viernes, 22 de abril de 2011

"OPERACIÓN ORQUESTA"; LA POLICÍA HALLA PRUEBAS DOCUMENTALES DE LOS SOBORNOS EN LA COSTA DA MORTE

CORRUPCIÓN EN LA COSTA DA MORTE

Regidores y ediles de Obras se saltaron "de forma dolosa" la Ley de Contratos

PAOLA OBELLEIRO - A Coruña 

Para los policías de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal que investigaron la Operación Orquesta, no hay duda de la trama de corrupción en municipios de la Costa da Morte. Hay pruebas más que suficientes, consideran, para avalar la imputación por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho de 23 personas, entre ellas los alcaldes de Cee, Fisterra y Mazaricos y cuatro ediles de Obras. Las imputaciones del juez de Corcubión Andrés Lago contra estos siete cargos públicos, todos en libertad provisional desde el 31 de enero y candidatos a la reelección en los comicios de mayo por el partido de Independientes por Cee y por el PP en los casos de Fisterra y Mazaricos, "han quedado más apuntaladas si cabe", destacan en sus conclusiones finales los investigadores policiales, tras cotejar las conversaciones telefónicas intervenidas con la abundante documentación incautada en los ayuntamientos y las declaraciones de los imputados.

El constructor Ogando se jactó de llevarse una obra tras "tocar al jefe"

La policía cuestiona una adjudicación de la Xunta por 811.000 euros

Queda igualmente demostrada, según la policía, la comisión de delitos de los demás acusados, entre ellos nueve funcionarios o empleados de estos ayuntamientos, incluidos sus secretarios y arquitectos, así como cuatro constructores. Los investigados se saltaron "de forma dolosa y no negligente" multitud de normas de la Ley de Contratos del Sector Público. Son tantas las irregularidades que incluso las contrataciones en Cee, Fisterra y Mazaricos de varias obras públicas resultan "nulas de pleno derecho", advierte la policía judicial. Hay pruebas documentales y orales de que, destacan los agentes en sus informes finales, los responsables públicos de Cee, Fisterra y Mazaricos amañaron la contratación de obras públicas para adjudicarlas, de forma ilegal, a Construcciones Ogando, cuyos dueños, padre e hijo, así como su aparejador Miguel Ángel López de la Llave, son otros de los principales implicados en la trama. Probado de sobra también está, para la policía, que alcaldes y concejales recibían de los Ogando tanto dinero en metálico como favores varios. Los constructores, además de mordidas a los políticos, sufragaban parte de las fiestas locales y empleaban, en Cee y Fisterra, personas impuestas por los alcaldes.

En la práctica totalidad de las obras públicas investigadas, los policías destacan que se las llevó Ogando pese a presentar las ofertas más caras. Incluso en algunos casos en los que los procedimientos administrativos para la adjudicación fueron normales, y no se vulneró la ley, según comprobó la policía, "resulta llamativo" que los Ogando se llevaran la obra pública pese a tener el presupuesto más caro. Estos constructores de Muxía siempre resultaban ganadores en los concursos de adjudicación gracias a tener, con mucha diferencia, la mejor valoración técnica de los proyectos. En los tres ayuntamientos contaron con "la cooperación necesaria" de secretarios y técnicos municipales -todos imputados- encargados de evaluar las ofertas y velar por la legalidad de las adjudicaciones "amañadas de antemano".

En Fisterra, por ejemplo, los constructores de Muxía obtuvieron en 2010 cinco obras municipales, por un importe de 761.123 euros. La adjudicación siempre fue amañada, dice la policía, por el alcalde, José Manuel Traba, del PP. Se vulneraron "multitud de preceptos legales" para adjudicarlas a Ogando, pese a tener las ofertas más caras. Esta constructora también obtuvo de la Xunta una obra de saneamiento por 811.604 euros. No estaban aún intervenidos los teléfonos de los ediles de Fisterra cuando se adjudicó en mayo, reseña la policía. Pero se investigó porque en una conversación con otro empresario, Ogando padre se jactó de haberla obtenido, frente a 50 competidores, tras haber "tocado al jefe, al alcalde de Fisterra".

