viernes, 26 de junio de 2009

HISTORIA DE UN PELOTAZO EN CALP

El fiscal cree que un ex concejal de EU contó con la permisividad del gobierno del PP

ARTURO RUIZ - Calp

La acusación consideró probado en un juicio celebrado ayer que en 1999 el ex concejal de Servicios Técnicos de Calp Manuel Roura -que pertenecía a EU pero tenía competencias bajo el gobierno del PP- utilizó información privilegiada para "pegar un pelotazo urbanístico" y obtener beneficios económicos en una permuta realizada por el Ayuntamiento para la construcción de una subestación eléctrica. El fiscal añadió que Roura contó con la "permisividad" del resto de la corporación y comparó la gestión urbanística de esta última con la de Marbella.

Por este caso, que ha quedado visto para sentencia, además del ex edil de EU también está imputado su tío carnal, Jose María García Guijosa, quien era el administrador de la empresa Hariolus Europa, cuyas acciones, según el registro mercantil, eran compartidas al 50% por Roura y por su ex esposa, Francisca Sevilla, quien también trabajaba en el área municipal de Servicios Técnicos. En menos de 4 meses -entre noviembre de 1999 y febrero de 2000- Hariolus se las arregló para comprar a un propietario de Calp por diez millones de pesetas una parcela de suelo no urbanizable y vendérsela después a cambio de unidades de aprovechamiento urbanístico equivalentes a 60 millones al Consistorio para edificar la subestación. Por estos hechos, el fiscal imputa a los dos acusados los delitos de tráfico de influencia y negociación prohibida para autoridades, a los que la acusación popular añade el de uso de información privilegiada.

Según el relato del fiscal, la trama comenzó a urdirse en julio de 1999, cuando Calp sufría constantes apagones de luz y exigía nuevas instalaciones que los remediaran. Justo este mismo mes, Guijosa gestionó la compra de Hariolus Europa, una empresa inactiva de un empresario de Ontinyent. El 25 de noviembre, Guijosa y Roura escrituraron esa firma en Alicante y sólo 24 horas después firmaron en el despacho profesional de Roura un contrato de compra con el propietario de la parcela de la futura subestación, un vecino de Calp de 87 años, al que pagaron 10 millones al contado.

El fiscal añadió que en la concejalía de Servicios Técnicos que Roura había dirigido hasta abril de ese año había información privilegiada que constaba que esa parcela era la idónea para que Iberdrola pudiera construir la subestación: "Por un lado, sabían de las necesidades que tenía Calp de mejorar su suministro de luz y por otro se aprovecharon de un señor muy mayor y poco conocedor de los cambios que había sufrido el PGOU para comprar la parcela". Según el ministerio público "todo estaba amañado": en aquel contrato actuaron como testigos una persona de confianza del área de Servicios Técnicos - que después acabó convertida en secretaria de Roura- y un trabajador de la concesionaria de la basura que actúo como intermediario.

A partir de ese instante, en todos los trámites sólo aparece Guijosa, pero la acusación cree que era Roura el que manejaba los hilos en la sombra y que su tío sólo era un testaferro. El 2 de febrero de 2000, Guijosa firmó el convenio de cesión de la parcela con el entonces alcalde, Javier Morató, y el edil de Urbanismo, José Perles, ambos del PP a cambio de 4.835 unidades de aprovechamiento urbanístico. El 15 de febrero, el pleno aprobaba ese convenio por unanimidad para ceder después la parcela a Iberdrola. Y el 15 de marzo Hariolus Europa vendía por 60 millones las unidades a un conocido empresario de Calp, Salvador Torregrosa quien, por cierto, una década más tarde aún no ha podido convertir esas unidades en viviendas debido a problemas con el registro, tal y como declaró ayer.

El fiscal se preguntó cómo era posible que los concejales que aprobaron en el pleno aquel convenio no supieran que Guijosa era tío de Roura y que por lo tanto se estaba urdiendo una trama. De hecho, ayer, Morató y Perles se contradijeron: el primero dijo que no conocía esa vinculación familiar y el segundo que sí, aunque la misma no constaba en el expediente. En la actualidad Morató es el primer teniente de alcalde en el ejecutivo del nacionalista Ximo Tur y Perles es de nuevo el concejal de Urbanismo.

