martes, 2 de junio de 2009

UN EX SENADOR DEL PP, DOS EMPRESARIOS Y OTRO CONCEJAL IMPUTADOS EN EL CASO LA MUELA

CORRUPCIÓN URBANÍSTICA | Una corporación en entredicho

* El PP no tomará ninguna decisión sobre Aínsa hasta que declare ante juez

Efe | Zaragoza

El juez de instrucción número uno de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela: el empresario y ex senador del Partido Popular Rodolfo Aínsa Escartín; otro concejal del municipio, Fernando Barba, y los empresarios Emilio y Luis Alberto París.

Al ex senador, que también ejerció los cargos de Presidente de la Diputación Provincial de Huesca y concejal del ayuntamiento de Sabiñánigo (Huesca), se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París, un delito de cohecho, y a su hermano Luis Alberto uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, han informado a Efe fuentes judiciales.

Por su parte, el concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua.

La alcaldesa seguirá en prisión


En lo que respecta a la alcaldesa de La Muela, María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), el mismo juez ha denegado por segunda vez su petición de libertad porque los delitos que se le imputan son "muy graves" y existe "riesgo de fuga".

Pinilla se encuentra en la prisión de Zuera desde el pasado 23 de marzo por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se le imputan nueve delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

Fuentes judiciales han confirmado a Efe que el juez ha rechazado la libertad en un auto "contundente", en el que considera que los delitos imputados son "muy graves" y "existen indicios de su comisión", además de que hay "riesgo de fuga" porque "tiene posesiones en el extranjero" y podría "abandonar el país", y de que "pueda alterar o hacer desaparecer" pruebas.

Además, hay un nuevo informe de la Policía que envió al juzgado el 27 de mayo y que podría "imputar nuevos delitos a la alcaldesa", informe derivado "de la documentación que se intervino en los registros practicados en el momento de las detenciones", explican las mismas fuentes.

A raíz de este informe, la fiscal ha emitido otro informe en el que se indica que Pinilla deberá volver al juzgado a declarar por esos nuevos delitos que al parecer se le imputan.

Veintiséis imputados

La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas, dos de las cuales se encuentran en prisión: la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ya que el empresario José Carlos Fernández Delgado ya ha salido de la cárcel de Zuera, después de depositar la fianza de 250.000 euros establecida por el juez.

Otro empresario, Julián de Miguel, está en libertad bajo fianza de 120.000 euros, y los 22 imputados restantes, entre los que están el esposo de la alcaldesa y uno de sus hijos, se encuentran el libertad después de haber declarado ante el juez de La Almunia de Doña Godina, quien comenzó a investigar este caso a raíz de una denuncia particular.

La posición del PP respecto a las últimas actuaciones judiciales es de reserva. La secretaria general del PP-Aragón, Rosa Plantagenet, ha dicho hoy que el partido no tomará ninguna decisión sobre el ex senador popular hasta que Aínsa no comparezca ante el juez, el próximo 5 de junio, y se conozcan las imputaciones.

Plantagenet ha informado de que ha sido el propio Rodolfo Aínsa quien se ha puesto en contacto con el partido para confirmar la decisión judicial de imputarle por un posible delito de tráfico de influencias.

Además

* Deniegan por segunda vez la libertad de la alcaldesa
* Un pueblo con el viento a favor


ELMUNDO.ES

MATSA FICHÓ AL EX ALCALDE SOCIALISTA DE ALMONASTER


Polémica

Manuel Chaves. | Efe



* Fco. Gª, 'Pirri', firmó la licencia para que la empresa se instalara en el pueblo

Javier Pons | Huelva

El ex alcalde socialista de Almonaster La Real (Huelva), Francisco García Ruiz, conocido como Pirri, es el responsable de Relaciones Públicas de Matsa, la empresa que gestiona la explotación minera de Aguas Teñidas en este municipio. Matsa, como develó la pasada semana EL MUNDO, recibió una subvención de 10,1 millones de euros de la Junta de Andalucía sólo meses antes de que su presidente, Manuel Chaves, abandonara el Gobierno andaluz para convertirse en vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial. Por entonces, la apoderada de la empresa era la hija de Chaves, Paula Chaves.

García Ruiz, que ocupó la Alcaldía de Almonaster entre los años 2003 y 2007, fue la persona que firmó el 3 de agosto de 2006 la primera licencia para que Matsa se estableciera en la localidad. Meses después de admitir el Ayuntamiento a trámite el proyecto de actuación de Minas de Aguas Teñidas SA (Matsa) para la construcción de una planta de tratamiento, depósito de estériles y edificios auxiliares en este paraje de la Sierra de Huelva, el alcalde pasó a formar parte de la nómina de esta empresa.

