viernes, 27 de mayo de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LAS RELACIONES Y NEGOCIOS DE LOS IMPLICADOS

Son empresarios muy conocidos en Lugo

* Carlos Monjero, consejero de Proitec, está asociado con Dorribo en Innovent
* El administrador de Nupel también administra una empresa de coches
* El vicepresidente de Proitec estuvo implicado en la trama de las multas
* Jorge Dorribo tenía manipulaba facturas entre sus 17 empresas

Xurxo Salgado | Santiago de Compostela

El empresario Jorge Dorribo, consejero de Nupel, es el primer encarcelado por la 'operación Campeón'. Sin embargo, y según las fuentes consultadas por ELMUNDO.es, podría no ser el único. Varios de los implicados en la trama tienen negocios compartidos entre ellos.

A lo largo de los últimos días, han pasado por el Júzgado número 2 de Lugo, el consejero y vicepresidente de Proitec, Carlos Monjero y Javier Rodríguez Díaz, respectivamente, y los hermanos Juan Pablo y Marco Antonio Iglesias Prieto, de la firma Coveluma, Outeiro de Rei, que este viernes han quedado en libertad pero imputados hasta que termine la instrucción.

En dependencias policiales también han estado José Amador Fernández Rodríguez, administrador de Nupel y su esposa, María Isabel López Martín, así como la mujer de Dorribo, Aveline Fernández, que el mismo día de la operación ya fue puesta en libertad. También a última hora de este jueves han quedado libres con cargos el director xeral del Igape, Joaquin Varela da Limia, y el subdirector de Información Especializada de este organismo, Carlos Silva.

La mayor parte de los implicados en esta trama son muy conocidos en Lugo y algunos de ellos tenían negocios compartidos. La trama se centra, principalmente, en Dorribo, quien presuntamente manipulaba las facturas para el cobro de subvenciones del Igape con la connivencia de dirigentes del propio organismo público. En marzo de 2011 se le aprobó la última subvención de casi un millón de euros que se justificaron con facturas emitidas por sus empresas. 
 
Dorribo figura en hasta 17 sociedades diferentes.
Según fuentes consultadas por ELMUNDO.es, Dorribo justificaba facturas del Igape entre estas sociedades. Entre ellas se encuentran Monasterio Penamaior, S.A., Medicine Cabinet Services, S.L., Medicine Cabinet Services Naval, S.L., Tramipharma S.L., Diagnóstico de Bilogía Molecular, S.A., Laboratorios Asociados Nupel, S.L., Tramigal Grupo S.L., Pazo de Adai Sociedas, S.R.L., Innovent Inverestort, S.L, Esseo Parking, S.L., Lugo Líder, S.L., Luis Moyá Rally Schol, S.L., Ecovalen Energética, S.L., Car Desing, S.L., Nautical Support, S.L., Aplicaciones de Cemento y Aplicación, S.L. y Grupo Artesano Lucense, S.L.

En una de ellas, Innovent Investor SL, estaba asociado con el consejero de Proitec, también imputado, Carlos Monjero. Innovent Investor SL fue creada en mayo de 2010 para la "adquisición, explotación, enajenación de toda clase de terrenos, solares, fincas rústicas o urbanas, e inmuebles de cualquier tipo, así como su arrendamiento o cesión por cualquier título válido", entre otras actividades, con un capital mínimo de 100.000 euros.

Proitec y negocios inmobiliarios
Además, Carlos Monjero tiene 13 cargos en nueve empresas diferentes, según datos del Registro Mercantil, y fue elegido en febrero de 2009 como miembro de la dirección de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Lugo, que preside Santiago Seijas Alfonso.

Entre las actividades de las empresas con las que está relacionado figuran la promoción inmobiliaria, actividades de agentes y corredores de seguros, compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia, servicios técnicos de arquitectura e ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico, servicios de sistemas de seguridad o servicios integrales a edificios e instalaciones.

También José Amador Fernández Rodríguez, uno de las manos derechas de Dorribo en Nupel, mantenía una gran relación con él. A finales del pasado año, constituía, con el nombre de R2MC Cup Rally Team, S.L., una empresa en Lugo dedicada a la compraventa de automóviles, reparación completa, lavado y engrase, venta de accesorios y alquiler de automóviles con y sin conductor. El capital inicial de la empresa era de 3.900 euros. Fernández Rodríguez figuraba como administrador único.

