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| Francisco Camps, rodeado de todos sus consellers, en un acto de la Generalitat. | Efe |
Acepta la inhibición parcial e investigará la presunta financiación ilegal
* Camps no será investigado 'sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción'
* A Rambla, Milagrosa Martínez y Betoret se les atribuye cohecho y prevaricación
* Los delitos electorales se asocian a Rambla, Costa, Serra y Yolanda García
* Investigará un posible delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007
* También la presunta falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008
* Camps no será investigado 'sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción'
* A Rambla, Milagrosa Martínez y Betoret se les atribuye cohecho y prevaricación
* Los delitos electorales se asocian a Rambla, Costa, Serra y Yolanda García
* Investigará un posible delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007
* También la presunta falsedad mercantil en las elecciones generales de 2008
Marisol Hernández | Rodrigo Terrasa | Valencia
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acordado aceptar la inhibición parcial de las actuaciones acordada por el juez instructor del 'caso Gürtel' en Madrid, Antonio Pedreira, y asumirá la investigación por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', por el montaje del 'stand' de Fitur entre los años 2005 y 2009. Así como la investigación por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.
La Sala considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación que afectan al actual vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, la última presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.
Respecto a los delitos relacionados con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007, el Tribunal los considera atribuibles de manera directa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, y vincula en calidad de copartícipes al vicepresidente Vicente Rambla, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, David Serra, vicesecretario de organización, y Yolanda García, tesorera del grupo parlamentario popular, así como a dos personas "no identificadas" y mencionadas como 'El príncipe' y 'El cantante', los gestores de Orange Market y los gestores de las empresas FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF SL, todas contratistas del gobierno valenciano que presuntamente colaboraron en la financiación irregular del PP.
Idénticos responsables constan en el posible delito de falsedad de documento mercantil cometido durante las elecciones generales de 2008.
El auto, de 62 páginas, implica a casi toda la cúpula del Partido Popular valenciano en dichos delitos, pero no imputa al presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps. El escrito advierte que en los delitos de cohecho y prevaricación no se puede atribuir participación a Camps o a Ricardo Costa, "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción".
La Sala no se considera competente para investigar otras adjudicaciones diferentes a la de Fitur realizadas por la Generalitat y tampoco para investigar al ex director general de RTVV por cohecho y prevaricación por la visita del Papa a Valencia en 2006. Tampoco investigará delito fiscal porque dicho delito va "conexo" con lo que ya se investiga en Madrid y porque dicho delito fiscal es atribuido a Orange Market y otras sociedades y no a personas aforadas.
La Sala considera que existen elementos iniciales de delito de cohecho y prevaricación que afectan al actual vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, la última presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, y el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret.
Respecto a los delitos relacionados con las elecciones locales y autonómicas de mayo de 2007, el Tribunal los considera atribuibles de manera directa a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, y a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, y vincula en calidad de copartícipes al vicepresidente Vicente Rambla, Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV, David Serra, vicesecretario de organización, y Yolanda García, tesorera del grupo parlamentario popular, así como a dos personas "no identificadas" y mencionadas como 'El príncipe' y 'El cantante', los gestores de Orange Market y los gestores de las empresas FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y PIAF SL, todas contratistas del gobierno valenciano que presuntamente colaboraron en la financiación irregular del PP.
Idénticos responsables constan en el posible delito de falsedad de documento mercantil cometido durante las elecciones generales de 2008.
El auto, de 62 páginas, implica a casi toda la cúpula del Partido Popular valenciano en dichos delitos, pero no imputa al presidente de la Generalitat y del partido, Francisco Camps. El escrito advierte que en los delitos de cohecho y prevaricación no se puede atribuir participación a Camps o a Ricardo Costa, "sin perjuicio de lo que resulte de la instrucción".
La Sala no se considera competente para investigar otras adjudicaciones diferentes a la de Fitur realizadas por la Generalitat y tampoco para investigar al ex director general de RTVV por cohecho y prevaricación por la visita del Papa a Valencia en 2006. Tampoco investigará delito fiscal porque dicho delito va "conexo" con lo que ya se investiga en Madrid y porque dicho delito fiscal es atribuido a Orange Market y otras sociedades y no a personas aforadas.
La financiación ilegal
El escrito del TSJ recurre a los informes elaborados por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para relatar los hechos que se investigarán.
Recuerda que los informes policiales del caso relataban cómo los líderes de la trama Gürtel entraron presuntamente en contacto con algunos líderes del Partido Popular para lograr "la obtención de favores por parte de autoridades públicas" mediante la "adjudicación de contrataciones públicas, la entrega a algunas de dichas autoridades de compensaciones económicas, la obtención de dinero opaco al sistema financiero legal llevando una doble contabilidad y blanqueando, finalmente, algunas de las cantidades obtenidos".
En el caso estricto de la Comunidad Valenciana, el auto se refiere a una presunta "financiación ilegal" del Partido Popular de la Comunidad Valenciana en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 a la que contribuirían presuntamente diversas empresas con "donaciones" y a unos "delitos fiscales" y de "falsedad instrumental".
En relación con los posibles delitos electorales, la Sala subraya que los hechos citados en la inhibición se referían a que un importante porcentaje de la deuda que el PP habría contraído con Orange Market se abonó "de forma opaca" bien pagando en efectivo "sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria" o bien pagando a través de empresarios que asumían el pago de facturas emitidas por Orange Market. "Estas facturas reflejarían servicios presuntamente inexistentes entre dichas mercantiles", recuerda el auto, "y todo ello con el fin de encubrir presuntas donaciones ilícitas de estas empresas al PPCV". Las alteraciones afectarían tanto a la deuda oficial con el PP valenciano como a la oculta, que ascendería a 2.565.891 euros.
La contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez, 'El Bigotes', ya puso de manifiesto que había dos contabilidades para facturar los servicios prestados al PP, una oficial con IVA y con importes menores al gasto real y otra 'en negro'. La denominada 'caja A' era conocida contablemente como 'Alicante' y la B, fue bautizada como 'Barcelona'.
El auto también se refiere a un informe posterior de la Agencia Tributaria, que corroboraba el de la UDEF y subrayaba la "ocultación" de ingresos en Orange Market a cambio de la organización y gestión de la campaña electoral en las elecciones de 2007.
En este entramado, Ricardo Costa era, según dichos informes, "el canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema", David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" y Yolanda García, como tesorera, "cumplía las indicaciones de Costa".
Vicente Rambla, por su parte, no aparece participando en las conversaciones telefónicas, pero el auto de inhibición apela a la constante referencia a las siglas 'VR' y a conversaciones que aluden "a un posible conocimiento de parte de los hechos por el Sr. Rambla".
Respecto a Francisco Camps, el auto recuerda que no aparece mencionado "en concepto de autor ni partícipe" y, aunque su nombre aparece en "menciones episódicas y genéricas", estima el escrito que no existen los requisitos exigidos por la jurisprudencia para imputarle.
Las deliberaciones
El pleno de la Sala -integrado por los magistrados Pilar de la Oliva, Juan Climent, Juan Montero, José Flors y José Francisco Ceres, que actúa como ponente- comenzó sus deliberaciones antes de las elecciones autonómicas y reanudó sus reuniones el pasado lunes.
Las deliberaciones comenzaron el jueves, cuando el ponente de esta causa, José Francisco Ceres, expuso ante el resto de magistrados un borrador con las diferentes cuestiones a debatir.
Pedreira esgrimía en su auto de inhibición parcial que esta decisión estaba encaminada a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los informes sobre las pretendidas relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración pública valenciana.
Además, añadía que la inhibición se realizaba ante la posibilidad de que hubiese una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia -en relación con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps; el exvicepresidente del Consell Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret- y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Al respecto la sala ha acordado dar un plazo de cinco días a las partes afectadas para que puedan realizar alegaciones.
Además
* Cronología: La rama valenciana
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