García Ruiz, tras autorizar el establecimiento de Matsa en su municipio mediante resolución de la Alcaldía publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva del 21 de septiembre de 2006, decidió no presentarse a las elecciones municipales de 2007. Como responsable de Relaciones Públicas de Matsa, según distintas fuentes, cobra un salario mensual de 6.000 euros, más dietas.

También dispone de un coche de empresa.


Otras fuentes consultadas aseguran que, desde su aterrizaje en Matsa, tras dejar la Alcaldía de Almonaster, se convirtió en la persona de confianza del PSOE en la zona y en el verdadero responsable de seleccionar el personal que entraba a formar parte de la empresa.

Si bien esta compañía, de capital canadiense y que cotiza en la bolsa de Toronto, mantiene en la explotación minera a personal extranjero de alta cualificación, Matsa adquirió el compromiso con la Administración autonómica, tras la reapertura de la mina, de contratar a un importante número de trabajadores de la zona. Como responsable de Relaciones Públicas, Francisco García Ruiz tenía poder para supervisar estas contrataciones de trabajadores, que normalmente eran personas afines al PSOE. Estas mismas fuentes aseguran que él era quien recibía los currículos de todo aquel que quisiera entrar a trabajar en Matsa en puestos de menor cualificación. Incluso tenía una oficina a pie de mina. Actualmente, y según ha podido saber este diario, el ex alcalde socialista de Almonaster está retirado por culpa de una grave enfermedad.

Respaldos


La publicación por parte de EL MUNDO de la decisión de Manuel Chaves de conceder la subvención de 10,1 millones a la empresa en la que trabaja su hija ha provocado que los concejales y portavoces del PSOE hayan salido en su defensa pese a que hace poco más de un mes la criticaban abiertamente. Ayer fueron los trabajadores de Aguas Teñidas los que, a las 14.00 horas, se manifestaron a las puertas de la planta minera para exigir la defensa de sus puestos de trabajo y de los proyectos mineros en la zona. Por la tarde, el secretario provincial del PSOE en Huelva, Mario Jiménez, acompañaba a varios alcaldes de la comarca en defensa del empleo y del proyecto de Aguas Teñidas por su aportación a la generación de riqueza y creación de empleo en estos pueblos onubenses. Incluso distribuyeron panfletos por Almonaster bajo el epígrafe de «Acto político público».

Precisamente, algunos de los alcaldes del PSOE que ayer apoyaron a Matsa, como el actual edil de Almonaster, Manuel Ángel Barroso, o el pedáneo de la aldea colindante de Valdelamusa, el también socialista Ángel Romero, denunciaban hace poco lo contrario. Ahora que aparecen implicados Chaves y su hija, sacan la cara por Aguas Teñidas y por Matsa.

Además

* El PP exige al Ministerio el expediente de la subvención
* Un informe prueba que Chaves incumplió la ley
* De Cospedal: 'Si cambió para favorecer a su hija, debe dimitir'

ELMUNDO.ES

EL PP RECLAMA EL EXPEDIENTE POR EL QUE INDUSTRIA NEGÓ LA AYUDA A MATSA


POLÉMICA | En esta empresa la hija de Chaves es apoderada


Manuel Chaves, ex presidente de la Junta, en un mitin reciente. | Efe





* Meses después la Junta de Andalucía le otorgó un subvención millonaria
* Entonces era presidente Manuel Chavez y su hija Paula firmó los trámites

Efe | Madrid | Cádiz

El PP ha pedido al Ministerio de Industria que se le facilite el expediente por el que se denegó la subvención a la empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa), en la que trabaja la hija de Manuel Chaves como apoderada y a la que la Junta de Andalucía subvencionó con más de 10 millones de euros.

Matsa, como develó la pasada semana EL MUNDO, recibió esa millonaria ayuda de la Junta sólo meses antes de que su presidente, Manuel Chaves, abandonara el Gobierno andaluz para convertirse en vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial. Dos meses antes, su hija Paula era nombrada apoderada y pudo intervenir directamente en la tramitación administrativa.

Soraya Sáenz de Santamaría ha apuntado en Cádiz que este expediente "podría ser útil para averiguar por qué luego la Junta concedió esa subvención, que ya había sido denegada por el Gobierno central".

