sábado, 31 de octubre de 2009

CASO GORDILLO; EL VICEPRESIDENTE DE CEUTA DIMITE TRAS APARECER EN UN VÍDEO SEXUAL

El vicepresidente del gobierno de la ciudad autónoma de Ceuta y presidente del PP en esa localidad, Pedro Gordillo, dimitió ayer de sus cargos después de haber sido grabado manteniendo relaciones sexuales con una mujer en su propio despacho oficial. El presidente de la ciudad autónoma, Juan José Vivas, intentó forzar la dimisión de su número dos durante todo el día, pero no logró convencer a Gordillo, que fue sacerdote en su día, hasta última hora de la noche.

El motivo de la decisión, según informó Cuatro, hay que buscarlo en un vídeo grabado en su propio despacho. Se trata de una grabación de contenido sexual. Esa grabación se habría realizado con un teléfono móvil particular y la autora sería la mujer que le acompañaba en ese momento y a la que, según las fuentes consultadas, el dirigente popular hacía promesas a cambio de los favores sexuales que estaba recibiendo.

Fuentes cercanas al Gobierno de Ceuta confirmaron que, tras conocerse la existencia del vídeo, el deseo de Vivas era la dimisión de Gordillo.


Motivos personales
Pasada la medianoche, el Gobierno ceutí emitió un comunicado en el que confirmaba que Gordillo había presentado su dimisión como vicepresidente y consejero de Presidencia y había renunciado a su puesto de diputado en la Asamblea de la ciudad autónoma "por motivos de índole personal".


Pedro Gordillo ocupaba el cargo de vicepresidente de la Asamblea de Ceuta desde las pasadas elecciones autonómicas del 2007, en las que el PP logró la mayoría absoluta al conseguir 19 de los 25 escaños. Gordillo, que antes había desempeñado el cargo de senador, era la mano derecha del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.


Noticia relacionada:

* Un vídeo sexual provoca el relevo en la cúpula del PP de Ceuta

elpaís.com

"CASO GORDILLO"; DIMITE EL VICEPRESIDENTE DE CEUTA ALEGANDO "MOTIVOS PERSONALES"

Presuntas desavenencias con el presidente

Efe | Ceuta

Pedro Gordillo Durán (en la foto), del Partido Popular, ha presentado en la noche del viernes su dimisión como vicepresidente del Gobierno de la ciudad autonómica de Ceuta por "motivos de índole personal", Durán también renuncia a su puesto de diputado en la Asamblea de Ceuta. La noticia se ha dado a conocer a las 00.20 horas por parte del Gobierno Ceutí en un escueto comunicado.

Además de 'número dos' del Gobierno de Ceuta, Gordillo es el presidente del Partido Popular en Ceuta. En las últimas horas se había especulado en la ciudad con la posible dimisión de Pedro Gordillo por presuntas desavenencias con Juan Jesús Vivas, quien habría intentado forzar la renuncia de Gordillo Durán tras conocer que de la posible existencia de un vídeo de contenido sexual que muestra a Gordillo manteniendo relaciones con una mujer en su despacho a cambio de favores, según informa Cuatro.

Finalmente, la situación se ha precipitado en las últimas horas hasta provocar esta dimisión y su renuncia al puesto de diputado de la Asamblea.

Pedro Gordillo Durán, ex sacerdote, ocupaba el cargo de vicepresidente de la Asamblea de Ceuta desde las pasadas elecciones autonómicas del 2007, en las cuales el PP logró la mayoría al conseguir 19 de los 25 escaños del arco parlamentario ceutí.

Este dirigente político ostentaba el cargo de presidente del PP ceutí desde octubre de 1999 y en el último congreso de octubre de 2008 logró un apoyo del 98,2 por ciento de los votos al lograr 280 votos a favor y sólo 3 en contra.

El ya ex presidente del PP había sido director provincial del Ministerio de Educación y Ciencia en el año 1996 y en los últimos años había destacado por su participación en el voto de censura que en febrero de 2001 derrocó al Grupo Independiente Liberal (GIL) del arco parlamentario ceutí.

Ese voto de censura permitió que Juan Jesús Vivas (PP) accediera al cargo de presidente de la Asamblea mientras que Pedro Gordillo ocupó el puesto de senador del PP por Ceuta.

Gordillo Durán, que anteriormente había desempeñado el cargo de senador por Ceuta del PP, era la mano derecha del presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

En las últimas horas se había especulado en la ciudad con la posible dimisión de Pedro Gordillo por presuntas desavenencias con Juan Jesús Vivas, por lo que se había señalado que este asunto iba a ser abordado en el Consejo de Gobierno que se celebrará el próximo martes.

Finalmente, la situación se ha precipitado en las últimas horas hasta provocar esta dimisión y su renuncia al puesto de diputado de la Asamblea.

elmundo.es

"CASO GORDILLO"; RUMORES Y CINTAS DE VÍDEO EN LA CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

POLÉMICA | El Consejo de Gobierno desmiente haberlo encargado

Juan José Coronado (Corresponsal) | Ceuta

A primeras horas del pasado jueves, un rumor empieza a cobrar fuerza en los mentideros político-periodísticos de Ceuta: hay reuniones en el Gobierno de la Ciudad y algo va a pasar.

Pedro Gordillo, el hombre fuerte del PP y del Gobierno, cuyo poder en el Ejecutivo rivalizaba con el del propio Juan Vivas según la oposición, va a dimitir o ser cesado en las próximas horas.

El viernes, el rumor se acrecienta. A últimas horas de la tarde de ayer, en vísperas del puente de la Mochila –festividad local-, se conoce que Pedro Gordillo va a dimitir por razones de índole personal.

Fuentes de la Ciudad Autónoma hablan de cese sobre las 22.00 horas, mientras el Consejo de Gobierno se reúne con carácter extraordinario en torno a la medianoche con dos ausencias: la del propio Gordillo y la del consejero de Hacienda, Francisco Márquez.

El detonante de la salida de Gordillo, ex sacerdote, ex senador, presidente del PP de Ceuta desde hace 10 años y vicepresidente de la Ciudad desde hace dos, es, según han filtrado algunos medios, una cinta de vídeo "comprometedora".

El Consejo de Gobierno emite un escueto comunicado, al que se ciñe Juan Vivas cuando abandona el palacio autonómico rodeado de todo su gabinete, en el que anuncia la salida de Gordillo por cuestiones personales y en el que desmiente no la existencia del vídeo, sino haberlo encargado.

Esta mañana, el secretario general del PSOE, José Antonio Carracao, comparece en rueda de prensa para calificar de "obscenidad" la situación. El líder de los socialistas ataca duramente al presidente, por "tener que esperar a que dimita Gordillo, y no haber tenido el coraje o poder para cesarlo" y recuerda que Vivas "había dicho en muchas ocasiones que su destino político estaba ligado al de Pedro Gordillo".

¿Y el vídeo? El propio Carracao confirma el más común de los rumores diciendo que "al parecer, se trata de un vídeo de contenido sexual", grabado por "una mujer que pudiera ser cercana al Partido Popular". Un ápice más, si cabe, en la ceremonia de la confusión y de rumores de todo tipo en la que vive envuelta Ceuta desde anoche.

Además
* Abandona Ceuta para desconectar en la península
* Gordillo alega 'motivos personales' en su dimisión

elmundo.es

viernes, 30 de octubre de 2009

CORBACHO ADMITE QUE CONTRATÓ CON DETENIDOS EN LA "OPERACIÓN PRETORIA"

MARÍA JESÚS CAÑIZARES | BARCELONA

Las investigaciones del juez Baltasar Garzón revelan que los principales ayuntamientos del área metropolitana de Barcelona, Santa Coloma de Gramanet, Badalona y Hospitalet de Llobregat, gobernados por los socialistas, adjudicaron obras a las dos constructoras implicadas en el caso, Proinosa y Espais.

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, se vio obligado ayer a admitir públicamente desde Bruselas que cuando era alcalde de Hospitalet tuvo relación con Proinosa, presidida por el inculpado Josep Singla, y con el ex diputado del PSC Luis García Sáez. No obstante, Corbacho aseguró que «todas las contrataciones hechas en el Ayuntamiento se ajustaron a la transparencia, a la legalidad y a la fiscalización de los órganos pertinentes».