Por su parte, Roura aseguró que se limitó a ejercer de abogado de su tío y dijo que ni él ni su esposa pertenecían a Hariolus y que si así constaba en el registro mercantil era por culpa de un error de su gestor. En la vista, su ex esposa añadió que "mi marido tenía tantas empresas que ni me acuerdo de si Hariolus era una de ellas". Roura también subrayó que la idoneidad de aquella parcela para la subestación "era conocida por todo el mundo, pues la homologación del PGOU estaba expuesta al público desde 1998". Y concluyó que no acudió a votar al pleno en el que se aprobó el convenio, con lo que no intercedió a favor de su tío.

Por último, la abogada de este último señaló que si Guijosa aceleró los trámites para comprar la parcela que después revendería al Ayuntamiento fue porque "mi cliente es un empresario, no una ONG". El propio Guijosa añadió que si compró una empresa inactiva como Hariolus era "porque estábamos en la época del boom de la construcción y había que darse prisa en tener sociedades para adquirir terrenos". Cuando el fiscal le hizo ver que la parcela en cuestión era suelo rústico y que no podría haber edificado en ella, matizó que "en realidad la quería para guardar herramientas, aunque después en un bar, me enteré de que allí se podía construir la subestación; en Calp, es en los bares donde se saben esas cosas"., concluyó el acusado.

ELPAÍS.COM

LA FISCALÍA INVESTIGA UN SAFARI DE LUJO DE BÁRCENAS AL CREER QUE LO PAGÓ CORREA

INDICIOS DEL SUMARIO POR SUPUESTOS SOBORNOS AL TESORERO DEL PP

Nuevos escritos detallan un viaje de 15.000 euros a Suráfrica

El Supremo analiza el pago y presuntos sobornos de un millón

CARLOS E. CUÉ - Madrid

Los investigadores del caso Gürtel estrechan el cerco sobre Luis Bárcenas. Cuantos más datos analizan, más detalles aparecen de su estrecha vinculación con Francisco Correa, el cabecilla de la red corrupta que ofrecía, supuestamente, todo tipo de regalos y sobornos a políticos para obtener concesiones públicas, contratos de organizaciones de actos y favores en operaciones inmobiliarias.

El tesorero afirma: "Me pago todos mis viajes. Viajo lo que puedo y quiero"

Bárcenas no aporta ningún tipo de factura o prueba que acredite los pagos

Además de las múltiples anotaciones en la contabilidad B de la red de Correa que suman casi un millón de euros en 2002, 2003 y 2007 en supuestos sobornos al tesorero del PP, los investigadores han encontrado en el registro de la sede de la trama en la calle Serrano de Madrid un documento que, según la fiscalía, podría probar un regalo de Correa a Bárcenas. Se trata de un detallado plan de ruta, de siete folios, que describe un viaje de superlujo en un safari a Suráfrica.

"La relación entre el señor Bárcenas y el señor Correa por cuestiones distintas a los contratos entre empresas del segundo y el Partido Popular se confirma igualmente por otro documento intervenido en el registro de la sede de Serrano", escribe en su informe la Fiscalía Anticorrupción.

Pasadena Viajes

"Se trata de un viaje del señor Bárcenas a Suráfrica del que se desconoce la fecha si bien el documento aporta suficientes datos para su comprobación. Este viaje, a diferencia de otros localizados igualmente en la documentación hasta ahora examinada, no consta haberse pagado y parece haber sido facilitado a través de Pasadena Viajes, entidad perteneciente al grupo de Francisco Correa", concluye el informe.

Los documentos del viaje han sido incorporados por el Tribunal Supremo, que ha decidido hacerse cargo de la investigación del caso Gürtel en la parte referida a Luis Bárcenas y al otro aforado, el diputado Jesús Merino. De hecho, el auto del Supremo señala que "las anotaciones existentes en los documentos intervenidos son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico al aforado, al que se identifica con su nombre, con su apellido o con la expresión Luis el cabrón". Se refiere, aunque no lo cita expresamente, a este viaje a Suráfrica.

