martes, 18 de enero de 2011

"CASO ROSEWORLD"; EL EX ALCALDE DE LA LÍNEA DEFIENDE LA VENTA DE PARCELAS MUNICIPALES A ROSEWORLD

El fiscal pide cuatro años de prisión, ocho y medio de inhabilitación especial y multa de 500.000 euros por prevaricación y cohecho

EFE - La Línea

El exalcalde de La Línea de la Concepción (Cádiz) Juan Carlos Juárez (PP) ha declarado hoy en la segunda sesión del juicio en el que ha sido imputado junto a otros once acusados y durante el cual ha defendido la "solvencia" de la empresa Roseworld.

El juicio responde a la denuncia interpuesta por José Carrión, ex policía local, por la venta de cuatro parcelas municipales a Roseworld en 2005, a la que se sumó el concejal del PSOE en La Línea Miguel Tornay.

El Ministerio Fiscal ha solicitado para el exregidor penas de cuatro años de prisión, ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público y multa de 500.000 euros por prevaricación y cohecho.

Juárez ha rechazado los argumentos de la acusación sobre una posible alteración de los precios en la venta e "irregularidades" al desestimar la oferta de la empresa Promaga, que también se presentó al concurso.

Ha explicado que ambas compañías prestaron fianza, pero que Promaga no aportó en plazo el documento acreditativo de estar al día en sus obligaciones fiscales con el Ayuntamiento.

Los abogados de algunos de los acusados han preguntado qué criterios siguió la mesa de contratación para considerar solvente a una empresa cuyo capital social era de 3.006 euros en el momento de la adjudicación, cuyo importe era de doce millones de euros.

"Me remito al informe del secretario de la mesa, en diez años de alcalde jamás he firmado un pliego de contratación con recomendaciones en contra", ha dicho Juárez.

Ha subrayado que Roseworld compró las parcelas "con expectativas urbanísticas" y que no tuvo conversaciones previas al respecto con el concejal de Hacienda de La Línea hasta 2007 y ex coordinador de Urbanismo, Carlos Ruiz Calama, quien ha ratificado las declaraciones de Juárez sobre la venta de las parcelas.

El exedil ha respondido posteriormente a las preguntas del abogado del Estado sobre un delito contra la Hacienda Pública por la venta de una parcela a la empresa Laxmi, de la que era administrador el representante de Roseworld, y que no fue declarada al fisco hasta cerca de tres años después.

El exconcejal ha atribuido el retraso a un error por considerar que tenía que pagar cuando efectuara la escritura pública, y no al firmar el contrato de compraventa.

También han sido imputados los concejales del PP María Cruz Atienza, Francisco Muñiz y Juan Montero, que se enfrentan a las mismas penas que Juárez y Ruiz.

Completan la lista de acusados los representantes de Abuztúa Inversiones -que compró los terrenos a Roseworld- y Lábaro Grupo Inmobiliario -grupo al que pertenece Abuztúa-, y funcionarios que trabajaban para el Ayuntamiento durante el mandato de Juárez.
  
Más información:
    * Fotografía: Juicio a Juárez


elpaís.com

"OPERACIÓN CLOACA"; MASCARÓ GANÓ PRESENTANDO LA OFERTA MÁS CARA A LA RECOGIDA DE RESIDUOS

Tiene la concesión del Consell en 14 pueblos

El Pla le adjudicó la recogida puerta a puerta de residuos por 2,3 millones
Ferrovial ofrecía un plan de recogida por 1,2 millones

M.A Font | D. Álvarez | Palma
El doble sistema de recogida de basuras que se aplica en la Mancomunidad del Pla y otros municipios ha disparado el coste del servicio al tiempo que ha aportado cuantiosos beneficios a la empresa Melchor Mascaró. El gigante de la construcción consiguió en 2009 la adjudicacion de la recogida de residuos puerta a puerta en los pueblos de la Mancomunidad a pesar de haber presentado la oferta más cara.

