miércoles, 22 de mayo de 2013

LA FISCALÍA PIDE 7 AÑOS DE CÁRCEL POR ESTAFA PARA EL EX PRESIDENTE DE TERRA MÍTICA


TRIBUNALES | Otros 10 años para tres ex responsables
El juez abrió en 2005 una investigación al parque temático de Benidorm
Se investiga un presunto fraude fiscal por valor de 4,4 millones de euros
A los acusados se les pide una indemnización de 8 millones de euros

Efe | Valencia

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de prisión, que oscilan entre los 7 y 10 años, para cuatro ex cargos de la sociedad Parque Temático de Benidorm en relación a un presunto fraude fiscal cometido durante la construcción de Terra Mítica.

En su escrito provisional, en el que también pide la apertura de juicio oral, la Fiscalía también formula acusación contra otras 34 personas -para todas ellas pide tres o más años de cárcel- y, como responsables civiles subsidiarias, 25 sociedades mercantiles.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia dictó el pasado mes de abril un auto que dejaba lista para el juicio esta causa, en la que se investiga un fraude fiscal de 4,4 millones de euros durante la construcción del parque Terra Mítica.

En dicho auto, el juez emplazaba a las partes a que solicitaran la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de nuevas diligencias complementarias.

La Fiscalía ha optado, y así lo refleja en su escrito facilitado a los medios de comunicación, por la apertura de juicio oral y, por ende, ha formulado sus acusaciones por entender que se dan supuestos delitos de estafa, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos mercantiles.

Para el que fuera presidente del consejo de Administración en los años 2000 y 2001 -ejercicios objeto de la investigación-, Luis Esteban, el fiscal pide cuatro años de prisión por un delito de estafa y otros tres años por un delito contra la Hacienda Pública.

Además de ambos delitos, el Ministerio Público considera que cometieron un delito continuado de falsificación de documento mercantil el ex director general del parque Miguel Navarro, el ex responsable de Contratación Justo Valverde y el ex director técnico Antonio Rincón, por lo que eleva las penas a un total de diez años para estos tres últimos.

Relata el fiscal que, tras quedar constituida la sociedad en 1988, ésta firmó determinados contratos con cuatro empresas externas para que se encargasen de la creación, contratación, cumplimiento de la normativa y control de calidad, entre otros servicios.

"Pese a la contratación con dichas empresas", añade la Fiscalía, Navarro y Valverde "entraron en contacto" con otro de los acusados, Vicente Conesa -para quien pide 10 años de prisión-, y con "la intención de lucrarse a costa de los accionistas", idearon "un plan que les permitía sacar del control" de la gerencia de construcción y de la dirección facultativa de las empresas contratadas "una parte de la construcción del parque".

Además, este plan les permitiría "conseguir que un gran número de facturas que iban a presentar al cobro en Terra Mítica" pudiesen ser aceptadas por el Área Financiera del parque "y se abonasen las mismas".

Para ello, las facturas, a juicio del fiscal, se dotaban de "una apariencia de realidad, pese a que recogerían trabajos y suministros que no iban a ser reales prestados por unas empresas que nunca iban a trabajar en dicho parque".

Como último paso, se buscó a personas que, o bien estaban al frente de pequeñas empresas, o se les ofreció figurar como administradores de otras empresas inactivas o con poca actividad "a cambio de una contraprestación".

Además de las cinco personas citadas anteriormente, el resto de los acusados figuran como responsables o colaboradores en distintas empresas, contratas y subcontratas, las cuales podrían haber facturado al parque por servicios que nunca llegaron a prestar.

En cuanto a la responsabilidad civil, los acusados, conjunta y solidariamente -figuran como subsidiarias las mercantiles- deberán indemnizar ya sea a la sociedad Parque Temático de Benidorm y/o a la Hacienda Pública algo más de ocho millones de euros, según señala la Fiscalía en su escrito provisional.

La investigación del supuesto fraude se remonta a noviembre de 2005, cuando, a instancias de la Agencia Tributaria, la Fiscalía presentó una denuncia contra un grupo de sociedades, entre ellas Terra Mítica, que supuestamente formaban parte de una "trama organizada" de falsificación de facturas.

Según la denuncia, esas empresas, algunas ficticias, defraudaron 4,4 millones de euros a través del IVA y del Impuesto de Sociedades entre 2000 y 2001 con la emisión de facturas falsas por trabajos no realizados pero atribuidos a la construcción de Terra Mítica

"CASO MERCURIO"; BUSTOS NIEGA PRESIONES PARA QUE SE CONTRATARA A UNA EX ALTO CARGO DEL PSC


Bustos a su llegada a la Audiencia de Barcelona. | Antonio Moreno

JUDICIAL | Imputado por el 'Caso Mercurio'
Daniel Fernández asegura que no presionó, sino que dio su opinión

Jordi Ribalaygue | Barcelona

El ex alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, ha declarado hoy durante poco más de media hora en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en relación a una de las investigaciones que cuelgan del macroproceso de presunta corrupción que traza el 'caso Mercurio'.