Directivo del Azkar
Por su parte, Javier Rodríguez Díaz, vicepresidente de Proitec, ha sido directivo del Azkar Lugo de fútbol sala y estuvo imputado en 2009 en la supuesta trama de las multas de tráfico sin cobrar de Lugo. En este caso también estuvieron implicadas importantes personalidades de la provincia, como el delegado en funciones de la Consellería de Cultura de Lugo, Juan José Molina Vázquez, o el vicario general de la diócesis de Lugo, Luciano Armas Vázquez.

Los hermanos Juan Pablo y Marco Antonio Iglesias Prieto, son los propietarios de Coveluma, una empresa de Outeiro de Rei que también fue objeto de registro. Esta empresa se dedica a importar y exportar maquinaria y elementos relacionadas con la metalurgia, la construcción o las oficinas. También son propietarios de otra empresa de garajes-aparcamientos, lavado y engrase de vehículos.

Todos estos empresarios mantenían vínculos con Dorribo que, en las conversaciones intervenidas por la Agencia Tribuntaria, presuntamente presumía de los contactos que tenía en el Igape para conseguir todo tipo de ayudas y subvenciones.

Precisamente, y según las fuentes consultadas, esta trama comezó tras unas escuchas telefónicas en el marco de otra operación antidroga en la comarca de Arousa. En ellas, Dorribo, presuntamente comentaba a otra persona la posibilidad de conseguir subvenciones del Igape de forma fraudulenta. Un dato que sirvió para iniciar un nuevo operativo policial centrado, esta vez, en Lugo y en Santiago y que acabó con la detención del director y el subdirector del Igape.

Además
* Nupel: Ayudas de 1.545.026 euros 

* Trama de subvenciones ilegales

elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA XUNTA APARTA DE SUS FUNCIONES A LOS DOS CARGOS DEL IGAPE IMPUTADOS

Anuncio del conselleiro Javier Guerra

* Se trata de una 'suspensión temporal' hasta que se resuelve el proceso judicial
* Guerra confía en que demuestren su inocencia; Joaquín Varela podrá regresar

Europa Press | Santiago de Compostela

El director xeral del Igape, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, han sido apartados de sus funciones tras proponer esta salida al conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, que ha aceptado su ofrecimiento, que entiende "un compromiso para preservar la imagen de la institución".

Guerra, que ha comparecido en rueda de prensa para comunicar la decisión, ha señalado que fue tomada de común acuerdo. En cualquier caso, ha dicho que se trata de una "suspensión temporal" hasta que se resuelva la situación judicial -ambos están imputados en la 'operación Campeón' por una supuesta trama de fraude en subvenciones-, y ha reiterado su confianza en que demostrarán "su inocencia" y que, en el caso de Varela, será "retornable".

"CASO MINUTAS"; UN LETRADO AFIRMA QUE LOS ACUSADOS ABUSARON DE LA CONFIANZA DE LOS CIUDADANOS

Entre ellos está José María del Nido

Efe | Málaga

Los acusados del caso 'Minutas', sobre las presuntas irregularidades en los encargos del Consistorio marbellí al abogado José María Del Nido, abusaron de la confianza de los ciudadanos y los poderes de la administración, según ha asegurado este viernes el letrado que representa al Ayuntamiento de Marbella, Alberto Peláez.

Este abogado que ha comenzado la exposición de su informe final de la vista oral ha asegurado que en este procedimiento una de las cuestiones graves es que no se trata de una delincuencia desde la persona privada, sino que se han utilizado los instrumentos de la administración pública.

En este sentido, Alberto Peláez ha explicado que se han usado los instrumentos y los poderes "desorbitados" de la administración pública. Para este letrado, estas son las armas de las que se han valido los acusados de esta causa, entre los que se encuentra el abogado y presidente del Sevilla FC, José María del Nido, que se enfrenta una petición fiscal de 30 años de prisión.

Además, ha añadido que la información que tenían la compartían unos pocos, porque "las personas que no estaban por la labor se les marginaba, y, en cambio, los otros ostentaban la autoridad y gestionaban las sociedades".

Ha señalado a José María del Nido como el verdadero promotor de esa espiral fraudulenta y le ha recriminado que él, que hace gala de tener un buen despacho, debió saber que la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella no era un acto administrativo.

Informe del fiscal Anticorrupción
Por su parte, el fiscal Anticorrupción Francisco Jiménez Villarejo, ha finalizado la exposición de su informe final. Debido a la complejidad del caso, ha expuesto argumentos acusatorios durante ocho sesiones en las que ha ido detallando cada uno de los hechos y delitos que a su entender se han cometido en Marbella.

