jueves, 4 de junio de 2009

TRES HUIDOS POR EL "CASO MALAYA"

J. V. - Málaga

Si hubiera que hacer un escalafón de prófugos de la justicia por el caso Malaya, que investiga la corrupción en el Ayuntamiento marbellí, Carlos Fernández ocuparía la primera posición. Al ex edil del Partido Andalucista no se le ha vuelto a ver, al menos oficialmente, desde que el juez Miguel Ángel Torres, primer instructor del caso, le citó a declarar en verano de 2006.

Operación Malaya
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Un informe de la Unidad de Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional aseguraba que Fernández ha pasado parte de este tiempo en Argentina, aunque ahora vuelve a estar en paradero desconocido. Su posible escondite ha sido objeto de numerosas informaciones que le situaban en Marruecos e incluso en el chalé que sus padres tienen en la urbanización de Cabopino. La Policía sigue buscándole y su defensa insiste en que regresará, "cuando sea el momento".

El ex edil, con al menos una decena de procedimientos pendientes, está acusado de recibir 150.000 euros del ex asesor de urbanismo Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama corrupta. Será procesado, aún en rebeldía, por los delitos continuados de cohecho, prevaricación, delitos contra la ordenación del territorio, malversación y fraude.

La lista continúa con el empresario acusado de cohecho José Manuel Llorca, inmerso en otros procedimientos judiciales como el caso Fórum Filatélico y Ballena Blanca, y que tampoco acudió a la llamada del instructor.

El galerista Alberto Pedronzo, procesado por blanqueo, es el único que ha dado señales de vida después de un año huido. Para equilibrar, el ex edil del Grupo Independiente Liberal (GIL) Javier Lendínez, decidió darse a la fuga en octubre de 2008, justo cuando le tocaba cumplir una condena de nueve meses por una causa urbanística. Hasta final de año no se formalizó la orden de busca y captura.

ELPAÍS.COM

EL HERMANO DE LA EX REGIDORA MARBELLÍ SE ENTREGA TRAS 30 MESES DE FUGA



Juan Antonio Yagüe tiene tres condenas por delitos urbanísticos entre 1995 y 1999

JUANA VIÚDEZ - Málaga

Después de dos años y medio huido de la justicia, Juan Antonio Yagüe decidió la semana pasada que era hora de volver a España. El hermano de la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe, y ex concejal del Grupo Independiente Liberal (GIL) entre 1995 y 1999, se había esfumado de la ciudad en noviembre de 2006, después de que un juez ordenara su ingreso en prisión para cumplir una condena de un año por un delito urbanístico. Desde entonces Juan Antonio Yagüe ha acumulado al menos otras dos condenas por casos similares que totalizan un año y medio más de cárcel.


Marisol Yagüe
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Nacimiento:
1952
Lugar:
(La Línea de la Concepción)

El prófugo voló el viernes desde Venezuela e ingresó directo en prisión

El prófugo ha pasado parte de estos 30 meses en Venezuela, país del que regresó el viernes pasado "con buen ánimo y dispuesto a cumplir con la justicia", según su abogado Ernesto Osuna. "No tenía intención de estar huido indefinidamente, ha regresado después de agotar todos los recursos y porque sabía que tenía que hacerlo", añade el letrado.

Para entregarse, Juan Antonio Yagüe acudió al Consulado español en Caracas y les contó que tenía una orden de busca y captura internacional y quería regresar a España. El agregado del Ministerio del Interior hizo los trámites que le permitieron volar con un salvoconducto y el viernes llegó a Madrid. En el aeropuerto le esperaba la Policía para llevarle a la prisión de Soto del Real.

El ex edil, que no coincidió con su hermana Marisol en ningún gobierno, dejó en la Costa del Sol a su esposa y sus dos hijos, por lo que su defensa solicitará que le trasladen a la cárcel malagueña de Alhaurín de la Torre cuanto antes.

La prisión de Soto del Real ha enviado varios escritos a los juzgados malagueños para que aclaren cuántos asuntos tiene pendientes, informó ayer la agencia Efe. Yagüe fue concejal de Parques y Jardines entre 1995 y 1999. En aquella época votó a favor de licencias urbanísticas en las juntas de gobierno que después han sido objeto de varios procedimientos judiciales. Su abogado no pudo ayer precisar el número de casos que tiene pendientes.

Una semana antes de su huida, el Juzgado de lo Penal número 5 de Málaga había ordenado su ingreso en prisión, junto con otros seis ex ediles del GIL, por una licencia concedida en 1999 a la empresa Proinsa. La autorización permitía construir 150 viviendas en un suelo calificado como zona verde, aunque el proyecto nunca se desarrolló.

Yagüe justificó entonces la espantada a los suyos diciendo que no quería ser un "cabeza de turco" y atribuyó la decisión judicial al "boom urbanístico" derivado del caso Malaya. "Al igual que otros concejales de tercera fila, no tuvo nada que ver con el urbanismo", precisa su abogado. Desde entonces ha sido juzgado en rebeldía por otros dos casos que le han supuesto un año y medio de prisión más.

Por el primero, bautizado Moansa, el juzgado de lo Penal número 2 de Málaga llegó a absolverle junto al ex alcalde Julián Muñoz y a otros seis ediles por autorizar un convenio que recalificaba una zona verde para construir seis viviendas. Sin embargo, la Audiencia de Málaga revocó la sentencia en abril de 2007 y terminó condenándoles a un año de prisión.

En enero de 2008 recibió una nueva pena de seis meses de prisión, junto con el ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y otros cuatro ediles. En esta ocasión fue por conceder en 1997 una licencia a la empresa Incopromar -propiedad del fallecido periodista Antonio Herrero- para construir un edificio en suelo destinado a uso público.

La entrega de José Antonio Yagüe coincide con una denuncia que ha recibido su hermana Marisol por abofetear a un adolescente de 15 años que la llamó "choriza".

ELPAÍS.COM

EL PSOE LLEVA A LA FISCALÍA LA SUPUESTA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP

TRIBUNALES | En esas fechas, se había consumado el 'tamayazo'

La dirección del grupo socialista de la Asamblea ha entregado hoy en la Fiscalía Anticorrupción la información de que dispone sobre la supuesta financiación irregular del PP de Madrid en la campaña de las elecciones autonómicas de octubre de 2003 a través de la fundación Fundescam.

Los socialistas han aportado datos que plantean que hubo aportaciones de empresas a Fundescam entre el 25 de julio y el 11 de agosto de 2003, por un importe superior a 439.000 euros.

En esas fechas, se había consumado el llamado "tamayazo" y se habían convocado unas nuevas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid para el mes de octubre.

Una vez que la fundación del PP Fundescam recibió esas cantidades, procedió a contratar con empresas, entre otras Especial Events -vinculada a la trama Gürtel- gastos producidos y realizados durante la campaña electoral, lo que vulnera la normativa electoral, según ha explicado en la puerta de la Fiscalía la portavoz parlamentaria del PSOE, Maru Menéndez.

Además, los socialistas disponen de una relación de facturas en las que aparecen consignadas cantidades por "concepto real" y por "concepto factura".

Según Menéndez, "todos esos ingresos y gastos no fueron contabilizados en la cuenta electoral del PP rendida ante el Tribunal de Cuentas y la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid", lo que le lleva a pensar que durante ese periodo electoral el PP tuvo una "doble contabilidad".

El grupo socialista ha pedido a la Fiscalía que abra diligencias, por entender que, de confirmarse esos hechos, podrían ser constitutivos de delitos de "tráfico de influencias", "falsedad de documentos", "delito contra la hacienda pública" y "delito electoral", sin perjuicio de "otras responsabilidades penales que pudiera derivarse de la investigación".

La Fiscalía Anticorrupción es la cuarta instancia en la que los socialistas denuncian el caso Fundescam -destapado por el diario "Público"-, después de haberlo llevado en los últimos días al Tribunal de Cuentas, la Inspección de Hacienda y la Junta Electoral Central.

Maru Menéndez ha aseverado que "es hora de que Esperanza Aguirre dé explicaciones" y ha recordado que esta tarde le preguntará en el pleno de la Asamblea por la contratación publica de su Gobierno con las empresas que hicieron esas donaciones a Fundescam.

"Espero que Esperanza Aguirre no haga hoy lo que lleva haciendo durante todos estos días, que es lanzar injurias, calumnias, amenazas y difamaciones, y que de una vez por todas dé las explicaciones que merecen los madrileños y que le corresponde dar como presidenta de la Comunidad de Madrid", ha declarado la portavoz.

ELMUNDO.ES

MATSA FICHÓ A PAULA CHAVES DESPUÉS DE OBTENER TRES LICENCIAS CLAVE DE LA JUNTA

Lo cuenta la empresa matriz en su informe anual















El ex presidente de la Junta, ayer en un acto de la campaña electoral. | Efe

* Obtuvo permisos en enero, abril y junio de 2007 y la contrató en julio

Carlos Segovia | Madrid

La empresa Minas de Aguas Teñidas (Matsa) contrató a Paula Chaves -hija del entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves-, poco después de conseguir tres licencias clave del Ejecutivo regional de Andalucía para explotar su negocio minero.

