martes, 17 de julio de 2012

"CASO PALMA ARENA"; EL JUEZ RECLAMA A LA GENERALITAT Y A RITA BARBERÁ LAS FACTURAS DE SUS COMIDAS CON URDANGARÍN


TRIBUNALES | Caso Nóos
Durante esas comidas 'se trataron temas que afectaban al erario público'
Se trató adjudicación de los Juegos de la Juventud a Urdangarin y Torres

Efe | Valencia

El juzgado de Instrucción número 3 de Palma de Mallorca que instruye el caso Palma Arena ha pedido a la Generalitat y al Ayuntamiento de Valencia que le remitan las facturas de las comidas que mantuvieron el ex vicepresidente Vicente Rambla y la alcaldesa Rita Barberá con Iñaki Urdangarín en 2008.

El juez José Castro, que instruye la pieza separada del caso Palma Arena sobre el supuesto desvío de dinero de los Gobiernos balear y valenciano al Instituto Nóos cuando lo presidía Urdangarin, ha tomado esta decisión tras las declaraciones como testigos realizadas por Rambla y la ex consellera Trinidad Miró el pasado 13 de julio en Valencia.

En un auto al que ha tenido acceso Efe, el juez expone que Rambla y Miró declararon el 13 de julio sobre sendas comidas celebradas el 3 de marzo en Valencia y el 28 de mayo en un hotel de Castellón y a las que asistieron con Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Miguel Zorío, éste último al menos a la primera de ellas.

En los fundamentos de derecho, el auto señala que durante esas comidas "se trataron temas que afectaban al erario público, como era la adjudicación a Iñaki Urdangarin y a Diego Torres la organización de los llamados Juegos de la Juventud", un evento que sustituía "a los Juegos Olímpicos Europeos, en su día adjudicado a los anteriores con nulo éxito".

Para "constatar las fechas exactas de las comidas y quiénes fueron sus convocantes y asistentes", el juez ordena al Ayuntamiento de Valencia que le remita fotocopia compulsada de la página del 3 de marzo de 2008 de las agendas de compromisos de la alcaldesa y del concejal de Deportes, y testimonio de las facturas de comidas en restaurantes en ese mes de marzo.

El consistorio deberá certificar además quien pagó esas facturas y con cargo a qué tarjetas de crédito o débito fueron cargadas, según recoge el auto judicial.

En caso de que en las agendas del 3 de marzo de la alcaldesa y el concejal no figurara ninguna cita para un restaurante, el ayuntamiento deberá "testimoniar el mes completo".

En una segunda disposición del mismo auto, el juez solicita al president de la Generalitat que remita fotocopia compulsada de la página del 28 de mayo de 2008 de las agendas de compromisos del entonces vicepresidente, Vicente Rambla, y de la entonces consellera de Cultura y Deporte, Trinidad Miró, y testimonio de las facturas de comidas en restaurantes en ese mes de mayo.

Al igual que el Ayuntamiento de Valencia, la Generalitat deberá certificar quien pagó esas facturas y con cargo a qué tarjetas de crédito o débito fueron cargadas.

Igualmente, en caso de que en las agendas del 28 de mayo de Rambla y Miró no figurara ninguna cita para un restaurante, la Generalitat deberá "testimoniar el mes completo".

Además

"CASO GÜRTEL"; EL TSJCV INVESTIGARÁ LOS CONTRATOS DE RTVV DURANTE LA VISITA DEL PAPA EN 2006

Auto del Tribunal Supremo
El Alto Tribunal halla similitudes con la investigación por el stand de Fitur
'Se infiere el empleo de dádivas para obtener trato de favor', apunta
El TSJ deberá acumular la causa a las 3 que ya investiga dentro de 'Gürtel'

Efe | Valencia

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha resuelto que deberá ser el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana el responsable de investigar los contratos entre Radiotelevisión Valenciana (RTVV) y sociedades vinculadas a la trama Gürtel con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006.

En un auto hecho público este martes, el Supremo considera que estos hechos "no pueden ser escindibles" del resto de la instrucción que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), "pues son delitos cometidos en Valencia que aconsejan unidad en la investigación".

Igualmente, considera que las conductas que se imputan a los políticos aforados en esta causa tampoco son "escindibles" de las conductas de los no aforados "en los mismos hechos delictivos".

La investigación en Valencia redunda, en opinión de los magistrados del Supremo, en la facilidad probatoria, evitando desplazamientos innecesarios, y la concentración de conductas en aquellos lugares en los que indiciariamente se cometieron los delitos, sometiendo a aforados y no aforados al mismo proceso.

Con el respaldo de la Fiscalía

El criterio de los magistrados de lo Penal del Supremo coincide con el del Ministerio Fiscal, que también considera que es competencia del TSJCV investigar estos hechos.

El alto tribunal valenciano sostenía que, dado que era el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el que conocía la causa principal, debía ser éste el que conociese todos aquellos delitos que, aún cometidos en Valencia, no lo fueron por aforados. Sin embargo, el TSJCV deberá finalmente acumular esta causa a las tres que ya investiga dentro del denominado caso Gürtel.

La primera de estas causas está relacionada con un supuesto delito electoral, dos contra la Hacienda Pública (IVA e impuesto de sociedades de la firma de la trama Gürtel Orange Market) y un delito continuado de falsedad documental cometidos supuestamente en 2007 con motivo de los pagos de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano (PPCV).