Se trata de un paquete de superlujo de nueve días que, según los cálculos de varias agencias de viajes, tiene un coste mínimo de unos 15.000 euros por persona. Los documentos no aclaran cuántas personas viajaron con Bárcenas, aunque sí que el viaje era suyo, puesto que concluyen con una anotación: "Archivo de Word: carta a Bárcenas".

El tesorero, preguntado ayer por EL PAÍS a través de un portavoz -Bárcenas no habla directamente con periodistas, a pesar de ser senador- admite que el viaje existió, asegura que es "de hace tiempo", y sostiene: "Yo me pago todos mis viajes. Me gusta mucho viajar. Viajo lo que puedo y quiero". El tesorero del PP, sin embargo, no aporta ningún tipo de factura o prueba de que efectivamente pagara el viaje. Tampoco la ha aportado en sus alegaciones.

El viaje de nueve días se realizó con billetes en preferente hasta Johannesburgo, que tiene un coste mínimo de 6.000 euros. En el paquete de superlujo estaban incluidos ocho vuelos, algunos de ellos en avión privado, uno en una avioneta de cinco plazas, además de un sobrevuelo en helicóptero sobre las cataratas Victoria.

Los hoteles del viaje también eran de superlujo, entre ellos el Victoria Hotel, en Sandon Towers en Johanesburgo, el Mount Nelson en Ciudad del Cabo y el Main Kamp en Mala Mala, en el Parque Kruger. Y dentro de esos hoteles, el viaje reservado por Bárcenas incluía las habitaciones más caras, suite, suite deluxe o superior en el Parque Kruger. También en un tren, incluido en el viaje, la cabina elegida era "deluxe".

El viaje incluía un safari por el Kruger, un viaje a Zimbabue para visitar las cataratas Victoria en helicóptero y un crucero privado por el río Zambeze. Todo, supuestamente, pagado por la red de Correa, según los investigadores, aunque Bárcenas insiste en negarlo.

Correa era un especialista en viajes. De hecho, fue así como entró en el PP. En la época de Francisco Álvarez-Cascos como secretario general, Correa acudió al partido para ofrecer sus servicios como agente de viajes. En poco tiempo se hizo con todos los voluminosos contratos del PP, hasta el punto de que organizaba todas las campañas electorales y los viajes de los periodistas que seguían al partido de José María Aznar. "Los hacía de maravilla, y así poco a poco se hizo con todo, por desgracia", sentencia un veterano de la calle Génova, 13.

Crece la presión ante el silencio de Rajoy

Es muy difícil encontrar en estos días un dirigente del PP que apoye la continuidad de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del partido. El senador, que sigue tomando decisiones cada día sobre un presupuesto anual superior a los 70 millones de euros, está totalmente encerrado en sí mismo y rechaza por completo la posibilidad de la dimisión, según las personas que han hablado con él en los últimos días.

Sigue convencido de que el Tribunal Supremo le absolverá, e incluso de que no le imputará. Algunos confían en que al menos decida dejar temporalmente el puesto de tesorero, pero quienes le conocen creen que sólo lo hará si se lo pide Mariano Rajoy. El líder, sin embargo, no parece tener intención de tomar ninguna decisión y mantiene su silencio, sigue evitando las preguntas. Ayer volvió a hacerlo en el Congreso, y sólo convocó a los fotógrafos para un encuentro con el veterano ciclista Federico Martín Bahamontes.

Mientras, y pese al silencio del líder, crece la presión interna. Es tan fuerte ya que Esteban González Pons, el portavoz, admitió su existencia. Preguntado por la frase del diputado Vicente Martínez Pujalte, que pidió a Bárcenas "una reflexión" sobre su continuidad, señaló: "Hay mucha gente que piensa como él y legítimamente además lo hacen entre nuestros compañeros".

Sin embargo, él cree que el PP debe "soportar ese coste político" de la continuidad de Bárcenas "con el fin de salvaguardar la imparcialidad que debe tener un partido político a la hora de tomar una decisión de estas características". Otro diputado, Juan Morano, apoyó públicamente la tesis de Pujalte, mientras Manuel Fraga señala que el asunto del tesorero "se andará".

