jueves, 2 de febrero de 2012

"CASO GÜRTEL"; HACIENDA DESTAPA UN GRAVE DELITO FISCAL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA


Camps, Rajoy y otros dirigentes populares, durante la visita del Papa. / CARLES FRANCESC
La Agencia Tributaria implica a seis directivos de Teconsa y a la red Gürtel
Los inspectores apremian a la Audiencia por la prescripción del fraude

María Fabra Castellón

La visita del Papa a Valencia en 2006 supuso unos importantes beneficios para la trama Gürtel —unos tres millones de euros— y menguó las arcas públicas, pero no solo por el sobrecoste que pagó la Televisión Valenciana (RTVV), dirigida entonces por Pedro García, un cargo de confianza del Gobierno de Francisco Camps, y amigo íntimo de la red corrupta, que dimitió de su cargo pero que aún no está imputado en la causa pese a que lo pidió la fiscalía. La Agencia Tributaria sostiene que la empresa adjudicataria de la explotación televisiva del acto, Teconsa, una constructora leonesa que actuaba de tapadera de la red Gürtel, defraudó a Hacienda más de 600.000 euros en el IVA y en el impuesto de sociedades.

Así lo describe la Agencia Tributaria en un documento remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y en el que se realiza un primer avance del análisis de la contabilidad incautada a las sociedades de la red que lideraba Francisco Correa y de la propia documentación contable de Teconsa. El inspector de Hacienda que ha elaborado el informe advierte de la importancia de este avance ante el peligro de que los presuntos delitos de fraude fiscal que considera acreditados prescriban si la Audiencia Nacional no actúa pronto. La Fiscalía Anticorrupción pidió hace varios meses la imputación en la causa del que fue director general de la televisión autonómica valenciana. El juez Pablo Ruz, que instruye ahora el caso en la Audiencia Nacional, deberá resolver sobre esta petición en unos días.

La fiscalía pidió la imputación del exdirector de RTVV, aún no resuelta

Teconsa cobró 7,4 millones de euros (IVA incluido) de la televisión pública valenciana para montar televisiones y altavoces en el recorrido del Papa por las calles de Valencia, cuando el coste de los servicios apenas alcanzó 3,2 millones, según la contabilidad hallada en los registros de las empresas de la red Gürtel.

El informe de Hacienda describe lo que ya adelantó la investigación: “Teconsa actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. Documentos hallados en las sedes de las empresas de Correa acreditan cómo se amañó el concurso y cómo la red Gürtel, y no Teconsa, se encargó de subcontratar los distintos servicios que debían prestar a la televisión autonómica valenciana durante la visita del Papa.

Además, el informe de la Agencia Tributaria expone que “existen indicios que permiten considerar” que la constructora se llevó 200.000 euros por “su participación” y que el resto fue repartido entre los cabecillas de la trama y el entonces director del ente público en tiempos del Gobierno de Francisco Camps, Pedro García.

Las fórmulas mediante las que Teconsa “trasvasó” el dinero a la red fueron tres, según el informe:

— Una parte fue cobrada “en efectivo por Pablo Crespo e ingresada en la caja B de la organización” como cobertura a unas facturas irregulares.

Determinadas personas se enriquecieron sin declarar a Hacienda”

— Otra parte se destinó a financiar una operación inmobiliaria en el municipio valenciano de La Nucia, “utilizando como justificante de la salida de fondos una factura emitida por una sociedad vinculada a la organización de Correa”.

— El resto, añade el informe, salió de Teconsa por medio de facturas que “documentan pagos a favor de los miembros de la organización para sus gastos particulares o el cobro de sus respectivas comisiones”.

Hacienda considera que existe un fraude de IVA de más 198.000 euros, porque Teconsa cobró más de un millón de euros de la Televisión Valenciana por este concepto. Sostiene que la constructora “cobró el IVA repercutido y redujo su propia cantidad a ingresar descontando el IVA de las facturas irregulares”.

En cuanto al impuesto de sociedades, el informe indica que para que un gasto resulte deducible es necesario que quede acreditada la realidad del mismo, así como su actividad empresarial. Dadas las facturas, que no reflejan verdaderas prestaciones de servicios, Hacienda sostiene que se desgravó “improcedentemente” dichas facturas, con lo que la cuota defraudada sería de 434.941 euros.