Esos pagos se habrían llevado a cabo supuestamente por personas distintas al verdadero deudor y por el PPCV con fondos al parecer opacos, por un importe de 2,56 millones de euros.

La segunda se refiere a hechos similares a los de 2007 más un supuesto delito electoral -en caso de que los servicios prestados por Orange Market correspondieran con la campaña electoral de las generales-, un delito contra la Hacienda pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil.

La tercera se refiere a distintas contrataciones entre Orange Market y varias consellerias de la Generalitat. Se trata, según el citado auto, de supuestas irregularidades cometidas entre 2005 y 2009 con ocasión de contratos entre firmas del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, básicamente Orange Market, con la Administración valenciana.

Expedientes de Fitur

Entre ellas, el citado auto destaca las relativas a los expedientes de Fitur desde 2005 a 2009, "tanto por su precio como por la presunta gravedad de las irregularidades cometidas", hechos que podrían constituir delitos de cohecho y prevaricación.

En opinión de los magistrados del Supremo, los hechos imputados al ex director general de RTVV Pedro García, (supuestos delitos de cohecho y prevaricación al haber recibido dádivas, entre ellas prendas de vestir, por contrataciones con empresas de la trama Gürtel) deben ser investigados de forma conjunta a las tres causas anteriores.

La "estrategia empresarial" de esta firma es semejante, según el Supremo, tanto en el ámbito público como privado, de modo que "se infiere el empleo de dádivas para obtener trato de favor".

El auto indica que las "irregularidades en la contratación pública, cuya competencia rechazaba el TSJCV, guardan múltiples similitudes con las cometidas en la contratación -para la feria- de Fitur, que sí investiga el TSJCV".

lunes, 16 de julio de 2012

IMPUTAN A DOS EX ALCALDES DE BURGUILLOS POR FRAUDE EN SUBVENCIONES DE LA JUNTA


TRIBUNALES | Denunciados por el Ayuntamiento, hoy en manos del PP
Los ex regidores José Juan López y Mariana Pérez (PSOE), denunciados
Ambos están acusados de fraude, malversación, falsedad y prevaricación
Algunas de las ayudas se destinaron al pago de instalaciones que no existen

Efe | Sevilla

La juez de instrucción 17 de Sevilla tomará declaración este martes, como imputados, a José Juan López y Mariana Pérez, ex alcaldes socialistas de Burguillos (Sevilla) que han sido denunciados por el actual equipo de Gobierno por el presunto uso fraudulento de subvenciones de la Junta.

El actual equipo de Gobierno, encabezado por Domingo Delgado (PP), presentó una querella criminal contra los anteriores dirigentes municipales y de la sociedad municipal Burguillos Natural por delitos de fraude en subvenciones, falsedad en documento público, oficial y mercantil, malversación, prevaricación y delito societario.

La denuncia se refiere a una subvención de 269.806 euros otorgada por la Junta para comprar mobiliario de oficina que se hizo a través de Burguillos Natural presuntamente para eludir la fiscalización, y otras dos ayudas de 513.065 y 86.934 euros para una guardería municipal.

Finalmente, una tercera ayuda de 118.500 euros se otorgó para unas instalaciones deportivas que no existen, según el actual equipo de Gobierno.

La juez ha citado el martes a José Juan López, Mariana Pérez y a Jacinto Rosa, gerente de Burguillos Natural, mientras que el 27 de septiembre comparecerán la secretaria de la empresa, un ex teniente de alcalde y el exconcejal de Hacienda, han informado fuentes del caso.

EL JUEZ RUZ EJECUTA EL EMBARGO DE BIENES DE LOS CABECILLAS DE LA TRAMA GÜRTEL


JUSTICIA | Chalés, viviendas y aparcamientos
Correa y Pablo Crespo tienen que pagar 85 millones de euros cada uno
La ejecución y el embargo no había sido posible hasta ahora
Las propiedades están a nombre de empresas de la trama
A Correa se le embargan propiedades en la Costa del Sol e Ibiza
A Crespo se le embarga una vivienda, aparcamientos y una finca

Efe | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado la ejecución del embargo de decenas de propiedades del cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y su colaborador, Pablo Crespo, para que hagan frente a los 85 millones de euros que se les impuso a cada uno en concepto de responsabilidad civil.

Así lo han confirmado fuentes jurídicas, que han explicado que el juez ha detallado a cada uno de los registros de la propiedad tanto el listado de todos los bienes a embargar, así como el nombre de las empresas titulares de esas propiedades.

La ejecución y formalización del embargo no había sido posible hasta ahora, ya que las propiedades están a nombre de empresas de la trama y no de los cabecillas de la red.

En el caso de Correa, se trata de chalés y viviendas de lujo en la Costa del Sol e Ibiza, mientras que a Crespo se le ha embargado una vivienda, varias plazas de aparcamiento y una finca.

En abril de 2010, el juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, impuso fianzas por un total de 201.450.000 euros en concepto de responsabilidad civil a Correa y al resto de sus colaboradores.

El magistrado impuso a Correa y a su 'número dos', el ex secretario de Organización del PP gallego Pablo Crespo una fianza de 85 millones de euros a cada uno, a las que se suma la fianza de 30 millones exigida al abogado y ex vicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.