Concretamente, se llevó la contrata por 2,32 millones de euros anuales cuando la anterior concesionaria, Ferroser, filial del grupo Ferrovial, que había realizado la recogida de basuras entre 1998 y 2008, había ofertado un millón menos.

La misma empresa Melchor Mascaró, ahora por medio una UTE, tiene también la adjudicación del servicio de recogida de los puntos verdes en los 14 municipios de la Mancomunidad y en una amplia zona de Mallorca, en este caso por una adjudicación del Consell.

El caso es que el sistema puerta a puerta, iniciado por los ayuntamientos, fue impulsado desde el propio Consell por dirigentes de UM, según algunos consistorios, cuando a la vez la institución insular mantenía la concesión del servicio de recogida selectiva en los puntos verdes a una UTE liderada por Mascaró y a otra formada por FCC y Lumsa. Mascaró se convertía así en la beneficiada por la adjudicación de los ayuntamientos de la Mancomunidad y, además, UM le infló el contrato del Consell para compensar el menor volumen de residuos que recogía, a causa precisamente de la implantación del sistema puerta a puerta por parte de los municipios que igualmente redundaba en la propia empresa.

En definitiva, UM habría ordenado un doble sistema de recogida de basuras que ha acabado disparando el coste del servicio: por una parte lo que pagan los municipios, por otro lo que paga el Consell. Y todo ello, como no podía ser de otra manera, repercutiendo en el bolsillo del ciudadano ya que la tasa de basuras no ha bajado en estos años sino que ha seguido creciendo. Así, el servicio de recogida puerta a puerta le cuesta ahora 2,3 millones de euros al año a la Mancomunidad cuando lo hubiera podido conseguir por mucho menos.

Varios alcaldes, entre ellos el de Llubí, Tomàs Campaner, han criticado siempre que la Mancomunidad eligiera a Mascaró alegando que ahora el servicio nos cuesta un millón más que antes. A estos 2,3 millones hay que añadir el dinero que paga el Consell a las dos UTEs que tiene contratadas para la recogida en los puntos verdes. El presupuesto de este servicio a nivel de toda Mallorca asciende a tres millones al año.

Como ha informado este diario, la Fiscalía acusa al Consell de UM que presidía Maria Antònia Munar de haber pactado con Mascaró el pago por duplicado del reciclaje en torno a 2005, cuando el conseller responsable de los residuos era Miquel Riera, fallecido en enero de 2006 y que entonces fue sustituido Catalina Julve, y el director de Residuos era Guillem Riera, alto cargo uemita detenido en la Operación Cloaca y al que el juez ha dejado libre sin fianza aunque le ha retirado el pasaporte.

Algunos alcaldes señalan directamente a Guillem Riera como la persona que presionó desde el Consell a los ayuntamientos para que empezasen con el sistema puerta a puerta. Fuese él o no, el Consell lo hizo sin avisar a los municipios de que iban a dejar de recibir la subvención del transporte de residuos porque se la iba a dar directamente a Mascaró, algo que trastocó el estudio económico que habían hecho los ayuntamientos de la Mancomunidad.

De hecho, ésa sigue siendo una de las reivindicaciones de la Mancomunidad. Su presidenta, Joana Maria Pascual (UM), lo confirmó ayer a este diario. «Nunca nos avisaron de que no cobraríamos la subvención. No sé si se han hecho facturas falsas o no, pero sí sabíamos que a Mascaró le pagaban la subvención del transporte como indemnización porque entendían que los ayuntamientos le hacíamos una competencia desleal al quitarle toneladas de residuos que ellos antes recogían en los puntos verdes. Nos decían que no les quedaba otro remedio porque los ayuntamientos habíamos firmado la encomienda de gestión de la recogida de los residuos al Consell desde 2001 y hasta finales de 2011».

Además
Los principales imputados entregan sus pasaportes

elmundo.es

"CASO MALAYA"; EL ARQUITECTO MUNICIPAL DICE QUE CRUCERO BANÚS NO PERJUDICÓ A MARBELLA

TRIBUNALES

José Carlos Villanueva | Málaga

El arquitecto municipal de Marbella Francisco Merino Mata, testigo del caso 'Malaya', ha reconocido este martes, a preguntas de la abogada de Juan Antonio Roca, Rocío Amigo, que el convenio denominado Crucero Banús no perjudicó los intereses económicos del Ayuntamiento marbellí entre 2001 y 2002.

