miércoles, 2 de noviembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; LA POLICÍA ACREDITA PAGOS DE COMISIONES DE CORREA A AENA ENTRE 2000 Y 2002

Certifica con facturas el pago de servicios turísticos, obras de reforma en el domicilio particular del empresario o entregas de dinero en metálico

ep / madrid

Un informe policial que obra en manos del magistrado Antonio Pedreira ha acreditado el pago de comisiones por parte de las empresas de Francisco Correa a empleados de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) entre 2000 y 2002, periodo en el que la red "Gürtel" consiguió diversos contratos con el ente público por un importe total de 2,4 millones de euros, como el montaje de los Stand de AENA en las ferias de Fitur. Así consta en un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), con fecha del pasado 25 de octubre, al que tuvo acceso Europa Press.

En el escrito, se solicita la declaración en calidad de imputados del entonces director de Comunicación del ente, Ángel L.M., y de José María G., también vinculado al ente público. El documento recoge que durante el tiempo en que Ángel L.M. ostentaba el puesto de director de Comunicación de AENA se produjo "la entrada de las empresas de Correa como prestadoras de servicios de dicho organismo, siendo adjudicataria varias de sus empresas para diversos contratos".
Servicios turísticos

Conforme a la documentación analizada, incautada en los diversos registros practicados, la Policía certifica el pago de servicios turísticos, obras de reforma en domicilio particular o entregas de dinero en metálico a dos personas vinculadas al ente público, como son Ángel Luis L.M. y José María G. durante 2000 y 2002.

El informe policial incluye diversos justificantes de dichas prestaciones consistentes en distintas facturas, documentos y archivos electrónicos en los que se acredita la realización de los mismos. El texto especifica que estos favores se realizaban a personas "con capacidad para participar en la concesión de contratos y autorizar el pago de las distintas facturas generadas en dicho organismo público". Ello, según el informe, les "generaba un provecho directo que respondería a contraprestaciones por el favorecimiento a las empresas de Correa". De este modo, relata que en determinados proyectos "se podrían haber ejecutado actos para que las empresas adjudicatarias de los contratos sean las sociedades de Francisco Correa".

"Dichas actuaciones se realizarían en la etapa de elaboración de los pliegos de condiciones técnicas y económicas, donde se establece un sesgo que permite establecer más baremos a las cuestiones subjetivas dentro de los elementos a valorar de las distintas ofertas, ya sea modificar las ponderaciones de la valoración económica de las mismas 'ad hoc' de la oferta patrocinada", recalca la UDEF. Añade que la organización de Correa, a través de sus empresas, durante el periodo comprendido entre 2000 y 2002 "consiguió diversos contratos del ente público por un importe total de 2.411.752, 31 euros,c omo en el caso de los montajes del stand de AENA en las ferias de Fitur DE 2001 y 2002".

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CORREA PAGÓ COMISIONES A AENA CUANDO CASCOS ERA MINISTRO DE FOMENTO

La policía ha descubierto que dos trabajadores de este organismo público percibieron 85.000 euros, en forma de viajes, en efectivo y a través del pago de obras particulares

Redacción Estrella Digital,

La rama política de la 'trama Gürtel' podría no estar solo confeccionada con nombres locales o regionales. Según publica este miércoles el diario El País los tentáculos de Francisco Correa llegaron hasta el Gobierno. Tal y como relata la cabecera de Prisa, los hechos se sucedieron entre 2000 y 2002, cuando Francisco Álvarez Cascos, hoy presidente de Asturias, era responsable de Fomento. Por aquel entonces, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) adjudicó a las empresas de la red contratos por un valor de 2,4 millones de euros. "Según la documentación intervenida en los registros de las sociedades del líder de la trama dos trabajadores de este organismo público percibieron comisiones, en forma de viajes, en efectivo y a través del pago de obras particulares por un valor de más de 85.000 euros", explica la periodista María Fabra en el diario.

La relación del exministro con Correa no era ningún secreto. De hecho, fue el propio líder de la trama quien, en su declaración ante el juez Baltasar Garzón, en 2009, admitió su relación con Cascos y su trabajo para Aena. “Una de las cuentas que teníamos entonces era de AENA [organismo dependiente del Ministerio de Fomento], porque Paco Cascos, con el que yo tenía una cierta relación, me dio la cuenta de AENA y era una prenda muy importante porque se hacía Fitur -Feria Internacional de Turismo- y se hacían un montón de eventos”, dijo Correa ante el juez.