El ex primer edil ha negado que presionara a la alcaldesa de Montcada i Reixac, la también socialista María Elena Pérez, para que nombrara como directora del Área Territorial del Consistorio a Carmina Llumà, ex alto cargo de la Generalitat y pareja del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Sabadell.

"Mi preocupación se limitó a expresar la valía personal de Llumà, no hubo más intervención. Ni se forzó, ni se propuso ni se intervino", ha defendido el ex alcalde en declaraciones a los periodistas al acabar de testificar. Por la supuesta designación a dedo de la ex dirigente del Departament de Política Territorial, a Bustos se le imputa un presunto delito de tráfico de influencias.

Incriminada por los mismos hechos, la alcaldesa de Montcada rebatió la semana pasada ante el juez que fuera conminada a aceptar a Llumà y alegó que la escogió por decisión propia. Por la misma contratación, se acusa a Francisco Bustos, hermano del ex alcalde y quien ha comparecido esta mañana durante unos 70 minutos, y al ex secretario de Organización del PSC, el diputado Daniel Fernández, citado para esta tarde.

"Nadie presionó a nadie", ha añadido Bustos, "son nombramientos que corresponden al máximo responsable de un ayuntamiento, y es lo que hizo la alcaldesa de Montcada. Tenía una candidata favorita, que era Llumà". El ex alcalde ha desmentido que intermediara de ningún modo a favor de la ex cargo de confianza del tripartito. "Al ser presidente de la Federación de Municipios, recibía muchas demandas, pero no fue el caso de éste".

Fuentes judiciales han indicado que habría sido Llumà quien expresó que se encontraba sin trabajo. Asimismo, Bustos ha rechazado que manifestara un interés especial porque la ex secretaria de la conselleria que dirigió Joaquim Nadal hallara empleo, a pesar de que así lo sugieren las conversaciones transcritas.

El ex primer edil ha llegado sobre las 10.00 horas al Palacio de Justicia rodeado por ocho concejales del PSC sabadellense. En la comitiva, faltaba su sucesor en el Consistorio, Joan Carles Sánchez.

Daniel Fernández dice que sólo dio su opinión
El diputado del PSC Daniel Fernández ha negado hoy que presionara a la alcaldesa de Montcada i Reixac (Barcelona) para colocar a una ex alto cargo del tripartito en el consistorio y ha alegado que se limitó a "compartir" su opinión con la edil, al creer que la plaza era para un cargo de confianza.

El ex secretario de Organización del PSC, así como el ex alcalde Sabadell (Barcelona) Manuel Bustos y su hermano Francisco, concejal socialista en este municipio, han declarado hoy como imputados ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que investiga si presionaron a la alcaldesa de Montcada, Maria Elena Pérez, para que contratara a la exalto cargo del tripartito Carmina Llumà como responsable de Urbanismo.

El TSJC imputó por tráfico de influencias a los tres cargos socialistas en base a varias conversaciones telefónicas intervenidas, en una de las cuales Fernández comentó a Manuel Bustos que había hablado con la alcaldesa sobre el proceso de selección que Montcada había encargado a una empresa externa para cubrir la plaza, en el que inicialmente Llumà fue descartada.

"Que cojan a la empresa y al 'no apta' que le quiten el 'no', ¿vale?", afirmó Fernández a Bustos en esa conversación de 18 de mayo de 2012, apenas diez días antes de que la alcaldesa nombrara a Llumà.

FALCÓ DECLARA QUE NO CONTRATÓ AL PRESUNTO COMISIONISTA DEL "CASO ADIGSA"


JUDICIAL | Investigan comisiones ilegales en el Govern Pujol
El diputado y ex presidente de la empresa pública comparece para reiterar que desconocía las actividades de Penín.

Jordi Ribalaygue | Barcelona

El diputado de CiU Ferran Falcó ha comparecido durante media hora en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para declarar si conocía el presunto cobro de comisiones que se intenta dilucidar en el denominado 'caso Adigsa'.

El político convergente fue presidente del consejo de administración de la empresa pública de vivienda entre 2002 y 2004 y está imputado desde 2005 a raíz de una querella que la Fiscalía interpuso al aflorar la polémica del 3%, la supuesta mordida que el ex president de la Generalitat Pasqual Maragall insinuó que dirigentes de la federación nacionalista recaudaban a cambio de conceder obras. La causa sigue en fase de instrucción, ahora trasladada al Alto Tribunal por la condición de aforado de Falcó.

El parlamentario no había vuelto a ser citado en los últimos siete años y, según ha confesado al abandonar la sala, ha repetido los mismos argumentos que esgrimió en 2006, cuando acudió a un juzgado ordinario. También ha señalado que cree que ha demostrado "mejor" su inocencia en esta ocasión. En ese sentido, el nacionalista volvió a negar que se responsabilizara de la contratación del ex empleado de Adigsa Josep Maria Penín, presunto intermediario y pariente lejano del conseller Felip Puig quien era el titular del Departament de Política Territorial cuando ocurrieron los hechos. Según la Fiscalía, Penín cobró comisiones de hasta el 20% a cambio de conceder reformas en viviendas destinadas a uso social.

