miércoles, 9 de diciembre de 2009

ARGANDA PAGÓ 16 MILLONES A DOS EMPRESAS DEL "CASO GÜRTEL"

J. S. G. - Madrid

El PSOE de Arganda del Rey (50.300 habitantes) ha llevado ante la Fiscalía Anticorrupción diversas prácticas que considera irregulares en el Ayuntamiento de la localidad. Los socialistas denuncian la aprobación de un crédito de 16 millones para pagar una carretera sin seguir los procedimientos reglamentarios, según avanzó ayer la cadena SER.

La edil socialista Victoria Moreno explica que el equipo de gobierno aprobó en octubre de 2008 un crédito de 15,8 millones para financiar las obras de la carretera AR30. En aquel momento, los cerca de tres kilómetros de la nueva carretera ya estaban terminados y pagados, según desvela Moreno. "El último enlace se inauguró antes de las elecciones generales, en marzo de 2008. Es un tramo que discurre frente al nuevo hospital y junto a la carretera de Valencia (A-3)", recuerda.

La carretera fue construida por las empresas Teconsa e Hispánica, ambas salpicadas por el caso Gürtel. En la parte pública del sumario aparecen pagos de ambas empresas a la trama que dirigía Francisco Correa, el capo de la red vinculada al PP. En los últimos años el Ayuntamiento de Arganda ha realizado contratos por más de 50 millones de euros con empresas de la red.

"Lo que denunciamos no es sólo la obra, sino la operación de crédito", precisa Moreno. Y añade: "Queremos saber dónde ha ido ese dinero". Han requerido esa información en varias ocasiones pero no han tenido respuesta. Este periódico intentó ayer, sin éxito, conocer la versión del Ayuntamiento de la localidad. El ex alcalde de Arganda, Ginés López, dimitió tras conocerse su supuesta implicación en el caso. Está imputado por cobrar más de 500.000 euros de la trama.

elpaís.com

EL DIPUTADO QUE DA LA MAYORÍA EN BALEARES, A JUICIO POR CORRUPCIÓN

El juez pide cuatro años y medio de cárcel para el diputado Tomeu Vicens, elegido por Unió Mallorquina

ANDREU MANRESA - Palma -

En plena crisis política en Baleares por los escándalos por corrupción hoy se inicia el juicio contra un diputado clave del Parlamento balear. El fiscal presenta una petición de cuatro años y medio de cárcel, por prevaricación y malversación de fondos públicos y ocho de inhabilitación, para Tomeu Vicens. Elegido por Unió Mallorquina (UM), su voto da la mayoría al Gobierno multipartito de centro izquierda, con 30 parlamentarios frente a los 29 del PP.

Días atrás, Vicens ayudó al PP a derrotar al pacto de centro izquierda de Francesc Antich. La derecha le descalifica como el "voto de la corrupción" para desmerecer al Ejecutivo balear. El parlamentario está imputado en cinco casos distintos por corrupción, urbanística. No piensa dejar el escaño aunque sea condenado porque recurrirá al Tribunal Supremo. No le será aplicable el código anticorrupción que negocia Antich con sus PSOE-UM-Bloc porque UM le suspendió de militancia, aunque no le expulsó.

Damià Nicolau, ex secretario general de UM, que fue director insular del Territorio de Mallorca cuando Tomeu Vicens era consejero del Territorio (2003-2007), se sentará a su lado en el banquillo y afrontará una petición de más de tres años de cárcel. Ambos, que fueron secretarios general de UM, participaron en una supuesta trama ilegal para abonar 12.020 euros públicos al contable de Vicens por un informe copiado en Internet e innecesario.

Ese gestor económico, Tomás Martín, narró al juez que facilitó particularmente al diputado bisagra facturas falsas para simular pagos con el supuesto fin de blanquear partidas de comisiones de 295.000 euros de un pelotazo urbanístico de la conversión de suelo rústico en un industrial, al lado del aeropuerto de Palma. Vicens se lo agradeció desde el presupuesto del Consell de Mallorca. Martín se beneficia por haber confesado el caso y devuelto el dinero y el fiscal le pide nueve meses de cárcel.

Vicens, aun suspendido en UM sigue ligado a la formación. El líder del partido Miquel Àngel Flaquer aseguró la semana pasada que el diputado apoyaría los presupuestos del Ejecutivo y que daba estabilidad a la alianza PSOE-UM-Bloc (IU-Verds- PSM-Esquerra). Vicens lo aseveró "estoy donde estaba".

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elpaís.com

LA CIÉNAGA DE LA CORRUPCIÓN

TRIBUNA: EMILIO SÁNCHEZ ULLED

Rapiña de fondos públicos, urbanización salvaje, daño medioambiental, infiltración mafiosa, apatía ciudadana y riesgo de populismo político son algunas de las consecuencias de un mal que precisa una acción urgente

Hemos asistido al afloramiento de repugnantes ejemplos de corrupción pública, germinados en esa zona en la que confluyen el desarrollo de las políticas públicas y la actividad económica privada, zona que corre el riesgo de convertirse en una auténtica ciénaga. Con ejemplares endémicos de sapos, claro.

Las decisiones sobre el suelo están demasiado concentradas a nivel municipal

Algunos partidos atacan a los investigadores y cuestionan sus instrumentos de trabajo

El desconcierto se acrecienta ante la reacción de las fuerzas políticas cuando alguno de sus responsables es investigado: deslegitimación de la investigación atribuyéndola a oscuros fines conspirativos, ataque personal a los investigadores y, por si fuera poco, indiscriminado cuestionamiento de las instituciones de persecución penal así como de los instrumentos de investigación, sin importar el perjuicio que ello puede generar en la lucha contra el crimen en general y el organizado en particular. No es una conducta novedosa. Encontramos ejemplos extremos en la Italia de Il Cavaliere: reformas legales destinadas a restringir hasta la inoperancia práctica las intervenciones telefónicas, en cuanto éstas han puesto en apuros al gobernante; persecución infamante de fiscales y jueces activos en las investigaciones de la corrupción gubernamental; recorte de los plazos legales de prescripción de los delitos de cuello blanco.