Lo que sí parecía ser un secreto eran las comisiones que este miércoles relata El País. El informe elaborado por la policía sostiene que uno de los receptores de las comisiones, el director de Comunicación del ente, Ángel López de la Mota, participó en la elaboración de los pliegos de prescripciones técnicas por las que se rigió la contratación de las empresas de Correa para la realización de los expositores de Aena en la feria de Fitur de 2001 y 2002. E indica que las comisiones a trabajadores de una empresa pública con capacidad para participar en la concesión de contratos y para autorizar el pago de las distintas facturas les “genera a estos un provecho directo y responderían a contraprestaciones, por el favorecimiento de los mismos a las empresas”.

estrelladigital.es

"OPERACIÓN ARENA"; EL EMPRESARIO DUARTE PREVEÍA REPARTIR DOS MILLONES DE LA XUNTA CON ESCRIBANO

Escribano, el pasado marzo en un acto de Nuevas Generaciones. / G. T.
“Le ofrecí el oro y el moro para ver si soluciona rápido”, recogen las escuchas

José Precedo 
Santiago de Compostela.

Los teléfonos del empresario Fermín Duarte y del exdiputado en el Parlamento gallego Javier Escribano echaban humo durante los meses de mayo, junio y julio para solaz de la policía que los tenía pinchados para investigarlos. Esas horas de conversaciones destaparon los manejos del empresario y el diputado que este verano estaban ansiosos por contactar con los conselleiros de Medio Ambiente, Agustín Hernández y de Industria, Javier Guerra.

La policía sospecha que su plan pasaba por amenazar a la Xunta de Galicia con denunciarla ante la Unión Europea por impedirle vender su zahorra, amparándose en un certificado de Holanda.

En una de las llamadas, del 27 de junio, el industrial cuenta a un familiar cercano que pretende recibir “dos milloncejos” de euros de la Administración y que Escribano le está ayudando en las gestiones. “Le he ofrecido el oro y el moro para ver si soluciona rápido”, cuenta el empresario, quien se muestra satisfecho con la ayuda del entonces parlamentario del PP. En la charla que fue interceptada por la policía, el industrial dice de él mismo: “Dos milloncejos para Fermín y Fermín desaparece”. Y aclara que una parte de ese dinero es para el diputado popular.

Estas frases hacen concluir a la Brigada de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía que ambos pactaron comisiones ilegales a cambio de las influencias de Escribano en el Gobierno gallego. Este intenta contactar con Hernández y con el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahoces, al que llega a enviar una carta a través de la Cámara de Comercio de Ferrol. El departamento de Guerra recibió en octubre de 2010 una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos contra Manmer, la firma de Duarte. Oficialmente sigue tramitando el expediente desde la subdirección general de Administración Industrial. La policía ha constatado que su responsable recibió a Duarte el pasado mes de agosto.
 
"A ver si hay suerte"
En su propósito de influir en las Consellerías de Medio Ambiente e Industria del Gobierno gallego siempre a favor de la empresa Manmer SL, el entonces diputado del PP, Javier Escribano y el gerente de la firma, Fermín Duarte, tocaron tocas las teclas que tenían a mano. Así consta en el sumario de la Operación Arena que motivó la imputación del dirigente popular por parte del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia que le acusa de cohecho y tráfico de influencias.

Para que la sala del tribunal llegase a esa conclusión fue fundamental el trabajo de la Brigada especializada en delitos económicos del Cuerpo Nacional de Policía. Tras intervenir el teléfono del industrial los agentes constataron la intensa relación entre ambos. Así lo constata el tráfico de llamadas de Duarte a Escribano y viceversa durante los meses de mayo, junio y julio. Los pinchazos telefónicos dejan entrever la desesperación de ambos por reunirse con los conselleiros de Medio Ambiente, Agustín Hernández, el departamento responsable de autorizar el uso de la zahorra de Manmer —importada de Holanda con residuos potencialmente contaminante— en obras, y el de Industria, Javier Guerra, que desde hace un año mantiene un expediente abierto contra la empresa de Duarte, tras otra denuncia de la Asociación Gallega de Áridos.

