martes, 14 de junio de 2011

EL JUEZ ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DEL "CASO BRUGAL" POR "INSUFICIENTE MOTIVACIÓN"

* Se refiere a las escuchas del origen del caso, sobre la recogida de basuras
* A partir de ellas se conocieron las presuntas irregularidades de Castedo
* Acepta recursos presentados contra el pinchazo a la esposa de Ripoll
* También se dejan sin efecto escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz

Europa Press | Alicante

El titular del juzgado de instrucción y primera instancia número 3 de Orihuela (Alicante), Carlos San Martín, que investiga la parte del 'caso Brugal' relativa a supuestas irregularidades del Plan Zonal de Residuos de la Vega Baja, ha anulado algunas de las grabaciones de la causa por falta de motivación o escasa motivación de los autos que las acordaron, que afectan a conversaciones mantenidas por el presidente de la Diputación alicantina, José Joaquín Ripoll, su mujer y los empresarios Enrique Ortiz, Rafael Gregory, Ángel Fenoll y su hijo. De este último que obtuvieron conversaciones que afectarían a los ex ediles de Orihuela Ginés Sánchez y Manuel Abadía.

En un auto de 162 páginas, contra el que cabe recurso, el titular del juzgado ha dado respuesta a numerosos recursos planteados por las defensas de los imputados en la causa, muchos de los cuales solicitaban la nulidad de las intervenciones telefónicas acordadas por distintos jueces a lo largo de la instrucción.

De este modo, el juzgado ha decidido estimar parcialmente el recurso planteado por el presidente de la Diputación de Alicante, Joaquín Ripoll, y ha declarado "parcialmente nulas" las diligencias practicadas sobre el teléfono de la mujer del dirigente del PP alicantino desde el auto de 11 de agosto, puesto que "ni el informe policial ni la propia resolución exponen los indicios objetivos" de la participación de esta persona "en actividad presuntamente delictiva alguna".

Asimismo, San Martín ha anulado para la esposa de José Joaquín Ripoll el auto de intervención telefónica de 7 de octubre de 2009, por incurrir "en idéntico vicio de nulidad". También anula el juez el auto de 30 de noviembre de 2009 que prorroga la intervención de las comunicaciones de José Joaquín Ripoll, su esposa, y del empresario Enrique Ortiz, al considerarlo "nula de pleno derecho" y "paradigma de resolución estereotipada, carente de la más absoluta motivación".

Además, el juzgado de Orihuela ha estimado parcialmente el recurso planteado por el empresario oriolano, Ángel Fenoll, en el que plantea la nulidad de escuchas, de manera que ha declarado "nulas las diligencias practicadas sobre el recurrente desde el auto de 16 de mayo de 2008" por estimarlas "nulas de motivación fáctica".

La nulidad de los autos de intervención telefónica para Ángel Fenoll a partir del fechado el 16 de mayo de 2008, -que incluye también el auto de 23 de mayo de 2008- implica también la nulidad de los que autorizan las escuchas a Rafael Gregory Fernández -de 13 y 23 de mayo de 2008-.

Asimismo, la nulidad del auto de 16 y 23 de mayo para Ángel Fenoll también se aplica para su hijo, Antonio Ángel Fenoll, puesto que "si la resolución es nula para la intervención de las comunicaciones de uno de los imputados, lo será también para las intervenciones en la misma resolución acordadas".

Respecto al recurso planteado por Antonio Ángel Fenoll también se pronuncia el juzgado y declara nulo "por falta de motivación" al auto de 15 de enero de 2008 que autorizaba la intervención de las comunicaciones de éste, y del que se obtuvieron conversaciones que derivaron en la intervención telefónica de los ex concejales del Ayuntamiento de Orihuela, Manuel Abadía Martínez, y Ginés Sánchez Larrosa, en virtud de un auto fechado el 25 de enero de 2008.

