domingo, 10 de octubre de 2010

DOS PARTIDOS, VEINTE RECETAS

Las dos grandes formaciones políticas, que acumulan 464 casos de corrupción, plantean en ABC sus diez propuestas para regenerar la vida pública española

cristina de la hoz gabriel sanz

El decálogo del PP contra la corrupción
Primero fue el llamado «código de buenas prácticas», de carácter interno, para intentar parar el golpe de la red «Gürtel», más tarde la propuesta de pacto anticorrupción pasando por un paquete de medidas de regeneración destinado a las instituciones. Los populares han puesto encima de la mesa distintas propuestas que podrían resumirse en el siguiente decálogo.
1. Que el Gobierno respete la división de poderes, elimine el veto parlamentario y cumpla las resoluciones que votan las Cámaras.
2. Recuperar el control de constitucionalidad previa sobre determinadas leyes.
3. Restablecer un gobierno unitario de los jueces elegido íntegramente por ellos.
4. Potenciar el Tribunal de Cuentas y las Cámaras de Cuentas Autonómicas, aumentando sus facultades de fiscalización y control.
5. Generalizar las Auditorías externas y realizarlas obligatoriamente cuando miembros de una Corporación Local sean condenados.
6. Publicar detalladamente el procedimiento de concesión de subvenciones y ayudas.
7. Endurecer las prohibiciones de contratar en los supuestos en los que el contratista haya sido condenado mediante sentencia firme.
8. Hacer públicas las declaraciones de bienes de los cargos electos. Trasladar al Registro de bienes e intereses los cambios patrimoniales o de actividades que tengan lugar a lo largo de la Legislatura.
9. Proposición no de Ley (PNL) para poner en marcha los controles al sistema de Interceptación de las Telecomunicaciones (Sitel) utilizado por el Gobierno desde diciembre de 2004.
10. PNL sobre desarrollo de la Ley de conflictos de intereses de los miembros del Gobierno y de los Altos Cargos de la Administración General.
 
El decálogo del PSOE contra la corrupción
El Gobierno y el partido que lo sustenta se jactan de haber impulsado desde su llegada al poder, en 2004, la Fiscalía Anticorrupción que, dicen, el PP había frenado durante la época de José María Aznar. A la espera de consensuar con el principal partido de oposición el tan pregonado «Pacto Anticorrupción» una batería de medidas
1. Disolución del Ayuntamiento de Marbella el 7 de abril de 2006. Primera vez que se disuelve una corporación municipal por corrupción.
2. Se ha triplicado el número de fiscales en la Fiscalía Anticorrupción, pasando de los 10 en 2004 a los 30 actuales.
3. Las Fiscalías Provinciales ya cuentan con secciones especializadas en delito urbanístico.
4. Creación de una unidad especial de delitos urbanísticos de la Guardia Civil.
5. Aprobación de la Ley del Suelo, que contribuye a mejorar el mercado del suelo para hacerlo más transparente y combatir así la especulación.
6. Creación del procedimiento de coordinación e intercambio de información entre la Agencia Tributaria, Notarios, Registradores y el Catastro.
7. Endurecimiento de penas por corrupción, cohecho, tráfico de influencias y delito fiscal.
8. Se amplían los plazos de prescripción de los delitos de corrupción para impedir impunidad.
9. Aumento de penas para delitos urbanísticos, a fin de impedir que sean rentables. Se castigan también las obras de urbanización ilegales y se regula de forma más precisa la prevaricación urbanística.
10. Se tipifican penalmente las conductas de corrupción en el deporte, como los sobornos llevados a cabo por miembros de entidades deportivas, así como deportistas, árbitros o jueces.

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LOS AGUJEROS DE LAS INSTITUCIONES

Aquí no hay un problema de leyes, sostienen los partidos. Lo que hay son grietas que exudan el olor a podrido
mariano calleja

En España hay 8.112 municipios, con decenas de miles de cargos públicos, pero los casos de corrupción apenas afectan a un centenar de localidades con 730 investigaciones abiertas a cargos públicos, según desveló de manera excepcional el fiscal general del Estado a finales de 2009. Con estos datos, los grandes partidos se resisten a reconocer que en España hay un problema de corrupción. Les parece injusta una generalización que, a su juicio, «criminaliza a la clase política».

Lo cierto es que esa clase política y los partidos son el tercer problema que tiene España, después del paro y la crisis económica, según el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Hace 10 años, el principal problema era el terrorismo seguido del paro y la droga, y los políticos ni siquiera aparecían en la lista del CIS. En esta caída en picado de su valoración tiene mucho peso la falta de soluciones ante la crisis, pero también la alarma social generada por los casos de corrupción y por actitudes muy poco ejemplarizantes, como son los casos de travestismo político.

¿Está fallando el sistema o son casos puntuales? El portavoz del PSOE en la Comisión Constitucional del Congreso, Jesús Quijano, relaciona la mayor parte de los casos de corrupción de esta época con el último «boom» inmobiliario. Destaca que no se refieren a hechos recientes, sino que tuvieron como caldo de cultivo una construcción fácil en su máximo apogeo, con recalificaciones masivas de terreno, una legislación del suelo muy propicia y un enriquecimiento rápido. En su opinión, «en España no fallan tanto los mecanismos legales, que están homologados a los de nuestro entorno, como ciertos comportamientos personales nada éticos».

El PP cree que «todo es mejorable, y en concreto el sistema de control y la transparencia de la gestión pública», como explica su coordinador de Política Municipal, Juan Manuel Moreno. Los populares están convencidos de que las nuevas tecnologías, en concreto internet, pueden acabar con la opacidad informativa y facilitar la lucha contra la corrupción.

El PSOE insiste en que no hay un problema de déficit legislativo o de mecanismos de reacción contra la corrupción. «Tenemos leyes, pero en ocasiones falla la conciencia personal y la responsabilidad». En todo caso existía un agujero evidente en el Código Penal, que ha sido reformado este año para endurecer, entre otras cuestiones, las penas por delitos de corrupción, entre ellos el cohecho y el soborno, el tráfico de influencias y la prevaricación urbanística. El nuevo Código Penal entrará en vigor el próximo 23 de diciembre.