Duarte logró una reunión con un cargo de Industria sobre Manmer

Político y empresario utilizaron sus contactos en la Cámara de Comercio de Ferrol para solicitar una entrevista con el director general de Industria, Ángel Bernardo Tahonces, y llegaron a enviar desde esta institución un escrito a la Consellería. En una de las conversaciones intervenidas, del pasado 18 de julio, Escribano llama a Duarte y le advierte que ha remitido la carta desde la Cámara de Comercio de Ferrol a la atención de Tahoces. El empresario le contesta que durante la última semana de julio va a ver a los dos conselleiros [Hernández y Tahoces, aunque matiza: “Igual es preferible que vaya por procedimiento reglamentario, primero el director general [Tahoces] que es un tío con un par de huevos y manda más que el conselleiro”.

En ese diálogo, Escribano se lamenta de que ambos sigan sin tener noticias del director general de Avaliación e Calidade Ambiental del departamento de Medio Ambiente, Justo de Benito. Y propone pasar a la acción con Tahoces. “Yo a estas alturas ya no andaría con contemplaciones, si le metes ya el misil, se lo metes y punto, porque yo sigo esperando a que me llame Justo, ¿porque a ti tampoco te ha llamado, no?”. En esas conversaciones, el diputado del PP presume de formar parte de la Comisión de Industria, Energía, Comercio y Turismo y asegura que va a aprovechar una comparecencia de Guerra para abordarlo y tratar el tema de la empresa.

La policía ha constatado que las gestiones de Escribano y Duarte dieron sus frutos puesto que el empresario logró tener una reunión a mediados de agosto con un cargo del equipo de Tahoces, el subdirector general de Administración Industrial, Tomás Nogueira.

La consellería de Industria aseguró el martes a este periódico que no tiene constancia de que Escribano se dirigiera a su departamento, ni a través del titular, Javier Guerra, ni al director general Ángel Bernardo Tahoces. Admitió sin embargo que el expediente abierto a Manmer a raíz de una denuncia de la Asociación Gallega de Áridos en octubre de 2010 continúa un año después en fase de tramitación, precisamente en el departamento que dirige Tomás Nogueira.

El exparlamentario dice que se interesó por “un problema de una persona”

Los investigadores relacionan esa sucesión de llamadas con una conversación anterior de Duarte con un familiar suyo, el 27 de junio, en la que le cuenta una reunión que ha mantenido con Escribano. Aluden a un plan que habían trazado entre ambos para exigir una indemnización a la Xunta por impedirle vender los residuos, que según Manmer están homologados en Holanda. De lo contario, amenazarían con denunciar la prohibición ante las autoridades comunitarias. Su idea es pedir dos millones de euros a la Xunta, de los que una parte, según los investigadores, serían para Escribano. “Dos milloncejos para Fermín y Fermín desaparece”, cuenta Duarte a su familiar. Cuando se le pregunta qué pasa con Escribano, responde que “una parte se la lleva él”. En otra parte de la conversación, el empresario sostiene que Escribano se está portando bien y añade: “A ver si hay suerte, yo le he ofrecido el oro y el moro por si soluciona rápido”. Estas frases hacen concluir a los agentes que el diputado y el empresario han pactado comisiones ilegales a cambio de que el político del PP tirase de sus contactos en el Gobierno gallego para favorecer a la empresa de materiales de construcción.

En una entrevista publicada ayer en La Voz de Galicia, Escribano no negó que hubiera realizado gestiones a favor del industrial eumés. “Lo que hice fue interesarme por un problema de una persona que se dirigió a mí para exponerme su situación y lo hice como lo he hecho a lo largo de dos años que llevo como diputado con decenas de colectivos y personas...”.

La policía sospecha que en septiembre Escribano recibió un soplo de que se le estaba investigando, lo que frustró el avance de sus investigaciones. En una conversación grabada, el exdiputado contó a una amiga que el alcalde de A Coruña y presidente provincial del PP, Carlos Negreira, le había advertido de que tenía el teléfono pinchado. A partir de ese momento su actitud cambió y dejó de hablar por el móvil.
 