"CASO IBATUR"; UN EMPRESARIO FACTURÓ 30.000 EUROS FRACCIONADOS POR 2.000 DISCOS DE LOS VALLDEMOSA

Declaración judicial

* Lo hizo fraccionando la cantidad en varios contratos menores
* Así se evitó la convocatoria de un concurso público

Europa Press | Palma

El propietario de una editorial discográfica que ha prestado declaración en calidad de imputado en el marco del caso Ibatur, ha reconocido ante el juez que facturó del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) 30.000 euros en tres facturas distintas a cambio de 2.000 CD's del grupo mallorquín de los años sesenta Los Valldemosa, de forma que al ser fraccionada la cantidad en contratos menores se evitó la convocatoria de un concurso público.

Durante su declaración ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Miguel Brunet ha recordado que mantuvo dos encuentros en el Ibatur para ver si les interesaba aprovechar el repertorio de Los Valldemosa para su difusión. Así, en la primera se reunió con el ex director general de Promoción Turística, Eduardo Gamero, y "en algún momento se llamó" al entonces gerente del Ibatur, Raimundo Alabern, mientras que en la segunda también estaba presente Gamero.

Tal y como ha explicado el empresario, defendido por el abogado Miguel Ángel Mas, lo que se hizo fue valorar cuántas unidades tendrían que venderse "para que se justificase todo" y se estableció un precio de 15 euros por cada uno de los 2.000 CD que posteriormente el Ibatur regaló en las ferias turísticas. Al ascender la cantidad global a 30.000 euros, se hicieron tres facturas si bien ha precisado que él estaba involucrado "en la parte creativa y no en la administrativa".

"No recuerdo cómo se facturó y por qué se hizo de esa manera", ha asegurado el encausado, quien ha manifestado que se limitó a seguir instrucciones del Ibatur ya que "normalmente es la institución la que nos hace la indicación sobre la factura". Es más, ha asegurado no recordar que en la segunda reunión le transmitiesen que "tenían que ser facturas inferiores a 12.000 euros" y que entonces "no conocía los requisitos de la Ley de Contratos, aunque ahora sí".

Brunet ha sido uno de los cuatro empresarios que han sido interrogados este martes por el instructor del caso Ibatur. En total declararán quince imputados que presuntamente se vieron favorecidos durante la última legislatura de Jaume Matas (2003-2007) de contratos adjudicados 'a dedo' al haber sido fraccionados en partidas menores de 12.000 euros, a fin de evitar la convocatoria de un concurso público. Entre ellos se encuentra el ex conseller de Economía Alejandro Forcades, citado para el día 20.

En concreto, tal y como consta en una providencia, este miércoles comparecerán el profesional autónomo David Salvat, el empresario de CIAK Publicidad Konrad Tollokzo; la empresaria vitivinícola Lucía Gómez del Pulgar e Iván Marcos Terrasa; el jueves la presidenta de la Casa Balear en Berlín, Enriqueta Castelló, la administradora de Gráficas Planisi, Juana Planisi, el empresario gráfico José García y María José Losantos; y el día 20 José María Aldazabal, Antonio Mir y el propio Forcades.

Lope Sola acordó citarles después de que el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional remitiese al caso un informe en el que atribuye a estos y otros proveedores haberse concertado con los responsables del Ibatur a fin de resultar beneficiados de contratos fraccionados, una práctica fraudulenta al margen de los procedimientos de contratación.

Así, en el caso de quien fuese conseller bajo el mandato del ex presidente del Govern Gabriel Cañellas (PP) y actual presidente del Círculo de Economía de Mallorca, los investigadores apuntan a que mediante la anterior fórmula habría percibido numerosos contratos menores a través de la empresa SM2, dedicada a las nuevas tecnologías de la información, aspecto que Forcades, defendido por Gabriel Garcías, negó al ser interrogado en dependencias de la Policía Nacional.

Tal y como reflejan diversos oficios policiales incluidos en esta compleja causa, el Ibatur efectuó entre 2005 y 2007 un continuo fraccionamiento de contratos para que pudieran ser adjudicados de forma directa, una fórmula de que se habrían visto favorecidas unas 70 empresas.