En España tenemos una muestra reciente de esta actitud en la polémica suscitada sobre el Sistema Integrado de Interceptación de Telecomunicaciones (SITEL), avanzada tecnología que sustituye los antiguos medios de interceptación de líneas telefónicas y grabación magnetofónica de conversaciones. Algunos han intentado presentar dicho sistema como una intromisión ilegítima y arbitraria del Ejecutivo en las vidas de los ciudadanos, cuando en realidad su utilización, como la del sistema anterior, sólo es posible para delitos graves con autorización y control judicial y en las debidas condiciones de fundamentación, proporcionalidad, necesidad y autenticidad. Cumpliéndose tales requisitos la intervención resulta irreprochable, como el Tribunal Supremo ha declarado. Otra cosa es que ya sea hora de mejorar y modernizar la definición legal de requisitos y procedimientos, necesidad que ya existía con las tecnologías anteriores y que sigue abandonada en la práctica a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.

Volviendo al principio, estamos ante un fenómeno que va más allá de la tradicional mordida, es algo distinto y más sutil. Algo que presenta dimensiones cualitativa y cuantitativamente muy peligrosas y, desgraciadamente, también cierta vocación estructural. Se trata de corrupción de alto nivel, de la utilización ilícita de las potestades, la información -privilegiada- y los recursos públicos para aplicarlos a finalidades particulares, individuales o corporativas, propias o ajenas, siempre en perjuicio del interés general. No es algo que deba sorprendernos especialmente a estas alturas del desarrollo político-social, pero lo cierto es que hasta ahora su verdadera magnitud resultaba inversamente proporcional a su visibilidad para los ciudadanos. Es una corrupción que fluye larvada bajo la superficie de las actividades económicas corporativas cuando éstas entran en contacto con el desarrollo de las políticas públicas. Sus objetivos son diversos: puede ser el mero saqueo de los fondos públicos, pero también la desactivación práctica de los controles oficiales sobre los negocios para que no entorpezcan las metas operativas de las corporaciones privadas. Y no hay que descartar algo tan prosaico como el blindaje de un estatus social privilegiado.

La situación se ha visto perversamente exacerbada por las crecientes necesidades de financiación, fuera de los límites legales, de las complejas estructuras sobre las que hoy se asientan los partidos políticos, verdaderos engranajes de funcionamiento de los Estados democráticos actuales. Bien pronto se descubrió que unos mismos cauces de aprovechamiento ilegítimo de la actividad pública podían ser utilizados tanto para el enriquecimiento personal o corporativo como para financiar las actividades de los partidos políticos. O para ambas cosas a la vez, generando curiosas concomitancias de intereses. Ya conocemos prácticas que son verdaderos "clásicos" en la materia: la facturación por servicios inexistentes o descaradamente inútiles -informes o estudios, por ejemplo-; la interposición de sociedades pantalla destinadas a hinchar o rellenar los costes de una determinada actuación pública, o a justificar una subvención; el desvío de dinero público a entidades -muy señaladamente fundaciones- vinculadas a formaciones políticas y a su puro servicio más que al de las finalidades formales de aquéllas; la degeneración de los convenios de colaboración entre entidades públicas y privadas -urbanísticos, por ejemplo- a fin de encubrir simples procesos de enriquecimiento.

El perjuicio directo que los comportamientos corruptos causan al interés social es enorme: rapiña de los fondos públicos; alteración del mercado; descontrol de la economía especulativa; urbanización salvaje (agravada en este caso por una excesiva concentración en el nivel municipal del poder decisorio sobre el suelo sin un correlativo incremento de los controles externos); daño medioambiental; lesión de los derechos de los más débiles en las relaciones socio-económicas (trabajadores, inmigrantes, pequeños ahorradores). Y, siempre, el torcimiento del buen gobierno.

En este caldo de cultivo pueden producirse también consecuencias indirectas, sociológicas si se quiere, pero igualmente nocivas: apatía ciudadana ante la democracia, facilidad para la infiltración mafiosa, e incluso el surgimiento de liderazgos populistas que con recetas falaces y demagógicas se presentan como la solución a los miedos sociales.

El peligro de esta última dinámica lo conocemos bien en Europa. Por si fuera poco, en este paisaje se ha acabado gestando una malsana omertá entre fuerzas políticas, pues no otra cosa es el desvergonzado compromiso de no hurgar en las fuentes de financiación ajenas a cambio de que no se indague en las propias. Patéticos ejemplos de tales oasis de mutismo los encontramos en las hemerotecas. Poco ayuda en este clima la interesada confusión que los dirigentes políticos suscitan al vincular el principio de responsabilidad política al principio de presunción de inocencia penal, con la transparente finalidad de eludir la adopción inmediata de medidas políticas correctoras mientras no acaben los procesos penales, a ver qué pasa.

La persecución de la corrupción pública en España nace en serio con la democracia. Hemos visto iniciarse relevantes procesos por corrupción en los años 90 en el ámbito de grandes obras públicas, en cuya concesión se detectaron diversos sobornos (básicamente mediante facturación por sociedades pantalla que no respondía a trabajos reales), dinero que enriquecía a cargos públicos o acababa en su partido político. Pronto se adoptaron medidas al respecto, como la introducción del delito de tráfico de influencias en 1991, o la reforma de la legislación sobre contratación pública en 1995 y la puesta en marcha de la Fiscalía Anticorrupción en 1996. El Código Penal de 1995, si bien contiene algún avance en la materia, se ha revelado como técnicamente muy deficiente a la hora de penalizar las formas modernas de corrupción pública, lo cual está conduciendo a la impunidad de muchas conductas que son objetivamente merecedoras de reproche penal.