La policía, tras analizar el expediente de esa contratación de la Empresa Pública de Obras y Servicios Hidráulicos (Eposh), concluye que "es impoluto el desarrollo formal de ese procedimiento" de adjudicación. Pero es "llamativo" que Ogando ganara el concurso "de nuevo gracias a las valoraciones técnicas" de la mesa de contratación, con una significativa ventaja en la puntuación sobre las demás empresas. Tenía, sin embargo, "la peor oferta" cuando se trataba "de valorar criterios automáticos".
 
Malversación y fraude fiscal del alcalde de Cee
Las actividades delictivas del alcalde de Cee, el independiente Ramón Vigo, quedan de sobra probadas para los investigadores policiales. Hay evidencias reiteradas en cada uno de los seis delitos que se le imputan, subrayan los agentes en sus conclusiones finales. Tres de esos presuntos delitos los comparte con los regidores de Fisterra y Mazaricos (tráfico de influencias, cohecho y prevaricación). Pero a Vigo se le acusa además de otros tres, entre ellos falsificación en documento, por preparar facturas falsas, con la complicidad de otro imputado, el agente artístico Jorge López Lago, para defraudar una subvención de la Xunta. "Queda acreditado" también que el alcalde de Cee malversó dinero público con su controvertida gestión de la comisión de las fiestas patronales de A Xunqueira durante los dos últimos años. Y se calcula que el regidor independiente defraudó a Hacienda más de 120.000 euros, lo que constituye un delito de fraude fiscal, advierte la policía.

Vigo se encargaba personalmente de los festejos que celebra su localidad cada mes de agosto. No hay fiscalización en el Ayuntamiento de lo que se recaudaba y se gastaba en esas fiestas. La mayor parte del dinero "se genera en B". "Es desmedido el interés del alcalde por realizar los pagos de espectáculos sin gestionar el IVA", destacan los investigadores policiales. No pudieron "determinar la cuantía de lo defraudado a Hacienda" con esos pagos de dinero B. Pero calculan que superarían los 120.000 euros, la cuantía mínima para imputar a Vigo también un delito de fraude fiscal.

Dado que "la recaudación de las fiestas no se realiza a través de organismos legalmente establecidos, puede dar pie" además "a un presunto delito de malversación de fondos públicos", continúan los agentes en sus conclusiones finales sobre la Operación Orquesta. "Nadie puede tener la total garantía de que el dinero recaudado" para las fiestas por parte del alcalde "se emplea para su fin último y no para otro de otra índole". Para las fiestas de 2010, que suelen costar en total unos 150.000 euros, el alcalde sólo declaró en el Ayuntamiento haber recaudado unos 800 euros por la tasa que pagan las barracas y los puestos. "Usualmente esos ingresos superaban los 7.000 euros", según el informe contrario de Intervención Municipal.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; CAMPS PIERDE EL ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR SER JUZGADO POR COHECHO

El magistrado Flors decidirá si lo envía al banquillo por aceptar regalos de Gürtel
El recurso de Camps tenía un carácter "incierto e indefinido", indica la sala

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La causa supera el punto procesal en que fue archivada hace dos años

La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción: prevaricación, cohecho y delitos electorales. En concreto, el vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla; la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez; el ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de Economía, Ricardo Costa (imputado también con Camps, Víctor Campos y Rafael Betoret por los trajes); el exdirector de Canal 9 y exresponsable del área de Comunicación de Presidencia de la Generalitat, Pedro García; el vicesecretario general del PP de la Comunidad Valenciana y diputado David Serra; la tesorera regional del partido y diputada, Yolanda García, y la administradora del PPCV, Cristina Ibáñez. Casi todos ellos repiten en las listas de la formación a las elecciones autonómicas del 22 de mayo.

La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar del caso de los trajes tendrá lugar antes de los comicios. Flors dispondrá de tres días a partir de esa audiencia para decidir si sienta a los cuatro acusados en el banquillo.

En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado la marcha del procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.

La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, consideró que no se dirigían "a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añadió la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".

La sala, compuesta por la presidenta del tribunal, Pilar de la Oliva, y por los magistrados José Ceres y Juan Montero, también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y conforme a lo indicado no cabe considerarlo un criterio personal del Instructor sino que es el criterio legalmente establecido".