"Era un empleado externo. No tenía capacidad para contratar, mi presidencia era muy política. No le recomendó nadie, vino y explicó su situación personal, tenía experiencia en otras consellerias y se había quedado sin trabajo, por lo que vino a ofrecerse", ha relatado Falcó a los medios de comunicación antes de marcharse del Palau de Justícia.

El diputado ha vuelto a desligar a Puig de los acontecimientos y ha achacado la decisión de fichar a Penin al ex consejero delegado de la compañía Josep Antoni Fontdevila, quien ha testificado esta mañana durante una hora.

El parlamentario, que ha llegado acompañado por el secretario de Organización de CiU, Josep Rull, ha remarcado que nunca se le ha atribuido el embolso de sobrecostes y ha opinado que la investigación se ha ido desinflando. "Ocho años después de mirárselo por todos los lados, sólo queda que quizá alguien, que no soy yo, actuaba de intermediario y cobró unas comisiones por unas obras menores, como cambiar el plato de la ducha, la caldera o pintar una vivienda. No tenemos nada que ver con el 3%. Se repasó toda la contratación de Adigsa, que alcanzaba los 12 millones anuales, y no se halló nada", se ha reafirmado Falcó, quien ha confiado en que la resolución de la causa "no tarde siete años más". Según constató la Fiscalía en 2006, el fraude ascendería a unos 60.000 euros.

"CAN DOMENGE"; NI RASTRO DEL DINERO DE LOS SOBORNOS EN LOS REGISTROS DE LAS CASAS DE MUNAR Y NADAL

Tras la confesión de Vicens
Ni rastro del dinero de los sobornos en los registros de las casas de Munar y Nadal
Sí se han hallado documentos que prueban las relaciones con Vicens para el amaño
La caja fuerte que tiene la ex presidenta del Consell de Mallorca en su piso de Palma estaba ayer noche vacía cuando la abrió la Policía Judicial

Maria Fuenteálamo | Eduardo Colom | Palma

La Policía Judicial ha reanudado a primera hora de esta mañana los registros en la casa de Costitx de Maria Antònia Munar. Hasta el lugar se han trasladado varios agentes y el fiscal Miguel Ángel Subirán. Los registros comenzaron ayer tarde y se prolongaron hasta la noche en las dos viviendas que la ex presidenta del Consell de Mallorca y ex líder de Unió Mallorquina posee en la isla en busca de pruebas del millonario soborno que, a tenor de lo que declaró ayer mismo por escrito ante la Justicia su otrora socio político y ex conseller insular de Urbanismo Bartomeu Vicens, Munar cobró de la promotora catalana Sacresa en la trama de Can Domenge.

Según la demoledora revelación realizada por Vicens ante la Audiencia Provincial de Palma poco antes de los registros, fue una mordida de cuatro millones de euros exigida a cambio de amañar el concurso para edificar 500 viviendas de lujo en el mejor solar público de Palma y venderlo por la mitad de su precio: 30 millones de euros.

Los registros en las dos propiedades de Munar se prolongaron hasta bien entrada la noche. Primero en Costitx, donde debido a una cuestión sobre la titularidad de su residencia, la comitiva abandonó la casa a última hora de la tarde con la previsión de regresar hoy mismo.

Después el equipo judicial se trasladó hasta el apartamento del Paseo Marítimo que la ex presidenta tiene en Palma donde pasadas las 10 de la noche se procedió a abrir la caja fuerte de la familia Munar. Una cámara acoraza de grandes dimensiones que la Policía Judicial halló dentro del armario de uno de los dormitorios de la vivienda. La Policía tuvo que esperar a que la familia se desplazara de nuevo hasta Costitx asegurando que la llave de la misma se encontraba allí. Al abrirla, estaba vacía. Los investigadores se incautaron en ambos registros de documentación y escrituras de propiedades.

Junto a las dos viviendas de Munar –su lujosa casa rústica en Costitx y su apartamento en primera línea del Paseo Marítimo de la capital–, la Fiscalía registró también el chalé del ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal, igualmente implicado de lleno por Vicens en el reparto de esa comisión en efectivo. En casa de Nadal apenas hallaron 4.000 euros en metálico para compras particulares.

La misma Munar realizó una serie de declaraciones ayer tras el registro de su casa. Aseguró a Europa Press que suponía una actuación "normal" después de que Vicens hiciera entrega por la mañana de su escrito de confesión en la Audiencia. La exlíder de UM llegó a decir que no había "más remedio" [que ejecutar el registro] y agregó que la comisión judicial se llevó de su casa "recortes de periódicos y escrituras públicas".

Vicens lleva preso casi tres años por regalar 12.000 euros públicos del Consell a su contable privado por un informe falso, habiéndole comprado así con fondos públicos facturas falsas con las que el expolítico camuflaba tributariamente sus comisiones.

