martes, 23 de noviembre de 2010

FABRA PIDE TIEMPO PARA JUSTIFICAR SUS INGRESOS

El juez da cinco días para entregar la nueva documentación del 'caso Fabra'

MARÍA FABRA - Castellón

Después de siete años de instrucción, cinco desde que se aprobara la investigación de su patrimonio y sus cuentas y seis meses desde que los peritos judiciales presentaron el informe en el que destaparon unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros, el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, necesita más tiempo para justificar el origen de este dinero cuya procedencia, según los peritos, "no consta".

Al menos así lo mantiene Juan Alberto Marco, el auditor de las cuentas de Fabra que realizó y ha presentado dos informes para tratar de rebatir las tesis de los peritos, que son inspectores de Hacienda. En uno de ellos, señala que existen "líneas de investigación abiertas para acreditar" la provisión de fondos en las cuentas del presidente de la Diputación. Y alega que estas nuevas líneas aún no se han cerrado por la "disposición limitada de tiempo".

"Esto es el cuento de nunca acabar", apeló el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, a la salida del juzgado de Nules, adonde ayer acudieron a declarar tanto el auditor de Fabra como los peritos fiscales que realizaron el informe encargado por el juez, en el que concluyeron la comisión de cinco fraudes fiscales cometidos por Carlos Fabra y otros cuatro por su entonces su esposa, María Amparo Fernández.

"No me quita el sueño", afirmó el propio Fabra al ser preguntado por los interrogatorios solicitados por él mismo ya aceptados pese a que el juez entendía que era un trámite que debía resolverse durante el juicio, aunque aún no se ha determinado si se celebrará. "Imagínese lo que me preocupa el tema", insistió Fabra, quien dijo que creía que las declaraciones tenían que producirse hoy.El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, quiere aportar más documentación al juzgado de Nules, que le investiga desde hace casi siete años por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. Considera que esta información podría variar las conclusiones de los peritos judiciales, que detectaron, entre 1999 y 2004 en las cuentas de Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, unas ganancias patrimoniales no justificadas de 3,6 millones de euros por las que dejaron de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros. El juez le ha dado cinco días.

Fabra acudió el pasado 23 de septiembre al juzgado de Nules después de que el juez, Jacobo Pin, atendiera su solicitud de ser interrogado, pese a que este es un trámite que el dirigente del PP podía haber reclamado en cualquier momento, dada su condición de imputado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y cinco fraudes fiscales. Lo solicitó cuando el juez ya había decidido acabar con las diligencias previas y dar un paso adelante en el procedimiento iniciado hace seis años y 11 meses. Aquel día, Fabra no aportó ningún documento a la causa. Solo con palabras, sostuvo que todos sus ingresos entre 1999 y 2004, más de ocho millones de euros, proceden de su actividad política, de sus negocios y de la gestión de su patrimonio y que los 3,6 millones cuyo origen no se ha justificado, según los peritos, son, únicamente, movimientos entre cuentas.

Ayer, tanto Juan Alberto Marco, un auditor de cuentas contratado por Fabra para rebatir el informe pericial que le acusa de los delitos fiscales, como Javier Boix, el letrado del presidente de la Diputación, alegaron tener constancia de la existencia de documentación que no ha sido tenida en cuenta por los peritos, pese a que estos tardaron cinco años en elaborar el informe y revisaron 17.000 operaciones. La ingente documentación solicitada a los bancos y las trabas de las propias oficinas bancarias (que no recibieron advertencia alguna) para aportar los documentos hicieron que las conclusiones se demoraron hasta el pasado mes de mayo, momento en el que el juzgado recibió el informe que sostiene que el matrimonio Fabra dejó de ingresar a Hacienda 1,7 millones de euros.

Sin embargo, según se planteó ayer en el juzgado, donde fueron interrogados tanto el auditor de Fabra como los peritos judiciales, Fabra cuenta ahora con documentos que no se encuentran en las decenas de miles de folios que ocupa la instrucción y que podrían hacer variar las conclusiones de los peritos.