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elpaís.com

IMPUTAN POR PREVARICACIÓN AL ALCALDE DE ALARÓ Y ALTO CARGO DE LA COSELLERÍA DE AGRICULTURA

Por favorecer a un constructor

El juez admite a trámite una querella contra el primer edil, Joan Simonet, el exalcalde Miguel Deyá, el aparejador municipal y un constructor

Europa Press | Palma

El alcalde de Alaró, Joan Simonet, actual alto cargo de la Conselleria de Agricultura -es el director gerente del Fondo de Garantía Agraria y Pesquera de Baleares (Fogaiba)- y quien también estuvo al frente de la empresa pública Servicios de Mejora Agraria (Semilla) en el anterior Govern de Jaume Matas, ha sido imputado por un presunto delito de prevaricación al favorecer, junto a otros responsables municipales, a un constructor que, tras solicitar licencia de obras para demoler y erigir una edificación, acabó invadiendo suelo público sin que fuera sancionado por ello.

Es más, en contra de lo establecido en el ordenamiento jurídico, desde el Consistorio de Alaró se cambió el uso del terreno ocupado para dárselo al constructor sin ni tan siquiera modificar, como exige la ley, el planeamiento urbanístico de la localidad mallorquina, tal y como consta en la querella recientemente interpuesta por un empresario y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Inca.

En concreto, la querella se dirige contra Simonet -concejal de Obras cuando sucedieron los hechos-, el entonces alcalde Miguel Deyà (PSIB), el aparejador municipal Joan Josep Torrens y el constructor y contratista Mateo Pizà, quien presuntamente resultó beneficiado "de un incumplimiento flagrante y persistente amparado por el comportamiento de los responsables y técnicos municipales", según el escrito.

El querellante, asistido por el letrado Fernando Mateas, denuncia que, iniciadas las obras en 2002, el aparejador municipal detectó que las alineaciones de los muros se excedían e invadían la calle, lo que provocó la paralización de la obra, si bien "sorprendentemente" y tan sólo tres días después volvió a emitir, por orden de Simonet, un nuevo informe en el que indicaba que el error había sido enmendado, según relata el escrito del letrado. De esta forma, la paralización decretada quedaba finalmente sin efecto.

Sin embargo, a juicio del empresario, "deviene palmario que nos encontramos ante una clara simulación, pues el expediente se resuelve en tres días, agilidad que repugna con el normal proceder de la Administración", lo que además "de nada sirvió" pues las alineaciones mantenidas continuaban incumpliendo lo establecido en la licencia concedida, invadiendo de esta forma el espacio público. La querella añade además cómo el segundo informe de tres días posteriores a la paralización carecía de membrete del Ayuntamiento de Alaró o de fecha de entrada, lo que aún ponía más en duda su veracidad.

Así las cosas, el querellante decidió en junio de 2005 denunciar los hechos al constatar que la obra había supuesto una invasión de vial público, lo que conllevó un nuevo informe del aparejador municipal Josep Torrens en el que, a pesar de su anterior informe, concluía que efectivamente se había producido una invasión total de 11,70 metros cuadrados de terreno de titularidad municipal. Y una vez conocido ese informe, el constructor Pizà solicitó la modificación del proyecto básico y de ejecución, lo que le fue concedido en el mismo pleno en el que "de forma grosera y arbitraria" se aprobó la desafectación -cambio de uso- del terreno "injustamente invadido y apropiado" por el constructor querellado.
 
Desafectación para 'favorecer los intereses del constructor'
La querella precisa, sin embargo, que cuando se trata de suelo cuyo uso tiene un destino urbanístico contemplado en el planeamiento "no es posible que a través de la desafectación se pueda cambiar el destino de ese suelo como ha pretendido el Ayuntamiento a fin de favorecer únicamente los intereses del constructor". Al respecto, la querella abunda en que "no puede un bien con destino urbanístico asignado tener una naturaleza distinta al que el planeamiento le reconoce y atribuye".

