martes, 5 de julio de 2011

"CASO BRUGAL"; EL LÍDER DE LA RED BRUGAL EN ALICANTE SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ

El empresario Enrique Ortiz (en el centro), a su llegada al juzgado. / JOSÉ OLIVARES
El empresario Ortiz esquivó también las preguntas del fiscal y las acusaciones

Artur Balaguer Alicante

El empresario Enrique Ortiz se acogió ayer a su derecho a no declarar en el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, donde estaba citado como imputado por los supuestos delitos de uso de información privilegiada facilitada por funcionario público, cohecho y tráfico de influencias durante el periodo que estuvo tramitándose la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, una pieza separada del llamado caso Brugal.

Sin embargo, Ortiz pidió al juez hacer un alegato en defensa propia, que no puede considerarse una declaración judicial, en el que se confesó inocente de cuantos cargos se le imputan.

El caso depende de que la Audiencia valide las escuchas

Al salir del juzgado, su abogado, Francisco Ruiz Marco, explicó que “Ortiz ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó, ni en ningún momento recibió, información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa de Alicante y exconcejal de Urbanismo), Luis Díaz Alperi (exalcalde) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU). Y añadió: “En ningún caso le fue solicitada ninguna dádiva, nunca jamás y nunca él la ofreció. Y no ha cometido ninguno de los hechos respecto a los cuales se le formula acusación”.

El abogado de la acusación particular que representa al PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, confirmó que Ortiz negó “cualquier implicación en cualquiera de los hechos que aquí se están investigando, pero no ha permitido interrogarle sobre esos hechos ni sobre las circunstancias”. Según este letrado, “están alegando que la causa es muy voluminosa y que no ha dado tiempo en los 20 días que ha dado el juez para estudiarla”. Además, está por resolver “la discusión sobre la validez de las escuchas”. El último juez de Orihuela que ha instruido el caso Brugal antes de ramificarlo en diversas piezas separadas, Carlos San Martín, decidió anular aproximadamente un 20% de las escuchas telefónicas que avalaron sus predecesores en el juzgado, pero ese auto será recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pretende su validación. Los letrados de los acusados, por su parte, persiguen la anulación de todas, lo que dejaría el caso a las puertas de su archivo por falta de pruebas.

El abogado de Ortiz: “No le fue solicitada ninguna dádiva y él nunca la ofreció”

El desfile de imputados continuará esta mañana con la declaración de Manuela Carratalá, la esposa de Enrique Ortiz, a la que el ministerio público le atribuye los supuestos delitos de uso privilegiado de información y cohecho por dar cobertura a su marido en la larga relación de regalos que distribuyó el promotor entre multitud de políticos del PP.

El juez Manrique Tejada también ha citado a declarar el día 20 de este mes a José Cortina Orriols, subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat, SL en 2008, acusado por el fiscal de “cooperador necesario y máximo beneficiado de las gestiones irregulares” del promotor. La fiscalía sostiene que el ejecutivo de la caja financió a Ortiz la compra de suelo a través de la mercantil Deproinmed, SL, en cuyo consejo estaban representados el Banco de Valencia y Bancaja Habitat. Deproinmed, mediante sucesivas ampliaciones de capital, “sería la actual propietaria de las zonas urbanísticas que más valor adquirirán una vez se haya aprobado dicho plan”, sostiene el fiscal.

El día 21 comparecerá Daniel Gil, exdirector de inversiones inmobiliarias de la CAM, acusado de tramar operaciones de compra de suelo en parajes protegidos para luego trasladar los aprovechamientos urbanísticos a otras zonas de la ciudad.

El día 27 acudirá al juzgado el empresario Bernardo Campos, un posible inversor al que Ortiz quería venderle suelo en la zona de La Condomina de la ciudad. En una de las conversaciones interceptadas, Ortiz le dice a Campos: “El plan general ya está hecho, yo tengo copia, vamos, te puedo enseñar copia”.

El último de los citados a declarar, el día 28, es el abogado Jorge Jacobi. De momento no lo han sido la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, a los que la fiscalía achaca la comisión de los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias. Ambos están aforados por su condición de diputados y deberían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia valenciano.