Pese al alud de graves escándalos de corrupción que cercan a la cúpula de UM y a pesar de que Munar tiene ya sobre sus espaldas una condena de 5 años y medio de cárcel todavía pendiente de revisión en el Tribunal Supremo, Vicens es el único integrante de la ya extinta formación que ha sido privado de libertad.

Como adelantó este diario, hace unas semanas que Vicens, cuya esposa también se enfrenta a una severa acusación y pena de cárcel por colaborar en sus manejos económicos, se derrumbó y decidió tirar de la manta. El hombre que durante el boom inmobiliario custodiaba el tiralíneas con el que el Consell recalificaba terrenos está decidido a confesar los escándalos que protagonizó junto a sus compañeros de filas a cambio de una mejora en su oscuro panorama penitenciario. Busca atenuantes y una fecha de salida de la prisión. Para ello ha pactado con la Fiscalía y ha empezado por relatar ante la Justicia la trastienda del caso que debe ser juzgado a partir de junio: el caso Can Domenge. Está dispuesto a confesar en otros casos como Son Oms o TV de Mallorca.

Ayer a mediodía, el ex conseller de Urbanismo entre 2003 y 2007 entregó su escalofriante escrito de confesión en el que desgrana cómo se amañó el concurso del solar y expone cómo Sacresa pagó el soborno de 4 millones.

En su relato, desvela cómo 1,8 millones de euros de esa suma total –a los que se les restó una parte para un intermediario que portaba el dinero– se fraccionaron en tres partes idénticas. Cada una de ellas por valor de 600.000 euros en efectivo y que fueron a parar a Munar a Nadal y a sí mismo. Afirma que 2 de los 4 millones restantes fueron para el partido y, según dice aunque sin explicar por qué, 200.000 euros –un 5%– para el empresario Pedro Ferrá Tur, que se asoció con Sacresa para la edificación del proyecto diseñado por el prestigioso arquitecto francés Jean Nouvel.

Para demostrar que dice la verdad, el exconseller envió ayer mismo a una representante legal con 160.000 euros en efectivo a la Audiencia. Es parte del dinero que él afirma haber cobrado por el pelotazo de Can Domenge mientras era político y forma parte de la suma que se ha comprometido a devolver a la Justicia para cooperar con el esclarecimiento de la trama. La Fiscalía le exige que devuelva más dinero.

Vicens sostiene en su confesión que Munar les explicó en una de sus comidas habituales que había pactado con Jaume Matas segregar la finca de Can Domenge para que el PP desarrollase el Palma Arena, en el que Matas tenía mucho interés, y que así el Consell de UM podría sacar a la venta Can Domenge. Según Vicens, la presidenta les dijo que así el Consell sacaría dinero para hacer proyectos y UM obtendría fondos para la campaña electoral gracias a la comisión que pedirían a quien comprase el solar.

El ex número tres del Consell identifica en su escrito a Munar como la política que tomaba todas las decisiones y a Nadal como la persona que luego daba las instrucciones para ejecutar los planes. Los tres, sostiene, tenían absoluto conocimiento de que el concurso para el solar de 30 millones de euros estaba amañado desde el principio.

"CASO INVERCARIA"; EL JUEZ IMPUTA A LA EX PRESIDENTA DE INVERCARIA LAURA GÓMIZ

La ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz, en una fotografía de archivo. | Jesús Morón
A petición de la Fiscalía Anticorrupción
El juez imputa a la ex presidenta de Invercaria Laura Gómiz
Le atribuye delitos de malversación, tráfico de influencias y falsedad
Gómiz tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA
Anticorrupción pide que la Agencia Tributaria un informe sobre FIVA

Efe | Sevilla

El juez que investiga presuntas irregularidades en Invercaria ha citado a declarar como imputada a su expresidenta Laura Gómiz, como persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (FIVA).

El juez de instrucción 16 de Sevilla cita para el próximo día 12 de junio a Laura Gómiz y para el día 13 a Manuel Jesús Rodríguez Rodríguez, analista de Invercaria, también como imputado. La declaración se hace a petición de la Fiscalía Anticorrupción y por presuntos delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y falsedad.

Además, el día 20 de junio son citados como testigos los responsables de la Cámara de Cuentas que hicieron el informe sobre Invercaria que dio lugar a estas actuaciones judiciales.

Entre el 14 el 23 de junio son citados como testigos otras siete personas que trabajaron en sociedades proveedoras de FIVA y técnicos de Invercaria que elaboraron informes de seguimiento de dicha empresa de ferias virtuales. Entre ellos el día 14 de junio está citado Cristóbal Cantos, un exdirectivo de Invercaria que denunció a Laura Gómiz por presionarle para elaborar informes falsos sobre las empresas en las que invertía esa empresa pública de capital riesgo andaluza.

El juez acuerda además solicitar varios informes sobre el alcance y compatibilidad de los trabajos desarrollados por Corporación Gráfica y Novasoft para FIVA, la utilidad de los productos elaborados a la fecha de entrega de cada uno y el uso efectivo de los mismos por clientes de FIVA.