Además, Pedreira fijó una fianza de 800.000 euros para la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, y de 650.000 euros para el supuesto responsable de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro Pérez, 'El Bigotes.

"CASO MAQUILLAJE"; CONDENAN A MUNAR A CINCO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL Y A NADAL A DOS AÑOS Y SIETE MESES

Munar y Nadal en el banquillo durante el juicio./Cati Cladera
Primer juicio a la ex líder de UM
Son culpables de dar ayudas de 240.000 € mediante testaferros a Video U
Ambos poseían un 50% de la productora

M. J. García | E. Colom | L. Sampedro | Palma

La figura política más influyente de las Islas Baleares en las últimas dos décadas ha sido condenada por corrupción. Maria Antònia Munar, la histórica presidenta de Mallorca durante 12 años ininterrumpidos y líder del partido bisagra Unió Mallorquina que durante cuatro legislaturas puso y quitó presidentes autonómicos a su antojo gracias al mercadeo de su minoritaria cuota de votos, es castigada ahora con cinco años y medio de prisión y con una pena de inhabilitación absoluta de nueve años y seis meses.

La Audiencia Provincial de Palma condena a la también expresidenta del Parlament por haber maquinado un plan junto a quien fuera su delfín, Miquel Nadal, encaminado a desviarse fondos públicos por valor de 240.000 euros a una empresa llamada Video U en la que ambos poseían una participación del 50% a través de testaferros escogidos entre su parentela.

Unos fondos que se concedieron bajo el pretexto de subvencionar un programa deportivo para la televisión pública que ellos crearon. En sus años de gobierno, Video U recibió más de cinco millones de euros de la institución pública que controlaban.

Concretamente se le condena como autora por prevaricación, por malversación continuada y por negociaciones prohibidas a funcionarios. Además es condenada como inductora de fraude a la administración y como cooperadora necesaria de falsedad en documento oficial.

Este juicio por el caso Maquillaje ha sido el primero al que se ha enfrentado la ex política de UM. Junto a ella, la Audiencia también condena a Miquel Nadal, vicepresidente del Consell en la época en que se otorgaron los fondos y posteriormente conseller de Turismo con el gobierno autonómico que encabezaba el PSOE (2007-2011), a dos años y siete meses de prisión y a una inhabilitación absoluta de cuatro años y seis meses.

Nadal ha sido condenado por malversación de caudales públicos y por el delito de negociaciones prohibidas así como por ser inductor al fraude a la administración y por cooperación en falsedad documental.

Anticorrupción pedía para Munar seis años de prisión, puesto que sostenía no sólo que desviaron ese dinero público sino que en realidad el programa nunca se difundió.

A Munar aún le espera un segundo juicio, por el caso Can Domenge, para el cual aún no hay fecha fijada, y la Fiscalía ya ha pedido para la ex líder de UM una pena de seis años de cárcel por ese segundo escándalo, donde se le acusa de amañar la venta del mejor solar público del Consell y entregárselo a la promotora catalana Sacresa por la mitad de su precio real.

Un pelotazo de 30 millones de euros que generó un agujero de esa magnitud en las arcas del Consell y en el que existen testimonios que apuntan a un trasiego de sobornos en efectivo.

Durante los días que duró el juicio, Munar se sentó junto a Nadal, ex vicepresidente del Consell, hombre de su máxima confianza y el político que se perfilaba antaño como su sucesor natural. Nadal fue quien acabó incriminando a su antigua jefa al confesar la trama durante la investigación judicial. Admitiendo que compraron la productora a la que desviaban los fondos públicos. Y que lo hicieron después de que la propia Munar le entregase en el interior de su coche oficial los 300.000 euros en efectivo con que compraron la tapadera.

Además de ellos dos también se juzgó otras ocho personas más, sus cooperadores en la venta oculta de la empresa y quienes se llevaron el dinero. Todos estaban acusados de delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial, falsedad en documento mercantil y negociaciones prohibidas a funcionarios.

El juicio se celebró durante los días 17, 18 y 28 de mayo.

Durante su comparecencia, Munar negó la mayor, atacó a su antaño mano derecha, Miquel Nadal, y le señaló como el artífice de la trama. La ex presidenta del Consell negó rotundamente a preguntas del fiscal que en UM hubiese dinero negro y afirmó que no le dio dinero a Nadal para comprar una televisión. Además, desmintió con rotundidad cualquier relación con la productora investigada y trató de hacer creer que la presidenta era ajena a esos pagos porque firmaba "mil papeles cada día".

Los 300.000 euros que le dio a Nadal
Por su parte, durante su declaración en la Audiencia, Nadal se ratificó en que fue la expresidenta del Parlament balear quien estaba al frente de la trama y dijo que ella le dio 300.000 euros en efectivo en el coche oficial para comprar Video U. El ex conseller de Turismo afirmó ante los jueces que estos fondos procedían del partido regionalista Unió Mallorquina. Nadal aseguró que Munar le decía "que advirtiera a los medios de que si no se portaban bien no habría subvenciones".

Respecto a la existencia de 'trabajadores fantasma' que trabajaban para el Consell pero cobraban de otra empresa, el ex conseller afirmó desconocer este punto. Sin embargo, apuntó que sí sabía que durante la campaña de 2007 había personas que trabajaban para UM pero cobraban de Video-U. No en vano, y para agravar la trama, uno de los usos que se le dio a la tapadera fue el de financiar las actividades del partido con fondos de las arcas públicas.