“Si me dejaran hablar”
Mañana hará justo un año que Enrique Ortiz fue detenido por su vinculación con el caso Brugal, originariamente vinculado a una trama para conseguir la adjudicación de la construcción y explotación de una planta de basura en la comarca de La Vega Baja alicantina. Ese día también fue detenido, entre otros, José Joaquín Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, la institución que debía adjudicarla.

Más de cuatro meses después de su detención, el 14 de noviembre, Ortiz accedió a ser entrevistado por EL PAÍS. “Pero es que claro, lo de las grabaciones. Si me dejaran hablar. Yo hablo así. Es que no conocen ese mundo. Si usted supiera las preguntas que me hizo el juez. Lo que quiero es volver a declarar, que me vuelvan a llamar para declarar”, dijo. Debe haber cambiado de opinión, visto que ayer ni siquiera le preguntó su abogado.

En la entrevista, publicada en el suplemento Domingo, el contratista alicantino dejó muy clara su forma de proceder. Aunque arrancó con —“mi conducta es honesta, me esfuerzo en ser una buena persona”— en seguida descubrió su trayectoria: “He hecho muchos favores toda la vida a políticos de todos los colores”. “Cómo le voy a decir que no a un político”, fue otra de sus frases.

Seguramente por el carácter de sus relaciones con los cargos públicos llegó a confesar: “Yo, por Navidades, ya sé lo que me espera”, aunque “no se trata de sobornar al alcalde; si piensas que haces algo mal, te escondes y yo no me escondo”.

Aunque negó haber financiado campañas electorales de partidos políticos, sí reconoció: “Lo único que he hecho ha sido portarme bien”. Y tanto. En su yate han viajado los políticos más relevantes del PP alicantino. “Yo soy así, no me ha importado compartirlo con gente con la que me llevo bien”.

“Conscientemente no he cometido un error. Soy un buen comercial”, añadió un día que ni sospechaba que lo seguían.
   
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"CASO GÜRTEL"; CAMPS SABRÁ EL MARTES LA PETICIÓN DE PENAS POR EL CASO DE LO TRAJES

Francisco Camps, en una sesión en las Cortes Valencianas. / CARLES FRANCESC
LOS ESCÁNDALOS QUE AFECTAN AL PP

El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, pide al presidente de la Generalitat valenciana que reflexione sobre si está en disposición de gobernar

María Fabra Castellón

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, conocerá el próximo día 12 las peticiones de pena que reclamarán la fiscalía y la acusación popular por la conocida como “causa de los trajes”. Será el día que se celebrará la conocida como “vistilla” dentro del procedimiento de los juicios con jurado, un acto en el que cada una de las partes expondrá sus calificaciones provisionales y a partir del que el juez decidirá si se inicia el juicio al presidente del PP valenciano.

Las acusaciones ya adelantaron en febrero sus conclusiones que, en el caso de la Fiscalía, acusaba al presidente del PP valenciano de un delito continuado de cohecho, por el que solicitaba una multa de cinco meses y quince días, hasta un total de 41.250 euros por haber recibido trajes de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros. Por su parte, la acusación popular consideró que los regalos no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos), por lo que reclamó tres años de cárcel y ocho de inhabilitación.

La decisión ha sido adoptada después de que, tal como se preveía, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana haya rechazado acumular la denominada “causa de los trajes”, en la que está imputado Camps por un presunto delito de cohecho impropio, con la causa que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, que fue iniciada posteriormente. De hecho, en el auto dado a conocer hace unas horas, la sala de la civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) señala sobre la acumulación podría haberse decidido en un principio. “Podría estimarse razonable que, si nos encontráramos en el momento procesal inicial y se tratara de decidir sobre la incoación conjunta de ambos presuntos hechos delictivos (posibles irregularidades en la contratación administrativa y la aceptación por diversas autoridades de dádivas), resultaría razonable poderse acceder a la tramitación inicial conjunta de ambos hechos para valorar la posible existencia y en qué grado de la relación que pudiera existir entre dicha contratación y la percepción de dádivas, y todo ello con independencia de lo que tras dicha investigación resultara”, indica. Pero señala que, “valorando el estado y tramitación de ambos procedimientos y el tiempo de duración de la instrucción, la decisión no puede dejar de considerar las concretas diligencias y actuaciones practicadas, especialmente las derivadas de la causa tramitada por la Ley del Jurado”.

