jueves, 25 de junio de 2009

CHAVES: "LA ÚNICA INCOMPATIBILIDAD" EN EL CASO MATSA ES LA DEL PP "CON LA VERDAD"

"Quieren inventar una gran mentira para ocultar la presunta podredumbre de su partido"

V.V.

Por tercera semana consecutiva, las preguntas al vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, se han centrado en acusarle de “nepotismo” y “tráfico de influencias” por las subvenciones que la Junta de Andalucía aprobó para la empresa Matsa, en la que trabaja su hija, Paula Chaves. Como en las sesiones precedentes, el vicepresidente se ha limitado a recordar que su hija aún no era apoderada de la empresa cuando su equipo aprobó las subvenciones y que tanto el PP como la prensa han podido comprobarlo, dado que han tenido acceso al expediente íntegro de adjudicación. “Ustedes desprecian la verdad y quieren fabricar una gran mentira, porque quieren ocultar la presunta podredumbre que, como una serpiente, va de la cabeza a los pies de su partido”, recriminó.

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Hasta ocho preguntas han hecho ya los populares en el Congreso de los Diputados sobre la concesión de subvenciones por parte de la Junta de Andalucía a la empresa Matsa, en la que trabaja Paula Chaves, en los escasos tres meses que han pasado desde la designación de Manuel Chaves como vicepresidente tercero y ministro de Política Territorial. Así lo ha recordado el diputado del PP Juan Manuel Moreno, quien una vez ha acusado al dirigente socialista de “falta de transparencia” durante su etapa al frente del Gobierno andaluz.

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Claro tráfico de influencias"
Como si estuvieran en la Cámara regional, Moreno y su compañero de partido Juan José Matarí, han vuelto esta semana a acusar a Chaves de mentir sobre el proceso de adjudicación de subvenciones e incentivos a Matsa. Durante su intervención, Matarí acusó al vicepresidente tercero de “claro tráfico de influencias”, puesto que él mismo se encontraba presente y votó en la sesión del Consejo de Gobierno en la que se ratificó la concesión de las ayudas. “Sus mentiras y sus medias verdades le han dejado sin ninguna credibilidad”, acusó, y denunció que Chaves “ha dejado una Andalucía marcada por el nepotismo y los abusos de poder”.

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Los que mienten como usted son unos necios"
“Usted no plantea una pregunta, plantea una acusación inadmisible”, lamentó Chaves, que además acusó al diputado popular de no buscar la verdad porque “ni la respeta ni le interesa, sino que la desprecia”. “Entre la solicitud [de las subvenciones] y la aprobación y ratificación [de éstas] en ningún trámite y en ningún momento intervino Paula Chaves como apoderada [de Matsa]. Ustedes lo saben, y los que mienten como usted son unos necios”, subrayó.

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Incompatibilidad" del PP "con la verdad"
A su juicio, “la única incompatibilidad” que se encuentra en este asunto es la del PP “con la verdad”, ya que su hija “no intervino en el proceso” de adjudicación de los incentivos como apoderada, algo que el PP “sabe claramente”. “Siempre he cumplido con mis obligaciones como presidente de la Junta, he cumplido con mis obligaciones de transparencia y responsabilidad política, algo que ustedes no pueden decir con lo que está ocurriendo”, apuntó en referencia a los dirigentes del PP salpicados por la trama de corrupción de la Operación Gürtel.

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Triste récord"
No obstante, el diputado Moreno insistió en denunciar la “falta de transparencia” del Ejecutivo andaluz de Chaves, al que afeó no haber aceptado ninguna de las 69 comisiones de investigación que ha solicitado el PP en la Junta. “En menos de tres meses ha faltado a la verdad en esta Cámara, triste récord”, apuntó Moreno, y destacó que a nivel nacional Chaves se encuentra en una posición de “soledad” ya que sus “compañeros de Gobierno no confían” en él. “Por mantenerse en el poder está dispuesto a cualquier cosa y más pronto que tarde tendrá que asumir su responsabilidad”, advirtió.

Acceso al expediente
Chaves insistió en que los diputados del PP tuvieron acceso en dos ocasiones al expediente completo de las subvenciones de Matsa antes de que éste pasara al Parlamento andaluz para su aprobación, y posteriormente la prensa también pudo acceder a dicho expediente. “Esa es la verdad”, afirmó, y cuestionó cuál es la transparencia que mantienen los gobiernos regionales del PP en comunidades como Madrid o Valencia, en las que la trama de corrupción del caso Gürtel o los supuestos casos de espionaje salpican de lleno a numerosos cargos del PP, algunos de ellos incluso imputados por la Justicia.

20 años pidiendo la dimisión de Chaves
Ante la petición de dimisión del diputado Matarí, el vicepresidente señaló que el PP "lleva 20 años" haciendo esa petición "porque no han sido capaces de ganar ningunas elecciones" en la región. "Si quieren arreglar sus problemas de credibilidad en Andalucía, pidan la dimisión del que siempre les lleva a perder las elecciones", recomendó.

ELPLURAL.COM

EL VICECONSEJERO DE TRANSPORTES DE AGUIRRE HIZO OBRAS SIN LICENCIA EN SU VIVIENDA


Peritos del caso Guateque señalan nuevas irregularidades en la actuación del imputado Luis Armada

V.V.

El viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, Luis Armada (en la foto), hizo obras de reforma en una vivienda de su propiedad en el centro de la ciudad sin las pertinentes licencias municipales, según un informe pericial encargado por el juez Santiago Torres en el marco de la Operación Guateque que investiga la concesión de licencias de manera irregular por parte de concejales y funcionarios del Ayuntamiento. Armada fue edil de Urbanismo entre 1997 y 2003 y en esa época habría acelerado también la obtención de una licencia de obras para intervenir en el sótano del inmueble. El dirigente popular está imputado en esta trama desde enero de 2008.

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Según los informes periciales que ha ordenado hacer el juez Santiago Torres en el marco de la investigación del caso Guateque, uno de los altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre, Luis Armada, viceconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid, realizó de manera irregular obras tanto en su vivienda como en el sótano de ésta, informó Público. Armada, que apareció como imputado en este caso en enero de 2008, fue concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de la capital entre 1997 y 2003, y pudo haber participado en la concesión y agilización irregular de licencias, la misma acusación que se hace a los más de cien implicados que hay desde que se abrió esta investigación hace cerca de dos años.

¿Obras en 1980?
Según los informes entregados al juez, Armada habría reformado la vivienda familiar en la que está empadronado, un palacete de principios del siglo XX en pleno centro de la ciudad, sin ningún tipo de licencia. El propio viceconsejero reconoció carecer de este permiso municipal, pero alegó que las obras se hicieron en 1980, cuando él aún no era gerente de Urbanismo y, si hubiera delito en su actuación, habría “prescrito en la vía administrativa hace 25 años”.

Licencia denegada
Efectivamente, consta un documento de 1980 firmado por el propio Armada en el que se solicita la licencia de obras, que fue denegada por el Ayuntamiento. Sin embargo las obras se hicieron y, según el informe pericial, la vivienda volvió a modificarse posteriormente, ya que presenta una distribución diferente a la original y también a la que solicitaba en la petición de licencia.

Tramitación con "singular agilidad"
Armada ha insistido en numerosas ocasiones en que el fiscal del caso “ya ha dicho dos veces que no ve indicios de delito en su actuación”, sin embargo, el juez rechazó archivar su imputación en noviembre de 2008 basándose en otra posible irregularidad, esta vez relativa a las obras realizadas en el sótano del inmueble. La licencia de rehabilitación de estas dependencias se tramitó en 2001, ya con Armada como edil de Urbanismo, y se aprobó con “singular agilidad” y sin que se agotaran “los plazos establecidos” en las ordenanzas municipales.

Más obras sin licencia
El viceconsejero dio luz verde a esa licencia, que había sido solicitada por su tío y presentada con un proyecto firmado por su sobrina. Tanto estas obras como las realizadas en el interior de la vivienda –que los peritos aseguran que está “en uso y habitada”- constan en una lista con otros 16 inmuebles en los que se realizaron obras sin las licencias pertinentes.

El PP cierra filas
Pese a las claras acusaciones, el PP ha cerrado filas en torno a Armada: la presidenta regional aseguró que ponía “la mano en el fuego” por su viceconsejero cuando se conoció su imputación, y el secretario general del PP de Madrid y consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, corroboró esta confianza poco tiempo después. También el alcalde madrileño, Alberto Ruiz Gallardón, defendió a los implicados y aseguró que la trama “es un cáncer que el PSOE introdujo en el Ayuntamiento de Madrid” y que el PP va a “extirpar”.

ELPLURAL.COM

LEVANTAN PARCIALMENTE EL SECRETO DEL CASO ASTAPA

Se ponen a disposición de las partes 6 de los 150 tomos del sumario

El Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona ha levantado parcialmente el secreto de sumario del 'caso Astapa' sólo unos días después de que se cumpliera el primer aniversario de su desarrollo. Esta operación, que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona, se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados

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La resolución judicial sólo afecta a una pequeña parte de los 150 tomos que componen la instrucción del sumario. El 17 de junio de 2008 comenzó la instrucción del sumario con la detención de 25 personas, entre ellas, el alcalde de Estepona, Antonio Barrientos.

Seis tomos
Sólo se han puesto a disposición de las partes seis tomos relativos al proceso. La resolución judicial se ha tomado después de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara a la jueza accidental del número uno de Estepona, Virtudes Molina, el levantamiento parcial de las actuaciones.

Detenciones en el Ayuntamiento
Además del alcalde fueron detenidos los concejales socialistas Asunción López, Francisco Zamorano, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino, además de los ediles del Partido de Estepona (PES) José Ignacio Crespo y Manuel Reina También fueron arrestados empresarios, funcionarios y técnicos municipales y el que ejercía como jefe de Gabinete de Alcaldía José Flores. En total se llegaron a los 63 imputados en delitos de blanqueo de capitales, malversación de fondos, cohecho, fraude, tráfico de influencias, entre otros delitos.

andalucia@elplural.com

LOS COMPAÑEROS INSISTEN A BÁRCENAS PARA QUE PONGA EL CARGO A DISPOSICIÓN DEL PARTIDO

Luis Bárcenas, Mariano Rajoy, PP, Caso Gürtel

@Federico Quevedo.


El parlamentario del PP Luis Bárcenas (PP).