Según la Fiscalía Anticorrupción, Laura Gómiz debe ser citada como la persona que tenía información sobre las operaciones de financiación de FIVA, de la situación de esta y como la persona que, siendo directora general de Invercaria, asistió al consejo de administración en el que en 2009 se autorizó la salida de Novasoft de FIVA.

Finalmente, Anticorrupción pide que la Agencia Tributaria informe sobre los expedientes y requerimientos efectuados a FIVA y la persona designada como representante de la misma.

Además

"OPERACIÓN POKÉMON"; LA JUEZ CITA A DECLARAR NUEVAMENTE AL EX ALCALDE DE OURENSE Y A SU PAREJA


GALICIA
Será la primera vez que comparezca la pareja de Francisco Rodríguez
Francisco Rodríguez está imputado por un delito de blanqueo de capitales

Marcos Sueiro | Ourense

Los registros realizados por agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera el pasado día 15 de mayo en propiedades del ex alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, y su pareja, Mercedes Astorga, han propiciado que la instructora de la 'Operación Pokémon', Pilar de Lara Cifuentes, los haya ha citado a declarar el próximo 10 de junio.

Fuentes de la defensa de Rodríguez han explicado que el ex regidor, según consta en la citación judicial, está citado a las 10.00 horas en los juzgados de Lugo junto a su pareja para declarar ambos ante la juez instructora. El ex regidor comparecerá en calidad de imputado por un delito de blanqueo de capitales.

Será la primera vez para la compañera del ex alcalde, que se ve de este modo implicada en la operación Pokémon, pero supone la vuelta al juzgado de Rodríguez.

El ex regidor fue detenido en septiembre pasado en el marco de la 'Operación Pokémon' y, tras prestar declaración ante la juez, salió en libertad bajo fianza de 6.000 euros y quedó imputado por cohecho y prevaricación, por lo que se vio forzado a dimitir por la cúpula del PSOE.

La nueva comparecencia en sede judicial de Rodríguez y la primera de su compañera se relacionan, según fuentes de la investigación, con los testimonios en el juzgado del ex jefe territorial de Aquagest en Galicia, Henry Laíño. La conexión está relacionada con concesiones a la empresa de aguas realizadas por el ayuntamiento de Ourense. Y es que además la propia Mercedes Astorga trabaja en Aquagest y un hijo del ex alcalde en la sede asturiana de la compañía. Estas averiguaciones han propiciado que el día 22 de mayo la juez haya prorrogado el secreto del sumario.

Tras conocerse la decisión de De Lara, la defensa de Rodríguez, ejercida por el abogado Gerardo Viada, ha manifestado también su intención de volver a recurrirla, como el letrado del alcalde de Lugo, "porque no se puede mantener el secreto diez meses" y que los investigados continúen "sin saber los hechos que se les imputan".

"Es una indefensión absoluta", ha aseverado el letrado, que ha explicado que desde que se ha hecho cargo de la defensa de Rodríguez no ha tenido "ni una sola información del juzgado" sobre qué hechos se le imputan al ex alcalde de Ourense. En este sentido, el alcalde de Lugo, el también socialista, José Clemente López Orozco, ha decidido acudir a los tribunales para denunciar su "indefensión"

domingo, 19 de mayo de 2013

"CASO VOLTOR"; NADAL DEFIENDE LA COMPRA DE UN LIBRO QUE SE CREE QUE FUE A CAMBIO DE UN TRATO DE FAVOR


Foto: Alberto Vera

Efe | Palma

El ex conseller de Turismo Miquel Nadal ha defendido hoy en los juzgados el interés de un libro del que la Conselleria adquirió 2.000 ejemplares en 2009 y sobre el cual los investigadores sospechan que pudo comprarse a cambio de recibir trato de favor por parte de los dos periodistas que lo escribieron.

El también ex presidente de Unió Mallorquina (UM) ha explicado que cuando asumió el cargo de conseller, en octubre de 2008, el proyecto de comprar parte de la edición de "Los visionarios del Caribe" ya estaba en marcha porque lo había iniciado su antecesor en el cargo, Francesc Buils, que dimitió el 29 de septiembre de ese año, han informado fuentes jurídicas.

La Fiscalía sospecha que la compra de 2.000 ejemplares de este libro sobre los empresarios turísticos mallorquines que invirtieron en la zona del Caribe, a razón de 40 euros por libro, se puedo hacer a cambio de un trato de favor hacia la Conselleria, ya que varios trabajadores de la misma declararon que la mayoría de los ejemplares comprados acabaron en un almacén.

También ha declarado como testigo el que fuera director del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) durante varios meses de 2010, Antoni Munar, que ha señalado que cuando asumió el cargo halló cinco o seis cajas con ejemplares de este libro en la Conselleria, y que no pudo distribuirlos ni darles uso porque estaban ya bajo tutela judicial.