El alcalde de Santa Coloma, Bartomeu Muñoz, es uno de los principales implicados en la trama y en su momento fue la mano derecha de Corbacho, cuando el primero presidía la Diputación de Barcelona. Muñoz es actualmente vicepresidente primero de esta corporación supraprovincial. Precisamente ayer, el actual presidente de la Diputación, Antoni Fogué, leyó una declaración en la que se compromete a «tomar las medidas oportunas, en función de los resultados de la investigación judicial, si afecta a miembros de la Corporación».

Según ha podido saber ABC, existe un primer borrador de esa declaración en el que el gobierno de la Diputación preveía el cese inmediato de Muñoz pues la depuración de responsabilidades se produciría «si la autoridad judicial imputa cargos que afectan a algún miembro de esta Corporación», esto es, si el juez Garzón inculpa hoy a los detenidos que ayer pasaron a disposición judicial.

Desmemoria
En Badalona, donde la Guardia Civil pidió al Ayuntamiento documentación sobre una finca propiedad de Espais, el alcalde Jordi Serra también ha tenido que reconocer que uno de los proyectos más importantes del municipio, el que afecta a la reurbanización de cuatro calles del barrio del Raval y que está valorado en casi 2,5 millones de euros, fue encargada a Proinosa.

Se da la circunstancia de que Serra aseguró el pasado martes que no recordaba esos tratos con la empresa investigada, pero después de que el concejal del PP, Xavier García Albiol le refrescara la memoria, fuentes municipales admitieron la existencia de estas obras, financiadas con el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL).

Por su parte, el Consistorio de Santa Coloma de Gramanet reconoció que el endeudamiento municipal ascendía en 2007 a un 65 por ciento al año. Tal como publicó ayer este diario, los investigadores cifran en 60 millones de euros el agujero detectado en este Ayuntamiento, pero portavoces del gobierno local niegan que haya salido dinero de sus arcas de forma irregular. La Sindicatura de Cuentas ya advirtió en 2007 del desbarajustes existente en la contratación de obra.

Este órgano fiscalizador envió su informe al Tribunal de Cuentas, que en septiembre de 2008 abrió diligencias. Dos meses después, este tribunal decidió delegar la instrucción en la Sindicatura de Cuentas, que finalmente nombró a un delegado instructor para que profundizara en la investigación de las irregularidades detectadas.

abc.es

"CASO ANDRATX"; ANTICORRUPCIÓN PRESENTA UNA QUERELLA CONTRA EL EX PRESIDENTE BALEAR GABRIEL CAÑELLAS POR PRESUNTA CORRUPCIÓN

Gabriel Cañellas, ex presidente balear / ABC

EP | PALMA DE MALLORCA

La Fiscalía Anticorrupción ha interpuesto una querella contra el ex presidente del Gobierno balear, Gabriel Cañellas (PP) relacionada con presuntas irregularidades en la gestión de la torre de Sant Elm, en el municipio de Andratx, según confirmó su abogado, Rafael Perera.

El Juzgado de Instrucción número 7 de Palma notificó ayer a Cañellas la querella interpuesta por Anticorrupción, aseguró Perera, el la que se cita a declarar a Gabriel Cañellas y al ex alcalde de Andratx, Eugenio Hidalgo (PP), el principal implicado en el caso Andratx que investiga la trama de corrupción urbanística en ese municipio.

El próximo mes de diciembre el juzgado tiene previsto citar a varias personas relacionadas con la Fundació Illes Balears y el Ayuntamiento de Andratx, en calidad de testigos.

Según informó hoy Diario de Mallorca, el Ayuntamiento de Andratx (PSOE-UM) detectó, tras las elecciones municipales de 2007, una serie de presuntas irregularidades en relación con los fondos que el anterior consistorio había dado para la conservación y aprovechamiento de la Torre de Sant Elm. Estos hechos fueron denunciados ante la fiscalía anticorrupción que, tras realizar diversas pesquisas, interpuso la querella hace algunos meses, informa el rotativo.

La querella de la fiscalía anticorrupción se interpuso por los presuntos delitos de prevaricación administrativa; malversación de caudales públicos; falsedad y fraude. Cañellas ya fue imputado en sumarios durante su etapa como presidente del Govern, entre ellos los casos Calvi, Agricultura y Túnel de Sóller. Por este último, Cañellas se vio forzado a dimitir como presidente del Govern en 1995.

El Tribunal Superior de Justicia de Baleares le declaró culpable de un cohecho ya prescrito y le absolvió de prevaricación, fallo confirmado por el Supremo.

Por una denuncia del ex alcalde de Andratx
La imputación del ex presidente del Gobierno Gabriel Cañellas deriva de una denuncia del Ayuntamiento de Andratx contra el ex alcalde de la localidad Eugenio Hidalgo, condenado por otras causas de corrupción.

Según ha explicado a Efe una fuente del Tribunal Superior de Baleares, el Ayuntamiento presentó una denuncia contra el ex primer edil ante la Fiscalía Anticorrupción por unos hechos supuestamente delictivos en relación a un desvío de fondos de la Fundación Islas Baleares, entidad responsable de la conservación de la torre de la que Cañellas fue presidente. La Fiscalía, al ver que los hechos podían ser efectivamente constitutivos de delito, presentó entonces la denuncia al Juzgado de Instrucción número 7 de Palma, que se hizo cargo de la investigación.

En los últimos días, el Ayuntamiento de Andratx requirió al propio juzgado que ampliara la denuncia al ex presidente Cañellas, algo a lo que la Fiscalía no se opuso y el juez aceptó. Cañellas recibió ayer esta notificación de la ampliación de la denuncia, aunque aún no ha sido citado a declarar por el juez titular de dicho juzgado, Antonio Garcías.

El juez sí ha citado, en cambio, ha varias personas como testigos en la causa, entre ellas el que era máximo responsable de la administración de la Fundación.

abc.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; LLEIDA CIFRA EN MÁS DE 500.000 EUROS LO PAGADO A "LUIGI"

Sospechas - Europa Press | Lleida

La concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Lleida, la socialista Marta Camps, ha cifrado en 552.931 euros la cuantía de los contratos pagados a empresas del posible cerebro de la trama de corrupción urbanística 'Pretoria', el ex diputado del PSC Luis García Sáez, 'Luigi', en los años 90, cuando gobernaba el ex alcalde Antoni Siurana (PSC).

Camps ha revelado este viernes esta cifra en el pleno municipal después de que el concejal convergente Isidre Gavín se interesara por las adjudicaciones a la empresa Agrotecsa, de García.

"Nueve contratos, ocho menores y uno un poco mayor. Todos por subasta, el sistema más objetivo posible porque se adjudica al mejor postor" afirmó la concejal, que cifró el importe del adjudicado en 847.427 euros y el importe realmente pagado 552.931 euros (92 millones de pesetas).

Explicó que de las obras de la plaza de la Bordeta, la de mayor importe que había sido adjudicada en 1999 por un valor de 412.895 euros, se certificó "única y exclusivamente a la empresa, que no era Agrotecsa sino una UTE formada por AGT y Agrotecsa.

La responsable de Urbanismo explicó que no había acabado las obras y estaba en suspensión de pagos y se le adjudicó a otra de las empresas que había pujado, Arnó.

El jueves, Siurana dijo no haber adjudicado obras al ex diputado, ex militante del PSC y constructor Luis García, uno de los nueve detenidos en la operación de corrupción urbanística que investiga el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. "No tengo ni idea de esas adjudicaciones ni relación con él. Lo conocí como diputado, pero no tuve ninguna relación con él", afirmó Siurana.

elmundo.es

"OPERACIÓN PRETORIA"; GARZÓN ENCARCELA A LOS DOS EX ALTOS CARGOS DE CIU Y AL ALCALDE DE SANTA COLOMA

Acusados de defraudar hasta 45 millones de euros

* Alavedra, Prenafeta, García, Muñoz y Dobarco irán al presidio de Soto del Real
* Muñoz está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude y falsedad
* Acusa a los ex cargos de CiU de blanqueo de capitales y tráfico de influencias
* Los tres empresarios y el director gerente de Santa Coloma, libres bajo fianza
* El PSC expulsará a sus militantes implicados y busca sustituto a Muñoz

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado el ingreso en prisión incondicional para cinco de los políticos a los que implica en una red de corrupción urbanística bautizada como 'Pretoria II' y por la que han sido detenidas un total de nueve personas, acusada de defraudar un total de 44.754.000 euros a los Ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.

Entre los encarcelados se encuentran los dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, Lluís Prenafeta y Macià Alavedra, así como el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Bartomeu Muñoz, el ex diputado del PSC Luis García y el concejal de Urbanismo de Santa Coloma, Manuel Dobarco.