UN SAFARI EXCLUSIVO DE NUEVE DÍAS

Los siete folios del plan de viaje encontrados en el registro de la sede de la red de Correa, y que no figuran como pagados, detallan un plan de safari con ocho vuelos en clase preferente, algunos en avioneta privada o helicóptero, y ocho noches de hotel en las habitaciones más exclusivas, o en un camarote de lujo en un tren turíst

ELPAÍS.COM

MERINO:"DESDE EL PRIMER MOMENTO PUSE MI CARGO A DISPOSICIÓN"


Trama Gürtel

Jesús Merino. | Efe

Carmen Remírez de Ganuza | Madrid

Dos son los aforados del PP a los que anteayer abrió causa el Tribunal Supremo. Pero sólo uno de ellos se ha mostrado dispuesto a dimitir, y así lo ha manifestado, de manera expresa, ante Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría, de cuyo equipo de dirección en el Grupo Popular en el Congreso él forma parte como coordinador de comisiones parlamentarias.

Se trata del diputado Jesús Merino, quien, a diferencia del senador Luis Bárcenas y en declaraciones a este diario, aseguraba ayer que "desde el primer momento en que surgió mi nombre, puse a disposición del Grupo y del partido mis responsabilidades en el mismo, al objeto de crear el menor daño posible al PP".

Merino, a quien el auto del Supremo atribuye el cobro de 317.700 euros presuntamente recibidos de la trama de Correa (una de las supuestas percepciones, 55.000 euros, correspondiente a 2007) y un posibles delito de cohecho y otro contra la Hacienda Pública, no quiso hacer ninguna otra declaración.

Además

* El PP prefiere evitar ser 'injusto' con Bárcenas
* PSOE: 'Rajoy debe ser el único español que confía en él'
* Debate: ¿Debe Rajoy apartar a Bárcenas del PP?
* Operación Gürtel: Los detenidos y sus negocios

ELMUNDO.ES

PAULA CHAVES FIRMÓ LA AEPTACIÓN DE LA AYUDA COMO APODERADA

El PSOE sigue impididiendo que se investigue el escándalo

La firma de Paula Chaves Iborra en el documento de aceptación de la ayuda.

* El pleno del Parlamento de Andalucía rechazo, por la mayoría del PSOE, crear una comisión de investigación, como habían pedido PP e IU

J. Caro Romero / M. Mª Becerro | Sevilla

El PSOE impidió ayer, con su mayoría absoluta, que prosperase la creación de una comisión de investigación en el Parlamento andaluz solicitada por el PP e IU, para aclarar las posibles irregularidades de la ayuda concedida por el Gobierno que presidía Manuel Chaves a una empresa apoderada por su hija Paula.

Y lo hizo justo después de que el PP mostrara la prueba definitiva de que, contra la versión oficial, la hija del vicepresidente tercero del Gobierno no es una simple trabajadora más entre los 450 empleados de la empresa Matsa: la firma de Paula Chaves aceptando el incentivo avalado por su propio padre, en un documento que EL MUNDO pudo comprobar ayer que forma parte del expediente original, una vez que la Junta retiró el veto a este diario.

El sello de entrada en la Junta.

El documento es definitivo: La hija de Chaves rubricó el 19 de febrero la aceptación de la ayuda en calidad de apoderada de Matsa, un documento que se registró en la Junta cuatro días después. Y viene a probar la relación directa de Paula Chaves con el incentivo y su plena capacidad para adoptar decisiones directivas en Matsa, condiciones necesarias para concluir que su padre, tres meses antes de abandonar la Presidencia de la Junta de Andalucía, incumplió el artículo 7 de la Ley andaluza de Incompatibilidades de Altos Cargos.

Manuel Chaves presidió el Consejo de Gobierno del 20 de enero como presidente de la Junta. Y debió inhibirse cuando llegó el momento de abordar la aprobación de la ratificación del incentivo, porque él tenía que saber que en ese asunto estaba involucrada directamente su hija, como lo ha reconocido la propia Matsa en un comunicado.

Tanto el vicepresidente del Gobierno como la Junta de Andalucía mantienen que el primero no incumplió la Ley de Incompatibilidades porque la firma de Paula Chaves sólo figura en el expediente al final, en la aceptación de la ayuda, fechada el 23 de febrero, un mes más tarde de que su padre participara en la adopción del acuerdo del Consejo de Gobierno.

Pero, en realidad, la Junta ya la reconocía en un documento como apoderada el 12 de febrero.

Además

* El PSOE insiste: 'Es un montaje de un sindicato fascista'
* La Fiscalía remite al Supremo la querella de Manos Limpias
*El PP pedirá que Chaves hable enla diputación permanente
*El PP retira la querella contra Chaves "para ampliarla"

ELMUNDO.ES

SE ALZA EL SECRETO DE SUMARIO DEL CASO ASTAPA DE ESTEPONA

¿UNA CORRUPCIÓN COMO LA DE MARBELLA?

Un año después de las primeras detenciones en Estepona, gobernada entonces por el socialista Antonio Barrientos y ahora por el socialista David Valádez, que intervino en la denuncia del caso, se ha levantado el secreto del sumario dejando entrever un supercaso socialista de corrupción.

*Chaves fracasa en Estepona: no impone a "su alcalde" y Patricia Rojo es imputada en firme

Pedro de Tena
Según las declaraciones de algunos empresarios, la corrupción podría ser incluso superior al caso Marbella: "Las comisiones que hemos tenido que pagar en Estepona son mucho mayores que las que tuvimos que pagar en Marbella en tiempos de Roca".Así se expresaba un empresario de la constructora Proincosta, según uno de los primeros informes policiales conocidos del caso Astapa, tal y como cuenta este viernes El País.

Hay que recordar que Patricia Rojo, hija del presidente socialista del Senado, Javier Rojo, está implicada en los hechos.

En aquella operación policial-judicial, fue detenido el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, otros seis ediles del PSOE y del partido posgilista PES, así como numerosos cargos y técnicos municipales relacionados generalmente con el urbanismo. La apertura del sigilo judicial ha permitido, en primer lugar, confirmar lo que era un secreto a voces en la ciudad: que la causa arrancó gracias a dos concejales, el actual alcalde, David Valadez (PSOE) y su compañera de corporación Cristina Rodríguez, que en noviembre de 2006 denunciaron en Madrid ante la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal las irregularidades de las que eran testigos. La instrucción, que sigue abierta, acumula 63 imputados.

Igual de evidente es que la dirección del Partido Socialista Andaluz, liderado por Manuel Chaves no hizo caso alguno a dichas denuncias por lo que el alcalde Barrientos siguió en el cargo. Cuenta ABC que una grabación de la Policía revela que la dirección del PSOE de Málaga recibió "un montón" de quejas de los casos de corrupción en Estepona y que la denuncia partió de dos concejales socialistas. Los investigadores grabaron una conversación el 28 de noviembre de 2007 entre el concejal de Hacienda, Francisco Zamorano, y el abogado Juan Simón, ambos imputados en el caso «Astapa», donde el edil socialista le dice al letrado que la Ejecutiva Provincial está recibiendo «un montón de quejas». También le dice que ha pedido una cita con la entonces secretaria provincial, Marisa Bustinduy, actualmente diputada socialista en el Parlamento andaluz, para «poner verde» al concejal de Urbanismo, Rafael Duarte. En la cinta, algunos imputados critican a Duarte por no aprobar convenios irregulares y no inflar el presupuesto municipal.

La Policía tuvo conocimiento de que la dirección provincial fue informada antes de las pasadas elecciones de las irregularidades destapadas hace un año por el Juzgado. La jueza destaca en el sumario que «la Policía Judicial sigue investigando sobre los hechos denunciados, que, dada la complejidad de la causa, su gran volumen y el número de imputados, requieren de varias líneas que actualmente están en su fase álgida». Bustinduy intentó, sin éxito, tapar la crisis de Estepona, junto a miembros de su Ejecutiva y otros cargos orgánicos e institucionales del partido. Además, según militantes del PSOE, la dirección malagueña no es la primera vez que mira hacia otro lado y hace oídos sordos a denuncias sobre irregularidades urbanísticas en otros municipios de la provincia.

El actual alcalde de Estepona, David Valadez, y la concejala socialista Cristina Rodríguez denunciaron la presunta trama de corrupción del Ayuntamiento, según figura en la parte del sumario levantado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, encargado del caso. El Juzgado levanta ahora el secreto de los seis primeros tomos, que suponen desde el folio uno al 2.857, "donde constan todas las actuaciones practicadas hasta principios de junio de 2008", mes en el que se desarrolló la operación policial. La denuncia de ambos ediles fue formulada el día 16 de noviembre de 2006 y en ella se establece que los dos «llevan ejerciendo el cargo desde el mes de junio de 2003 y en el tiempo transcurrido han venido observando distintas irregularidades, las cuales llevan a pensar que pudieran estar cometiéndose presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y blanqueo de dinero en el entorno del Ayuntamiento de Estepona».