La portavoz del PP en el Congreso ha dicho que la Junta "incluso llegó a modificar normativas para la concesión de ese dinero a esa empresa, un dinero que ya se le había dicho que no se daba, y el PSOE tendrá que explicar qué hay detrás de eso".

Sáenz de Santamaría ha explicado que el PP "mirará con lupa el expediente y estudiará una a una las razones por las que el Ministerio de Industria rechazó" dar una subvención a esa empresa.

Ha indicado que "la comparación del expediente del Gobierno que rechazó la subvención, y la del expediente de la Junta que la concedió debe arrojar luz al asunto, para llegar al fondo de la cuestión".

"Llevamos días instando reiteradamente al señor Chaves que comparezca, que dé la cara y explique esta situación", ha enfatizado Sáenz de Santamaría, que ha añadido: "cuando él quiera y cómo él quiera estaremos esperando esas explicaciones".

Hoy EL MUNDO publica que Matsa contrató como relaciones públicas al ex alcalde socialista de Almonaster La Real (Huelva), Francisco García Ruiz. Se da la circunstancia que esa empresa gestiona la explotación minera de Aguas Teñidas en este municipio.

Además

* La Junta no ve 'necesidad' de aclarar nada más
* Matsa fichó al ex alcalde socialista de Almonaster

ELMUNDO.ES

IMPUTADOS EN EL CASO DE LA MUELA UN EX SENADOR DEL PP, DOS EMPRESARIOS Y UN CONCEJAL

El juez deniega la libertad a la alcaldesa de la localidad por riesgo de fuga
EFE - Zaragoza
El juez de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha imputado a cuatro personas más por su supuesta implicación en la trama de corrupción urbanística de La Muela, el ex senador del PP Rodolfo Aínsa, otro concejal del municipio, Fernando Barba, y dos hermanos empresarios. Al ex senador del PP se le imputa un delito de tráfico de influencias; al empresario Emilio París un delito de cohecho y a su hermano Luis Alberto uno de tráfico de influencias, en ambos casos por su supuesta relación con el proyecto de construcción de una pasarela en el municipio de La Muela, han informado fuentes judiciales.

El concejal Fernando Barba testificará ante el juez como imputado de los delitos de falsedad documental, prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con subvenciones concedidas al municipio por el Instituto Aragonés del Agua.

Por otra parte, el juez ha denegado por segunda vez la libertad para la alcaldesa de La Muela (Zaragoza), María Victoria Pinilla, del Partido Aragonés (PAR), porque los delitos que se le imputan son "muy graves" y existe "riesgo de fuga". Pinilla se encuentra en la prisión de Zuera desde el pasado 23 de marzo por su supuesta implicación en una trama de corrupción urbanística, y se le imputan nueve delitos, entre ellos cohecho, revelación de secretos, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en las subvenciones, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales.

El juez de instrucción número uno de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza), Alfredo Lajusticia, ha rechazado la libertad en un auto "contundente", según fuentes judiciales, en el que considera que hay riesgo de fuga porque la alcaldesa "tiene posesiones en el extranjero" además de que "pueda alterar o hacer desaparecer" pruebas.

Nuevo informe policial
Un nuevo informe de la Policía que envió al juzgado el 27 de mayo y que podría "imputar nuevos delitos a la alcaldesa", informe derivado "de la documentación que se intervino en los registros practicados en el momento de las detenciones". A raíz de este informe, la fiscal ha emitido otro informe en el que se indica que Pinilla deberá volver al juzgado a declarar por esos nuevos delitos que al parecer se le imputan.

La trama de corrupción urbanística de esta localidad se destapó el 18 de marzo y por el momento hay imputadas 26 personas, dos de las cuales se encuentran en prisión: la alcaldesa y el concejal Juan Carlos Rodrigo Vela, ya que el empresario José Carlos Fernández Delgado ya ha salido de la cárcel de Zuera, después de depositar la fianza de 250.000 euros establecida por el juez.

Otro empresario, Julián de Miguel, está el libertad bajo fianza de 120.000 euros, y los 22 imputados restantes, entre los que están el esposo de la alcaldesa y uno de sus hijos, se encuentran el libertad después de haber declarado ante el juez de La Almunia de Doña Godina, quien comenzó a investigar este caso a raíz de una denuncia particular.