Aun partiendo de la honestidad de la gran mayoría de funcionarios públicos y responsables políticos, hay que profundizar en la lucha contra la corrupción: reforzando la transparencia en los procedimientos administrativos de decisión; consolidando los organismos externos de control y fiscalización administrativa; reformulando la normativa de financiación de los partidos políticos; potenciando la especialización en la persecución penal y mejorando técnicamente el Código Penal. También deben jugar su papel los medios de comunicación y su permanente escrutinio de la actividad pública -en libertad, con rigor informativo-, así como el compromiso ciudadano con la política. Y acaso no esté de más recordarles a algunos lo dicho por Saint-Just a la Convención: "Se promulgan muchas leyes, pero se da poco ejemplo".

Emilio Sánchez Ulled es presidente de la Unión Progresista de Fiscales y fiscal Anticorrupción en Barcelona.

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; CARGOS Y TÉCNICOS DE MERCASEVILLA QUE BENDIJERON LA VENTA A SANDO SE DESMARCAN

Los cargos políticos se escudan en que nadie objetó

Sebastián Torres | Sevilla

Algo tiene el despacho de la juez Mercedes Alaya que quien entra allí se transforma. Asistieron a la comisión ejecutiva en la que se adjudicaron a Sando los suelos de Mercasevilla y allí no pusieron ninguna objeción. En los pasillos de los juzgados, algunos abogados defensores aseguran que la venta fue legal, exquisita e impecable. Pero delante de la juez Alaya –o ante la Policía Judicial– los que asistieron a la reunión en la que se adjudicaron los suelos se desmarcan ahora de la operación.

Hay cinco imputados por esta rama del 'caso Mercasevilla': Fernando Mellet, Jorge Piñero, Domingo Enrique Castaño, José Antonio Ripollés y María Victoria Bustamante. Todos han declarado ya ante la juez o ante la Policía Judicial como imputados, implicados o testigos. Y sólo Piñero ha defendido las cláusulas polémicas que, según la juez, resultaron determinantes para el amaño del concurso a favor de Sando. Con todo, el ex asesor legal de Mercasevilla se desvincula de la toma de decisiones en la adjudicación.

Además, un testigo ha insinuado que el concurso de Mercasevilla estaba dado de antemano.

A la comisión ejecutiva del 15 de febrero de 2006 que adjudicó los suelos asistieron doce personas, entre ellas los cinco imputados. Además de ellos, otras cuatro personas han declarado ante la Policía: el secretario y el interventor del Ayuntamiento, que han criticado el sistema de adjucación, y el ex concejal Gonzalo Crespo y el primer teniente de alcalde, Antonio Rodrigo Torrijos, que se escudan en que «nadie puso reparos», pero sin defender explícitamente su decisión.

De todas las declaraciones realizadas hasta ahora, quizá la que más sorprenda sea la de Domingo Enrique Castaño, ex director de Vía Pública del Ayuntamiento de Sevilla y ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín. Castaño dijo que «en este momento no ve lógico ni más rentable» considerar desproporcionada una oferta por ser demasiado elevada, si bien en su momento lo consideró «aceptable». Además, criticó la forma de valorar el concurso que ganó Sanma –la empresa que luego lo contrató– con expresiones como que «no es lógica ni correcta», «ni lógico ni normal» «ni lógico ni ajustado a la realidad». Pero quizá no sea esto lo más sorprendente.

Esta investigación es paralela a la de un posible caso de corrupción y de cobro de comisiones ilegales por parte de Mercasevilla -participada en un 48% por la Sepi y el Ministerio de Medio Ambiente- que investiga también el juzgado.

Además
* Quién es quién en el caso Mercasevilla

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"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL CONSELL DESVIÓ UN MILLÓN A SERRA PARA ALQUILARLE UNA EMISORA DE RADIO "PIRATA"

* La institución pagaba 14.500 euros al mes por un dial ilegal
* Ahora se abonan sólo 2.200 euros por una frecuencia mejor


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

Los testaferros de Bartomeu Vicens (UM) que se llevaron la radio pública del Consell de Mallorca mediante un concurso amañado y más de 4 millones de euros públicos para explotarla, pagaron a su vez al menos un millón de euros al grupo de comunicación de Pedro Serra por alquilarle una frecuencia de emisión radiofónica pirata. Un dial que sólo tenía licencia para emitir en Capdepera pero con la que Ona Mallorca operaba en toda la Isla de forma «ilegal», según concluye la Agencia Tributaria y la Policía Nacional en la investigación de la denominada Operación Maquillaje.

A tenor de las pesquisas judiciales en torno al desvío masivo de fondos públicos desde el Consell de UM con el pretexto de montar el ente público Radio Televisión de Mallorca, la institución insular que Maria Antònia Munar presidió hasta 2007 llegó a abonar por el alquiler de la frecuencia de Serra 14.500 euros al mes. Eso cuando a día de hoy, tras la rescisión de aquel contrato, el Consell abona 2.268 euros mensuales por una frecuencia regularizada (han abandonado el 99.2 de la FM para instalarse en el 98.0) y que es oficialmente 16 veces más potente.

Según han declarado ante la Policía en calidad de testigos los actuales responsables de la radio, la frecuencia que se le alquilaba a Serra a precio de oro se encontraba en una situación clandestina y, además, su señal estaba siendo desplazada por la señal de Intereconomía (99.4 FM). Unas circunstancias que han provocado que el Consell que preside ahora la socialista Francina Armengol convoque un concurso para al fin dotar a Ona Mallorca de una frecuencia propia. El concurso lo ha ganado de hecho Abertis Telecom, que factura 2.268 euros al mes.

La primera pista
Cuando el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía y la Agencia Tributaria registraron la sede de Studio Media Comunicació, S.L., la sociedad de los testaferros de Vicens Alfredo Conde y Elisabeth Diéguez –los mismos que cobraron en su nombre sus comisiones del 15% por la recalificación del polígono de Son Oms– que se llevó la radio pública en una adjudicación irregular, les llamó poderosamente la atención un contrato fechado el 14 de noviembre de 2000 entre Studio Media y Hora Nova, S.A., la empresa multimedia presidida por Serra. Especialmente al comprobar su cuantía.