Esta causa constituye tan solo una pieza separada del caso Maquillaje. Una macroinvestigación donde se indaga el desvío masivo de fondos públicos al partido y sus dirigentes.

Además

jueves, 12 de julio de 2012

EL ALCALDE DE VALLADOLID DECLARA QUE NO RECIBIÓ A QUIENES OPTABAN A CONCESIONES


El regidor niega que se cambiara el plan general tras su aprobación por el pleno municipal

EFE Valladolid

Archivado en:

El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha asegurado hoy ante el juez que nunca ha recibido a empresarios que pudieran optar a concesiones de obras o servicios municipales. El regidor popular ha declarado esta mañana durante algo más de dos horas en el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid, dentro de las diligencias por supuestas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2003.

Tras declarar ante el juez, el fiscal y los abogados de la acusación popular, el alcalde se ha mostrado "absolutamente tranquilo" y ha afirmado que no tiene "participación alguna en lo que pueda haber pasado" con el Plan urbanístico.

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid denunció que las modificaciones del plan publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia en 2004 no se correspondían con el texto aprobado por el pleno municipal en 2003, a la vez que advirtió de que podían favorecer a determinados titulares de terrenos.

En concreto, se eliminaban trámites, se ampliaba el número de viviendas en algunas parcelas o se cambiaban usos sociales del terreno por otros con fines económicos, según los denunciantes.

El alcalde ha afirmado que en los 17 años que lleva en el cargo en ningún momento ha firmado una resolución "sin el informe favorable de los técnicos" del Consistorio, en el que gobierna en mayoría. Además, ha declarado que la revisión del plan se aprobó mediante el procedimiento de "dación de cuenta", porque su aprobación como tal "ya estaba hecha" y así lo determinó el secretario del Ayuntamiento.

"No hay nada que esconder", ha comentado el alcalde, quien ha dicho tener "la conciencia tranquila" después de una declaración que "no ha resultado dura en absoluto", pero tampoco "cómoda ni agradable". Al respecto, ha indicado que "será el juez" quien determine por qué la revisión del Plan publicada no coincide con la aprobada en Pleno, y si la Junta de Castilla y León tiene alguna responsabilidad dentro de sus competencias en urbanismo.

"CASO NÓOS"; VILLALONGA NIEGA CUALQUIER IRREGULARIDAD EN LOS PAGOS A URDANGARÍN

Isabel Villalonga, esta mañana en la Ciudad de la Justicia de Valencia. / CARLES FRANCESC


La secretaria general de la Delegación del Gobierno la jornada de declaraciones
El juez José Castro interrogará a una veintena de personas

Federico Simón Valencia

Archivado en:


La secretaria general de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Isabel Villalonga, que fue hasta hace unos meses subsecretaria de Presidencia en los Gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra, del Partido Popular, ha declarado esta mañana durante más de una hora como imputada ante el juez José Castro, que instruye el caso Nóos.

Villalonga está imputada por haber autorizado el pago al Instituto Nóos, la empresa que presidía Iñaki Urdangarin, de parte de los contratos para la celebración, por tres millones de euros, de unos supuestos Juegos Europeos en Valencia que nunca llegaron a tener lugar. Su comparecencia estaba prevista para mañana, pero se ha adelantado un día.

Villalonga ha negado a Castro cualquier irregularidad en los convenios con la firma del duque de Palma. Así, ha defendido "la gestión intachable" del convenio con Nóos, que asegura que fue convenientemente fiscalizada y con el visto bueno del Consell. También ha argumentado que se devolvieron muchas facturas a la firma de Urdangarin. "Si devolvimos facturas por dos millones eso quiere decir que el resto estaban correctas", ha explicado. "El expediente es correcto, está completo", ha asegurado al salir del juzgado.

El juez de Palma de Mallorca José Castro se ha desplazado a Valencia por segunda vez para tomar declaración a 25 personas, cuatro de ellas imputadas en la causa. Además de Villalonga, que ha adelantado su comparecencia, hoy desfilará ante el juez Elisa Maldonado, ex directora de Operaciones de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias (Cacsa), que financió la celebración en Valencia de tres ediciones de un congreso sobre el mundo del deporte, denominado Valencia Summit, que costaron más de tres millones de euros.

También prestarán declaración Luis Lobón, secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat hasta su imputación y que fue director general de Grandes eventos en 2004, y María Ángeles Mallent, responsable jurídica de la firma pública, que entró a declarar como testigo en la anterior visita de Castro y salió como imputada.

En la sesión de hoy la mayoría de las declaraciones previstas correspondían a personal de la agencia Lobby Comunicación, cuyo propietario, Miguel Zorío, está también imputado. La firma facturó 600.000 euros al Instituto Nóos. En concreto, estaba previsto que pasaran a declarar ante el juez Castro ocho mujeres, cuatro de ellas administrativas y el resto periodistas.

La Generalitat entregó a los juzgados toda la documentación que sirvió para justificar el pago de 382.000 euros por las gestiones realizadas para la celebración de los Juegos Europeos. Al parecer, en dicha documentación no hay ningún informe técnico preciso para autorizar el pago que autorizó Isabel Villalonga. En su anterior declaración explicó que se perdió en un traslado de despachos.