EL VICEPRESIDENTE DEL CABILDO DE LANZAROTE CITADO A DECLARAR POR LA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN LA ISLA





















El consejero de Educación dimite tras darse a conocer su presunta implicación en el caso


EFE -
Las Palmas de Gran Canaria

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha citado para esta tarde también a declarar al vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, Fabián Martín Martín (en la foto), del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), como imputado en la trama de corrupción destapada en la isla, según fuentes de la investigación. Fabián Martín es hijo del líder del PIL, Dimas Martín, presunto cerebro de esta trama, que se encuentra en la cárcel cumpliendo ocho años de cárcel por otros delitos y que ha sido imputado en este caso por cohecho y tráfico de influencias.

También su hermana Elena Martín, que es la jefa de contratación del Ayuntamiento de Arrecife de Lanzarote, fue detenida el pasado lunes día 25 en el Consistorio, aunque luego quedó en libertad con cargos. En esta operación ya hay siete personas en prisión y otras 13 imputadas por el juez por delitos de corrupción urbanística.

Esta mañana, el consejero socialista de Educación y Cultura del Cabildo, Rubén Placeres, ha anunciado que presentará su dimisión tras ser citado para comparecer como imputado por la UCO de la Guardia Civil en la investigación la trama.

Según informaron fuentes de la dirección socialista en la isla, el consejero ha comunicado al partido, además, su deseo de causar baja en la formación política. Placeres ha tomado ambas decisiones tras recibir la citación para comparecer ante la Guardia Civil en calidad de imputado en el marco de la Operación Unión.

En cuanto a su baja como militante, presentada ayer, fuentes socialistas indicaron que el consejero dice que con independencia de que confía en que el caso se resuelva favorablemente para él, no está dispuesto a que "un asunto de carácter personal perjudique al partido".

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil también había citado para esta mañana a declarar a la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), y al de Tinajo, Jesús Machín (CC), imputados en la trama de corrupción.

Mañana de declaraciones
Fuentes de la investigación aseguraron que la primera en declarar será Gladys Acuña, quien ha sido citada a las once de la mañana, y después, a la una de la tarde, lo hará Machín, que es presidente de Coalición Canaria (CC) en Lanzarote.

El pasado jueves, la UCO registró el ayuntamiento de Yaiza y detuvo al secretario del consistorio. Además de su actividad política, Jesús Machín es empresario y propietario de una empresa de instalaciones eléctricas que realiza trabajos para numerosas instituciones públicas de la isla de los volcanes.

El juez del juzgado de instrucción número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, ha decretado ya el ingreso en prisión de siete implicados en esta trama, que presuntamente cobraba comisiones ilegales a empresarios a cambio de la contratación de obras y servicios o la gestión de permisos y licencias.

ELPAÍS.COM

AL EX CONSEJERO MADRILEÑO LÓPEZ VIEJO SE LE COMPLICA EL FRENTE GUATEQUE


Dos inspectores confirman que su mujer obtuvo una licencia de obras en apenas "veinte días"

Alberto López Viejo, dimitido consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid imputado en la trama Gürtel, podría tener complicaciones en el otro frente que tiene abierto, el caso Guateque. Y es que ayer dos inspectores aseguraron que su esposa -ex esposa según la Ser-, Teresa Gabarra, obtuvo una licencia de obras en apenas "veinte días" -un tiempo meteórico en estos trámites- para su restaurante, La Hacienda Argentina. Los dos inspectores de la Sección de Disciplina Urbanística de Retiro llamados a declarar ante el juez instructor del caso Guateque, Santiago Torres, ofrecieron ese testimonio antes de entrar al tribunal. En febrero de 2006, uno de ellos denunció al establecimiento en cuestión por la realización de obras sin permiso. El problema se resolvió meteóricamente gracias a la solicitud presentada por Gabarra y rubricada con el cartel de “urgente”.

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Un amigo de Agag sustituyó a Correa en el montaje de los actos de Aguirre

Gabarra, quien fue llamada a declarar como imputada en diciembre pasado, negó cualquier trato de favor para su restaurante, situado en la madrileña calle de Ibiza. Lo cierto es que, tras la denuncia del inspector, su local obtuvo el permiso en tiempo récord. El expediente solicitando las licencias contenía una anotación para que se tramitara de forma “urgente”.

López y el Guateque
En medio del huracán Gürtel, a López Viejo se le abrió este otro frente el pasado 23 de abril. Tal como informó la cadena Ser, ese día el juez Torres dictó una providencia reclamando información al registro mercantil sobre cuatro sociedades en las que figuran como otorgantes el propio López Viejo y también Gabarra. El tribunal pidió a la Consejería de Hacienda de la Comunidad de Madrid que le envíe todas las declaraciones registradas de actividades, bienes y derechos patrimoniales del destituido consejero de Deportes.

El amigo de Agag
Además, estas últimas declaraciones de los inspectores tuvieron lugar el mismo día en que el diario El Mundo acusó a López Viejo de colocar a Tito Pajares San Román, un empresario amigo de Alejandro Agag y miembro del clan de Becerril, como sustituto de Francisco Correa en el montaje de los actos de la presidenta regional Esperanza Aguirre, un asunto del que se ocupaba el ex consejero hasta febrero pasado, cuando se le vinculó con Gürtel.

Imputación y fianza
López Viejo dimitió hace tres meses, tras saberse que adjudicó a dedo y a empresas de la presunta trama corrupta 76 contratos por un valor total de 562.000 euros. El pasado 7 de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le impuso una fianza de 750.000 euros, acusándole de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. Antes de ser consejero y protegido de Aguirre, fue concejal de Limpieza en el Ayuntamiento madrileño.

ELPLURAL.COM

"JOSÉ LUIS MORENO LE DIO A JAUME MATAS UN SOBRE CON 250.000 EUROS EN BILLETES DE 500"


Un ex directivo de Miramón desvela los tejemanejes de la productora en la televisión balear

“José Luis Moreno le dio a Jaume Matas un sobre con 250.000 euros en billetes de 500”. Es lo que denunció el pasado 2 de septiembre ante la Fiscalía Anticorrupción Luis Velasco, ex directivo de la productora de Moreno, quien ha destapado una trama de comisiones y sobornos millonarios a altos cargos del Gobierno balear a cambio de beneficios en IB3, la televisión pública regional. Velasco, el hombre de confianza en las islas del famoso productor entre 2005 y 2007, ha desvelado que los 250.000 euros fueron “el primer pago” al Gobierno balear, según informa Interviú. A cambio, éste otorgó a la que fue su empresa contratos para dos programas que se realizaron con precios inflados hasta en un 60%.

Según la denuncia de Velasco, Moreno logró vender dos programas a una recién creada IB3. El trato se cerró el 4 de septiembre de 2005, en la gala inaugural de la cadena celebrada en el casino de Palma de Mallorca. Allí, el productor sacó de su abrigo un bolsito con un sobre que contenía “250.000 euros en billetes de 500”.

Moreno y Matas
Rodríguez Moreno o el señor Rodríguez, como se refiere a su ex jefe Velasco, entregó el sobre “al entonces presidente de Baleares, Jaume Matas” como “primer pago” por comprarle dos programas en IB3 -Quedat amb na Victoria y Tres i mes-. “Me comentó que él pagaba a directivos (de televisión) y políticos por su parte y que no nos molestarían. Se había reunido para almorzar en dos ocasiones con don Jaume Matas… En esas reuniones, siempre según el señor Rodríguez, se había cerrado el compromiso de encargar varias producciones de IB3 a las empresas del señor Rodríguez”, asegura.

Precios inflados
En cualquier caso, el resultado de aquellos contactos fueron los dos programas citados que fueron dirigidos por el ahora denunciante. Velasco admite que se facturaron, en cualquier caso, precios muy por encima del coste real. “Tres i Mes se empezó a emitir en septiembre de 2005 y se prolongó hasta finales de 2006”. El espacio era producido por Miramón Mendi, una de las empresas de Moreno. “Se facturó en preproducción un total superior de 120.000 euros pese a que los costes reales no llegaron a los 40.000”, admite. Además, la cadena cerró con su empresa “un precio cercano a los 9.000 euros por programa, a pesar de que el precio real de producción no llegaba a los 3.000 euros”, asegura.

Descontrol
“Se realizaron 260 programas sin que la televisión realizase la más mínima auditoría” y con beneficios que “superaban el 60%”, concreta. Velasco admite, además, cómo recibió un delicado encargo de Moreno: en uno de sus viajes a Madrid, el productor le pidió “que entregase en un sobre a la dirección de la televisión” balear. Dentro “iban un par de documentos, un par de dvd (…) y otro sobre cerrado más, dirigido a Dirección, con 30.000 euros en billetes de 500. Se lo entregué al señor Orrico (Arturo, entonces director de antena de IB3), aunque creo que el sobre con el dinero era para un superior suyo”. Además de Orrico y su superior, el tercer alto cargo implicado sería María Umbert Cantalapiedra, a quien Moreno veía “cada dos o tres meses” en privado.