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En un comunicado, Enrech ha apuntado que Carulla y su equipo de gobierno influyeron en una enmienda al artículo 17 de los anteriores estatutos para dar más poder a los mecenas del Patronato de la Fundació Orfeó Català.

Según Enrech, con los nuevos estatutos aprobados en julio las empresas pueden ejercer un derecho a voto que antes no tenían.

"Por si eso fuera poco", ha señalado, "este derecho a voto se hace extensivo a unos directivos que por su cargo tienen la condición de socio, muchas veces sin saberlo", ha criticado.

El candidato opositor ha lamentado que los directivos de las empresas podrán votar "incluso tres veces" sin haber abonado ninguna cuota como socios del Orfeó, y ha responsabilizado de ello a Carulla, a la que acusa de haber querido mantener el "modelo de privilegio" para los directivos de las empresas instaurado por Fèlix Millet.

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Una ex colaboradora de UM y ex empleada de las empresas Ambbit Digital -vinculada a la formación nacionalista- así como de diversos organismos públicos, Petra Verdú, ha apuntado a la ex presidenta de Emaya y ex regidora de Medio Ambiente, Cristina Cerdó, como la persona que medió para su contratación en varias de estas empresas, pese a que en realidad no realizó trabajo alguno en ellas sino que únicamente trabajaba para el partido.

Así de contundente se ha mostrado en su declaración como imputada ante el juez instructor del caso Maquillaje, Juan Ignacio Lope Sola, en la que ha recordado que Cerdó la llamó para que fuera al Consell, ya que desde UM iban a hacer campaña para las elecciones de 2007 y la iban a contratar. Sin embargo, cuando firmó el contrato, constató que no ponía UM sino el nombre de una empresa, a lo que Eugenia Cañellas, secretaria del entonces vicepresidente insular Miquel Nadal, le dijo que "eso no importaba, que estaría contratada ahí pero que trabajaría para el partido".

'Mi trabajo consistía en hacer biblias'
"Mi trabajo consistía en hacer biblias por la calle", ha explicado la encausada, defendida por el abogado Juan Martorell, puntualizando que iba por las calles puerta por puerta "haciendo encuestas sobre lo que opinaba la gente de UM". "Pero no realicé ningún trabajo para Ambbit ni Vídeo U, y de hecho no las conocía", pese a cobrar 600 euros mensuales, ha reconocido en relación a esta presunta trama por la que personas que trabajaban en favor del partido eran remuneradas con los fondos de empresas contratistas del Consell.

Fue en 2010 cuando, según ha explicado, acudió a la sede de estas empresas para firmar unas nóminas y una vez allí le enseñaron las instalaciones, bajo la advertencia de que si la llamaban "tenía que decir que mi mesa era aquélla y que cumplía un horario, e incluso me hicieron cambiar de boli para firmar las nóminas". Al respecto, ha señalado que fue uno de los cargos de UM, Antoni Baró, quien le llamó para decirle que "tenía que mentir".

Es más, al ser inquirida sobre este encuentro, la encausada ha señalado que Baró le dijo que tenía que firmar un papel "para ayudar a Miquel Nadal", entonces candidato de UM a la alcaldía de Palma, pero únicamente se limitó a firmar las nóminas. "No hubiera firmado otro papel, y si hubiera entendido que la firma de las nóminas era para ayudar a Nadal, no las hubiera firmado", ha recalcado.

Sin embargo, pasadas las elecciones y una vez finalizado el contrato con estas empresas, se puso en contacto con Cerdó para decirle que se merecía un trabajo y ésta le dijo que le llamarían, "que no me preocupara". Así fue como la colocaron en Agenda Local 21, de Medio Ambiente, donde cobrara "unos mil y pico euros" para posteriormente firmar un contrato con la empresa municipal Imfof para "ir por las casas a hablar de reciclaje". No obstante, ha aseverado que "al principio fue así pero luego me di cuenta de que lo que estaban haciendo era campaña".

