LA "OPERACIÓN PALMERA" PONE EN JAQUE AL AYUNTAMIENTO DE SANTA LUCÍA DE TIRAJANA

ABC / Silverio Matos, alcalde de Santa Lucía de Tirajana
DANIEL HERRERA | LAS PALMAS

Mañana lunes se reanudan las diligencias en la «Operación Palmera», una trama urbanística que desglosa una serie de ramificaciones que desbordan el propio territorio regional y nacional, según fuentes cercanas a la investigación. Tanto la acusación particular (Rufino Pérez) como la Guardia Civil coinciden en acusar al alcalde de Santa Lucía, Silverio Matos (Nueva Canarias) por los delitos de cohecho, prevaricación, falsedad de documentos públicos, encubrimiento y tráfico de influencias.

Bajo estas premisas, el Juzgado número 4 de San Bartolomé de Tirajana ha citado a declarar mañana, en calidad de imputados, a Antonio Alemán Bordón (presidente de la Asociación Agraria El Águila) y Agustín Ángel Domínguez (administrador solidario de la empresa Machacadora Domínguez).

Además, el juez ha solicitado al consistorio del sureste, en un auto del 29 de mayo pasado, que facilite la documentación correspondiente a la autorización municipal de segregación de las parcelas conocidas como Doctoral 11, 12 y 13, así como los correspondientes informes favorables emitidos por los técnicos municipales, terrenos a la postre anexionados al perímetro configurado para el Parque Eólico.

La «Operación Palmera» se originó el 9 de mayo de 2007con la denuncia interpuesta por el candidato del centro de Ansite-CCN, Rufino Pérez, ante la Guardia Civil, a raíz de una tramitación urbanística que consideró constitutiva de delito.

La Benemérita encontró así el eslabón necesario para iniciar las investigaciones correspondientes a un trama de considerables magnitudes que, según fuentes de la investigación, podría trascender a la Península y al extranjero.

Los fondos de la UE, clave
Con el objetivo de conseguir de los fondos que facilitaba la Unión Europea a las zonas ultraperiféricas (como es el caso de Madeira, Azores y Canarias), el consistorio gobernado por Nueva Canarias presentó un proyecto de Parque Eólico que, ante las instancias comunitarias (y ante el Concurso eólico convocado por la Consejería de Industria y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Canarias), puntuaba más si se ubicaba en terreno público.

Sin embargo, el ayuntamiento no tenía acceso a suelo público, por lo que -según las investigaciones que la Guardia Civil entregó al juez y a las que ABC ha tenido acceso-, elaboró una serie de convenios en 2005 con ciertas empresas (Machacadora Domínguez, I. C. La Mareta y S. Agraria de Transformación El Águila) para conseguir la cesión de unos terrenos privados para evitar así la expropiación, que hubiera dilatado los plazos de ejecución (perdiéndose así las subvenciones).

Además, la Corporación local se apropió de otros espacios vulnerando los derechos de los ciudadanos y, en algunos casos, por medio de maniobras coercitivas. Tal fue la cantidad de irregularidades que se habían originado en este caso que el Ejecutivo regional acabó por anular la convocatoria del concurso el 28 de junio de 2006. Sin embargo, la lista de presuntos delitos es tan dilatada que tanto las instancias judiciales como la Guardia Civil continúan agilizando su labor.

Terrenos privados
Ante las diligencias realizadas por el Instituto Armado, se comprobó la existencia de escombros en uno de los terrenos en los que se iba a construir el famoso Parque Eólico. Un espacio que pertenecía a Domingo Santana Espósito, que al fallecer (y a pesar de que la vivienda pasaba a manos de la viuda y de los hijos) el Ayuntamiento procedió sin aviso previo al derribo del inmueble, alegando como causa que por dicho área iba a pasar una vía, según el PGOU. Además, en la zona de Majada Ciega (Sardina), se llegó a emplear medidas de coacción para que cediera su vivienda, después de que intentaran robar en dicho inmueble en las jornadas precedentes.