Las declaraciones por el caso continuarán mañana, cuando está previsto que declaren como testigos dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—. También declarará la exconsejera de Cultura Trinidad Miró. A la lista de mañana se ha añadido hoy el nombre de Narciso Michavila, que acudirá asimismo en calidad de testigo.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"TRAMA DE LOS ERE"; EL EXCONSEJERO FERNÁNDEZ PODRÁ SALIR EN LIBERTAD SI DEPOSITA 450.000 EUROS DE FIANZA

Antonio Fernández el día que compareció ante el juez. | C. Márquez
La Audiencia corrige a la juez Alaya
La defensa había denunciado indefensión del ex alto cargo
"Si hubiera tenido intención de fugarse, tiempo ha tenido"

Sebastián Torres / Antonio Salvador | Sevilla

La Audiencia de Sevilla ha vuelto a corregir a la juez que instruye el caso de los ERE fraudulentos y ha decretado libertad para el ex consejero Antonio Fernández si deposita una fianza de 450.000 euros.

El titular andaluz de Empleo entre 2004 y 2010 se encuentra en prisión preventiva comunicada desde el pasado 24 de abril, tras prestar declaración durante cuatro días ante la juez Alaya. Ésta le imputó cuatro delitos continuados de prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, malversación de fondos y obtención indebida de subvenciones públicas, además de cohecho y falsedad en documento mercantil.

La instructora fundamentó la decisión de enviar a Fernández al centro penitenciario Sevilla 2 por el riesgo de fuga y la posible obstrucción de las actuaciones judiciales que podría llevar a cabo el imputado.

En un auto fechado este jueves, del que ha sido ponente la magistrada Esperanza Jiménez Mantecón, la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla estima parcialmente el recurso de apelación presentado por el ex consejero y resuelve que Antonio Fernández podrá elurid la prisión provisional si deposita una fianza en metálico de 450.000 euros. También le obliga a entregar el pasaporte para que no pueda abandonar el país y comparecer todos los martes en un juzgado.

La Audiencia de Sevilla considera que no concurre ninguno de los dos motivos esgrimidos para sustentar la prisión. El tribunal recuerda que, si hubiera querido fugarse o entorpecer la instrucción de la causa, "tiempo ha tenido" tras haber transcurrido trece meses desde que se le notificó la imputación hasta que prestó declaración.

Respecto a la posibilidad de eludir la acción judicial, la Audiencia de Sevilla dice que Fernández "pudo hacerlo" cuando conoció su imputación. "La toma de declaración duró cuatro días y fue conocedor desde el primero de ellos de los concretos hechos e infracciones penales que se le atribuían", razona el auto.

En cuanto a la eventual obstrucción de las actuaciones judiciales, consideran que la influencia que pudiera ejercer el imputado "no se conjuraría con la privación de libertad".

La misma sección de la Audiencia de Sevilla ya resolvió en idénticos términos el pasado 14 de junio ante el recurso presentado por el 'chófer de la coca', Juan Francisco Trujillo Blanco. A éste le impuso una fianza de 150.000 euros y la obligación de comparecer en el juzgado dos veces a la semana.

Además

miércoles, 11 de julio de 2012

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZA ALAYA RECHAZA LA RECUSACIÓN DE RIVERA Y LE IMPUTA CUATRO DELITOS

Rivera llega a los juzgados | Jesús Morón
Es el cuarto alto cargo que declara como imputado
El argumento para recusarla era el retraso en resolver el recurso de imputación
Ya declararon dos antecesores suyos y un ex consejero de Empleo
Francisco Javier Guerrero y Antonio Fernández siguen en prisión
Juan Márquez quedó libre con cargos la semana pasada
La juez Alaya ha citado a Rivera tras nuevos informes de la Guardia Civil

ELMUNDO.es | Sevilla

La juez que investiga los ERE fraudulentos ha rechazado la recusación planteada por Daniel Rivera, ex director general de Trabajo de la Junta de Andalucía, y le ha imputado cuatro delitos continuados.

La juez Mercedes Alaya ha imputado a Rivera delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos por haber dado "forma y continuidad" a las ayudas instauradas por su antecesor Javier Guerrero, encarcelado desde marzo. Alaya ha rechazado por extemporánea la recusación planteada ayer mismo por Rivera, cuyo abogado alegó el retraso en resolver sus recursos contra la imputación.

En un auto entregado este martes a las partes, la juez dice que cuando el pasado 20 de junio le fue notificada a Rivera la citación para declarar como imputado, había transcurrido "con creces" el plazo del 4 de junio para que las partes presentasen alegaciones. En cuanto a la pretensión de Rivera de que no se admitan determinadas pruebas y documentos aportados por otros imputados, Alaya responde que la recusación "no es el mecanismo procesal oportuno". Tras el receso para notificar el auto, Rivera ha comenzado a declarar y no se ha acogido a su derecho a no hacerlo, como barajaban algunos letrados

Rivera es el cuarto alto cargo de la Junta que declara como imputado ante la juez Mercedes Alaya. Lo hicieron antes sus antecesores al frente de la dirección general de Trabajo, Juan Márquez y Francisco Javier Guerrero -el primero libre con cargos, el segundo en prisión preventiva- y el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, actualmente en prisión preventiva.