La resolución admite el origen común de ambos procedimientos, “los presuntos hechos delictivos cometidos esencialmente en las Comunidades Autónomas de Madrid y Valencia por parte presuntamente de personas y empresas pertenecientes al denominado Grupo Correa (entre ellas la denominada Orange Market SL, con implantación en Valencia), que al parecer pretendían obtener favores en la contratación pública por parte de algunas personas y autoridades vinculadas a las administraciones públicas donde gobernaba el Partido Popular, para lo cuál realizarían diversos obsequios a dicha personas” pero descarta que las dos causas se unan en una sola. Para ello rechaza las argumentaciones de la Fiscalía Anticorrupción y de la acusación popular, que representa a los socialistas valencianos que sostenían la existencia de “una estrecha relación entre todas las conductas, ya que el delito de cohecho está relacionado con las adjudicaciones (prevaricación), y estas han dado lugar a una financiación irregular del Partido Popular, y por tal motivo, se han elaborado facturas falsas (delito de falsedad en documento mercantil), que han dado lugar a su vez, a un delito fiscal”.

El Tribunal valenciano, según el auto hecho público este martes, ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.

¿Disposición para gobernar?
El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, considera que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, “tiene que reflexionar sobre si está en disposición de gobernar” y “no en disposición de acudir permanentemente a citaciones judiciales" del caso Gürtel. Frente a esto, los socialistas “sí estamos en disposición de realizar propuestas”, ha afirmado. Alarte se ha expresado de esta manera al ser preguntado por la decisión del TSJCV de no acumular la conocida como la “causa de los trajes” con la que investigará una presunta financiación irregular del PPCV y otros delitos, ha mostrado su “respeto” por esta decisión.

El dirigente socialista ha remarcado que Camps ha ganado las elecciones y “suya es la legitimidad” para gobernar, pero “no podemos estar todo el día para ver cuál es su última citación judicial”, después de que el tribunal haya señalado para el próximo día 12 la fecha en la que las partes darán a conocer sus conclusiones provisionales sobre el delito de cohecho impropio del que se acusa al presidente del PP valenciano.

Alarte ha pedido que “se investigue todo” y se “depuren todas las responsabilidades y todo el mundo” y ha indicado que la decisión del TSJCV es “un paso más en la necesidad de que Camps reflexione” sobre su situación y que la realidad y los problemas de los valencianos “no son sus problemas judiciales”.

Los “problemas judiciales” del presidente de la Generalitat son un “problema más para nosotros”, ha agregado Alarte, quien ha asegurado que el “problema” para la Comunidad Valenciana es el desempleo, que se ha reducido la mitad que en el resto de España. Asimismo, ha considerado que Camps "debe reflexionar sobre lo que tendrá que decir si abren juicio”.
  

"CASO BRUGAL"; ENRIQUE ORTIZ NIEGA ANTE EL JUEZ QUE LOS POLÍTICOS LE BENEFICIARÁN EN EL PGOU DE ALICANTE


* El constuctor se acoge a su derecho de no declarar ante el juez y el fiscal
* Su abogado asegura que Ortiz no recibió jamás 'información privilegiada'
* Niega también que su cliente ofreciera 'dádivas' a autoridades públicas

Efe | Alicante

El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la pieza separada del Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante que los políticos de la ciudad le dieran información privilegiada ni que éstos le pidieran "jamás" dádivas.

Así lo ha expuesto el imputado Ortiz ante el titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, Manrique Tejada, en un breve alegato después de acogerse a su derecho a no declarar para evitar las preguntas del juez, la fiscalía Anticorrupción y los abogados de las partes personas.

Debido a este rechazo a las preguntas, la estancia de Ortiz en el interior del juzgado sólo ha durado poco más de 15 minutos y posteriormente también ha rehusado las preguntas de los periodistas.

Según ha relatado uno de sus abogados, Francisco Ruiz Marco, en su monólogo ante el juez Ortiz "ha dejado constancia de que en ningún momento solicitó y en ningún momento recibió información privilegiada por parte de Sonia Castedo (alcaldesa del PP), Luis Díaz Alperi (exalcalde popular) o de Jesús Quesada (redactor del PGOU".