El paso dado ayer por el Tribunal Superior de Justicia supone que la causa de los trajes ha superado la barrera de la última apelación en la que fue archivado hace ahora dos años. En aquella ocasión, la Sala Civil y Penal, presidida por Juan Luís de la Rúa, a quien Camps consideraba más que un amigo, sobreseyó el caso con una interpretación jurídica que vaciaba de contenido el delito de cohecho impropio. En mayo de 2010, el Tribunal Supremo corrigió con dureza aquel archivo y ordenó la reapertura del caso, que ha avanzado desde entonces condicionado por el siempre ceremonioso ritmo judicial, la existencia de otra instrucción paralela en Madrid, y los continuos recursos que las defensas han presentado a las decisiones del juez.

Los pasos que ha dado Flors desde que empezó la instrucción hace más de dos años parecen apuntar a que se inclinará por enviar a Camps a juicio.

El presidente valenciano siempre ha negado haber recibido regalos de la trama. Las pruebas recabadas a lo largo de la investigación, obtenidas a través de registros, grabación de las comunicaciones de los miembros de la red corrupta y declaraciones de los empleados de los dos establecimientos que suministraban las prendas de vestir, señalan, en cambio, lo contrario.

La Fiscalía Anticorrupción considera acreditado que Camps recibió al menos 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros entre los años 2005 y 2008. Y ha solicitado por ello que sea condenado a una multa de 41.250, al tiempo que recordaba que con el Código Penal actual ese delito se castiga con penas de prisión e inhabilitación.

El presidente ha afirmado también que la única relación que ha tenido con El Bigotes era profesional y se derivaba de su condición de organizador de actos del PP. Las conversaciones intervenidas a la trama indican, sin embargo, que el grado de familiaridad entre ambos era alto.

En una de las cintas, grabada el 24 de diciembre de 2008, se oye a Camps decirle a Álvaro Pérez: "Feliz Navidad, amiguito del alma"; "[tenía que haberte llamado] sobre todo para decirte que te quiero un huevo". Pocos días después El Bigotes vuelve a hablar con el presidente y su esposa, Isabel Bas. Y esta se queja de que el regalo que le ha enviado resulta excesivo: "Con el mío te has pasado 20 pueblos".


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LA ALCALDESA DE MANILVA IGNORÓ LA LEY AL CONTRATAR OBRAS CON SUS EMPRESAS

La intervención alertó de que se vulneraba el régimen de incompatibilidades

F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Málaga

La intervención municipal de Manilva (Málaga, 11.000 habitantes) avisó a su alcaldesa Antonia Muñoz (IU) al menos en dos ocasiones de que no podía pagar facturas a la empresa Muebles y Decoración Valentín, S. L., de la que ella misma es administradora, porque incumpliría la ley de contratos del sector público. Así consta en un documento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que se alerta de que, al proponer el pago de 41.733 euros en facturas a esta sociedad, se está incumpliendo el artículo 49.1 de esta ley, en el que se aborda las prohibiciones para contratar.

El PP eleva a más de un millón las facturas a empresas próximas a Muñoz

Pese a los avisos de la interventora, parte de los pagos se han realizado ya

Estas apreciaciones figuran en el margen de un listado de facturas que, según fuentes consultadas, se incluyó en el orden del día de una junta de gobierno local. Los albaranes se emitieron el 29 de noviembre de 2010 y según otro informe de la intervención se dieron por buenos el 21 de febrero de 2011. Cuatro de ellos, que suman 7.740 euros, constan como pagados.

El juzgado número 5 de Estepona (Málaga) investiga una serie de supuestas irregularidades en la contratación de personal, obras y servicios de la localidad. Entre ellas figura la facturación de 666.965 euros a tres empresas vinculadas con la alcaldesa, certificada recientemente por el secretario municipal. La jueza Isabel Conejo, instructora del caso, ha imputado a la regidora por delitos contra la integridad de la Administración pública.

El secretario municipal ha remitido a la juez un listado de 91 facturas entre las que hay tres emitidas por la Carpintería Valentín, administrada por el esposo de la regidora; 40 de muebles y Decoración Valentín S. L., a cuyo frente figuran ambos esposos; y las 48 restantes pertenecen a Excavaciones Salvador González Vázquez S. L., propiedad de un primo hermano de la regidora y que acumula 479.067 euros en pagos.