Entre los argumentos esgrimidos por el fiscal anticorrupción se destaca que Del Nido estaba "incrustado en el núcleo duro de decisión de gobierno" y se instaló en el Club Financiero.

Para el fiscal han quedado acreditados todos los delitos y ha destacado su admiración al Tribunal de Cuentas por la labor en la lucha contra la corrupción.

Para el fiscal, Del Nido dominaba la estructura del Ayuntamiento de Marbella y su influencia iba más allá de las labores de un asesor jurídico externo por sus estrechas relaciones con el también exalcalde Julián Muñoz con el que mantenía una relación de "sincronización y simbiosis".

Villarejo, quien elevó a 30 años la petición de cárcel para Del Nido y a 28 años la de Muñoz, ha destacado la relación existente entre ambos, ya que cuando este último llegó a la Alcaldía nombró al letrado jefe de los servicios jurídicos y lo instaló en el despacho del teniente de alcalde.

Antes de ocupar ese lugar -ha precisado Villarejo- Del Nido trabajaba para el Consistorio desde el club financiero de Marbella, un anexo a la "mansión" de Gil desde donde éste "dirigía el municipio", produciéndose una "perniciosa y promiscua confusión entre lo público y privado".

Una vez en la sede oficial, Muñoz y Del Nido establecieron un "juego de intereses", ya que el exalcalde figuraba como becario en el despacho privado del letrado y a su vez éste cobró minutas "infladas", muchas de las cuales "no se correspondían con la realidad".

A juicio del fiscal, la contratación de Del Nido, prescindiendo "deliberadamente" del procedimiento legal, trajo "consecuencias nefastas" para el Ayuntamiento de Marbella, "que fue verdaderamente descapitalizado" desde las áreas urbanísticas jurídicas.


elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; NUPEL RECIBIÓ 1.545.026 EUROS EN AYUDAS DEL IGAPE Y DE LA DIRECCIÓN XERAL DE I+D+i

Datos facilitados por la propia Consellería

* En esta legislatura cuenta con un crédito del Igape de 2.956.919 euros
* En 2008 se concentran el mayor número de peticiones y ayudas concedidas
* Ayudas para estudios de viabilidad de un producto y para unidosis de fármacos

Europa Press | Santiago de Compostela

La empresa farmacéutica Nupel, de la que uno de sus propietarios, el empresario Jorque Dorribo, fue detenido en el marco de la 'operación Campeón' -contra una supuesta trama de fraude en subvenciones públicas-, recibió 1.545.026 euros en ayudas del Igape y de la Dirección Xeral de I+D+i del bipartito, mientras que en esta legislatura cuenta con un crédito de 2.956.919 puesto a disposición por el Igape.

Así lo recoge la tabla de ayudas concedidas y pagadas a esta entidad, que ha facilitado la Consellería de Economía e Industria, en la línea de "máxima transparencia y total colaboración" para aclarar "cuanto antes" los hechos que han motivado una investigación por parte del Juzgado número 3 de Lugo.

Según explica la Xunta, funcionarios de la Consellería de Economía e Industria y de la Dirección Xeral de Avaliación -de la Consellería de Presidencia- han iniciado este jueves la comprobación administrativa de la información disponible. Además, la Xunta ha solicitado al Juzgado personarse en la causa, tal y como avanzó el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tras la reunión del Consello.

Según la tabla de ayudas, durante el año 2006 y correspondiente a la VII Legislatura (cuando gobernaban socialistas y nacionalistas, de quienes dependía el área de Innovación e Industria), fueron concedidos 32.066 euros -que fueron liquidados-, de los cuales 11.840 corresponden con el Igape y 20.226 con la Dirección Xeral de I+D+i. En 2007, fueron otorgados por la misma Dirección Xeral un total de 14.994 euros, que también fueron liquidados.

En 2008 se concentran el mayor número de peticiones y ayudas concedidas. Así, se dieron subvenciones por valor de 1.497.966 euros, para dos estudios de viabilidad de un producto y la mayor (que es de 1.453.883 euros) para unidosis de fármacos. En 2009, correspondiente con el bipartito, el Igape concedió 30.784 euros en ayudas, pero todavía aparecen en trámite.