La Dirección del Partido Popular, y su presidente, Mariano Rajoy, a la cabeza, se han dado un nuevo plazo para tomar una decisión sobre el futuro del tesorero del partido, Luis Bárcenas, después de la decisión del Tribunal Supremo. El PP va a esperar a que ahora el Supremo dicte el auto de petición de suplicatorio –si es que lo hace, cosa más que probable-, para tener elementos de juicio.

Aunque el auto del Supremo conocido ayer ya limita las posibles acusaciones a Bárcenas a un presunto delito de cohecho y otro fiscal, lo cierto es que siguen sin conocerse los detalles concretos que deberán ver la luz en el momento en el que el Supremo remita a los presidentes del Congreso, José Bono, y del Senado, Javier Rojo, la solicitud del suplicatorio, que viene a ser lo mismo que una imputación en firme. El Supremo podría dar ese paso las próximas semanas o en septiembre como muy tarde.

Hasta ese momento, la decisión de Rajoy es no hacer nada, ni para bien ni para mal. “Nosotros no vamos a poner a Bárcenas a los pies de los caballos cesándole en su cargo, lo que sería como reconocer que es culpable de delitos que todavía no conocemos”, afirma un miembro de la Dirección ‘popular’ consultado por este diario. Sin embargo, añade que “otra cosa sería que el propio Bárcenas decidiera poner su cargo a disposición de Rajoy para evitar hacer daño al partido”, como han hecho otros antes que él, añade esta fuente.

No está actuando con lealtad”

De hecho, esa es la solución que casi todo el mundo en el PP espera como maná, que el propio Bárcenas, en un arranque de “respeto al partido en el que milita, deje su cargo para defenderse mejor y evitar que el PP esté todos los días en las portadas de los periódicos, no por su labor de oposición al Gobierno, sino por su pleito (el de Bárcenas) con la Justicia y con los propios medios de comunicación”, dicen estas fuentes. A los ojos de la mayoría de la gente del PP, “Bárcenas no se está comportando con lealtad a las siglas”, dicen.

De hecho, son muchos los miembros de la Dirección que se quejan de que el PP invierta más tiempo y esfuerzo en rebatir las acusaciones contra Bárcenas que en dedicarse a hacer oposición al Gobierno de Zapatero, “en su peor momento, en el de más debilidad”. Y añaden que “no han pasado ni dos semanas desde que el PP ganara las elecciones europeas, y el ‘caso Bárcenas’ se ha comido todo el efecto positivo que ese resultado ha tenido para el ánimo de nuestra militancia.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL JUEZ DEL "CASO GÜRTEL" INVESTIGA UNA CONCESIÓN DE CONTRATOS DE LIMPIEZA

La policía registró durante 12 horas los ayuntamientos de Boadilla y Majadahonda

F. J. BARROSO / R. CARRANCO - Madrid

La mañana de ayer fue especialmente movida en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Majadahonda. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que instruye el caso por la supuesta trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa y que salpica a los dirigentes del PP de municipios del noroeste, ordenó que revisaran uno a uno decenas de expedientes municipales. Durante 12 horas, una veintena de funcionarios puso patas arriba sendos consistorios y salieron cargados de cajas con fotocopias.

La llamada trama Gürtel comenzó el pasado 6 de febrero a raíz de una investigacion del juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. Después, el caso ha salpicado a los alcaldes de Boadilla, Arturo González Panero, y Pozuelo, Jesús Sepúlveda; al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, y a tres diputados regionales, entre otros.

El nexo entre las dos inspecciones fue el contrato de limpieza viaria y recogida de basuras. En ambos municipios se adjudicaron a una unión temporal de empresas (UTE), formada por Sufi y FCC. Un cargo de esta última empresa, el ex director de Calidad, Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, está imputado en esta trama. En ambos casos, el concurso salió por un montante de dos millones de euros y por un plazo de 10 años. Pero el gasto final ha ido subiendo en ambos Ayuntamientos hasta superar los cuatro millones de euros, según fuentes de la investigación.

Los dos consistorios lo firmaron en 2002, cuando en Majadahonda era alcalde Guillermo Ortega, del PP, y en Boadilla, González Panero. Los policías fotocopiaron estos expedientes para adjuntarlos a la causa que se instruye en el TSJM. Sendas comisiones judiciales coincidieron también en el expediente de mantenimiento de zonas verdes. En Boadilla, está adjudicado a la empresa FCC, según fuentes municipales. Por el contrario, en Majadahonda, el contrato no fue resuelto. Coincidió la adjudicación con el cambio de equipo de gobierno municipal: el actual alcalde, Narciso de Foxá, que sustituyó a Ortega, decidió paralizarlo.

En Majadahonda, los policías pidieron el expediente del Residencial Adriática, que era promovido por Jacobo Gordon Levenfelt, socio de Alejandro Agag (yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar) e imputado en la causa desde el pasado febrero. Pero la promoción de estas 16 viviendas de lujo, promovida por Twain Jones, no está vinculada con el Ayuntamiento majariego. Éste la paralizó por no respetar el gusto estético de la zona.

Los funcionarios también solicitaron que les enseñaran numerosos (algunas fuentes cifran en más de una treintena) pequeños contratos y reconocimientos de deuda municipal, en los que, supuestamente, estaban detrás las empresas vinculadas a Correa. Todos ellos eran anteriores a 2005, cuando gobernaba Ortega. La esposa de Correa, María del Carmen Rodríguez Quijano, fue secretaria del PP en el municipio y ex jefa del gabinete de Guillermo Ortega.

