domingo, 13 de diciembre de 2009

BENAVIDES, UN ALCALDE SIEMPRE EN LOS TRIBUNALES

El regidor de Almuñécar se enfrenta este mes a tres juicios por varias causas

VALME CORTÉS - Granada

La historia democrática de Almuñécar (Granada) está ligada a su actual alcalde, Juan Carlos Benavides, quien, en una formación u otra, ha regido (con algún paréntesis) el destino del municipio durante décadas. Enfrentado siempre con la Administración autonómica, Benavides no permite medias tintas. "O estás con él o en su contra", dicen quienes han trabajado en su entorno. Lo definen como "impulsivo", "soberbio", "autoritario", "prepotente" y, sobre todo, "listo".

Ha entrado y salido del Consistorio desde 1983 y ha pasado por cinco partidos

Su habilidad, desde luego, es indiscutible para sortear los procesos judiciales en contra. PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida y Ecologistas han denunciado por algún motivo al regidor. Sólo en este mes se enfrenta a tres juicios. El urbanismo es su talón de Aquiles, aunque también ha sido condenado por coacciones, está imputado por malversación, prevaricación y alzamiento de bienes. Es sin duda un personaje singular, tanto que ha sido el primer alcalde que ha logrado llevar a efecto un referéndum sobre un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Según el Ministerio Público, ha fingido la separación de su esposa, Rosario González, para no pagar una indemnización. Se le acusa de querellarse contra otro miembro de la corporación con dinero de las arcas públicas y de construir en zonas protegidas. No es casualidad que la Junta haya impugnado más de medio centenar de acuerdos urbanísticos en los últimos años y que los contenciosos pendientes se cuenten por decenas. Eso sí, apenas hay condenas firmes en su contra.

Sigue intacto en su cargo, aunque se enfrenta a peticiones fiscales de inhabilitación y cárcel por diversos delitos. Pero continúa al mando. "Nada se hace sin que él lo sepa" en Almuñécar, cuentan algunas personas que han sido sus colaboradores. Un trato "cortés" mantiene a veces con la oposición en el día a día, aunque los plenos son otra historia. "Intenta ridiculizarme", reconoce el portavoz socialista, Francisco Prados. En el PP admiten altibajos e IU espera desde el inicio del mandato una reunión con el regidor. "Estoy muy ocupado", le argumentó al edil que lo solicitó, Fermín Tejero.

Inició su andadura política en las filas del PSOE, pero después este médico motrileño -hijo de una familia de farmacéuticos y medianos hacendados- pasó al Colectivo Pablo Iglesias, más tarde el Partido Socialista del Pueblo Andaluz (PSPA), al Partido Andalucista (PA) y por fin creó una formación a su medida: Convergencia Andaluza (CA). Pese a su periplo por esta hilera de siglas, argumenta que su principal enemigo es el "régimen socialista" y así lo ha hecho constar en reiteradas ocasiones, aunque esta vez no ha querido hablar con este periódico.

La localidad sexitana termina por rendirse en cada elección a su persona. CA gobierna con los diez concejales que ganó en los últimos comicios tras crear el partido en 2006. Puede que haya calado el insistente discurso del alcalde sobre los enemigos de Almuñécar: encabezados por la Junta. Que las voluntades de los votantes estén de algún modo vinculadas a la red de pequeñas empresas que depende del Consistorio o a la trama "clientelar" que denuncia el PSOE, o que, simplemente, los sexitanos se sientan conformes con el mando de un regidor que ha propiciado el crecimiento del municipio, que ha pasado de tener unos 17.000 habitantes hace 20 años a más de 27.000 en la actualidad.

No todo el mundo habla abiertamente del alcalde en el pueblo. Incluso, dicen los partidos de la oposición, en la calle la gente no responde con fidelidad a la pregunta sobre la intención de voto. "No saldría según lo que manifiestan". Pero cuando han estado al frente del Consistorio otras formaciones -el PSOE ganó unas elecciones por mayoría y en otro mandato se alternaron PSOE-PP- al final la alcaldía ha vuelto a estar en sus manos.