En aquel primer contrato, fechado el 14 de noviembre de 2000, Studio Media se comprometía a abonar 128.376,18 euros por el alquiler durante un año del espectro de emisión a Hora Nova, S.A., que meses antes había obtenido la frecuencia 99.2 FM, una emisora de Capdepera. Lo que levantó sospechas entre los investigadores fue que en junio de 2008 el Consell (presidido ya por el PSOE) acababa de sacar a concurso en el Boletín Oficial de las Islas Baleares del 14 de junio ese mismo servicio por un 'presupuesto máximo' de 161.240 euros en 4 años.

Además
* Opinión: Las vergüenzas de la alianza Munar-Serra
* Los testaferros inflaron facturas para justificar subvenciones
* Código Ético: buenas intenciones en 'papel mojado'

elmundo.es

"CASO SON OMS"/"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL JUEZ APLAZA LA DECLARACIÓN DE VICENS, FLAQUER, CONDE Y DIÉGUEZ AL DÍA 22

*Los letrados Valdivia y Campaner solicitaron la semana pasada la suspensión
*En su petición aludían a la "ingente" carga de trabajo que pesa sobre ellos

Europa Press | Palma

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, ha acordado el aplazamiento al próximo 22 de diciembre de las declaraciones del diputado del Grupo Mixto en el Parlament, el multiimputado Bartomeu Vicens, el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el presunto testaferro del primero, Alfredo Conde, y la mujer de éste, Elisabeth Diéguez, como imputados en una pieza separada del caso Son Oms, conocida como Operación Maquillaje.

Así lo han indicado fuentes del despacho que los defiende, que recuerdan que la decisión de Lope Sola, que instruye parte del caso Son Oms, se produce después de que los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner solicitasen la semana pasada la suspensión y nuevo señalamiento de los interrogatorios de sus patrocinados -previstos en un principio para el día 14-, a fin de poder contar con un tiempo "razonable" para estudiar con detenimiento el voluminoso sumario y poder ejercitar así su derecho de defensa "con todas las garantías".

Asimismo, en su petición aludían a la "ingente" carga de trabajo que pesa sobre ellos así como a los numerosos señalamientos que tienen por delante relacionados con otras causas. Además de las comparecencias de Vicens, Flaquer, Conde y Diéguez, el 16 esta prevista la declaración del ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y el 18 de la presidenta del Parlament, Maria Antònia Munar, dentro de la pieza abierta el pasado 21 de octubre dentro del caso Son Oms, que dio pie varios registros en organismos oficiales como el Consell, y que investiga el supuesto desvío de fondos públicos desde Televisió de Mallorca y Ona Mallorca hacia UM.

Respecto a Munar, cabe recordar que ya fue interrogada el pasado 16 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) como encausada en el caso Can Domenge, que investiga las presuntas irregularidades comentidas en torno al concurso convocado por el Consell de Mallorca para enajenar los terrenos palmesano y en el que también están imputados Nadal y Vicens.

elmundo.es

"CASO SON OMS"; MARTÍN: "LA SECRETARIA DE VICENS ME DIO LAS PÁGINAS WEP PARA COPIAR EL INFORME"

Juicio en la Audiencia

Vicens, Nicolau y Martín en el banquillo de los acusados | Alberto Vera

* Vicens: 'Es una práctica habitual en el Consell dar contratos a conocidos'

* Nicolau: 'Leí el informe en diagonal y no lo he vuelto a leer'



* La Audiencia juzga a Vicens y Nicolau por prevaricación y malversación

* La Fiscalía solicita penas de hasta cuatro años de prisión

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

El diputado del Grupo Mixto y ex conseller de Territorio, Bartomeu Vicens, ha declarado ante el juez en el juicio que se celebra por una pieza separada del llamado Caso Son Oms en la Audiencia Provincial de palma que "le di el contrato a Marín porque era mi amigo y mi asesor fiscal, igual que alguien recomienda un médico de confianza. Es una práctica habitual en el Consell dar contratos a conocidos". Vicens ha insistido en que "se lo pedí a él por cercanía, fue el que se me ocurrió en ese momento" y ha añadido que "no tenía por que darle ningún presente ni un plus como agradecimiento".

Así ha justificado Vicens la decisión de elegir a su contable para realizar un informe por el que le pagó 12.020 euros de fondos públicos pese a que el texto había sido plagiado de Internet, para maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación del polígono palmesano.

Por su parte el que fuera contable de Vicens, Tomàs Martín, ha asegurado que "la secretaria de Vicens me dio las páginas web para copiar el informe. Sólo se me dio el título que tenía que tener y que fuera en catalán".

A este respecto, Vicens ha dicho no saber si desde su departamento se le facilitaron a Tomás Martín links o páginas web, ya que "desconocía la existencia de éstas", mientras que ha negado haber recabado datos oficiales del Ministerio de Vivienda o del Govern sobre el valor del suelo previamente a la elaboración del estudio, ya que estos departamentos "no tienen datos sobe el valor del suelo sino sobre viviendas".

Según ha explicado a preguntas del fiscal Juan Carrau, fue él que sugirió el informe a Nicolau y tras recalcar que fue idea suya encargar estudio a Martín, con la pretensión de tener un soporte y un fundamento "para adoptar futuras medidas cautelares que se contemplaban dictar en previsión a la adaptación del PTM de los municipios, como la suspensión de licencias en determinados ayuntamientos como Porreres o Montuïri en los que había escasez de suelo, "lo que provocaba un aumento desmesurado de las viviendas"; o sacar a concurso suelo que no fuese urbanizable para levantar viviendas de menor coste en otros pueblos alejados de Palma con suelo programado y "mucha presión demográfica".

'Leí el informe en diagonal y no lo he vuelto a leer'

Por su parte el ex director insular de Territorio del Consell de Mallorca, Damià Nicolau, ha asegurado que la contratación de Tomás Martín, asesor fiscal de Metalumba -propiedad del ex conseller de Territorio Bartomeu Vicens- fue "normal" y siguió los trámites "ordinarios" y propios de cualquier otro contrato menor

Nicolau ha recordado que elaboró un informe en que justificaba la necesidad de contratar al asesor por falta de medios materiales, ya que en Territorio había tres Direcciones Generales con cinco arquitectos superiores y tres arquitectos técnicos "y aún así había bastante saturación", por lo que avaló la adjudicación del estudio sobre el suelo a Tomás Martín.

