miércoles, 9 de junio de 2010

"CASO FUNERARIA"; ÓSCAR COLLADO SE ENFRENTA A DIEZ DELITOS

Malversación de fondos públicos

El juez imputa al ex gerente de la EFM por malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, amenzas y coacciones, entre otras causas

EFE. PALMA. El ex gerente de la Empresa Funeraria Municipal (EFM) de Palma Óscar Collado se enfrenta a diez delitos por su gestión al frente de esta empresa pública durante 18 años (de 1989 a 2007), incluido uno de amenazas a un proveedor a quien prometió "arruinarle la vida" por no pagarle comisiones.

Así lo refleja el juez instructor del llamado "caso Funeraria" en un auto en el que ordena continuar la tramitación de la causa elevándola a procedimiento abreviado, pidiendo a la Fiscalía y las acusaciones que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa.

El juez considera en su escrito que existen indicios de delito por parte de Collado y su esposa; de la concejal del PP y ex presidenta de la EFM, Marina Sans; de dos constructores y de otros dos proveedores.

En el caso de Collado, que fue gerente, director y director gerente de la empresa (este último cargo en la pasada legislatura del PP), el juez le imputa un total de nueve delitos, que son malversación de caudales públicos, cohecho, falsedad documental, defraudación a la Administración, prevaricación, fraude, exacción legal, blanqueo de capitales, amenazas y coacciones.

Los delitos económicos citados responden a numerosas actuaciones irregulares del ex gerente, como la petición a proveedores y constructores de facturas falsas de trabajos no realizados por valor de 48.000 euros y la apropiación de entre 42.000 y 87.000 euros entregados por particulares para adquirir capillas y tumbas, dinero que nunca se contabilizó como ingreso en la EFM.

Además, Collado tomó de la caja de la EFM 16.000 euros como préstamo que nunca devolvió y adquiría "sistemáticamente" material de algunos proveedores que colaboraban con él en sus ilegalidades por precio superior al de mercado.

Según el juez, numerosos testigos afirmaron que Collado, defendido por José Ignacio Herrero, "ostentaba el total control de la administración, estando especialmente interesado en que la gestión administrativa fuera caótica y desorganizada".

En cuanto a supuestas dádivas, "la mayoría" de testigos, afirma el juez en el auto, "declararon que era 'vox populi' que el señor Collado cobraba comisiones" y uno de ellos indicó que "si le hubiera pagado comisiones no le habría hecho la vida imposible".

Precisamente respecto a estas comisiones, el juez imputa a Collado un delito de amenazas por intimidar a un proveedor con "arruinarle la vida" si no le entregaba el dinero exigido, tras lo que anuló sus pedidos con la EFM, por lo que el empresario tuvo que dejar su negocio.

Con el dinero obtenido de estas actuaciones, Collado compró viviendas y cuatro vehículos de alta gama en seis años y registró "numerosos y sospechosos ingresos en efectivo" -400.000 euros en seis años-, hechos que son, según el juez, "altamente reveladores de que el señor Collado y su esposa llevaban un nivel de vida superior a sus posibilidades".

El ex gerente se enfrenta asimismo a un delito de malversación por gastar "ingentes cantidades de dinero público" en comidas en numerosos restaurantes de Mallorca, España y el extranjero, algunas en fin de semana, con una cifra global de 210.000 euros en nueve años.

También gastó unos 40.000 euros anuales en viajes, algunos con su esposa y en hoteles de lujo (casi 1.400 euros en un fin de semana de hotel con su mujer).

Respecto a la concejala del PP Marina Sans, el juez le atribuye un delito de malversación por usar los fondos de la EFM para viajes privados con su familia por unos 6.800 euros (dinero que abonó en su día tras publicarse una noticia al respecto), así como varios cientos de euros en comidas en fin de semana y 4.879 euros en una sola comida.

Además, el juez indica que su chófer como presidenta de la EFM estaba a su disposición fuera de horario laboral, por lo que cobraba un plus de 400 euros mensuales y un total de 1.248 horas extras.

El resto de los imputados por el juez son la mujer de Collado, Francisca Moll, por receptación o encubrimiento y posible cómplice de los delitos de su marido; los constructores Juan Perelló por falsedad y malversación y Esteban Serrer por cohecho; y los proveedores Ramon Chao y Wenceslao Malas, ambos por fraude y cohecho.