Otros de los puntos en los que hicieron hincapié los funcionarios judiciales fue la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte. Los agentes revisaron todas las contrataciones de viviendas protegidas realizadas por la empresa Teconsa, que está implicada en la trama Gürtel. El registro de ayer se produjo justo una semana después de que el contable de la EMVS y la secretaria del anterior gerente de la empresa, diputado autonómico e imputado en el caso, Alfonso Bosch, declararan como testigos ante el magistrado instructor del TSJM.

Los agentes que permanecieron en tres edificios de Boadilla (la EMVS y dos sedes del Ayuntamiento) inspeccionaron el área de Urbanismo, de la que se llevaron varios expedientes y planos de planes parciales, según fuentes municipales. Asimismo, examinaron los contratos de Hispánica, adjudicataria del Parque del Deporte por 30 millones de euros, la mayor inversión del consistorio. Esta contratación estuvo rodeada de polémica. Un informe elaborado por un cargo de confianza del ex alcalde, González Panero, escogió a Hispánica, que valoró con el doble de puntos que a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final, en contra de un informe municipal que prefería a Sacyr.

El conserje del edificio municipal tuvo que salir hasta en dos ocasiones cargado con archivos repletos de documentos. Junto a un policía judicial, se pasaron horas en una copistería cercana fotocopiando documentos.

El Consistorio trató de restar importancia al registro de ayer. "Ya han venido en otras ocasiones desde que saltara el escándalo", aseguró un portavoz municipal. "Esta nueva visita de la policía confirma que Boadilla era el centro de operaciones de la trama Gürtel", aseguró el portavoz socialista, Pablo Nieto.

ELPAÍS.COM

CABEDO DECIDIRÁ SOBRE LA PERMUTA DE SUELO DE MESTALLA QUE IMPLICA A BARBERÁ

El fiscal superior propuso el archivo porque no se beneficiaba al Valencia

LYDIA GARRIDO - Valencia

Ricard Cabedo, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, decidirá sobre la investigación que afecta a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá -aforada por su condición de diputada autonómica- a propósito de la permuta de terrenos para la construcción del nuevo estadio del Valencia Club de Fútbol. Así lo ha decidido la Fiscalía General del Estado tras estudiar la consulta elevada por Cabedo. El fiscal general del Estado, que no entra en el fondo de la cuestión, según un comunicado difundido ayer, considera que, "sin valorar acerca de la existencia o no de indicios delictivos, corresponde asumir la competencia para la investigación al fiscal superior de la comunidad autónoma". Al elevar la consulta, Cabedo propuso archivar la causa por entender que Barberá no favoreció el enriquecimiento del Valencia CF. Un beneficio que se habría producido por la recalificación para uso hotelero de la parcela en la que se construye el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas, tras su permuta por el suelo del viejo Mestalla.

Rita Barberá Nolla
A FONDO

Nacimiento:
16-07-1948

Lugar:
Valencia

El fiscal general le dice a Cabedo que es competente y que le corresponde proceder "a la práctica de las actuaciones o la adopción de las decisiones que correspondan conforme a derecho de acuerdo con el criterio jurídico del fiscal superior". Ese criterio, al menos sobre lo que actuó la Fiscalía Provincial de Valencia tras recibir la denuncia de los vecinos, era el de no continuar con la investigación dado que no se puede probar que la alcaldesa y dos de sus concejales favorecieran al club deportivo. Rita Barberá, antes de conocerse la decisión del fiscal general, lanzó dudas sobre la investigación en manos de Cabedo y de paso, como en el caso Gürtel, cuestionó el funcionamiento del Estado de derecho. "Estamos en absoluta indefensión; vaya desastre de Estado de derecho", espetó. Y añadió: "Tengo un dato divertido que dar respecto de las presuntas implicaciones judiciales por la permuta con el Valencia CF: la Agencia Tributaria no ha hecho ninguna tasación", aseguró la alcaldesa, aunque a renglón seguido reconoció que no sabe si el informe "lo ha hecho otro organismo del Ministerio de Economía".

Sí hay informe de la Agencia Tributaria. La fiscalía provincial de Valencia lo solicitó para obtener la tasación más objetiva de la parcela -que sufrió dos recalificaciones después del convenio de la permuta: una para uso de oficinas y otra para uso hotelero- y cuya cifra se elevó a 75 millones de euros, frente a los 45 millones en los que firmó el acuerdo el Ayuntamiento. Ello supone, según ese informe, un lucro para el Valencia de 30 millones de euros. Barberá se preguntó ayer "por qué tiene más valor o credibilidad un informe del Gobierno central que el de una agencia de tasación o el de una universidad".

ELPAÍS.COM

LA DENUNCIA CONTRA CHAVES IRÁ A LA FISCALÍA DEL SUPREMO

V. C. - Granada

La Fiscalía Superior de Andalucía ha remitido a la del Tribunal Supremo la denuncia interpuesta por el colectivo de funcionarios Manos Limpias contra el actual vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por la posible comisión de un delito de tráfico de influencias cuando era presidente de la Junta de Andalucía.