Una vez realizado el informe, ha manifestado que lo leyó "en diagonal y no lo he vuelto a leer", toda vez que ha reconocido no saber si algún otro técnico lo supervisó.

El diputado, el ex secretario general de UM, Damià Nicolau, y el antiguo contable del primero, Tomàs Martín, han llegado al filo de las 09.30 horas a las dependencias del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para ser juzgados por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

Los acusados fueron llegaron progresivamente a la sede de la máxima instancia judicial de las islas con rostro serio, acompañados por sus respectivos abogados y, ante una multitud de periodistas, eludieron hacer declaraciones a los medios, informa Europa Press.

Hasta cuatro años de cárcel

Entre hoy y mañana los tres imputados se sentarán en el banquillo de los acusados dentro de esta pieza separada del caso Son Oms en la que la Fiscalía Anticorrupción solicita las penas de cuatro años y seis meses de cárcel para Bartomeu Vicens - defendido por los letrados Eduardo Valdivia y Jaime Campaner- y de 3 años y 2 meses para Damià Nicolau - asistido por Fernando Rosselló- por sendos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa..

Asimismo, el Ministerio Público solicita nueve meses de privación de libertad para Martín, asistido legalmente por Gaspar Oliver y Ricard Mesquida, y para quien concurren las atenuantes de reparación del daño producido y confesión de los hechos. La pieza está relacionada con el supuesto pago por parte de Vicens de 12.020 euros de fondos públicos a su contable a cambio de un informe plagiado de Internet

En concreto, el tribunal que juzgará a los tres acusados está compuesto por el presidente de la Sala, Antonio Terrasa, y los magistrados Francisco Javier Muñoz -ponente de la sentencia- y Felisa Vidal. Asimismo, la vista arrancará el martes a las 9.30 horas con las cuestiones previas, el interrogatorio de los imputados y la declaración de los testigos, mientras que el miércoles, desde las 10.00 horas, continuará la prueba testifical y se expondrán las conclusiones y los informes finales.

Además
* Vicens y su contable admiten que emitieron facturas falsas

elmundo.es

"CASO SON OMS"; "EL CONSELL TENÍA TÉCNICOS PARA VALORACIONES DE SUELO EN EL PISO DE ABAJO"

Juicio en la Audiencia

Nicolau, Martín y Vicens en el banquillo. | Alberto Vera

* Asegura que estas valoraciones se hacían para tramitar expropiaciones
* La ex secretaria de Vicens niega haber facilitado enlaces de webs



Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Apolonia Serra, una ex técnico del Consell de Mallorca que ha comparecido como testigo ante el tribunal que juzga una pieza separada del caso Son Oms, ha asegurado al tribunal que "el Consell tenía técnicos para valoraciones de suelo para tramitar expropiaciones y estaban en el piso de abajo'. Con respecto al caso que se está juzgando, Serra ha asegurado que "este expediente en concreto siguió los trámites habituales, no fue ni más rápido ni más lento que el resto". Así lo ha expuesto en calidad de testigo durante su comparecencia en el juicio que se está celebrando en la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJIB) por la presunta malversación de caudales públicos en este estudio supuestamente plagiado de Internet.

En este sentido, Apolonia Serra ha declarado en la Audiencia que ella no hubiese tramitado este estudio si no hubiera habido un informe de necesidad previo de Damià Nicolau.

También en el turno de testigos, ha declarado la ex secretaria personal del que fuese conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, quien ha negado que facilitase por teléfono 'links' de páginas web a Tomás Martín, asesor fiscal del actual diputado, para que plagiase de ellas datos y estadísticas que posteriormente incluiría en un informe sobre el suelo que le fue adjudicado por 12.020 euros del Consell de Mallorca.

La entonces secretaria ha asegurado que ni ella ni la compañera con la que compartía despacho llamaron a Martín para indicarle estos enlaces, al tiempo que afirmó no recordar haber visto el informe presuntamente plagiado. "Tampoco sé por qué acudía Martín a la Conselleria, iba a ver a Vicens pero no conozco los motivos", ha agregado la ex auxiliar de secretaría durante la práctica de la prueba testifical.

Por su parte, el empresario John Leaners, constructor afincando en Andratx que ya había reconocido ante la Justicia haber proporcionado facturas falsas para Vicens -dirigidas a maquillar las comisiones obtenidas de la recalificación del polígono palmesano- y que a su vez está imputado en el procedimiento principal por el caso Son Oms, ha aseverado ante el tribunal que Martín le propuso la elaboración de estas facturas, mientras que éste a cambio le entregaba sobres con dinero de Metalumba -propiedad de Vicens y su mujer- para compensar el elevado IVA que la empresa de Leaners debía abonar, informa Europa Press.

Además:
* Martín: 'La secretaria de Vicens me dio las web'
* Vicens y su contable admiten que emitieron facturas falsas

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DESESTIMAN EL RECURSO DE LA FISCALÍA QUE PEDÍA ENCARCELAR A MILLET Y MONTULL

JUDICIAL | Desfalco en el Palau de la Música

* Por no haber riesgo de fuga, alarma social o peligro de destrucción de pruebas

Germán González | Barcelona

La Audiencia de Barcelona ha confirmado la libertad para Fèlix Millet, ex director del Palau de la Música y para su mano derecha, Jordi Montull, tras desestimar el recurso de la Fiscalía y la acusación particular, que reclamaba su encarcelamiento.

La única variación que introduce la Audiencia es que ambos deberán presentarse una vez al mes en el juzgado hasta la apertura del juicio oral.

Los argumentos que esgrime es que no existe riesgo de fuga, no detecta alarma social ni hay posibilidad de destrucción de pruebas, puesto que Millet y Montull dejaron su puesto de trabajo hace meses y no tienen acceso al Palau. Estos tres eran los principales argumentos del fiscal para recurrir la libertad del ex director del Palau.

