lunes, 8 de febrero de 2010

"CASO GÜRTEL"; "HAY UN PARTIDO AL QUE LA CORRUPCIÓN LE HA GUSTADO Y QUE AHORA PAGA LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS"

José Luis Peña, ex concejal del PP de Majadahonda que destapó la trama Gürtel ,arremete contra su antigua formación y su presidente, Mariano Rajoy

El caso Gürtel (correa, en alemán), una de las mayores tramas de corrupción política destapados en los últimos años, cumple un año: a las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid.

Un año después, el responsable de que el caso estallara y de que hoy lo investiguen tres tribunales distintos (el Supremo, por la implicación de políticos aforados nacionales, y los Superiores de Madrid y Valencia), el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, ha concedido una entrevista en Cuatro en la que ha vuelto a arremeter contra la dirección del partido en el que militó por no haber puesto coto antes a Correa y sus hombres: "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado durante muchos años, que le paga la defensa a los imputados [en referencia al ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas], y que no sabemos si ha cogido dinero de la Gürtel".

Peñas ha criticado duramente a Mariano Rajoy por no haber sido él mismo quien llevara a Correa, el Bigotes y demás implicados ante los tribunales "cuando ha reconocido que lo sabía antes" de que él lo denunciara. En su opinión, la actitud del hoy presidente del PP le obligó a él a grabar durante dos años una serie de conversaciones que permitieron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciar la investigación.

El ex concejal ha relatado que su amistad con Correa se forjó desde su puesto en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), donde trabajaba con la mujer del empresario. La relación se estrechó a partir de 2005 y llegó un momento en que el cabecilla de la trama trató de que Peñas encabezara un partido político en el municipio de la sierra madrileña. "Fue entonces cuando comencé a ver lo que hacía realmente", ha asegurado.

El poder de Correa dentro del partido era entonces enorme, según el relato de Peña. "Yo he visto apartarse a senadores al paso de Correa en un mitin", ha recordado el ex concejal, quien ha insistido en una frase que resume cómo veía él la situación: "Decir Correa era decir Aznar".

"No me arrepiento"

Peñas toma la decisión de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según ha comentado, "cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa o hacer algo". En su opinión, "la mejor forma de probar lo que veía era grabarlo y llevárselo a un juez".

El ex concejal reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: "He borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche. Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello", ha explicado.

* La vida antes de Gürtel

José Luis Peñas



Francisco Correa
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Luis Bárcenas Gutiérrez
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Nacimiento:
22-08-1956

Lugar:
Huelva




Caso Gürtel
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elpaís.com

EL ALCALDEDE ALFARNATEJO DICE QUE NO DIO LICENCIAS PARA CONSTRUIR CASAS EN EL CAMPING

TRIBUNALES | Denunciado por el PP

Europa Press | Málaga

El alcalde del municipio malagueño de Alfarnatejo, Antonio Benítez, ha asegurado este lunes que "nunca" ha dado licencia de obras para la construcción de viviendas en el camping y, ha añadido, "no se ha aprobado plan parcial ninguno y sí un proyecto de actuación en el camping".

Benítez ha realizado estas declaraciones tras la denuncia que presentó el PP en el Juzgado de Instrucción de Málaga contra el regidor de esta localidad por un presunto delito contra la ordenación del territorio al conceder una licencia urbanística "conociendo su ilegalidad". Así, según el PP, Benítez ha autorizado la construcción de viviendas en 'El Cortijuelo', aún cuando se trataba de suelo no urbanizable y con informes desfavorables del secretario-interventor.

En este sentido, Benítez ha asegurado, a través de un comunicado, que en algunos puntos "el PP miente a sabiendas" y ha añadido que "el Partido Popular tiene la certeza de que sólo puede llegar a la Alcaldía enturbiando la política local".

"El PP intenta conseguir a través de la justicia lo que yo gané en las urnas, por las que he sido democráticamente elegido por mayoría absoluta por los vecinos de mi pueblo durante tres legislaturas", ha asegurado y se ha preguntado "por qué tanto interés en este pequeño pueblo".