Manuel Chaves González
A FONDO

Nacimiento:
07-07-1945

Lugar:
Ceuta

En concreto, el sindicato ultraderechista denunció a Chaves por el incentivo concedido por la Junta, entonces presidida por él, a una empresa en la que trabaja su hija Paula como abogada. Por infringir, dice, la Ley de Incompatibilidades. Fue presentada el 8 de junio y remitida el pasado 22 a la Fiscalía del Tribunal Supremo.

En un comunicado, la Fiscalía Superior de Andalucía detalla que antes de entrar a valorar los hechos era preciso establecer la competencia para su tramitación al ser Chaves aforado. De hecho, si se atiende a la fecha de la producción de los hechos, cuando era presidente de la Junta de Andalucía, corresponde establecer la responsabilidad penal al Supremo tal y como establece el artículo 118.5 del Estatuto de Autonomía. Si por el contrario se atiende a la situación actual, en la que Chaves es vicepresidente del Ejecutivo central, es también competencia del Supremo conocer la instrucción y enjuiciamiento de las causas contra los miembros del Gobierno, como consta en el artículo 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Por tanto, se ha remitido al Tribunal Supremo la denuncia en virtud de lo establecido en el artículo 21.1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

ELPAÍS.COM

EL EMPRESARIO RATIFICA EL SUPUESTO SOBORNO DE EL "CASO MERCASEVILLA"

El Grupo La Raza grabó tres reuniones con ex directivos de la empresa pública

Pedro Sánchez Cuerda, el empresario del Grupo La Raza que denunció una presunta petición de comisiones ilegales por parte de ex directivos de la empresa municipal Mercasevilla, reveló ayer a la juez que mantuvo con los supuestos chantajistas hasta tres reuniones, y en la última de ellas le expusieron los "baremos" y regatearon el pago. El empresario confirmó ayer la petición de un supuesto soborno de 450.000 euros para ser el adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

A lo largo de cuatro horas, Sánchez Cuerda confirmó las peticiones del ex director adjunto de Mercasevilla, Daniel Ponce, que le indicó cómo el Grupo La Raza "tenía que pagar una comisión o impuesto de 300.000 euros a la Junta de Andalucía. Los que dan, piden", aseguró en referencia a los responsables de otorgar la subvención. Además, La Raza debía costear los 150.000 euros que costaría la nueva instalación eléctrica de la futura escuela, según el empresario.

La sorpresa saltó ayer al confirmar Sánchez Cuerda la existencia de esa tercera reunión el pasado 12 de febrero, tras los encuentros celebrados el 16 y 26 del pasado enero. Hasta ahora, el empresario había estimado que la grabación que hizo de esta reunión "carecía de importancia", dijo a la juez, que le ha dado tres días para que la entregue.

El empresario relató en su declaración que a la segunda reunión acudió el ex gerente de Mercasevilla imputado, Fernando Mellet: "Viendo la indignación del declarante, le fue ofreciendo opciones como que la partida de la instalación eléctrica podía ser justificada mediante una factura que emitiría la Fundación Mercasevilla. Finalmente, se produce una especie de regateo, llegando a ofrecerle el fraccionamiento de las cantidades e incluso a hablar de 200.000 euros y ya no hablamos más". Días después Mellet llamó nervioso al empresario para decirle que "ya no tenían que pagar nada".

Mientras, la imputación en el caso del delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, hizo que el consejero Antonio Fernández le defendiera: "No hay ningún elemento indiciario que le relacione con alguna actividad ilícita". Por su parte, el PP planteó que "no hay motivos" para que Rivas permanezca en el cargo, una vez que la juez ha dictado su imputación.

ELPAÍS.COM

EL SUPREMO ENCAUSA EN EL CASO GÜRTEL AL TESORERO DEL PP POR DELITO FISCAL Y COHECHO

La investigación judicial del 'caso Gürtel'

Se declara competente para instruir y juzgar a Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino

El resto de la causa sigue en el Tribunal Superior de Madrid

JULIO M. LÁZARO - Madrid

La Sala Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer investigar las vinculaciones entre la trama corrupta del caso Gürtel y el tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado del mismo partido Jesús Merino, por si el primero hubiera incurrido en delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública y Merino, en delito de cohecho. Por el momento, el resto del caso Gürtel seguirá en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, debido a que las imputaciones a los aforados son "escindibles" del resto de los delitos que se investigan. Ambos tienen ya acceso a la documentación que les atañe. El tesorero pidió el martes comparecer voluntariamente y sin necesidad de suplicatorio ante el juez instructor nombrado por la Sala.

* El PP apoya por 'sms' a su tesorero
* El tesorero, en el centro
* El instructor del Supremo fue vocal del PP en el Poder Judicial
* El juez busca papeles del 'caso Gürtel' en dos ayuntamientos de Madrid
* El PP hizo dimitir a otros implicados con pruebas similares
* Gonzáles Pons asegura que "mucha gente" piensa que Bárcenas debe dimitir

El Supremo ve indicios suficientes de la comisión de un delito de cohecho

Las justificaciones de ingresos que aportó Bárcenas son insuficientes

El tribunal tiene más dudas sobre su participación en una trama de blanqueo

La fiscalía quería que el Supremo asumiera todo el 'caso Gürtel'

La Fiscalía había solicitado que el Tribunal Supremo se hiciese cargo de la totalidad de la causa, pero la escisión no fue mal recibida, dado que el Supremo ordena al instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, que continúe la instrucción. Según fuentes fiscales, lo que la Fiscalía temía era un posible parón en el proceso mientras se cursaban y resolvían los suplicatorios contra ambos aforados.