Las declaraciones de Nadal y Munar han sido dos de las cinco que han tenido lugar esta mañana en los Juzgados de Palma en relación al caso Voltor, en el que se investigan varios casos de presunto desvío de fondos públicos desde instituciones gobernadas por UM en las legislaturas 2003-2007 y 2007-2011. Los investigadores consideran que las cinco declaraciones de hoy, centradas en tres piezas distintas del caso Voltor, podrían ser las últimas diligencias para finalizar su instrucción.

La titular del Juzgado de Instrucción número 10 de Palma, Carmen Abrines, había fijado para hoy un total de siete declaraciones -de seis imputados y un testigo- que estaban pendientes porque se habían aplazado en distintos momentos de la instrucción del caso Voltor, por problemas de agenda de sus abogados.

Dos de ellas, la del ex director insular de Proyectos del Consell de Mallorca y exconseller de Deportes, Mateu Cañellas, y del ex asesor de Promoción Económica del Ayuntamiento de Palma Tomeu Ferragut, se han vuelto a aplazar.

Tenían que declarar en relación a la pieza número 10 del caso Voltor en la que se investigan supuestas contrataciones irregulares a sociedades del empresario Jacinto Farrús.

Sí que han declarado el ex secretario técnico del Consell de Mallorca de 2003 a 2005, Antoni Moragues, y Antoni Segura, en relación a la pieza 13, sobre la presunta contratación irregular de trabajadores para el Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma) de quienes se sospecha que trabajaron realmente para Unió Mallorquina (UM) cobrando dinero público. También ha prestado declaración como imputado Gerardo Amaro, respecto a la pieza número 16.

ESPAÑA, ¿UN PAÍS DE CORRUPTOS?


Ilustración: Luis Parejo
REPORTAJE | Causas y consecuencias del abuso de poder
¿Está en el ADN nacional? No, dicen los expertos
Espoleada por el 'boom' urbanístico; ahora amenaza a la contratación pública

Olalla Novoa Ojea | Madrid

En los tribunales se tramitan más de 1.600 casos de corrupción y no pasa un día sin que afloren titulares involucrando a alcaldes, consejeros, partidos políticos, hasta a la Casa Real en procesos judiciales por abuso de poder. Sólo el paro preocupa más: un 44,5% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) piensa que la corrupción es una de las grandes lacras del país, por delante incluso de los problemas de índole económica.

"Los españoles perciben que somos un país de corruptos", explica Javier Noya, investigador del Real Instituto Elcano y director del Observatorio de la Marca España. Aunque el juicio es más duro en casa que en el extranjero, en países como Reino Unido y Alemania empieza a hacer mella el flujo de noticias desde la piel de toro, multiplicando la desconfianza hacia lo español.

¿Está la corrupción en el ADN nacional? No, coinciden los expertos.

    "Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'"

Para empezar, "en el caso español, si comparamos las percepciones de la corrupción y las experiencias personales de los ciudadanos hay una gran disonancia", precisa Víctor Lapuente, especialista en temas de administración pública y corrupción del Instituto para la Calidad de Gobierno de la Universidad de Gotemburgo (Suecia). A diferencia de lo que ocurre en otros países, como Grecia o Rumanía, la vida diaria no está mediatizada por el pago de sobornos o corruptelas en servicios básicos, como la educación, la sanidad o la seguridad ciudadana. En las bajas esferas estamos 'limpios'. El problema no es la corrupción administrativa, sino la corrupción política.

Tampoco es un problema nuevo. Los casos que ahora salen a la luz con tanto revuelo "se desarrollaron desde la expansión económica, a partir del año 93" vinculados en especial al terreno urbanístico, señala Manuel Villoria. El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y Director del departamento de Gobierno y Administración Pública del Instituto Ortega y Gasset constata que "más que a nivel del Estado, la corrupción se ha concentrado a nivel autonómico y sobre todo local, donde hay menos controles y más discrecionalidad". Recalificar terrenos era una forma fácil y relativamente 'segura' de ganar dinero rápido con pocos riesgos.

Manifestación contra la corrupción en febrero en Madrid. | A. Heredia
¿Qué pasará ahora que el sector de la construcción ha colapsado? "La corrupción se ha desplazado a otras áreas, probablemente la contratación pública, las concesiones, las privatizaciones...", enumera Villoria, que incide en los problemas de la falta de transparencia en las adjudicaciones y de las famosas 'puertas giratorias', cuando los políticos pasan a trabajar en empresas del sector donde anteriormente ejercía su cargo público.

En el ranking que cada año elabora la organización Transparencia Internacional sobre percepción de la corrupción España aparece a la altura de Botsuana, estancada en torno a la posición número 30 del índice y por detrás de la mayoría de la antigua UE de los 15.

¿Quién no ha usado nunca un 'enchufe'?
"Con el 'boom' se hizo la vista gorda, crecieron las oportunidades, pero eso también indica que la corrupción no está en nuestros genes, no está en nuestra cultura. No debemos resignarnos a esa idea", afirma Lapuente, que cree que la gente responde a los incentivos. Villoria coincide: "Yo creo que no somos peores que los ingleses o los suecos. El español ve claramente lo que esta bien o mal, es muy riguroso. No hay grandes diferencias en cuanto a las actitudes frente al crimen, otra cosa es que, como todo el mundo lo hace, a la hora de ponerlo en práctica la cosa cambie".