ABC.ES

LAS PERLAS DE "ASTAPA"

Las perlas del «Astapa»

Barrientos, custodiado para declarar en el Juzgado de Estepona. EFE

JOSÉ MARÍA CAMACHO. MÁLAGA

Pese a esas frases de doble sentido, la Policía no es tonta. Hoy desvelamos en ABC algunas «perlas» que aparecen en el sumario.

Bono y el Real Madrid. Un miembro de Alcaldía le pregunta a un imputado si José Bono, quien se encontraba en Estepona para apoyar la campaña electoral del PSOE, se mete como gasto del partido o de su empresa. También le pregunta por el pago de 30.000 euros al Real Madrid y sugiere que le den dinero porque «no puede seguir metiendo a su empresa para todo lo que se factura». Tras esta conversación, el jefe del Gabinete de Barrientos envía un correo a Dani Delgado, vinculado con el grupo Valle Romano, para solucionar el problema: «Mañana mínimo 15000 para pagar al Madrid y de lo otro el 50 por ciento».

Favor político de Pendón. Una de las preocupaciones en el Ayuntamiento es que los funcionarios cobren, según Flores, que busca un crédito para garantizar sus nóminas hasta diciembre. Entre las conversaciones que tocan este tema destaca la mantenida con su primo José Simón. Afirma que la nomina de «este mes son cinco millones de euros» y que la de junio «la adelantó el patronato», que a todos los efectos es el PSOE y Pendón. Le dice que el alcalde llamó al presidente de la Diputación para que le adelantara el dinero con cargo a enero, como «favor político». Flores cree que en enero todo estará resuelto y pronostica que luego tendrán «un montón de dinero para inversiones». Los interlocutores señalan que Juan Simon, primo de Flores y hermano de José Simon, está enfadado porque no participa en operaciones que reportan beneficios.

Concierto de Mark knopfler. Las concejalas de Cultura y Playa, Maria Asunción López y María Victoria López, conversan con Flores para ver como se puede financiar algunos eventos. La primera propone que el concierto de Mark knopfler, que cuesta 360.000 euros, lo patrocine Valle Romano, pero Flores quiere que sea Globalia. La concejala de Playa habla de una deuda de electricidad de 500.000 euros y dice que el dinero «se fue para otro sitio».

Las cajas de puros. Barrientos, y algunos de sus colaboradores utilizan expresiones que sólo ellos conocen. Barrientos pregunta si «esta gente (la Policia cree que es Javier Merino, del grupo Mena) ha dejado algo para pagar a Los del Rio». Tras obtener una respuesta positiva, pide a su escolta que busque una caja de puros. Este lo encuentra y le comunica que «lo ha contado, que son 12.000 euros en 24 billetes de 500», y que se lo dará a su novia. No es la primera vez que se habla de una «caja de puros» escondida en el vehículo del alcalde. El 16 de mayo de 2007, Barrientos preguntó a otro de sus escoltas por la «caja de puros», indicándole el lugar exacto donde se encontraba el «sobre con una goma».

«Si gana el PP nos dan por culo». Barrientos quiere sacar un proyecto como sea, incluso por encima de la ley. El concejal de Urbanismo le avisa de que no se puede adjudicar la ejecución sin licitación previa. Le advierte de que alguna otra constructora puede sacarlo a la luz. A Barrientos sólo le preocupa que la adjudicación se lleve a cabo antes de las elecciones puesto que «si gana el PP nos dan por culo».

¿Cuántos millones queréis?. Un promotor desesperado ofrece distintas cantidades a los imputados para desbloquear su proyecto. «Qué queréis?, un millón, dos... lo que sea, que se firme inmediatamente, yo nunca voy a defraudar a Antonio (Barrientos). Me comprometí para lo que haga falta, pero darnos la licencia con cautela de la fianza». Hay numerosas llamadas de Flores y la licencia se concede.

ABC.ES

CONTRADICCIONES DE ROSELLÓ EN EL "CASO AGUAS DE CALPE"

Contradicciones de Roselló en el 'caso Aguas de Calpe'

ARTURO RUIZ - Dénia

Por el momento, los dos principales imputados en el caso Aguas de Calpe, el antiguo concejal de suministro y diputado provincial del PP Juan Roselló y su cuñado, Francisco Artacho, no han logrado convencer a la juez de su inocencia en un caso por el que el Ayuntamiento de Calp habría pagado 1,1 millones de euros por obras que en parte no se hicieron.