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diariodemallorca.es

"CASO PALAU"; EL PENÚLTIMO "PELOTAZO" DE MILLET LLEGA A LOS JUZGADOS Y SALPICA AL CONSEJERO CASTELLS

TAL Y COMO ADELANTÓ EL CONFIDENCIAL

Palau de la Música | Fèlix Millet | Jordi Montull | hotel | Olivia Hotels | Antoni Castells | Generalitat | Ayuntamiento de Barcelona

El antiguo prócer barcelonés, junto a su mano derecha, el ex director administrativo, Jordi Montull, quería construir un hotel de lujo al lado de las instalaciones del Palau. Fue una operación calculada en la que invirtió años y esfuerzos. El estallido del caso que lleva su nombre y que permitió descubrir el expolio de la entidad que presidía frustró su última maniobra. No habrá hotel ni comisiones millonarias que embolsarse, pero aumenta exponencialmente el asombro sobre las maniobras entre bambalinas del que en otras épocas había sido reverenciado, temido, respetado y odiado a partes iguales.

La operación de construcción del polémico hotel, tal y como había adelantado este diario, se inició en el 2003, cuando el Instituto de Hermanos de las Escuelas Cristianas cedió a la Fundación del Palau de la Música la propiedad de tres fincas situadas cerca de la sede de la emblemática institución. A cambio, la fundación debía realizar obras de remodelación en el colegio La Salle Comtal por valor de casi 4,5 millones de euros.

La querella presentada por la Fiscalía relata que, “utilizando la especial posición de sus cargos y aprovechando las relaciones personales generadas desde aquéllos, a finales del 2005 y principios del 2006, los querellados [se refiere a Millet y Montull, aunque se deja la puerta abierta a cualquier otra persona que resulte en la instrucción judicial que haya podido participar de la manera consciente en los hechos que se relatan a continuación] llegaron a hacer contactos con altos responsables del Gobierno de la Generalitat que finalmente llevaron a que el honorable consejero Antoni Castells, actuando como consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat, firmase el día 8 de marzo del 2006 un documento titulado Convenio entre la Generalitat de Cataluña y la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música para la transferencia de aprovechamiento de diversas fincas”.

Por medio de este convenio, la Generalitat cedía la calificación de residencial que tenía un edificio suyo en la propia Plaza de Sant Jaume, con más de 5.500 metros cuadrados de techo, a los tres solares cedidos por la congregación religiosa a la fundación del Palau. Lo malo es que el consejero no realizó “el informe jurídico previo y preceptivo de la asesoría jurídica de aquel departamento que valorase la necesidad y utilidad de aquella operación de transferencia de calificaciones”. La Generalitat, eso sí, se reservaba el derecho a percibir el 37% del valor de las nuevas fincas si como resultado de la permuta su valor quedaba entre 15 y 16 millones de euros; o del 40% si el valor superaba los 16 millones. Pero si los solares pasaban a valer un euro menos de 15 millones, no vería ni un céntimo.

Una vez hecho el canje, “utilizando aquellos mismos procedimientos persuasivos citados que resultaban de su posición, establecieron con facilidad contactos con responsables políticos del Ayuntamiento de Barcelona”. Así, el 24 de octubre del 2006 firmaron un convenio -al que se sumó la Generalitat- con el primer teniente de alcalde, Xavier Casas, para modificar el plan general metropolitano (PGM) y se establecía que sería el arquitecto Óscar Tusquets (el mismo que había realizado la remodelación del Palau) haría el hotel. También se establecía que el techo edificable en las nuevas parcelas sería de 4.200 metros cuadrados y se reservaban 1.300 metros cuadrados del edificio de la plaza Sant Jaume como residencial para el propio Ayuntamiento “en cumplimiento de la cesión del 10% de aprovechamiento urbanístico de la operación”.