Según relata Iberian Minerals Corporation, matriz de Matsa, en sus informes anuales a los accionistas, el 12 de enero de 2007 recibió de la Junta andaluza la licencia de obra requerida para la construcción de la planta para extraer mineral. El 24 de abril consiguió que la dirección general de Industria, Energía y Minas de la Junta autorizara ya a Matsa a operar con ella. Y, finalmente, el 25 de junio, Matsa recibió el permiso de la Junta para operar la planta de residuos en su proyecto de zinc y cobre de Aguas Teñidas.

Apenas una semana después de este último, el 2 de julio de 2007, la hija de Chaves se incorporaba formalmente a Matsa "como responsable del departamento jurídico", teniendo entre sus funciones "la gestión y tramitación de incentivos y ayudas y la representación de la sociedad ante cualquier Administración Pública", según la propia empresa minera.

Paula Chaves. | El Mundo

La Junta pidió a Matsa 10 millones de garantía y luego la subvencionó con la misma cantidad

Iberian Minerals asegura en sus informes a los accionistas que la Junta de Andalucía reclamó como contrapartida a los permisos "condiciones normales que la empresa puede cumplir".

Esas condiciones fueron depositar garantías por valor de 10,6 millones de euros para cubrir el impacto social y medioambiental que supondría un eventual cierre de la mina y de la planta de residuos. Iberian Minerals depositó los pagarés el 22 de agosto de 2008. Seis meses después, cuando Paula Chaves ya había sido inscrita como apoderada, Matsa recibió 10 millones de euros de subvención de la Junta como ayuda para desarrollar los proyectos aprobados previamente por la Junta de Andalucía.

Los permisos fueron aprobados por el entonces director general de Industria, Energía y Minas, Jesús Nieto, al que Ecologistas en Acción señala como unos de los culpables de que se produjera el desastre de Boliden en Aznalcóllar. Él ha negado tal responsabilidad.

En junio de 2007 se incorporó como número dos de Nieto la ceutí Eva María Vázquez hasta reemplazarle en mayo de 2008.

La empresa minera llama 'Chavez' al 'presidente del estado de Andalucía'

En sus informes oficiales Iberian Minerals no menciona la denegación de subvenciones por parte del Ministerio de Industria. Sí menciona al entonces presidente de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno, aunque no le llama Manuel Chaves, sino "Manuel Chavez".

Se hace eco de que este "presidente del estado de Andalucía" acudió a la ceremonia de reapertura del proyecto de Aguas Teñidas.

El responsable en el Gobierno central de velar por el cumplimiento del Código de buen Gobierno y de la Ley de Incompatibilidades es actualmente el propio Chaves, al asumir la cartera de Administraciones Públicas.

No obstante, al corresponder la polémica a su etapa autonómica, es la Junta andaluza la encargada de investigar si hubo un comportamiento impropio de su ex presidente.

Su sucesor, José Antonio Griñán, ha defendido la legalidad de toda la tramitación del expediente de Aguas Teñidas y el consejero de Gobernación de la Junta, Luis Pizarro, respaldó ayer a Chaves y aseguró que "ningún político le llega a la suela de los zapatos en honestidad".

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ELMUNDO.ES

DECRETAN LA LIBERTAD DEL EX ALCALDE DE ALCAUCÍN BAJO FIANZA DE 120.000 EUROS


CASO 'ARCOS'

Corrupción urbanística




José Manuel Martín acompañado por dos agentes de la Guardia Civil. | elmundo.es


Efe | Málaga




La jueza del caso 'Arcos' contra la corrupción urbanística ha dictado este jueves un auto de libertad bajo fianza de 120.000 euros para el ex alcalde de Alcaucín José Manuel Martín, elegido por el PSOE y único encarcelado que quedaba por esta causa tras salir de la prisión un arquitecto de Diputación.

Martín fue acusado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación y falsedad documental y dimitió del cargo que ocupaba desde 1991 antes de ir a la cárcel el pasado 3 de marzo.

Fuentes judiciales han informado de la resolución judicial sobre su libertad y desde fuentes de su defensa han apuntado a Efe que la fianza se prestará previsiblemente este viernes.

El ex alcalde imputado fue detenido el pasado 27 de febrero por este caso y se ordenó su ingreso en prisión provisional sin fianza cuatro días después por parte del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 3 de Vélez-Málaga, del que es titular la jueza Irene Urbón.

Ahora tendrá prohibido salir del territorio nacional y deberá comparecer ante la autoridad judicial cuando se le reclame, mientras que el caso continúa bajo secreto sumarial.

Esta operación, que suma más de una veintena de imputados, destapó una trama que presuntamente construía y después legalizaba viviendas en suelo no urbanizable en la sierra malagueña de la comarca de la Axarquía.

Por su parte, el que era jefe adjunto del servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga José Francisco Mora, que ingresó en prisión junto al ex alcalde por su presunta implicación en este caso, quedó también en libertad tras pagar una fianza del mismo importe el mes pasado.

Este técnico fue imputado de los delitos de cohecho, falsedad documental y prevaricación.

La cuantía de estas dos fianzas es similar a la fijada en su momento por la jueza para tres de los empresarios detenidos en esta causa para eludir la prisión.

ELMUNDO.ES

EL EX ALCALDE DE YAIZA EN LIBERTAD CON CARGOS POR PREVARICACIÓN URBANÍSTICA

'OPERACIÓN UNIÓN' | Reyes es ahora concejal de la oposición

Zona acordonada alrededor del Ayuntamiento de Yaiza. | Efe

Efe | Lanzarote

El ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, del Partido Nacionalista de Lanzarote (PNL), ha quedado esta tarde en libertad, sin fianza, imputado por un delito de prevaricación urbanística tras declarar ante el juez que investiga la trama de corrupción de Lanzarote, según el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).

José Francisco Reyes, que es concejal de la oposición en Yaiza, fue detenido hoy por la Guardia Civil en el marco de la "operación Unión" contra una red que cobraba comisiones ilegales a empresarios.

José Francisco Reyes fue alcalde de Yaiza, cuyo ayuntamiento fue registrado por la UCO la semana pasada, durante varias legislaturas, concretamente desde el año 1994 a 2008, en que una moción de censura del PIL y CC le arrebató la alcaldía, y fue sustituido por Glayds Acuña.

ELMUNDO.ES

UN SOBRINO DE LA REINA ES IMPUTADO EN EL "CASO UNIÓN"


El marido de Alexia de Grecia, implicado en la trama de corrupción de Lanzarote









Carlos Morales, a su llegada ayer al juzgado. - EFE
PAZ BERNAL - LAS PALMAS -


El arquitecto Carlos Morales, marido de Alexia de Grecia y sobrino político de la reina Sofía, declaró ayer durante más de cinco horas como imputado en el denominado caso Unión por un delito de tráfico de influencias y otro delito contra la ordenación del territorio.

La declaración tuvo lugar en el cuartel de la Guardia Civil de Costa Teguise ante los agentes de la Unidad Central Operativa, dependencias que abandonó sobre la una de la tarde en el coche de su abogado. El pasado lunes, en el inicio de esta investigación sobre una presunta trama de corrupción urbanística en la isla, la Guardia Civil practicó un registro en el despacho de este arquitecto, situado en Puerto Calero, en el que se requisó abundante documentación.

Según fuentes de la investigación, se trata de averiguar si Carlos Morales resultó favorecido en el Plan de Ordenación Urbana de Arrecife. El arquitecto recibió el encargo del proyecto del Palacio de Congresos.

Carlos Morales lleva instalado profesionalmente en su isla natal en los últimos años y su despacho tiene encargos de proyectos importantes, muchos de ellos relacionados con la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias. Estaba previsto que en la tarde de ayer pasaran por estas mismas dependencias otros dos profesionales con despachos de arquitectos en Lanzarote y cuyas sedes de trabajo también fueron registradas.

El caso Unión investiga una supuesta trama de comisiones ilegales a empresarios en la isla de Lanzarote y se ha saldado hasta el momento con 20 detenidos. El juez que instruye el caso ha decretado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza de siete personas, mientras que ha dejado a otras 13 en libertad, todas ellas con cargos.

Dimas Martín

El principal cerebro de la trama sería Dimas Martín, el máximo dirigente del Partido de Independientes de Lanzarote (PIL), actualmente en la cárcel cumpliendo condena por otro caso. Entre los detenidos también se encuentran destacados socialistas, como Sergio Rodríguez, ex vicepresidente del Cabildo de Lanzarote, en prisión. El también socialista y consejero de Educación, Rubén Pláceres, dimitió esta semana tras ser imputado en la trama.

PÚBLICO.ES