El Supremo justifica la separación de la causa para investigar sólo a los aforados. Considera que el presunto delito fiscal de Bárcenas no plantea problemas respecto al procedimiento que sigue el Tribunal Superior de Madrid y el de cohecho "hace que deba extenderse la competencia, por conexión, sólo respecto a las personas que hubieran realizado las entregas de dinero". Si en las investigaciones que ahora se inician aparecen indicios sobre hechos distintos se podrá ampliar la instrucción ante la Sala Penal.

Según el Supremo, en la exposición razonada que hizo el magistrado de Madrid Antonio Pedreira se da cuenta de la percepción de cantidades económicas por Bárcenas (casi un millón de euros) y Merino (50.000), según la documentación intervenida en el registro de la sede central de las empresas de Correa en la calle Serrano de Madrid y en el pen drive donde consta la contabilidad B del grupo.

Según el Supremo, esas cantidades supuestamente percibidas por los aforados no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción, por lo que "los indicios resultan, en principio, suficientes para la instrucción de una causa criminal" por delito de cohecho. También pueden derivarse de ella los delitos fiscales que correspondan a los ingresos detectados. Sin embargo, en Merino ni el Supremo ni Pedreira aprecian delito fiscal. De hecho, señala que el informe de la Agencia Tributaria que analizó sus empresas "destaca la normalidad en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, tanto de las empresas relacionadas como aquellas que generaron ingresos a estas empresas".

Bárcenas hizo llegar al juez Pedreira unas alegaciones en las que trata de justificar esos ingresos en la obtención e inmediata devolución de un crédito, y en las ganancias derivadas de una venta de acciones erróneamente declaradas a Hacienda. Ese argumento, sin embargo, es para el tribunal insuficiente para contrarrestar el informe de la Agencia Tributaria, que ya tuvo en cuenta los argumentos de Bárcenas.

Pedreira refiere también indicios de un "desvío de fondos, típico del blanqueo de dinero y, en general, respecto a los delitos cometidos mediante la utilización de empresas del denominado grupo Correa". En una de esas operaciones, en concreto una inmobiliaria, el juez Pedreira aportaba un documento manuscrito en el que aparecía "LBárcenas" como indicio de la participación del tesorero en la red de blanqueo en paraísos fiscales. Pero, según el Supremo, ese manuscrito "carece de fuerza". El tribunal considera que no se han aportado indicios de relevancia penal que acrediten su participación en una trama de blanqueo de dinero. Pero si aparecen nuevos indicios en el curso de la investigación, se podría ampliar el proceso al delito de blanqueo, concluye el Supremo.

ELPAÍS.COM

GONZÁLEZ PONS ASEGURA QUE "MUCHA GENTE" PIENSA QUE BÁRCENAS DEBE DIMITIR

La investigación judicial del 'caso Gürtel'

Fraga afirma que la renuncia del tesorero del PP por su implicación en la 'trama Gürtel' "se andará", aunque es "asunto de él"

AGENCIAS - Madrid

El secretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado hoy que en su partido "hay mucha gente" que piensa, "legítimamente", como el diputado Vicente Martínez Pujalte y cree que Luis Bárcenas debería apartarse de sus responsabilidades al estar implicado " en el caso Gürtel".

* El instructor del Supremo fue vocal del PP en el Poder Judicial
* El tesorero, en el centro
* El Supremo encausa en el 'caso Gürtel' al tesorero del PP por delito fiscal y cohecho

Manuel Fraga Iribarne
A FONDO

Nacimiento:
23-11-1922

Lugar:
Villalba


Mariano Rajoy Brey
A FONDO

Nacimiento:
27-03-1955
Lugar:
Santiago de Compostela



Esteban González Pons
A FONDO

Nacimiento:
21-08-1964

Lugar:
Valencia


Pons ha señalado en Radio Nacional que en su partido son "conscientes" del coste político que supone mantener al tesorero Bárcenas al frente de sus responsabilidades pero ha recalcado que no pueden arriesgarse a "ser injustos" y que el PP debe "soportar ese coste político con el fin de salvaguardar la imparcialidad que debe tener un partido político a la hora de tomar una decisión de estas características".

Así, ha hecho hincapié en que pese a que el Supremo ha admitido la causa del caso Gürtel en relación con el senador Bárcenas y el diputado Jesús Merino, aún no hay una acusación y el PP "tiene que cumplir con todas las garantías".

"Si hay que tomar alguna decisión se tomará, pero todavía no sabemos de qué se trata. No hemos leído el sumario y, por lo tanto, debemos ser tan garantistas como exigimos a la justicia que lo sea", ha añadido.

Preguntado por las declaraciones de Martínez Pujalte, en las que invitó a Bárcenas a reflexionar sobre su continuidad en el PP, González Pons ha respondido: "La frase (...) no es sólo de Vicente Martínez Pujalte. Hay mucha gente que piensa como él, y legítimamente".

En el mismo sentido se ha manifestado el presidente fundador del PP, Manuel Fraga, quien ha asegurado que la dimisión "se andará" y que lo que tenga que hacer Bárcenas "es asunto de él" para concluir: "Lo que tiene que hacer Rajoy es lo que nos interesa a todos". El veterano político ha defendido además la actuación de su jefe de filas y ha asegurado que, según el lo ve, "lo que ha decidido el señor Rajoy es que en cuanto haya una inculpación se tomarán las medidas correspondientes y ahí estamos todos".