"En ningún caso le fue solicitado por ningún político ni ninguna autoridad pública ninguna dádiva y nunca jamás él la ofreció", ha recalcado el letrado antes de añadir que el constructor también ha negado los delitos que se le imputan en esta causa, que son el de cohecho, tráfico de influencias y aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad y funcionario público.

Ruiz Marco también ha sostenido que la defensa no ha hecho planteamiento alguno en torno a la validez de las intervenciones policiales realizadas durante varios años a Ortiz, cuestión que fue recurrida en otra de las ramas del Brugal y que dio pie a que el juez número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, anulara una parte de las citadas escuchas.
 
Acusación particular
Por el contrario, el abogado de la acción particular ejercida por el PSPV-PSOE, Fernando Montalvo, ha indicado que la defensa de Ortiz sí ha justificado el rechazo a declarar por las dudas sobre la validez de esas escuchas, que constituyen la base de la investigación.

Según este letrado, otro de los argumentos que han dado es que la causa es "muy voluminosa", de más de 8.000 folios, y que el plazo dado por el juez de 20 días no ha sido suficiente para poder estudiarla.

Montalvo ha lamentado que las partes no hayan tenido oportunidad de "interrogar" sobre los hechos y circunstancias investigadas, y ha calificado el breve alegado del constructor como "consideraciones propias al margen de una declaración" con el objetivo de "negar cualquier implicación en cualquiera de los hechos".

Enrique Ortiz, también imputado en la rama del Brugal sobre las supuestas irregularidades en el plan comarcal de residuos de la Vega Baja, es el segundo en declarar en esta causa.

Inició las comparecencias el pasado viernes el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, quien admitió haberse reunido dos veces con el constructor a instancias de la actual alcaldesa Castedo aunque negó que facilitara información privilegiada o que recibiera dádiva o contraprestación de algún tipo.

Para mañana está previsto que declare la esposa de Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá -más conocida como "Maleles"-, imputada como supuesta intermediaria en los regalos de su marido a cargos públicos.

Además de estos tres, el juez Tejada ha citado para el 20 de julio al directivo de Bancaja en 2008 José Cortina y el 21 al de Caja Mediterráneo (CAM) Daniel Gil, así como al empresario Bernardo Campos (día 27) y al abogado Jorge Jacobi (28).

En esta causa, el fiscal Anticorrupción también considera implicados a la actual alcaldesa de Alicante y a su antecesor Díaz Alperi, ambos del PP, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz en el PGOU.

No obstante por su condición de diputados autonómicos en Les Corts Valencianes, Castedo y Díaz Alperi están aforados y, en principio, sólo podrían ser citados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Además

"CASO GÜRTEL"; LA AUDIENCIA PRELIMINAR POR EL "CASO DE LOS TRAJES" DE CAMPS SE CELEBRARÁ EL PRÓXIMO 12 DE JULIO

Camps abandona el TSJ tras declarar ante el juez en mayo de 2009. | Vicent Bosch
Se instruirán separada de la financiación
 
* El TSJ rechaza acumular la causa con el proceso sobre la financiación del PP
* Asegura que vincular las causas retrasaría la resolución de la primera de ellas
* Ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor de la segunda causa


Rodrigo Terrasa | Valencia

El próximo martes, 12 de julio, se celebrará la audiencia preliminar por la denominada "causa de los trajes", en la que está imputado por un presunto delito de cohecho pasivo Francisco Camps, presidente de la Generalitat, junto a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, y Víctor Campos, ex vicepresidente del Consell.

Así lo ha anunciado este martes el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tras hacer público el auto por el que cual rechaza acumular dicha causa con el proceso que investiga la presunta financiación irregular del PP valenciano, remitida por el TSJ de Madrid, tal y como habían solicitado tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular, representada por los socialistas valencianos.

El Tribunal valenciano ha decidido instruir ambas causas por separado y ha nombrado al magistrado José Ceres como instructor del proceso de la financiación.