Es un alcalde que ha protagonizado capítulos estrafalarios en la normalidad democrática de la provincia. Denunció ante el Consejo General del Poder Judicial a una juez sustituta de Almuñécar por tomar durante años -en los que ella ni siquiera estaba- decisiones que, según Benavides, vulneran el derecho constitucional a una tutela judicial efectiva. Ha desatendido en tantas ocasiones los requerimientos del Defensor del Pueblo Andaluz que ahora está denunciado por obstruir la labor que desempeña la Oficina de José Chamizo. Pese a todo, mantiene casi intacta la confianza de sus votantes. Este mes asiste a tres juicios por causas distintas: injurias (ya celebrado), malversación y delito urbanístico.

elpaís.com

EL FIN DE AÑO NEGRO DE DAVID VALADEZ

El alcalde de Estepona atraviesa su peor etapa, con las arcas vacías e imputado

FERNANDO J. PÉREZ - Málaga

David Valadez debe pensar que hay años en que es mejor no levantarse de la cama. El alcalde socialista de Estepona (Málaga) está cerrando 2009 en las peores condiciones imaginables para un político: con las arcas municipales vacías, los trabajadores nerviosos al cobrar sus salarios tarde y de forma no muy ortodoxa -a través de la cuenta de subvenciones- y la oposición acosándole con la fiereza de una jauría de lobos. La guinda de este amargo pastel la ha puesto una juez de la localidad, que le ha imputado por un delito urbanístico. Sobre la instrucción pesan algunas sombras, pero ha sido hábilmente utilizada por la larga nómina de enemigos del alcalde para erosionar su mayor capital político: la imagen de hombre honrado e íntegro que se labró tras denunciar la Operación Astapa contra la corrupción.

"Algunos han logrado el titular que perseguían hace más de un año"

El regidor prohibió la entrada en su despacho al tesorero municipal

La titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Estepona, Alicia Ruiz, imputó a Valadez por prevaricación urbanística y omisión del deber de perseguir delitos en relación con la casa ilegal que se construyó Luciano Sánchez, hasta hace poco jefe de gabinete de Valadez. La imputación se produce tras una denuncia presentada en diciembre de 2008 por el concejal Juan Manuel Rodríguez, entonces en las filas del Partido Estepona (PES, posgilistas) y hoy edil no adscrito.

El miércoles, Valadez se entera por los medios de comunicación de que ha sido imputado pese a que, como demuestran distintos decretos de alcaldía, entre noviembre de 2008 -esto es, un mes antes de la denuncia- y septiembre de este año el regidor paralizó la obra, multó con 157.415 euros a su jefe de gabinete y ordenó el derribo de la vivienda. El viernes pasado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) anunció que estudiará la posibilidad de realizar una inspección extraordinaria en el juzgado de Alicia Ruiz. "Estoy seguro de que la imputación se archivará, pero el daño a mi imagen ya está hecho y es irreparable", afirma el regidor. "Algunos han logrado el titular que venían persiguiendo hace más de un año", añade.

No ha sido éste el único conflicto de Valadez en las últimas semanas. El pasado 2 de diciembre, el alcalde ordenó al tesorero municipal, Félix Rodríguez Pimienta, que se cogiese los días de vacaciones que le quedan por disfrutar antes de que le llegue la fecha de jubilación -cumple 65 años el 8 de enero- y le prohibió la entrada en su despacho. El funcionario que fue acusado por el anterior regidor, Antonio Barrientos, imputado en el caso Astapa, de irregularidades detectadas por el Tribunal de Cuentas en la venta de parcelas municipales, tenía previsto prorrogar su trabajo más allá de la fecha de jubilación. Sin embargo, fuentes municipales afirman que Valadez no confía en él y prefiere la incorporación de un nuevo habilitado nacional, al igual que ya se ha hecho en el puesto de interventor. "No es una caza de brujas, este señor ya ha cumplido su trabajo en el Ayuntamiento", se limita a afirmar el alcalde.