Por otro lado, en relación con la denuncia realizada este domingo por los populares en la que aseguraba que Benítez "empadronó ilegalmente a varias familias en ese enclave", el alcalde de Alfarnatejo insistió en que "el PP sabe, o mejor dicho debería saber, que hay informes jurídicos favorables al empadronamiento en dicho camping".

Por último, se ha cuestionado por qué el PP a nivel provincial pide una moratoria de las viviendas "supuestamente irregulares y al alcalde de Alfarnatejo lo llevan a Fiscalía".

Además
* Denuncian al alcalde socialista de Alfarnatejo por prevaricación

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; UN DIRECTIVO DE SANDO INSISTE EN QUE NO HUBO PACTO PREVIO NI PACTO PREFERENTE

Irregularidades en la venta de suelos del mercado

El directivo de Sando José Luis Miró entra en el juzgado junto a su abogado. | C. Márquez

Efe | Sevilla

José Luis Miró, uno de los tres directivos de Sando imputados por la presunta adjudicación "fraudulenta" de la venta de terrenos de Mercasevilla, ha negado que pactaran con otras empresas concursantes y con la compañía pública para ganar el concurso, y que ésta les garantizara una "posición de preferencia".

El responsable del área inmobiliaria de Sando ha declarado como imputado en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, que investiga la supuesta adjudicación ilegal a su empresa en 2006 de la venta de los suelos de Mercasevilla al "prepararse", según la juez, un pliego que "penalizó la oferta de Noga" de 158,6 millones, frente a los 106, "uno más que el precio mínimo de base", de Sanma -filial de Sando-.

En su declaración, el directivo ha dicho que a instancias de su vicepresidente, Luis Sánchez Manzano, desde comienzos de 2005 se reunió cinco o seis veces con Fernando Mellet, ex gerente de Mercasevilla también imputado, para tratar de la subrogación del derecho de superficie que la entidad Larena 98 tenía sobre algunas parcelas del mercado central.

Al considerarla "muy rentable", ha indicado que se subrogaron ese derecho pagando 1.080.000 euros a Larena, negociación que efectuó él y por parte de Mercasevilla Mellet, pero ha negado a preguntas de la juez que éste se lo propusiera "a cambio de la adjudicación directa" del derecho de opción de compra sobre todos los terrenos.

"Jamás se habló de los dos negocios de manera vinculada o asociada", ha asegurado el alto ejecutivo de Sando.

Ante las insistentes preguntas de la juez sobre este asunto, ha afirmado que su empresa "nunca contempló el tener asociado el concurso y la subrogación", y ha precisado, en relación a ese derecho de superficie sobre unas parcelas del mercado central, que están planteándose ejercitar acciones civiles contra Mercasevilla.

Miró ha contestado a todas las preguntas, en algunas ha rehusado "hacer valoraciones" a las "preguntas de opinión" de la juez, según las protestas que ha hecho constar su defensa, y ha reafirmado básicamente la declaración que Sánchez Manzano hizo el 29 de enero.

Sí ha admitido que Sando se comprometió a entregar 987.923 euros a Mercasevilla "como pago a cuenta del precio final" ofertado, pero desconocía que ese dinero se iba a destinar al Plan de Prejubilación Anticipada.

Ha negado que Domingo Enrique Castaño (PSOE), ex director de Vía Pública del Ayuntamiento y también imputado, les pusiera en contacto con Mercasevilla, pues lo conoció después, al contratarlo una filial de Sando, y "en ningún momento se valoraron los contactos políticos" de éste ni su anterior pertenencia a la ejecutiva del mercado.

Ha afirmado que no conoce a Gonzalo Crespo, ex concejal del PSOE, ni conocía en 2005 y 2006 a Castaño, Jorge Piñero -ex secretario de Mercasevilla- ni a los técnicos imputados, y no le consta que haya habido "ninguna disposición patrimonial" a favor de alguno. En esta rama del caso Mercasevilla ya hay acusadas diez personas entre responsables políticos, directivos del mercado y técnicos.