La lentitud de la Justicia es otro de los puntos débiles del sistema. Los partidos coinciden en que es imprescindible agilizar los procesos. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal podría empezar a moverse el próximo año, pero el Gobierno reconoce que será muy difícil que entre en vigor esta legislatura.

La figura del fiscal general del Estado tiene aquí un papel fundamental. De él depende la Fiscalía anticorrupción y, por tanto, la investigación equitativa de todos los casos. El problema, para la oposición, es que el fiscal general del Estado «es una delegación del Gobierno», según sostiene UPyD. Haría falta, a su juicio, una reforma profunda para dotarle de la máxima autonomía frente al poder.

Otra ley mejorable es la de financiación de los partidos. Se trata de un asunto correoso, con zonas oscuras, que sigue teniendo un déficit claro de transparencia y un sistema de control manifiestamente perfeccionable. «La opacidad en la financiación de los partidos ha podido influir en algunos casos de corrupción», admite Quijano, quien destaca que si bien los mecanismos de control (Tribunal de Cuentas) funcionan, «cuando un partido se empeña en tener una cuenta B, por mucha legislación que haya solo se controlará su cuenta A». El funcionamiento del Tribunal de Cuentas es lento y fatigoso. Sus informes llegan al Congreso con años de retraso y sin capacidad ejecutiva sobre sus conclusiones.

El PP también cree que el Tribunal de Cuentas dispone de pocos recursos para controlar los partidos. Informa, eso sí, pero si una formación política incumple las reglas no suele pasar nada. «Hay que dotarle de recursos con capacidad ejecutiva y de presión», resalta. Hay puntos en la Ley de Financiación de Partidos que el PP también cambiaría: prohíbiría las donaciones de constructores y promotores, con intereses muy concretos en el litoral, donde suelen surgir pequeños partidos políticos «ad hoc» con objetivos puntuales.
 
Cambios de chaqueta
Los partidos relacionan directamente la corrupción con el transfuguismo político. «En muchos casos, en la mayoría, es el móvil», sostiene Quijano. Los partidos firmaron un Pacto Antitransfuguismo en 1998 para evitar que los ayuntamientos quedaran al albur de los concejales que quisieran cambiar de chaqueta en mitad de la legislatura, por intereses espurios, y forzaran cambios de gobierno con mociones de censura a la medida. Que el Pacto está fallando y es otro agujero del sistema lo demuestra la Proposición de reforma de la Ley Electoral General que han acordado la mayoría de los grupos en el Congreso y que se aprobará en las próximas semanas. La nueva ley imposibilitará en la práctica las mociones de censura de los tránsfugas. Casos como el de Benidorm no podrán repetirse.

Quijano apunta al «agujero» original por el que se cuela la corrupción: la selección previa de los candidatos. «Ahí hay una buena parte de los remedios. Hay que seleccionar gente limpia, libre de toda sospecha. Y luego, si surge algún caso, el peso de la ley».

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LA CLEPTOCRACIA NACIONAL

IGNACIO CAMACHO
 
Transversalidad política, dispersión territorial, transfuguismo e impunidad electoral, claves de la epidemia moral más grave que ha vivido la política española desde que se instauró la democracia.







 El juicio oral de la «Operación Malaya», con su alharaca mediática populista y su circo de personajes de la telebasura, ha devuelto al primer plano de la actualidad española el problema de la corrupción, amplificado con los ribetes cuasi folclóricos de un morboso carrusel de celebridades del cotilleo. Los protagonistas del escándalo marbellí, una vistosa cuerda de presos vinculados a los manejos tardíos del gilismo, representan la cara paroxística, a menudo esperpéntica, de una epidemia moral incubada en los entresijos de nuestra sociedad política, y que afecta de manera transversal a las estructuras locales y regionales de la mayoría —por no decir la totalidad— de los partidos que forman parte del sistema.

El espectáculo malayo adquiere un cierto carácter trivial en la medida que pertenece a una peculiar etapa clausurada con la contundente, aparatosa intervención de la Policía y la Justicia. La corrupción de Marbella durante los penúltimos quince años posee una singularidad que la distingue del resto de episodios delictivos que salpican la geografía política española: fue perpetrada por un grupo de outsiders al margen de la partitocracia convencional. Jesús Gil fundó a principios de los noventa un partido aventurerista que aprovechó el desgaste de los agentes políticos habituales para crear una red institucional basada en el cohecho como método administrativo.
 
Aunque su ejemplo hizo fortuna, el GIL fue el primer partido creado esencialmente para robar: una fuerza cleptocrática muy bien organizada que durante cuatro mandatos —el último con el fundador ya inhabilitado por sentencia judicial—saqueó a fondo el Ayuntamiento marbellí, puso en marcha una sofisticada maquinaria de cobros de comisiones y sobornos y exaccionó cientos de millones de euros a base de intervenir a fondo en la economía local. Como dato significativo hay que anotar que Jesús Gil llegó a la idea de fundar su propia opción ante la presión que sufría como constructor por parte de intermediarios que actuaban en nombre del Partido Socialista, gobernante en Marbella hasta su arrolladora irrupción en 1991.
 
Tolerancia institucional
Gil pagó comisiones millonarias a personajes del entorno del PSOE andaluz y de la Junta de Andalucía, y guardó copias de los cheques, que sacó a la luz cuando los delitos habían prescrito. Semejante ardid le garantizó la transigencia de las autoridades andaluzas, que miraron para otro lado cuando en el seno del propio socialismo malagueño surgieron las primeras sospechas y denuncias sobre la masiva corruptela de Marbella. Curiosamente una de las personas más activas en esta oposición al gilismo, Isabel García Marcos, acabaría pasándose al adversario —está gravemente imputada en el sumario de Malaya— acaso deslumbrada por el color del dinero y con seguridad desengañada ante la ineficacia de su resistencia.
 
Pero la larga hegemonía política del GIL en la ciudad costasoleña, liquidada sólo mediante la intervención de la Justicia, pone de manifiesto una de las constantes sociológicas de la corrupción en la España moderna: la tolerancia ciudadana. No sólo fueron las autoridades regionales las que descuidaron la vigilancia. Las cuatro mayorías obtenidas por el gilismo y sus secuelas se produjeron a pesar de las continuas denuncias que la prensa y la oposición efectuaron casi desde el principio sobre los turbios manejos de la municipalidad y sus tentáculos administrativos, en un clima de conocimiento general sobre las actividades ilícitas de los dirigentes que sin embargo no fue óbice para su reelección continuada.
 
Así ha sucedido también en numerosos ámbitos, regionales y locales, salpicados por escándalos de deshonestidad pública. Alcaldes y cargos autonómicos procesados por corrupción y con razonables indicios de culpabilidad sobre sus espaldas han sido reelegidos —a menudo más de una vez— sin mayor problema. El crecimiento de la preocupación ciudadana por su clase política —de un 6 por ciento en 2008 a un 21,6 en 2010—se relaciona más con la falta de respuestas a los problemas colectivos que con la apreciación sobre la honradez de su desempeño. En ese sentido, la ausencia de sanciones contundentes y las actitudes exculpatorias con que los partidos se blindan ante las denuncias parece basarse en el conocimiento de la impunidad política que la corrupción mantiene en España debido a su carácter generalizado.
 
Partidos vacunados
En efecto, de los 730 casos judiciales abiertos hasta noviembre de 2009, más de la mitad (464) corresponden a dirigentes del Partido socialista (264) y del Partido Popular (200), mientras el resto se reparten entre otras fuerzas políticas en equitativa proporción con su implantación electoral. La extensión de la enfermedad moral parece haber inoculado una suerte de vacuna política, de tal modo que los escándalos no castigan a los partidos porque sus simpatizantes tienden a exculpar responsabilidades en la propia extensión del mal. El efecto perverso de esta normalización es, pese a su impunidad electoral, el declive del prestigio de la clase política, considerada sospechosa en su conjunto, y muy especialmente la del ámbito local; las concejalías de urbanismo se han convertido en el epítome simbólico del pantano de corrupción en que se hallan sumergidos los escalones más bajos de la Administración del Estado.
 
Ésta es, junto a la dispersión geográfica y política, la otra característica esencial de la corrupción contemporánea, minimizada por los partidos pese a la evidencia de su alto contagio: casi un 10 por 100 de los municipios ha registrado alguna denuncia con intervención judicial. Durante el felipismo, los casos de venalidad se desarrollaron de manera muy señalada en la propia cúpula del poder y del Estado: la Guardia Civil, el Banco de España, la alta banca, los contratos de grandes infraestructuras, la Expo 92, el Boletín Oficial y hasta la Cruz Roja se vieron afectadas por una ola de deshonestidad a gran escala que implicaba sustancialmente al Partido Socialista y su entorno. El Partido Popular hizo bandera electoral de la corrupción y durante la época de Aznar, la Administración central sufrió una severa depuración que aún mantiene su crédito de limpieza. Sin embargo, la vigilancia del aznarismo provocó el desplazamiento de las actividades políticas ilegales a las esferas autonómica y municipal, donde la corrupción se ha asentado con fuerza en la última década.
 
Andalucía, en cabeza
De este modo, Andalucía, bastión de resistencia del socialismo con treinta años de poder unívoco, se convirtió en el campo de operaciones de numerosos desaprensivos que desarrollaban negocios a la sombra de unas administraciones dominadas en toda su extensión —local, provincial y regional—, por el mismo partido. El rosario de casos y su extenso ámbito geográfico ha goteado el mapa andaluz de episodios, a menudo pintorescos, de cohecho, soborno y demás figuras penales de abuso de poder, salpicados en ocasiones con estrafalarias excusas registradas en las grabaciones policiales, y que van desde juergas flamencas a visitas a casas de prostitución. Un mapa pícaro en el que sin embargo han destacado episodios singulares de notable importancia, los dos más recientes en la misma capital autonómica. El escándalo de las facturas falsas cobradas por obras inexistentes con el consentimiento de personas próximas al alcalde de Sevilla y el de las extorsiones en Mercasevilla a cuenta de su expansión inmobiliaria —con escalofriantes cintas grabadas por los extorsionados—han revelado la existencia de prácticas indeseables en la estructura de poder directamente controlada por las autoridades socialistas.
 
Tampoco el PP supo escapar de las tentaciones en su etapa de poder. Las comunidades de Madrid y Valencia vieron crecer la trama Gürtel, primero en el seno de la organización nacional y luego emigrada a los ámbitos regionales, y el caso Palma Arena salpicó a la casi totalidad de la cúpula del partido —empezando por el ex presidente Matas, seriamente imputado—en Baleares. Una comunidad en la que, durante los noventa, Aznar había entregado la cabeza de otro presidente autonómico por su implicación en las irregularidades de contratación del túnel de Sóller.
 
La red Gürtel (correa, en alemán, por el nombre del principal implicado) se movió con impunidad en los bastidores de los poderes regionales y municipales controlados por los populares, y su proximidad a destacados dirigentes como el presidente valenciano Francisco Camps o algún consejero de Esperanza Aguirre ha otorgado al escándalo dimensiones nacionales, pese a que siendo considerable el volumen cuantitativo del dinero supuestamente defraudado, no llega con sus 26,5 millones de euros a la escala de otros sumarios relacionados con distintos partidos, como los de Ciempozuelos (40 millones), Pretoria (45) o el célebre de Marbella, con la apoteosis de 2.400 millones irregulares, a los que hay que sumar casi otros tantos en diversas piezas separadas que abrazan el mapa sumarial del saqueo marbellí.
 
También nacionalistas
También otros gobiernos de autonomías, muy significadamente en Cataluña, Andalucía y Canarias, se han visto envueltos en notables episodios venales, en muchos casos con el concurso de partidos nacionalistas incrustados como bisagras en los mecanismos administrativos o directamente involucrados en el ejercicio hegemónico del poder, como es el caso de Convergencia i Unió. El nacionalismo catalán, salpicado de lleno por la «Operación Pretoria» y el escándalo del Palau de la Música barcelonés, escapó sin embargo de la sorprendente denuncia efectuada en 2004 por el entonces presidente de la Generalitat Pasqual Maragall, que en una sesión parlamentaria acusó a los convergentes de haber cobrado una mordida sistemática del tres por ciento en las contratas. La sociedad catalana echó tierra sobre el asunto evitando una polémica que habría podido poner patas arriba todo el establisment autonómico de las tres últimas décadas.
 
Bisagras electorales
Partidos como Coalición Canaria, el citado GIL, el Andalucista de los años noventa o el PAL almeriense, entre otros, permanecen vinculados a la sospecha general debido a la alta y numerosa implicación de muchos de sus miembros en casos investigados por la Justicia. El carácter de bisagra electoral de sus representaciones políticas los situó al frente de áreas sensibles en la contratación y el gasto, como el urbanismo, el turismo o las obras públicas. La reciente «Operación Poniente» en Almería ha revelado la existencia de una trama transversal que, articulada a través de un pequeño partido compuesto por tránsfugas del PP en la próspera localidad de El Ejido, tejió durante años lazos irregulares en la Diputación provincial y otros municipios en alianzas simultáneas o sucesivas con el PSOE y el PP. La red Poniente es el primer caso que involucra directamente a los dos grandes partidos, razón que puede explicar el silencio mediático que rodea al escándalo en la opinión pública nacional. Si Malaya representa la gran trama tejida al margen del bipartidismo —aunque muchas de sus operaciones urbanísticas contaron con la anuencia o el visto bueno de la Junta de Andalucía, bajo control socialista—, el caso Poniente constituye el más vistoso ejemplo de implicación dual de militantes representativos de las dos fuerzas esenciales del sistema.
 
El transfuguismo, unido al control de las competencias de política territorial y urbanismo, se ha revelado como uno de los principales factores propiciadores de la corrupción local, sin que los partidos hayan logrado erradicar esta práctica viciosa que constituye un abuso del privilegio de la representación ciudadana. Los diferentes pactos suscritos han tenido el mismo nulo efecto que las diversas modificaciones legislativas. Continuas mociones de censura apoyadas en tránsfugas que cambian de partido o de voto se producen en los municipios sometidos a mayor tensión urbanística, siendo el de Benidorm —con implicación de la familia de la secretaria de organización del PSOE, Leire Pajín— el más sonado pero de ninguna manera el único de ellos. Pinto, Sanlúcar —donde un concejal que denunció su intento de soborno aportando al juez el dinero recibido sufrió un largo proceso de casi una década antes de quedar absuelto—, Gibraleón, El Ejido, Denia y otras muchas localidades han visto estos movimientos pendulares vinculados a operaciones recalificatorias o de planificación territorial. La necesidad de dinero de los Ayuntamientos, asfixiados en su estructura financiera, ha provocado el aluvión de intereses cruzados sobre las plusvalías del suelo.
Suelos urbanizables
 
Abandonados en la escala de financiación de servicios, por detrás de la Administración autonómica y central, los municipios han vivido en la última década y media de los recursos generados por la puesta en mercado de suelos urbanizables, con los consiguientes procesos de recalificación y de creación de plusvalías legales e ilegales. Sin ser el único ámbito de corrupción, sí ha sido el más amplio y abierto, debido a la rapidez y contundencia de los beneficios que generaba hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. Es también la explicación principal del carácter municipal de la mayoría de los escándalos; una clase política de escasa formación, poco controlada por los medios de comunicación y bastante autónoma en sus organizaciones partidarias, acostumbradas a no injerirse en la financiación local, se desplegó sobre inmensos recursos financieros de rápida transformación con el consiguiente proceso de desclasamiento; las tentaciones resultan universales, pero tienden a rechazarlas mejor quienes poseen mejor preparación intelectual y moral y mayor consciencia de su responsabilidad política.
 
La estructura cleptocrática de la democracia española presenta, pues, un cuádruple cuadro característico: generalización transversal a todos los partidos; dispersión territorial en comunidades y autonomías; vinculación con el transfuguismo y los grupos bisagra, y centro administrativo en los recursos urbanísticos, principal fuente de financiación de las instituciones locales. Sin embargo, su consecuencia más llamativa es la impunidad política, tanto a cargo de los partidos que tratan con benevolencia a sus miembros corruptos como por parte de una opinión ciudadana que no penaliza electoralmente la venalidad. Se trata, pues, de un mal con pronóstico grave, ya que son los propios enfermos quienes se resisten a aceptar el diagnóstico y a aplicar el correspondiente tratamiento.

abc.es

HEREU PIDE A LA JUEZA QUE ABRA EL SUMARIO DE LA TRAMA DE LAS LICENCIAS DE CIUTAT VELLA

MUNICIPAL  | Tras las filtraciones de esta semana

Belén Parra | Barcelona

Pese a "ausentarse" ante las polémicas revelaciones del caso Ciutat Vella, el alcalde Hereu ha decidido solicitar a la jueza la apertura del sumario para facilitarlo al resto de los grupos del Ayuntamiento. Por ahora, sólo los servicios jurídicos del PSC han tenido acceso al mismo.

La portavoz del bipartito, Assumpta Escarp, ha esgrimido que el gesto de Hereu responde a la voluntad de transparencia de su gobierno ya que "no hay que esconder". Pero detrás de este último gesto del alcalde está la presión de la oposición, que ha vuelto a criticar que no se les facilitara el sumario cuando ya lo pidieron por primera vez en julio.

El portavoz del PSC, Francesc Narváez, criticó la "urgencia mediática" con la que, a su modo de ver, actúa el resto de los grupos a raíz de las filtraciones del sumario y advirtió de que en su partido también se sienten "indefensos" ante lo que se va destapando en los medios. También ha cargado contra la "política de insinuaciones" de algunos grupos, en clara referencia a CiU y PP, a quienes acusó de estar muy interesados en que se hable del caso.

Precisamente esos dos grupos en la oposición han seguido mostrando su "insatisfacción" por el alcance de la junta de portavoces de esta tarde y mientras los convergentes han exigido a Hereu que "se implique" y "depure responsabilidades" ante las presuntas irregularidades en Ciutat Vella, los 'populares' han insistido en la creación de una comisión de investigación para esclarecer el caso. Ninguna de sus exigencias habrían sido inicialmente tomadas en consideración.

Por su parte, el grupo de ERC esgrimió que hasta la fecha "la información obtenida [desde el Ayuntamiento] no ha sido la suficiente" a juzgar por lo que se ha ido publicado sin su conocimiento previo.

elmundo.es

CITA JUDICIAL PARA ISABEL PANTOJA Y JULIÁN MUÑOZ DURANTE ESTA SEMANA

TRIBUNALES  | En Marbella

Efe | Málaga

El ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, su ex mujer, Maite Zaldívar y la tonadillera Isabel Pantoja tienen una cita judicial esta semana en el Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, donde les darán traslado de la apertura de juicio oral por supuestos delitos de blanqueo de capitales y cohecho.

Fuentes del despacho de abogados de la cantante han confirmado a Efe que Isabel Pantoja comparecerá el próximo 14 de octubre a las 10.00 horas para que el instructor le notifique la mencionada resolución judicial.

Un día antes, el sucesor de Jesús Gil al frente de la Alcaldía de Marbella, Julián Muñoz, y su ex mujer, Maite Zaldívar, acudirán al mismo juzgado para que les sea notificada también la apertura de juicio oral y el contenido del mismo.

Además, en dicho acto se les requerirá para que presten fianza para "asegurar las responsabilidades pecuniarias" con el apercibimiento de que de no prestarlas "se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada" a cada uno de los acusados.

En el caso de la tonadillera, el juez le ha requerido una fianza de 3,68 millones de euros por un delito continuado de blanqueo de capitales y se enfrentará en el juicio a una petición fiscal de tres años y medio de prisión y una multa de 3,7 millones de euros.

Para Julián Muñoz, el juez exige una fianza de 7,46 millones de euros y para su ex mujer, Maite Zaldívar, 2,6 millones de euros.

La Fiscalía Anticorrupción, en su escrito acusatorio, solicita para el ex alcalde siete años y medio de cárcel y multa de casi 7,5 millones y para su ex mujer, tres años y medio de cárcel.

Además de Pantoja, Julián Muñoz y Maite Zaldívar hay siete personas más encausadas en este procedimiento que es una pieza separada del caso Malaya.

En esta pieza separada se investiga si Julián Muñoz, mientras fue alcalde de Marbella, se enriqueció y si utilizó a su ex mujer y a Isabel Pantoja para blanquear dinero.

El fiscal Anticorrupción mantiene en su escrito que tanto Pantoja como Zaldívar eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos y bienes que recibían de Julián Muñoz.

La acusación pública argumenta que también conocían la implicación de Muñoz "en numerosos procedimientos penales, seguidos por delitos de corrupción administrativa de contenido económico".

Pese a ello, el fiscal señala que "se prestaron, cada una en su momento, para servir de cobertura al ocultamiento de los bienes y el dinero adquiridos ilícitamente por Julián Muñoz".
 
Enriquecimiento

En este sentido, el ministerio público entiende que Julián Muñoz logró enriquecerse cuando estuvo vinculado con el Ayuntamiento de Marbella y que parte de ese patrimonio "es el resultado de las gestiones y negocios con ciertos empresarios y promotores desde su posición en el consistorio".

Añade que, disuelta la unidad familiar, "es precisamente" cuando el ex alcalde "va a desprenderse (en parte) de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero, haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental".

Otra vía por la que Julián Muñoz podría haber entregado fondos a la que fue su esposa, según Anticorrupción, sería a través de transferencias desde el extranjero, concretamente desde Suiza, y se precisa que se sirvió de su ex cuñado "como testaferro".

Respecto a Pantoja, que fue detenida en mayo de 2007 en su vivienda y abonó una fianza de 90.000 euros para eludir la prisión, el fiscal refiere que el trasvase de fondos está relacionado con la compra de dos inmuebles, un apartamento en el Hotel Guadalpín y el chalé "Mi Gitana"

TRES MUJERES CONTRA LA MAFIA DE CIUTAT VELLA

La justicia investiga cómo la concejal, la gerente y la arquitecta del distrito sufrieron "amenazas y extorsiones para desestabilizar" su departamento

PERE RÍOS - Barcelona

¿Qué tienen en común Itziar González, Mercè Massa y Lourdes Conesa? Que son mujeres, que trabajaban en el distrito barcelonés de Ciutat Vella, que decidieron acabar con la supuesta corrupción que imperaba en la concesión de licencias para apartamentos turísticos y hoteles y que, por ello, sufrieron serias amenazas de muerte, por teléfono o carta, así como otras acciones de extorsión para que tirasen la toalla. Barcelona no es Sicilia, pero los métodos empleados con ellas lo recuerdan. Así se explica que los Mossos d'Esquadra afirmen en un escrito dirigido a la juez Elisabet Castelló el 28 de agosto de 2009: "De la investigación se desprende claramente que no se trata de unas amenazas aisladas, sino que existe un proceso de extorsión con la intención de presionar y desestabilizar al personal de la actual concejalía de Urbanismo de Ciutat Vella". La explicación, añade la policía autonómica, es que los autores de las amenazas "habrían visto perjudicados sus intereses económicos, así como la dilatación o denegación de licencias".

"Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos", dijo Quílez

Los Mossos destacan que estas amenazas coinciden con un cambio en el personal acordado por Itziar González a los pocos meses tomar posesión como concejal de Ciutat Vella. Tres inspectores técnicos abandonaron sus cargos y fueron recolocados el jefe del departamento de licencias e inspecciones, así como Heliodoro Lozano, director de servicios técnicos. Lozano estuvo seis meses en prisión por su supuesta vinculación con la trama de extorsión que investiga el Juzgado de Instrucción 33 de Barcelona en la concesión de licencias a cambio de diversas cantidades de dinero y está acusado de varios delitos de cohecho y contra la Administración pública.

El ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el distrito, también estuvo en prisión y está acusado de formar parte de esa trama, pero, además, los Mossos consideran que las amenazas sufridas por las tres mujeres responden a una "estrategia de intimidación presuntamente protagonizada" por él. La juez del caso ha avalado la investigación policial y Quílez está siendo investigado también por amenazas o extorsiones.

La tesis de la juez es que Quílez podría haber actuado así al existir sospechas fundadas contra él de que había actuado ilícitamente en la concesión de licencias. La justicia investiga ahora las grabaciones telefónicas realizadas a Quílez y los DVD extraídos del disco duro de su ordenador cuando los Mossos registraron su despacho profesional, el 31 de marzo de 2009.

Las tres mujeres que sufrieron las amenazas ha acudido al juzgado para ejercer la acusación particular en el caso. Su abogado, Lluís Maria Anglada, admite: "amenazar es más sencillo que identificar al autor".Las amenazas a las tres mujeres empezaron en junio de 2008 y la primera que las sufrió fue la arquitecta técnica del distrito de Ciutat Vella, Lourdes Conesa. Fueron llamadas anónimas a su domicilio, hasta que la noche del 18 de julio cogió el teléfono. El mensaje era claro: recomendación de abandonar su cargo público bajo amenazas de que si no, tendría problemas. La mujer acudió a los Mossos y denunció los hechos, pero el caso quedó archivado por falta de autor conocido.

En esas mismas fechas, mantuvo una discusión laboral con el ingeniero Joaquim Quílez, que emitía informes para el Ayuntamiento y que deambulaba por el distrito como Pedro por su casa, ojeando expedientes de licencias sin estar autorizado para ello. La arquitecta le afeó su conducta y Quílez le respondió: "Yo llevo 22 años en el Ayuntamiento, tengo muchos amigos y si puedo evitarlo, tú nunca serás nadie en este Ayuntamiento".

De las llamadas telefónicas se pasó a las cartas amenazadoras. El 11 de noviembre de 2008, Conesa recibió un sobre en su domicilio que reivindicaba las llamadas, insistiendo en que abandonara el cargo y con una fotografía de su vivienda. Se daba a entender así, dicen los Mossos, que estaba vigilada y que "sería vulnerable en cualquier momento". Por esas fechas, su motocicleta fue manipulada y le extrajeron varios tornillos intencionadamente. El 30 de noviembre de 2008 abandonó el cargo y se marchó a otro distrito. Dos meses después, el 20 de febrero de 2009, recibió la carta de agradecimiento que se transcribe íntegramente en esta página.

Ese mismo día, los autores de las amenazas iniciaron el acoso a la gerente del distrito, Mercè Massa, con una carta muy extensa, de dos páginas, en la que se profieren todo tipo de amenazas de muerte si no abandona el cargo y deja de firmar acuerdos "prevaricadores" referidos a la denegación de licencias. Los Mossos destacan que esas amenazas coinciden en el tiempo con la ausencia de la concejal Itziar González por problemas de salud.

Quienes redactan las amenazas conocen al detalle la vida personal de las mujeres. Se ensañan especialmente con la concejal Itziar González, a la que el 23 de julio de 2009 envían a su domicilio una carta con insultos irreproducibles y hasta regocijándose por el mal momento de salud que pasó. En la carta se habla directamente de "eliminarlas", en alusión a ella y a su "amiga Mercè", en referencia a la gerente. Meses después, González sufrió un robo en su vivienda, los ladrones se llevaron su ordenador. Al final arrojó la toalla, pero fue por el hotel del Palau de la Música, un proyecto que nunca vio bien.
 
MERCÈ MASSA
Gerente de Ciutat Vella desde la llegada de González, donde prosigue en la actualidad con la concejal Assumpta Escarp. Firmó las resoluciones que intentaron poner orden en el sector de los apartamentos turísticos, negando licencias o exigiendo mejoras para que siguieran funcionando.

ITZIAR GONZÁLEZ
Concejal del distrito de Ciutat Vella entre junio de 2007 y abril de 2010. Arquitecta de profesión, llegó al Ayuntamiento como independiente en las listas del PSC, partido al que se acabó afiliando y en el que no siempre encontró el apoyo que necesitó.

LOURDES CONESA

Arquitecta municipal de Ciutat Vella, cargo que abandonó en febrero de 2009; ahora está destinada en Horta-Guinardó. Declaró a los Mossos que tuvo varios incidentes con el sospechoso Joaquim Quílez, porque este mostró interés por ciertos expedientes.
Las frases amenazadoras

- Carta de agradecimiento recibida el 20 de febrero de 2009 por la arquitecta Lourdes Conesa, tras abandonar el distrito de Ciutat Vella. "Lourdes: como has hecho lo que se te recomendó, el peligro que tenías ha pasado. Puedes andar totalmente tranquila. La justicia se ha cumplido y no te va a ocurrir nada en absoluto. Gracias por tu colaboración. Perdona la demora en contestar. Asociación Justiciera de la comunidad del Raval, GLPSA".


- Carta amenazadora recibida el 20 de febrero de 2009 por la gerente Mercè Massa. "Tienes un problema serio que te puede costar carito... Esto es una recomendación directa, Mercè, no sabes dónde te estás metiendo... Hace tiempo recibiste amenazas por teléfono, te alertaron que te ausentes del distrito o pidas traslado, advertencias que al parecer no te influyeron lo más mínimo. Tú para nosotros en este momento eres como un animal y tenemos una misión que realizar. Entendemos que somos unos hijos de puta, pero ni más ni menos de lo que eres tú, quien la hace la paga".