La quiebra municipal ha hecho que los 1.400 trabajadores municipales, una plantilla desmesurada heredada tras lustros de enchufismo no haya podido cobrar aún el salario correspondiente a noviembre. Los únicos que han cobrado han sido los funcionarios del Ayuntamiento, en parte gracias al dinero de subvenciones que se gestiona en una cuenta especial. Los trabajadores de las empresas municipales lo harán, según el regidor, "el martes o el miércoles". "Me preocupa seguir pagando las cotizaciones a la Seguridad Social y la deuda con la Agencia Tributaria, que son 900.000 euros al mes [La deuda municipal total está estimada en 160 millones de euros] porque así en el próximo ejercicio podremos seguir optando a fondos estatales y del Plan Proteja".

Otro clavo económico al que se agarra Valadez se verá el próximo viernes: el Pleno deberá dar la aprobación inicial al convenio urbanístico con la Casa Real Saudí, por el que el Ayuntamiento ingresará ocho millones de euros. El alcalde confía en que los trabajos de la urbanización de lujo, de 1.477 viviendas, arranquen en 2010 y den empleo a unos mil trabajadores.

elpaís.com

EL ALCALDE DE VILLANUEVA DEL TRABUCO, AL BANQUILLO POR UNA LICENCIA

TRIBUNALES | Presunto delito urbanístico

Málaga | Europa Press

El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar el próximo martes día 15 al alcalde de la localidad malagueña de Villanueva del Trabuco, Antonio Vegas Morales (PSOE), acusado de un delito de prevaricación urbanística por la concesión de una licencia de obras en suelo no urbanizable.

La vista se refiere a unos hechos de 1998, informaron fuentes judiciales. Según el escrito inicial del fiscal, al que tuvo acceso Europa Press, el acusado, como alcalde de dicho municipio, dictó en junio de ese año un decreto de concesión de licencia de obras para la construcción de la estructura de una vivienda en una parcela.

La acusación sostiene que lo hizo "sin que se hubiesen realizado los preceptivos informes técnicos ni jurídicos, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento administrativo que regía tales expedientes de solicitud de licencia de obras", de forma que sólo constaba un informe técnico del arquitecto a "efectos de valoración".

Además, continúa el relato del ministerio público, la construcción de la vivienda no se podía autorizar "por estar clasificado el terreno donde se edificaba como suelo no urbanizable de especial protección" y estar calificado como "complejo ribereño de protección según las normas subsidiarias de planteamiento", aprobadas en 1997.

Para el ministerio fiscal, estos hechos constituyen un delito de prevaricación urbanística, por el que pide inicialmente para el regidor, según las conclusiones provisionales, una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y una multa de 2.160 euros.

elmundo.es

PIDEN DOS AÑOS DE PRISIÓN PARA EL ALCALDE DE LA VIÑUELA POR PREVARICAR

TRIBUNALES | Petición de la Fiscalía

Casas a pie del pantano de La Viñuela. | ELMUNDO.es

Efe | Málaga

El alcalde de la Viñuela (Málaga), Juan Millán (PSOE), se enfrentará a una petición fiscal de dos años de prisión y 17 de inhabilitación por dos delitos de prevaricación -uno de ellos continuado- en relación con la concesión de tres licencias de obras.

El regidor está acusado de otorgar por decreto dos licencias de obras en 2001 y otra en 2003 "a sabiendas de que se trataba de terreno no urbanizable de protección del embalse de la Viñuela", una población de unos dos mil habitantes, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Según la Fiscalía, en los dos primeros casos, correspondientes a sendas licencias para viviendas unifamiliares, se prescindió de los trámites necesarios en los expedientes de concesión, dado que el secretario del Ayuntamiento hacía constar en ellos que se trataba de terreno no urbanizable.

El funcionario municipal precisó además que para acometer la edificación se precisaba expediente administrativo con justificación de la utilidad e interés social de las obras a realizar, así como resolución definitiva del órgano autonómico correspondiente.

El escrito de acusación recoge que, en lo relativo a la concesión de la licencia otorgada por el alcalde en 2003 para la construcción de otra vivienda unifamiliar, se necesita la acreditación de la vinculación de las obras a un fin agrícola, forestal o ganadero, algo que no se produjo.

Según el Ministerio Público, los expedientes administrativos en estos casos contaban "simplemente" con la solicitud de la licencia, el informe del secretario del Consistorio, los proyectos básicos y de ejecución, el pago de las tasas y, a continuación, los decretos aprobando dichas licencias.