En cuanto a esta legislatura, en 2010, el Igape y la Dirección Xeral de I+D+i denegaron dos subvenciones a fondo perdido solicitadas; mientras que está en trámite otra concedida por valor de 992.942 euros. Además, el Igape puso a disposición de Nupel un préstamo que asciende 2.956.919 euros.


elmundo.es

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; LA JUEZA DEJA EN LIBERTAD AL DIRECTOR Y AL SUBDIRECTOR DEL IGAPE

Joaquín Varela, a su salida del juzgado este jueves a última hora. | Efe
Seguirán imputados sin medidas cautelares

* Desde el martes declararon en el Juzgado de Lugo 11 imputados en la causa
* Todos han sido puestos en libertad salvo el propietario de Laboratorios Nupel
* La juez terminará el viernes con la testificación de tres imputados más
* Desalojó a los periodistas del interior de las dependencias judiciales

Silvia Pena | Lugo

La juez Estela San José ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los dos altos cargos del Igape detenidos en el marco de la 'operación Campeón' que investiga un caso de presuntos delitos fiscales en la obtención de subvenciones públicas. El director del Igape, Joaquín Varela, y el subdirector de Información Especializada, Carlos Silva, han prestado declaración este jueves por la tarde en concepto de imputados, tras haber sido detenidos el pasado martes en Santiago.

El abogado del responsable del Igape, Antonio Platas, explicó a su salida del Juzgado que su cliente declaró "en base a una sospecha", si bien precisó que "tras haber dado las explicaciones oportunas" la resolución dictada es la de "libertad sin ningún tipo de medida cautelar". Aclaró que el director del organismo de la Xunta permanecerá imputado hasta que avance la causa, momento en el que se conocerá "contra quién se sigue y porqué".

Platas reconoció que desconoce los presuntos delitos que se le imputan, añadiendo que le habían preguntado por el funcionamiento del Igape, la tramitación de determinados expedientes y la implicación que pudieron tener él y los funcionarios del organismo en su tramitación. Unos expedientes que, según su abogado, "son correctos y no contienen irregularidades".

Durante todo el día el Juzgado de Lugo ha sido un ir y venir de abogados y familiares de los imputados que previsiblemente pasarían a disposición judicial. Desde primera hora de la mañana la juez tomó declaración a un total de seis personas, entre ellas los dos altos cargos de la Xunta. Además, prestaron declaración los dos administradores de la empresa lucense Proitec, registrada el pasado martes. Ambos imputados quedaron en libertad provisional con imputación en la causa, tal y como ha avanzando el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Por la tarde, el primero en sentarse ante la juez fue el administrador de Laboratorios Nupel, José Amador Fernández Rodríguez, quien quedó en libertad con obligación de comparecer los días uno y 15 de cada mes ante el Juzgado e imputación en la causa. Al igual que él, su mujer, interrogada el miércoles, tendrá la obligación de comparecer ante las dependencias judiciales de manera periódica.

A su salida del Juzgado, por separado, ambos se mostraron ariscos con la prensa reprochando el interés suscitado. "No somos famosos", exclamó el socio de Dorribo. A pesar de que los imputados llegaron en coche camuflado, todos salvo el dueño de la empresa farmacéutica, abandonaron el Juzgado por la puerta principal acompañados de sus familiares y abogados, la mayoría visiblemente afectados.

A última hora de la tarde prestaba declaración uno de los empleados de Jorge Dorribo, dueño de Labotarios Nupel y posible cabecilla de la operación. Dorribo ingresó en la prisión de Bonxe el miércoles de madrugada, acusado de un presunto delito de fraude fiscal relacionado con la obtención de subvenciones públicas, entre otros cargos.

Desde el TSXG han aclarado que no se facilitarán las imputaciones concretas de cada uno de los implicados "dado que la causa se encuentra bajo secreto de sumario, lo que significa que ni siquiera las partes tienen derecho a esa información".

Desplazamientos desde Santiago
Desde primera hora de la mañana se personó en el Juzgado la familia de los dos altos cargos de la Xunta detenidos el pasado martes. Tras su puesta en libertad eran recibidos en los pasillos del Juzgado entre aplausos de los suyos. Además, la Xunta de Galicia desplazó hasta Lugo a parte de su equipo, entre los que estaban el director xeral de Economía, así como personal de la Asesoría Jurídica llegado de la capital gallega tras el anuncio de Núñez Feijoo de que la administración se personará en la causa.

En la jornada de este viernes está previsto que pasen a disposición judicial y presten declaración tres personas más, dos de ellos vinculados con la tercera de las empresas registradas, de la localidad lucense de Outeiro de Rei.

Fuentes consultadas afirman que revisar toda la documentación que implica el caso "llevará varios meses", por lo que se espera que a partir de este viernes abandonen la ciudad los agentes de Vigilancia Aduanera desplazados hasta Lugo.