Por último, el portavoz del PP se ha referido a la investigación que se sigue por este caso contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia: "creo que lo de Camps está a punto de terminar".

En este sentido, ha indicado que "cada día es más obvio que ha sido un asunto sin apoyaturas, sin base veraz" y con el que se han intentado "minar el crédito de una de las personas más respetables" de la política nacional, algo que no se ha "conseguido".

ELPAÍS.COM

LA JUNTA Y MERCASEVILLA SE REPARTÍAN LAS COMISIONES QUE EXIGÍAN A LAS EMPRESAS

DENUNCIA DE UN EMPRESARIO

Uno de los empresarios extorsionados por cargos de Mercasevilla ha añadido ante el juez que no sólo fueron conminados a pagar comisiones sino que, según los presuntos extorsionadores, el "pago del impuesto" era una práctica habitual en la Junta de Andalucía, que incluso ponía "baremos".

*Un delegado de la Junta en Cádiz define cómo actúa el PSOE en Andalucía

Pedro de Tena
Ante la jueza Mercedes Alaya, Pedro Sánchez Cuerda, uno de los empresarios extorsionados por altos cargos de Mercasevilla, ratificó su declaración inicial a la Policía según la cual le habían pedido dinero (450.000 euros) a cambio de adjudicarles la Escuela de Hostelería de Mercasevilla.

Según su testimonio, en la primera reunión que mantuvo con Ponce y con Regla Pereira (subdirector y secretaria), éstos le comunicaron que le habían concedido la subvención pero que tenía que comentarle dos cosas malas: la primera que la acometida eléctrica del edificio donde se iba a ubicar la Escuela no era suficiente y que era necesario contratar una nueva instalación de 150.000 euros, y la segunda, que su empresa (La Raza) "tenía que pagar" una comisión o impuesto de 300.000 euros a la Junta. Textualmente le dijeron: "los que dan, piden", según informan este jueves varios medios andaluces.

Según ABC, por ejemplo, "cuando el empresario mostró su indignación por esa petición, Ponce le dijo que era una cosa absolutamente normal y habitual en la Junta" y que ellos habían tenido unas experiencias similares llegando incluso a hablarles de "baremos" sobre la cuantificación de comisiones. Según Sánchez Cuerda, Ponce le indicó que para que viera que el dinero no era para él, "traería los 300.000 euros y los 150.000 de la acometida eléctrica en un maletín a la reunión que tuvieran con una tercera persona y que luego abandonarían el despacho dejando el maletín allí".

Sánchez Cuerda explicó además cómo en la segunda reunión que se produjo (de la cual existe una grabación que realizaron los empresarios y que se convierte en la principal prueba de cargo del caso) Ponce y Mellet, a la vista de la negativa rotunda de los empresarios a entregar el dinero —que Ponce reconoce inicialmente como "impuesto revolucionario" de la Junta—, le explicaron que podían instrumentar su pago de 300.000 euros a través de una donación a la fundación Mercasevilla, que les desgravaría fiscalmente.

En esa reunión, según dijo, se produjo una especie de "regateo" en el que le hablaron de que pagara sólo 200.000 euros "y ya no hablamos más". Además Sánchez Cuerda dijo ayer que la impresión que él tenía era que, del dinero exigido (450.000 euros), una parte era para Ponce y Mellet (150.000 euros) y la otra, (300.000), para la Junta de Andalucía.

Para convencer a los empresarios de la necesidad del pago de la comisión, uno de los directivos de Mercasevilla, le habló de que los catering que fueran a hacer Mercasevilla en un futuro o los de otras empresas públicas como Lipasam, los daría la Escuela de Hostelería y los beneficios que se obtuvieran serían para La Raza, que hasta entonces no servía en exclusiva ni a Empleo ni a Mercasevilla.

Es el pasaje en el que Mellet cita a la presunta connivencia de otras personas vinculadas al Ayuntamiento, con el que "el tema estaría solucionado", como Enrique Castaño (ex consejero de Mercasevilla), Alfonso Mir (concejal y responsable político de Mercasevilla), Antonio Torrijos, máxima figura de IU en el Ayuntamiento y teniente de Alcalde o Manuel Marchena, ex gerente municipal de Urbanismo.

La juez investiga asimismo una duplicidad de contratos de la empresa de hostelería y de Mercasevilla con la constructora Sando por el alquiler de la nave donde se instalaría la escuela.

Recuérdese que el pasado 19 de junio la juez que investiga el caso Mercasevilla dictó un auto en el que resolvía la admisión de la querella presentada por el PP y en el que concretaba los imputados, ya que el escrito de los populares apuntaba a los dos directivos de Mercasevilla y a diversos políticos a los que les imputaba hasta siete delitos, aunque sin concretar los hechos.

En dicho auto, la magistrada imputa formalmente al delegado provincial de Empleo de la Junta de Andalucía y destacado factótum del PSOE de Sevilla, Antonio Rivas, al ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet, el ex subdirector, Daniel Ponce, y a la empleada que dirige los proyectos de la Fundación Mercasevilla, Regla Pereira. Es decir, las mismas personas sobre las que se estaba dirigiendo la investigación de la Fiscalía después de que la Junta le pusiera en conocimiento de los hechos. Sin embargo, la imputación de Rivas es la única de las cuatro que responde a una cuestión de garantías procesales. Es decir, por el momento la única prueba contra Rivas es la declaración de Mellet, en la que asegura que el delegado de Empleo estaba al tanto de todo, pero, pese a no ser una prueba física, la juez tiene que imputarlo e iniciar una investigación contra él.