“Sin perjuicio de la trascendencia penal que tenga el hecho de que, inflando un contrato de adjudicación, se hayan detraído de la Televisión Valenciana fondos”, el informe añade que determinadas personas “se han enriquecido sin haber reflejado ese enriquecimiento en sus declaraciones tributarias”, indica el documento. Así, señala como posibles responsables a los seis miembros del Consejo de Administración de la constructora leonesa Teconsa y a quienes “se beneficiaron de la operación”, entre los que menciona a Correa, a Pablo Crespo, a Álvaro Pérez, El Bigotes, y al que era director de la televisión pública valenciana en el momento en el que se produjo la adjudicación, Pedro García. Este, según la contabilidad incautada a la trama, percibió 500.000 euros por el contrato.

Francisco Correa usó de tapadera a una constructora leonesa (Teconsa)

Después de más de dos años desde que la investigación judicial y policial destapara el pelotazo de la red Gürtel, con la connivencia de cargos del PP valenciano, en la visita del Papa Benedicto XVI, Pedro García aún no ha sido imputado, ya que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideró que era el tribunal valenciano el que debía investigar esta causa y el valenciano no lo aceptó.

Ahora, cuando la instrucción del grueso del caso Gürtel está en manos de Pablo Ruz, después de que la causa volviera a la Audiencia Nacional, este juez deberá decidir la imputación del ex director general del RTVV, tal como solicitó la fiscalía, y resolver sobre las numerosas irregularidades que denuncia el informe de la Agencia Tributaria con un grave perjuicio para las arcas públicas.

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"CASO VOLTOR"; CAÑELLAS PIDIÓ A SUS EMPLEADOS QUE NO MEZCLASEN "LA GUERRA" DE UM Y SU TRABAJO

Declaración ante el juez


Europa Press | Palma

El exconseller de Juventud y Deportes del Govern y exdirector insular de Proyectos, Mateu Cañellas, ha aludido, en su declaración como imputado en el marco del caso Voltor, a una "guerra muy grande" que se produjo en el seno de la extinta UM en torno al año 2009, y ha asegurado que cuando ésta "se encrudeció mucho", transmitió a sus empleados que no debía mezclarse "la guerra del partido" con su trabajo en la Conselleria. "Y no iba a despedir a nadie por no estar afiliado a UM", ha aseverado.

En su comparecencia ante la titular del Juzgado de Instrucción número 10, Carmen Abrines, Cañellas ha recordado que cuando aún era conseller reunió a una serie de personas en el velódromo Palma Arena para comunicarles este mensaje, al defender que su "consigna, asi un dogma", era diferenciar el trabajo en las instituciones públicas con cualquier otra actividad propia del partido.

Según ha manifestado, previamente, cuando ostentaba el cargo de director insular antes de las elecciones de 2007, había recomendado a varias personas para su contratación en el Consell, si bien ha precisado que lo hizo por el perfil que reunían y "sin que en ningún momento se les exigiera su afiliación a UM". Asimismo, ha manifestado que la competente para su contratación era Eugenia Cañellas, a la que se dirigía únicamente para gestionarla pero posteriormente "no sabía nada de las condiciones laborales".

En concreto, Cañellas, asistido por el letrado Antonio Martínez, ha prestado declaración en el marco de la pieza 13 del caso Voltor, que indaga la contratación presuntamente irregular de militantes de la formación a través del Consorcio de Informática Local de Mallorca (Cilma), dependiente del Consell. Las investigaciones apuntan a que, pese a estar a sueldo del Cilma, estos empleados 'fantasma' no llegaron a acudir a su puesto de trabajo sino que se habrían limitado a realizar labores en favor del extinto partido nacionalista.

También este jueves ha comparecido ante la jueza el expresidente de UM Miquel Àngel Flaquer, quien sin embargo se ha acogido a su derecho de no declarar.

Además

"CASO PEAJE"; FIANZA DE 600.000 EUROS PARA FRANCISCO OREJUDO Y OTROS CUATRO IMPUTADOS

Requerida por la juez
El caso investiga un presunto desvío de 23 millones públicos

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, requerirá una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total de 600.000 euros al exingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y a otros cuatro imputados del caso Peaje, que investiga un presunto desvío de 23 millones de euros públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

Mediante una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada emplaza a los cinco encausados a que comparezcan el 23 de febrero ante el Juzgado para solicitarles el pago de la caución, después de que el auto por el que había sido decretada haya adquirido firmeza.

En concreto, la fianza, acordada a petición de Fiscalía -que solicitaba un millón de euros-, ha sido impuesta a la compañera sentimental de Orejudo, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro, quienes deberán hacer frente de forma conjunta a esta cantidad a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados.