Además
* Lea el auto judicial (PDF)

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UN MILLAR DE DETENIDOS POR CORRUPCIÓN POR LA POLICÍA EN EL ÚLTIMO LUSTRO

SEGURIDAD | Se han desarrollado 232 operaciones

* Los delitos de cohecho, malversación y prevaricación, los más habituales
* Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares, donde más investigaciones acumulan

Fernando Lázaro | Madrid

Es día de balance y la policía ha puesto negro sobre blanco sus actuaciones en los últimos años contra la corrupción. Así, en el último lustro han sido detenidas casi un millar de personas relacionadas con delitos de corrupción en el marco de 232 operaciones.

Estas estimaciones policiales se hacen públicas coincidiendo con la celebración del Día Internacional contra la Corrupción organizado por la ONU.

En este balance, la Policía constata que se han intervenido bienes valorados en más de 3.000 millones de euros, entre los que destacan inmuebles, vehículos de alta gama, embarcaciones, helicópteros, obras de arte e, incluso, toros de lidia.

Las investigaciones se han centrado en delitos como cohecho, malversación, prevaricación, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, falsedades o abuso en el ejercicio de la Función Pública, entre otros.

Las provincias de Madrid, Málaga, Sevilla y Baleares son las que más investigaciones policiales han concentrado, más de la mitad de los detenidos en estos cinco años lo han sido en estas localidades, un total de 560.

Entre las diversas actuaciones policiales realizadas en estos últimos años, Malaya o Ballena Blanca son dos de los numerosos operativos que han requerido una intensa labor de investigación por parte de los agentes.

De 'Ballena Blanca' a 'Malaya'

La operación Malaya engloba un total de 18 investigaciones policiales diferentes, iniciadas entre los años 2005 a 2008, algunas de ellas todavía activas. Se han destapado delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

Hasta el momento hay 83 personas detenidas, de las que 80 son españoles, 2 italianos y un sueco. Se han enajenado bienes por valor de 2.415.000.000 euros, se han intervenido 1.703.741 euros en efectivo, 25.200 francos suizos, 4.000 dólares, 1 helicóptero, 33 vehículos de gama alta, 27 armas de fuego y otros efectos.

La operación Ballena Blanca se inició en marzo de 2005 y supuso la detención de medio centenar de personas de distintas nacionalidades, entre ellos tres notarios y varios abogados, por su presunta implicación en una red que supuestamente blanqueó en Marbella 250 millones de euros y a la que se intervinieron recursos por 350 millones y más de 250 fincas.

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"CASO PRETORIA"; PRENAFETA LLAMA A MAS PARA AGRADECERLE EL APOYO Y NIEGA QUE CDC AYUDARA CON LA FIANZA

Tras un mes de prisión

* 'Es en los momentos difíciles que se conoce a la gente y a las organizaciones'
* Tras permanecer más de un mes en prisión se muestra agradecido por el apoyo

Europa Press | Barcelona

El ex alto cargo de CiU Lluís Prenafeta llamó al secretario general de CDC, Artur Mas, para agradecerle el apoyo dado por el partido a la familia durante los días en los que ha estado en la cárcel por su presunta vinculación en el caso Pretoria, y afirmó que no tienen constancia que CDC haya ayudado a pagar la fianza.

En declaraciones a Rac1, Mas aseguró que no se atrevió a llamar a Prenafeta y Alavedra durante sus primeras horas de libertad porque prefería "dejarles en paz con sus familias".

En la llamada que Prenafeta realizó a Mas, le mandó un abrazo y le agradeció que CDC haya apoyado a su familia, destacando que padecido un "sufrimiento muy intenso". "Es en los momentos difíciles que se conoce a la gente y a las organizaciones. Y un partido como CDC y como CiU tenemos que estar al lado de aquella gente que lo está pasando mal", dijo.

Prenafeta abandonó sobre las 14.30 horas la prisión de Can Brians 2, acompañado por su hijo Marc Prenafeta, tras permanecer más de un mes en prisión por su presunta implicación en la trama de corrupción urbanística en Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona, después de hacer efectivo el pago de la fianza de un millón de euros impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Además
* ¿Quién es quién en 'Pretoria'?

elmundo.es

EL FISCAL APOYA LA ENTREGA AL PALAU DEL DINERO EMBARGADO A MILLET

El juzgado tiene a su disposición 3,6 millones de los dos imputados

J. G. ALBALAT / BARCELONA

Los abogados defensores ofrecieron la posibilidad de entregar ya al Palau de la Música los 3,6 millones de euros embargados al expresidente de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull. La mitad había sido depositada por los imputados en el juzgado junto a la confesión y la otra mitad fue localizada por los Mossos d’Esquadra en una caja de seguridad de un banco. Los representantes legales de la entidad cultural recogieron el guante y lo solicitaron al juez Juli Solaz de forma oficial. Y, ahora, la Fiscalía de Barcelona ha dado el visto bueno a esta operación, que deberá ser acordada por el magistrado que investiga la apropiación de millones de euros y la falsificación de facturas.

Una de las fuentes jurídicas consultadas por este diario ayer fue muy explícita a la hora de definir esta petición. «Para que el dinero esté en una cuenta del juzgado es mejor que lo tenga el Palau para realizar actividades». Y es que esos 3,6 millones de euros es casi seguro que antes o después acabarán en manos de la entidad cultural. Por ahora, es la cantidad que el juez considera que puede cubrir los perjuicios. Pero, con casi toda posibilidad, esta cifra aumentará, pues no se tuvo en cuenta cuando se fijó que no estaban acabadas las auditorías encargadas por la Fundació Orfeó Català y el informe elaborado por la Invervenció General de la Generalitat respecto al Consorci del Palau de la Música, un organismo en el que participa la Administración. Los dos peritajes detallan que el desvío de fondos puede llegar a los 24 millones de euros.