Las investigaciones revelan que era "práctica habitual" de la empresa pública fraccionar contratos y hacerlo de dos formas diferenciadas, es decir, por un lado una sola mercantil facturaba varios contratos menores por un único evento diversificando los conceptos, mientras que por otro se aprecian supuestos de fraccionamiento de contratos cuyo origen es sustancialmente idéntico.

Cabe recordar que esta compleja causa permaneció bajo secreto durante más de año y medio, y en sus distintas fases policiales fueron detenidas hasta un total de 18 personas, entre ellas los ex gerentes del Ibatur Raimundo Alabern y Juan Carlos Alía -el único de los imputados que ingresó en prisión-, y el ex secretario y ex asesor jurídico de la empresa pública, Miquel Àngel Bonet.


elmundo.es

·CASO GÜRTEL"; UN IMPUTADO INTENTA NO DECLARAR TRAS LA INHIBICIÓN DEL JUEZ A FAVOR DE LA AUDIENCIA

Ya se negó el pasado 18 de mayo

Efe | Madrid

El consejero delegado de la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero, imputado en el "caso Gürtel", ha pedido al juez instructor que anule su declaración de mañana por haberse inhibido a favor de la Audiencia Nacional, pero el magistrado la ha mantenido.

En una providencia a la que ha tenido acceso Efe, el juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha señalado que "no ha lugar" a la suspensión de la declaración de Caballero.

Frente a la resolución de Pedreira el imputado puede presentar recursos en plazos de tres a cinco días, explica el propio magistrado en su providencia fechada de este martes.

Caballero, que ya el pasado 18 de mayo alegó que tenía que ser intervenido quirúrgicamente para no prestar declaración ese mismo día ante Pedreira, ha argumentado ahora que su citación para mañana debe suspenderse porque el magistrado se ha inhibido de la causa y ha acordado su devolución al Juzgado Central de Instrucción número 5 de Madrid.

Según la defensa de Caballero, su declaración debería producirse ante el nuevo juez del procedimiento, que será el que pueda acordar con posterioridad a la declaración y a la práctica de diligencias el sobreseimiento parcial de la causa respecto a este imputado.

La declaración de Fernández Caballero fue solicitada por la acusación particular en el "caso Gürtel" ejercida por el PSOE, que remitió a Pedreira un escrito donde se señalaba que la sociedad que el imputado presidía realiza "desde hace años, las operaciones y contratos más importantes" de esta localidad madrileña.

En un escrito fechado el pasado 8 de marzo, la acusación particular recordaba un informe realizado en mayo de 2009 por la Intervención General de la Administración del Estado en el que se concluía que la sociedad del imputado fraccionaba el gasto en varios contratos para adjudicarlos de manera directa a empresas de la "trama Gürtel", que eran las únicas a las que se pedían ofertas.

"En relación con los contratos de adjudicaciones de obras realizadas por la entidad Sociedad Fomento y Desarrollo Municipal S.L. destacan las llevadas a cabo a favor de Teconsa -cubrición de la piscina de La Poveda- y Constructora Hispánica -circunvalación de la AR30-", señalaba el PSOE.

Fernández Caballero sustituyó en el puesto de consejero delegado de esta sociedad municipal el 2 de octubre de 2007 a Benjamín Martín Vasco, uno de los tres diputados autonómicos del PP imputados que renunciaron a su escaño en la Asamblea de Madrid el pasado 28 de abril.

"OPERACIÓN POSEIDÓN"; AL MENOS TRES DETENIDOS EN LOS NUEVOS REGISTROS EN LA AUTORIDAD PORTUARIA

Reactivan el caso Mar Blau

Uno de los arrestados es Ángel Matías, director técnico
El otro es un empresario cuya identidad aún no ha trascendido
El caso fue destapado por ELMUNDO.es hace más de dos años

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

Agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial han vuelto a registrar las dependencias de la Autoridad Portuaria, en el marco de una nueva operación denominada Poseidón. Se reactiva de esta forma el caso de corrupción llamado Mar Blau. Durante la operación ha habido al menos tresdetenidos, uno de ellos es Ángel Matías, director técnico de la Autoridad, y otro el ingeniero Justo Aguado. Éste último ha sido arrestado en el aeropuerto. Todavía no ha trascendido la identidad del tercer arrestado.