Decorados también
Los tratos de Moreno en Baleares, dice Interviú, fueron fructíferos. El productor se ofreció a construir los decorados “para los servicios informativos y los programas Punt de Trobada y Tres i mes… El señor Orrico comentó que el concurso público ya estaba cerrado, pero que si llegaban a un acuerdo podrían amañarlo”. Al final “se llegó a un acue3rdo y el señor Orrico le entró al señor Rodríguez copia de la mejor oferta presentada y le pidió que la mejorase y se la enviase con urgencia y fecha de un mes antes”. Tal como concluye la denuncia de Velasco, “el encargo de la construcción de los decorados (..) fue adjudicada de forma fraudulenta a las empresas del señor Rodríguez Moreno”.

A la espera del fiscal
El denunciante amplió la denuncia el pasado 27 de noviembre. Entonces agregó que se inflaba el número de redactores. “Trabajábamos por ejemplo treinta personas y para cotizar a la Seguridad Social poníamos que éramos setenta”. La Guardia Civil ha recabado los datos de cotización de los trabajadores, y el asunto está pendiente de que el fiscal anticorrupción, Pedro Horrach, decida si hay indicios de delito. Ni el Gobierno Balear ni José Moreno han querido dar su ve4rsión del asunto.

ELPLURAL.COM

UN "PELOTAZO" URBANÍSTICO EN L´HOSPITALET SALPICA A JOAN LAPORTA, PRESIDENTE DEL BARCELONA




@Antonio Fernández.

La recalificación de una de las últimas zonas verdes en la localidad de L'Hospitalet de Llobregat, lindante con Barcelona, se ha convertido en un culebrón que día a día adquiere tintes más espectaculares y que amenaza con convertirse en un escándalo donde se combinan aspectos empresariales, deportivos y políticos. Y ello porque una empresa vinculada al presidente del F.C. Barcelona, Joan Laporta, se encuentra en el ojo del huracán.

En 2004, Laporta compró 20 hectáreas de terreno en la zona a través de la compañía Hakerson International. En esta empresa figuran también su socio de despacho Xavier Arbós; su hermano, Xavier Laporta; el actual vicepresidente institucional y de patrimonio del F.C. Barcelona y ex concejal de Urbanisno de Sant Cugat, Joan Franquesa; la Inmobiliaria Godall, propiedad de Alfons Godall, vicepresidente primero del Barça; y Anna Maria Lloveras, esposa del actual alcalde convergente de Sant Cugat, Lluís Recoder.

Precisamente, Laporta fue el pregonero en la fiesta mayor de Sant Cugat el pasado verano. El presidente del Barça también compartió responsabilidades como administrador en Hakerson con Pedro Luis Mellado, abogado del FC Barcelona, que fue quien llevó el pleito contra Baena, jugador no profesional que el pasado otoño rescindió el contrato que tenía con el Barça pagando la penalización de 30.000 euros prevista en el mismo y fichó por el R.C.D. Espanyol. Aunque el Barça le pedía más de 3 millones de euros como indemnización, Baena fue condenado el pasado mes de enero a pagar 500.000 euros al club azulgrana como compensación por su formación durante cinco años.

El terreno comprado tiene una masía del siglo XVIII llamada Can Masover Nou, en estado ruinoso a pesar de estar catalogada en el inventario del Patrimonio Arquitectónico de la Generalitat. La zona total a recalificar dispone de tres de estas construcciones -Cal Masover Nou, Cal Trabal y Ca l’Esquerrer-, todas centenarias, de las que sólo la segunda se encuentra bien conservada y rodeada de campos de cultivo.

La intención del Ayuntamiento de L'Hospitalet es recalificar los terrenos, lo que supondría la urbanización de la zona, preservando las masías. "Lo que hemos hecho es un pre-proyecto para la reordenación de la zona y construir un área de servicios con oficinas y un gran parque ciudadano", señalaron a El Confidencial fuentes del Ayuntamiento de la ciudad. Según los detractores de la recalificación, lo que se pretende hacer es construir siete edificios de oficinas, un concesionario de coches de alta gama, un supermercado e incluso se habla de un hotel de lujo. En otras palabras: un pelotazo urbanístico.

