martes, 13 de abril de 2010

"CASO GÜRTEL"; ANTICORRUPCIÓN PIDE LA LIBERTAD PROVISIONAL DE CRESPO BAJO FIANZA DE 1,2 MILLONES DE EUROS

Estudia Derecho desde la cárcel

Pablo Crespo, a su llegada al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. | O. Monzón

* Los primeros meses tras la detención, compartía celda con Francisco Correa
* La relación entre ellos era muy tensa porque acababa de destaparse el caso
* Desde que empezó Derecho fue trasladado del módulo 9 de Soto del Real
* Correa tiene claustrofobia y ha pedido su libertad para atender a su familia

Europa Press | ELMUNDO.es | Madrid

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, que deje en libertad provisional al ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, bajo una fianza de 1,2 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

Por ahora, Correa, Crespo y Antoine Sánchez son los únicos de los 71 imputados que permanecen en prisión preventiva. Al primo y asesor de Correa se le impuso una fianza de 600.000 euros para eludir la prisión, pero al tener bloqueadas sus cuentas no ha podido hasta el momento abonar esta cuantía.

Correa y Crespo se enfrentan sólo por el delito fiscal al pago de una fianza de 85 millones de euros por defraudar 18 millones de euros en concepto de lo evadido en su IRPF, desviando los beneficios de sus operaciones a paraísos fiscales.

Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que estalló la operación 'Gürtel', las cuentas bancarias, los depósitos y valores de los principales imputados se encuentran bloqueados por orden judicial.

La vida de Correa y Crespo en la cárcel

Asimismo, desde hace unos meses, Instituciones Penitenciarias decidió separar al cerebro de la trama de corrupción del 'caso Gürtel', Francisco Correa, y al ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo, de la celda del módulo 9 de la prisión de Soto del Real que compartían desde que ingresaron en la cárcel como presos preventivos con motivo de los estudios de Derecho iniciados por Crespo, informaron fuentes jurídicas.

Los problemas de salud de Correa, que padece claustrofobia, recomendaron que ambos presos compartieran celda durante los primeros meses, a pesar de la tensa relación que mantenían entonces tras estallar el escándalo que les situaba como los cabecillas de la organización corrupta vinculada al PP.

Durante ese tiempo, la defensa de Correa solicitó en repetidas ocasiones la puesta en libertad de su cliente para que saliera libre bajo fianza por sus problemas de salud y para ocuparse de su padre y su hermano que sufre una minusvalía. En todas las ocasiones, el juez Antonio Pedreira denegó su salida por el alto riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas.

El cerebro de la red corrupta y su 'segundo' se encuentran encarcelados en la prisión de Soto del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico de influencias.

Al jefe de la 'red Gürtel' se le acusa de dirigir un grupo organizado de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la publicidad, organización de eventos o diseño de campañas promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones públicas.

Derecho por la UNED

En los meses en los que compartieron celda, la Policía halló en uno de los registros practicados que ocultaban los contactos telefónicos de varias personas con antecedentes penales, entre ellos un empresario dedicado al alquiler de helicópteros contra el que consta una Orden Europa de Detención, según desvela el sumario del caso.

Según indicaron las mismas fuentes, Instituciones Penitenciarias decidió separar hace unos meses a los internos de la celda que compartían con motivo de los estudios iniciados por Crespo para sacarse la carrera de Derecho por la UNED, institución que mantiene convenios con la Administración Penitenciaría para ofrecer la posibilidad a los presos de formarse dentro de la prisión.

Mientras que Crespo pasa las horas dedicadas a estos estudios, Correa trata de superar los problemas de salud que le mantienen bajo un estado de depresión desde que entró en prisión por la claustrofobia que padece.

Un histórico de la era Cuiña

Pablo Crespo Sabarís es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia y hombre de confianza de Pío Cabanillas. A mediados de los años 80 ingresó en el PP y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Organización de este partido con Xosé Cuiña, de quien fue su mano derecha, además de ser presidente del PP en Vilagarcía.