"Hay un convenio y un contrato incumplido, por lo que tendrán que ser los tribunales los que decidan de la manera que proceda", ha contestado Merino a Rocío Amigo cuando la letrada le ha interpelado sobre los 40 millones de las antiguas pesetas que los acusados, principalmente el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, entregaron a las arcas municipales; si bien la licencia de obras se anuló y nunca se pudo construir nada.

"El Ayuntamiento ha cobrado 40 millones de pesetas, el promotor no ha podido construir y no se le ha devuelto el dinero", ha insistido la abogada defensora de Roca para obtener una respuesta finalmente favorable a su postura.

Lo afirmado por Merino, sobre que "no hubo perjuicio patrimonial" a Marbella, contrasta con las tesis de la Fiscalía Anticorrupción. El representante de la acusación pública, Juan Carlos López Caballero sostiene, en su escrito de calificación provisional, que hubo un daño de cinco millones de euros para las arcas municipales. Todo ello en el marco del convenio que la sociedad suiza Lispag A.G. firmó con el entonces alcalde Julián Muñoz en 2001.

El ex edil Román ya defendió, durante su declaración, que el Ayuntamiento de Marbella se había enriquecido "ilícitamente", porque, según dijo, "yo pagué 240.000 euros que aún no me han devuelto, después de no poder construir nada en ese terreno".

También el presidente del tribunal, José Godino, ha querido preguntarle personalmente a Merino si ratificaba la ausencia de perjuicio económico para el Consistorio marbellí. La respuesta ha ido en la misma línea que la que ha conseguido la defensa de Roca.

Todo se centra en que sobre la parcela de 'Crucero Banús' se firmaron dos convenios urbanísticos. Fue en el segundo, ya con Román, Roca, San Agapito y Hoffman como propietarios, cuando el equipo de gobierno del GIL les exigió pagar 240 millones de las antiguas pesetas por los aprovechamientos urbanísticos, si bien sólo se abonaron 40.

Conviene recordar que Francisco Merino figura imputado en el llamado caso 'saqueo 2' de Marbella, desvelado por EL MUNDO en 2003, cuando este periódico dio a conocer las conclusiones de la Agencia Tributaria en la investigación de un sumario que se sigue en la Audiencia Nacional, a raíz de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas correspondiente al periodo 1991-2002.

Está acusado presunta malversación de caudales públicos, entre otros delitos, junto al ex alcalde Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, además del arquitecto Carlos Monteverde, autor de más de 70 proyectos ficticios, elaborados para el Consistorio marbellí, por los que facturó a sociedades municipales más de 40 millones de euros entre 1996 y 1999.

Anticorrupción pide para Merino siete años de cárcel. Sorprendentemente el equipo de gobierno del PP marbellí, que ejerce la acusación particular junto al PSOE, no formula acusación alguna contra el actual arquitecto jefe de Patrimonio municipal, al contrario de los socialistas. La fecha de la vista oral está aún por fijar.

Además
La licencia de Crucero Banús no se ajustaba al PGOU

elmundo.es 

"CASO MATSA"; LA JUNTA NO ENCARGARÁ NINGÚN INFORME JURÍDICO QUE PUEDA COMPROMETER A MANUEL CHAVES

El Gobierno de Griñán prepara el recurso contra el fallo del TSJA

La portavoz dice que 'mientras la sentencia no sea firme se recurrirá'
Manuel María Becerro | Sevilla
La consejera de la Presidencia y portavoz del Gobierno de la Junta de Andalucía, Mar Moreno, ha rechazado que el gabinete que preside José Antonio Griñán vaya a encargar otro informe jurídico sobre la intervención del vicepresidente tercero del Gobierno y ex presidente de la Junta, Manuel Chaves, en la concesión de una ayuda de 10 millones de euros a la empresa Matsa, en la que trabajaba su hija Paula, diferente al que acompañe al recurso de casación que presentará contra el fallo del TSJA que lo obliga a abrir un expediente informativo contra Chaves.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido ya por José Antonio Griñán, rechazó abrir expediente a Manuel Chaves -que debió inhibirse en la decisión del Consejo de Gobierno de conceder la mencionada ayuda, en virtud de la llamada Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta-, basándose su decisión en un informe jurídico que el fallo del TSJA considera nulo.

Entre otras cosas, porque el informe de la Junta justificaba la actuación de Chaves en el hecho de que la intervención, en todo el proceso de concesión de la ayuda a Matsa, de la hija de Chaves se produjo con posterioridad al acuerdo del Consejo de Gobierno. Y, sin embargo, el TSJA entiende que no era necesario que la hija de Chaves hubiera intervenido en ningún momento del proceso para que el entonces presidente de la Junta se hubiera inhibido, pues, de hecho, era perfectamente consciente de en qué empresa trabajaba su hija.

Mar Moreno, tras la reunión del Consejo de Gobierno, ha comparecido ante los medios de comunicación y ha contestado a las preguntas de los periodistas asegurando que el recurso de casación que están elaborando los servicios jurídicos irá acompañado, como es lógico, de un informe jurídico. Pero ha negado que se vaya a elaborar otro diferente a ese.

"No soy tan osada como para suplantar a los servicios jurídicos de la Junta", ha dicho Mar Moreno, al ser preguntada por los argumentos que incorporará al recurso de casación anunciado. "Pero no se trata de una sentencia firme, sino que la propia sentencia da pie a presentar un recurso, por lo que es normal que la Junta recurra. El día que haya una sentencia firme, la Junta la acatará, con independencia de su contenido", ha dicho Mar Moreno.

La portavoz del Gobierno ha calificado la polémica suscitada tras la sentencia del TSJA como "debate de técnica administrativa". Y se ha limitado a responder una pregunta sobre si el presidente Griñán, en la reunión del Consejo de Gobierno de este martes, se hubiera tenido que inhibir en el caso de que se fuera a aprobar una subvención a la empresa en que trabajara un familiar, diciendo que "en adelante la Junta siempre actuará conforme a la legalidad".

Además

"CASO MAQUILLAJE"; LA GERENTE DE EMAYA AFIRMA QUE LAS CONTRATACIONES LAS AVALÓ CERDÓ

Magdalena Tortella asegura que atendía muchas peticiones de empleo por "humanidad"

J.F. MESTRE PALMA

Magdalena Tortella, la actual gerente de EMAYA, declaró ayer ante el juez que investiga la presunta contratación ilegal para la empresa municipal de Palma de afiliados o simpatizantes de Unió Mallorquina.

Defendida por el abogado Gregorio San José, la gerente de EMAYA afirmó que nunca recibió indicaciones políticas de sus superiores, Cristina Cerdó o Miquel Nadal, para que contratara a personas afines al partido, aunque reconoció que había atendido numerosas peticiones para dar empleo.

Tortella insistió en que siempre siguió un criterio profesional para realizar una contratación, aunque explicó al juez Lope Sola que ella nunca tuvo la última palabra. "Cualquier contratación que se ha hecho ha sido con el visto bueno de la superioridad", refiriéndose a la presidenta de la empresa, la ex concejal de UM, Cristina Cerdó, quien también está imputada en esta causa.

La gerente de la empresa municipal indicó que era habitual que recibiera propuestas de los políticos de su partido para que intentara conseguir un trabajo a una determinada persona. Sin embargo, mantuvo que no recibió instrucciones concretas sobre la política de contratación que debía seguir, sino que siempre buscó el "perfil idóneo" del candidato a ocupar un determinado puesto de trabajo. Dijo también que escuchaba muchas peticiones de empleo por "humanidad".
Tortella reconoció que la iniciativa para contratar a un empleado nunca fue suya. "No hubiera hecho nada sin antes consultar con mi jefa (Cristina Cerdó)", señaló la afiliada de UM. Reconoció la gerente que muchas veces Cerdó le entregó la documentación de peticiones de trabajo de personas que iban a visitar a la presidenta de la empresa municipal, pero que nunca le exigió que contratara a una determinada persona. "Mis superiores me dijeron que hiciera gestión, que ellos se dedicarían a hacer política", indicó la actual gerente, que ha continuado en el cargo a pesar de ser designada por UM.

Por otra parte, el juez también interrogó ayer a Francisca Sampol, quien fue asesora de deportes del Ayuntamiento de Palma nombrada por UM. La mujer negó que en algún momento interviniera en la contratación de una simpatizante de su partido en una de las productoras de televisión. Sampol dijo que no conocía la existencia de las productoras Video U ni Ambitt Digital.

"OPERACIÓN CLOACA"; INVESTIGAN SI UM SE FINANCIABA CON EL CONTRATO DE GALMÉS

El primer contrato que recibió el empresario de Porto Cristo fue la compra de 2.150 sillas de plástico y las cobró al Consell al doble del precio del mercado

J. FRANCISCO MESTRE PALMA

Simón Galmés, el empresario de Porto Cristo detenido en la denominada operación Cloaca, podría haber financiado ilegalmente las actividades de UM de Manacor. Esta línea de investigación la está siguiendo en estos momentos la Policía que duda que el empresario cobrara 9.000 euros al mes sin prácticamente nada a cambio, y se quedara todo el dinero para él, sin repartir presuntamente una parte de los beneficios a sus amigos políticos que decidieron otorgarle este trato de favor.

Simón Galmés creó a finales del año 2005 la empresa Ses Nostres Eines. Antes había participado activamente en la creación del partido político ALM, la agrupación local de Manacor que más tarde se uniría a las filas de Unió Mallorquina. El líder de la formación fue el farmacéutico de Manacor, Miquel Riera, quien antes de morir repentinamente fue alcalde y conseller insular de Medio Ambiente.

La empresa de Simón Galmés solo ha trabajado para la administración y siempre con Unió Mallorquina. Esta empresa fue creada en el año 2005 y cuando apenas llevaba unos meses de actividad ya recibió el primer encargo de la administración uemita. Se le contrató para que mediara en la compra para el Consell de 2.150 sillas de plástico para repartirlas como regalo por distintas localidades de Mallorca. Los políticos del Consell justificaron que muchos alcaldes reclamaban este material para utilizarlo en las fiestas locales.

En el encargo a la empresa de Galmés no se le exigió ninguna silla especial, sino el típico asiento de plástico de color blanco que se puede adquirir, sin intermediarios, en todos los grandes comercios de Mallorca. Por cada silla el Consell abonó la cantidad de 12 euros, más IVA, cuando a cualquier cliente de estos grandes almacenes, sobre todo cuando se trata de compras tan elevadas, podía encontrar una silla por la mitad de precio. Galmés obtuvo el contrato sin ningún concurso previo.

El otro encargo que obtuvo fue la entrega de una serie de camisetas que el Consell repartió en varios actos que organizó.

A final del año 2006, el Consell decidió nombrar a Simón Galmés, a través de su empresa, para hacerse cargo del control de las UTE que gestionaban la recogida de residuos en Mallorca. En las cláusulas del concurso que redactó la administración insular se señalaba que las empresas interesadas tendrían que aceptar esta figura de controlador y debían, además, hacerse cargo de sus gastos. Galmés ha recibido en los últimos años un sueldo mensual de 9.000 euros, muy superior, solo como ejemplo, al del president del Govern. Su única obligación era inspeccionar el estado de los contenedores de reciclaje instalados en Mallorca y después entregar un informe al Consell sobre su estado.