HACIENDA / Esta cifra no es definitiva. Todavía falta un informe sobre las obras de ampliación del recinto modernista. Los técnicos han constatado diferencias contables, pero no se han concretado a nivel judicial. Asimismo, dos funcionarios de Hacienda están analizando la documentación recogida durante el registro del Palau, el pasado 23 de julio.

elperiódico.com

"CASO PRETORIA"; DEJAN EN LIBERTAD CON CARGOS AL EX DIRECTOR DE URBANISMO DE LA GENERALITAT

CORRUPCIÓN | Tras prestar declaración en la Audiencia Nacional

Emili Mas a su salida de la Audiencia Nacional.| Carlos Alba

* Garzón no le ha impuesto ningún tipo de medidas cautelares
* Su letrado tilda el caso de 'comedia de enredos de graves consecuencias'

Efe | ACN | Barcelona

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad con cargos, pero sin medidas cautelares al ex director de urbansimo de la Generalitat, Emili Mas, después de declarar durante aproximadamente veinte minutos en el Alto Tribunal por su imputación por un delito de actividades prohibidas a funcionario público en relación con el 'caso Pretoria'.

Su defensa ha comparado 'Pretoria' con "una comedia de enredos con unas graves consecuencias".

Según ha señalado el letrado, Mas, a quien el PSC ha suspendido temporalmente de militancia tras su imputación en el "caso Pretoria", espera que "esto termine lo más pronto posible" y "está convencido de que va a ser así".

"Lo que esperamos es que la Justicia sea lo más rápida posible y que el señor Garzón y el fiscal están en esta línea", ha subrayado Castelló.

El magistrado sostiene que Mas mantenía una "fluida relación" con el ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama Luis García, "relacionada con cuestiones urbanísticas e inmobiliarias".

Los otros tres imputados en la supuesta trama de corrupción urbanística que han declarado este viernes, el ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneres Víctor Ros (PP), al ex concejal socialista de esta localidad Antoni Jiménez y el ex consejero delegado de Marina Badalona, Juan Felipe Ruiz i Sabido, también han quedado en libertad sin medidas cautelares a instancias de la Fiscalía Anticorrupción.

Los primeros en llegar a la Audiencia Nacional han sido Antoni Jiménez y Víctor Ros, imputados por los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal y exacciones ilegales y defendidos por el letrado Artur Ventura, que tras la comparecencia ha dicho que están "tranquilos y cómodos" y ha afirmado que el segundo ha aclarado ante el juez todas sus "decisiones políticas".

"He pensado mucho en mi familia y en el pueblo de San Andreu de Llavaneres, que es lo más importante de todo", ha señalado Ros, que ha negado tener alguna relación con cualquiera de los otros imputados en la causa -que ya ascienden a veinte- y, por tanto, que pudiera formar parte de la presunta trama.

Garzón sostiene en su auto que durante el mandato de Ros en Sant Andreu "se tomaron decisiones que favorecieron a algunos de los imputados en perjuicio del propio Ayuntamiento", y de Antoni Jiménez señala "que habría tenido participación en la denominada 'operación Niesma'", desarrollada en esta localidad barcelonesa entre 2003 y 2007 y en la que supuestamente se defraudaron 12.377.000 euros.

Tras ellos el turno ha sido para Juan Felipe Ruiz i Sabido, imputado por un delito de tráfico de influencias y cuyo abogado, José María Fuster-Fabra ha señalado que su cliente ha actuado siempre "en beneficio público" y que su gestión ha beneficiado a Badalona.

El magistrado sostiene que Ruiz i Sabido es "persona muy próxima a Luis García", ex diputado del PSC y supuesto cabecilla de la trama, al que habría ayudado "con decisiones favorables al grupo de inversores para los que trabajaba éste".

elmundo.es

UNA OBRA DECIDIDA POR UN IMPUTADO EN LA "GÜRTEL" CUADRUPLICÓ SU COSTE

La adjudicación del ex alcalde de Arganda pasó de 5,9 millones de presupuesto inicial a 20,3

Vista parcial de la AR-30 el día de su inauguración.

ALICIA GUTIÉRREZ - MADRID

Pujar a la baja y luego disparar la cifra de la adjudicación. Eso fue lo que ocurrió en Arganda del Rey (Madrid) con dos constructoras vinculadas al caso Gürtel. Teconsa y Constructora Hispánica obtuvieron en 2006 tres contratos para construir la circunvalación AR-30. Los tres tramos adjudicados, dos para Teconsa y uno para Hispánica, se habían cifrado en 11 millones de euros, pero terminaron costando al municipio más de 27 tras sendas modificaciones de proyecto y encargos de obras "complementarias".

La ejecución de los dos tramos adjudicados a Teconsa se había licitado por 5,9 millones de euros, pero acabó costando casi el cuádruple: 20,3 millones. Hispánica pasó de 4,1 millones a 7. En el momento de la adjudicación, Arganda tenía como alcalde a Ginés López, del PP, imputado en la Gürtel y para quien el juez ha fijado una fianza civil de 1,5 millones de euros, la segunda más alta del caso.

La sociedad municipal que adjudicó las obras no informa al pleno

Ni un dato oficial


Los documentos oficiales remitidos al pleno municipal sólo dan información sobre dos tramos: el 10.1, adjudicado a Teconsa por 2.820.770,49 en mayo de 2006, diez días después del anuncio de licitación; y el 2-3, otorgado por Hispánica en concurso ordinario por 4,1 millones, un precio que implicaba una baja de nada menos que el 20,9% respecto al de licitación.

Del tercer tramo de la carretera, el 10.2, no hay datos municipales. Pero Teconsa, ahora en concurso de acreedores suspensión de pagos publicó en su página web que también lo estaba realizando. La constructora incluyó en esa página el presupuesto de los dos segmentos de la AR-30 que se le habían encomendado: 20.380.238 euros.

Dos imputados dirigieron la empresa: Martín Vasco y Ginés López

Bajo el argumento de que el asunto está en manos de un juez, tras una denuncia del PSOE, el Ayuntamiento de Arganda se niega a dar explicaciones.