Durante esta nueva operación se han efectuado tres registros por orden del Juzgado de Instrucción número 8.

El caso investiga supuestos amaños a favor de la empresa Trapsa Yates -propiedad de Teinver- para la concesión de concursos de amarres por parte de la Autoridad Portuaria de Baleares (APB). El caso fue destapado por ELMUNDO.es hace más de dos años.

Uno de los aspectos que se investigan es un contrato de 2005 entre el Club Marítimo de Mahón y Teinver por el que esta última empresa recibía tres amarres valorados en 4 millones y medio de euros y 13.000 euros a cambio de asesoramiento jurídico, legal y fiscal para el caso en que el club resultara adjudicatario del concurso de amarres en el Muelle de Levante del puerto de Mahón.

La Fiscalía sospecha que este contrato era, sin embargo, una pantalla para ocultar otro objetivo: que Trapsa Yates se retirara del concurso, al que también optaba el Club Marítimo con menos posibilidades de obtenerlo.

Finalmente, la Autoridad Portuaria de Baleares adjudicó este concurso en 2008 a Trapsa Yates a pesar de este acuerdo con el Club, y luego también concedió otros dos concursos en Ibiza y Palma al grupo empresarial de Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual.


elmundo.es

LA FISCAL DEL "CASO RENEDO" "YA ESTÁ EN CONDICIONES DE EJERCER LA ACUSACIÓN"

Gerardo Herrero señala que aún hay diligencias abiertas para analizar la documentación «de varias empresas y diferentes consejerías»

O. SUÁREZ / R. MUÑIZ | GIJÓN.

El fiscal superior de Asturias, Gerardo Herrero, detalló ayer el estado en el que se encuentra la instrucción del 'caso Renedo'. «Existen aún unas diligencias abiertas, en las que se está analizando documentación de varias empresas, así como la relación con diferentes consejerías». En lo tocante a los cinco imputados que hay hasta ahora (José Luis Iglesias Riopedre, María Jesús Otero, Marta Renedo, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez), «la fiscal tiene ya prácticamente finalizado el relato de los hechos; si no se producen novedades, está en condiciones de ejercer la acusación».

El Ministerio Fiscal sigue pendiente de que la Audiencia Provincial se pronuncie sobre una de las primeras medidas adoptadas por el magistrado que instruye el caso desde que pasara a Oviedo: imponer un secreto sobre el sumario que incluía al fiscal. «No es legal», entiende el fiscal. La semana pasada, el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla, autorizó el inicio del análisis de los documentos ocupados a Comercial Asturiana de Papelería S. A. (Igrafo), empresa de la que es accionista Víctor Manuel Muñiz.

El miércoles que viene, además, tiene citados a B. F. S. y V. H. M., dos funcionarios que pasaron por la Secretaría General Técnica de Educación. Durante la etapa de Riopedre, la de Educación fue la consejería con mayor rotación en este puesto, llamado a fiscalizar las contrataciones. El día 20 les siguen P. R. P., del mismo departamento, y Alberto Pérez Cueto, director general de Modernización en funciones, y superior inmediato de Marta Renedo. Todos responderán a las preguntas del magistrado y de las partes personadas, incluidas las acusaciones populares, ejercidas por el Bloque por Asturies y la Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (Avall).

Sorando acaba de solicitar que el Principado remita el expediente de las obras de cableado informático en el centro cultural de La Fresneda (Siero). En junio de 2006, la Consejería de Cultura, de la que era titular Ana Rosa Migoya, anunció las obras por 66.500 euros. Dos meses antes, un expediente autorizado por la consejera, ordenaba el pago de 26.500 euros por la instalación de un programa informático en el mismo centro a Oxiplans, una tapadera que presuntamente usaba Renedo para desviar fondos a sus bolsillos.


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