Tras conocerse su detención, el PPdeG emitió un comunicado en el que aclaró que Pablo Crespo "no tiene nada que ver con el PP de Galicia actual", puesto que dejó de ser secretario de Organización en 1999 y en la actualidad "no está afiliado al partido".

En las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el puesto cinco de la candidatura del PP por Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó la Cámara gallega en julio del año siguiente.

Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal del Consejo de Administración de Puertos de Galicia en representación de la Consellería de Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y permaneció en ese puesto hasta su cese en diciembre de 2005, ya con el bipartito en la Xunta.

Bajo la presidencia de Crespo Sabarís, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros.

elmundo.es

"OPERACIÓN BOMSAI"; LA POLICÍA DETIENE AL EX DIRECTOR GENERAL DE TRIBUTOS DEL GOVERN DE JAUME MATAS

ANTICORRUPCIÓN
Han registrado su despacho

Jorge Sainz de Baranda en una foto de archivo. | Alberto Vera

* El ex director de CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, también ha sido arrestado

Esteban Urreiztieta | Palma

La Policía Nacional ha detenido a Jorge Sainz de Baranda, ex director general de tributos durante el Govern de Matas y actual miembro de la ejecutiva del PP de José Ramón Bauzà, actual líder del partido en las Islas. Se trata de una nueva operación de la fiscalía Anticorrupción, llamada 'Bonsai', en la que se investiga su participación en el presunto desvío de fondos procedentes de la empresa pública CAIB Patrimonio.

Los agentes han registrado su despacho, donde se han incautado de documentación. No se descartan nuevas detenciones, según fuentes de la investigación policial.

El segundo detenido dentro de esta nueva es el ex director de la empresa pública CAIB Patrimoni, Jaume Vidal, presuntamente implicado en este caso que investiga el supuesto desvío de caudales públicos a través de esta compañía.

Administrador concursal de Drac
Sainz de Baranda fue nombrado en un auto judicial, emitido en julio de 2008 por el juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, administrador del concurso de acreedores del Grupo Drac, presidido por Vicente Grande, quien acumuló un pasivo de 600 millones de euros, a consecuencia de los efectos de la crisis inmobiliaria que afecta al mercado.

El procurador Sainz de Baranda se encarga desde entonces de esta labor, junto al economista Salvador Fornés y Raimundo Zaforteza Fortuny, después de que el Juzgado de lo mercantil número 1 de Palma declarase el concurso de acreedores del Grupo Drac, tras la decisión del grupo empresarial presidido por Vicente Grande de presentar dicho concurso en el juzgado de forma voluntaria el 16 de junio de 2008, informa Europa Press.

Concretamente, las empresas del Grupo Drac que se vieron afectadas por la declaración del concurso voluntario de acreedores, fueron catorce en total. Éstas son Binisaeta, Binipuntrió, Drachotels, Binobona, Dracplus, Plus Aragón, Pinianova, Brivalta, Autorecambios Hilario, Bini María, Novadenia, Promomedi, Promotora Polígono Santa María, Joyería Colon.

De acuerdo con la Ley Concursal, Vicente Grande conservará sus facultades de administración sobre su patrimonio, aunque el ejercicio de éstas "quedará sometido a la intervención de los administradores concursales", entre ellos Sainz de Baranda, quien también es adjunto a la presidencia del PP balear dentro del comité de dirección de esta formación, presidida por José Ramón Bauzá.

Asimismo, en conformidad con el Auto, firmado por el juez decano Francisco Martínez Espinosa, Grande y los representantes de las "sociedades deudoras" deberán comparecer ante el Juzgado y la administración concursal siempre que les sea requerido, "debiendo colaborar e informar en todo lo necesario".

El pasado mes de junio de 2008 Vicente Grande, representado por el procurador Alejandro Silvestre, presentó un concurso voluntario de acreedores al acumular un pasivo de 600 millones de euros, y en ese momento aseguró que el Real Mallorca quedaba "totalmente al margen de esta operación".

La fiscalía solicitó documentación a Economía
Por otra parte, fuentes de la Conselleria de Economía informaron de que en los últimos meses, la Fiscalía Anticorrupción ha requerido a este departamento diversa documentación, en relación a la gestión realizada en la pasada legislatura del Govern de Matas en la que Sainz de Baranda era el director general de Tributos.

De este modo, informaron de que la investigación abierta por la Fiscalía entorno a un nuevo supuesto caso de corrupción en Baleares, en el que se podría haber desviado fondos públicos de la empresa pública CAIB Patrimonio no parte de una denuncia de la Conselleria de Economía, sino que ésta se ha limitado a colaborar aportando toda la documentación que se le ha requerido.

Concretamente, la empresa CAIB Patrimonio, que depende de la Conselleria de Economía y que se fusionará en las próximas semanas con el Instituto Balear de la Vivienda (IBAVI), se encarga de la adquisición, la venta, la explotación, el alquiler y la cesión del uso de terrenos y otros bienes inmuebles, así como de la construcción y la promoción de edificios y otros inmuebles del Govern.

Además
* Baleares: corrupción y playa

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"CASO MINUTAS"; DEL NIDO: "YO NO ACTUABA EN CONNIVENCIA CON JULIÁN MUÑOZ; EL QUE MANDABA ERA JESÚS GIL"

Aún no ha concluido su declaración

Del Nido durante su declaración. | Efe

Marta S. Esparza | José Carlos Villanueva | Málaga

El abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, ha comenzado este lunes a prestar declaración como acusado en el caso Minutas, cuyo juicio se celebra desde la semana pasada en la Ciudad de la Justicia de Málaga. Del Nido, que fue interrumpido en numerosas ocasiones por el presidente del tribunal por su forma de responder a las preguntas del fiscal, rechazó que actuara en el cobro de sus honorarios "en connivencia con Julián Muñoz", subrayando que en el Ayuntamiento de Marbella "el que mandaba era Jesús Gil".

"Me piden 13 años de cárcel, que para mí es toda una vida", ha señalado Del Nido, que ha respondido con vehemencia y brusquedad a las preguntas del fiscal. El letrado ha negado ser el autor de los hechos que se le imputan, y rechazó que Gil le contratase en febrero de 1999 para sustituir al jefe de la asesoría jurídica del Ayuntamiento de Marbella, y abogado de confianza de Jesús Gil, José Luis Sierra, aunque refirió que cuando Gil le contrató "había discutido con Sierra y me pidió que le asesorara".

"Yo ya había sido abogado de ocho o diez ayuntamientos y estaba acostumbrado a bregar con pleitos administrativos", refirió Del Nido para justificar su contratación, recordando que en la misma época que él entró "el abogado de confianza de Gil era Horacio Oliva", y en el Ayuntamiento de Marbella trabajaban otros conocidos letrados, entre los que citó algunos. "Yo sólo era abogado externo para pleitos concretos", dijo.

Del Nido ha declarado que fue contratado individualmente por Gil para todo tipo de procedimientos, a sabiendas de que era responsable de un despacho con una decena de colaboradores en Sevilla, con lo que justificó la actuación judicial de algunos miembros de su despacho en pleitos relacionados con representantes del Ayuntamiento marbellí y el pago de minutas a familiares de Del Nido.

"Gil me dijo que me iban a dar una serie de asuntos. Yo cobro con arreglo a las normas profesionales del Colegio de Abogados de Málaga o Madrid, según el lugar donde desempeñe el asunto. Eso está reconocido en la Ley", ha aseverado Del Nido en respuesta a las preguntas del fiscal sobre los criterios con los que fijaron sus honorarios. El presidente del Sevilla, que continuará mañana con su declaración, dijo haber conocido los informes con reparos del interventor municipal con ocasión de este procedimiento judicial contra él.

Del Nido ha insistido en que "no era necesaria la realización de expedientes de contratación", cuando comenzó a desempeñar su cargo como letrado municipal a partir de 1999 y hasta 2003. El presidente del Sevilla puso como ejemplo el que durante gobiernos municipales anteriores al del GIL "entre 1978 y 1991" hubo abogados como "el señor Tastet que representó al Ayuntamiento de Marbella en más de cien procedimientos, sin expediente de contratación, pero con un decreto".

De igual modo se ha referido a "una docena de abogados" contratados entre 1999 y 2003 por el Consistorio marbellí "sin expediente de contratación alguno".

Paralelamente, el conocido letrado sevillano ha asegurado que, actualmente, representa a otros ayuntamientos como "el de Sevilla o el de Burguillos", donde sostiene que actúa "sin expediente de contratación". Este hecho ha sido puesto en entredicho por el fiscal, Francisco Jiménez Villarejo: "Lo pongo en duda en el caso del Ayuntamiento de Sevilla", ha dicho.

En otro orden de cosas, Del Nido ha hecho constar un certificado del actual secretario municipal del Consistorio marbellí, Antonio Rueda Carmona, en el que dicho fedatario sostiene que "no aparece ninguna denominación de asesoría jurídica, como espacio físico, en el Ayuntamiento de Marbella", siempre según la versión del acusado. Con dicha excusa el ex asesor jurídico municipal pretende desvincularse de cualquier responsabilidad o directriz en el citado organismo.

El Ministerio Público ha preguntado también al letrado si éste conocía que pudo vulnerar la Ley de Contratos del Estado, lo que Del Nido ha negado, esgrimiendo ejemplos de contrataciones de abogados anteriores a la suya.

Además
* El fiscal impugna las pruebas de José María del Nido

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EL FISCAL SE QUERELLA CONTRA EL ALCALDE DE LOS MOLARES POR PREVARICACIÓN

URBANISMO | Dio una licencia sabiendo que era ilegal

Europa Press | Sevilla

La Fiscalía de Urbanismo, Medio Ambiente y Patrimonio Histórico ha formulado ante los juzgados de Utrera una querella contra cuatro personas, entre las que figura el alcalde de Los Molares (Sevilla), José María Moreno (IU-CA), por posibles delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación en torno a la construcción de una vivienda en "suelo no urbanizable común" y la concesión de la preceptiva licencia de obras cuando la edificación estaba culminada y en contra del informe del arquitecto municipal.

Según la querella, los hechos se remontan a un momento "indeterminado", cuando una ciudadana identificada como Josefa M.U. construyó una vivienda de 200 metros cuadrados, con un porche de 40 metros cuadrados y una piscina de 60 metros cuadrados, en una parcela de 2.574 metros cuadrados clasificada como "suelo no urbanizable común". La vivienda, sin embargo, gozaba de suministro de agua y electricidad.

Según figura en la querella, esta vecina, junto a Mercedes V.M. y Enrique C.J. como "co promotores" de la obra, "estaban ejecutando" la construcción cuando, el 7 de marzo de 2008, solicitaron una licencia de obra al Ayuntamiento. A juicio de la Fiscalía, tal autorización "en rigor" no podría ser concedida a cuenta de que fue reclamada "después de hechas las obras" y dada la "disconformidad" del proyecto con la normativa urbanística vigente. En ese sentido, destaca la Fiscalía la "imposibilidad de legalizar la edificación, por no ser autorizable conforme al planeamiento".

En ese sentido, el alcalde habría "instado verbalmente" al arquitecto municipal que "informase favorablemente" a la concesión de la licencia "pese a saber que ello no era conforme a la Ley". Sin embargo, el 18 de marzo, el arquitecto municipal emitió un informe alertando de que las obras "ya estaban finalizadas" y de que el 30 de septiembre de 2008, la Delegación provincial de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio había informado "desfavorablemente" del proyecto.

A sabiendas de que "era ilegal"
Aún así, el alcalde "no sólo no incoó un expediente de disciplina urbanística", sino "llevó la solicitud de licencia a la junta de gobierno local, cuyos integrantes, con conocimiento de que la licencia era manifiestamente ilegal, la concedieron por unanimidad" el 18 de marzo de 2009.

A tal efecto, la Fiscalía atribuye a los promotores de la obra y al alcalde de Los Molares supuestos delitos contra la ordenación del territorio y prevaricación, solicitando al juzgado la comparecencia de los querellados como imputados, que testifique el arquitecto municipal y que la Dirección General de Inspección y Ordenación del Territorio examine las obras y el expediente depositado en el Ayuntamiento con relación a esta licencia.

Del mismo, modo, reclama el Ministerio Público que el Consistorio entregue tanto el expediente, como el informe jurídico del secretario municipal y la certificación de los concejales que, en el seno de la junta local de gobierno, votaron a favor de la concesión de la licencia de obra.

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EL ALCALDE DE GÁDOR NIEGA ANTE EL SUPREMO QUE PREVARICARA AL ADJUDICAR UNA NAVE

ALMERÍA | Alega que lleva 23 años 'trabajando por el bien de Gádor'

Efe | Madrid

El alcalde del municipio almierense de Gádor y senador del PP Eugenio Gonzálvez ha declarado este lunes como imputado por un delito de prevaricación en relación con la adjudicación de un contrato de obras en el Tribunal Supremo, donde ha defendido su inocencia y ha asegurado que lleva 23 años trabajando por el bien del Ayuntamiento.

Así lo ha explicado el abogado de Gonzálvez, Jesús María Silva Sánchez, quien ha añadido que "los actos que ahora se están enjuiciando responden a la misma tónica".

"Él está plenamente convencido de su defensa, como yo mismo y como confiamos que lo vea el Tribunal", ha añadido el letrado al salir de la sede del Supremo, donde el senador popular, que no ha querido hacer declaraciones, ha comparecido ante el magistrado instructor de la causa, Miguel Colmenero, durante cerca de dos horas.

La citación de Gonzálvez se produce después de que el pasado mes de mayo el Supremo admitiera a trámite la querella interpuesta contra él por el grupo socialista en el Ayuntamiento por la adjudicación de unas obras "sin tramitar ninguna clase de procedimiento de licitación", por valor de 148.722 euros.

"No ha contestado con un sí o un no"
No obstante, el abogado que ejerce la acusación en el proceso contra el también senador ha apuntado que, durante su declaración, el primer edil de Gádor "ha desviado la responsabilidad" hacia el secretario municipal, técnicos del Consistorio de Roquetas de Mar y un concejal de su equipo de gobierno, al tiempo que ha asegurado que en el "Ayuntamiento siempre se han hecho las cosas así", en referencia a la forma en que se adjudicó el contrato para la obra de una nave.

En declaraciones a Europa Press, el letrado relató que durante una hora y media, "en la que no ha contestado nunca con un sí o un no", Gonzálvez aseguró ante el juez instructor Miguel Colmenero Menéndez de Luarca que el secretario "nunca le puso pegas" a esa forma de proceder y que, cuando lo hizo en el caso que ha derivado finalmente en la imputación por prevaricación, recurrió al presidente provincial del PP y regidor de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien le prestó el servicio de sus técnicos quienes, al parecer, le dieron el visto bueno.

Al explicar el por qué, tal y como resalta el fiscal, se tramitó el contrato de obra "sin ninguna clase de procedimiento de licitación" y "prescindiendo en la adjudicación y pago de lo que fija la normativa", el regidor gadorense afirmó, siempre según la acusación ejercida por el PSOE, que fue el concejal de Urbanismo, Onofre Martínez, quien lo "gestionó verbalmente".

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"OPERACIÓN PONIENTE"; LA DEFENSA DEL ALCALDE DE EL EJIDO PIDE LA NULIDAD DE LAS ESCUCHAS TELEFÓNICAS

Presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias

Europa Press | Almería

El abogado que ejerce la defensa del alcalde de la localidad almeriense de El Ejido, Juan Enciso (PAL), ha solicitado la nulidad de las intervenciones telefónicas autorizadas por la juez instructora de la 'operación Poniente' en abril de 2009, después de que se ordenase el alzamiento del secreto sobre los casi 10.000 folios del sumario que contienen las comunicaciones de Enciso, el ex interventor municipal, José Alemán, y los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán.

Fuentes judiciales han confirmado a Europa Press que del escrito, presentado el pasado día 20, se ha dado traslado para que aleguen a las partes personadas en las diligencias abiertas por la presunta comisión de delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y falsedad documental en torno a la Empresa Mixta de Servicios Municipales (Elsur).

La defensa de Enciso, en prisión incondicional desde el mes de octubre, sostiene que, de lo actuado, no se desprende "absolutamente ningún motivo" para "interferir" en las comunicaciones del alcalde ejidense ya que, a su juicio, constituye "simplemente una escucha a modo de prospección", lo que "jurídicamente" no tendría "ningún encaje".

Conversación sobre el supuesto trato de favor

En esta línea, apunta a la jurisprudencia dictada por el Tribunal Supremo (TS) que, según señala, "proscribe expresamente" las intervenciones telefónicas de este tipo, "con el afán -precisó- de encontrar algo o para ver si algo tiene que ver con lo que se está investigando".

La transcripción de las escuchas telefónicas autorizadas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Almería incluye, entre otras, una conversación "muy reveladora" entre el empresario madrileño Juan Antonio Galán y Enciso sobre el supuesto trato de favor desde Elsur a las subcontratas gestionadas por algunos de los implicados en la presunta trama de corrupción municipal.

La citada conversación fue una de las pruebas sobre las que giró la declaración que, de forma voluntaria, prestó ante la magistrada el 30 de diciembre y que, a la larga, no hizo que ni juez ni fiscal optasen por modificar su situación procesal. El regidor ejidense continúa encarcelado después de que se le haya denegado la concesión de la libertad provisional en hasta tres ocasiones, la última el pasado viernes tras una vista preliminar ante la Audiencia Provincial.

Intervenciones
Las primeras intervenciones telefónicas autorizadas por la instructora de 'Poniente' a instancias del fiscal anticorrupción de Almería excluyeron al alcalde de El Ejido y se realizaron sobre los terminales del ex interventor municipal y los empresarios sevillano y madrileño, José Amate y Juan Antonio Galán, además de uno de los hermanos propietarios del grupo 'Lirola'.

Junto a Enciso y al empresario madrileño, Juan Antonio Galán, continúan en prisión incondicional desde la detención de 23 personas entre octubre y diciembre de 2009 el también empresario José Amate, considerado el presunto cabecilla de la citada rama sevillana y el ex interventor municipal, José Alemán.

Además
* Los personajes clave de la trama

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"CASO PLAN TERRITORIAL"; NADAL INSINÚA AL JUEZ QUE MUNAR Y MATAS SON LOS ARTÍFICES

Investigan pelotazos urbanísticos de 300 millones

* Nadal asevera que Munar y Matas 'comían juntos cada quince días'
* Nadal, Grimalt y Massot han reconocido haber participado en una reunión
* Massot señala a Vicens y Grimalt como responsables del PTM

Europa Press | Palma

El ex vicepresidente del Consell, Miquel Nadal, ha afirmado que la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, y el ex presidente del Govern, Jaume Matas, "comían cada quince días juntos", insinuando de este modo que en estos encuentros pudieran abordarse cuestiones relacionadas con el Plan Territorial, según informan fuentes jurídicas.

Asimismo ha reconocido ante el juez haber asistido a una reunión celebrada en noviembre de 2003, previa a la aprobación de la norma y en la que abordaron aspectos relativos al PTM y más en concreto a las ART.

Por su parte, el ex director general de Ordenación del Territorio, Jaume Massot, ha aseverado ante el juez que instruye el caso Plan Territorial que las decisiones que se adoptaron de cara a la elaboración de esta normativa y en torno a las Áreas de Reconversión Territorial (ART), que generaron 'pelotazos' por valor de unos 300 millones de euros, se adoptaban "desde las alturas" y ha responsabilizado directamente al ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, y al ex jefe de Urbanismo, Miquel Àngel Grimalt, del "día a día" del diseño del PTM.

Durante su declaración en calidad de testigo, de aproximadamente dos horas, Massot -que fue conducido desde la cárcel de Palma donde cumple condena por el caso Andratx- apuntó de ese modo a la Institución insular y en concreto a altos cargos de Unió Mallorquina como responsables de estas decisiones, y manifestó de este modo que el Ejecutivo no tenía competencias a la hora de participar en la elaboración del Plan.

Nadal, Grimalt y Massot han declarado en calidad de testigos ante el juez Miquel Florit, que investiga presuntos "pelotazos urbanísticos", que podrían haber supuesto plusvalías de 300 millones de euros, mediante la inclusión en el PTM -aprobado por el Consell la legislatura pasada gracias a los votos de PP y UM- de tres zonas como Áreas de Reconversión Territorial (ART), de forma que se revalorizaron al pasar a ser urbanizables.

Además
* Un testigo vendió terrenos sin saber que se iban a ser ART
* Grimalt medita incorporarse al Consell en sustitución de Mulet

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"CASO MAQUILLAJE"; EL JUEZ CITA A CINCO NUEVOS IMPUTADOS POR SU RELACIÓN CON LA RED ELECTORAL DE NADAL

Para jueves y viernes

Europa Press | Palma

El titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, ha citado para el próximo jueves y viernes a cinco nuevos imputados dentro del caso Maquillaje por su presunta vinculación con la red de colaboradores que UM creó para la campaña electoral de Miquel Nadal como aspirante a la alcaldía de Palma en 2007, asesores que de forma paralela cobraban dinero público de empresas proveedoras del Consell pese a que nunca llegaron a trabajar para éstas.

De este modo, el jueves se retomarán las comparecencias dentro de este procedimiento, que investiga el supuesto desvío de caudales públicos a productoras audiovisuales afines a UM durante la pasada legislatura, con la deposición de los encausados Juan Mas, Gabriel Capó y Bartolomé Berga, mientras que el viernes están citados Bartolomé Sans y Miquel Jaume, también como imputados. Ese mismo día también comparecerá como testigo Catalina Oliver, hermana del encausado y propietario de la productora Vídeo U, Miquel Oliver, según señalaron fuentes jurídicas.

Todos ellos pertenecían a la red electoral, denominada 'Sa Xarxa', que fue creada en 2006 y al frente de la cual estaba el ex conseller de Deportes y Juventud, Mateu Cañellas, quien por el momento no ha sido citado a declarar. Precisamente, fue el propio Nadal quien asumió ante el juez la responsabilidad "total, íntegra y absoluta" de las contrataciones que se realizaron, un total de 14 que cobraban por Vídeo U para que integrasen esa red.

Posteriormente, la secretaria técnica del vicepresidente del Consell en la pasada legislatura, Eugenia Cañellas, reveló ante el juez que no sólo Vídeo U sino también la empresa de informática Minser y el Consorcio de Informática Local (Cilma) pagaron, con dinero público procedente de la Institución insular, a unos 40 asesores y agentes electorales de UM durante la campaña previa a los comicios de 2007.

La imputada relató que gestionó estas contrataciones después de que le transmitieran las personas que se tenían que contratar, unas veces "a instancias de Nadal" y otras de Cañellas, quien entonces era director insular de Proyectos. En su declaración, Cañellas quiso declar claro que estas contrataciones "nunca" se realizaron a instancias de la entonces presidenta del Consell, Maria Antònia Munar, también encausada en este complejo procedimiento.

En concreto, de acuerdo a la versión ofrecida por la ex secretaria, Vídeo U contrató a 14 de estas personas y Minser a "cinco o seis", mientras que en el caso del Consorcio "trabajaban directamente en el Consell".

Otro de los encausados que se ha prestado a colaborar con la justicia y a confesar los hechos de cara a lograr futuras atenuantes es Miquel Oliver, quien en la declaración escrita que entregó al magistrado en febrero y ratificada por otros dos directivos de Vídeo U, Ramon Rullan y Luisa Almiñana, recordó que Nadal instó a contratar a personas afines a UM en Vídeo U como si trabajaran en esta empresa cuando, en realidad, "jamás trabajarían y se dedicarían a otros menesteres".

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