El alcalde deberá declarar por supuestas amenazas a los socialistas

En una providencia de finales de marzo, la magistrada rechazó una petición de sobreseimiento formulada por Roselló para que le retirara los presuntos delitos que se le imputan -prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos- con el argumento de que cuando en 2004 se adjudicaron las obras él "era un simple concejal más". Así, Roselló no solo obviaba que era miembro del consejo de administración de Aguas de Calpe -y por lo tanto responsable de supervisar los proyectos- sino que los trabajos se le adjudicaron a la empresa de su cuñado, Obras Hidráulicas de Levante, que hasta ese momento se dedicaba al reparto de propaganda. Según la investigación, el sobrecoste se habría urdido precisamente cuando la firma de Artacho subcontrató a su vez a la mercantil Montubo, que fue la que realizó los trabajos.

Pese al vínculo familiar que les une, Roselló y Artacho se han empeñado en decir que no sabían nada del presunto fraude, lo que les ha llevado, sin embargo, a incurrir en algunas contradicciones, como también ha subrayado durante esta semana un informe jurídico interno del PSPV. Así, ante la declaración del propietario de Montubo, Salvador Ibarra, también imputado en el caso, de que se enteró del suculento proyecto para renovar la red durante una reunión celebrada en una feria de Zaragoza en febrero de 2004 en la que Artacho le dijo "prepárate porque mi cuñado tiene una obra importante en Calp", Roselló aduce que para esa época la ejecución de las obras "era un hecho notorio". Sin embargo, el proyecto no fue aprobado en pleno hasta un mes más tarde, en marzo.

El concejal del PP utiliza otros argumentos para su defensa: asegura que el resultado de las obras de la red es excelente (aunque un informe de la universidad asevera en cambio que un 50% de las secciones de las obras se encuentran en estado crítico o son inadecuadas) y subraya que el sobrecoste de 1,1 millones detectado por la Comisión de Precios de la Generalitat no se refería al proyecto ejecutado sino a uno anterior. Y añade que Aguas de Calpe era libre para encargar las actuaciones a la empresa que deseara, obviando que al ser una firma participada por capital público debe estar sujetada a criterios de publicidad y transparencia.

También Artacho ha optado por la estrategia de negar la mayor, aduciendo que nada sabía de las obras adjudicadas por el departamento que dirigía su cuñado ni del funcionamiento de Obras Hidráulicas de Levante.

Y el alcalde de Calp, el nacionalista Ximo Tur, será llamado a declarar ante el juez por las supuestas amenazas sufridas por el PSPV tras denunciar el presunto fraude.

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UNA JUEZ IMPUTA POR FALSIFICACIÓN A CINCO FUNCIONARIOS DE BARCELONA

Los implicados están relacionados con el caso de corrupción del bar Store Café

JOSEP GARRIGA - Barcelona

El conocido como caso del bar Store Café, surgido por un presunto delito de soborno supuestamente cometido por dos militantes del Partido Popular, va extendiendo sus tentáculos entre los funcionarios del Distrito de Gràcia de Barcelona, donde se ubica el establecimento. Ahora la juez que instruye el caso -la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona- ha imputado a otros cinco funcionarios de las oficinas municipales por un delito de falsificación de documentos. En concreto, porque encargaron un informe topográfico presuntamente a dedo e iniciaron el expediente de contratación tres meses después de realizado el trabajo y sólo cuando la juez les exigió la documentación oficial. Si el alzado topográfico data de noviembre de 2008, el expediente municipal lleva fecha de 25 de febrero de 2009. E incluso la petición de presupuesto a la empresa que lo realizó es del 11 de febrero de este año.

La juez investiga también a dos militantes del PP por soborno

Los funcionarios ahora imputados son Rufino García, José Abascal y Ester García, del departamento técnico; Xavier Olivé, interventor de Gràcia, y Carmen Pérez-Abellán, administradora.