Concurso simulado
Aquella misma semana, los responsables del Palau fingieron una especie de concurso restringido y cerrado entre constructoras para ceder los terrenos. Hicieron que se presentasen diversas empresas (Olivia Hotels, Núñez y Navarro, Grupo Urbasco, Natur System, Gebira y Cril, entre otras) y el 20 de noviembre del mismo año firmaron con Olivia Hotels -cuyo dueño, Manuel Valderrama, estaba en el patronato del Palau- un convenio para la cesión de los derechos. Los representantes del Palau, sin embargo, no presentaron los documentos para la modificación del PGM hasta el mes de marzo del 2007, cuando ya había expirado el plazo legal, por lo que Generalitat y Ayuntamiento podían haber anulado la operación. Pero se hizo la vista gorda y se le dio trámite.

Una vez iniciado el procedimiento, el 12 de julio del 2007, Millet firmó un convenio con Olivia Hotels con diversas contraprestaciones: la fundación se quedaría con 15 plazas de parking y un local de 240 metros cuadrados; además, la constructora pagaría algo más de 3,6 millones de euros a la fundación. Esta cantidad era la que, “como mínimo, pretendían apoderarse los querellados como beneficio patrimonial desde el principio de sus gestiones”. Además, Olivia Hotels debía compensar a la Generalitat con más de 5,5 millones de euros por la pérdida de valor patrimonial del edificio de la plaza de Sant Jaume. Y, como último punto, también debía hacer las obras del colegio de La Salle Comtal por casi 4,5 millones de euros.

Al parecer, Millet ocultó esta venta a las Administraciones, aunque consta que Montull comunicó días después del Ayuntamiento que había cedido los derechos de construcción a Olivia Hotels. Sin embargo, durante meses, Millet y Montull continuaron con sus contactos de alto nivel para aprobar definitivamente el plan, lo que consiguieron en la comisión de Urbanismo del 10 de abril del 2008. Y para ello hicieron valer “contactos directos e indirectos con algunas autoridades y funcionarios municipales”. Y tanto en ese periodo como posteriormente, en periodo de alegaciones, el presidente del Palau presentaba los escritos oficiales en su nombre “dando siempre la apariencia de que la Fundación era realmente la promotora y única interesada en la construcción del hotel para poder ligar la operación mejor con un presunto interés público y de la fundación”.

Descubierto el expolio, saltaron las alarmas y finalmente la operación se echó atrás hasta quedar definitivamente rechazada en marzo de este mismo año. El pelotazo había sido neutralizado. Todos estos hechos, según los fiscales, pueden integrar sendos delitos continuados de tráfico de influencias y de apropiación indebida. Pero habrá que esperar a que la justicia dictamine si alguien más debe responder de este favoritismo de las administraciones. Sólo la instrucción del caso lo dirá.

elconfidencial.com

"CASO PRETORIA"; LUIGI AMAÑÓ UN CONCURSO DE OCHO MILLONES PARA EL NUEVO POLIDEPORTIVO DE LA UE HORTA

La 'trama Pretoria' maniobró para impedir a otras empresas optar a la licitación"Calcula lo que ya sabes y lo distribuyes", sugiere Luigi al presidente del club

ORIOL GÜELL - Barcelona -

El cerebro de la trama Pretoria, Luis García Sáez, Luigi, urdió con éxito un plan para hacerse con el contrato municipal, dotado con 8,6 millones de euros, de la primera fase de construcción de las nuevas instalaciones de la Unió Esportiva Horta, en el distrio de Horta-Guinardó.

La actuación del Consistorio cumple todos los requisitos legales

Las conversaciones telefónicas registradas por la Guardia Civil e incluidas en el sumario del caso revelan que entre la publicación del concurso (agosto de 2009) y su adjudicación (el pasado 23 de noviembre), Luigi, Francisco Carmona (presidente de la entidad) y Jordi Mensa (consejero delegado de la constructora CRC, también investigada en Santa Coloma) maniobraron para cerrar el paso a otras empresas que pudieran estar interesadas en presentarse a la licitación. Los tres lograron su objetivo y el Ayuntamiento de Barcelona acabó por adjudicar el proyecto a la propuesta conjunta que habían presentado la entidad deportiva y CRC.

Las características del contrato permitieron a Luigi trazar una estrategia tan sencilla como efectiva para que el jugoso contrato municipal fuera a las manos deseadas. El concurso municipal licitaba la "construcción, gestión y explotación" de las nuevas instalaciones. Esto obligaba a cualquier empresa constructora que aspirara al contrato a asociarse con una entidad de gestión deportiva y en este caso hacerlo con la UE Horta, que ya gestionaba las instalaciones, daba una importante ventaja.

Luigi se ganó la confianza de Carmona para incluir a Mensa en el proyecto. El 3 de agosto, según un informe de la Guardia Civil, Luigi llama a Mensa y le dice que ha "hablado con el presidente de la Esportiva Horta, [que] se llama Paco Carmona, [y] que la oferta técnica y administrativa y todo eso lo tienen cerrado".Creada la alianza entre Luigi, Carmona y Mensa, y con el concurso abierto, el único riesgo es que alguna empresa se presente a la licitación. Carmona, desde la presidencia del club, las desanima. "Ellos [el Horta] dirán que ya están comprometidos con nosotros. Que yo ya he hablado con Paco Carmona y lo tenemos apalabrado", le cuenta Luigi a Mensa el 3 de agosto.

El día 26, Luigi y Mensa vuelven a hablar. El primero le explica que una persona, a la que se refieren como Ruiz, "que tiene buena relación con alguien del Ayuntamiento", ha llamado a la UE Horta para interesarse por el concurso. La contundente respuesta de Carmona dispara la confianza de los otros dos sobre el éxito del proyecto. "Si va dando estas indicaciones quiere decir que no habrá mucha aventura", ríe Luigi. Mensa contesta: "No se puede presentar ninguna más. Sin la UE Horta lo tiene jodido, diría yo".

Las conversaciones no ofrecen detalles sobre posibles pagos entre los socios por hacerse con el contrato millonario, aunque sí hay diálogos que dejan entreverlos. El 15 de septiembre, según el escrito de la Guardia Civil, "Luis le dice [a Carmona] que calcula lo que tú ya sabes, y sobre esta base lo distribuyes. Paco [Carmona] dice que ya comentaremos la jugada, porque como tenemos la deuda del club de fútbol, pagar siempre algo en negro".

En las conversaciones se ve que Luigi tiene dos objetivos más en esta operación. El primero es desvincular a sus socios de CRC de cualquier problema y riesgo derivado de la futura gestión (durante 20 años) de una gran instalación deportiva. "Nosotros iremos como una UTE formal con un documento privado en el que se diga que nosotros hacemos la obra y ellos [la UE Horta] se hacen responsables económica y administrativamente de la gestión. La idea es que CRC en la gestión no tenga nada que ver, no asume ningún riesgo, mientras tú estés de acuerdo", le explica Luigi al propio consejero delegado de CRC el 3 de agosto. Aunque "delante de la Administración no tenemos que decir eso". Mensa replica que "eso cae por su propio peso".

El segundo objetivo de Luigi es conseguir hacer un negocio más instalando placas fotovoltaicas en la cubierta del campo de fútbol. A una persona a la que la Guardia Civil identifica como Mónica, Luigi le explica: "Lo que yo pacto con el presi, que además es amigo, es que estudiemos hacer cuantos más mejor, a ver qué volumen de producción nos puede dar", en referencia a la capacidad de generar electricidad de las placas. En otras partes del sumario, Luigi ha mostrado su interés por instalar esta fuente de energía en más instalaciones deportivas. La Guardia Civil recoge en la misma hoja cómo Luigi le explica a Mónica que lo de instalar placas en instalaciones deportivas "en Santa Coloma lo tiene claro y lo de Montcada lo tiene claro también".

Mientras van tramando el concurso, Paco Carmona utiliza sus contactos en el Instituto Barcelona Deporte, el organismo municipal que gestiona la licitación, para ir enterándose de cómo van los trámites. El 15 de septiembre, Luigi recibe una llamada de Carmona, que le explica que la secretaria del instituto le ha informado de que "no hay ninguna" otra oferta, "sólo la nuestra", dice. Luigi le contesta "que hay que celebrarlo". Menos de un mes después, Carmona vuelve a enterarse de que el proyecto ha recibido la "máxima puntuación". Luigi celebra que "ya está hecho, que la construcción está adjudicada". Y quedan otra vez "para celebrarlo y comer juntos".

CRC y la UE Horta declinaron ayer ofrecer su versión sobre la tramitación del concurso.

El Ayuntamiento de Barcelona informó de que ha encargado a sus servicios jurídicos un expediente informativo para revisar si la actuación de Luigi, Carmona y Mensa ha podido violar el principio de libre concurrencia a un concurso público. De momento, sin embargo, es poco lo que el Consistorio barcelonés puede hacer. Pese a los amaños previos que hayan podido existir, el proceso de adjudicación ha cumplido todos los requisitos legales. Aún más, el Ayuntamiento se ha enterado por EL PAÍS de lo ocurrido ya que, al no ser parte del proceso ni haber recibido ninguna petición por parte del juez instructor, no tiene acceso formal al sumario del caso.

elpaís.com

UNA NUEVA QUERELLA FISCAL CONTRA MILLET POR EL HOTEL PALAU SALPICA AL CONSELL CASTELLS

CORRUPCIÓN | 'Caso Palau'

* Se habría aprovechado de sus relaciones con el titular de Economía
* Lo habría usado para conseguir recalificar los terrenos donde se iba a alzar
* El conseller firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos
* El proyecto quedó paralizado tras estallar el escándalo de desvío de fondos

Germán González | Efe | Barcelona

La Fiscalía ha presentado hoy una querella por tráfico de influencias contra Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull por la operación para construir el hotel del Palau de la Música, en la que se iba a embolsar una comisión de 3'6 millones de euros, gracias a un convenio firmado con el conseller de Economía, Antoni Castells. La querella también va dirigida a cualquier otra persona que pudiera haber intercedido en la operación.

La Fiscalía, además, pide que Antoni Castells, Carles Martí, Xavier Trias y García-Bragado declaren como testigos por su participación en convenios.

La querella, señala que Fèlix Millet y su mano derecha Jordi Montull se aprovecharon de sus relaciones personales con Castells para conseguir que la Generalitat se comprometiera a recalificar las fincas donde un promotor privado iba a construir el hotel, que finalmente quedó paralizado al estallar el escándalo del desvío de fondos del Palau de la Música.

En su escrito, la Fiscalía señala que el conseller de Economía firmó el convenio sin tramitar los informes jurídicos previos preceptivos, dejando en manos de Millet la indemnización que debería percibir la Generalitat por la pérdida de valor patrimonial derivada de esta operación urbanística.

Los querellados, una vez tuvieron acceso a las fincas del hotel "hiceron valer, de manera especial e intensa" sus cargos al frente del Palau de la Música para aprovechar "las relaciones personales que tenían con autoridades y funcionarios" de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona. El objetivo es q estos contactos "colaborasen en la operación urbanística con la que los querellados buscaban conseguir un importante beneficio económico".
Contactos desde 2005

A finales de 2005 y principios de 2006 Millet y Montull contactaron con el conseller Antoni Castells para firmar un convenio que permitiese la transferencia de aprovechamiento de varias fincas. La Generalitat accedía a que la finca de su propiedad situada en la calle Ciutat obtenía la calificación urbanística de equipamienti, mientras que los terrenos que el Palau consiguió del centro educativo serían considerados residenciales. Con este cambio, la finca conseguida por Millet pasaba a tener un valor de 15 millones de euros.

Pese a esto, la Generalitat debía ser compensada por la pérdida de patrimonio en la permuta de las fincas y que pagaría la entidad que construyese el futuro hotel, en este caso la empresa Olivia Hotels, tal y como acordaron después los querellados. El convenio firmado entre Millet y Castelles debía de ser aprobado "por los órganos decisorios del Palau y de la Generalitat" sin que conste que el Consell de Govern le haya dado el visto bueno "pese a que ha producido efectos jurídicos".

El fiscal Antoni Pelegrín destaca que los querellados utilizaron sus influencias con Castells para conseguir un compromiso de la Generalitat para que se garantizase la recalificación de la finca. De esta forma podían gestionar la transmisión económica de los terrenos consiguiendo un beneficio importante. La Fiscalía también destaca que el convenio firmado entre Millet y Castells no consta el correspondiente informe jurídico para saber la viabilidad de la operación y que los servicios jurídicos retornaron el expediente administravio del acuerdo tras constatar que se había firmado días antes. Pese a esto, el convenio se firmó.

Además
* Lea la quererella de la Fiscalía

elmundo.es