- Carta amenazadora recibida el 23 de julio de 2009 por Itziar González. "Tus amiguitos, cuando desaparezcas, no te echarán de menos, piensa que todos brindarán con cava... Hay tanta ira hacia ti, que si no fuera por el peligro de ser cogidos los talibanes no estarías aquí... Cuídate lo que puedas, que la enfermedad que tienes está, y a punto de doblarte... La segunda de a bordo, tu amiga Mercè, también va por el mismo camino si no cambias de rumbo creemos también en eliminarte".

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LA FISCAÍA DE GIRONA INVESTIGA UNA DOCENA DE AYUNTAMIENTOS POR CORRUPCIÓN

REBECA CARRANCO - Girona

La Fiscalía de Girona investiga una docena de Ayuntamientos por corrupción urbanística y ha abierto diligencias para saber qué se cuece en unos 12 Consistorios, según explicó ayer a este periódico el fiscal responsable de Medio Ambiente en Girona, Enrique Barata, que declinó dar el nombre de los Ayuntamientos porque los casos aún están en investigación.

El ministerio público ha puesto la lupa sobre distintos delitos que afectan, en su mayoría, a la ordenación del territorio. La fiscalía investiga casos de tráfico de influencias en la concesión de licencias, posibles tratos de favor a determinadas empresas, recalificación de terrenos "propios, de familiares o de conocidos" y contratos de los Ayuntamientos con empresas de miembros o familiares de los gobiernos locales.
 
Proximidad electoral

Barata muestra cautela ante las investigaciones, que no necesariamente tienen que acabar en los juzgados. "Algunas denuncias llegan en este momento porque se acercan las elecciones", explica. Uno de los casos que investiga se basa en una denuncia del diputado de Iniciativa per Catalunya Lluís Postigo y Josep Romaguera, concejal de Maçanet de la Selva. Acusan al ex alcalde y actual teniente de alcalde del municipio, Antoni Guinó (CiU), de comprar unos terrenos que después se recalificaron como industriales, con lo que presuntamente Guinó ganó 800.000 euros.

La Fiscalía de Medio Ambiente lleva abiertas en lo que va de año 56 investigaciones (el año pasado fueron 60). La mayoría son delitos contra la ordenación del territorio como prevaricaciones urbanísticas y construcciones ilegales en espacios protegidos como el parque natural del Cap de Creus y los Aiguamolls de l'Empordà.

Barata se felicita por las sentencias condenatorias. Entre el año pasado y este, los juzgados gerundenses han dictado nueve sentencias relacionadas con delitos medioambientales. Ocho son condenatorias. "Las personas cada vez se lo piensan más con este tipo de delitos porque saben que se están imponiendo incluso penas de prisión", indica Barata. Construir una casa en un lugar indebido se castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel, además de la multa y el derribo de la edificación. La reforma del código penal, que entra en vigor en diciembre, aumenta la pena de prisión a cuatro años.


elpaís.com

BLASCO ALEGA QUE PAGÓ 1,6 MILLONES A LA FUNDACIÓN CYES POR GASTOS DISTINTOS DE LA COMPRA DE PISOS

El consejero valenciano esgrime un documento fechado cuatro días antes de cerrarse el expediente que contradice otros anteriores

ADOLF BELTRAN - Valencia

La Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) cobró completos 1,6 millones de euros de dos proyectos de cooperación de la Generalitat Valenciana en Nicaragua. Los proyectos aprobados incluían la compra de locales en Valencia por más de 800.000 euros. La fundación los compró e incluyó las facturas y pagos entre la documentación para justificar el cobro de la subvención. La Consejería de Solidaridad y Ciudadanía exigió en febrero una devolución de 149.462 euros y 185.762 euros por facturas inadecuadas que no se produjo y que no afectaban a los gastos por la compra de pisos. El 8 de julio, sin embargo, certificó, según un documento sin cuño ni registro esgrimido hoy en rueda de prensa por el consejero del área, Rafael Blasco, que la Fundación Cyes había justificado los 833.000 euros de cada proyecto con facturas correctas pese a que se le rechazaron 447.000 euros y 530.000 euros por la compra de los inmuebles en cada uno de los proyectos. No se exigió, por tanto, retorno alguno de dinero a la polémica fundación, que habría presentado facturas y justificantes ante la consejería por cerca de 1,4 millones de euros en cada proyecto para justificar 833.000 euros. Cuatro días después, el 12 de julio, el director general certificó el correcto uso de la subvención y cerró el expediente.

Blasco ha anunciado que ha puesto los expedientes de los dos proyectos en manos del fiscal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La iniciativa se produce tras hacerse público que ayer la diputada socialista Clara Tirado presentó una denuncia por el caso ante el fiscal Anticorrupción, Jesús Carrasco. Blasco acusó al fiscal anticorrupción y a los socialistas de haber estado preparando la presentación de una querella desde hace semanas.

El consejero, que ha dejado esta mañana que diputados de Compromís pudieran consultar los expedientes, ve seriamente en entredicho la política de subvenciones a la cooperación. Por ello ha afirmado que la gestión de la Generalitat no tiene "mácula de ninguna clase". Blasco ha acusado a EL PAÍS de ofrecer informaciones "falsas y tendenciosas" por revelar que una parte importante de las subvenciones ha ido a parar a la adquisición de dos pisos en la avenida de Ausiàs March, en Valencia, que se han convertido en sede de la Fundación Cyes.

"Ni un solo euro se ha destinado a la adquisición de ningún local", ha afirmado el consejero, quien ha añadido que los medios de comunicación han sido "engañados" por "el señuelo de una documentación incompleta" difundida por el PSPV-PSOE. No ha sabido explicar, sin embargo, por qué se aprobó y tramitó el proyecto si incluía la compra de locales y sólo a punto de cerrarlo se aceptaron otras facturas y justificantes. Blasco ha asegurado que si el fiscal detecta alguna irregularidad, él mismo asumirá las responsabilidad políticas.