    "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador, imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas"

El quid de la cuestión está en los mecanismos sociales que pueden poner en marcha un dominó corrupto: "La gente hace lo que cree que los demás hacen. Si la gente que tiene ejemplaridad, que nos gobierna y marca las leyes, practica la corrupción están diciendo: 'hazlo tú también'", apunta Concepción Fernández, profesora de Psicología Social de la Universidad Complutense de Madrid.

Así, de poco sirve aprobar normas si no se cumplen. "Los ciudadanos participan en actividades corruptas o poco éticas ante la percepción generalizada de que hay mucha corrupción, de que es posible saltarse las leyes y hasta es justificable. Esto destruye el armazón de la sociedad y es muy preocupante", incide Villoria. Por ejemplo, todo el mundo se queja de los 'enchufados' pero, ¿quién, teniéndolo, no ha echado mano de un 'enchufe' alguna vez?

Para otros, el problema es más profundo. "El Estado nos ha convertido en un país de corruptos al tratar al ciudadano como un estafador imponiendo sanciones y cargas desproporcionadas", denuncia Juan Antonio Herrero, director del Máster en Ética y Política Pública del Centro Universitario María Cristina del Escorial. En su opinión, el resultado de esta "ingeniería social", que toma decisiones políticas sin tener en consideración criterios éticos, genera un "sufrimiento tremendo sobre la población" que deviene en un proceso de desmoralización y opta por defenderse saltándose las normas. "Si el Estado fuese justo la gente actuaría de otra manera", insiste Herrero.

Corrupción para todos los gustos
Esa falta de ecuanimidad permea también a otros niveles. "Somos un país con mucha impunidad hacia la corrupción. Ha habido mucha tolerancia desde las altas esferas, especialmente para la gente que tiene más poder, porque tiene más posibilidad de escapar de las normas", apunta Fernández. La experta en psicología social de la Complutense cree en que las consecuencias de este "desmoronamiento de normas" pueden ser muy graves. "Hay mucho malestar que tiene que ser encauzado".

    "Haría falta un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas..."

El Banco Mundial define la corrupción como el abuso de poder para beneficio privado. "Normalmente identificamos la corrupción jurídicamente perseguible -soborno, malversación, cohecho...- pero hay otra más sofisticada y compleja de la que no hay casi información en España", incide Villoria, en referencia a la financiación de los partidos y la influencia de grupos de presión a la hora de elaborar leyes y marcar políticas.

¿Qué podemos hacer? Para Lapuente, la solución "debe centrarse en mejorar la calidad del gobierno más que perseguir la corrupción con medidas policiales o especiales, pero esto también puede dar lugar a que el sistema tradicional de partidos salte por los aires, como pasó en Italia, sin que cuaje una alternativa, y sea un mal equilibrio sostenido en el tiempo".

Otros van más lejos. "Haría falta sin lugar a dudas un pacto nacional contra la corrupción y una serie de medidas básicas: reducir el poder de los partidos políticos y hacerlos más responsable frente a los ciudadanos, reducir la politización de la Justicia, mejorar la labor del Tribunal de Cuentas, establecer un sistema de denuncias...", repasa Villoria, miembro del Consejo de Dirección de Transparencia Internacional.

Los expertos coinciden en que la transparencia es fundamental. Sin embargo, la ley que prepara el Gobierno no se ha librado de las críticas. "Está por debajo de los estándares internacionales", afirma Jacobo Elosua, cofundador de la Fundación Civio, volcada en proyectos sobre transparencia y rendición de cuentas. En su opinión, se queda corta al incluir el silencio administrativo negativo; por la falta de independencia de la autoridad supervisora, que queda bajo el paraguas ministerial; al no considerarse el acceso a la informacion como un derecho fundamental; por la limitación del tipo de documentos que se pueden solicitar; y exclusiones de entidades como la Casa Real y los sindicatos o partidos políticos, que parece que finalmente sí estarán incluidas.

Una factura abultada
La corrupción tiene un claro impacto económico, explica Noya, porque "mina la legitimación del gobierno y dificulta poner en práctica más medidas de ajuste; por otra parte, las empresas quieren seguridad jurídica, garantías, a la hora de invertir en un país". Según el Banco Mundial, la corrupción puede reducir el PIB de un país en más de un 0,5%, esto es, el equivalente a lo que ha retrocedido la economía del país en el primer trimestre del año. "La corrupción actúa como un impuesto regresivo, y castiga a los ciudadanos más pobres y a las empresas más pequeñas. Restringe el acceso de los ciudadanos más vulnerables a los servicios y se la vincula con una menor calidad de los servicios públicos. Representa un gran costo para las empresas", afirmaba el presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim recientemente.