"Ya iban a la gente que tenían captada de UM, iban con listas de gente afín al partido, a la que se le ofrecían papeleras y botellas de reciclaje y excursiones a Cabrera", ha asegurado. Tras estar en el Imfof menos de un año, fue contratada en ACTUA, donde "sí hice el trabajo que tenía contratado", para finalmente trabajar en la recepción del velódromo Palma Arena. Imprimir

EL FISCAL PIDE 16 AÑOS DE INHABILITACIÓN PARA EL EX ALCALDE DE ATARFE POR PREVARICACIÓN

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El ex alcalde de Atarfe (Granada), el socialista Víctor Sánchez, se enfrenta a un nuevo juicio por la posible comisión de un delito continuado de prevaricación ordinaria y de otro de prevaricación urbanística por el supuesto cambio irregular de la edificabilidad de unos terrenos del residencial Balcón de Cubillas, cercano al campo de golf.

La Fiscalía solicita para él y para el arquitecto municipal, también imputado, un total de 16 años de inhabilitación para empleo o cargo público y un año de prisión.

Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que tuvo acceso Europa Press, ambos acusados "omitieron de forma absoluta todos los trámites esenciales y garantías de control de legalidad previstas", y emplearon para ese cambio de edificabilidad la figura del Estudio de Detalle, excluyendo así el control de la Junta de Andalucía, y prescindiendo además del dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.


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LUNA AFIRMA ANTE EL JUEZ QUE SU MUJER PAGÓ LA REFORMA DE SU CASA A ENRIQUE ORTIZ

TRIBUNALES  | Según el abogado de la acusación, hay contradicciones

    * Ángel Luna declara en el TSJ como imputado por un presunto delito de cohecho
    * El empresario Enrique Ortiz pagó supuestamente parte de la reforma de su casa
    * Luna ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia
    * Al parecer, Luna ha presentado la factura de un coche, pero no de las obras
    * El letrado del PP ha solicitado la comparecencia del empresario Enrique Ortiz

Mariano Gasparet | Efe | Valencia

El síndico socialista en las Cortes, Ángel Luna, ha asegurado ante el juez que fue su esposa quien pagó al empresario alicantino Enrique Ortiz la reforma de su vivienda, según ha precisado a la salida del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana TSJCV), donde ha prestado declaración como acusado por un supuesto delito de cohecho.

Luna, citado a las 16.30 horas, ha llegado diez minutos antes junto a su abogado al Palacio de Justicia de Valencia -sede del TSJCV-, en cuya puerta aguardaban numerosos medios de comunicación y un reducido grupo de personas que le han increpado.

Poco después de las 18.00 horas, el portavoz del PSPV en la Cámara Valenciana ha abandonado la sede judicial, y ha atendido a las preguntas de los periodistas.

Según el propio Luna, ha defendido ante el juez que fue su mujer quien pagó al empresario Enrique Ortiz las obras de mejora de una vivienda, que por otra parte, había recibido en herencia cuando aún no había contraído matrimonio con el ex alcalde de Alicante.

"La reforma fue sufragada por su propietaria, mi actual mujer, con independencia de quien entregara el dinero físicamente", ha explicado. Luna, que ha declarado durante una hora, ha contestado a las preguntas del magistrado instructor y del Ministerio Fiscal, pero no a las del abogado del PP, ya que entiende que este partido "no busca la verdad material", sino "manipular unos hechos" y "neutralizar a una persona que resulta incómoda dentro y fuera de las Cortes".

Asimismo, Luna también ha asegurado haber demostrado al juez Juan Climent el pago de un vehículo de alta gama, un Audi A6, que en la querella interpuesta por el PP se atribuía a una presunta dádiva de Ortiz.

Para el dirigente socialista, resulta indicativo que el magistrado desestimara el delito de prevaricación en su auto de admisión a trámite..