"CASO MALAYA"; "EL SEÑOR ROCA A VECES OBTENÍA UN BENEFICIO INDECENTE, PERO SIEMPRE ERA LEGAL"

Juan Antonio Roca (a la derecha) junto a su principal testaferro, Óscar Benavente. | C. Díaz
Alegato final de la abogada del principal acusado
La defensa sitúa a Roca como un ‘empresario de éxito’ al llegar a Marbella

José Carlos Villanueva | Málaga

Sobre el guión ya escrito. Rocío Amigo, la abogada defensora del principal acusado en el caso ‘Malaya’, Juan Antonio Roca, ha situado este miércoles a su representado como un “empresario de éxito” cuando desembarcó en el Ayuntamiento de Marbella, en mayo de 1992.

En cuanto a los negocios inmobilarios privados compaginados con su actividad pública, entre 1992 y 2006 que le reportaron un ingente patrimonio su letrada lo justifica así: "El señor Roca a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal'. Para él ha pedido la libre absolución ante el tribunal que enjuicia la mayor trama de corrupción municipal de la historia de España.

Durante su informe final, de más de dos horas de duración, la letrada esteponera ha insistido en la solvencia económica del ex asesor urbanístico municipal marbellí, frente a las tesis de Anticorrupción y los peritos de la Agencia Tributaria. Ambos organismos mantienen que Roca estaba arruinado y con sus empresas en quiebra cuando Jesús Gil le contrató.

Con “treinta y pocos años” Roca fue contratado como director general entre 1986 y 1990 en una empresa “y cobraba un sueldo de 1,6 millones de pesetas al mes” ha alegado su defensa. El cartagenero, perito de Minas, comenzó a comprar participaciones de sociedades. “Del 89 al 92 adquirió un yate y más de una veintena de inmuebles”. En 1996-ha insistido Amigo-”ya estaba bien situado y tenía veinte empresas que le generaban beneficios millonarios”.

“Contaba con un patrimonio de 8 millones de euros cuando llegó a Marbella y ya en 2006 (cuando fue detenido) alcanzó los 133 millones de euros”. Todo ello fruto, según la defensa, de su “actividad empresarial”. Sin tapujos, Rocío Amigo ha reconocido en todo momento que Roca compaginó siempre su labor municipal con los negocios inmobiliarios en Marbella y “todo el mundo lo sabía, porque no se ocultaba”, ha recalcado.

Lo cierto es que en numerosas operaciones desarrolladas en Marbella Roca se benefició como empresario, siendo juez y parte a la hora de comprar, vender y recalificar terrenos a terceros, desde su posición de gerente de Urbanismo. No hay duda de que Roca poseía siempre información privilegiada sobre las parcelas más jugosas que había en el mercado marbellí y prueba de ello fueron las millonarias ganancias obtenidas, como así sostiene la Fiscalía Anticorrupción.

La defensa legitima las actuaciones empresariales del acusado así: "El señor Roca compraba y vendía terrenos, a veces obtenía un beneficio indecente, pero siempre era legal”, ha dicho Amigo sobre los escandalosos pelotazos urbanísticos protagonizados por su representado junto a otros socios.

En definitiva, el ex brazo derecho de Jesús Gil no hizo más que aprovechar el contexto de la burbuja inmobiliaria de la España de aquellos tiempos: “La especulación inmobiliaria puede ser amoral, pero es legal”, ha justificado la representante del antiguo factótum del urbanismo marbellí.

Paralelamente, la abogada del principal procesado ha criticado duramente la instrucción judicial que llevó a cabo el ex titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres: “Se ha querido meter en una organización criminal a un picapleitos, a un ñapas (sic) y a un segurata”. De esa forma tan despectiva se ha referido Amigo a los procesados Francisco Soriano (abogado); Ernesto Celdrá (intermediario de terrenos para Roca) y Jaime Hachuel, este último ex jefe de Seguridad del principal acusado.

En opinión de Amigo “Malaya es una investigación policial sin filtro judicial previo y sin cimientos”. Cree, además, que la instrucción de Torres “ha provocado la muerte social de todos los acusados, que han padecido una condena anticipada”.

Finalmente, dicha defensa se ha quejado ante el tribunal de que haya “un periodista que se queje de que el Ayuntamiento rebaja la pena de prisión a Roca de 40 a 30 años”. Realmente la rebaja fue mayor. De los 39 años que el Consistorio pedía inicialmente ahora ha pasado a reclamar tan sólo 20, tal y comó informó EL MUNDO.es el pasado 14 de junio.

El fiscal pide para Roca 30 años de prisión y 800 millones de multa, principalmente por delito continuado de blanqueo de capitales, entre otros. Juan Carlos López Caballero sostiene que el ex asesor municipal cimentó su fortuna en actividades ilícitas dentro del Consistorio marbellí, principalmente con sobornos de empresarios y promotores, además de las comisiones que logró en actividades inmobiliarias privadas.

Además

"CASO GÜRTEL"; MARTÍN VASCO DICE QUE SU HERMANO LE PAGÓ PARTE DEL PISO FAMILIAR SIN FACTURA


El ex diputado Benjamín Martín Vasco en un pleno. | A. Di Lolli
TRIBUNALES


Europa Press | Madrid

El ex diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco, imputado en el "caso Gürtel", ha dicho hoy que su hermano le compró la tercera parte de la casa que tenía con él y con sus padres, por la que le abonó 42.000 euros con pagos en efectivo de 9.000 y 12.000 de los que "no hay factura".