Alarte exige que se devuelva el dinero

El secretario general de PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha instado hoy a Rafael Blasco a "irse de la vida pública para no volver nunca" si antes de que acabe el día no demuestra la devolución a las arcas públicas del dinero de cooperación que una fundación habría desviado a la compra de pisos. El Consell otorgó en 2008 subvenciones por más de 1,8 millones de euros a una fundación, de los que 1,6 eran para proyectos en Nicaragua, pero que destinó en su mayor parte a adquirir dos locales para su sede en Valencia. Ante estos hechos, que el PSPV-PSOE ha denunciado ante la Fiscalía, el dirigente socialista ha instado a que se muestre en las Cortes el expediente de esas ayudas, así como todos los expedientes de todas las ayudas para cooperación internacional que han sido adjudicadas o gestionadas directa o indirectamente por el consejero y portavoz parlamentario del PP.

"Blasco no es más que un trozo de la ola, del gran tsunami de corrupción y de podredumbre en la que ha sumido al Gobierno valenciano el presidente Camps", ha aseverado Alarte, para quien el PP valenciano es el partido "de la corrupción" y la "indecencia", y Francisco Camps "el jefe de todo eso". El secretario general del PSPV-PSOE ha instado a Blasco a dejar de "sacarse papelitos de la manga" y a enseñar el ingreso con la devolución de ese dinero a las arcas de la Generalitat.

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EL JUEZ DEJA IMPUTADO AL EDIL DE URBANISMO DE MURCIA

AGENCIAS - Murcia

El edil de Urbanismo del Ayuntamiento de Murcia, Fernando Berberena, y Joaquín Peñalver, jefe de Planeamiento entre 1999 y 2006, prestaron declaración ayer ante el juez David Castillejo, que los dejó en libertad sin fianza pero mantuvo su imputación. Según Berberena, "no hay ninguna justificación". "Te ves metido en una vorágine que no entiendes cuando tu único objetivo ha sido el trabajo por los murcianos. Espero que eso lo aprecien los murcianos", dijo.

El juez investiga un presunto delito de malversación, blanqueo y cohecho por la recalificación de suelo rústico para hacer 20.000 viviendas, el nuevo estadio de Real Murcia, un campo de golf y centros comerciales. Según Berberena, la operación fue "absolutamente correcta". Otros tres presuntos implicados, entre ellos el director de la Gerencia de Urbanismo, Alberto Guerra, han abonado sus fianzas (70.000 euros en su caso) para eludir prisión.


elpaís.com

PERSONAL DE LA FUNDACIÓN QUE COMPRÓ DOS PISOS EN VALENCIA FABRICA FACTURAS DE GASTOS

El consejero Blasco justifica 133.345 euros de una asesoría domiciliada en la misma sede de Cyes

ADOLF BELTRAN - Valencia

María Adela Rodríguez Albert y Enrique López Rubio, dos personas que estuvieron cobrando nóminas mensuales de la Fundación Cultural y de Estudios Sociales (Fundación Cyes) hasta abril de 2009, dentro de los proyectos de cooperación en Nicaragua en los que la entidad incluyó la compra de dos pisos con garaje en Valencia, son los administradores de Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, SL, una empresa que suscribe sendas facturas de asesoramiento por 66.672 euros cada una como justificantes de gasto en esos proyectos. Esas facturas las ha dado por buenas la Generalitat Valenciana.

Fundación Cyes ha cobrado 1,6 millones de euros, de los que sólo una pequeña parte fueron realmente invertidos en Nicaragua

El domicilio social de la empresa, además, está actualmente en uno de los locales adquiridos por la Fundación Cyes con las subvenciones de cooperación que le adelantó la Generalitat. Una adquisición que se produjo dentro de las previsiones del proyecto aprobado, lo que ha levantado un considerable escándalo y ha hecho que los socialistas denunciaran el caso ante el fiscal anticorrupción. Aunque el consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, sostiene que cuatro días antes de cerrar los expedientes se justificó el dinero con otro tipo de facturas que la entidad habría aportado al ver rechazadas las de la compra de inmuebles por parte de su departamento.

Dentro de los proyectos, destinados a ayudar a llevar agua potable a 30 familias y a mejorar los cultivos de otras 40 en Totogalpa (Nicaragua), por los que la Fundación Cyes ha cobrado 1,6 millones de euros, de los que sólo una pequeña parte fueron realmente invertidos en esa población del distrito de Madriz, la Fundación Cyes ha incluido facturas por 548.000 euros en concepto de asesorías. 416.000 euros corresponden a dos facturas idénticas de poco más de 208.000 euros de la empresa informática Arcmed. Los otros 133.000 corresponden a otras dos facturas idénticas de poco más de 66.000 euros de Asesoría y Consultoría Integral de Proyectos, una sociedad constituida en marzo de 2009, de la que son administradores María Adela Rodríguez Albert y Enrique López Rubio.

Los dos figuran en la contabilidad de la Fundación Cyes como "personal de la oficina técnica" de los proyectos, actividad por la que cobraron una nómina mensual hasta abril de 2009, cuando recibieron el finiquito. Con fecha de ese mismo mes, su empresa de asesoría, creada un mes antes, cobró las dos facturas. Asesoría y Gestión Integral de Proyectos tuvo su sede social en Canet d'En Berenguer hasta octubre de 2009, en que pasó al entresuelo del número 81 de la avenida de Ausiàs March, en Valencia, uno de los dos pisos (el otro es el contiguo entresuelo del número 79) que la Fundación Cyes compró tras recibir las subvenciones de Blasco.

Arcmed, la otra empresa que cobró asesoramiento, constituyó en 2008 con la consultoría Dinamiz-E, con la que comparte accionista, la Fundación Solidaria Entre Pueblos, que se ha convertido en el centro de una trama de captación de fondos de cooperación de la Generalitat Valenciana. Las dos empresas que están detrás de la Fundación Entre Pueblos han cobrado facturas a diversas ONG y fundaciones en proyectos de cooperación de la Generalitat, pero también han cobrado de otras instituciones valencianas. Así, la Diputación de Valencia, que preside Alfonso Rus, pagó una factura de 11.994 euros a Dinamiz-E en mayo de 2008 por el suministro de una licencia de un programa de análisis de datos.

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