La entidad, además, ha presentado datos muy ilustrativos, recuerda Villoria: "Implica que hay más gasto público, sobre todo en áreas de infraestructuras, pero reduce mucho los ingresos públicos. Es como si a los impuestos a las empresas le aplicáramos una tasa marginal de hasta 10 puntos, y reduce la inversión, sobre todo a largo plazo, que es la más productiva".

miércoles, 8 de mayo de 2013

LA COMUNIDAD DE MADRID FRACCIONÓ CONTRATOS A GÜRTEL POR 3 MILLONES PARA EVITAR CONCURSO


CORRUPCIÓN | Informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia


Efe | Madrid

La Comunidad de Madrid fraccionó entre 2004 y 2007 adjudicaciones por 3,1 millones de euros en contratos menores (de menos de 12.000 euros) para evitar que se tuvieran que someter a concurso público, según un informe remitido al juez del caso Gürtel que detecta varias irregularidades en la contratación pública.

El informe, elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial de la Audiencia Nacional, analiza la legalidad de 686 contrataciones de actos institucionales de la Comunidad de Madrid por importe de 6.484.080 euros, relacionadas algunas con empresas de la trama Gürtel, de las cuales 657 son contratos menores y 6 expedientes de contratación.

En el caso de los contratos menores, explica que se tramitaron 657 facturas por un total de 5.335.808 euros, y en ellas "de forma habitual el objeto del contrato ha sido fraccionado en varios servicios".

"En al menos 104 actos ha quedado acreditado el fraccionamiento, ascendiendo el importe total de dichos actos a 3.160.549 euros", añade, y luego concluye que esta cifra supone el 69 % del importe total de los contratos menores, descontando los pagos de los que no se ha facilitado factura.

EL JUEZ DEL "CASO CAMPEÓN" EN EL SUPREMO JUSTIFICA INVESTIGAR A LA ESPOSA DE BLANCO


En sus autos el juez le dice a la defensa de Blanco que "calificar de inútiles las concretas diligencias ordenadas constituye una opinión valorativa, parcial e interesada, y además prematura, en tanto pretende anticipar un resultado que sólo podrá conocerse una vez se hayan practicado éstas".


El juez del Tribunal Supremo que instruye el Caso Campeón en el que está implicado el exministro socialista José Blanco ha defendido este miércoles la oportunidad de investigar las cuentas de la esposa de éste y ha negado que ello tenga carácter "prospectivo", es decir, de causa general contra el imputado. El juez, que defiende la actuación de la Policía en la investigación, responde en dos autos al abogado de Blanco, Gonzalo Martínez Fresneda, y rechaza sus peticiones.

En sus autos el juez le dice a la defensa de Blanco que "calificar de inútiles las concretas diligencias ordenadas constituye una opinión valorativa, parcial e interesada, y además prematura, en tanto pretende anticipar un resultado que sólo podrá conocerse una vez se hayan practicado éstas".

El abogado de Blanco reprochó al magistrado en un recurso que se abriera contra él una causa "prospectiva", es decir, que se le investigara en términos generales sin partir de sospechas concretas y alejándose del hecho en el que se le incrimina, el supuesto pago de 200.000 euros por parte del empresario Jorge Dorribo.

Este empresario declaró que así había sucedido después de una reunión entre ambos que tuvo lugar en una gasolinera en Guitiriz (Lugo), afirmaciones que no han se han demostrado.

El juez instructor, José Ramón Soriano, niega en su auto, publicado hoy, que las últimas diligencias acordadas tengan carácter "prospectivo", defiende a la Policía y considera válido el examen de las cuentas de la esposa del exministro y exsecretario de Organización del PSOE.

No puede considerarse una diligencia prospectiva, dice el juez, "el examen de las cuentas de la esposa del aforado José Blanco" pues "no se investiga a una persona distinta, sino a la esposa del imputado en aspectos económicos".

"No cabe pasar por alto que las imprecisiones del denunciante Dorribo no indican que todo lo declarado por éste sea falso" y entra dentro de las posibilidades de investigación "determinar cualquier incremento patrimonial llamativo o anómalo" de Blanco. Además, continúa el instructor, "en la causa existen datos para entender que la casa de Madrid del aforado en alguna medida se la debía a su amigo Orozco, según conversaciones telefónicas, atribuidas a este último, no negadas".

En relación con José Antonio Orozco, en otro auto publicado hoy Soriano rechaza que exista indefensión del imputado en relación con la transcripción de conversaciones telefónicas grabadas a este empresario gallego, amigo del exministro.

El fiscal no ha considerado creíble la denuncia de Dorribo en su acusación contra Blanco, pero sí ve creíble una supuesta mediación de Blanco en la concesión de autorizaciones para instalar una nave industrial de Transportes Azkar, propiedad del empresario gallego José Antonio Orozco, en unos terrenos próximos al aeropuerto del Prat, en Sant Boi.

El recurso de Blanco, después del rechazo por parte del juez instructor, será revisado ahora por la Sala, que deberá decidir si las diligencias recurridas, posiblemente las últimas antes de pedir el suplicatorio contra Blanco al Congreso, han sido o no válidas y si hubo o no indefensión del exministro.