Una actuación que, a juicio del empresario querellante, "viene reforzada por la agilidad de la corporación a la hora de levantar la suspensión de las obras", "la pasividad después a la hora de controlar la ejecución" de los trabajos y la aparición del informe "supuestamente emitido por el aparejador, confeccionado a instancia y por orden del hoy alcalde, y que aflora en el expediente casi tres años después de su emisión" -cabe indicar que fue presentado por el constructor querellado una vez interpuesta la denuncia del año 2005-.


elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; BLANCO, ACORRALADO: LAS CONVERSACIONES CON SU PRIMO FUERON "PINCHADAS" POR LA JUEZA

El vicesecretario general del PSOE y ministro de Fomento, José Blanco. (Efe)
BRAN LLAMÓ AL MINISTRO ANTES DE LA CITA EN LA GASOLINERA

José L. Lobo - Sígueme en  Twitter 
 
Manuel Bran, primo político de José Blanco, hizo una llamada desde su móvil al ministro de Fomento el pasado 5 de febrero para comunicarle que estaba reunido con el empresario Jorge Dorribo en la gasolinera Galp de Guitiriz (Lugo). Poco después, el portavoz del Gobierno y número dos del PSOE llegó a la estación de servicio y recogió en su vehículo oficial al industrial gallego. La juez Estela San José, que tiene en el punto de mira a Blanco, conoció ese y otros detalles no sólo por el testimonio de Dorribo, principal imputado en la Operación Campeón contra el fraude en la concesión de ayudas públicas en Galicia, sino también a través de las conversaciones telefónicas intervenidas a Bran, que ella mismo ordenó.

Fuentes cercanas a la investigación que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo han asegurado a El Confidencial que San José decidió pinchar el móvil de Bran tras descubrir que éste y Dorribo -que también tenía el teléfono intervenido- mantuvieron varias conversaciones en las que el primo de Blanco se ofreció al empresario como conseguidor de ayudas para su laboratorio farmacéutico, que se encontraba al borde de la bancarrota. Ante la insistencia de Dorribo, Bran se comprometió a ponerle en contacto con el ministro de Fomento a cambio de contratos para su propia empresa, Electricidad Espiñeira y Bran, que también atravesaba dificultades económicas.

Gracias a la intervención del móvil de Bran, San José pudo conocer las gestiones que éste hizo ante Blanco en favor de Dorribo mucho antes de que el empresario farmacéutico le contara a la juez todos los detalles, el pasado mes de agosto, y saliera de la cárcel en libertad provisional. Los dos primos, según las fuentes consultadas, jamás hablaron por teléfono de la mordida que Dorribo estaba dispuesto a pagar a cambio del rescate de su laboratorio, pero sí dejaron al descubierto en sus conversaciones serios indicios del presunto tráfico de influencias cometido por el actual portavoz del Gobierno.

Llamada registrada
La llamada que Bran hizo al ministro de Fomento el pasado 5 de febrero para advertirle de su llegada a la gasolinera de Guitiriz quedó registrada y consta en el sumario que instruye San José, que permanece secreto. Y seis meses más tarde, en agosto de este año, Dorribo declaró a la juez que en ese encuentro clandestino en la estación de servicio había pagado 200.000 euros en metálico a Blanco, a través de su primo, y más tarde otros 200.000 euros a éste mediante contratos inflados para su empresa, Electricidad Espiñeira y Bran.

Según reveló el pasado lunes el diario El Mundo, Bran se reunió con Dorribo en la gasolinera y éste le entregó los 200.000 euros en efectivo, tal y como ambos, con el conocimiento de Blanco, habían pactado previamente. Media hora más tarde, el ministro de Fomento llegó a la estación de servicio y recogió al empresario en su vehículo oficial, momento que Dorribo aprovechó para pedir a su interlocutor que intercediera ante los ministerios de Economía y Sanidad para salvar su negocio farmacéutico.

Blanco ha negado hasta ahora todas las acusaciones, incluida la del presunto soborno que le pagó Dorribo. Pero la situación del ministro de Fomento es cada vez más comprometida políticamente. El número dos del PSOE, que encabeza la candidatura socialista por Lugo para el 20-N, está maniobrando a la desesperada en las últimas semanas para evitar que la juez eleve el caso al Tribunal Supremo -dada su condición de aforado- antes de la cita electoral. El fiscal, Javier Rey -amigo de Blanco y del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido- ha pedido a San José que antes de dar ese paso ordene nuevas pruebas, pero ésta parece dispuesta a trasladar cuanto antes al alto tribunal la parte del sumario que afecta al portavoz del Gobierno.     


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