Por este motivo, ayer, PP y PSOE interpretaban de forma dispar la decisión judicial. Por un lado, los populares pedían su dimisión, mientras que el consejero de Empleo, Antonio Fernández, aseguró que ser responsable de un supuesto delito “no es suficiente para tomar una decisión que suponga la separación de sus responsabilidades”. La juez ya ha citado a Rivas para el 16 de noviembre y al resto de imputados para el próximo 17 de julio.

Aparece un sindicalista de UGT en la escena

El empresario reveló la aparición de un nuevo personaje desconocido y que acudía a las reuniones previas a la concesión de la subvención de Empleo como presunto intermediario. Se trata de Juan Lanzas, que, según Sánchez Cuerda, estuvo en las reuniones que se produjeron en la propia Delegación de Empleo y "se desenvolvía muy bien por los despachos y lo conocía todo el mundo".

Juan Lanza, persona por la que la jueza Mercedes Alaya preguntó ayer, estuvo en las tres o cuatro reuniones que se celebraron en Empleo. El empresario aseguró que sabía que era de Jaén por los comentarios que realizaba y que «tenía o participaba en una cooperativa de aceite e incluso le propuso que le comprara su aceite». Según el empresario, Lanza "tenía algún cargo en la Junta, como persona intermediaria y, en las reuniones, tomaba la palabra no sólo para hablar de la Escuela de Hostelería, sino también de la subvención".

Informa ABC de que, procedente del sindicalismo duro de los 80, Juan Lanzas era uno de los referentes provinciales de aquella UGT combativa, según informa Javier López. Desde la dirección jiennense de la federación alimentaria impulsó las movilizaciones convocadas en cárnicas Molina. Su eficacia y su mano izquierda le catapultaron a la ejecutiva regional, donde como secretario general de la federación de alimentación de la UGT-A se opuso a la venta de la envasadora Coosur a Aceites del Sur fraguada por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales durante el segundo gobierno del PP. Aunque nunca ha estado en primera línea política mantiene una buena relación con el poder socialista jiennense.

Una auditoría revela gastos y pagos sin control en la Fundación de Mercasevilla y el alcalde de Sevilla quiere disolverla

Cuenta El Correo de Andalucía que "el alcalde pidió este miércoles que se disuelva la Fundación Mercasevilla al detectarse diversas irregularidades en su gestión. Los directivos solían actuar sin el consentimiento de los órganos de gobierno, por lo que el Ayuntamiento ha decidido no amparar sus actuaciones y enviar el informe a la juez que investiga las comisiones.

El informe de la comisión auditora, creada por el Consejo de Administración de Mercasevilla, revela diversas irregularidades muy graves y continuadas en la gestión de la Fundación Mercasevilla, en el punto de mira tras destaparse el presunto cobro de comisiones ilegales, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción número 6. Una actuación que ayer, fuentes cercanas a la comisión, calificaban de “despilfarro y auténtico descontrol”. Se trata de mostrar que los imputados en el caso actuaban por su cuenta y no por orden de sus dirigentes.

Ante dicho documento, la comisión ejecutiva de la empresa pública contaba con sólo dos posibilidades de actuación. La primera era la aprobación de la gestión de los anteriores directivos, con lo que asumían que habían actuado a espaldas de los órganos de gobierno de la institución y sin control alguno. La segunda consistía en el rechazo de las actuaciones, lo que conllevaba la disolución de la fundación.

La opción del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, y del presidente de Mercasa (empresa nacional con participación en Mercasevilla), Ignacio Cruz, fue decantarse por la segunda solución, por lo que el primero dio la orden de que se disuelva la Fundación Mercasevilla por las irregularidades detectadas y que se trasladen las conclusiones del informe al juzgado que investiga el caso, en el que están imputados el ex gerente de Mercasevilla, Fernando Mellet y su adjunto Daniel Ponce; la empleada que dirige los proyectos de la Fundación, Regla Pereira; y el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas.

Entre las muchas y graves irregularidades que se han detectado, aunque se han dado en todas las áreas de la gestión, los directivos de Mercasevilla firmaban indemnizaciones por rescisiones de contrato con cantidades muy por encima de lo establecido en la ley y llegaban a colocar como ingresos en un año por patrocinio cantidades que en realidad tenían que repartir en varias anualidades.

Según informó ayer el Ayuntamiento en un comunicado, la comisión ejecutiva de Mercasevilla ha ordenado la continuación del trabajo de la comisión auditora y de la empresa Deloitte “a fin de completar el análisis crítico de los procedimientos administrativos llevados a cabo en Mercasevilla”. En la orden dada, se insiste en que las actuaciones de los anteriores directivos se hicieron “sin conocimiento” de la comisión. Por ello, la investigación pretende “detectar cuantas incidencias se hayan producido en la gestión de gastos, inversión, pagos, créditos, traspasos, contrataciones y asuntos de personal sin el sometimiento y sin comunicación de los órganos de gobierno de la empresa”.

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