El magistrado de la Audiencia Nacional, según el auto hecho público a última hora de este viernes, imputa los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias a Prenafeta y Alavedra. Delitos que también atribuye al ex diputado del PSC, Luis García, más conocido como 'Luigi', y quien además deberá responder de un delito de fraude de subvenciones y falsedad en documento oficial.

El alcalde de Santa Coloma y vicepresidente de la Diputación de Barcelona, Bartomeu Muñoz, por su parte, está acusado de asociación ilícita, cohecho, fraude de subvenciones, fraude y exacciones ilegales y falsedad en documento oficial y mercantil. Acusaciones todas ellas, a excepción del cohecho, que recaen también sobre el concejal de Urbanismo de la localidad barcelonesa, Manuel Dobarco.

Los empresarios Lluís Casamitjana y Josep Singla están acusados de asociación ilícita y tráfico de influencias, aunque el primero de ellos también dará cuenta de las acusaciones de blanqueo de dinero y fraude a la administración de Hacienda.

Manuel Carrillo, por su parte, ha sido acusado únicamente de cohecho, mientras que Pasqual Vela responderá de las imputaciones por fraude y cobros ilegales y un delito de encubrimiento.

El PSC expulsará a todos los imputados
El PSC, tal y como adelantó cuando se conoció la detención de Bartomeu Muñoz y sus ayudantes, ha confirmado que los expulsará del partido el próximo lunes.

En un comunicado, el partido ha anunciado pocos minutos después de conocerse el contenido del auto de Garzón que la medida se aprobará durante una reunión extraordinaria de su Comisión Ejecutiva.

El partido, además de iniciar los trámites para sustituir a Muñoz al frente de la alcaldía colomense, nombrará dos comisiones gestoras de la agrupación de Santa Coloma y la federación socialista del Barcelonès Nord -cuyo secretario primero es Muñoz desde 1981-, y sus funciones ejecutivas las tomará la Secretaría de Organización del PSC.

Esta misma noche, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) ha reivindicado en un comunicado la "honorabilidad" de la institución y de quienes trabajan en ella tras el ingreso en prisión del alcalde Bartomeu Muñoz pero no ha aclarado si este último va a ser sustituido.

El secretario general del PP Catalán, Jordi Cornet, ha aprovechado la noticia para exigir que "José Montilla dé explicación como máximo responsable del PSC, al que pertenecen los actores principales de la trama de corrupción".

elmundo.es

jueves, 29 de octubre de 2009

EL CASO GÜRTEL, EL EJIDO, SANTA COLOMA... LA CORRUPCIÓN SE EXTIENDE POR TODA ESPAÑA

Agentes de la guardia civil custodian la entrada al ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet

corrupción, PP, PSOE, caso Gürtel, Palau

@Alberto Mendoza.

"Corrupción, la palabra de moda en España”. Así tituló recientemente la BBC un artículo sobre el alud de escándalos que se ha precipitado sobre todo el país, atravesando a los principales partidos políticos, administraciones públicas e importantes empresas privadas. Las detenciones ayer de un alcalde socialista y de dos ex altos cargos de Jordi Pujol vienen a sumarse a una lista casi inabarcable de casos (Gürtel, Palau, El Ejido, Costa del Sol, Mercasevilla, Ciempozuelos…) que se han apoderado de la agenda política, y deteriorado la calidad del sistema democrático.

Desde Cataluña a Andalucía, pasando por Madrid, Valencia, Aragón o Castilla-León, los escándalos se reproducen salpicando a gobiernos autonómicos, municipales e, incluso, al Ejecutivo nacional. La corrupción tampoco entiende de siglas: PSOE, PP, CiU, PAR, Unió Mallorquina, PAL… Se encuentra más presente que nunca en los medios de comunicación y ocupa buena parte del debate político, pero, según los datos del CIS, apenas inquieta a la ciudadanía.

El barómetro del pasado mes de septiembre recoge que sólo el 1,4% de los encuestados señaló la corrupción y el fraude como uno de sus principales problemas. El paro (76,4%) y la economía (48,4%) son con diferencia las cuestiones que más preocupan a los españoles, pero cabe destacar la percepción de la clase política como problema. Los escándalos parecen haber erosionado la imagen del Gobierno, de los partidos y de los políticos en general, que preocupan al 16,5% de los españoles. Se trata de un porcentaje considerable, ya que casi alcanza al terrorismo, señalado por un 18,3%.

La opacidad de los partidos políticos
Una creciente desconfianza hacia el Estado de Derecho a la que contribuyeron ayer los principales grupos parlamentarios en el Congreso con un duro cruce de acusaciones. Los portavoces de PSOE, PP, CiU y PNV pusieron en marcha el ventilador y se reprocharon mutuamente su responsabilidad en los principales casos de corrupción. Pese a que la Cámara aprobó una iniciativa de PSOE y ERC para endurecer las penas en este tipo de delitos, el debate parlamentario derivó en una discusión poco ejemplarizante.

El republicano Joan Ridao aprovechó para atizar a CiU con motivo del caso Millet y la detención de Macià Alavedra y Lluís Prenafeta; los socialistas arremetieron contra el PP, y los populares acusaron al Gobierno de convertir a la Fiscalía en un “apéndice servil”. Por su parte, Jordi Xuclá, recordó las generosas condonaciones de deudas que ha recibido el PSC.

Precisamente, uno de las principales deficiencias que presenta España es la opacidad de los partidos, según ha denunciado el Consejo de Europa. El órgano encargado de su control, el Tribunal de Cuentas, se ha mostrado incapaz de profundizar en los números que presentan las formaciones políticas, y su régimen sancionador sólo le permite imponer benévolas multas.

El estallido de la burbuja inmobiliaria ha facilitado también el afloramiento de una economía irregular ligada a la construcción. Una situación sobre la que numerosos expertos y organismos internacionales alertaron durante el boom del ladrillo, pero que nadie remedió a tiempo. La corrupción en este sector ha infectado el tejido político, social y económico desde la Moncloa, donde Angélica Rubio presionó para que se favoreciera a determinados constructores, hasta los ayuntamientos más pequeños, como Villanueva del Pardillo (Madrid). En toda España, 18 alcaldes han sido detenidos por corrupción urbanística desde que se inició la Operación Malaya en abril de 2006.

Los empresarios, también bajo sospecha
Un buen ejemplo es el caso de Santa Coloma de Gramenet, cuyo alcalde, el socialista Bartomeu Muñoz, fue detenido ayer por orden de Baltasar Garzón. El juez le imputa los delitos de tráfico de influencias, blanqueo de capitales y cohecho. Sin embargo, no resulta una sorpresa para aquellos que conocieran el informe de 2009 de Transparencia Internacional sobre los ayuntamientos españoles. En la clasificación de 150 consistorios, y con una puntuación de 0 a 100, Santa Coloma obtiene un concluyente 0 en “transparencia en las contrataciones de servicios”.

No obstante, y como prueba de la dificultad para cazar a los corruptos, el citado informe otorga una buena nota al Ayuntamiento de Santa Coloma en “transparencia en materia de urbanismo y obras públicas” y en “transparencia económico-financiera”. Así, es habitual que la Justicia actúe cuando el delito se lleva cometiendo durante años, lo que demuestra la ineficacia de los sistemas de alerta de los que debe dotarse una sociedad democrática.

Fuentes del Poder Judicial indicaron que la Administración de Justicia debe ser el último recurso, donde se reparten las responsabilidades, pero no el único remedio contra la corrupción. Además, recordaron que la investigación de una trama puede durar meses a partir del momento en que se detecta alguna irregularidad.

Por otra parte, la combinación de crisis económica y corrupción también ha pasado factura a la imagen de los empresarios. De acuerdo con el barómetro de Transparencia Internacional, hecho público en junio, el 29% de los españoles considera que la corrupción es mayor en la esfera de la empresa privada, frente al 27% que opina que afecta más a los partidos políticos. En todo caso, se trata de una escasa diferencia en un país abrumado por las profundas raíces de este pillaje.

elconfidencial.com

miércoles, 28 de octubre de 2009

"OPERACIÓN PRETORIA"; ELDINERO DE PARAÍSOS FISCALES SIRVIÓ PARA FINANCIAR CONSTRUCCIONES VIP EN EL ÁREA DE BARCELONA

Guardias civiles y numerosas personas en la puerta del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet tras la detención del alcalde (Efe).

