martes, 15 de febrero de 2011

EL EDIL DE ALBATERA IMPLICADO EN BRUGAL RECHAZA DECLARAR ANTE EL JUEZ DE ORIHUELA

TRIBUNALES | El concejal 'popular' Javier Bru

Juan Nieto | Europa Press | Orihuela (Alicante)

La instrucción del caso Brugal parece haber encontrado un obstáculo, por otra parte, previsto, en la reticencia de los imputados a declarar ante el juez. Si la semana pasada fue el empresario Ángel Fenoll, propietario de la empresa Colsur, quien se negó a prestar declaración ante el magistrado que instruye el caso, este lunes ha sido su colaborador en Colsur (según la investigación) y edil 'popular' de Albatera, Javier Bru, quien se ha acogido a su derecho a no declarar.

Los interrogatorios dirigidos por el juez Carlos Sanmartín tratan de esclarecer en esta pieza del caso Brugal las posibles ilegalidades de la adjudicación del concurso de residuos de Orihuela, denunciadas por el propio Fenoll en marzo de 2006 cuando su empresa (Colsur) iba a perder la contrata a favor de otra mercantil.

Bru, Fenoll y el hijo de éste último, Antonio Ángel, ya fueron detenidos en 2007 por este asunto e, incluso, pasaron un tiempo en prisión provisional. De los tres, sólo falta escuchar la declaración de Antonio Ángel Fenoll, prevista para el pasado miércoles, aunque se aplazó hasta las próximas semanas.

A la declaración de hoy seguirán el próximo jueves la del detective privado contratado por Fenoll para documentar las supuestas ilegalidades de 2006 y el ex concejal de Orihuela Jesús Ferrández, que aparecía en las imágenes grabadas por el anterior relatando las supuestas irregularidades, antes que Antonio Ángel Fenoll.

Estas supuestas irregularidades en la ciudad de Orihuela dieron inicio a la operación Brugal, aunque las escuchas telefónicas dieron pie a la apertura de numerosas piezas separadas por presuntas ilegalidades, entre ellas una relativa a la adjudicación del plan zonal de residuos y otra relativa a la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

elmundo.es

"CASO VOLTOR"; LA JUEZ APLAZA A MARZO LAS DECLARACIONES RELACIONADAS CON FARRÚS

CORRUPCIÓN

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, instructora del caso Voltor, ha aplazado al mes de marzo las declaraciones que había previstas esta semana en el marco de la pieza relacionada con las adjudicaciones presuntamente irregulares que percibió el empresario de la comunicación Jacinto Farrús desde el Instituto de Estrategia Turística (Inestur), según han informado fuentes jurídicas.

De este modo, la magistrada reanudará el 7 de marzo estas comparecencias, con el interrogatorio en calidad de testigos de cuatro personas pertenecientes al personal del Grupo Marxant, vinculado a Farrús. Por su parte, será el día 14 cuando este empresario, en libertad bajo fianza de 100.000 dentro de esta causa, preste declaración como imputado, misma jornada en que está citado como testigo Pedro Serrano.

Mientras tanto, el 15 de marzo están previstas las declaraciones del ex presidente de UM Miquel Àngel Flaquer, la técnica del Inestur Victoria Botin y el ex gerente de esta empresa Antoni Oliver; el día 16 las del ex responsable económico del Inestur Álvaro Llompart y de Margarita Munar -administradora única de la mercantil Cubic Asesoramiento Empresarial SLP, con cuya denuncia se iniciaron las investigaciones-; y el 17 las del ex conseller de Turismo Francesc Buils y la técnica Catalina Mas.

Cabe recordar que en su denuncia, Munar ponía de manifiesto que su empresa se presentó a un concurso sobre 'benchmarking' -turismo de congresos y reuniones-, por un importe de 360.000 euros (417.600 euros con IVA), al que se presentaron un total de 13 licitantes, y aseveraba que el concurso fue "manipulado" ya que el objetivo del mismo era beneficiar a la UTE formada por THR y Torun Consulting, vinculadas a Farrús.