Minutos antes de las 18.00 horas, el abogado de la acusación, Jorge Carbó ha desvelado que Luna ha presentado la factura de un coche, así como su vida laboral, aunque "no ha aportado ninguna documentación" sobre la reforma de su vivienda.

Según Carbó, ha incurrido en algunas "contradicciones" durante su comparecencia, por lo que ha solicitado, entre otras diligencias, la declaración del empresario Enrique Ortiz.

Blasco se querelló contra Luna después de saberse que el empresario Enrique Ortiz, vinculado a los casos 'Gürtel' y 'Brugal', pagó supuestamente parte de una reforma de su casa en 1998.

Luna, en su condición de aforado, ha prestado declaración ante el magistrado de la Sala de lo Civil y Penal Juan Climent, que instruye las diligencias derivadas de la querella.

El Tribunal Superior de Justicia valenciano se declaró competente para asumir esta querella, incoó las diligencias previas pertinentes y, posteriormente, citó al portavoz socialista a declarar en calidad de imputado.

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    * Alarte: 'Luna ha ido a declarar como un hombre honrado'
    * El PP reclama 'explicaciones' al portavoz socialista

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"CASO PALAU"; EL JUEZ CITA A DECLARAR DE NUEVO A MILLET Y MONTULL POR EL SAQUEO DEL PALAU DE LA MÚSICA

El próximo 14 de diciembre

    * Para interrogarles sobre nuevos aspectos como los presuntos pagos a CDC
    * El juez accede a las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares

Efe | Barcelona

El juez que investiga el saqueo del Palau de la Música ha citado a declarar de nuevo el próximo 14 de diciembre a los ex responsables de la entidad, Fèlix Millet, Jordi Montull y Gemma Montull, para interrogarles sobre las revelaciones conocidas en el último año, como los presuntos pagos a CDC.

Según han informado fuentes judiciales, el titular del Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona, Juli Solaz, ha accedido así a las peticiones de la Fiscalía y las acusaciones particulares, que le pidieron que citara de nuevo a los principales imputados por el desfalco.

Millet, su mano derecha Jordi Montull y la hija de ésta Gemma Montull, deberán responder sobre las informaciones que se han conocido sobre el saqueo del Palau de la Música desde su única declaración ante el juez, hace ya un año.

Entre otras cuestiones, los imputados serán interrogados acerca de los indicios señalados por el informe de la Agencia Tributaria de que los ex responsables del Palau y CDC se repartieron comisiones del 4% de la constructora Ferrovial a cambio de la adjudicación de obras públicas en los gobiernos de Jordi Pujol.

Además, se les preguntará acerca de otros supuestos pagos a CDC en forma de servicios prestados por empresas que facturaron al Palau de la Música por trabajos inexistentes y sobre las donaciones de 630.000 euros que Millet hizo a la Fundació Trias Fargas, próxima a la formación nacionalista, a través de siete convenios de colaboración.

La Fiscalía pretende también que en su comparecencia ante el juez se impute a los ex responsables del Palau los nuevos hechos conocidos en este año, ya que cuando declararon en octubre de 2009 el juez circunscribió su interrogatorio a su carta de confesión entregada al juzgado, en la que Millet y Montull dijeron haber desviado 3,3 millones frente a los 35 que estiman las auditorías.

La nueva declaración de Millet y Montull había sido solicitada tanto por la Fiscalía como por las dos acusaciones particulares que representan al Consorcio del Palau de la Música y a la Fundación Palau de la Música-Orfeó Català.

Pese a esa coincidencia, el consenso que hasta ahora imperaba en las dos instituciones que gobernaban el Palau se fracturó la pasada semana después de que la Fundació se desmarcara de la Fiscalía y del Consorcio y evitara pedir una investigación separada sobre el presunto pago de comisiones a CDC.

Tanto la Fiscalía como el Consorcio piden, en relación al presunto pago de comisiones a CDC, que el juez cite a declarar como imputado al tesorero de la formación nacionalista Daniel Osàcar.


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