ELMUNDO.ES

"CASO MERCASEVILLA"; LOS 13 IMPUTADOS EN MERCASEVILLA

En las dos tramas

Sebastián Torres | Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que instruye el 'caso Mercasevilla' ha imputado ya a 13 personas entre las dos ramas de la investigación: el supuesto intento de cobro de comisiones ilegales y el supuesto amaño del concurso de la venta de los suelos.

Fernando Mellet

Ex director gerente de Mercasevilla. Aparece en las dos ramas del caso. Es uno de los protagonistas de la grabación en la que, presuntamente, tanto él como otro directivo del mercado, Daniel Ponce, piden 450.000 euros de comisiones ilegales a los dueños del grupo La Raza. La juez lo ha imputado por el amaño del concurso de la venta de los terrenos a Sanma, al entender que planeó la operación. La Policía Judicial lo ha considerado "el gran artífice de todo este asunto".

Daniel Ponce

Ex subdirector de Mercasevilla. Participó junto a Mellet en la reunión grabada en la que se exigen comisiones ilegales. Sólo está implicado en esta rama.

Antonio Rivas

Delegado provincial de la Consejería de Empleo y miembro de la comisión ejecutiva del PSOE de Sevilla. Mellet declaró ante la Policía Judicial que pidió las comisiones ilegales siguiendo instrucciones de Rivas.

Regla Pereira

Directora de Proyectos de la Fundación Mercasevilla y secretaria de Fernando Mellet. Asistió supuestamente a una primera reunión en la que Daniel Ponce habría solicitado ya las comisiones a uno de los dueños del grupo hostelero La Raza.

Jorge Piñero

Ex vicesecretario de Mercasevilla. La juez le atribuye la maquinación para amañar el concurso a favor de Sanma.

Domingo Enrique Castaño

Director de Vía Pública del Ayuntamiento y consejero de Mercasevilla. Miembro de la comisión ejecutiva que adjudicó el concurso y jefe directo de una de las personas que elaboró el pliego. Fue contratado por Sanma como directivo.

José Antonio Ripollés

Economista. Fijó el precio de salida de los suelos en 105 millones de euros y realizó el informe de baremación de las ofertas económicas.

María Victoria Bustamante

Jefa del servicio de Vía Pública y consejera de Mercasevilla. Participó en la elaboración del pliego, asegura que lo hizo siguiendo órdenes de Piñero y Mellet.

Pilar Giraldo

Directora económico-financiera de Mercasevilla. Miembro de la mesa de contratación del concurso.

Gonzalo Crespo

Ex concejal del PSOE y ex presidente de Mercasevilla. Miembro de la mesa de contratación. En su declaración judicial, Piñero le señaló como 'cerebro' de la operación.

José Luis Sánchez Domínguez, Luis Sánchez Manzano y José Luis Miró

. Presidente, consejero delegado y vicepresidente de Sando, la empresa supuestamente beneficiada en la venta del suelo de Mercasevilla.

elmundo.es

"CASO MERCASEVILLA"; PARTE DE LOS SUELOS QUE SESACARON A CONCURSO LOS TENÍA COMPROMETIDOS LA EMPRESA

Sanma tenía 'derecho de superficie' sobre 49.000 metros

* Sanma es una filial del Grupo Sando, adjudicatario final de los terrenos
* La adjudicación a otra empresa hubiera desembocado en un litigio judicial
* El secretario se opuso a la venta directa por el carácter público de los suelos

Sebastián Torres | Sevilla

La empresa Mercasevilla ocultó en el momento de sacar a la venta los suelos sobre los que se asientan sus instalaciones que parte de éstos estaban ya comprometidos con la empresa Sanma (filial de la constructora Sando) a través de un derecho de superficie sobre un total de 48.948 metros cuadrados.

Ese derecho fue clave para decantar el concurso en favor de Sando, tras amañarse presuntamente el pliego de condiciones para que ése y no otro fuera el resultado del proceso. De haber ganado otra de las concursantes, sin embargo, Mercasevilla se habría visto envuelta en una complicada maraña legal derivada de ese vicio de origen que significó sacar a la venta "libre de cargas" un suelo que ya estaba parcialmente comprometido.