Así lo ha manifestado el ex diputado regional ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que le ha tomado declaración junto a su hermano Joaquín Martín Vasco, ambos imputados por los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la venta de un piso "para eludir presuntamente responsabilidades civiles", han informado fuentes jurídicas.

En la declaración de bienes que Martín Vasco presentó ante la Asamblea de Madrid en 2010, éste aseguraba que sólo poseía el 50% de un piso de 179 metros cuadrados, que compró con su mujer en 2005 en el madrileño distrito de Fuencarral-El Pardo, y un vehículo BMW adquirido en 2008, ya que vendió a su hermano la parte de una casa familiar de la que era copropietario en Arganda del Rey.

Martín Vasco, según las fuentes consultadas, ha detallado que él y su hermano compraron esa vivienda por 19.800.000 de pesetas (119.000 euros), de la que dieron una entrada al 50% de 4.800.000 pesetas (28.848 euros) y dejaron una hipoteca de 15.000.000 pesetas (90.151 euros), y ha añadido que la escrituraron en tres partes: un tercio él, otro su hermano y el otro sus padres.

Sin embargo, ha indicado que "no pagó nada de esa vivienda" porque se iba a casar y compró un piso con su mujer, por lo que sus padres y hermano "asumieron" la hipoteca, y ha recordado que en 2005 "necesitaba dinero" para adquirir su vivienda y por eso le pidió a su hermano que le pagara su tercio.

Esos 42.000 euros se los pagó en cuatro años -de 2005 a 2008- en efectivo, unos pagos de los que -ha subrayado- "no hay factura", lo que ha corroborado su hermano.

Joaquín Martín Vasco fue funcionario en el Ayuntamiento de Arganda del Rey de 2003 a 2007, una localidad en la que su hermano fue teniente de alcalde entre 1995 y 1999, portavoz del PP de 1999 a 2003, presidente de la empresa pública 'Sociedad de Fomento de Arganda del Rey' (1997-1999) y consejero delegado de la también entidad pública Fomento y Desarrollo Municipal S.A. (2003-2006).

Al ser preguntado cómo explica los pagos de 9.000 y 12.000 euros que le hizo a su hermano para pagarle la tercera parte de la vivienda, Joaquín ha manifestado que "tenía costumbre" de cuando tenía "un poco de dinero" en el banco lo sacaba y lo guardaba en casa, y con eso le iba pagando.

Martín Vasco ya estaba imputado en el 'caso Gürtel' por delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal, entre otros, a los que ahora Ruz ha añadido alzamiento de bienes e insolvencia punible, los mismos de los que acusa a su hermano, que hasta el momento no estaba imputado.

Además de los hermanos Martín Vasco, Ruz tenía previsto tomar declaración al ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas para interrogarle en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias, aunque ha aplazado hasta el 18 de septiembre esta declaración.

Según han indicado fuentes jurídicas, Bárcenas ha acreditado que hoy miércoles tenía un viaje previsto y su abogado tenía fijado un señalamiento del 'caso Malaya' y tampoco podía acudir al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ RUZ APLAZA LA DECLARACIÓN DE BÁRCENAS HASTA EL 18 DE SEPTIEMBRE

El ex tesorero del PP ha acredidato que tenía hoy un viaje previsto
Iba a ser interrogado sobre la imputación por delito fiscal de su esposa
Su abogado tampoco podía acudir por tener un señalamiento del 'Malaya'

Efe | Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aplazado hasta el 18 de septiembre la declaración del ex tesorero y ex senador del PP Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', para interrogarle en relación con la imputación por delito fiscal de su esposa Rosalía Iglesias, han informado fuentes jurídicas.

Según han indicado, Bácenas ha acreditado que hoy miércoles tenía un viaje previsto y su abogado tenía fijado un señalamiento del 'caso Malaya' y tampoco podía acudir al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional.

El pasado 8 de junio, Ruz confirmó la imputación a Iglesias -a la que interrogó el 18 de mayo- por un delito contra la Hacienda Pública, ya que podría haber defraudado "una cuota de 222.112,58 euros al reflejar una supuesta ganancia patrimonial en cuantía de 558.196,97 euros como derivada de la transmisión de un elemento patrimonial adquirido" en 1987.

La defensa de la mujer de Bárcenas había presentado un recurso de reforma contra la imputación y pedido el archivo de la causa basándose en un informe que el pasado mes de abril elaboró la Agencia Tributaria después de que Iglesias acreditara con documentos que el dinero procedía de la venta de unos cuadros adquiridos en 1987.

Ruz reabrió la causa contra Iglesias el pasado 20 de abril después de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira levantara su imputación el 6 de mayo de 2010.

Además de Bárcenas, el magistrado ha citado para hoy al ex diputado de este partido en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco y a su hermano, a los que imputa los delitos de alzamiento de bienes e insolvencia punible por la venta de un piso "para eludir presuntamente responsabilidades civiles".

Además

martes, 10 de julio de 2012

LA ERA CAMPS, EN LOS TRIBUNALES


Francisco Camps con Víctor Campos, Rafael Blasco y Vicente Rambla, en un pleno de las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC
Los jueces toman declaración a una docena de cargos del Consell y empresarios por escándalos vinculados a grandes eventos, cajas y financiación irregular del PP

Joaquín Ferrandis Valencia

Archivado en:



La herencia política de Francisco Camps como presidente del Gobierno valenciano desfilará está semana por los tribunales españoles.