En el caso Store Café están implicadas también otras cuatro personas, dos de ellas son militantes del PP y otras dos trabajan en el distrito: la gerente, María del Carmen Fernández González, y el técnico Josep Serrano Jornet. Los populares son el concejal de Vallirana Antonio Penalba y el consejero del distrito, Alberto Belón, que dimitió al darse a conocer el caso. Ambos, presuntamente, reclamaron 6.000 euros a la propietaria del bar para agilizar los trámites de apertura. El Ayuntamiento, al final, no concedió el permiso porque alegó que no se respetaba la distancia legal de separación de 25 metros con otro establecimiento de las mismas características. El informe topográfico de marras constató que únicamente faltaban seis centímetros para cumplirse la legalidad.

La gerente del Distrito de Gràcia había concedido inicialmente la licencia porque, según consta en la documentación judicial, los técnicos municipales verificaron que la puerta del Store Café estaba a más de 25 metros de otro bar de la misma calle. Pero el propietario de este establecimiento recurrió la decisión y, por este motivo, la gerente acabó encargando un informe topográfico a una empresa independiente.El informe topográfico es de noviembre de 2008 y está realizado por la compañía Altiplà. Sus resultados fueron un tanto ambiguos, porque la medición perpendicular a la fachada supera los 25 metros, pero la perpendicular a la puerta del bar da 24,94 metros. El Ayuntamiento se acogió a la medición que más le convenía y, por seis centímetros, ordenó el precinto del Store Café. Pero el bar todavía permanece abierto porque su propietaria, Itziar Fernández, presentó una querella contra los militantes del PP y los funcionarios municipales.

En la querella, el juez reclamó al Ayuntamiento de Barcelona que proporcionara copia de la documentación por la cual encargó a Altiplà el informe topográfico. Una vez en sus manos, las fechas dejaron boquiabierto al abogado defensor y por eso solicitó la ampliación de la querella por falsedad a otros cinco funcionarios.

Y es que las fechas no cuadran se miren como se miren. El Distrito de Gràcia encargó oficialmente el topográfico tres meses después de estar redactado y cuando la juez le reclamó la documentación. Además, el expediente de contratación es posterior a la solicitud del presupuesto. A todo ello se suman, según fuentes consultadas por este periódico, otras dos irregularidades. Primera: el trabajo es de 2008; por tanto, se hubiera tenido que pagar dentro del mismo ejercicio contable, y no en marzo de 2009. Segunda: el Distrito de Gràcia abrió un expediente de contratación cuando no era necesario por la cuantía del trabajo: 1.334 euros.

ELPAÍS.COM

UNA RED DE CORRUPCIÓN A LA SOMBRA DEL PP

REPORTAJE: Los escándalos que salpican al PP

Correa hizo fortuna contratando con instituciones gobernadas por los populares

JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

Todas las consejerías del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre (previa imposición del que fue su consejero de Deportes y antes viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo) y más de la mitad de las del Ejecutivo valenciano de Francisco Camps; la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante el mandato de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia; Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), dependiente del Ministerio de Fomento, durante el mandato de Francisco Álvarez-Cascos; los ayuntamientos madrileños de Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte, Majadahonda y Arganda del Rey bajo gobiernos del PP; y las organizaciones del PP en Madrid y en la Comunidad Valenciana. Todos permitieron a la red empresarial corrupta de Francisco Correa hacer negocios millonarios con distintos tratos de favor.

El jefe de la trama encargó a un experto que moviera el dinero por todo el mundo

Los tentáculos de Correa, que hizo carrera en los negocios a la sombra de José María Aznar (al que organizó todos los eventos del PP en los que participaba durante su mandato), se extendieron por numerosas instituciones donde mandaban dirigentes populares y obtuvo contratos por varias decenas de millones de euros durante casi diez años. Hasta que las denuncias de José Luis Peñas, un antiguo amigo y colaborador, ex concejal del PP en Majadahonda que fue expulsado tras anunciar su rebeldía ante un concurso de suelo supuestamente amañado, acabaron con un imperio que había dispersado sus millonarios beneficios por Cádiz, Málaga, Madrid, Colombia, Miami o Panamá, además de abrir cuentas en distintos países para evitar el pago de impuestos al fisco español.