Tanto Camps como Costa, Campos y Betoret están imputados desde mayo de 2009 por, presuntamente, haber recibido varios trajes pagados por la empresa Orange Market. El presidente valenciano compareció ante el juez el 20 de mayo de hace dos años y aseguró que los trajes los había pagado en metálico y que no conservaba las facturas. El TSJ archivó la causa en principio pero el Supremo la reabrió más tarde.

Paralelamente se inició la investigación sobre la presunta financiación irregular del PP valenciano. El pasado 25 de mayo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV acordó aceptar la inhibición parcial del TSJ de Madrid y asumió la investigación contra la cúpula del PP valenciano por prevaricación y cohecho en la adjudicación de la Generalitat valenciana a la empresa Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez 'El Bigotes', así como por falsedad mercantil en las elecciones de 2008 y un posible delito electoral en las elecciones locales y autonómicas de 2007.

Una 'no justificada dilación'
El auto hecho público este martes reconoce que "si nos encontráramos en el momento procesal inicial" sí resultaría "razonable" acceder a la "tramitación inicial conjunta", pero recuerda que vincular las causas en el momento procesal actual, ya muy avanzado, "implicaría afectar seriamente al estado procesal y originar una posible no justificada dilación de dicho procedimiento del jurado, que sin perjuicio de lo que resulte tras la audiencia preliminar, aparece con un objeto procesal ya conformado".

También alega que el juez José Flors, instructor del caso de los trajes, ya tomó declaración a un importante número de personas, altos cargos y funcionarios de concluyó que no había relación directa "entre el pago de las prendas y los concretos actos de contratación la Generalitat, y realizados por las autoridades y funcionarios de cada uno de los organismos, ni que existiera constancia de relación entre los agasajos a las cuatro personas a que se refiere el procedimiento y la concreta adjudicación de contratos".

El auto justifica además la decisión de no vincular las causas porque asegura que la presunta "financiación dual" que Orange Market pudiera haber realizado al PP valenciano en la campañas electorales de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y en las generales de 2008, así como las "irregularidades documentales" que el partido pudiera haber cometido en sus pagos o los "pagos que terceras empresas pudieran haber realizado por cuenta del citado partido político" no revisten los "caracteres de una necesaria e ineludible tramitación conjunta que pudiera afectar necesariamente a la continencia de la causa respecto de los hechos relativos a la recepeción de concretas dádivas (en formas de prensas de vestir)".

En el caso especial de Rafael Betoret, al que además del cohecho pasivo se le atribuye "otros posibles delitos de cohecho y prevaricación presuntamente cometidos en la contratación de FITUR de los años 2005 a 2009", el auto reconoce una "mayor dificultad" para decidir sobre la posible acumulación de causas y deja abierta la puerta a que el juez instructor valore durante la vista preliminar y posteriores diligencias "si pudiera resultar procedente acordar la apertura de una pieza separada" o "la apertura de un nuevo procedimiento".

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"CASO MALAYA"; TESTAFERROS COBRABAN DE ROCA 300 EUROS AL MES POR FIGURAR COMO ADMINISTRADORES

De las sociedades del exasesor urbanístico

José Carlos Villanueva | Málaga

En el entramado societario de Juan Antonio Roca, principal acusado en el caso 'Malaya', siempre hubo testaferros de primera y segunda categoría. Así ha quedado claro este martes, con la declaración de una agente de la Udyco. La investigadora ha asegurado que al menos cuatro de ellos percibían "entre 200 y 300 euros mensuales", por figurar como administradores de sociedades. Se dedicaban simplemente a estampar su firma.

Los cuatro aludidos, mujeres y hombres de paja eran los siguientes: Úrsula Quinzano, Hildegart Fernández, José Luis Benavente y José María Mellado. Todos ellos son juzgados actualmente por presuntos delitos de blanqueo de capitales, junto al exasesor urbanístico que protagonizó la trama de presunta corrupción municipal de Marbella.

En el caso de Hildegart Fernández ésta percibía, al margen de sus emolumentos como testaferro, otros 2.400 euros mensuales como veterinaria de la sociedad Marqués de Velilla S.L., propietaria de la yeguada del mismo nombre.