La oposición socialista, que se ha estrellado contra un muro en sus múltiples intentos por conocer los detalles del proyecto, ni siquiera ha logrado acceder al expediente completo de la carretera, de 7,5 kilómetros de longitud y finalizada en vísperas de las elecciones de 2008.

La denuncia del PSOE, ahora en manos de un juez de Alcalá de Henares, se centra en un crédito de 16 millones que el gobierno local solicitó en 2008 para pagar las obras. Según los socialistas, la operación crediticia fue irregular. Un ejemplo: los importes de las facturas aprobadas, dice la denuncia, "no coinciden con los incluidos" en el expediente enviado al pleno municipal, "ni tampoco los pagos asignados a cada uno de los tramos de la obra".

Las adjudicaciones corrieron a cargo de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal, dependiente del consistorio y en aquella fecha presidida por el propio Ginés López. Sobre su antecesor al frente de la empresa municipal de Arganda, el diputado Benjamín Martín Vasco, igualmente imputado en el sumario Gürtel, pesa una fianza de 955.000 euros.

"No puede mirar a otro lado"

Pablo Rodríguez Sardinero, el dirigente del PP que relevó a Ginés López cuando dimitió en marzo, formaba parte de la junta de gobierno que aprobó el proyecto. Desde 2007, Rodríguez Sardinero preside Fomento y Desarrollo Municipal, sociedad anónima que no informa de sus pasos al pleno municipal y en cuyo consejo no está presente la oposición.

"El alcalde no puede mirar para otro lado", protesta Victoria Moreno, portavoz municipal del PSOE. La concejal recuerda que Rodríguez Sardinero "no puede alegar desconocimiento" dado que "formaba parte de la junta de gobierno en 2006".

Y no puede, argumenta, porque ella misma le entregó "el dossier de todas las irregularidades antes de llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción". Anticorrupción consideró que la denuncia debía tramitarse por cauces ordinarios y la remitió a Alcalá de Henares.

El precedente de la 124

La relación de la localidad madrileña de Arganda con la red corrupta ya era conocida. De hecho, allí se localiza una de las operaciones más productivas para sus miembros: la venta del suelo de la llamada Área 124.

Martinsa, otra de las constructoras involucradas en el caso, adquirió los terrenos por 77 millones, cantidad que recuperó casi al completo al vender luego un tercio del solar por 73 millones. Las conversaciones intervenidas a los miembros de la red corrupta indican que Martinsa pagó más de un millón de euros al grupo de Correa y una cantidad similar a cargos municipales de Arganda que decidieron sobre la adjudicación. De nuevo, la adjudicación fue realizada por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal.

La opacidad de esta empresa, que con un variopinto objeto social lo mismo vende suelo que organiza eventos locales, impide conocer qué elementos forzaron a modificar en menos de un año los proyectos de adjudicación de los tramos 10.1, 10.2 y 2-3. En realidad, ni siquiera es posible afirmar sin dudas si el precio global de la AR-30 sólo se duplicó o si, por el contrario, se triplicó.

La duda surge por el caso de Teconsa. Aunque los documentos de la junta de gobierno cifran el proyecto modificado del tramo 10.1 en 7,8 millones, con lo que se supone que ese era el coste total del proyecto, las facturas presentadas posteriormente acreditan que a esa cifra hay que sumarle los 2,8 millones adjudicados originalmente.

Un tercer proyecto, el de obras complementarias, cuyas características y alcance permanece en secreto, se valoró en 1,5 millones. Total, 12,2 millones de euros por un tramo que debería haber costado un máximo de 2,9 millones, que fue el precio de licitación.

público.es

"CASO MERCASEVILLA"; EL PSOE ACUSARÁ A MELLET Y A PONCE SÓLO DE UN INTENTO DE ESTAFA POR LAS COMISIONES

Por la presunta petición de comisiones a empresarios

María Rionegro | Sevilla

El Partido Socialista quiere pasar página cuanto antes respecto al 'caso Mercasevilla', y lo piensa poner fácil. De ahí que en el escrito de acusación que en los próximos días deberá remitir a la juez instructora de la causa, Mercedes Alaya, el PSOE rebaje el escándalo del presunto intento de extorsión a dos empresarios hosteleros por parte de los ex directivos del mercado central de mayoristas, Fernando Mellet y Daniel Ponce, a un mero intento de estafa, y exime de toda culpa al delegado provincial de Empleo y dirigente del PSOE de Sevilla, Antonio Rivas.

Según han confirmado a EL MUNDO.es de Andalucía fuentes del caso, la acusación popular del PSOE elevará al Juzgado de Instrucción número 6 antes del día 23 de diciembre, fecha en que la juez ha citado a las partes para concretar las imputaciones y comenzar a tramitar el caso conforme a la ley del jurado, un escrito en el que acusará a Mellet y a Ponce sólo de un supuesto delito de estafa en grado de tentativa, ya que «la comisión solicitada nunca llegó a cobrarse», sin referirse en ningún momento a la comisión de un posible delito de cohecho.

Una acusación, en principio, 'cómoda' para los principales acusados por sus limitadas consecuencias. Con esta decisión, el PSOE ‘salva’ a estos dos ex directivos de Mercasevilla de la presunta comisión de un segundo delito: cohecho. Y es que, la representación jurídica de los socialistas no le conceden ni a Fernando Mellet ni a Daniel Ponce la condición de autoridad o funcionario público. De esta forma, también intentan alejar la posibilidad de que, finalmente, sea un jurado popular quien enjuicie el caso.

Una probabilidad que toma fuerza si la juez, finalmente, imputa al delegado provincial de la Consejería de Empleo, Antonio Rivas, por un presunto delito de cohecho. Esto supondría, con toda seguridad, que, si la causa investigada llegara a juicio, éste tendría que celebrarse ante un jurado popular. Una circunstancia que no les conviene a ninguno de los imputados, ya que, con la grabación de la petición de las presuntas comisiones ilegales como principal prueba, un jurado popular es, muy probablemente, sinónimo de condena.

Además
* Quién es quién en el 'caso Mercasevilla'

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