300 millones de inversión

El proyecto redactado por el Ayuntamiento, al que ha tenido acceso este diario, detalla que la zona que se pretende urbanizar está divivida entre los ayuntamientos de L'Hospitalet y El Prat de Llobregat. Al primero pertenecen casi 403.000 metros cuadrados, mientras que del segundo quedarían afectados casi 136.000 metros cuadrados. En ellos, se ha establecido un techo edificable de 51.865 metros cuadrados para industrias y 217.000 metros cuadrados para el sector terciario, es decir, para servicios.

El parque ciudadano que se pretende habilitar tendría 21,6 hectáreas. Este parque "recreará el uso agrícola actual y añadirá nuevos elementos, como itinerarios verdes que aseguren el acceso y el uso ciudadano". El informe municipal es detallado en las cifras: "La parte de suelo actual que se podría ejecutar como zona verde es realmente de 201.495,9 metros cuadrados", de los que 186.000 son de L'Hospitalet y el resto, de El Prat.

Según el consistorio, la zona "es compatible con las propuestas de la Agenda 21" y no se encuentra incluida en la Red Natura 2000 ni en ningún plan similar. La inversión prevista es de 58,5 millones de euros, aunque esta cifra corresponde sólo a la "urbanización", que engloba la viabilidad, el parque, los soterramientos eléctricos y algunos ajustes. Fuentes de la oposición cifran la inversión total -sumando la compra de terrenos, la construcción y la comercialización de los edificios- en un volumen muy superior: 300 millones de euros.

El asunto ya ha sido enviado a la Consejería de Medio Ambiente de la Generalitat para que emita un informe medioambiental, paso previo a plantear la recalificación en el pleno municipal. Si el informe de la Generalitat es positivo, los terrenos se recalificarán sin problema, puesto que el consistorio tiene 17 concejales del PSC frente a cinco del PP, tres de CiU y 12 de ICV.

Los socialistas también dejaron en manos del concejal de ICV Francisco Salmerón las responsabilidades medioambientales del consistorio, lo que no deja de ser paradójico, porque ICV, como partido, se opone a la recalificación. ERC también se ha posicionado en contra del pelotazo, lo mismo que CiU, cuya cabeza visible en L'Hospitalet es Meritxell Borràs, hija de Jacint Borràs, directivo culé y presidente del Barça Atlétic.

También la Federación de Asociaciones de Vecinos de L'Hospitalet está en contra del proyecto de urbanización de lo que consideran "la última zona agrícola del municipio". "Es cierto que es de los últimos reductos agrícolas, aparte de algunos huertos diseminados, pero también es verdad que tras la reordenación tendremos el mayor parque de la ciudad para disfrute de sus ciudadanos", afirman desde el Ayuntamiento.

La irrupción de Laporta

De diferente opinión es Antoni Garcia, portavoz de Els Verds Esquerra Ecologista, la organización que se opone con más fuerza a la recalificación. "Hace 10 años, el Ayuntamiento se comprometió a que esta zona sería el oasis agrícola de la ciudad", señaló Garcia a El Confidencial. "Luego, después de que Laporta comprase 20 hectáreas, cambió de opinión”.

Los ecologistas sospechan que la operación de compraventa se llevó a cabo con la intención de sacar provecho económico, ya que desde la compra no se restauró la masía que tiene en su interior, a pesar de estar catalogada, ni se realizó ninguna mejora, presumiblemente a la espera de poder venderlos ante una recalificación de los terrenos. Esta recalificación se intentó realizar ya en septiembre del año pasado, pero se paralizó ante la movilización ciudadana.

Els Verds Esquerra Ecologista también acaba de denunciar a los propietarios de Cal Masover Nou ante la Consejería de Cultura de la Generalitat por incumplir la Ley de Patrimonio Cultural Catalán, que manifesta que "los propietarios han de preservar y mantener la integridad de su valor cultural y arquitectónico". Según la denuncia, la masía, de estilo barroco, está incluida en el Plan de Protección Arquitectónica (PEPPA) de L'Hospitalet de Llobregat "con nivel C de protección, que significa que el propietario ha de proteger la fachada y la volumetría del edificio". Las asociaciones de vecinos, diversas entidades y sindicatos y organizaciones ecologistas han constituido también la Plataforma Salvem la Zona Agrícola de L’Hospitalet, que el 25 de mayo realizó su primera manifestación contra el proyecto, con la asistencia de 600 personas.