Correa contrató los servicios de un experto, Arturo Gianfranco Fasana, para que le moviera su capital por el mundo, por lo que le cobraba un 0,3% de la cartera anual. Fasana ha declarado ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Madrid, que conoció a Correa hace ocho años y que éste se mostró interesado en que le traspasara unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó que Correa era muy conservador a la hora de invertir el dinero de sus negocios en España: sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con un mínimo riesgo. Cuando llegó la crisis, Correa preguntó a Fassana dónde podía invertir tres o cuatro millones de euros y éste le recomendó el Banco Europeo de Inversiones. Fassana gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos pisos en Cartagena de Indias (Colombia).

Rutsfield, sociedad domiciliada en la isla de Man, también la creó Fasana para Correa. A través de ella se hicieron transacciones de dinero que acabaron en una promoción inmobiliaria en Majadahonda (Madrid), que investiga el juez, ya que en algún documento requisado a los asesores jurídicos de la red se han hallado apuntes que vinculan el dinero de esta sociedad con Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP.

El Supremo considera insuficientes de momento estos indicios para investigar a Bárcenas por blanqueo de capitales. La policía, según adelanto Interviú, mostró a Fasana extractos de cuentas hallados en cajas de seguridad que la trama tenía en un banco de la calle de Velázquez. Esos extractos hacían referencia a fondos en sociedades extranjeras que Fasana le había creado a Correa con hasta 15 millones de euros en su balance a febrero de 2007. Cuando Correa fue detenido y Fasana lo supo, ordenó el bloqueo de las cuentas en Suiza en las que él estaba como administrador mientras Correa y su socio Pablo Crespo figuraban como apoderados.

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CASCOS EMPUJA A BÁRCENAS A RESISTIR

Los escándalos que salpican al PP

Aconsejado por el ex secretario general, el tesorero aguanta la presión y Rajoy no se anima a echarlo

Merino presentó su dimisión pero no puede irse si Bárcenas sigue

CARLOS E. CUÉ - Valencia

La fama de hombre serio y tozudo, casi arrogante, que arrastra Luis Bárcenas le viene de la época en la que Alianza Popular era el hermano pobre de la derecha española, y aún no se había trasladado a la lujosa sede la calle de Génova, 13, inaugurada en 1983. Los poquísimos veteranos que trabajaron en la antigua sede de la calle de Silva, "de modestia más que franciscana", según Manuel Fraga, recuerdan que Bárcenas ya era entonces el hombre del no. "Esto no se puede hacer, es muy caro..." Era cuando todo se hacía por voluntarismo, cuando la posibilidad de llegar al poder era muy lejana, y Bárcenas -"un típico chico de derechas", según le definen varios veteranos (aún mantiene ese estilo en su forma de vestir y peinarse)-, licenciado en Empresariales por ICADE, ya estaba en el equipo de gestión de AP. El actual tesorero del PP ya era entonces un funcionario del partido, un economista eficaz, que nunca se preocupó de hacer política. Lo suyo eran los números y el dinero.

* Rajoy se reivindica a sí mismo y pide a los críticos que superen "viejas historias"
* Una red de corrupción a la sombra del PP

Crece la indignación en el PP por el tren de vida del gestor del dinero del partido

El nerviosismo aumenta, ya que la imputación puede demorarse semanas

Un gerente gestiona un presupuesto de más de 90 millones de euros anuales

"Es difícil no ceder a las tentaciones si no eres rico", lamenta un dirigente

Más tarde llegaría el escándalo a las finanzas del PP, el caso Naseiro: el entonces tesorero, Rosendo Naseiro, fue acusado de montar una red de financiación ilegal del partido. José María Aznar decidió dar entrada como nuevo tesorero a Álvaro Lapuerta, un hombre muy rico, no sólo por la fortuna de su esposa sino gracias a la exitosa venta del diario La Rioja. Aznar pensó que no tendría tentaciones. Lapuerta apostó por Bárcenas como gerente. "Es un chico estupendo que siempre estuvo conmigo. Yo tengo mucho más patrimonio que él", dijo esta semana. Lapuerta se ocupaba de buscar dinero y Bárcenas de cómo gastarlo. El tesorero no se relacionaba con la gente que trabajaba para el PP. De hecho, casi no tenía relación con Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta destapada por el caso Gürtel, mientras Bárcenas, poco a poco, se hizo amigo del máximo proveedor del partido.