Además
* La juez pide a Hacienda el patrimonio de todos los imputados
* El juzgado ratificia la imputación del ex asesor de Monteseirín
* Los trece imputados en el 'caso Mercasevilla'

elmundo.es

"OPERACIÓN VOLTOR"; EL JUEZ SOSTIENE QUE LA TRAMA DE UM SUSTRAJO Y DESVIÓ FONDOS SIN CONTROL

* Les acusa de mover una suma de 1,2 millones 'fuera del control de Intervención'
* 'Alteraron la ley para favorecer a empresas, sustrajeron fondos y los desviaron'

Eduardo Colom | Esteban Urreiztieta | Palma

"De lo investigado hasta ahora se desprende que Miquel Nadal ha participado presuntamente en la sustracción de caudales públicos bajo la cobertura de la figura de un contrato de adjudicación directa que no respondía a servicio alguno ni tenía utilidad pública, para lo que ha inducido que se dicten resoluciones arbitrarias e ilegales".

El juez de guardia que el sábado dictó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para el ex conseller de Turismo y otros tres altos cargos de UM detenidos en el marco de la Operación Voltor resume en un contundente auto las principales acusaciones que pesan contra los dirigentes del Instituto de Estrategia Turística (Inestur) y sus superiores políticos. Acusados todos ellos de desviar fondos públicos de un organismo generosamente dotado de presupuesto público y teóricamente encargado de potenciar el turismo balear.

El que menos acusaciones atesora es de momento el propio Nadal, a quien se le atribuye imponer el encargo de un pago de 12.000 euros a dedo al concejal de UM de Sóller Tomàs Bartolomé Plomer por un asesoramiento que no habría significado trabajo alguno. Por ello le acusan concretamente de "malversación y prevaricación", estando el primero de ellos penado con entre 3 y 6 años de cárcel.

Sobre Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de UM y también antiguo conseller de Turismo, el juez ve indicios de que "alteró el sistema legal en la contratación pública para favorecer a determinadas empresas". Esta acusación, que deriva de las actuaciones de la Fiscalía, viene a raíz de la adjudicación de un contrato de 360.000 euros más IVA a una empresa mediante un concurso presuntamente amañado.

Además
* ¿Cómo pudo Antich mantenerse junto a semejantes socios?
* Flaquer ordenó 'tratar con cariño' el concurso amañado
* Archipiélago Gulasch: El precio del cariño
* El Govern se personará como acusación particular
* Libertad bajo fianza de 100.000 euros para Nadal y Flaquer

elmundo.es

LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU

Ana Karlota Figueroa era la mano derecha de Francisco Correa en Miami

Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, en una de sus comparecencias en el TSJ de Madrid.

MÓNICA PATXOT
PEDRO ÁGUEDA - MADRID -

La investigación por la trama Gürtel ha saltado definitivamente el Atlántico. Desde el pasado mes de mayo hay cinco nuevos imputados por su participación en la red de corrupción y blanqueo de capitales ligada al Partido Popular. Y todos ellos residen en Estados Unidos.

El seguimiento del dinero obtenido de forma ilícita por la red de Francisco Correa ha conducido a la Policía española y a la Agencia Tributaria hasta el Estado de Florida. Entre los nuevos imputados se encuentra Ana Karlota Figueroa, considerada por los investigadores la persona de confianza de Francisco Correa en Miami.

Figueroa siguió actuando incluso tras el arresto de Correa en España

Esta mujer figura como administradora de al menos siete sociedades que el cabecilla utilizaba para enterrar el rastro del dinero procedente de la corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por los conservadores. La ingeniería financiera que habían diseñado Correa y sus colaboradores permitía desviar los ingresos ilícitos de sus empresas al exterior y los ponía a circular por circuitos financieros de varios estados. Cuando la madeja de sociedades y trasvases de fondos hacía imperceptible el origen del dinero, este volvía a España.

Uno de los paraísos fiscales utilizados por la trama es el de las Islas Vírgenes británicas. Cinco sociedades allí domiciliadas forman el Grupo Hilgart, a nombre de Francisco Correa. Este grupo participa a su vez en otras 12 sociedades radicadas en la capital de Florida.

Según han podido comprobar los investigadores españoles, Ana Karlota Figueroa ha continuado figurando como administradora de algunas de esas empresas incluso después de que Correa fuera detenido, hace ahora un año. Otro de los imputados por el juez instructor, Antonio Pedreira, es Randall Woodward, director de una de las sociedades pantalla de Correa hasta el 12 de enero de 2005, cuando fue sustituido por Figueroa.

La trama invirtió en pisos de lujo frente al mar en la capital de Florida

El ladrillo de Miami

Las empresas de Correa en Miami se dedicaban a invertir en lujosos apartamentos de la capital de Florida. Tres de esas adquisiciones fueron realizadas en una torre frente al mar de 42 plantas llamada Residencial Jade, de la que son vecinos conocidos deportistas y músicos latinoamericanos.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha podido determinar que una de las empresas de Correa, Flybridge Investments, compró en 2001 un apartamento en esa torre por 600.000 dólares (unos 420.000 euros al cambio actual) y lo vendió tres años más tarde por 880.000 dólares, alrededor de 610.000 euros.

La mujer de Crespo reconoce que dio instrucciones a un broker imputado

El grupo de sociedades de Correa en Miami contaba con la estrecha colaboración del despacho Juris Magister, con sede en esa ciudad. A través de este bufete, Tidy Baez se dedicaba a constituir las sociedades y Gloria Pascual llevaba la contabilidad de las mismas. Los dos tendrán que explicar su papel ante la Justicia española tras ser imputados por el juez Antonio Pedreira.

Randall Lew Carusso ya aparecía citado en la parte del sumario de la Gürtel cuyo secreto se levantó el pasado mes de octubre. Se trata del broker de bolsa con el que contactó la esposa de Pablo Crespo, presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido ya estaba en la cárcel de Soto del Real.

Ante la sospecha de que Correa y Crespo daban órdenes desde la cárcel para poner a salvo su dinero y ocultar pruebas, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó grabar sus conversaciones por teléfono y en los vis a vis. En una de las llamadas, su esposa cometió la indiscreción de decir que había utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Carusso, que tiene nacionalidad estadounidense e italiana.

La red contaba con el director de una sucursal bancaria en Miami

Traslado de fondos
La policía sospecha que esa conversación fue utilizada para dar instrucciones a Lew Carusso sobre un traslado de fondos desde una cuenta de Bank of New York a otra en la sociedad Merril Lynch. La cuenta receptora está a nombre de Chelmi Ltd., sociedad mercantil constituida en las Islas Caimán y que, como el resto, era parte de la complicada tela de araña financiera tejida por la trama corrupta.

Hasta mayo, sólo había un imputado español por el caso Gürtel que reside en Estados Unidos, el español Guillermo Martínez Lluch. Está acreditado que Correa y Crespo le concedieron poderes para vender sus bonos. Martínez Lluch es director de una sucursal de Bancaja en Miami. La policía considera muy relevante la participación de esta entidad bancaria, junto con Merryl Lynch, en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos.

De las pesquisas seguidas hasta ahora se desprende que el rastro del dinero de la trama Gürtel se pierde por más de diez países. Hay paraísos fiscales en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como estados pertenecientes a la Unión Europea, como son Reino Unido, Países Bajos y Portugal, y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.

público.es

CORRUPCIÓN Y URBANISMO SALVAJE

La vía penal destapa la ineficaz disciplina urbanística del Consell

S. NAVARRO / L. GARRIDO - Alicante / Valencia

La burbuja inmobiliaria, alimentada por el urbanismo salvaje, ha sido el caldo de cultivo ideal para las tramas de corrupción política y empresarial vinculadas a la construcción ilegal. La estela de este entramado corrupto se extiende a lo largo de la Comunidad Valencia, apenas dos años después del parón del ladrillo. El denominador común de todos casos, léase Catral, Bigastro, Zarra, Llíber, o Montroi, es que se trata de pequeñas poblaciones, cuyos alcaldes, en connivencia con funcionarios y profesionales (abogados, ingenieros, promotores y notarios), han sacado tajada a la autonomía de la que gozan los municipios en materia urbanística y han engordado las arcas municipales y, de paso, sus bolsillos haciendo la vista gorda a cambio de sobornos millonarios sobre las miles de casas levantadas en suelo rústico.

Las tramas incluso han asesinado para controlar el negocio del ladrillo

"Es necesario una nueva ética política y echar de las listas a los corruptos"

El arresto del ex alcalde del PP de Montroi por autorizar 77 chalés en suelo rústico es la última muesca de la corrupción urbanística que, en algunos casos, ha igualado las sangrientas cotas del hampa: en Polop la justicia investiga si el concejal de Urbanismo, Juan Cano, contrató a dos pistoleros para ejecutar a su alcalde, Alejandro Ponsoda, y poder así manejar el urbanismo municipal a su antojo. La inoperancia de la disciplina urbanística municipal, agravada por la ineficacia del agente supervisor superior, es decir, el Consell, ha provocado la irrupción de la policía y jueces para poner coto, por la vía penal, a la bicha de la corrupción. Expertos consultados por este periódico abogan por enterrar el depredador modelo urbanístico de los noventa y, en paralelo, expulsar de las listas, a los cargos afectados. Los políticos implicados en las tramas urbanísticas saben que la corrupción, hasta ahora, no pierde elecciones.

Las víctimas han sido los compradores europeos, mayoritariamente la poderosa colonia de jubilados ingleses y alemanes, que animados por su boyante economía compraron casi a ojos cerrados viviendas ilegales. A la consumación de la estafa ayudó la falta de ética de los agentes autóctonos sabedores de la ilegalidad de las operaciones. Cuando el engaño ha saltado a la opinión pública reclaman la legalización de sus viviendas y las correspondientes indemnizaciones.

Las primeras alarmas sobre la inseguridad jurídica que envolvía el urbanismo valenciano saltaron en las postrimerías del boom de la construcción de la mano del colectivo Abusos Urbanísticos No. Enrique Climent, presidente del colectivo, resalta que el aluvión de casos de corrupción que ha florecido en el último trienio es, en parte, fruto de su denuncia. "No hay que olvidar que la Justicia en España es lenta", precisa. Para Climent, el origen de este problema está en la normativa urbanística valenciana. "El problema parte de la Ley Reguladora de la Actividad urbanística (LRAU), una ley sin criterio ni lógica que permitió a unos señores [los agentes urbanizadores] actuar como cuatreros y apropiarse del suelo de los particulares", explica. "Un partido [el PSPV] la aprobó, y otro [el PP] la aplicó durante 11 años sin reglamentos", añade.

La entidad ha trasladado desde 2002 y hasta la actualidad más de 20.000 quejas (el 80% de residentes en la Comunidad Valenciana) al Comité de Peticiones del Parlamento Europeo. Otro efecto de la actividad del colectivo, fueron las tres visitas (2004, 2005 y 2007) de una delegación del mencionado organismo europeo a la Comunidad Valenciana para verificar sobre el terreno las denuncias de afectados por supuestos abusos urbanísticos.

La conclusión de este trabajo fue el denominado informe Auken, un demoledor documento que explicó a toda Europa las "trampas" que encerraba el urbanismo valenciano. El informe fue aprobado por el Parlamento Europeo, y sólo un cambio de actitud a última hora del PSOE evitó que los eurodiputados aprobaran una propuesta a favor de una moratoria urbanística.

La actitud del Consell ante las visitas del Comité Peticiones fue siempre displicente. A la primera delegación ni tan siquiera la recibió el entonces consejero del ramo, Rafael Blasco. "Dijeron que los supuestos abusos urbanísticos eran aislados, simples ovejas negras", comenta Climent. "El tiempo nos ha dado la razón, y el rebaño no parece tan blanco", añade.

Climent resalta la buena fe con la que actuaron los compradores, sobre todo los ingleses: "Compraron porque su economía se lo permitía, pero fiaron todo en la operación, y vendieron sus casas en sus países de origen a cambio de una vivienda ilegal en España. Han sido engañados, y como ejemplo, un ciudadano inglés afectado por la trama de Montroi. Este señor firmó dos contratos, uno en inglés y otro en español, pero no sólo la lengua era distinta, sino también el contenido de las cláusulas".Manuel Alcaraz, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante y presidente de la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) apunta a la filosofía del modelo de construcción como origen del problema. "Todo ha sido una consecuencia del modelo de construcción, basado en hacer negocio a corto plazo que aboca indefectiblemente a la especulación y la corrupción", añade. Para el académico, otro factor clave ha sido la complicidad de la sociedad. "Complicidad que ha llegado hasta las cúpulas de los partidos, sobre todo del PP. No se ha hecho ningún esfuerzo por la regeneración y la ética política. El PP ha erigido su imperio político sobre la opacidad", explica. Alcaraz aboga por el veto en las listas a los políticos corruptos en las listas. El profesor apuesta por un cambio de la legislación: "Por ejemplo, hay que introducir el tipo delictivo de enriquecimiento ilícito. No es normal que cargos públicos con sueldos de 3.000 euros exhiban esos rutilantes trenes de vida", razona.

El controlador ausente
Alcaraz destaca como clave de este generalizado fenómeno de la corrupción urbanística la quiebra de los mecanismos de control, primero los departamentos de disciplina urbanística de los municipios y, segundo, la acción supervisora del Consell. En esta tesis abunda el ecologista y experto en temas urbanísticos Carlos Arribas. "La proliferación de casas ilegales en suelo rústico sólo tiene un origen la pasividad del Consell a la hora de aplicar sus competencias recogidas en la ley de suelo no urbanizable de 1994", explica. "Esa norma incluye suficientes mecanismos, como las Declaraciones de Interés Comunitario y los agentes medioambientales para haber frenado las edificaciones ilegales", asevera el portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. "Pero no se ha hecho nada, sólo la intervención del planeamiento de Catral, que al final resultó un brindis al sol", añade. La crítica del ecologista alude a la iniciativa del entonces consejero de urbanismo, Esteban González Pons, de intervenir el planeamiento urbano de Catral para evitar la proliferación de casas en la huerta. El decreto, se produjo dos años después de una investigación judicial en curso, cuando ya había levantadas 1.200 casas y un día antes del debate de la moción de censura del PSPV al jefe del Consell, Francisco Camps, el 4 de octubre de 2006.

La desregulación de la norma urbanística, la ausencia del control por parte del Consell y la connivencia de funcionarios (aparejadores, secretarios, arquitectos) y profesionales del sector, son las causas de la corrupción urbanística para otro experto en la materia, Honorio Fernández, presidente de la Asociación Europea de Consumidores y Usuarios (AECU), que denunció ante los tribunales la situación de las casas ilegales de Catral, asegura: "Montroi, Llíber, todo es más de lo mismo y como consecuencia de la sucesiva desregulación de la norma urbanística que comenzó con el Gobierno de Aznar, y que se trasladó a la Comunidad Valenciana, con la permisiva LRAU, que se aplicó sin reglamentos hasta 2005", explica.

Cooperantes necesarios
Fernández subraya la "necesaria cooperación" de otros profesionales para que las tramas materializaran las estafas. "Sin ellos: arquitectos y aparejadores municipales, más preocupados en cómo saltarse la ley para dar luz verde a PAI antes que aplicar la disciplina urbanística, no hubiera sido posible. Y el resultado lo han pagado los compradores, que viven un doble drama, una casa ilegal y sin servicios".