Ajeno a estas reivindicaciones, un informe encargado por el Ayuntamiento señala en sus conclusiones que "el ámbito complementario de La Marina [una de las zonas afectadas], situado en el término municipal de El Prat, queda incluido dentro del régimen inicial de suelo no urbanizable y se transforma, a efectos de la gestión de los correspondientes polígonos de actuación, el sector de suelo urbanizable de Cal Masover Nou". Y añade más adelante que la ordenación del área de esta masía, con casi 363.000 metros cuadrados de suelo urbanizable "se desarrollará mediante un plan parcial urbanístico". Es decir, justamente los terrenos propiedad de Hakerson International, que además de sus 20 hectáreas tiene derecho preferencial de compra sobre parte de los terrenos colindantes, propiedad de agricultores de la zona. El tercer sector, perteneciente a la masía Can Trabal, tiene sólo 175.902 metros cuadrados de suelo urbano.

5.400 puestos de trabajo

La zona, cercana al aeropuerto, al río Llobregat y a la residencia de Bellvitge es, urbanísticamente hablando, un caramelo, aunque para los Verdes "no beneficiará a la ciudad, sino todo lo contrario. Quieren hacer varios edificios de oficinas cuando en otras zonas los edificios que se han construido están vacíos, como en la plaza Europa, cerca de la Feria de Barcelona".

En el Ayuntamiento difieren de esta tesis y afirman que con la urbanización del terreno se dará impulso a la economía de la ciudad y que en sus equipamientos se pueden generar 5.400 puestos de trabajo.

Para las asociaciones de vecinos, la zona tiene un valor histórico, patrimonial, ecológico y natural. Y lo mismo asegura el sindicato agrario Unió de Pagesos. Especialmente combativa con el proyecto es la Asociación de Vecinos de Bellvitge, que no quiere más edificios y sí preservar el espacio natural. Desde el Ayuntamiento se justifica el proyecto diciendo que su recalificación "se discute en el Consejo de Medio Ambiente", del cual forman parte plataformas ciudadanas y el propio consistorio. Pero desde la oposición se temen que, "conforme van los plazos, y a punto de concluir el informe de la Generalitat, se aproveche el mes de agosto, cuando todo el mundo está de vacaciones, para proceder a la recalificación".

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TOMÁS GÓMEZ DIO SUELO PÚBLICO EN PARLA A EMPRESAS QUE FINANCIARON ACTOS DEL PSOE


ADJUDICÓ DIFERENTES PROMOCIONES DE VPO


El secretario general de los socialistas madrileños, en su época de alcalde de Parla, adjudicó suelo a varios empresarios que financiaron actos del PSOE local durante 2002 y 2003.

Además, los socialistas de esta localidad recibieron dinero de estas empresas para organizar una convención municipal.







Tomás Gómez. Archivo.

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La pareja de la portavoz del PSM, envuelto en un caso de corrupción urbanística

(Libertad Digital) Tomás Gómez vuelve a estar en el centro de la polémica, por enésima vez, después de que el diario ABC haya publicado este lunes que el secretario general del PSM otorgó suelo a distintas empresas que financiaron actos del partido cuando éste era alcalde de Parla durante los años 2002 y 2003.

Estos hechos ocurrieron en un periodo en el que se celebraron elecciones locales y autonómicas que dieron a Gómez su primera mayoría absoluta en la localidad madrileña de Parla.

En este sentido, el PSOE organizó diversos actos que, como la convención municipal del partido o reivindicativos para pedir un hospital, fueron financiados por unas empresas que fueron más tarde recompensadas por el Gobierno local de Gómez.

De este modo, la convención fue financiada, en parte, por una filial de TPC Gestiones Consulting Inmobiliario SL. Dos meses más tarde, el Ayuntamiento adjudicó a esta empresa una parcela para una promoción de 200 viviendas de protección oficial. La adjudicación se produjo por un importe de 2,3 millones y pudo suponer unos ingresos de 15 millones para la compañía.

Pero no quedó ahí la cosa porque ocho meses más tarde volvió a recibir otra adjudicación para realizar 332 pisos protegidos por un valor de 4,9 millones y con la que la compañía pudo ingresar 25 millones de euros.

Parla debe 20 millones a la constructora del tranvía

Según informa El País este lunes, el Ayuntamiento debe más de 20 millones de euros a la empresa concesionaria del tranvía de Parla. Este proyecto se convirtió en sacar adelante este proyecto, que se convirtió en el símbolo de su gestión.

Sin embargo, todo son pérdidas y la concesionaria registró números rojos durante el pasado año, cuando el Consistorio ya adeudaba varios millones de euros. "Hay retrasos en el pago, pero no hay problemas con la empresa. Con ella tenemos una relación normal", dijo un portavoz municipal.

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