El contenido de las irregularidades

La policía concluye que "los partidos políticos de Estepona, más concretamente el PES y el PSOE, tendrían al menos ciertas irregularidades en su financiación que podrían derivarse en actividades ilícitas". Se cita el caso de un convenio, tasado en 1,2 millones de euros que supuestamente sirvió para pagar la lujosa campaña electoral del PSOE esteponero en mayo de 2007. Para disimular esta financiación irregular, Barrientos supuestamente pidió a sus compañeros de lista que suscribieran un préstamo de 6.000 euros cada uno.

También se detectaron contrataciones y procesos de selección de personal "amañados" y aumentos injustificados de sueldo. El ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores, uno de los cerebros de la trama, propuso para él un complemento de 1.800 euros mensuales para que el entonces edil de Hacienda, Francisco Zamorano, lo presupueste, según la policía.

Valadez y Rodríguez entregaron a la policía una declaración de 18 folios acompañada de una carpeta amarilla con información sobre 15 convenios urbanísticos en la localidad, en la mayor parte de los casos con tasaciones de terrenos a la baja, lo que suponía tanta ventaja para los promotores como quebranto económico para el municipio.

Los principales implicados en el caso Astapa eran conscientes de la posibilidad de que la policía hubiera pinchado sus teléfonos y tomaron sus precauciones. El 24 de abril de 2007, el entonces alcalde Antonio Barrientos telefoneó a la que entonces era secretaria provincial del PSOE, Marisa Bustinduy. En un momento de la conversación, ésta le pregunta al alcalde si tiene teléfono fijo en su casa para "comentarle un temilla". Barrientos responde: "Yo tengo un teléfono blindado y controlado aquí en el Ayuntamiento ¿sabes? con todo tipo de medidas de seguridad, un teléfono rojo".

La discreción telefónica se extendía a los regalos que los concejales y altos cargos municipales percibían de empresarios. El abogado de la promotora Valle Romano, Daniel Delgado, estaba preparando una partida de "regalos navideños" para personas del entorno político, periodístico y empresarial de Estepona. Delgado llamó a la secretaria del responsable de la empresa y le conminó a que las dádivas fueran "una cosa discretita": "Es necesario que la entrega de regalos se haga de forma individualizada y muy discreta, de manera que nadie sepa qué regalos han recibido los otros".

Según el sumario, los imputados políticos no hacían ascos a la procedencia del dinero, siempre que éste llegara puntualmente y en metálico. El concejal del Partido Estepona (PES) Manuel Reina, pidió supuestamente 42.000 euros a repartir con otros dos imputados a cambio de otorgar licencia para el Club Oasis, un local de alterne. Los imputados exigieron el dinero en dos plazos mientras los vecinos de la zona protestaban por la implantación del prostíbulo en su vecindario.

Tres cajas municipales, dos de dinero negro

En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba “asumida e interiorizada”. La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.

Valadez y Rodríguez presentaron a la juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado

Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, el socialista Javier Rojo, fue asimismo imputada nuevamente a pesar de haber negado su participación en el caso. Patricia Rojo, salió del despacho de la jueza imputada y acusada de prevaricación y cohecho. La que era coordinadora de Urbanismo interrumpió sus vacaciones para declarar ante la juez Isabel Conejo imputada de presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Sobre las 9.15 del 17 de julio de 2008 llegó a los juzgados acompañada de su abogado y salió unas tres horas después, confirmándose su imputación.

Según contó en su día El Confidencial, "el destino de Patricia Rojo está ligado al del alcalde de Estepona,el socialista detenido en el marco de la Operación Astapa, Antonio Barrientos. Ella es una persona de su confianza. Cuando cese él, cesará ella”. De las distintas tramas existentes en el Ayuntamiento esteponero, Rojo era ‘miembra’ de la del alcalde “la que se encargaba de las grandes operaciones”, explicaban fuentes conocedoras de la actividad del Consistorio. “Imposible que no estuviera al corriente de sus manejos”, añaden.