Bárcenas contó con el apoyo de Francisco Álvarez-Cascos, el todopoderoso secretario general del PP en los años noventa, para entregar casi todos los contratos del PP a Correa. Ahora muchos en el partido lamentan que los populares hayan tenido al mismo equipo controlando el dinero durante 20 años. "Es difícil no ceder a las tentaciones si no eres rico, y Bárcenas no lo era. Y tienes tantos millones para gastar sin control...", afirma un dirigente.

Los partidos funcionan casi como una empresa privada. Para entender el dinero que ha podido manejar Bárcenas en estos años, baste un dato. En 2003, uno de los años en los que aparecen más supuestas entregas de dinero de la red de Correa al actual tesorero, el PP gestionó 93 millones de euros. Sólo en "servicios exteriores", los jugosos contratos por los que competía Correa, se gastó 66 millones de euros. En las elecciones generales de 2008 el PP gastó 15 millones. El Tribunal de Cuentas controla cómo se ingresó y se gastó, pero no a quién se entregaron los contratos o si eran realmente los mejores. Ahí la discrecionalidad es total. "Nadie controla eso. Los políticos confían en tesoreros y gerentes, no se ocupan del dinero, sólo quieren saber que las cosas van bien", sentencia un veterano. "Un partido es un caos económico. Mira lo del acto de Valencia: se cancela una semana, se convoca a la siguiente. ¿Alguien sabe lo que cuesta eso? Es imposible controlarlo", insiste.

Esa fama de tozudo de Bárcenas es ahora lo que más preocupa a los dirigentes del PP. En privado, nadie entiende por qué no dimite. Muchos echan la culpa a Mariano Rajoy. Creen que es él quien debe pedírselo, como hizo Esperanza Aguirre con los implicados de Madrid, que con pruebas muy similares a las que hay contra Bárcenas dimitieron mucho antes de ser imputados. Pero el líder no tiene ninguna intención de hacerlo, no es su estilo. Por eso en su entorno crece el nerviosismo. Si hay que esperar a que imputen a Bárcenas, señalan, pueden pasar muchas semanas.

La situación es aún más incomprensible porque el diputado Jesús Merino, el otro aforado encausado por el Supremo, está tan dispuesto a dimitir que ha presentado oficialmente su renuncia a Rajoy y a Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz parlamentaria, ya que es miembro de la dirección del grupo. No se la han aceptado, sobre todo, dicen en la dirección, porque no tendría sentido que Merino dimitiera y Bárcenas no.

El tesorero, que estos días apenas pasa por la sede porque anda en uno de sus frecuentes viajes, se resiste a la presión. Varios dirigentes atribuyen su resistencia al consejo de Álvarez-Cascos, su amigo, que ha reaparecido para ayudarle en estos momentos difíciles. Cascos fue siempre un gran defensor de la tesis de la resistencia y el contrataque, aplicada en los momentos más duros de la crisis del Prestige. Y, a quien quiere escucharle, Álvarez-Cascos insiste en la inocencia de Bárcenas, que ha cuadruplicado en cinco años su patrimonio, alega, porque tuvo buen ojo al comprar acciones de Endesa a ocho euros y venderlas a 40. Pero cada día que pasa, con cada noticia, crece el estupor y la indignación interna. Bárcenas no presumía de su tren de vida, y al descubrirlo muchos se han indignado. "Sabíamos que era un gran aficionado a la montaña, que se iba al Kilimanjaro con su amigo Luis Fraga [sobrino del fundador y también senador] pero nada más", cuentan.

