde Obras y Vías poseía, dice el consejero, la mayor parte del terreno.

El viernes, el arquitecto municipal de Valdemoro, José Luis Navarro, mostró a este periódico varios documentos del expediente, pero no el proyecto básico ni el de ejecución, donde, teóricamente, debe constar no sólo quién pide la licencia sino por encargo de quién se promueve la obra. Navarro invocó la Ley de Protección de Datos.

Tanto él como la letrada de Urbanismo afirmaron que el nombre de Nieves Alarcón no consta en el expediente urbanístico de la casa de la calle Chequia. Fuentes conocedoras de ese expediente sostienen que, al menos en el verano de 2006, sí figuraba.

El arquitecto Navarro confirmó que desde febrero de 2006 no se ha notificado ningún cambio en la titularidad de la licencia, ni en el proyecto de obras, ni en la dirección facultativa. Cualquier cambio en la titularidad o en el proyecto, precisó el alto funcionario municipal, resulta de notificación obligatoria al ayuntamiento. El jueves, Granados había asegurado que el proyecto definitivo difiere del que encargó su mujer aunque "la estructura básica" coincide.

Respecto al vehículo quemado, el consejero mantiene que Tráfico no había tramitado la transferencia. En octubre de 2006, El País publicó que la transferencia no se había iniciado.

El silencio del aparejador

Este periódico ha intentado infructuosamente aclarar con los promotores quién promueve actualmente la vivienda. ¿Vicfidem o Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL–Conde Guedan SL? Tras la valla no hay cartel.

El jueves, ‘Público’ localizó a Consuelo Astasio, aparejador y administrador de Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL. El empresario dijo, primero, que la casa no es Granados pero que tampoco podía desvelar quién es su propietario.

En una segunda llamada, lanzó exabruptos y se negó a conversar con la periodista. En Vicfidem, una empleada respondió primero que la casa no está en venta y, más tarde, que ya no es de la inmobiliaria.

PÚBLICO.ES

UNA PROMOTORA LEVANTA UNA MANSIÓN A GUSTO DE GRANADOS

NUEVO ESCÁNDALO EN MADRID

El número tres de Aguirre "encargó" el proyecto para una casa de 1.000 metros pero dice que no es suya. La licencia se otorgó a la misma empresa a cuyo nombre estaba el coche que conducía su mujer en 2006.

La edificación de la casa está muy avanzada. -
M.PATXOT / G.PECOT
ALICIA GUTIÉRREZ - Madrid
Estos son los hechos: una promotora inmobiliaria construye desde 2006 en Valdemoro (58.623 habitantes) una casa de lujo de 1.000 metros sobre seis parcelas donde el Plan General permitía edificar otros tantos chalés de 261 metros. ¿Para quién se levanta una mansión de esas características, diseñada a medida y mucho más difícil de vender en el mercado libre que seis pareados, con o sin boom inmobiliario? Oficialmente, es un misterio. Pero se sabe que Nieves Alarcón Castellanos, esposa de Francisco Granados, el número tres en el Gobierno de Esperanza Aguirre, "encargó" el proyecto con la idea de comprar la casa. Y se sabe que, tres años después y pese a que la compra nunca llegó a "materializarse", Nieves Alarcón visita asiduamente la obra porque la pareja sigue "interesada" en la vivienda, tanto que sus constructores le han dado incluso la opción de elegir "los suelos de mármol".

"La citan los martes"
Los entrecomillados pertenecen a las declaraciones efectuadas el pasado jueves a Público por Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid, secretario general del PP en la Comunidad y alcalde de Valdemoro entre 1999 y 2003. Y la inmobiliaria que en 2006 obtuvo la licencia de obras forma parte de Obras y Vías, el grupo empresarial con intereses urbanísticos en Valdemoro a cuyo nombre figuraba el coche Mini Cooper que en 2006 conducía Nieves Alarcón.

Granados ofrece una explicación insólita: el proyecto para la vivienda fue encargado por su mujer en torno al otoño de 2006 tras el incendio del citado Mini Cooper y sin que mediara título de compra al grupo Obras y Vías. Por ese motivo, Nieves Alarcón "puede aparecer" en el expediente de la licencia. ¿En calidad de qué?: "Como la que se va a hacer la casa", respondió el consejero. ¿Y por qué actúa como propietaria, dando indicaciones a los responsables de la obra? "Será la propietaria cuando la compremos [la casa], si la compramos", espeta.

"Nos hicieron unos bocetos e incluso se encargó un proyecto con lo que íbamos a construir pero luego, como dijimos que no queríamos la casa, pues se quedó Obras y Vías con él. Supongo que eso estará a nombre de Obras y Vías", explica.