Trabas al trabajo de los periodistas
Los medios de comunicación han tenido complicaciones a lo largo de las dos jornadas de toma de declaración. Así, no ha sido posible seguir el decurso de las testificaciones desde el interior del Juzgado al ser desalojados al exterior por orden de la juez que instruye el caso.

QUIÉN ES QUIÉN EN LA NUEVA CAUSA DEL GÜRTEL VALENCIANO



Francisco Camps, en las Cortes, rodeado por los principales cargos del PP. | Vicent Bosch
Claves de la nueva investigación del TSJ de Valencia

* Investigan una segunda fase de la trama, tras el 'caso de los trajes'
* El caso de financiación ilegal salpica a la cúpula del PP valenciano
* La ex presidenta de las Cortes podría haber incurrido en prevaricación
* El auto atribuye delitos a un grupo de empresas contratistas del Consell
* Los cabecillas de la trama también están implicados en esta investigación
Francisco Álvarez | Valencia
El futuro judicial del caso Gürtel ha tomado un nuevo rumbo después de que la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) aceptara este miércoles la inhibición parcial del magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso madre en el TSJ de Madrid.

Con esta decisión, el tribunal valenciano asume la investigación de una segunda fase de la trama corrupta, en el que emergen nuevos delitos y también nuevos protagonistas.

El juez José Ceres (que a partir de ahora instruirá esta causa) deberá determinar si existió una supuesta financiación ilegal del PP (tipificado como delito electoral) en las elecciones locales y autonómicas de 2007, pero también si se cometió falsedad mercantil en los comicios de 2008, así como prevaricación y cohecho (por parte de la Generalitat) en la adjudicación de los 'stand' de Fitur a Orange Market entre los años 2005 y 2009.

La segunda vía del Gürtel valenciano salpica a gran parte de la cúpula del PP valenciano, además de a un grupo de empresarios y los cabecillas de la red corrupta en Madrid y Valencia. 

Vicente Rambla
El actual vicepresidente primero en funciones del Gobierno valenciano aparece de forma recurrente en el auto del TSJ, donde se le atribuyen indicios de cohecho, prevaricación, falsedad documental y colaboración de un delito electoral.

El castellonense, hombre fuerte del presidente Francisco Camps durante la pasada legislatura, ejerció como coordinador de campaña del PP valenciano en los comicios de 2007 y 2008, durante los periodos ahora investigados por la Justicia.

El pasado domingo, Rambla fue reelegido como diputado autonómico en los comicios autonómicos, en los que concurría como número 4 por Castellón. Según las 'quinielas' podría tener de nuevo un papel relevante en el próximo Consell.

Ricardo Costa
La Sala señala al que fuera secretario general del PP valenciano como copartícipe de un posible delito electoral y le atribuye también un presunto delito de falsedad documental. Según se precisa en el informe de la Agencia Tributaria, incorporado a la investigación, Ricardo Costa "era el canalizador de los pagos [a Orange Market] con fondos ajenos al sistema" en el marco de una presunta financiación ilegal del PPCV.


Cabe recordar que no es la única causa judicial en la que está implicado Costa. El 'popular' es, además, uno de los dirigentes imputados en la primera causa de Gürtel por haber sido obsequiado, supuestamente, con prendas pagadas por la trama corrupta.

Hasta el momento, el ex 'número 2' del PP valenciano es hasta ahora la única víctima política en la Comunidad Valenciana por su relación con esta red. Aunque Génova le suspendió un año de militancia, finalmente apenas cumpletó diez meses de sanción. De hecho, concluyó la legislatura plenamente integrado en el Grupo Popular de las Cortes, como coordinador de Economía.


En la actualidad, Costa continúa ligado a la disciplina del PP, partido con el que se ha presentado en las últimas elecciones autonómicas. Regresará a la Cámara valenciana después de haber resultado elegido diputado el 22 de mayo.

David Serra
Al vicesecretario de Organización del PP valenciano se le acusa de colaborar de un delito electoral. Los informes de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la Agencia Tributaria le otorgan un papel relevante en el entramado de la supuesta financiación irregular del PP.

Según la UDEF, David Serra participaba, presuntamente, en los acuerdos para "realizar y ejecutar los pagos pendientes" a Orange Market y como Costa mantenía una "estrecha relación" con 'El Bigotes'.


En concreto, y siempre según esta documentación incorporada al sumario, el dirigente 'popular' "eliminaba determinados conceptos, preparaba talones y fijaba con Álvaro Pérez la cifra global del abono".