Quinzano era la secretaria de la también testaferro Montserrat Corulla y figuraba como administradora de la sociedad Jabor Magarpe. Semanas atrás le tocó el turno de declarar y su testimonio no pudo ser más incriminatorio para la que fuera su jefa directa. De hecho, acusó a Corulla de "coacciones" sobre su persona, así como de haberla "engañado y presionado". Ello dio pie a que el tribunal permitiera este lunes un turno de réplica a la acusada mencionada, pieza clave en el entramado societario madrileño de Roca.

El testimonio de la agente de la sección de blanqueo de capitales que ha testificado viene a corroborar el de otros compañeros suyos: Unos testaferros cobraban exiguos sueldos por serlo y otros iban mucho más allá en los beneficios, al lucrarse personalmente de las operaciones urbanísticas protagonizadas por Juan Antonio Roca, desde el área de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella.

José Ávila y Naviro Inmobiliaria
Entre los acusados que se beneficiaron económicamente de operaciones urbanísticas junto a Roca destaca el empresario granadino José Ávila Rojas. Él no figura en el bloque del sumario que se enjuicia pero el nombre de una de sus sociedades, Naviro Inmobiliaria S.L., sale a relucir constantemente.

Y es que, tal y como afirmó el primer juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, "Roca y Ávila Rojas son lo mismo" a la hora de hacer negocios en Marbella. Así, otro de los agentes de la Udyco que han declarado este martes ha recordado el beneficio del 40% que la empresa Inversora Inmobiliaria Eridano, propiedad de Roca, obtuvo en una promoción de 22 viviendas y aparcamientos llevada a cabo por Naviro Inmobiliaria.

El inspector jefe del grupo de blanqueo de la UDEF que se hizo cargo de las pesquisas ya declaró que "Ávila Rojas reconoció haber pagado a concejales", para conseguir beneficios urbanísticos en su empresa, Naviro Inmobiliaria.

Las defensas han insistido durante sus intervenciones en la "falta de investigación patrimonial" de sus representados en los informes sobre la cuantificación del delito de blanqueo, elaborados por la Udyco.

El conocido abogado penalista Jorge Manrique, letrado del empresario Fidel San Román, considera que la sesión ha sido "clarificadora" porque el llamado "criterio de máximos", aplicado por los agentes policiales en sus informes, se traduce en que los investigadores optaron por "hacer constar como blanqueo de capitales el máximo que se pudiera obtener en una compra venta", algo muy cuestionado por las defensas.

Manrique, cuyo cliente no se sienta en el banquillo del bloque enjuiciado, también se ha interesado en conocer si los llamados archivos 'Maras' fueron "dogma de fe" para los policías, a la hora de elaborar sus informes. Ante tal pregunta un agente le ha respondido que "fueron muy importantes".

El fiscal del caso, Juan Carlos López Caballero, ya afirmó meses antes del juicio oral que el hallazgo de la contabilidad de la sociedad Maras Asesores S.L. había sido "una ganga" para los investigadores, al tratarse de la "contabilidad oculta" de Roca. En ella quedaron reflejados todos los pagos e ingresos de su organización, incluídos los presuntos sobornos a concejales, así como los que él recibía de empresarios.

EL MUNDO desveló en abril de 2003 el nombre de Maras Asesores S.L. y el papel que desempeñaba dicha sociedad, a la hora de canalizar las finanzas de Juan Antonio Roca. También este diario puso al descubierto el nombre de Salvador Gardoqui Arias, testaferro y administrador de la citada empresa, además de contable del exasesor urbanístico marbellí. Ocho años después ambos comparten el banquillo de los acusados.

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"CASO MERCASEVILLA"; LA JUEZA PIDE A URBANISMO NUEVOS INFORMES SOBRE LOS SUELOS DE MERCASEVILLA

Tres días después de la declaración de Marchena

Efe | Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en la venta de suelos de Mercasevilla ha solicitado a la Gerencia Municipal de Urbanismo el envío del expediente de Larena 98, que tenía un derecho de superficie en el mercado central.

La juez Mercedes Alaya ha pedido además, una copia del expediente que dio lugar al convenio entre la GMU y Mercasevilla, con fecha de 26 de octubre de 2006 y que fue ratificado por el Consejo de Gobierno el 8 de noviembre del mismo año.

Esta notificación se produce tres días después de que la jueza tomara declaración al exgerente de Urbanismo de Sevilla, Manuel Marchena, quien negó su participación en el expediente de la firma Larena 98, así como en la venta "fraudulenta" de esos terrenos a otra empresa.

Larena era propietaria de un derecho sobre 48.000 metros cuadrados en Mercasevilla que traspasó a la constructora Sando, lo que permitió a esta última situarse en primera posición del concurso para la compra de los terrenos de la empresa pública.

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PANERO SE ENFRENTA A UNA PENA DE SEIS AÑOS DE CÁRCEL POR MALVERSACIÓN

Una juez también ve indicios de delito por parte de un exconcejal de Hacienda

TONO CALLEJA - Madrid
La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles, Luisa María Prieto Ramírez, ha decretado la apertura de juicio oral contra el exalcalde del PP de Boadilla del Monte Arturo González Panero y contra el exconcejal de Hacienda José María de la Mata Arranz, como presuntos autores de los delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos. La fiscalía considera que González Panero y el exedil de Hacienda de Boadilla pagaron con fondos municipales las facturas por los servicios prestados por un letrado en trabajos que no estaban relacionados con el ejercicio de sus funciones políticas. Según el ministerio público, entre los años 2000 y 2002, González Panero y De la Mata Arranz pagaban a sus letrados, en sus ya numerosos litigios, con dinero del Ayuntamiento, sin respetar los procedimientos legales exigidos.

La acusación solicita el ingreso en prisión de los dos acusados

El fiscal considera que utilizaron fondos públicos de forma ilegal
De esta forma, y según la acusación, cada vez que algún concejal de la oposición, ya fuera del PSOE o el independiente Ángel Galindo Torres, les denunciaba por cualquier delito, los procesados contrataban a un abogado que acababa pagando el Consistorio. Y dicho cobro de honorarios se efectuaba, explica la acusación, "sin cumplir ningún otro trámite necesario de aprobación conforme a la ley". Las designaciones del letrado y el pago de sus honorarios con cargo a fondos públicos, "de manera presuntamente ilegal, se efectúan por actuación dolosa, directa y continuada en el tiempo de los acusados, en relación a procesos" particulares. Tanto es así que hasta en ocho procedimientos judiciales los acusados llegan a reclamar el cobro de indemnizaciones, que en algunas ocasiones llegaron a cobrar.

González Panero y su edil de Hacienda también presentaron denuncias contra sus adversarios políticos. Al contrario que los acusados, los ediles de la oposición sí tenían que pagar ellos mismos los gastos relacionados con los procesos judiciales iniciados por González Panero y De la Mata Arranz.

El auto de la juez del 14 de junio, que es previo al inicio del juicio, hace suya la acusación de la fiscalía, que asegura que ambos políticos del PP actuaron "de común acuerdo" y "a sabiendas de su manifiesta ilegalidad" abonando "con fondos públicos municipales las facturas del abogado".

La magistrada incluye también la denuncia de la acusación particular, que considera que el abogado, "designado contra la ley, cobra honorarios con cargo a los fondos públicos tras su nombramiento, lo cual puede ser ya presuntamente ilegal". La juez indica en el auto que la acusación por el delito continuado de prevaricación se produce a instancias del ministerio público, al constatar que el Consistorio de Boadilla del Monte, dirigido entonces por González Panero, conocido por el presunto jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, como El Albondiguilla, pagó más de 6.000 euros por el trabajo de los abogados en varios procedimientos judiciales, en los que habían sido acusados del delito de prevaricación por los representantes municipales del PSOE y los exediles independientes Antonio Samos y Ángel Galindo Torres. Este último es padre del abogado del mismo nombre, que denunció el caso Gürtel junto con el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas.

El procesamiento de González Panero y De la Mata Arranz incluye también la petición planteada por la acusación particular, que sostiene que ambos pudieron incurrir en un delito de malversación de fondos por una cantidad superior a los 72.000 euros. Y justifican esta denuncia porque la contratación del abogado se produjo sin un acuerdo del pleno, y sin el dictamen del secretario municipal.

Esta acusación amplía las presuntas irregularidades de los procesados al constatar que el equipo de gobierno del PP no había previsto el crédito suficiente en sus presupuestos para atender los gastos de dichas contrataciones, que consideran "nulas de pleno derecho".