Patricia Rojo fue citada a declarar ante la Policía porque se encargaba de la coordinación del área de Urbanismo en la localidad vecina a Marbella. ¿Pero qué hacía una chica como Patricia Rojo en un nido de corrupción como el Ayuntamiento de Estepona? De formación abogada, fue fichada en prácticas por Antonio Caba, ex alcalde socialista de Estepona, cuando gobernaba junto a PP, PA e IU entre 1999 y 2001. Caba es el antecesor, mentor y abogado de “El pollo”, que es como llaman a Barrientos en su pueblo. Su relación era tan intensa que Caba es su abogado. En el momento de su detención, Caba le acompañaba como letrado.

Las actividades del alcalde hoy detenido no podían serle ajenas a Rojo. El 23 de marzo del año 2007, la comunidad de propietarios del complejo Playa Dor denunció ante la Fiscalía al alcalde de Estepona, Antonio Barrientos; a la coordinadora del área municipal de Urbanismo, Patricia Rojo; a un técnico municipal de esta área; al imputado en el Caso Malaya Giovanni Piero Montaldo –empresario italiano vinculado a la mafia calabresa-; y a las empresas Promociones Los Ansares, S.A., vinculada a José María del Nido, y Moansa, S.A. por la comisión de un presunto delito urbanístico.

Casualmente, Barrientos departía –y hay suficiente material fotográfico que lo demuestra- tanto con el presidente del Senado, Javier Rojo, como con el presidente del Congreso, el también socialista, José Bono.

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PONS, SOBRE BÁRCENAS: "SEREMOS TAN DUROS COMO TENGAMOS QUE SER"


RAJOY SIGUE GUARDANDO SILENCIO

Tras confirmar el descontento con Bárcenas en el seno del PP, González Pons asegura ahora que el partido será "tan duro" como deba cuando tenga "todos los elementos de juicio encima de la mesa".

Según El País, Correa podría haber regalado al tesorero popular un safari de lujo por Suráfrica.




González Pons. Archivo.





* CLAMOR INTERNO contra Bárcenas

* Correa podría haber pagado un safari a Bárcenas
*Agapito Maestre El misterio y el enigma de Mariano Rajoy
*El PSOE: "¿Y ahora qué, señor Rajoy?"
*Pons admite que hay "mucha gente" en el PP que piensa como Pujalte
*El TS aprecia delito fiscal y de cohecho pero Bárcenas y Merino siguen en el PP

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha garantizado que su partido será "tan duro como tenga que ser" con el senador y tesorero de la formación, Luis Bárcenas, cuando "tenga todos los elementos de juicio encima de la mesa".

González Pons ha efectuado estas declaraciones en una entrevista en el programa "Bon Matí" de Canal 9, donde ha pedido que se levante el secreto del sumario en el caso Gürtel, por el que se investiga a Bárcenas como supuesto autor de los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública

"En este caso, en que nosotros seremos tan duros como tengamos que ser, lo que pedimos es que nos permitan tomar las decisiones con todos los elementos de juicio encima de la mesa, y no solo con las filtraciones interesadas a los periódicos", ha afirmado el portavoz del PP.

Según ha explicado, hasta el momento la información de la que dispone su partido es la que les ha facilitado el propio Bárcenas, quien asegura que "de lo que se sabe no hay base suficiente como para poderle imputar ningún tipo de delito".

González Pons ha insistido en que habrá que esperar a que se levante el secreto de sumario para tomar una decisión sobre el tesorero del partido.

El portavoz popular ha recordado que sólo se conocen del sumario "las partes que periodísticamente" más pueden perjudicar al PP y ha reiterado la necesidad de que, "de una vez", se haga público íntegramente el sumario "más manoseado y más filtrado de la historia de España"

González Pons ha reconocido que la decisión que ha adoptado su partido respecto a Bárcenas puede ser "difícil de entender", pero ha pedido que se haga "un esfuerzo por ser justos" y ha añadido: "el día que tengamos que tomar una decisión o no tomarla, lo haremos, pero aún no ha llegado ese día en la medida que no sabemos aún lo que hay".

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