@Antonio Fernández.17 votos)

“Ha llegado un momento en que los negocios de Lluís Prenafeta y los de Macià Alavedra han acabado coincidiendo. En un país pequeño como el nuestro parece que no había demasiado lugar para dos tiburones que se mordiesen por separado”. Esta frase está sacada de un informe confidencial elaborado en la primavera del año 1990, donde consta un amplio capítulo dedicado a lo que entonces se comenzaba a conocer como “sector de los negocios” de Convergència i Unió (CiU). Este informe fue el detonante de que Lluís Prenafeta, durante una década secretario general de la Presidencia de la Generalitat, dimitiese de su puesto. En una comida de despedida celebrada en un restaurante de la calle Avinyó de Barcelona, Prenafeta aludió, días después, a los “traidores” que desde su mismo partido habían alentado el informe y que destacaban la coincidencia de que simultaneaba su cargo político con otro en la empresa familiar Tipel, que recibía cuantiosas subvenciones de fondos públicos del gobierno catalán. Prenafeta diseccionó y masacró verbalmente a los inspiradores del informe, anunciando que se iba, pero que no estaba hundido.

Diecinueve años después, los dos personajes vuelven a ser carnaza de la más rabiosa actualidad. Y lo que decía el denostado informe tiene más vigencia que nunca. Sus inspiradores no fueron rivales políticos o enemigos personales, sino que fueron dirigentes de Convergència i Unió (CiU) dolidos por la deriva que tomaban algunas determinaciones de la Generalitat, que entonces estaba presidida por Jordi Pujol i Soley. Los negocios particulares de algunos de los más destacados dirigentes de CiU se mezclaban espuriamente con algunas determinaciones de la administración, viciando el resultado final.

Ahora, pues, el juez Baltasar Garzón les ha unido de nuevo, al implicarlos y detenerlos en una operación contra la corrupción que lleva el sugerente nombre de Operación Pretoria. Según algunas fuentes, la operación que desencadenó las detenciones se originó tras las pesquisas del “caso Privanza”, que descubrieron cuentas secretas del BBVA en el paraíso fiscal de la Isla de Jersey. Con motivo de estas averiguaciones, fueron registrados varios despachos de Barcelona, entre ellos los de los abogados Petrus, donde se encontró documentación que llevó hasta los ahora detenidos. Uno de los flecos de esta investigación del caso Privanza fue una operación urbanística realizada en el municipio de Sant Andreu de Llavaneres, una localidad residencial para bolsillos muy forrados cuyo alcalde, Víctor Ros, era el puntal municipal del PP en Cataluña hasta las últimas municipales, en las que perdió la alcaldía frente a CiU a pesar de obtener cuatro concejales (CiU obtuvo cinco). El convenio urbanístico, según las primeras indicaciones, fue aprobado por el consistorio y los buenos oficios de Prenafeta y Alavedra, permitieron traer fondos del extranjero para realizar las inversiones necesarias. Un concejal socialista de Sant Andreu, con vinculaciones en Santa Coloma de Gramenet está también siendo investigado por las responsabilidades que puediera tener en el caso.

Otro de los flecos, derivaba hacia la localidad de Santa Coloma de Gramenet, lindante con Barcelona, donde varias adjudicaciones a Proinosa y Espais son también sospechosas de contener irregularidades, motivo por el cual el juez Baltasar Garzón ordenó detener al alcalde, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarro, y al gerente del Ayuntamiento, Pascual Vela. En las operaciones realizadas en el complejo Cubics (el nexo entre el barrio Centre y el barrio de Singuerlín) estarían, según algunas fuentes, implicadas las empresas municipales Gramepark y Grameimpuls. Este complejo, que todavía se está construyendo, pretende ser la zona más VIP de Santa Coloma, con un centenar y medio de pisos de 800.000 euros para arriba y una zona de servicios envidiable (multicine de 12 salas, hotel de 146 habitaciones, la mayor plaza de Santa Coloma...), aunque también contará con un centenar de viviendas de protección oficial. Total: 65.000 metros cuadrados construidos, de los que más de 10.000 son de uso público. La zona fue visitada el pasado 18 de septiembre por el consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, al que acompañó por las obras el alcalde Bartomeu Muñoz. La promoción y construcción corre a cargo de la firma Prosavi.

Los otros damnificados del escándalo son los presidentes de las compañías que se beneficiaron de los convenios urbanísticos: Josep Singla, de Proinosa, y Lluís Casamitjana, de Espais. El último implicado es el ex diputado socialista Luis García, un avispado intermediario conocido en el mundo de los negocios como Luigi que se ufanaba en todos los foros de mantener excelentes relaciones con las cúpulas de las administraciones.

La estrategia del calamar
La detención de los políticos y los intermediarios es, hoy por hoy, una aventura incierta cuyo final nadie sabe con certeza, pero que ha puesto en un brete a Convergència. “”Reclamamos la presunción de inocencia sin distinción de condición y la máxima diligencia judicial”, clamó ayer Felip Puig, secretario general adjunto de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Quiso subrayar que Prenafeta no ocupa cargos de responsabilidad en la administración de CiU desde hace 19 años y Alavedra también cesó como consejero de Economía hace 12 años. Como buen político, aplicó la estrategia del calamar y, haciendo honor el nombre de la operación judicial, realizó una defensa pretoriana de los prohombres convergentes: “No quiero insistir, pero al mismo tiempo que Prenafeta y Alavedra no tienen cargos en Convergència, sí que hay cargos electos socialistas implicados. El señor Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma, es miembro de la ejecutiva del PSC, es la mano derecha de José Zaragoza [secretario de Organización del PSC] y lleva veinte años en la comisión de control y Finanzas del PSC”. Pero, al mismo tiempo que Zaragoza anunciaba mano dura de su partido contra los implicados, negó saber a qué se dedicaban los antiguos dirigentes de CiU, destacados hombres de negocios de la capital catalana. En resumen, medias verdades y medias mentiras que sólo confunden al oyente no informado.

Porque, en realidad, tanto Prenafeta como Alavedra son dos activos militantes de CDC, y eso le puede pasar factura a su partido. Es más: los dos personajes detenidos son puntales básicos de la Fundació Catalunya Oberta, la entidad donde se encuentra la crême de la crême del sector soberanista de CDC, aunque Felip Puig marcó ayer distancia con ella y puso como ejemplo el que nunca le habían invitado a dar una conferencia. Cada mes, los cerebros de la fundación mantienen discretas reuniones -comidas- en reservados de los mejores restaurantes de Barcelona y elaboran estrategias para determinadas acciones. En su patronato se encuadran los ex consejeros Joan Guitart y Andreu Mas-Colell o destacados dirigentes convergentes como Arcadi Calzada, Roger Albinyana, Daniel Clivillé, Joaquim Maluquer, Alfons López Tena, Marc Prenafeta (hijo de Lluís), Xavier Sala i Martín, Vicenç Villatoro, Joan Uriach o Joan Oliver, actual director general del Barça. Entre las adhesiones, cabe destacar el responsable de Internacional de CDC, Carles Llorens, el empresario Antoni García Maltas, el economista Joaquim Muns, el escritor Oriol Pi de Cabanyes o el pintor Antoni Vives Fierro.

La trayectoria de Prenafeta ha sido muy irregular en las últimas dos décadas. Lo cierto es que después de haberse arruinado en los años 90, con arriesgadas operaciones en el naciente mercado ruso o de algunas repúblicas del Este (donde le llegaron a falsificar un boletín oficial para dar verosimilitud a una adjudicación presidencial), renació de sus cenizas y retomó contactos con países sudamericanos, en los que en tiempos había realizado suculentos negocios. “Prenafeta es un simple comisionista, intermediario en operaciones que no tienen mayor misterio”, señala a El Confidencial un ex socio del que fue la mano derecha de Jordi Pujol. Y ése ha sido su talón de Aquiles.

La carrera de Alavedra ha sido más metódica, aunque ha sido un político que siempre ha estado en el ojo del huracán, especialmente por sus relaciones con el polémico Javier de la Rosa y con el ex juex Lluís Pasqual Estevill, ante el que intermedió para que suavizase su investigación sobre el Banco Central, que entonces presidía Alfonso Escámez. Bon vivant y esposo de pintora, también mantuvo estrechas relaciones con John Rosillo, polémico empresario envuelto en varios escándalos que murió hace casi dos años en Panamá, donde se encontraba huido. En los últimos tiempos, ha estado vinculado a empresas como Grupo Indukern, Promo Grup Deu, Spiker Telefonia, Abertis Logística, Autopistas de Catalunya y Majorica.

elconfidencial.com

"OPERACIÓN PRETORIA"; GARZÓN "DECAPITA" WEBLINE INVEST, LA PRINCIPAL SOCIEDAD INVERSORA DE LAS FORTUNAS CATALANAS


@Antonio Fernández. Barcelona

Foto de archivo de Luis García Saez (Efe).

“¡A dónde nos llevan estos tíos! ¡Qué imagen estamos dando!”, fue la exclamación de un importante empresario de la capital catalana con despacho en la zona alta de Barcelona después del último terremoto judicial que ha acabado con Lluís Prenafeta y con Macià Alavedra en los calabozos. Los dos prohombres habían sido estrechos colaboradores de Jordi Pujol cuando éste era presidente de la Generalitat. De hecho, el primero era su alter ego, el hombre que manejaba todos los resortes del poder, mientras que el segundo llegó a sonar como el sustituto de Pujol al frente de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) y, por ende, de potencial candidato a la presidencia.

La Operación Pretoria viene ahora a poner las cosas en su sitio. Ambos, junto con el ex diputado socialista Luis García Sáez, Luigi en el mundo de los negocios, son los tres exponentes de la trama empresarial. No es que la sociovergencia haya llegado al terreno económico: ellos no trabajaban para los partidos, sino para engordar sus cuentas bancarias, cosa que iban logrando a fuerza de comisiones.

Pero el gran golpe a la burguesía viene dado por la detención de Macià Alavedra, que había sido consecutivamente consejero de Gobernación, de Industria y de Economía bajo el mandato de Jordi Pujol (abandonó este último cargo en el año 1997). Alavedra es el presidente de una compañía denominada Webline Invest que pretende gestionar las principales fortunas catalanas. El consejo de esta Webline integra algunos prohombres que han caído en desgracia durante los últimos meses. El principal de ellos es Fèlix Millet, ex presidente del Palau de la Música, que entró en la compañía en representación de la Agrupació Mútua del Comerç i de la Industria, la aseguradora que recientemente fue intervenida por la Administración.

En el consejo figura también la sociedad Iniciatives Anesco, de la que son administradores mancomunados Albert Costafreda, propietario de Panrico, y Rafael Español, recientemente defenestrado de la presidencia de La Seda de Barcelona y contra el que su antigua empresa ha iniciado acciones penales. Invercartera, sociedad de Caixa Catalunya, está también representada en este espejo de las finanzas, lo mismo que la familia Lara, que a través de Inversiones Hemisferio sienta en la cúpula a José Crehueras.

La familia Godia está presente con Rafael Tous Godia en representación de G3T, mientras que Javier Ferrero Jordi, uno de los dueños de Nutrexpa, lo hace en representación de Inversora Serge, Francisco Sandalinas por Miralb Management y Antonio Vila Casas por Invest Fontanillas. A título personal, forman parte del consejo dos pesos pesados de la economía catalana: Javier Juncadella y José Luis Díaz-Varela, propietario de Indukern, empleador también del propio Macià Alavedra y ex presidente del lobby de empresarios gallegos en Cataluña.

Un diputado molesto
Pieza importante en la trama es Luis García. “Luigi es un hombre que inspira poca confianza, un mentiroso compulsivo, un déspota con sus compañeros y un tío que no tiene palabra”. Así define a este intermediario un empresario que tuvo la “desgracia” de hacer negocios con él. Siendo diputado del PSC, García creó en 1987 junto a su compañero de escaño Xavier Guitart y al militante socialista (y actual concejal en El Masnou) Jordi Maset, la sociedad Centre d’Estudis i Assessorament, cuyo objeto social era la prestación de “todo tipo de servicios, estudios, asssoramiento y asistencia de carácter jurídico y/o económico, a personas físicas o jurídicas, a sindicatos de trabajadores, a empresas y Administraciones públicas”. La aventura duró sólo cuatro años, porque sus socios partieron peras con él en 1992 y la sociedad se disolvió.

Guitart continuó con su carrera política (que acabó como director general del Juego y Espectáculos con el Tripartito en la Generalitat) y García siguió realizando sus negocios y ufanándose de sus excelentes relaciones al más alto nivel en cualquiera de las administraciones. Y algo debía tener, además de labia, porque en algunos círculos era conocido como El Conseguidor. Pero su buen feeling político se terminó en 1999, cuando ocho empresarios presentaron una querella contra él porque su grupo, AGT, les había subcontratado obras por valor de 240 millones de pesetas (casi 1,5 millones de euros) y no les había pagado.

Con posterioridad, se añadieron a la querella otra veintena de empresas cuya situación era similar a la de los denunciantes. Estas obras eran producto de las adjudicaciones de diversos ayuntamientos catalanes. El PSC acabó expulsándole y, en palabras de un alto dirigente socialista, “nos temíamos que un día u otro nos podía dar un disgusto a causa de sus trapicheos. Por eso era una persona non grata en la calle Nicaragua [sede del PSC]”.

Negocios en el Puerto de Badalona
Luis García centró desde entonces sus actividades en la empresa City Actividades Inmobiliarias, creada en el 2001 como epicentro de su holding. A través de ella, creó un pequeño holding, que integra las inmobiliarias Capital City Consulting y Projecte Danded y la dedicada a la compra venta de obras de arte Stefany Art Gallery.

Sus relaciones, no obstante, parecen haber sido claves para que los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet (Garzón detuvo al alcalde de esta localidad, Bartomeu Muñoz, al concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y al director de servicios, Pascual Vela), Badalona y Sant Andreu de Llavaneres se viesen mezclados en el escándalo. Los primeros indicios apuntan a que Luigi podría haber intermediado para destinar terrenos a promociones urbanísticas de Proinosa y de Espais, cuyos presidentes, Josep Singla y Lluís Casamitjana respectivamente, también fueron detenidos.

Este último es uno de los promotores del sector del Puerto de Badalona y está asociado en la compañía Badalona Building Waterfront (absorbida el año pasado por Espais Catalunya Inversions Inmobiliàries) con el bufete de abogados Petrus, que resultó implicado en el escándalo de Privanza el año 2005, cuando se descubrieron cuentas secretas de esta firma en paraísos fiscales. Francisco Alejandro Petrus también está vinculado a la sociedad Niesma Corporació, una inmobiliaria que actualmente es administrada por Luis García.

elconfidencia.com

IMPUTADA UNA DE LAS DETENIDAS EN CASTRO POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS

La empresa ya trabajaba para el ayuntamiento con el anterior alcalde del PP

ARCADIO SILVOSA - Lugo

Uno de los cuatro cargos públicos detenidos el pasado lunes en Castro de Rei (Lugo), la concejala socialista Ana Canto quedó ayer en libertad sin fianza. La juez le imputa un delito de tráfico de influencias. El resto, el alcalde y diputado provincial socialista, Juan José Díaz Valiño; el edil del mismo partido, Antonio Balado, y el concejal de Terra Galega, Roberto Lorenzo, pasaron su segunda noche consecutiva en los calabozos de la comisaría de Policía y se espera que hoy puedan prestar declaración ante la titular del juzgado de instrucción número 3 que instruye un caso de supuesta prevaricación y tráfico de influencias. La titular del juzgado, Estela San José, decretó el secreto de sumario.

Rodríguez Miranda asegura que "la corrupción ha llegado al PSOE"

Vecinos del pueblo se manifiestan a favor de los ediles detenidos

La adjudicación de contratos del Plan de Obras y Servicios (POS) a una empresa (Construcciones Canto), propiedad de los hermanos de la concejala centró parte del interrogatorio que se prolongó durante media hora y al que también asistió el fiscal jefe de la Audiencia Provincial, Javier Rey. Una escucha telefónica al alcalde, cuyo origen se desconoce, pudo ser el motivo por el que Canto figure ahora como imputada, aunque ella asegura que tras haber respondido ante la juez, todavía desconoce el por qué de su detención. Se mostró convencida de que sus compañeros también quedarán en libertad.Ante las preguntas del fiscal, la concejala Ana Canto explicó que la empresa de su familia se constituyó bastante antes de que ella hubiera obtenido el acta de concejal. Fuentes del PP de Castro de Rei, el partido que está en la oposición, admitieron que Hermanos Canto había realizado más obras con el anterior alcalde popular que en estos dos años de gobierno socialista. El hecho de que únicamente uno de los cuatro detenidos hubiera pasado a disposición judicial y el gran despliegue con el que se realizó la intervención judicial y policial, ha sembrado el desconcierto entre los integrantes de la corporación local y el propio entorno de los implicados.

La puesta a disposición judicial del resto de detenidos podrá esclarecer algo más el alcance de la operación, así como del contenido de la documentación incautada -11 cajas- en el registro del pasado lunes y los papeles sobre contrataciones de personal en la Mancomunidad de Municipios de A Terra Chá, que luego se recogieron en el Ayuntamiento de Cospeito, donde reside la sede de esta agrupación supramunicipal.

Las obras del plan objeto de la investigación se financian con fondos de la Diputación, del Estado y de los propios ayuntamientos, si bien son los gobiernos municipales los que contratan las infraestructuras, casi siempre de escasa entidad, para dotación de servicios. En el registro del ayuntamiento también se intervino documentación relacionada con el Plan E, que sirvió al gobierno local para ejecutar nueve obras adjudicadas a cinco empresas por un importe total que se aproxima a los 800.000 euros.

La jornada de hoy también se prevé frenética en un juzgado por el que ya desfilaron varios cargos públicos durante el pasado verano presuntamente implicados en la incoación irregular de expedientes sancionadores en la Jefatura Provincial de Tráfico. La titular de esta sala también instruyó en su día las diligencias previas de una denuncia contra el Ayuntamiento de Lugo por un delito contra la ordenación del territorio.

Una agrupación de vecinos de Castro de Rei convocó para esta mañana una concentración en la localidad de Castro Riberas de Lea, en apoyo del alcalde y concejales detenidos. El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista José Ramón Gómez Besteiro, mostró su extrañeza ante este caso. Se limitó a expresar su confianza en la Justicia y a apelar a la presunción de inocencia. El alcalde detenido forma parte del gobierno de la Diputación, en el que es responsable de la red viaria.

La operación de Castro de Rei llegó también al Parlamento. No estaba en el orden del día de la sesión plenaria, así que la refriega sobre el presunto caso de corrupción, se dirimió en los pasillos del Pazo do Hórreo. Y eso que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, pidió como en otros casos similares que afectaron a su partido, "evitar los juicios paralelos" y dejar que la Justicia actúe. Lo reclamó Feijóo a preguntas de los periodistas, tras lamentar la muerte de la condesa de Fenosa, Carmela Arias y Díaz de Rábago.

Pero tardó tres minutos en presentarse en el mismo escenario el portavoz de su partido, Antonio Rodríguez Miranda, para concluir que la "corrupción ha llegado al PSOE de Lugo". Miranda ajustó cuentas a su secretario provincial, Ricardo Varela y lo instó a dar las explicaciones pertinentes. En lugar de Varela compareció la portavoz del PSdeG, Mar Barcón, quien reprochó a Miranda que "calle" cuando los jueces condenan a dirigentes de su partido como el superdelegado en Ourense, Rogelio Martínez, o encarcelan a otros como Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y "hable para injuriar" a los socialistas. Barcón, quien dijo ignorar cómo terminará el sumario de Castro de Rei, expresó "su confianza" en que las actuación del alcalde socialista en la localidad "se haya ajustado a la ley y a la moralidad".

* Libertad con cargos pero sin fianza para el alcalde de Castro

elpaís.com

LIBERTAD CON CARGOS PERO SIN FIANZA PARA EL ALCALDE DE CASTRO

"Se ha aclarado todo" en el interrogatorio, asegura el regidor

EUROPA PRESS - Lugo

El alcalde del municipio lucense de Castro de Rei, el socialista Juan José Díaz Valiño, ha quedado en libertad con cargos, pero no se le ha impuesto ninguna fianza tras comparecer ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, que dirigió la operación anticorrupción por la que fueron detenidos, además del regidor, dos concejales del PSdeG y uno de Terra Galega (TeGa).

El alcalde fue conducido a las 10.15 en un furgón escoltado por agentes motorizados a los juzgados lucenses, adonde llegó esposado y con los ojos llorosos cuando pasó por delante de familiares y compañeros de la corporación municipal que aguardaban su declaración.

Díaz Valiño testificó ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3, Estela San José, durante unas dos horas, tras lo que permaneció en dependencias judiciales a la espera de que pasasen a limpio su declaración. Sobre las 15.30 horas dejó el edificio. Fuentes judiciales indicaron que está imputado por supuesta prevaricación.

En unas breves declaraciones, el alcalde ha afirmado que se "ha aclarado todo" en el interrogatorio y ha remitido más explicaciones a una próxima rueda de prensa que convocará. El regidor fue el segundo de los cuatro detenidos el pasado lunes en Castro de Rei que pasó a disposición judicial, después de que ayer quedase también en libertad con cargos y sin fianza la concejala socialista Ana Canto. Los otros dos ediles comenzaron a testificar pasadas las 17.00 horas.

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EL JUEZ BUSCA EN ANDORRA DINERO DE COMISIONES ILEGALES EN TERRA MÍTICA

Ordena una comisión rogatoria sobre cuentas de Conesa y Moreno Carpio

LYDIA GARRIDO - Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número tres de Valencia, que investiga un supuesto fraude fiscal de más de 4,4 millones de euros a través de facturas falsas en relación con la construcción del parque temático Terra Mítica de Benidorm, ha solicitado una nueva comisión rogatoria a Andorra. Lo ha hecho para conocer los movimientos de cuentas que hayan podido tener en el principado dos de los casi 30 imputados: los empresarios Vicente Conesa, eje principal de la supuesta trama, y Antonio Moreno Carpio, uno de los supuestos mayores proveedores de facturas falsas dentro de la trama. La decisión obedece a una petición realizada por la fiscal el pasado septiembre.

La fiscal considera que el dinero salió en maletines fuera de España

La fiscalía cree, tal como explicó en su escrito, que una cantidad importante del dinero que la veintena de empresas imputadas consiguió mediante sobrecostes y servicios facturados que no realizaron, está en cuentas en el extranjero, concretamente en Andorra, Suiza y Alemania. Y señala como principal responsable de la salida de capitales a Vicente Conesa, empresario próximo a Eduardo Zaplana, ex presidente de la Generalitat. La fiscalía relató al juez que: "Antonio Moreno Carpio reconoce que el dinero obtenido por las facturas que no obedecían a la realidad se entregaba a Vicente Conesa y se sacaba en maletines hasta Andorra. Parece ser que el dinero que obtenían por los sobrecostes y por facturas irreales se transportaba en maletines hasta Andorra, donde había cuentas aperturadas a nombre de alguno de los imputados". Esa información está recogida en unas grabaciones aportadas a la causa. Moreno Carpio y José Herrero, también imputado, mantuvieron una reunión con dos diputados autonómicos socialistas, José Camarasa y Antonio Such. En aquella reunión, Moreno Carpio aseguró que el dinero se sacaba en maletines, que se le entregaba a Conesa y que incluso éste había dicho que parte de ese dinero era para Zaplana. El ex presidente presentó una denuncia y no hubo juicio porque aceptó sus disculpas.

Según el ministerio público, "en España, muchas de las facturas presentadas y pagadas por el parque temático se ingresaban en una cuenta que tenía aperturada la sociedad Desarrollo Gran Vía, cuyo administrador de hecho era José Luis Rubio [otro empresario imputado], y existe prueba de que una vez ingresado el dinero de las facturas, el mismo se retiraba en efectivo, tratándose de grandes cantidades". La fiscal pide que se solicite a los bancos y entidades financieras información sobre las cuentas que tuviesen abiertas o en las que constasen como autorizados durante los años 2000, 2001 y 2002 Antonio Moreno Carpio, José Luis Rubio, José María Arraiz (responsable de los proyectos anexos al parque de atracciones en la empresa de la Generalitat) y Vicente Conesa, o las mercantiles a las que representaban. Además, reclama que "sobre todo se solicite a la banca privada de Andorra" información sobre cuentas abiertas o en las que constan autorizados durante idéntico periodo los citados imputados. En la causa existe información sobre una oficina concreta de Andorra y una persona de contacto. La fiscal quiere que se le tome declaración como testigo para saber si esas personas "acudían a ingresar dinero en alguna de las cuentas que pudiesen tener abiertas a su nombre".

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"OPERACIÓN PRETORIA"; LA TRAMA OBTUVO 20 MILLONES EN GRANDES OPERACIONES INMOBILIARIAS

La red corrupta que salpica a PSC y CiU

Los investigadores creen que el cerebro era un ex diputado autonómico socialista

JULIO M. LÁZARO - Madrid

La investigación sobre la trama corrupta desarticulada ayer, en una operación coordinada por la Fiscalía Anticorrupción y el juez Baltasar Garzón, calcula que los miembros de la red que operaba en el área metropolitana de Barcelona podrían haber obtenido alrededor de 20 millones de euros. En el entramado figuraban empresarios, concejales, ex diputados regionales y ex altos cargos de la Generalitat de la etapa de Jordi Pujol. El cerebro de todos ellos, según fuentes de la investigación, sería presuntamente el ex diputado regional del PSC Luis García (expulsado del partido en 1992).

La investigación detecta un agujero de 13 millones en los ayuntamientos

Los ex altos cargos de Pujol utilizaban sus influencias políticas para mediar

García, que estuvo en el Parlamento catalán de 1980 a 1992, sería el enlace entre los empresarios que pagaban y los ediles que recalificaban o cedían terrenos. Los altos cargos de Jordi Pujol en su etapa de presidente de la Generalitat Macià Alavedra y Lluís Prenafeta habrían utilizado sus influencias políticas para mediar entre unos y otros y facilitar las operaciones inmobiliarias, percibiendo la correspondiente comisión.

El ex diputado Luis García era el centro de la red y quien presuntamente diseñaba las operaciones inmobiliarias, que consistían básicamente en la adquisición de terrenos en los municipios implicados por parte de sociedades pantalla que no realizaban ninguna actividad. Pasado un tiempo, se instaba la recalificación para su desarrollo urbanístico. Ya recalificado el suelo, lo que disparaba su valor, se revendía generando un "enorme beneficio", según las fuentes consultadas. Los empresarios pagaban, los ediles gestionaban las recalificaciones y los políticos cobraban su comisión.

Las comisiones se distribuían a través de sociedades patrimoniales y de personas. Tras una de estas sociedades figuraba Prenafeta, y tras otra, más en un segundo plano, Alavedra. La operación fue impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y coordinada por el fiscal Luis Pastor. Según las citadas fuentes, la Fiscalía Anticorrupción lleva la investigación desde hace tiempo y hay intervenciones telefónicas y otras fuentes de prueba que van a permitir reconstruir todas las operaciones y el reparto de los fondos.

Otro aspecto que tendrá que determinar la investigación es el posible agujero de 13 millones de euros en los ayuntamientos afectados por las operaciones irregulares. Los consistorios supuestamente implicados son los de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes, gobernado por el PSC), Badalona (217.000 habitantes, con alcalde del PSC en coalición con CiU y ERC) y San Andreu de Llavaneres (10.200 vecinos, con alcalde de CiU pero donde hasta 2007 gobernaba el PP).

Esta operación anticorrupción parte de una causa que el juez Baltasar Garzón instruyó por el caso BBVA-Privanza, filial especializada en la gestión de fortunas, que arranca de septiembre de 2001, cuando inició una investigación por el blanqueo de capitales en paraísos fiscales, entre ellos la Isla de Jersey, informa Íñigo de Barrón.

Garzón acabó archivando parcialmente la causa abierta en torno a Privanza, relacionada con la evasión de impuestos en 2005, cuando retiró la imputación a 19 ex consejeros del banco. Estas investigaciones se encontraban vinculadas a algunos bufetes de abogados, entre ellos el catalán Petrus.

En las pesquisas sobre el BBVA Privanza se halló un manual de productos fiduciarios y cuentas de corresponsales, un instrumento típico para la evasión de capitales.

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"OPERACIÓN PRETORIA"; ZARPAZO A LA CORRUPCIÓN EN CATALUÑA

La red corrupta que salpica a PSC y CiU

Detenidos el alcalde de Santa Coloma de Gramenet, socialista, y dos ex altos cargos de Pujol
Garzón investiga una trama de sobornos en municipios de Barcelona


Bartomeu Muñoz, alcalde de Santa Coloma de Gramenet, sale detenido anoche del Ayuntamiento tras el registro policial.- SUSANNA SÁEZ
PERE RÍOS - Barcelona

Operación judicial sin precedentes contra la corrupción en Cataluña. La Guardia Civil detuvo ayer a ocho personas acusadas de tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales por su implicación en varias operaciones urbanísticas desarrolladas o previstas en el municipio barcelonés de Santa Coloma de Gramenet (117.000 habitantes). Los arrestados son dos ex altos cargos de los gobiernos de Jordi Pujol, el alcalde socialista de esa ciudad, dos cargos municipales y tres empresarios de la construcción.

Las mordidas por la recalificación de un terreno centran la investigación
El juez imputa cohecho, blanqueo de capitales y tráfico de influencias

La operación fue ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón e incluyó la práctica de una decena de registros. El más importante fue el del Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, donde la Guardia Civil entró sobre las diez de la mañana y en unos minutos bloqueó el ordenador central del Consistorio.

El origen del caso es una pieza separada, abierta en 2006, de una causa abierta en 2002 a directivos del Banco Bilbao Vizcaya por utilizar su filial Privanza como paraíso fiscal en la isla británica de Jersey.

Entre los detenidos figuran dos ex altos cargos de los gobiernos de CiU: Macià Alavedra, que fue consejero de Gobernación y Economía con Jordi Pujol, y Lluís Prenafeta, secretario general de la presidencia de la Generalitat durante casi diez años. Prenafeta dimitió en 1990, cuando la fiscalía de Barcelona le investigó por compatibilizar el cargo público con su actividad empresarial.

También han sido arrestados el alcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet, Bartomeu Muñoz; el concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco, y el director gerente de servicios del Ayuntamiento, Pascual Vela. Los otros tres detenidos son el constructor Josep Singla, presidente de Proinosa; Lluís Casamitjana, presidente del grupo inmobiliario Espais, y Luis García Sáez, ex propietario del grupo constructor AGT. Los arrestados fueron conducidos al cuartel de la Guardia Civil de Sant Andreu de la Barca, donde está previsto que declaren hoy.

La investigación judicial abarca varias operaciones urbanísticas en Santa Coloma. La de mayor calado se refiere al centro comercial Gramenet. Su origen data de 2002, cuando, siendo alcaldesa de la localidad la socialista Manuela de Madre, salió a subasta un solar público por el que se pagaron 12 millones de euros.

El terreno fue revendido a otra sociedad en 2004, cuando el detenido Josep Singla era administrador de la sociedad Centre Comercial Gramenet SL.

Es con la llegada de Bartomeu Muñoz a la alcaldía cuando se producen los hechos que ahora investiga la justicia. Los nuevos propietarios firmaron en 2005 un convenio con el Ayuntamiento que modificó los usos: fueron construidos un geriátrico, 77 viviendas de protección oficial y 33 de lujo, además del centro comercial y una zona verde. Según fuentes de la investigación, Luis García Sáez es la pieza que engarza a los inversionistas con los responsables municipales -que presuntamente cobraron sobornos a cambio de recalificar el suelo-, y en su despacho se planificó el convenio con el Ayuntamiento que benefició a Proinosa y a Espais.

Otras operaciones urbanísticas de menor calado que investiga la justica son la segunda fase del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de Santa Coloma de Gramenet -que prevé construir una nueva área comercial y un edificio de 13 plantas en la plaza del Ayuntamiento- y un aparcamiento de 400 plazas.

La sociedad Construcciones y Promociones Ortega, encargada de desarrollar ese PERI, también fue registrada ayer por la Guardia Civil. Y los agentes se incautaron de abundante documentación de la sociedad municipal Gramepark, encargada de gestionar los aparcamientos municipales.

La Guardia Civil acudió, por otra parte, a los ayuntamientos de Sant Andreu de Llavaneres y de Badalona para reclamar los convenios suscritos con las empresas Proinosa o Espais, informa Maiol Roger.

LOS BRAZOS EJECUTORES DE PUJOL EN LA GENERALITAT

- Macià Alavedra i Moner, el eterno consejero. Siempre se le ha considerado uno de los máximos exponentes del llamado "sector negocios" de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC). Hijo del que fuera secretario de los presidentes de la Generalitat republicana, Francesc Macià y Lluís Companys, Alavedra (Barcelona, 1934) tiene una larga militancia en el nacionalismo. Primero lo hizo en el Front Nacional y después, de la mano del liberal Ramon Trias Fargas, en Esquerra Democràtica de Catalunya, partido que acabó fusionándose con CDC. Ocupó las consejerías de Gobernación, Industria y Economía y Finanzas hasta 1997. Su nombre se barajó incluso como sucesor de Jordi Pujol, en caso de que hubiera progresado la querella contra éste por el caso Banca Catalana. En su etapa de consejero de Economía fue citado a declarar en calidad de testigo en el proceso contra el juez Luis Pascual Estevill, que extorsionaba a empresarios catalanes y a quien Jordi Pujol acabó encumbrando en el Consejo General del Poder Judicial. El nombre de Macià Alavedra también estuvo vinculado al pacto del hotel Majestic con el PP, que dio la presidencia del Gobierno a José María Aznar en 1996. Desde que dejó la política fue presidente de la concesionaria de autopistas Aucat, Abertis Logística y Ken Pharma.

- Lluís Prenafeta, la mano derecha de Pujol. "Los cínicos, los mentirosos, los calumniadores, los conspiradores, los intrigantes (...) me producen un asco inmenso", aseguraba en 1990 Lluís Prenafeta (Ivars d'Urgell, Lleida, 1939) en un testamento que leyó ante un grupo de periodistas al dimitir como secretario general de la Presidencia por la apertura de una investigación fiscal. Estuvo implicado en diversos casos judiciales. Simultaneó su cargo en la Generalitat -donde actuó como mano derecha de Pujol- con el de consejero de Iberia Seguros, mientras estaba estrechamente vinculado al grupo Tipel. Actuó como contrapoder a Miquel Roca en CDC desde que Jordi Pujol lo conoció en 1979 y lo fichó como colaborador. Fue imputado por el caso Grand Tibidabo con Javier de la Rosa, y en el caso Casinos, de financiación de CDC. Nunca fue condenado.

EL REGIDOR DEL MERCEDES Y EL DIPUTADO PASADO A EMPRESARIO

- Bartomeu Muñoz: del campo de golf al cinturón rojo. Hijo del potentado Blas Muñoz, último alcalde franquista de Santa Coloma de Gramenet, y al que todos conocían como el hombre de los mil pisos, el edil detenido ha sido siempre un alcalde atípico para el PSC. La dirección del partido lo nombró casi a dedo en 2002 tras la renuncia por enfermedad y a medio mandato de Manuela de Madre, la alcaldesa histórica de Santa Coloma y vicepresidenta del partido. Acostumbrado a vivir en la zona alta de Barcelona, siempre rechazó trasladarse a Santa Coloma, en pleno cinturón rojo barcelonés, lo que le valió más de un reproche en el partido. Y de camino entre su residencia del Turó Parc hacia el despacho de Santa Coloma tenía tiempo más de una mañana para acercarse al club de golf de Sant Cugat del Vallès para jugar unos hoyos. Después, al llegar a Santa Coloma, aparcaba su Mercedes en las afueras y se hacía llevar al ayuntamiento con un coche municipal. Hacía poca vida social en Santa Coloma más allá de asistir a los actos estrictamente relacionados con su condición de alcalde. Todo ello había levantado ciertas suspicacias en el ayuntamiento, pero Muñoz seguía recibiendo amplio apoyo ciudadano. En las elecciones de 2007 ganó por arrolladora mayoría y le sacó más de 30 puntos al PP. Ayer cambió su Mercedes por el coche de la Guardia Civil.

- Luis García Sáez: el constructor sin escrúpulos. Su nombre saltó a los diarios hace ahora diez años, cuando la constructora AGT que presidía suspendió pagos y dejó sin pagar una ristra de trabajos por obras adjudicadas en el área metropolitana de Barcelona. Los perjudicados se querellaron, pero Luigi, que es como se le conoce a Luis García Sáez, salió airoso sin ni siquiera sentarse en el banquillo, pero el caso le costó la expulsión del PSC. A partir de entonces continuó con su actividad empresarial, pero antes abandonó por completo la actividad política, que data de 1973, cuando se afilió a la federación catalana del PSOE. Tras doce años en el Parlament de Cataluña, en 1992 abandonó el escaño. Desde entonces no tuvo reparos en aliarse con el sector de los negocios de Convergència, del que Lluís Prenafeta y Macià Alavedra eran dos claros exponentes.

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elpaís.com

"OPERACIÓN PONIENTE"; CHAVES: "SI HAN USADO MAL LAS AYUDAS PÚBLICAS EN EL EJIDO TENDRÁN QUE DEVOLVERLAS"

Trama de corrupción en El Ejido

* El Gobierno irá a la Fiscalía si ve indicios de delito en la gestión de los fondos

Efe | Madrid

El vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, ha asegurado este miércoles que si se comprueba que hay un "mal empleo" del Fondo Estatal de Inversión Local gestionado por el Ayuntamiento de El Ejido se pedirá su reintegro y si hay indicios de delito se comunicará a la Fiscalía.

Chaves ha respondido así, en la sesión de control al Ejecutivo del Congreso, a una pregunta del diputado del PP Juan José Matarí, quien se interesó por si este Ayuntamiento, investigado por una presunta trama de corrupción, ha gestionado correctamente los recursos del fondo.

Por su parte, el diputado del PP ha recordado que la principal adjudicataria de las obras, Elsur, está siendo investigada en la citada operación y ha añadido que Chaves debería haber actuado ya porque "sabía lo que estaba pasando" con esta empresa.

"Usted no puede mirar para otro lado, usted es cómplice del pacto de hierro que existe en la provincia de Almería entre el PSOE y el PAL", ha añadido Matarí, quien ha señalado que este partido además de gobernar en El Ejido lo hace con el PSOE en la Diputación de Almería.

Para Matarí, si Chaves, como secretario general del PSOE andaluz, no da instrucciones para que la ruptura sea "real" seguirá "siendo responsable de un pacto con un partido que tiene a su presidente en la cárcel, acusado de gravísimos delitos".

Chaves ha asegurado, en su respuesta, que el pacto con el PAL se ha roto y ha señalado que es el PP el que debe dar explicaciones porque fueron ellos los que dijeron que el alcalde de El Ejido, Juan Enciso (PAL) -ahora en la cárcel-, era "el mejor alcalde de España", cuando militaba en sus filas.

Ha indicado además que los hechos que investiga ahora la Justicia arrancan de la época en que Enciso militaba en el PP y ha agregado que "no es hora de tirarse los trastos a la cabeza, sino de apoyar al juez" en su trabajo.

Además
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* José Barrionuevo, socio de uno de los 'patriarcas'

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; EL PSM PIDE UNA "REGENERACIÓN" EN UM Y CREE QUE NADAL "YA DEBERÍA HABER DIMITIDO"

Europa Press | Palma

El secretario general del PSM, Biel Barceló, reclama una "urgente regeneración política" en UM, teniendo en cuenta que hay varios dirigentes de este partido imputados en casos de corrupción y, concretamente, considera que el conseller de Turismo, Miquel Nadal, "ya debería haber dimitido" en el mismo momento en el que el juez de instrucción le imputó en el caso Can Domenge al considerar que podría haber cometido "posibles delitos".

Barceló recuerda que no sólo no se ha parado la investigación, sino que el caso se ha elevado al Tribunal Superior de Justicia de Baleares, que "ha abierto nuevas vías a través de la imputación de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar". En este sentido, recalca que esta imputación demuestra que "sigue viva" la investigación judicial sobre Nadal, que se ha "agravado", después de que la pasada semana, la policía llevara a cabo registros en su despacho profesional. "Es grave que un conseller del Govern vea que hay registros en su despacho y él continúe igual", ha manifestado.

De este modo, Barceló insiste en que Nadal "no debería continuar" en el Ejecutivo autonómico y, en esta línea, reveló que el Bloc ya ha hablado sobre esta cuestión con el presidente del Govern, Francesc Antich, teniendo en cuenta que esta situación "no se puede aguantar por mucho tiempo".

Por tanto, el secretario general del PSM afirmó que comparte el análisis que EU hizo el pasado sábado durante la reunión de su Consejo Político en la que el coordinador general de este partido en Baleares, David Abril, consideró "especialmente sangrante" la situación de Nadal, cuya imputación en los casos Can Domenge y Son Oms es incompatible con su permanencia en el Ejecutivo balear.

No obstante, Barceló consideró que "no es prudente" marcar ya las estrategias a seguir, en caso de que no dimitan los dirigentes de UM imputados en casos de corrupción con responsabilidad en áreas de gobierno, tal como sí hizo EU, que aprobó una resolución en la que insta a Antich a gobernar en minoría con el Bloc en todas las instituciones de Baleares si Nadal se niega a presentar su dimisión.

El secretario general del PSM pidió "prudencia" para analizar las acciones que el Bloc irá llevando a cabo en los próximos meses, en caso de que no haya cambios en el Govern y, en este sentido, abogó por "ir paso a paso antes de mostrar ya todas las cartas de lo que vamos a hacer".

Además
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