Ante este relato de los hechos, la acusación ejercida por el independiente Ángel Galindo solicita el ingreso en prisión de ambos procesados por un plazo de seis años por el delito de prevaricación, y 10 años de inhabilitación. La magistrada Luisa María Prieto Ramírez decreta, además, la obligación de los acusados de informar al juzgado de un posible cambio de domicilio, porque de lo contrario podría acordar la prisión provisional.

Asimismo, González Panero y De la Mata deberán abonar de forma conjunta una fianza de 20.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que se decidan en el juicio. En el caso de no hacer este depósito, la magistrada apunta a la posibilidad de que se les embarguen sus bienes "en cantidad suficiente".

El juicio contra los dos excargos del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte deberá celebrarse en la Audiencia Provincial de Madrid, al incluir la denuncia el delito de malversación, cuyas penas de cárcel van desde los tres a los seis años.

Cita con el 'caso Gürtel' el 14 de julioEl exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero afronta un verano complicado por su declaración el próximo 14 de julio como imputado como presunto autor de un presunto delito fiscal por una cantidad de 365.000 euros. Esta nueva acusación se añade a las existentes de tráfico de influencias y cohecho.

Tanto González Panero como su exmujer Elena Villarroya abrieron una cuenta en una entidad financiera en Suiza utilizando la empresa Longgridge Internacional. Según la información remitida por las autoridades helvéticas, la exmujer de González Panero era la apoderada de esta firma, siendo El Albondiguilla el gestor de la misma, algo que rechaza el antiguo regidor de Boadilla. La investigación ha puesto de manifiesto que el matrimonio, que se divorció en junio de 2010, era propietario de una vivienda en Murcia y de otra propiedad en Marruecos.

Según el magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, González Panero recibió regalos y sumas de dinero por un valor de 600.000 euros. Ese es el motivo por el cual el juez le exigió una fianza de 1,8 millones de euros, una de las más cuantiosas del Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.

La participación de El Albondiguilla en el sumario resulta capital, especialmente tras conocerse el contenido de un informe de la Policía Judicial, que muestra cómo una de las empresas que gestionan el servicio de la recogida de basuras pagaron los 20.000 euros que costó un acto electoral del PP en Boadilla, que fue protagonizado por la entonces candidata a la presidencia regional, Esperanza Aguirre.

Acusaciones a Panero- Prevaricación y malversación de fondos. La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha firmado el auto de procesamiento contra el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y el exedil de Hacienda José María de la Mata Arranz. Deberán defenderse de los delitos de prevaricación continuada y malversación de fondos públicos, con penas de hasta seis años de cárcel. No hay fecha concreta para el juicio oral, que podría celebrarse en la Audiencia Provincial, al incluir la malversación entre los delitos, superando los tres años que marca el límite para que tenga que celebrarse en la Audiencia.

- Prevaricación. Arturo González Panero fue absuelto tras ser acusado en un juicio de prevaricación al contratar a dedo a un conserje. La vista oral se celebró el 8 de enero del año pasado y tuvo como resultado la absolución del exregidor de Boadilla del Monte, que aseguró que ese iba a ser el mismo resultado en el resto de procedimientos, como por ejemplo el caso Gürtel, en el que es considerado uno de los principales miembros de la red dirigida por Francisco Correa, todavía en prisión.

- Tráfico de influencias y cohecho. El magistrado que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, imputó inicialmente a Arturo González Panero la autoría de los delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad en documento público. Los últimos autos del magistrado destacan únicamente dos de estos delitos: tráfico de influencias y cohecho.

- Delito fiscal. El juez Pedreira ha ampliado las acusaciones existentes contra El Albondiguilla en el sumario del caso Gürtel al constatar que él y su exmujer Elena Villarroya abrieron una cuenta en Suiza para no pagar a Hacienda. González Panero niega tener ninguna relación con la sociedad titular de la cuenta, con la que, según la acusación, defraudó más de 300.000 euros. El juez considera que el exalcalde de Boadilla cobró más de 600.000 euros a cambio de favores políticos.

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Fotografía: En el banquillo
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