El patrimonio inmobiliario del tesorero (en 2007 declaró 2,5 millones de euros), su sueldo (225.000 euros anuales como gerente) y su tren de vida han indignado a casi todos. Conocer el ritmo de vida del hombre del no le ha dejado casi sin apoyos internos. Todos se han descolocado al leer los detalles de un safari de superlujo de nueve días por Suráfrica y Zimbabue que, según los investigadores, le regaló Correa. Él admite el viaje e insiste en que lo pagó. Pero en el PP hay mucha gente molesta al pensar que el tesorero, funcionario del partido, hace viajes al alcance sólo de millonarios, con un coste mínimo de 15.000 euros por persona que se evaporan en una semana.

ELPAÍS.COM

EL PP LLEVARÁ A LA FISCALÍA LA CONCESIÓN IRREGULAR DE LA GRÚA

ALGECIRAS. El anterior concesionario denuncia irregularidades

El campo de fútbol junto al recinto ferial convertido en depósito de vehículos. | Francisco Ledesma

* El depósito de vehículos ocupa un campo de fútbol junto al recinto ferial

Alberto Espinosa | Algeciras

Prosigue la polémica en torno a la concesión del servicio de grúa municipal de Algeciras. El diputado nacional del PP y portavoz local de la formación, José Ignacio Landaluce, asegura que "estamos esperando un informe de los técnicos para llevar el caso a la Fiscalía", después de conocerse las denuncias por irregularidades en la adjudicación del servicio de la grúa municipal y el depósito de vehículos.

El empresario denunciante, que ha sido el concesionario de este servicio durante la última década y es también uno de los licitadores del concurso público, ha llevado el caso ante un juzgado de lo contencioso administrativo y acaba de pedir también ante el Ayuntamiento de Algeciras, gobernado por el PSOE, el rescate de la adjudicación por la "gravedad" de las irregularidades detectadas.

El portavoz del PP indicó que la denuncia de este empresario "es un paso más en un proceso nada claro" y se remontó al año 2008, cuando "denunciamos que llevaban 12 meses cobrándose de más a los ciudadanos", concretamente el canon aprobado en pleno era de 55 euros y, sin embargo, se abonaban 70 cada vez que algún conductor sufría la retirada de su coche de la vía pública.

En opinión del dirigente del PP, "es necesario aclarar lo ocurrido", y por eso "queremos llevar a la Fiscalía a esta empresa, a la anterior y a todo el que tenga que aclarar este asunto". Además, Landaluce pidió al resto de grupos que "lo hagan; si no es el alcalde [el socialista Tomás Herrera] el que toma este impulso, lo hará el PP. A nosotros nos importa la ciudadanía a la que se ha estado cobrando de más", dijo.

Landaluce admitió que aún no ha recibido el informe de los técnicos, aunque no está de acuerdo con las manifestaciones del responsable de la Policía Local, asesor de la mesa técnica, quien aseguró que el servicio se estaba prestando conforme al pliego de condiciones y que, si había alguna deficiencia, el adjudicatario tenía de plazo hasta septiembre para subsanarlo.

"Yo creo que no se ajusta la concesión al pliego de condiciones" porque "se nos ha dicho que la nave estaba en el polígono industrial Cortijo Real y allí hay una empresa de transportes", indicó.

Además, en la actualidad están usando un campo de fútbol público "y que se sepa no pagan canon". El PP se mostró dispuesto a llegar "hasta el final en este turbio asunto".

El Partido Andalucista, sin representación municipal, también ha expresado en reiteradas ocasiones sus dudas ante el proceso de adjudicación y la capacidad de gestión de la nueva adjudicataria. "Ni tienen recursos, ni personal cualificado para ello", alertaron.

El Ayuntamiento de Algeciras, gobernado por el PSOE e Izquierda Unida, recordó que fue la concejal de Seguridad Ciudadana, Cristina Garrido, la que denunció las presuntas irregularidades en el servicio de la grúa.

Respecto a la situación de la nueva empresa que está prestando este servicio, se remitieron al pliego de condiciones, a una situación puntual, en relación a la sede oficial, y al plazo de cuatro meses del que dispone el empresario para adecurse a las obligaciones del documento aprobado en pleno, con el voto en contra del PP.