Lo más fácil hubiera sido venderle los terrenos directamante, en una compraventa al uso entre particulares. Pero el secretario general del Ayuntamiento de Sevilla advirtió en un informe de que una venta directa sería ilegal, al tener Mercasevilla un 99 por ciento de capital público. Sus terrenos debían enajenarse en una subasta o, en el peor de los casos y con una justificación, mediante un concurso público. Que ganara Sanma, la filial de Sando, era lo más conveniente.

Así se puede deducir de las diligencias judiciales instruidas hasta el momento por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, cuya titular, Mercedes Alaya, cree que el concurso de Mercasevilla se amañó para que ganara Sanma. Y por ello tiene imputadas a diez personas que participaron directamente en la preparación del concurso, en la puntuación de las ofertas presentadas o en la adjudicación final.

Por otro lado, el Partido Popular ha pedido al alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, que asuma sus responsabilidades políticas tras la imputación por la venta de los suelos de uno de sus concejales en aquella época, el socialista Gonzalo Crespo. Igualmente, le acusó de estar encubriendo los delitos presuntamente cometidos al negarse a entregar a la oposición la auditoría realizada por la empresa Deloitte.

Por su parte, la portavoz del gobierno municipal, Maribel Montaño, ha acusado al PP de practicar la "hipocresía con avaricia", pues le recordó que su representante en el consejo de administración de Mercasevilla también votó a favor de la venta de los suelos del mercado.

elmundo.es

EL APAREJADOR IMPUTADO ES SOCIO DE UN PROMOTOR DETENIDO EN "ASTAPA"

TRIBUNALES | Imputaciones en Estepona

Juan Sánchez | Málaga

El aparejador municipal del Ayuntamiento de Estepona, José Antonio Molina, imputado esta semana por su implicación en la construcción irregular de una casa por parte del jefe de gabinete de Alcaldía, Luciano Sánchez, es socio en varias empresas del promotor Félix Delgado, detenido en junio de 2008, junto a su hermano Vicente, en el marco de la 'operación Astapa', que investiga la corrupción urbanística.

Como certifica el Registro Mercantil, José Antonio Molina figura como consejero delegado en las sociedades Inmobiliaria Corales SL, Alameda del Mediterráneo SA, Pricodelsa SA, Inmobiliaria Corales de Estepona SL, Inmobiliaria Corales Dos de Estepona SL y Hispocol SL en las que Félix Delgado es también consejero delegado, salvo en Pricodelsa SA, donde figura como presidente. Los dos son consejeros en Inmobiliaria Mar Azul de Estepona SL y administradores en Tamavi Gaspara SL y Las Colinas de Benahavis SL. Además, Molina es consejero en Proyectos Kroll SL donde Delgado fue administrador y en su día participaron en las ahora extintas Valle Enmedio SA y Estepona Puerto Sol SA.

Tanto Félix Delgado como su hermano Vicente fueron arrestados por agentes de la Policía Nacional en junio de 2008 cuando arrancó la operación Astapa, que investiga la corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Estepona. Tras declarar ante la juez que instruía el caso, quedaron en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Se da la circunstancia de que Félix Delgado es también cuñado del ex edil de Hacienda Francisco Zamorano, que también fue detenido.

El pasado jueves la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Estepona imputó al alcalde, el socialista David Valadez, por prevaricación urbanística y por omisión de su deber de perseguir delitos. Junto al regidor figuran también imputados el aparejador municipal José Antonio Molina y el jefe de gabinete del primer edil, Luciano Sánchez. Los hechos se remontan a la denuncia presentada ante la Fiscalía de Marbella por el ahora ex edil del PES Juan Manuel Rodríguez contra Luciano Sánchez por haber construido una vivienda en suelo rústico con el visto bueno del técnico municipal.

Además
* Fuerzan la oficina del juez del 'caso Astapa'
* El PSOE apoya a David Valadez

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; EL JUEZ COMIENZA LAS DECLARACIONES CON NADAL

CORRUPCIÓN | El miércoles

* Munar y Grimalt comparecerán el viernes
* Vicens y Flaquer declararán el 22 de diciembre en calidad de imputados


Palma

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de Palma, Juan Ignacio Lope Sola, interrogará el próximo miércoles al ex conseller de Turismo del Govern y ex vicepresidente del Consell de Mallorca, Miquel Nadal, y a su presunto testaferro Miquel Sard, ambos en calidad de imputados en el marco de la pieza separada del caso Son Oms conocida como Operación Maquillaje, y por la que también comparecerán a lo largo de este mes y durante enero otros numerosos encausados en este procedimiento.

Nadal, imputado también en el caso de presunta corrupción en torno a la enajenación del solar de Can Domenge, abrirá de este modo la ronda de comparecencias previstas para esta semana y la siguiente dentro del fleco de Son Oms que investiga el presunto desvío de caudales públicos desde el Consell a través de subvenciones y contratos supuestamente irregulares a varias productoras audiovisuales.

En el caso del ex vicepresidente de la Institución insular, asistido por el letrado Josep Zaforteza, se le vincula con una de las empresas audiovisuales investigadas en el caso, Vídeo U, administrada por Miquel Oliver -también imputado- y a través de la cual se pusieron en marcha programas presuntamente inexistentes en Televisió de Mallorca encomendados desde el Consell mediante contratos presuntamente irregulares.

Cabe destacar que esa misma jornada está prevista la declaración de Miguel Sard, supuesto testaferro de Nadal en Vídeo U y en las producciones de Televisió de Mallorca, mientras que también comparecerán este miércoles la mujer de Sard, Christine Alice Read, así como la esposa del actual regidor de Unió Mallorquina, María José Sard.

Sin embargo, una de las principales declaraciones programadas para esta semana será, también como imputada, la de la ex presidenta del Consell y actual del Parlament balear, Maria Antònia Munar, cuya comparecencia está prevista para el viernes, 18 de diciembre, y quien habría autorizado varios pagos de forma presuntamente irregular a favor de la empresa Bahía Difusión, fusionada con Vídeo U. No obstante, Munar podría acogerse a su derecho a no declarar alegando su condición de aforada.

La también presidenta de honor de UM, defendida por Gabriel Garcías, también está inculpada en el caso que investiga los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude a la Administración cometidos en el proceso de enajenación del solar de Can Domenge, adjudicado por el Consell de Mallorca por 30 millones de euros, la mitad de su valor en el mercado.

Junto a la presidenta del Parlament, el próximo viernes también está citado a declarar el conseller de Medio Ambiente del Govern, Miquel Àngel Grimalt, que en la pasada legislatura ocupaba el cargo de coordinador de Servicios Generales del Consell y está encausado en esta pieza por presuntas irregularidades administrativas en la autorización de varios pagos a la productora Studio Media.

Ya la siguiente semana, concretamente el día 22, serán interrogados el ex conseller insular de Territorio, Bartomeu Vicens, el presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el presunto testaferro del primero y socio de Studio Media, Alfredo Conde, y la mujer de éste y funcionaria de la Seguridad Social, Elisabeth Diéguez, todos ellos también encausados en la Operación Maquillaje y asistidos legalmente por Eduardo Valdivia y Jaime Campaner.

Más comparecencias a partir del 13 de enero

No obstante, esta decena de declaraciones no son las únicas que tendrán lugar por el momento dentro de la Operación Maquillaje, ya que a partir del 13 de enero está previsto que se reanuden con la comparecencia de los doce nuevos imputados que Lope Sola ha citado a declarar y entre quienes se encuentran el marido de Munar, el empresario Miquel Munar; una prima de éste, Coloma Munar, y su marido Víctor García, así como la ex secretaria de la ex presidenta del Consell, Rosario Martín, y varios profesionales del sector audiovisual por su presunta vinculación con el supuesto desvío de fondos públicos desde la Institución insular.

En concreto, tal y como consta en la providencia dictada por el juez, el 13 de enero está prevista la declaración de los encausados Víctor García y Coloma Munar; el día 15 de Luisa Almiñana y Miguel Oliver; el 22 de Cristóbal Rullan y Rosario Martín; el 26 de Antonio Moragues y Antoni Caldentey; el 27 Carmen Torralbo y Crezilda Bastos, y el día 28 de Miquel Munar y Juan Gea.

En concreto, el encausamiento de Víctor Francisco García, Coloma Munar, Luisa Almiñana, Miguel Oliver y Cristóbal Rullan responde a su presunta relación con la sociedad Vídeo U y otras fusionadas con ésta, mientras que la de Antonio Moragues y Antoni Caldentey se apoya en la actividad que ambos desarrollaron en el Consell durante las contrataciones y seguimientos de contratos con las anteriores dos sociedades y otras asociadas, tal y como postula el Ministerio Fiscal.

A su vez, Rosario Martín se encuentra encausada por su gestión y relación con las sociedades Mozalbete y Nova Singladura -presuntamente vinculada a Nadal y Vicens-. Por último, Carmen Torralbo y Crezilda Bastos deberán comparecer debido a su gestión y relación con las sociedades, entre otras, Los Rincones de la Vega de Sotomayor, Consultair y Vídeo U, al tiempo que Miguel Munar y Juan Gea los harán por sus intervenciones y negocios con Nova Singladura y Ranum.

Cabe recordar que la Operación Maquillaje, iniciada el pasado 21 de octubre con los registros llevados a cabo ese día en organismos oficiales como el Consell y en distintas empresas audiovisuales, fue abierta en el marco del caso Son Oms, que investiga si en el proceso de recalificación y urbanización del polígono palmesano se cometieron delitos de alcance millonaria por tráfico de influencias, estafas y negociaciones prohibidas mediante el cobro de comisiones por la recalificación de parcelas de suelo rústico a suelo urbanizable.

En concreto, el caso se desató después de que un empresario y propietario de una finca, Ángel Ochando, denunciara ante la Fiscalía que Vicens y el ex presidente del Parlament, Maximilià Morales, le exigieron comisiones de un 15 por ciento por un solar que iba a ser recalificado.

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"OPERACIÓN MAQUILLAJE"; HACIENDA TILDA DE "ILÍCITO PENAL" EL REGALO DE 23 PISOS A VICENS Y NADAL

* Denuncia al juez la 'reveladora asimetría' entre lo que pagaron y los beneficios
* El obsequio lo hizo el dueño del edificio Vipasima

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La Agencia Tributaria de Baleares ha elaborado ya sus primeras conclusiones tras el registro efectuado por la policía judicial en la sede de la promotora Nova Singladura, en poder de la histórica cúpula de Unió Mallorquina (UM), en el marco de la denominada Operación Maquillaje. Tras analizar la documentación incautada el pasado 21 de octubre, Hacienda advierte ya poderosos indicios de la comisión de un 'ilícito penal' por parte de los ex consellers Miquel Nadal y Bartomeu Vicens así como de la histórica secretaria de la presidenta del Parlament Maria Antònia Munar, Rosario Martín, al quedarse previo pago de un precio irrisorio con una promotora que tenía en el momento de su entrada al menos tres promociones de pisos en marcha en Mallorca y Menorca.

Así lo refleja el equipo de inspectores que dirige el delegado especial de Hacienda Raúl Burillo en el último informe que ha remitido al juez Juan Ignacio Lope Sola y que forma parte ya de esta pieza separada del caso Son Oms.

La Agencia Tributaria destaca que el acceso a Nova Singladura de los cabecillas uemitas se materializó el 2 de septiembre de 2005 abonando "750 euros de valor nominal" por un porcentaje del 24,83% de participaciones cada uno. A la vista del escueto desembolso efectuado, Hacienda denuncia la "asimetría" existente su inversión y el patrimonio de la promotor, 23 pisos de entre 55 y 90 metros cuadrados, al aterrizar los miembros de UM, que lo hicieron a través de sociedades "pantalla o instrumentales".

Las promociones
Vicens, mediante su tapadera Metalumba, con la que cobró sus comisiones por la recalificación del polígono industrial de Son Oms; Nadal, a través de su empresa Consultair, con la que ha percibido importantes cantidades mediante préstamos que el fisco apunta como ficticios del pariente al que adjudicó el negocio de la televisión del Consell de Mallorca; y Martín, mediante su sociedad Mozalbete.

Además
* ¿Cree que el Código Ético servirá para combatir la corrupción?

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