Según las pesquisas, tanto la empresa Cubic Asesoramiento Empresarial como Seico 9 SL eran las dos sociedades que mejor valoración tenían, pese a que en el último momento la UTE formada por Torun Consulting y THR Asesores -en la que figura Farrús como apoderado- pasó de estar en un quinto lugar al primero, hecho que fue denunciado ante Fiscalía por los administradores de las mercantiles perjudicadas al entender que la adjudicación se había llevado a cabo de forma irregular y que podía haber un trato de favor hacia la ganadora.

Es más, varios testigos han puesto de manifiesto ante la jueza que la UTE resultó favorecida de un día para otro en este concurso pese a que las anteriores dos sociedades estaban mejor valoradas, mientras que Luisa Tortella, ahijada de la ex presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, negó haber sido quien cambió el informe y tener relación alguna con las sociedades del empresario, a pesar de que una las anteriores testigos apuntaron hacia ella como la responsable de la modificación.

Las investigaciones sitúan al empresario como "figura clave en el entramado de adjudicaciones" realizadas, y le relacionan con 21 sociedades en la que consta como administrador o apoderado y en otras 120 mercantiles de las que ha formado parte. Así, le vinculan no sólo con las licitaciones del Inestur sino también de "otras esferas" del Gobierno balear, tal y como consta en uno de los oficios policiales incluidos en el amplio sumario del caso.


elmundo.es

"CASO IBATUR"; ALÍA PIDE AL JUEZ QUE SUPRIMA SU FIANZA


Le exigen 150.000 euros
Efe | Palma

El ex gerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía ha reclamado al juez que rebaje o suprima la fianza penal de 150.000 euros que dictó contra él por el 'caso Ibatur' de supuesta corrupción, al entender que no hay pruebas que sustenten esta medida cautelar.

En su escrito, el abogado de Alía, José Ignacio Herrero, se refiere a las declaraciones de un empresario que testificó ante el juez y acusó a Alía de, entre otras cosas, exigirle comisiones del 15 % a cambio de trabajos del Ibatur.

Después de su declaración, el letrado de Alía pidió que el testigo, dueño de la empresa Comunicación Creativa, volviera a declarar para poder preguntarle sobre sus afirmaciones, pero el empresario presentó un escrito en el que se acogió a su derecho a no declarar.

Para Herrero, es "requisito imprescindible" para una correcta defensa que pueda interrogar al testigo y poner en entredicho sus declaraciones, incluyendo las supuestas comisiones.

También recuerda el abogado que uno de los motivos en los que se apoyó el juez para dictar la fianza contra Alía fue que la Fiscalía dijo que existía una pieza secreta en la que estaba implicado.

Esta pieza gira en torno al Pula Golf, sociedad que recibió del Govern balear 16,2 millones para organizar el torneo Mallorca Classic, y el juez ya levantó el secreto del sumario en torno a ella.

Después de levantar dicho secreto, indica el letrado, "se ha podido comprobar" que Alía "no es mencionado ni una sola vez en toda la investigación", por lo que el argumento del fiscal no se sustenta.

Por todo ello, que supone a juicio del letrado un "cambio exagerado de las circunstancias" que llevaron al juez a dictar esta medida cautelar, se pide que la fianza se elimine o que se reduzca en la cuantía proporcional a este cambio.

Asimismo, el letrado requiere al titular del juzgado de instrucción 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, encargado de instruir este caso de supuesta corrupción, que se realice una prueba de escritura al testigo para verificar que su letra es la que figura en unos documentos que aportó al juez.

En este caso se investiga el supuesto desvío de fondos y cobro de comisiones en torno al Instituto Balear de Turismo (Ibatur), un organismo público dependiente de la Conselleria de Turismo, durante la pasada legislatura del PP.