En solo cuatro días, a partir de hoy y hasta el próximo viernes, los jueces tomarán declaración a una docena de altos cargos de la Generalitat e importantes hombres de negocios por tres de los escándalos más sonoros de la etapa presidida por Francisco Camps: el caso Urdangarín, la gestión de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y el caso Gürtel.

Se trata de casos de corrupción conectados con la política de grandes eventos de la Generalitat, con el hundimiento del sistema financiero valenciano y con la financiación irregular del PP regional. Todos ellos con una cosa en común: los desmanes se produjeron durante la era Camps.

En Valencia, el juez José Castro, que instruye el caso Urdangarin se desplazará desde Palma de Mallorca a Valencia el próximo jueves y viernes para tomar nuevas declaraciones.

En esta ocasión, el magistrado ha citado como testigos a dos exvicepresidentes del Gobierno valenciano. Se trata de Víctor Campos —que asumió el delito de cohecho pasivo impropio en el caso de los trajes por el que fue juzgado Francisco Camps— y de Vicente Rambla —imputado en el caso Gürtel por la financiación irregular del PP valenciano—.

El juez quiere esclarecer cómo la Administración de Camps contrató al Instituto Nóos que presidía el duque de Palma, Iñaki Urdangarin, la celebración de tres ediciones de las jornadas de patrocinio deportivo Valencia Summit y un estudio sobre la celebración de unos Juegos Europeos.

Unos encargos por los que se pagaron cerca de 3,5 millones de euros a través de la empresa de la Generalitat Ciudad de las Artes y las Ciencias y de la fundación Turismo Valencia Convention Bureau, dependiente del Ayuntamiento de Valencia.

Además de los dos vicepresidentes de Camps, el juez Castro ha llamado también como testigo a la exconsejera de Cultura, Trinidad Miró, amiga personal de Camps.

El juez Castro también tomará declaración como imputados a la exsubsecretaria de Presidencia de la Generalitat con Camps —y actual secretaria de la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana— Isabel Villalonga, al exsecretario autonómico de Turismo Luis Lobón y a Elisa Maldonado y María Ángeles Mallent, dos ex altos cargos de la empresa pública Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA) que contrató con el Instituto Nóos. Mallent, exresponsable de los servicios jurídicos de CACSA, ya acudió a declarar anteriormente como testigo y salió del interrogatorio como imputada en el caso Urdangarín.

Las supuestas irregularidades cometidas en la contratación del Instituto Nóos corresponden a la primera legislatura de Francisco Camps como presidente de la Generalitat. “Entonces el dinero entraba a chorros y a veces no sabían ni qué hacer con él en la Generalitat”, confiesa un cargo del PP, que admite la alegría con la que se adoptaron determinadas decisiones.

En esos años, el sector de la construcción tiraba como una locomotora de la economía valenciana y proporcionó unos ingresos extraordinarios que le sirvieron a Camps para potenciar la política de grandes eventos. Solo en el año 2006, el Consell recaudó 2.485 millones de euros por la compraventa de viviendas. Nada que ver con los 754 millones recaudados el año pasado.

Un escenario que convirtió a los grandes constructores autóctonos en los empresarios de referencia de la Generalitat gobernada por Camps.

Y son precisamente tres de los principales contratistas de la Generalitat los que tendrán que declarar el próximo viernes como imputados en la causa del caso Gürtel que investiga la financiación irregular del PP regional, la existencia de un posible delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007 y generales de 2008, y la adjudicación irregular a Orange Market del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

El juez José Ceres ha llamado a declarar a Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales afirma que Sedesa aportó 130.000 euros en fondos B a Orange Market —la firma de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez El Bigotes— en el año 2008, supuestamente para pagar parte de los gastos electorales del PP valenciano. Solo entre 2007 y 2009, el grupo Sedesa recibió 539 millones de euros en adjudicaciones del Consell.

Además de Vicente Cotino también están llamados a declarar como imputados otros dos constructores más —son cinco los denunciados— que supuestamente financiaron al PP: Enrique Ortiz —también imputado en el caso Brugal— y Enrique Gimeno. Según la investigación policial, Enrique Ortiz habría pagado 300.000 euros en 2008 para pagar gastos electorales del PP. Y Fomento Agrícola Castellonense (FACSA), presidida por Enrique Gimeno, habría abonado 200.000 euros por el mismo motivo.

El juez Ceres, que instruye esta rama del caso Gürtel, también ha llamado hoy a declarar a la exsecretaria regional del PP y actual alcaldesa de Elda, Adela Pedrosa. Una cita a la que acudirá en calidad de testigo.

Quienes también empezarán a desfilar a partir de hoy, en este caso por los juzgados de la Audiencia Nacional, son los miembros de la destituida cúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. El juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez tiene previsto interrogar hoy a Vicente Soriano, ex director general de recursos de la CAM, y a Teófilo Sogorb, ex director de planificación y control. Mañana lo hará el ex presidente del consejo de administración de la CAM, Modesto Crespo, y el jueves será el turno del ex director general Roberto López Abad. A todos ellos, el juez les imputa por estafa, delito societario y alteración del precio de las cosas.

Camps fue el hombre que aupó a Crespo al frente de la que fuera cuarta caja de ahorros española.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS