martes, 1 de junio de 2010

UN EX CONCEJAL CONFIESA QUE COBRÓ COMISIONES A PROMOTORES PARA EL PP

El antiguo edil de Gondomar implica al partido en la corrupción urbanística - Parte de los pagos ilegales serían para financiar a disidentes socialistas

PRIMITIVO CARBAJO - Vigo -

El cohecho se destinaba a financiar un partido independiente formado por concejales procedentes del grupo socialista, Move Gondomar, y la campaña del PP local en Montevideo. Así lo testificó ayer José Luis Mosquera, ex concejal de Cultura en el Ayuntamiento de Gondomar, en el juicio oral que comenzó en Vigo por tres delitos de cohecho que se les imputan a él, al ex concejal de Urbanismo Alejandro Gómez y al arquitecto Borja Ramilo. Las escuchas telefónicas y la colaboración de un gancho permitieron destapar la operación en febrero de 2007, justo cuando Mosquera percibía los primeros 60.000 euros en la cafetería de un hotel de Vigo.

Mosquera fue detenido tras cobrar los primeros 60.000 euros

Los dos ex concejales y el arquitecto tenían previsto recaudar 960.000 euros, según el fiscal, por la calificación del suelo incluido en tres convenios que se iban a incorporar al plan general de urbanismo que a la sazón tramitaba el Ayuntamiento. El soborno se dirigía, en un caso, para que tuviera vía libre la edificación de un supermercado; en otro, para que su titular obtuviera una edificabilidad análoga a la del vecino, y en el tercero, para garantizar que la tramitación para construir en el solar llegara a buen término. Fue en este último caso donde los promotores, A Pousa SL, pusieron los hechos en conocimiento de la policía, que así inició las investigaciones a finales de 2006.

Mosquera rebajó las expectativas del cohecho a 540.000 euros (180.000 por cada convenio) y atribuyó a su compañero de grupo, Alejandro Gómez, de quien exaltó su experiencia y conocimientos en materia urbanística, la idea y dirección de toda la operación, en la que el concejal de Cultura, según su propio testimonio, habría actuado como mero "recadero" entre Gómez y el arquitecto Ramilo, quien ejercía de intermediario con el único interés de mantener su estatus profesional (encargos y cobros) en la zona.

La operación, según Mosquera, fue ideada ante la amenaza de que el PP perdiera la mayoría absoluta en las elecciones locales de 2007, tesitura en la que los independientes escindidos del PSOE podrían jugar un papel determinante de apoyo al PP. Gómez, a su vez, personificaba la garantía que recibían los promotores de que los acuerdos serían respetados por la siguiente corporación, en la que seguiría como edil de Urbanismo.

Mosquera sólo pudo responder al interrogatorio del fiscal, que continuará hoy. Previamente, el fiscal había aleccionado al jurado popular que juzgará el caso sobre su función en el juicio y había expuesto los hechos sustanciales del mismo, que tuvieron su jornada decisiva el 14 de febrero de 2007. Ese día, el promotor que colaboraba con la Guardia Civil, equipado con un sistema oculto de grabación, entregó los primeros 60.000 euros a Mosquera, quien a su vez se los pasó a su novia, Belén Fernández. Una vez consumada la entrega, que primero iba a realizarse en el estudio del arquitecto y finalmente se hizo en un hotel de la misma calle, enfrente, ambos fueron detenidos, y momentos después los otros dos acusados.

Los abogados de Mosquera y del arquitecto Ramilo prestaron su conformidad a ese relato de hechos, aunque rebajaron el montante de los tres delitos de cohecho a 540.000 euros y las penas para sus defendidos que pide el fiscal, una multa de 1.920.000 euros para el ex concejal de Cultura (igual que para Alejandro Gómez) y 720.000 euros para el arquitecto, además de distintos periodos de suspensión de empleo o cargo público. La defensa de Belén Fernández, acusada de complicidad y para la que se pide una multa de 135.000 euros, afirmó que contra ella "sólo hay indicios, no pruebas". El abogado de Gómez pidió su absolución ya que "no cometió ningún delito, todo lo contrario" y "no hay pruebas contra él", pues alegó que las escuchas telefónicas realizadas durante la investigación, base primordial de la acusación, vulneraron principios constitucionales y deben anularse.

Tradición de tránsfugas
El grupo popular de Gondomar vio en el plan general de urbanismo que estaban tramitando una oportunidad para neutralizar el "peligro de no ganar por mayoría absoluta" las elecciones locales de 2007. Tendrían que "hacer una campaña interesante" -hasta en Montevideo, donde hay una importante colonia emigrante de Gondomar- y "ayudar a los independientes [Move Gondomar, escindidos del PSOE] "para que los apoyaran, declaró ayer el ex concejal de Cultura José Luis Mosquera. La operación, según el mismo testimonio, fue montada de modo "muy cauteloso" por Alejandro Gómez, quien insistía en que "por nada del mundo se podía saber que el dinero era para la campaña electoral"

Finalmente, el PP perdió la mayoría absoluta en las elecciones y no le bastó el apoyo de Move Gondomar. El pacto de BNG y PSOE permitió un frágil gobierno con alcalde nacionalista, Antón Araúxo, hasta que el año pasado fue desalojado mediante una moción de censura auspiciada por Rafael Louzán. El PP recuperó el gobierno con el apoyo de los tránsfugas socialistas y de Move Gondomar.

elpaís.com

"CASO MINUTAS"; UN ACUSADO DICE QUE LA INTER

Ex gerente del Ayuntamiento marbellí

Europa Press | Málaga

El que fuera contable de algunas sociedades de Marbella (Málaga), y acusado en el caso 'Minutas', Antonio Calleja, ha asegurado que "a día de hoy" entiende que la Intervención del Ayuntamiento marbellí "no ha ejercido sus funciones" y que "nunca" intervino el interventor en las sociedades en las que él era gerente.

Calleja está acusado en el caso 'Minutas' sobre las presuntas irregularidades en los encargos profesionales realizados por el Consistorio al letrado José María Del Nido, en el que están acusadas 17 personas, entre ellas el ex alcalde Julián Muñoz y el que fuera asesor urbanístico Juan Antonio Roca.

El que fuera contable y también gerente de algunas sociedades municipales ha explicado que estaba "absolutamente al día" la contabilidad de todas las sociedades que él llevaba. En relación con los reparos al pago de minutas en las sociedades que él era gerente, ha manifestado que "nunca" vio un reparo por parte del Ayuntamiento. Dicho esto, se ha cuestionado que si el propio Consistorio no ponía objeción, "cómo lo iba a hacer el gerente".

"A mi me podría parecer mucho, poco o mal, pero no era mi competencia", ha aclarado Calleja, quien ha añadido que "la competencia de quien lo tenía que hacer no lo hacía, por lo que yo imagino que estaba bien", ha apostillado.

Calleja ha subrayado que le sorprendía "no el hecho de la tramitación y de la salida de los fondos del Ayuntamiento para pagar facturas de cierta relevancia", sino que "lo que más me sorprendía" es que el Ayuntamiento desde sus correspondientes controles financieros "no pagaba la Seguridad Social, no pagaba a Hacienda y eso es apropiación indebida", ha criticado.

Por otro lado, Calleja, que ha terminado este martes su interrogatorio, ha indicado que con motivo del trabajo realizado para las alegaciones al Tribunal de Cuentas y por el aporte documental "aclarativa" no cobró nada más allá de su sueldo.
Relación con Del Nido

Por otra parte, ha manifestado que "nunca" tuvo alguna instrucción por parte de Del Nido -como coordinador del proceso de fiscalización- de no facilitar algún documento al Tribunal de Cuentas durante la fiscalización.

No obstante, ha añadido que "lo único" que pasaba era que "no se podía enviar nada sin que él -Del Nido- lo viera", es decir, "que los mandaba él", por lo que ha insistido en que toda la documentación se la enviaba al letrado.

Asimismo, al igual que lo hicieran los acusados que fueron interrogados con anterioridad, ha indicado que quien mandaba en el Consistorio marbellí era Gil, el ex alcalde de Marbella. Además, ha explicado que las minutas del letrado Del Nido venían con el "visto bueno" de Gil, si no, "no se podían pagar".

"Yo era gerente, pero no decidía, ningún gerente de ninguna sociedad municipal tomaba decisiones, ni contrataba, ni hacia o deshacía si previamente no te lo indicaban los responsables, es decir, el alcalde -en referencia a Gil-", ha asegurado Calleja.

La Fiscalía Anticorrupción pide para este acusado 18 meses de prisión por un delito de asociación ilícita y un año de cárcel por un delito de malversación de uso de bienes muebles o inmuebles.

elmundo.es

IMPUTADO EL EX CONCEJAL DE IU FRANCISCO MANUEL SILVA POR ADJUDICAR CONTRATOS A UN FAMILIAR

AYUNTAMIENTO | Es su primo y 'amigo íntimo'

* El ex edil está citado a declarar el 20 de septiembre por una querella del PP


Sebastián Torres | Sevilla

El Juzgado de Instrucción 19 de Sevilla ha imputado al ex concejal de IU Francisco Manuel Silva por las adjudicaciones de contratos 'a dedo' a la empresa de un familiar y "amigo íntimo". En un auto fechado el 24 de mayo la juez Milagrosa Girón ha citado a Silva para el próximo 20 de septiembre para tomarle declaración en calidad de imputado, a raíz de una querella interpuesta por el PP en la que le atribuía supuestos delitos de prevaricación, malversación de caudales, tráfico de influencias, fraude en la contratación pública y usurpación de funciones.

Silva dimitió en septiembre de 2008 como concejal del Ayuntamiento de Sevilla después de que EL MUNDO de Andalucía desvelara que su madre había sido contratada sin concurso en la piscina municipal de San Pablo, cuya gestión dependía del Instituto Municipal de Deportes, organismo que dirigía el entonces concejal.

La querella del PP se interpuso en diciembre de 2008, con el concejal ya fuera del cargo, por una serie de contrataciones de la empresa Arecón Eventos SL, propiedad de David Domínguez Silva, primo y "amigo íntimo" del concejal.

Según el PP, Silva realizaba adjudicaciones públicas a la empresa de su familiar "para la realización de actividades privadas que no tienen como finalidad un servicio público", por lo que aludía a posibles "subvenciones encubiertas". La Intervención municipal había advertido en varias ocasiones de ésta y otras circunstancias y, según el PP, "al menos en dos ocasiones se desatendieron".

En tres adjudicaciones, según la denuncia del Partido Popular, se adjudicaron los contratos sin licitación pública y contraviniendo la legislación de contratos. Y en una de ellas, "para colmo de irregularidades", Silva aprovechó la ausencia por vacaciones de la delegada del distrito Bellavista-La Palmera para adjudicar un contrato a la empresa de su familiar, cuando, según la denuncia del PP, el sustituto era el entonces concejal socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, según el decreto de Alcaldía de 23 de julio de 2007 por el que se delegaron las competencias municipales.

Aunque la relación familiar entre Silva y el empresario no es del grado suficiente como para que el ex concejal tuviera que abstenerse, sí que lo es, según el PP, la "amistad íntima" entre ambos. Los denunciantes consideran que prueba esta amistad íntima que Silva, antes de producirse las adjudicaciones, había nombrado a su primo su asesor personal en el IMD y, por otro lado, porque formó parte del séquito del Gran Visir que Silva encarnó en la Cabalgata de los Reyes Magos de 2006.

elmundo.es

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PEDREIRA ACLARA AL PP QUE ENVIÓ EL CASO A VALENCIA SEGÚN LOS ARGUMENTOS DEL FISCAL

Auto del juez del TSJ de Madrid

* Le recuerda al PP que no es representante de personas imputadas en la causa

Europa Press | Valencia

El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha dictado un auto contestando a la petición de aclaración que le solicitó el PP sobre la existencia de indicios de cohecho impropio y delitos electorales en el Gobierno de Francisco Camps a los que aludió la semana pasada basándose en los informes aportados por la Fiscalía Anticorrupción sobre las relaciones entre empresas de Francisco Correa y la Administración valenciana.

El magistrado contesta que, en contra de lo señalado por el PP en su escrito, no considera "oscura" la expresión "hacer suya la argumentación jurídica del Ministerio Fiscal", por cuanto implica "una remisión a los fundamentos de derecho que invoca" la Fiscalía, que hacen referencia a la "cuestión esencial" debatida respecto a este asunto. "Todo ello conduce" a la adopción del acuerdo que adoptó para inhibirse a favor del Tribunal Superior de Valencia (TSJPV), explica el juez.

El PP 'no representa' a Camps

Añade Pedreira que "no resulta procedente invocar deducciones, apreciaciones y valoraciones que no se concretan para impugnar la 'ratio decidenci' del caso", y le recuerda al PP que no es representante de personas imputadas o no imputadas en la presente causa", sino que ejerce la acusación popular en representación del citado partido político, contra el que "no se ha acreditado hasta el momento ningún reproche punitivo".

Concretamente, el PP quería que el instructor del caso confirmara si asumía o no los postulados y delitos apuntados en los informes aportados la Fiscalía contra la Administración valenciana o simplemente se había limitado a inhibirse de la investigación en favor del TSJPV por afectar a aforados que competen a la jurisdicción de dicha comunidad autónoma.

Según la defensa letrada del PP en esta causa, el auto dictado por Pedreira inhibiendose a favor de los tribunales valencianos "no desarrolla ninguna fundamentación jurídica de la decisión", sino que se limita a afirmar que el magistrado instructor hace suya la argumentación jurídica del Mininisterio Público "sin más matizaciones ni precisiones".

En su auto, Pedreira explicaba que su inhibición estaba dirigida a evitar la prescripción de los supuestos delitos electorales y ante la posibilidad de que haya una hipotética conexión entre los presuntos delitos que se investigan en Valencia y los investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La decisión de Pedreira se produjo después de que el Tribunal Supremo acordara reabrir la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la Comunidad Valenciana. Pedreira aludía en su auto a un informe de la unidad de auxilio judicial de 13 de abril de 2010 en el que se pone de manifiesto diversas irregularidades en dicha contratación, en cuyos expedientes intervinieron algunos de los imputados en el procedimiento que se sigue en Valencia. Asimismo, solicitaba la acumulación de los delitos electorales correspondientes a las elecciones celebradas en la Comunidad valenciana el 27 de mayo de 2007.

En este punto, el juez aludía a un informe de la AEAT de 6 de mayo de 2010 en el que se ponen de manifiesto diversas irregularidades en la contratación, contabilización y facturación entre Orange Market S.L. y el PP de la Comunidad valenciana.

Según el auto de inhibición, el avance producido en los últimos meses en el análisis de la documentación hallada en los registros practicados y en la documentación remitida por distintos entes públicos, ofrece "nuevos datos y determina una valoración nueva de los hechos objeto de esta causa en orden a la atribución de la competencia".

Así, la resolución resaltaba que "la correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento" de Valencia impone "su investigación conjunta con la contratación de Orange Market S.L., tanto con el PP de Valencia como la Administración de dicha comunidad autónoma", a fin de "comprobar la posible relación entre los regalos investigados y los cargos de Rafael Betoret, Víctor Camps, Ricardo Costa y Francisco Camps.

elmundo.es

EL JUEZ IMPUTA A CARLOS FABRA POR LOS PRESUNTOS DELITOS DE COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

TRIBUNALES Presidente de la Diputación de Castellón

Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, en una imagen de archivo. | B. Pajares

* El dirigente y su mujer responderán por 'delitos contra la Hacienda Pública'
* El día 25 de junio se celebrará la comparecencia para concretar la imputación

ELMUNDO.es | Agencias | Castellón

El juez de primera instancia e instrucción número 1 de Nules (Castellón) ha acordado transformar en procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado las diligencias previas abiertas contra los 13 imputados del denominado 'Caso Fabra', entre ellos Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón y presidente del PP en la provincia.

El instructor entiende que, "en principio y a la espera de su calificación final", los hechos presuntamente cometidos por los imputados serían constitutivos de los "delitos de cohecho y tráfico de influencias".

Según el juez instructor, a los delitos mencionados hay que sumar otros conexos en lo que a Carlos Fabra y a su mujer, María de los Desamparados Fernández , se refiere, que son los "delitos contra la Hacienda Pública". La conexidad de estos delitos fue declarada expresamente por la Audiencia Provincial de Castellón el 24 de enero de 2006.

El próximo 25 de junio se celebrará en el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Nules la comparecencia prevista en la Ley del Jurado para concretar la imputación, solicitar el sobreseimiento o pedir que se practiquen nuevas diligencias de investigación.

La última diligencia practicada en relación con este caso tuvo lugar el pasado 21 de mayo, cuando declaró en el juzgado la mujer de Fabra, que sólo respondió a las tres preguntas efectuadas por su abogado defensor. En esta jornada también había sido citado inicialmente al presidente de la Diputación castellonense, aunque su comparecencia quedó aplazada porque el dirigente 'popular' se encuentra de baja laboral tras haber sido sometido a un tratamiento médico en Madrid.

No obstante, el fiscal Anticorrupción, Luis Pastor, apuntó tras la declaración de Fernández que el procedimiento estaba "listo para cerrarse" y consideraba que la declaración de la mujer del presidente de la Diputación sería la última, por lo que Fabra no sería citado de nuevo a declarar. Asimismo, señalaba que la instrucción de la causa "podría cerrarse antes del verano" porque no quedaban más diligencias por practicar.

Hacienda inició una denuncia contra Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, aunque en el procedimiento se ha terminado investigando las cuentas del presidente castellonense desde ese año hasta 2004. En relación con esta causa, un informe de los ingresos del dirigente 'popular', realizado en la investigación judicial, apunta a que ingresó, a través de cuentas corrientes personales o familiares, 5,3 millones de euros sin justificar en seis años, una cifra que representa 70 veces su salario.

El pasado mes de marzo Carlos Fabra, por cuestiones de salud, delegó sus funciones 'sine die', a través de un decreto firmado el día 12, en el vicepresidente primero de la Diputación de Castellón, Francisco Martínez. Posteriormente, fue sometido a un tratamiento en un hospital madrileño.

Además
* Un paciente llamado Carlos Fabra

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