El secretario asegura en su escrito que en 33 contratos no superiores a 3.000 euros "no está acreditada la realización de publicidad, ni de libre concurrencia, ni la existencia de criterios de selección". De hecho, en esos casos, no existe un expediente ni procedimiento administrativo anterior a la presentación final de la factura.

El Partido Popular, personado en la causa abierta contra la regidora manilveña, aseguró ayer que el montante supuestamente facturado por las empresas vinculadas a Muñoz asciende a 1,1 millones de euros. Entre las personas "favorecidas" por la regidora, según el portavoz municipal popular, Francisco Miguel Álvarez, figuran no solo las sociedades de familiares directos de la alcaldesa sino también empresas de amigos suyos, así como las de otros concejales del municipio costasoleño.

Según la vicesecretaria provincial del PP, Margarita del Cid, estas irregularidades denotan que el equipo de gobierno de Izquierda Unida es protagonista de una presunta red de tratos de favor, del que, además, "el PSOE [socio de IU] ha sido cómplice, porque está callado en todo este procedimiento y con el silencio avala la actuación de la alcaldesa".

El portavoz del PP en el municipio aseguró que la empresa Muebles y Decoración Valentín, de la que es administradora la regidora, ha llegado a facturar 174.513,36 euros en estos últimos cuatro años sin que se haya podido acreditar "la relación de publicidad ni de libre concurrencia" de los contratos. También precisó que el pasado 21 de febrero Muñoz "aprobó una factura y se concedió el abono de más de 68.800 euros" en una junta de gobierno local. Dos de las facturas corresponden a 10.300 euros en madera para quemar en las fiestas de San Juan en 2009 y 2010.

Asimismo, Álvarez detalló que, como consecuencia de unas inundaciones en el municipio, se realizaron, por vía de urgencia, una serie de pagos a empresas vinculadas a familiares y amigos del equipo de gobierno de Manilva. Una de estas sociedades, que facturó por decreto de la alcaldía 24.655 euros, pertenece, según el edil popular, a un cargo de confianza de IU en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).


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"TRAMA DE LOS ERE"; EX DIRECTOR DE TRABAJO IMPLICA A UN DIPUTADO DEL PSOE EN LA CONCESIÓN DE UN ERE FRAUDULENTO

Guerrero dice que negoció con Ramón Díaz

Europa Press | Sevilla

El ex director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, imputado en la posible trama de prejubilaciones fraudulentas incentivadas con fondos autonómicos, ha declarado a la Policía Judicial que el actual diputado andaluz del PSOE por Sevilla Ramón Díaz y él mismo negociaron el expediente de regulación de empleo promovido en 2007 por la sociedad anónima laboral Saldauto.

No obstante, Guerrero se ha desligado de las tres prejubilaciones fraudulentas detectadas en la póliza de seguro de rentas asociada a este procedimiento. En concreto, Antonio G.P. y Rafael R.F., antiguos empleados de la fábrica de muebles Promi, ubicada en Cabra (Córdoba), y Francisco de Paula Hernández Diánez, accedieron a las ayudas sin haber trabajado en la empresa.

Francisco Javier Guerrero, de cualquier modo, compareció ante los agentes de la Brigada Provincial de la Policía Judicial el pasado 11 de marzo, reconociendo ante los investigadores que Ramón Díaz Alcaraz como su "asesor" y él mismo "negociaron" con Saldauto aquel procedimiento, aunque según ha asegurado, "a esta empresa se le dio el mismo trato que al resto de empresas en crisis, esto es, ayudas sociolaborales a los despidos".

Por su parte, Jesús María Bordallo Rodríguez, directivo de la consultora de previsión social Vitalia Vida, había declarado a la Policía Judicial que Guerrero y Ramón Díaz como su "asesor" le "indicaron" en 2007 que "había que meter" a Antonio G.P. y Rafael R.F. en el ERE de Saldauto. Díaz, según figura en el atestado policial sobre la declaración de este directivo de Vitalia Vida, "habló personalmente con él solicitándoselo".


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