Uno de los colectivos profesionales aludidos en este apartado de la cooperación necesaria, se explica. César Belda, decano de los notarios de Valencia, expresa su preocupación por el escenario de corrupción urbanística. Defiende la actuación de los notarios, porque "a pesar de lo que se conoce y del impacto que tiene, son excepciones". Según el decano de los notarios, el Colegio está colaborando en la prevención de este tipo de delitos. ¿Cómo? Fomentando la formación continua de los notarios sobre las modificaciones legislativas nacionales y autonómicas en materia de urbanismo, colaborando estrechamente con la Guardia Civil, con la Fiscalía y con los jueces, y aumentando el celo en la detección de las ilegalidades. Es contundente, "sí hay un notario implicado, que conocía las ilegalidades, debemos, yo el primero, actuar contra él. Porque la gran mayoría cumple su obligación". "Nuestro trabajo es precisamente velar por la legalidad", añade.

Los expertos consultados reconocen el cambio en ámbito judicial para perseguir las tramas, aunque reclaman mayor contundencia para restituir la legalidad urbanística, mediante demoliciones. La cruzada por la protección del entorno mediante el derecho penal la lidera el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher. El empeño de Vercher fue apuntalado por una reciente sentencia del Tribunal Supremo que apuesta por la vía penal "ante la inoperancia de la disciplina administrativa". El ministerio público valenciano secunda la propuesta de Vercher, sobre todo en el apartado de la construcción ilegal en suelo no urbanizable. Pero resalta la falta de colaboración de los Ayuntamientos y el Consell. La Fiscalía señala que ha reclamado en varias veces información al Consell sin éxito.

* Carrión, suspendido de militancia

elpaís.com

"OPERACIÓN VOLTOR"; UN PINCHAZO A OLIVER Y SASTRE ES LA BASE DE LA ACUSACIÓN CONTRA MIQUEL NADAL

Una intervención telefónica demostraría el clientelismo en UM

El ex presidente de UM niega haber gratificado con 12.000 euros del Inestur a Plomer

Miquel Nadal, a su llegada al juzgado de guardia. Foto: B. Ramon

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA. Uno de los pinchazos telefónicos que la Policía realizó en los últimos meses a dos de los entonces altos cargos del Govern y dirigentes de UM, Antoni Oliver y Joan Sastre, fue la pista que llevó a la detención el viernes de Miquel Nadal, ex conseller de Turismo y edil de Palma por ese partido. En la conversación intervenida por el juzgado de instrucción 10 de Palma Oliver y Sastre hablan de otro dirigente de UM, Tomás Bartolomé Plomer, un pequeño hostelero de Sóller, del que dicen que "tendría que estar agradecido a Nadal por haber recibido 12.000 euros del Inestur (el Instituto de Estudios Turísticos, dependiente de la conselleria de Turismo).

Antoni Oliver era el gerente del Inestur y Sastre era el director general de Promoción Turística. Ambos altos cargos del Govern no tuvieron en esa época ningún reparo a la hora de hablar sobre las múltiples disputas entre facciones de UM y en comentar temas sobre sus respectivos departamentos.

Igual que Vicens
La fiscalía anticorrupción ha interpretado esa charla como una prueba de que el entonces conseller de Turismo Miquel Nadal ordenó a su subordinado Oliver en el Inestur que "regalara" doce mil euros a Plomer. Este imputado es una persona que, a pesar de ser edil de Turismo en Sóller, no parece tener la cualificación profesional suficiente para el trabajo por el que el Inestur le dio dos millones de las antiguas pesetas. Según Anticorrupción, estaríamos en presencia de una situación igual a la protagonizada por el ex diputado de UM Bartomeu Vicens, condenado en diciembre a 4,5 años de cárcel por gratificar con once mil euros del Consell de Mallorca a su contable (que le había buscado facturas falsas) a cambio de un informe inútil y plagiado de Internet.

Los investigadores han rastreado este expediente de contratación menor entre los cientos tramitados por el Inestur mientras Nadal y Francesc Buils eran conselleres en esta legislatura. El informe supuestamente elaborado por Plomer versaba sobre una aplicación de pantallas táctiles para información turística, un campo de nuevas tecnologías aparentemente ajeno para el imputado. La versión de Oliver, representado por Josep de Luis, enmarca la conversación en la esfera interna del partido. "Estábamos hablando de los posibles votos dentro de la Comisión Ejecutiva de UM para Nadal y otros y, por eso, mencionamos a Plomer, del que dijimos que había trabajado para el Inestur, que dependía de Nadal cuando era conseller de Turismo", dijo. Nadal en las declaraciones en la madrugada y la tarde de ayer, negó las imputaciones, dijo no haber firmado ese contrato y rechazó haber beneficiado con fondos públicos a Plomer. El concejal de Cort, defendido por Josep Zaforteza, sólo admitió que animó a Plomer a colaborar con la conselleria si tenía alguna idea para mejorar el turismo en Balears.

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"OPERACIÓN VOLTOR"; ANTONI OLIVER ACUSA A FLAQUER DE ORDENARLE CAMBIAR AL GANADOR DE UN CONCURSO

Un expediente de 360.000 euros fue abortado tras la supuesta manipulación

El ex presidente de UM asegura que esas imputaciones son una auténtica mentira

Miquel Àngel Flaquer, saliendo del furgón policial. Foto: B. Ramon

FELIPE ARMENDÁRIZ/J.F.MESTRE. PALMA Antoni Oliver, ex director gerente del Inestur hasta esta semana y uno de los principales implicados en la supuesta trama de corrupción de la operación Voltor, acusa a Miquel Àngel Flaquer, ex presidente de su partido Unió Mallorquina (UM), de ordenar cambiar al ganador de un concurso convocado en esta legislatura por el Inestur por una cuantía de 360.000 euros. Flaquer ha rechazado con vehemencia esas imputaciones, de las que dice que son una auténtica mentira.

Miquel Nadal, que no era conseller de Turismo cuando se preparó el concurso, asegura que lo paralizó tras conocer que había reclamaciones de otros licitadores.

El expediente tenía como objeto la "realización de benchmarkings (estudios comparativos de mercado) sobre el turismo de congresos y reuniones, el enoturismo y las actividades acuáticas y subacuáticas". La partida asignada era de 360.000 euros y la ejecución de los programas se tenía que hacer a lo largo de 2009-2010.

Dos de las empleadas del Inestur imputadas en el sumario, pero que quedaron en libertad tras declarar ante el grupo de Delitos Económicos de la Policía, han manifestado que su jefe Antoni Oliver les mandó que hicieran una segunda valoración de las ofertas presentadas al concurso.

Sí di la orden

Oliver, defendido por Josep de Luis, ha admitido que sí dio esa orden a sus subordinadas, pero ha señalado al presidente de su partido en esa época, Miquel Ángel Flaquer, como el responsable último de esa decisión.

Flaquer fue arrestado el viernes por la noche en su domicilio de Cala Rajada con la colaboración de una Policía Local. El dimitido conseller del Consell de Mallorca fue conducido después por la Policía Nacional a la Jefatura Superior de Policía, donde estuvo prestando declaración hasta casi las cuatro de la madrugada de ayer.

Según la versión de Oliver y de las otras dos encausadas, la segunda valoración de las ofertas alteró el resultado del concurso, que fue adjudicado a otro licitador, una UTE vinculada al empresario Jacinto Farrús.

Flaquer, defendido por Gaspar Oliver, rechazó ante la Policía y el juez de guardia con energía esas imputaciones y tildó de mentiroso a Oliver.

El ex presidente de UM aseveró que no tuvo nada que ver con aquel expediente administrativo.

Nadal, representado por Josep Zaforteza, también fue interrogado acerca de ese contrato y vinculó su génesis a su predecesor en la conselleria de Turismo, Francesc Buils. Nadal admitió que tuvo conocimiento de las quejas y posibles reclamaciones de otros licitadores por las decisiones de la mesa de contratación y añadió que optó por abortar el concurso.

Los investigadores del caso Voltor han intervenido numerosa documentación sobre otros expedientes de comparación de mercados turísticos que, aparentemente, tienen poca consistencia.

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