El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo

Sin haber abonado un euro a la promotora inmobiliaria, Nieves Alarcón suele visitar el inmueble -"la citan los martes", dice su marido- para abordar la marcha de las obras, según fuentes conocedoras del proyecto. Granados rebaja esa afirmación aunque admite que su mujer ha acudido allí "ocho o diez veces" en seis meses. Y que los promotores siguen algunas de sus indicaciones por si, finalmente, el matrimonio se decide a comprar. "Una cosa es que uno pretenda comprar una cosa y que diga: pues a mí me gustaría que pusiera esto así y esto asao. Y otra cosa es dónde, por decirlo claramente, dónde está ahí la corrupción o el escándalo".

Pero la vivienda, remacha el también presidente local del PP en Valdemoro, no es suya. "Yo no me voy a ir a una casa que esté a nombre de otro, ni la constructora está por ser mi testaferro", argumenta.

Según Granados, en 2008 su mujer vio que la obra estaba "medio parada", se dijo "pues igual la venden", preguntó y comenzó a acudir los martes. Las fuentes consultadas por este periódico sostienen que, en efecto, las obras se ralentizaron, pero sólo por un error técnico: al alzar los tabiques no se dejó el hueco necesario para la compleja red de canalización eléctrica -es una casa domótica- y de climatización.

Granados, que ha visitado "un par de veces" el inmueble, niega saber si el sótano dispondrá no sólo de garaje -"para tres plazas", afirma- sino también de piscina, gimnasio, bodega, dos salones de juego, cuarto de servicio y lavadero. Un ascensor de cristal enlazará las tres plantas, cuentan quienes conocen el proyecto.

El dirigente conservador asegura que no llegó a comprar porque, en 2006, Obras y Vías le pidió un millón de euros por ejecutar el proyecto. La vivienda consta de dos pisos con terraza voladiza más sótano habitable a razón de unos 300 metros por planta, lo que significa que, en aquel momento de precios disparados, Granados habría tenido que pagar, según su versión, sólo 1.000 euros por metro cuadrado construido. El cuarto trimestre de 2006, el precio medio en España se situó en 1.958 euros por metro.

Proyectada sobre una superficie de 1.721 metros y abalconada sobre un parque público, la vivienda se construye en la calle Chequia con la licencia lograda en febrero de 2006 por la empresa Vicfidem Proyectos SL. Esa promotora es una de las múltiples filiales de Obras y Vías SA, que en 2007 facturó 79,1 millones de euros.

Ambas sociedades tienen como presidente a Ramiro Cid Sicluna.


El Ayuntamiento de Valdemoro cuantificó el proyecto de ejecución en 559.105 euros, cifra que no incluye el precio del suelo. Y ese precio constituye otra incógnita: los responsables de Vicfidem no ha devuelto las llamadas de este periódico.

Dos pisos ya "pagados"

Aunque Granados reitera que se decidió finalmente a comprar un chalé adosado, aún quiere la mansión, dice. Si vende los dos pisos que la pareja posee y tiene ya "pagados", lo hará. Y si puede vender su tercera propiedad, el adosado "con hipoteca" donde ahora reside -"costó 80 millones [de pesetas] y me dan 50"- , también se desprenderá de él. "Antes de entrar en política -aduce el consejero-, yo trabajaba en Bolsa y gané bastante dinero". Su mujer es profesora.

A tenor de sus palabras, también la promotora está interesada en que los Granados formalicen la compra: "Alguna vez me han preguntado [la promotora]: oye, te damos facilidad y nos quedamos con los pisos. No, no, yo no quiero dar pisos de entrada a ninguna constructora, no quiero líos, yo si vendo los pisos doy una entrada… si tengo dinero".

"Ahora vale 1,2 millones"

Según Granados, el terreno cambió de manos antes de que comenzaran las obras. Y su actual propietaria es una constructora cuyo nombre ignora y al frente de la cual se sitúa un tal "Consuelo" cuyos apellidos también desconoce, pese a que su mujer se ha entrevistado con él en la obra "ocho o diez veces" . Y pese, también, a que, según Granados, les pide ahora 1,2 millones por la casa.

En realidad, la transacción fue parcial y se produjo en mayo del año pasado, cuando los trabajos ya estaban avanzados. Ese mes, las empresas Taller de Arquitectura y Gestión de Obra SL -cuyo administrador único es el aparejador Consuelo Astasio- y Conde Guedan SL adquirieron mancomunadamente cuatro de las seis parcelas. Vicfidem conservó las otras dos. Granados habló con Público dos días después de que, el martes pasado, Nieves Alarcón fuese fotografiada a su llegada a la mansión.

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