En cualquier caso, Serra repetirá como diputado esta legislatura después de ser reelegido en los comicios a las Cortes Valencianas celebrados el pasado 22 de mayo.

Yolanda García

La tesorera del PP valenciano y diputada autonómica también estaría implicada en la trama, según se recoge en el auto del TSJ. En base a los informes policiales, se le atribuye colaboración en un delito electoral.


Los indicios recogidos en las investigaciones efectuadas hasta el momento apuntan a que, como responsable de las cuentas del PP valenciano, era conocedora de la doble facturación que el PP mantendría con Orange Market y que "cumplía con las indicaciones de Ricardo Costa".


Al igual que Rambla, Costa y Serra, Yolanda García repetirá de nuevo como diputada en la legislatura que está apunto de arrancar, una vez se constituya el nuevo Parlamento valenciano el próximo 9 de junio.

Rafael Betoret
La Sala de lo Civil y penal atribuye en su auto al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual responsable de protocolo de la Diputación de Valencia los delitos de prevaricación y cohecho.

El origen de su implicación se halla en la adjudicación, entre los años 2005 y 2009, del montaje de los expositores de Fitur a la empresa de Alvaro Pérez 'El Bigotes'. Además, Betoret está imputado en la 'causa de los trajes', a la espera de que el magistrado José Flors decida si abre o no juicio oral.

Milagrosa Martínez
La ex presidenta de las Cortes también podría haber incurrido en un delito de prevaricación y cohecho durante su etapa como consellera de Turismo. No en vano, como titular de este departamento era la responsable última de la adjudicación de los 'stands' de la Feria Internacional de Turismo. Estos contratos recayeron en Orange Market en repetidas ocasiones a pesar de no ser la oferta más ventajosa desde el punto de vista económico.

Según la documentación intervenida a la firma de Álvaro Pérez 'El Bigotes', Martínez también habría recibido como obsequio de la trama corrupta un reloj de lujo valorado en 2.400 euros.

El futuro político de Milagrosa Martínez está, de cualquier modo, ligado a la Alcaldía de Novelda, después de que el 22-M obtuviera la mayoría en las urnas. La alcaldesa electa asumirá la vara de mando de este municipio el próximo 11 de junio, aunque también continuará como diputada en las Cortes Valencianas.

Luis Bárcenas y Cristina Ibáñez
El que fuera tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, también figuran en el auto. A ambos se les atribuye la autoría de un delito electoral, como  administradores últimos de las cuentas del PPCV.

Cabe recordar que el propio Bárcenas está implicado en la trama madre de Gürtel, que se está instruyendo en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y donde se le investiga por fraude fiscal y cohecho.

El ex dirigente 'popular' pidió la baja del partido el 8 de abril de 2010 después de que el tribunal madrileño levantara el secreto de sumario. Pocos días después dimitió como senador del PP por Cantabria.

Empresas contratistas
La segunda fase de 'Gürtel' salpica directamente a empresas contratistas de la Generalitat Valenciana que, supuestamente (siempre según los informes de la UDEF y la Agencia Tributaria) colaboraban con la financiación ilegal del PP valenciano.

La propia Sala señala en el auto que un importante porcentaje de la deuda que el PP habría contraído con Orange Market se abonó "de forma opaca" bien pagando en efectivo "sin reflejo en ningún estado contable ni declaración tributaria" o bien a través de empresarios que asumían el abono de facturas emitidas por Orange Market.

"Estas facturas reflejarían servicios presuntamente inexistentes entre dichas mercantiles y todo ello conel fin de encubrir presuntas donaciones ilícitas de estas empresas al PP valenciano", se recuerda.

En concreto, a los gestores de FACSA, Pavimentos del Suroeste, Grupo Villalba Constructora Hormigones Martínez y PIAF se les atribuye, presuntamente, coparticipación en delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 .

Asimismo, el Tribunal también estima la posible participación del Grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa junto a los ya mencionados FACSA y PIAF, en un delito de falsedad de de documento mercantil correspondiente al ejercicio de 2008.

Los cabecillas de la trama
Hasta cinco cabecillas de la trama Gürtel se citan el auto del TSJCV. Se trata de Cándido Herrero, José Luis Izquierdo, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Francisco Correa.
En todos los casos se aprecian elementos iniciales de colaboración en un delito electoral, por los que serían juzgados en Valencia independientemente de las causas que tienen pendientes en Madrid.