Parece que Galmés sí inspeccionaba el estado de estas instalaciones, pero los informes que redactó se pueden contar con los dedos de la mano. Se da la circunstancia, y así lo ha comprobado la Policía, que han elaborado más informes sobre el estado de los puntos de recogida de basura los propios empleados de las UTE que el empresario de Porto Cristo, quien además de ser uno de los fundadores del partido regionalista de Manacor, durante muchos años se encargó de las finanzas de esta agrupación. La Policía está investigando los movimientos económicos de Galmés y está comprobando si ha realizado reintegros de dinero en efectivo. Galmés, que quedó en libertad en la madrugada del pasado sábado, niega que repartiera su sueldo con otros políticos de su partido.

BARBERÁ DEFIENDE LOS CONTRATOS DE LA FEMP A LA "GÜRTEL"

Dice que la federación dio un millón a dedo porque "no es una entidad pública"

B. TOLEDO / A. GUTIÉRREZ VALENCIA / MADRID

La FEMP no es una entidad de derecho público, no es una Administración. Es una asociación, por lo tanto, poco puede decirse". Con esas palabras despachó ayer Rita Barberá las preguntas sobre los pagos millonarios que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) hizo a empresas de la trama Gürtel en los cuatro últimos años (1999-2003) del mandato de la alcaldesa de Valencia como presidenta de la organización municipalista.

En diciembre, un informe de la Unidad de Auxilio Judicial incorporado al sumario Gürtel, desveló cómo la FEMP pagó 1,3 millones de euros a empresas del grupo que dirigía Francisco Correa. Fueron 230 las adjudicaciones a dedo otorgadas a la red en los últimos cuatro años en los que Barberá presidió el órgano que agrupa a municipios y provincias. Pero dos eventos concentraron el grueso del dinero: la asamblea de 1999, en las que la trama se embolsó 276.548 euros, y la de 2003, en la que Barberá dejó el cargo y por la que Special Events cobró 719.449.

Ayer, Barberá no dio detalles sobre las adjudicaciones más allá de que se trató de "escenarios" para las asambleas. Sí subrayó que fueron "dos contratos a empresas absolutamente legales, en su momento, del espacio económico español". "A mí no me ha llamado el fiscal", se jactó.

Frente a la versión de Barberá, el informe de la Unidad de Auxilio reprocha a la FEMP que eligiera a Special Events sin concurrencia pública. Es más, destapa que ni siquiera se pidió presupuesto escrito previo para la preparación de sus asambleas, pese al elevado importe abonado luego.

El responsable, el secretarioPero, ayer, Barberá enmendó la plana a los peritos al subrayar que la FEMP no está obligada a regirse por la ley de contratos porque no es una institución de derecho público. La alcaldesa derivó la responsabilidad al entonces secretario de la entidad, quien, afirmó, es "el órgano de contratación" y por tanto hace "lo que crea conveniente".

Al apelar al entonces secretario de la FEMP, Álvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez-Cascos en el PP, la alcaldesa se lava las manos. Y señala a De la Cruz como único responsable.

Los informes policiales y de Hacienda incorporados al sumario señalan a De la Cruz como receptor de un pago de 30.000 euros en marzo de 2004. Es decir, poco después de que la FEMP entregara a Special Events 719.449 euros por organizar una asamblea que, cuatro años antes, había costado menos de la mitad. Hasta ahora, el PP no ha explicado el porqué de ese vertiginoso incremento. Ni por qué acudió directamente a Special Events en lugar de pedir ofertas a diversas empresas del sector.

Ya el pasado diciembre, cuando Público reveló la existencia de estas facturas, el PSOE valenciano cuestionó los argumentos de Barberá con el reglamento de la FEMP en la mano, ya que, según el artículo 35º, el cargo de presidente tiene, entre otras, "la atribución de dirigir el funcionamiento ordinario de la federación y administrar su patrimonio".

Aunque el informe de la Unidad de Auxilio no dictamina si la FEMP está o no sujeta a la ley de contratos, sus autores subrayan que, de haber solicitado ofertas a otros proveedores, habría habido "una mayor eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos". Ahora, la FEMP publicita con antelación los eventos programados.

Como explicaron al inicio del caso Gürtel fuentes del equipo de su presidente, el socialista Pedro Castro, la FEMP solicita ofertas a las empresas "más significadas" del sector.