Desde el pasado 15 de junio y durante toda esta semana de feria, el depósito municipal ha estado instalado en un campo de fútbol de albero junto a las atracciones. La Policía Local alega que se ha instalado allí por cuestiones de seguridad.

ELMUNDO.ES

PATRICIA ROJO FIRMÓ PRESUPUESTOS OPACOS DE URBANISMO EN ESTEPONA

'Caso Astapa'

Patricia Rojo en una imagen de archivo. | elmundo.es

* Rojo está imputada por prevaricación y cohecho

José Carlos Villanueva | Málaga

La ex coordinadora de Urbanismo del Ayuntamiento de Estepona, Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo, ocupa también un lugar destacado en el sumario del 'caso Astapa'.

Rojo, imputada por presuntos delitos de prevaricación y cohecho por parte de la ex instructora del caso, Isabel Conejo, firmó a finales de 2007 presupuestos de la Delegación de Urbanismo que le correspondía rubricar al entonces titular de dicha área, el edil Rafael Duarte, que se negó al detectar irregularidades.

La Policía refleja en uno de sus informes aportados al sumario que el contenido de unas conversaciones telefónicas mantenidas por el ex jefe de Gabiente de Alcaldía, José Flores –considerado por la jueza el «auténtico factotum del Ayuntamiento»– pondría de manifiesto cómo éste «pretende manipular a unos y a otros, con el objetivo, en este caso, de que alguien firme el correspondiente presupuesto», reza el documento.

Las discrepancias entre Flores y Duarte sobre las partidas presupuestarias surgen, tal y como se detecta en los pinchazos telefónicos, en diciembre de 2007. El que fuera vocal de Urbanismo con el PSOE durante el gobierno de la Gestora de Marbella entre abril de 2006 y junio de 2007 lamenta que nadie haya negociado con él las partidas presupuestarias.

Además

* Contratos a dedo para controlar el PSOE local
* Trato de favor a José Ramón de la Morena
* La financiación irregular de socialistas e independientes

ELMUNDO.ES

LA "OFERTA" DE FERRÉ: ACUSAR A MATAS DE DIRIGIR Y SUPERVISAR LA TRAMA

Caso Scala

El ex edil del PP ha negociado atribuir a una decisión personal del ex president la puesta en marcha del proyecto fraudulento 'Honey Moon'
Acusar a Flaquer de saberlo todo y a Matas de ordenar facturas 'infladas'
Ferré ha declarado ya y el contenido de su testimonio ha sido declarado secreto

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La nueva confesión pactada por el socio de Antònia Ordinas con la Fiscalía en el caso Scala ha estado precedida de una negociación encaminada a implicar directamente al ex president del Govern, tal y como reveló EL MUNDO/El Día de Baleares el pasado viernes.

Según han confirmado a este periódico fuentes del entorno más próximo al ex edil popular de Lloseta, imputado en la causa, ha negociado con los fiscales situar a Jaime Matas junto al ex conseller de Turismo Joan Flaquer como los responsables de la puesta en marcha, entre otros, del proyecto fraudulento bautizado como Honey Moon.

Una iniciativa que fue adjudicada desde el Ejecutivo balear a una de las empresas que conforman la red urdida por la ex gerente del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), Comarca Global Consulting, S.L., con objeto de cobrar comisiones millonarias que rondaban el 40% del importe total de las facturas pagadas con dinero público.

Pero también Ferré se ha mostrado dispuesto durante las últimas semanas y en el marco de las conversaciones encaminadas a rebajar su condena, a atribuirle la decisión de que el Ejecutivo balear participara en una feria turística en el extranjero que derivó en unos trabajos que, de nuevo, habrían recaído en las sociedades de Ordinas. Con respecto a este último proyecto señala que habrían sido infladas algunas facturas de importe menor a 100.000 euros con objeto de financiar determinados actos del PP. Unas prácticas de las que Ferré se ha mostrado en disposición de asegurar que el ex president balear conocía de primera mano. Cabe por comprobar ahora si todos estos elementos, abordados a lo largo de la negociación, según ha podido constatar este diario, se han plasmado definitivamente en su confesión ante la jueza.

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