Para ello, dispondrán -desde el día que se les notifique- de un plazo de 24 horas y, en caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal y como apuntaba la juez en su auto, estos cinco inculpados alcanzaron un "acuerdo" de cara a levantar con fondos públicos una vivienda unifamiliar aislada sobre un terreno propiedad de Florit en Búger, a pesar de que los encausados defienden que se trata de un templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang -a la que pertenecen-, construido gracias a las donaciones de los socios de esta entidad de filosofía china, cuyo importe ascendería a 300.000 euros.

Sin embargo, la magistrada se ampara en un peritaje que cifra el valor de la edificación en 699.087 euros, lo que hace "no creíbles" sus alegaciones, sobre todo "si se atiende a que las supuestas donaciones que han recibido para construirla, únicamente en metálico, han sido aportaciones de dinero muy importantes, sin que exista rastro contable alguno ni reflejo bancario a través de los correspondientes extractos".

Otro informe elevaba el valor a 300.000 euros
Por el contrario, un informe posterior elaborado por un aparejador de la Universitat de les Illes Balears (UIB) concluía que el valor de la edificación asciende a unos 300.000 euros, tal y como consta en la valoración que aportó a la causa la defensa de Orejudo, ejercida por Gabriel Garcías, y que arrojaba sus conclusiones en base a las mediciones realizadas sobre los materiales empleados, las dependencias del edificio, su extensión, la cimentación y el tamaño de las paredes y los muros.

Cabe recordar que esta causa se inició a raíz de la denuncia que interpuso el Ministerio Fiscal contra 16 exaltos cargos del Consell de Mallorca y empresarios en marzo de 2009 como consecuencia del supuesto desfase de 23 millones de euros que se habría producido sobre los 140 millones inicialmente presupuestados para el proyecto, que corrió a cargo de la UTE Desdoblamiento C-715 (integrada por las empresas Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr).

Según consta en la denuncia, los imputados podrían haber incurrido en los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho y falsedad en documento mercantil. Sin embargo, algunos de los encausados han negado un desvío a fines particulares y que el desfase repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la adjudicación de los trabajos recayó en manos de la empresa Pamasa y fue posteriormente cuando esta sociedad subcontrató las obras a la UTE.

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; LA EX ALCALDESA DE VILLANUEVA DEL RÍO Y MINAS DECLARÓ COMO IMPUTADA ANTE LA GUARDIA CIVIL

La ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, en un despacho de la Diputación. | Jesús Morón
Según ha desvelado el PP

Europa Press | Sevilla

La directora del área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla y ex alcaldesa de Villanueva del Río y Minas, la socialista María José Cervantes, ha prestado declaración en calidad de "imputada" ante la Guardia Civil, en el marco de la investigación de la presunta trama de los ERE fraudulentos, según han anunciado este jueves los diputados provinciales del PP Eloy Carmona Virginia Pérez.

Los diputados del PP, a tal efecto, reclaman al presidente de la Diputación provincial, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), que destituya a Cervantes como directora de área después de conocer que Cervantes prestó declaración "como imputada" ante la Unidad Central Operativa del Grupo de Delincuencia Económica de la Guardia Civil el pasado 17 de octubre de 2011.

Durante la rueda de prensa, el PP ha aportado un documento del atestado policial fechado el 25 de enero de 2012 por la propia Guardia Civil en el que se alude al ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, también uno de los principales imputados y beneficiario de varias prejubilaciones fraudulentas, pues él habría sido quien indicó "los pasos a seguir" en cuanto al expediente de regulación de empleo promovido por la empresa Aglomerados Morell.

La empresa logró un ERE con 24 prejubilaciones entre cuyos beneficiarios figuraban dos personas ajenas a la propia plantilla de Aglomerados Morell. Entre las recomendaciones de Lanzas se cita textualmente "contratar a personas residentes en la localidad de traslado, para lo cual, mantienen varias reuniones con la alcaldesa socialista a fin de que ésta consiga un beneficio electoral y actúe como medida de 'presión' para facilitar así las subvenciones necesarias para dicho traslado".

El documento contiene una anotación que hace "hincapié en la declaración efectuada por María José Cervantes, de la cual se extrae la afirmación en un principio de su no participación en reuniones respecto al traslado de Aglomerados Morell y, tras mostrarle un documento de fecha 23 de mayo de 2006 en el que se refleja lo contrario, declara que el motivo de la reunión con los administradores de Aglomerados Morell versaba sobre el traslado de la empresa. De igual forma, afirma no conocer a Juan Lanzas".

Además: