miércoles, 23 de marzo de 2011

EL FISCAL PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA FENOLL POR FRAUDE A HACIENDA

Un concejal del PP oriolano imputado en el 'caso Brugal' se niega declarar

SANTIAGO NAVARRO - Alicante

El fiscal solicita tres años de cárcel para Ángel Fenoll, empresario oriolano afín al PP, por un delito fiscal. En concreto el ministerio público, acusa a Fenoll de defraudar a Hacienda en su declaración de renta de 2004 un total de 217.803 euros. Esta causa, cuyo instructor ya ha decretado juicio oral, es independiente de la investigación del caso Brugal, en cuyo sumario Fenoll ocupa un papel estelar: la policía y el fiscal lo consideran el cabecilla de la supuesta trama corrupta relacionada con las contratas de basura y el urbanismo en la provincia de Alicante.

El fisco le reclama 217.803 euros que ocultó en la declaración de renta

La investigación judicial sobre la nueva causa judicial por la que ha sido procesado Fenoll se remonta a 2004, cuando la Agencia Tributaria descubrió un incremento de patrimonio de 484.007 euros a favor de las empresas Colsur e Inversiones Salabosque, SL, ambas firmas propiedad de Fenoll. Sin embargo, el industrial no incluyó esas ganancias en su declaración del impuesto sobre la renta.

La Agencia Tributaria dio al industrial un plazo de seis meses para que justificara la omisión. Pasado ese plazo, la inspección de Hacienda concluyó que el industrial no aportó la documentación requerida o lo hizo de manera incompleta y puso los hechos en conocimiento de la fiscalía al considerar que podría haber incurrido en un delito fiscal ya que la cuota defrauda era de 217.803 euros.

La instrucción de esta causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 2 de Orihuela. El magistrado ha traslado las diligencias a un Juzgado Lo penal para que fije la vista oral. Además de los tres años de prisión, el fiscal pide para Fenoll una multa de 700.000 euros y que indemnice a Hacienda en la misma cantidad defraudada.

Por otro lado, en la mañana de ayer compareció ante el juez que dirige el caso Brugal, el titular del Juzgado Número 3 de Orihuela, Manuel Abadía, edil del PP del Ayuntamiento de Orihuela, imputado en el sumario. Abadía, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Orihuela, del PP, se negó a declarar ante el juez, que investiga la trama. El edil ha secundó así la estela de su compañero de gobierno Antonio Rodríguez Murcia, responsable de Pedanías, quien el lunes tampoco quiso declarar ante el juez.

Abadía no contestó a las preguntas de las partes, pero sí hizo una exposición en la que se desmarcó de la creación de empresas tapadera encabezadas supuestamente por el industrial Ángel Fenoll para hacerse con la adjudicación de la contrata de residuos del municipio. Abadía también negó que diera información privilegiada del pliego de condiciones a las empresas que lograron el contrato y que hubiera recibido regalos a cambio de esos datos.

La versión ofrecida por Abadía al magistrado contrasta con la realizada días anteriores por otro imputado, Luis Bracho, gerente de la mercantil Sufi. Esta empresa ganó la contrata en unión con otras dos firmas, según la investigación, tapadera de Fenoll. Bracho admitió al juez que antes de la adjudicación del contrato mantuvo dos encuentros con el edil Abadía.

A la salida del juzgado, el concejal aseguró que había declarado y "aclarado" las imputaciones. Sin embargo, una de las acusaciones populares explicó que el concejal no contestó a las preguntas de ninguna de las partes y, en cambio, se le permitió hacer su exposición. El fiscal hizo constar una queja por este proceder, que en su opinión no está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El día 12 de abril declarará ante el juez el tercer concejal de Orihuela imputado en el caso Brugal, Ginés Sánchez Larrosa, responsable del área municipal de Medio Ambiente.

elpaís.com

LA JUEZ DEL CASO DE LOS ERE CRITICA A LA JUNTA SU "FALTA DE COLABORACIÓN" PARA ENTREGAR LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

La juez reprocha al Gobierno andaluz la pasividad ante el "incumplimiento flagrante" de la normativa y el "menoscabo de fondos públicos" que causaba

EFE - Sevilla

La juez que investiga presuntas irregularidades en Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) ha reprochado a la Junta su "falta de colaboración" para entregar los documentos pedidos y su pasividad ante el "incumplimiento flagrante" de la normativa y el "menoscabo de fondos públicos" que causaba.

En dos autos notificados hoy a las partes, a los que ha tenido acceso Efe, la juez de instrucción 6 de Sevilla da a la Intervención General de la Junta un plazo de 48 horas para que entregue un centenar de documentos, entre ellos los presupuestos del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), programas de actuación, auditorías y cuentas anuales.

La juez recoge en su auto que las transferencias de financiación que luego se destinaron a los ERE irregulares se realizaron "prescindiendo de forma absoluta del procedimiento administrativo previsto en la Ley de Hacienda Pública de Andalucía".

Por ello, requiere a la Junta para que informe de las verdaderas razones para no haberlos emitido en el plazo de seis meses, como exige la normativa, máxime cuando la Intervención General alertó sobre ello.

Añade que la Junta debe justificar por qué dicha Intervención General "no requirió la emisión de los citados informes" y, en su caso, por qué no dio cuenta a las consejerías respectivas, más aún cuando en el caso se daban "las circunstancias que, por su importancia, podían ocasionar un importante menoscabo de fondos públicos".

La juez apunta que la falta de dichos informes obligatorios refleja "un evidente e intencionado incumplimiento del Decreto 9/99", teniendo en cuenta que el IFA (hoy agencia IDEA) "ha sido y es una empresa pública sometida a control financiero permanente de la Intervención General de la Junta de Andalucía".

En otro auto notificado hoy y fechado el 11 de marzo, la juez Mercedes Alaya explica que sigue examinando la documentación aportada por la Junta sobre los intrusos en los ERE y la califica como "a todas luces incompleta e insuficiente".

Además, expresa su sorpresa por el hecho de que la Junta señale que en la empresa Saldauto hay tres intrusos pero la documentación recibida recoge ocho, en Surcolor la Junta señala a dos falsos trabajadores pero en el ERE aparecían once y en Hytemasa la Junta solo incluye a una trabajadora irregular pero el atestado de la Policía recoge cuatro.

La juez acuerda además solicitar el organigrama completo de las consejerías de Economía, de Innovación, Presidencia y de la Intervención General de la Junta, junto con las viceconsejerías respectivas.

Además, acuerda unificar la causa abierta por los ERE de la Junta con la ya existente por irregularidades en los ERE de Mercasevilla, dado que ambas apuntan a "la presunta existencia de una trama que tendría por objeto la utilización fraudulenta de Expedientes de Regulación de Empleo y Planes de Jubilación Anticipada con el indiciario conocimiento de la Autoridad Laboral".

No obstante, dada la complejidad de la causa, la magistrada acuerda formar una pieza separada para cada una de las empresas con ERE fraudulentos, que hoy han sido cifradas en 24 por el consejero de Empleo, Manuel Recio.
   
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CALATRAVA RECURRIÓ A CAMPS PARA COBRAR SU PROYECTO EN CASTELLÓN

El arquitecto envió al jefe del Consell copia de sus exigencias

ADOLF BELTRAN - Valencia

En plena polémica con la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana para cobrar los honorarios por el proyecto básico del Centro de Convenciones de Castellón, el arquitecto Santiago Calatrava recurrió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, quien estuvo al tanto de la negociación como consecuencia de la cual el arquitecto cobró 2,7 millones de euros pese a que la empresa pública de la Generalitat dejó constancia de que el proyecto "excedía" todo lo previsto en el contrato original. Así lo constata la documentación, a la que tuvo acceso la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol, del expediente del complejo encargado a Calatrava, ahora paralizado por una sentencia que anula el plan urbanístico en el que debería ubicarse.

Proyectos Temáticos consideró que había una "modificación unilateral"

"Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron", dice Esquerra Unida


La discusión con Calatrava costó el cargo al director general de Grandes Proyectos, José Luis Villanueva, y al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos, Eusebio Monzó, que fueron sustituidos en agosto de 2009 por Cristina Morató y Nicolás Figueras, respectivamente, cuando la polémica con el arquitecto alcanzaba el máximo de intensidad.

La correspondencia entre la oficina o los abogados de Calatrava y la Sociedad Proyectos Temáticos o la Consejería de Economía y Hacienda, reflejada en 13 cartas, arranca en diciembre de 2008, cuando el director general de la empresa pública, Eusebio Monzó, comunica al responsable de la oficina de Calatrava en Valencia, Fernando Benzo, que el proyecto básico presentado por el arquitecto unos días antes supone "una modificación unilateral" del contrato que no cuenta con el visto bueno de la Generalitat. A partir de ahí, y hasta finales de febrero de 2009, se produce un cruce de cartas en las que ambas partes reiteran sus posiciones. Cuando el representante de Calatrava exige el 12 de febrero de 2009 a José Luis Villanueva que "se hagan las gestiones oportunas para el pago pendiente de 1,35 millones de euros" (el arquitecto había cobrado ya una cantidad similar al firmarse el contrato, en diciembre de 2007), anota que ha enviado copia al director general de la Sociedad Proyectos Temáticos y al "molt honorable señor don Francisco Camps".

Tras la sustitución en agosto de Villanueva y Monzó, es Manuel Alcaide quien escribe el 3 de septiembre en nombre del despacho de Calatrava al consejero de Economía, Gerardo Camps, con copia a Francisco Camps y al también vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla.En esta carta de la que tienen conocimiento Francisco Camps y dos de sus vicepresidentes, el despacho de Calatrava atribuye a la dirección de la Sociedad Proyectos Temáticos, en ese momento ya relevada, una "interpretación errónea" del contrato y de "la negociación del mismo con Luis Lobón", que fue director general de Grandes Proyectos y hoy es secretario autonómico de Empleo. Según el arquitecto, el coste de 60 millones reflejado en el contrato "se acordó de común acuerdo". Para justificar el aumento de las dimensiones y los costes del proyecto, Calatrava atribuye al Ayuntamiento de Castellón, que preside Alberto Fabra, un "aumento del programa" que implicaba pasar de 16.000 metros cuadrados de superficie construida a 62.000 metros cuadrados. Al final, tras una negociación, se deja, según la oficina de Calatrava, en 48.240 metros cuadrados, lo que implica un "lógico aumento de costes".

"Entendemos que los continuos cambios entre los representantes de la propiedad", alega el despacho del arquitecto, en alusión a los responsables de la Sociedad Proyectos Temáticos, "pueden haber contribuido a difuminar los objetivos y las prioridades relativas a este proyecto que nos han conducido a esta situación". A lo largo de las semanas siguientes, Calatrava insiste en sus reclamaciones, hasta que el 11 de noviembre de 2009 sus abogados advierten al nuevo director de la Sociedad Proyectos Temáticos, Nicolás Figueras, que han recibido el encargo de actuar judicialmente contra la empresa de la Generalitat. "Nos dirigimos a usted, por última vez, para evitar tener que recurrir a los tribunales", amenazan.

Cinco días después, los abogados de la empresa pública comunican por burofax a los abogados de Calatrava que se le abonarán los 1,35 millones de euros, pero puntualizan que consideran que el arquitecto ha incumplido las previsiones del contrato original y añaden que los pagos responden a la "voluntad de entendimiento" con Calatrava. Todavía envían dos días después a la Sociedad Proyectos Temáticos otra carta los abogados del arquitecto en la que advierten que se niega a aceptar objeción alguna a su proyecto mientras no se le paguen los honorarios.

Esquerra Unida ha comparado el proceso de este encargo a Calatrava, por el que ha cobrado 2,7 millones pese a incumplir el contrato, con el caso Palma Arena, en el que están imputados el ex presidente balear Jaume Matas y el propio arquitecto valenciano. La formación de izquierda presentará esta semana ante la fiscalía una denuncia sobre el Centro de Convenciones de Castellón y otros dos proyectos de Calatrava que ha cobrado y están paralizados.

La documentación del expediente "evidencia que los consejeros Camps y Rambla y el propio presidente de la Generalitat eran conocedores de las exigencias del arquitecto pese a su incumplimiento del contrato", señaló ayer la portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz. "Queremos saber qué gestiones políticas se hicieron por encima de los directores generales para que Calatrava cobrara indebidamente 1,35 millones de euros".
   

"CASO IBATUR"; JAVIER CASES DEFIENDE ANTE EL JUEZ EL PATROCINIO DEL MALLORCA CLASSIC

* Señala que Flaquer le ordenó darle forma jurídica al proyecto
* Eduardo Gamero niega cualquier tipo de participación en el convenio

Europa Press | Palma

El que fuera secretario general técnico de la Conselleria de Turismo en la pasada legislatura del PP, Javier Cases, ha defendido ante el juez instructor del caso Ibatur la forma como se tramitó desde el Govern el patrocinio del torneo de golf Mallorca Classic, que se encuentra bajo investigación judicial a raíz de las numerosas facturas halladas sin justificar relativas a este convenio, al que el Ejecutivo autonómico destinó cerca de 17 millones de euros.

Durante su comparecencia en calidad de testigo ante el titular del Juzgado de Instrucción número 2, Juan Ignacio Lope Sola, Cases ha aseverado que su intervención en el convenio de patrocinio se limitó a comprobar que esta fórmula estaba "correcta desde el punto de vista jurídico" y adaptarlo desde el punto de vista promocional a las instrucciones recibidas por parte del ex conseller de Turismo, Joan Flaquer.

Tal y como ha apuntado en su comparecencia, tuvo noticia del convenio cuando le llamó el entonces director general de Promoción Turística, Eduardo Gamero, en cuyo despacho conoció al gerente de Pula Golf -donde se celebró el torneo-, Romeo Sala, quien llevó el borrador del convenio y fue quien "principalmente dio las explicaciones". Es más, ha señalado que las cantidades "venían en la propuesta" aunque ha defendido que "se hizo a precio de mercado". "No era mi cometido comprobar las cantidades", ha precisado al respecto.

En cualquier caso, ha aseverado que los objetivos del patrocinio, dirigido a promocionar Mallorca, se cumplieron "sobradamente". En concreto, las cantidades que el Instituto Balear de Turismo (Ibatur), dependiente de la Conselleria, destinó a este convenio fueron 1,1 millones en 2003, 2,3 millones en 2004, 3,4 millones en 2005, y 4,6 millones de euros tanto en 2006 como en 2007, invertidas en el patrocinio del Mallorca Classic, cuya organización corrió a cargo de las empresas Match Golf Consulting y Real Pula Golf, vinculadas a Sala.

Por su parte, también este miércoles ha sido interrogado como testigo Eduardo Gamero, quien ha negado haber participado en el convenio como tampoco ha afirmado recordar si llamó a Cases para hablar del torneo. "Puede que le llamara, pero de ninguna forma he participado en el convenio", ha espetado en este sentido el ex director general, quien ha asegurado que nunca habló con Flaquer de este patrocinio. "El conseller no me informaba de las líneas maestras, mi función era la representación institucional", ha remarcado.

Cabe recordar que a Romeo Sala se le investiga además por haber beneficiado, como compensación por este supuesto trato de favor, a la ex vicepresidenta del Govern, Rosa Estaràs, al ex presidente Jaume Matas, al ex presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, y a otra decena de ex altos cargos 'populares' con invitaciones en uno de sus hoteles cuyo valor total ascendería a al menos 35.676 euros.

En concreto, un oficio de la Policía Nacional remitido a esta compleja causa, al que tuvo Europa Press, revela de forma minuciosa las cantidades que el establecimiento no habría facturado a los anteriores invitados entre 2004 y 2010 y que la Policía estima que serían aún más elevadas si se suman los servicios extras. Es más, los investigadores apuntan a que en el listado de clientes alojados aparecen otros con la leyenda 'invitados Romeo', lo que obedecería a un "deseo de ocultar su verdadera identidad" por poder tratarse de personas de "mayor calado político" que los anteriores.


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"CASO PALMA ARENA"; MATAS NO QUIERE COMPARECER PORQUE "NO TIENE NADA QUE DECIR" Y EL JUEZ SUSPENDE LA CITACIÓN

Por contratar a 'dedo' a Alemany

* 'Matas ya respondió todo tipo de preguntas sobre su relación con Alemany'
* Castro da por concluida la investigación y la traslada a la Fiscalía

Esteban Urreiztieta| Eduardo Colom | Palma

El abogado defensor del ex presidente del Govern, Jaume Matas, ha presentado un escrito ante el juzgado solicitando la anulación de la comparecencia de su defendido este jueves por una pieza del caso Palma Arena. El juez instructor ha aceptado los argumentos que esgrime el ex ministro y ha suspendido la citación.

El Magistrado ha dictado además dos autos. En uno de ellos rechaza la petición de nuevas pruebas solicitadas por una de las partes. El otro auto es el de conversión de las diligencias previas en procedimiento abreviado, resolución judicial que ya adoptó el Juez la pasada semana, para después anularla para tomar de nuevo declaración a Matas sobre un punto concreto de los hechos investigados.
 
El Magistrado da por concluida la investigación
En este último auto, el Magistrado da por concluida la investigación y traslada el procedimiento a la Fiscalía y a la abogacía de la Comunidad Autónoma para que formulen o no acusación. En la resolución, el Magistrado considera que existen indicios de delito contra el ex president del Govern y otras cinco personas.

En concreto, se investiga la contratación 'a dedo' del periodista Antonio Alemany por algo menos de 11.550 euros que le fueron abonados a Alemany para la elaboración de entrevistas y reportajes para su posterior publicación en la prensa deportiva nacional. Un trabajo que, de acuerdo con las pesquisas, no fue finalmente realizado.

Según la defensa del ex ministro de Medio Ambiente, "Matas ya respondió todo tipo de preguntas al respecto de su relación con Alemany sus distintas empresas", ya se refirió, por extensión, al 'contrato menor', cuya existencia, asegura que desconocía.

Asimismo recuerda que "Don Jaime Matas permanece -como es su deber- a la plena disposición del Juzgado; y que renuncia al planteamiento de cualquier nulidad de actuaciones por falta de la declaración de referencia".

En concreto, el ex líder del PP había sido sido citado después de que la Fiscalía recurriese el auto dirigido a transformar las diligencias previas de la pieza número 2 del caso a procedimiento abreviado, al entender que Matas no había sido interrogado sobre este contrato menor, sobre el que hacía mención la resolución judicial que ha quedado sin efecto.
 
Un trabajo que nunca se llegó a realizar
Cabe recordar que el auto dictado la pasada semana por el juez José Castro señalaba que el importe de 11.500 euros habría sido adjudicado a la empresa de Alemany Consultores de Información de Baleares, tras ser cursado por el entonces director general de Comunicación, Joan Martorell -también imputado-, advertido por Matas de que "a lo que el señor Alemany pida, no se le pongan pegas". Un contrato, proseguía, "de por sí carente de todo control" cuyo importe fue transferido a la cuenta corriente del periodista.

Todo ello a pesar de que, continuaba el instructor, "a día de hoy se desconoce de qué entrevistas y reportajes se trata ya que no existe la menor constancia de que el objeto del contrato se haya realizado, igual que se ignora en qué medios de la prensa deportiva nacional".

En una contundente resolución, el magistrado apuntaba a Matas como el impulsor de la contratación de Alemany, al que hacía referencia como su "asesor político en la sombra y fervoroso cronista de todas sus intervenciones", con el objetivo aparente de que asesorase al entonces jefe del Ejecutivo, al tiempo que lo señalaba como la persona que propuso adjudicar este contrato a la agencia de comunicación Nimbus -investigada por mediar en una financiación presuntamente irregular del PP-, a fin de simular la contratación directa de Alemany por 110.200 euros entre los años 2003 y 2005, informa Europa Press.

El auto aludía así a la supuesta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento oficial y mercantil y fraude a la administración. De forma paralela, la resolución hacía referencia a los 272.243 euros concedidos por el Govern aparentemente para la creación de la Agencia Balear de Noticias (ABN), perteneciente a Alemany, pese a que en realidad habrían sido invertidos en la creación de un digital -Libertad Balear- proclive a la acción del Govern.

Se trataba de la primera vez que una pieza de este caso había llegado al final de su instrucción, como primer paso para que Matas, Alemany y otros imputados de este fleco se sentasen en el banquillo de los acusados. La causa investiga un presunto desvío de más de cincuenta millones de euros durante la construcción del velódromo Palma Arena (2005-2007) y su posible conexión con un enriquecimiento ilícito del ex presidente 'popular' así como con la supuesta financiación ilegal del PP.


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"CASO PEAJE"; FIANZA CIVIL DE 600.000 EUROS PARA FRANCISCO OREJUDO Y OTROS CUATRO IMPUTADOS

Disponen de un plazo de 24 horas

* Se investiga un presunto desvío de fondos en la carretera de Manacor

Europa Press | Palma

La titular del Juzgado de Instrucción número 5, Ana San José, ha decretado una fianza de responsabilidad civil que asciende a un total de 600.000 euros para el ex ingeniero jefe de Carreteras, Francisco Orejudo, y otros cuatro imputados del caso Peaje, que investiga un presunto desvío de fondos públicos durante la ejecución del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor así como la supuesta utilización a nivel particular de materiales destinados a estos trabajos.

Así lo han informado fuentes jurídicas, que han precisado que esta caución también ha sido impuesta a la compañera sentimental de Orejudo, Mónica Florit, los constructores Bartomeu y Sebastià Cloquell, y el jefe de producción de la UTE que se encargó del desdoblamiento de la antigua C-715, Javier Navarro, quienes deberán hacer frente de forma conjunta a esta cantidad a fin de garantizar las responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de su presunta implicación en los hechos investigados.

Para ello, disponen de un plazo de 24 horas y, en caso de que no puedan abonar la fianza en este periodo de tiempo, se les requerirá que designen sus bienes hasta cubrir la cantidad fijada por la magistrada para que puedan quedar posteriormente embargados, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 597 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Precisamente, estos cinco encausados aparecen presuntamente implicados en el levantamiento de una vivienda como templo de meditación de la asociación Pachi Tanglang en Búger y que presuntamente fue construida con fondos públicos sobre un terreno propiedad de Florit. Sin embargo, los imputados de la causa niegan este desvío de dinero y defienden que la instalación fue construida mediante las donaciones de los socios, cuyo importe asciende a 300.000 euros


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"CASO MALAYA"; GARDOQUI: "SÓLO SUPE DE IRREGULARIDADES URBANÍSTICAS CUANDO COMPRÉ MI CASA"

Salvador Gardoqui durante su declaración en el juicio. | A. Pastor
Contable de Roca

José Carlos Villanueva | Málaga

La declaración de Salvador Gardoqui, contable y testaferro de Juan Antonio Roca, ha continuado este miércoles ante el fiscal del juicio por el caso 'Malaya', Juan Carlos López Caballero.

En el marco de sus sorprendentes afirmaciones el hombre de paja del principal acusado ha dicho que "nunca" supo de irregularidad alguna en el urbanismo municipal marbellí, dirigido por el entonces gerente de la sociedad municipal Planeamiento 2000 S.L., Juan Antonio Roca, considerado su jefe directo, aunque le define como "cliente".

A pesar de que llegó a Marbella en 1998 y fue detenido a finales de marzo de 2006, en la primera fase de la operación 'Malaya', Gardoqui ha asegurado, a preguntas del fiscal, que sólo tuvo conocimiento de ilegalidades urbanísticas "cuando compré mi casa". Todo ello en alusión a que se trataba de una de las miles de viviendas fuera de la legalidad en el famoso PGOU de Jesús Gil que nunca fue aprobado.

Tal y como hizo en el comienzo de su declaración del martes, este abogado, acusado de un delito continuado de blanqueo de capitales y falsedad documental, ha insistido en que no sabía a qué obedecían las anotaciones que la Policía le incautó: "Yo era un mero amanuense y nunca le preguntaba nada a Roca, trasladaba a un fichero unos datos que me daba él, los apuntaba y me desentendía".

De hecho, el administrador único de Maras Asesores S.L., la empresa donde se halló toda la contabilidad secreta de Roca, una prueba valiosísima para sostener la acusación, sostiene que "sólo dedicaba 15 minutos al mes a hacer esos apuntes".

"No conozco a ningún empresario, ni a ningún concejal, no conozco a nadie, me es imposible saber si aportaban cantidades a Roca", o el ex asesor urbanístico pagaba sobres a ediles.

Esta es la nueva versión de Gardoqui, después de haber aportado minuciosos detalles, durante la instrucción, sobre los pagos entregados y recibidos en Maras Asesores. Aquella declaración, no corroborada ahora, fue claramente incriminatoria, no sólo para el principal acusado sino para otros muchos que se sientan en el banquillo.

Al ser preguntado sobre a qué obedece ahora el cambio de versión, el contable sostiene que hizo tales confesiones al entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres, "porque le dije lo que él quería oír, para evitar ir a la cárcel".

Uno de los letrados defensores ha querido sembrar la duda sobre los apuntes atribuidos a Gardoqui. Él ha concretado que no tenía copia de seguridad, así como que no tenía forma alguna de comprobar si las anotaciones son las que él escribió.

Por otro lado, el abogado de la Junta de Andalucía se ha interesado en conocer si el contable pagaba los numerosos y costosos relojes adquiridos por Roca, tal y como declaró Sabino Falconieri, el proveedor también acusado. Gardoqui lo ha negado.

A pesar de todos los detalles que ofreció al juez tras su detención, el administrador de Maras asegura ahora que nunca le llamó la atención, ni le pareció que se tratara de ocultar algo, cuando Roca le ordenaba apuntar acrónimos e iniciales de personas que presuntamente entregaron o recibieron dinero.
 
Gonzalo Astorqui
También ha prestado declaración este miércoles el economista Gonzalo Astorqui, ex administrador de la empresa inmobiliaria Masdevallía S.L. y también considerado testaferro de Roca desde finales de 2004.

Ha negado que fuese a hacerse cargo de la contabilidad de las empresas del ex asesor urbanístico, en sustitución del abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Astorqui, que afronta 4 años de prisión y 100 millones de euros de multa ha negado haber conocido la detención de Roca por el caso 'Saqueo 1', en 2002: "Yo sólo leía prensa económica y supe algo de Gil, pero Roca no era nadie en Madrid".

Tres años antes, en octubre de 1999, EL MUNDO había destapado el desvío de 24 millones de las arcas públicas de Marbella a cuentas privadas. Gil y Roca eran los protagonistas de aquellas portadas a nivel nacional que pasaron desapercibidas para Astorqui.

LA JUNTA DETECTA QUE 72 INTRUSOS EN LOS ERE AMAÑADOS HAN DEFRAUDADO 9 MILLONES

El número total de incidencias se eleva a 183 casos

* El 61,7 por 100 de los expedientes de prejubilaciones tenía irregularidades
* Las 'discordancias administativas' se refieren a defectos en el trámite
* Los 72 intrusos son personas por completo ajenas a la actividad laboral

Europa Press | Sevilla

La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía ha detectado 72 personas "ajenas" que habrían defraudado nueve millones de euros y otras 111 que presentan "discordancias administrativas" al cierre de la investigación interna sobre las irregularidades detectadas en la gestión de fondos públicos destinados a financiar las pólizas de trabajadores de empresas en las que se han llevado a cabo expedientes de regulación de empleo (ERE).

Así lo ha avanzado este miércoles en declaraciones a los periodistas en Sevilla el titular de este departamento, Manuel Recio, que ha destacado que la investigación ha afectado a 5.982 trabajadores beneficiarios de ayudas de la Junta de Andalucía, de los que 5.799 (el 96,94 por ciento) "no presentan ninguna irregularidad", y a 68 empresas, de las que 24 presentaban trabajadores "ajenos" y 18 discordancias administrativas.

Es decir, que 42 de los 68 expedientes administrativos incluían irregularidades, lo que representa una proporción del 61,7 por 100 de los casos.

Reclamación de cantidad
El consejero ha precisado que los intrusos deberán dar explicaciones ante la Consejería de Empleo sobre las causas de su inclusión y espera incluso que "algunos de esos casos se puedan explicar y finalmente no haya problemas" y ha reiterado que va a tratar de recuperar esos nueve millones "para que sean utilizadas en los objetivos que se pretendían".

En ese sentido, ha explicado que una vez terminada la investigación se dará audiencia a los 72 'intrusos' detectados para que aporten información que "nos hagan salir de dudas" y después se empezará a "no abonarse nada y recuperar lo que hasta ahora hubiera podido pagarse, reclamándolo por la vía administrativa", para lo cual existen "garantías" para recuperar lo abonado, "propias de las atribuciones de la Administración".

Tras recordar que las pólizas investigadas están vivas por tanto están en proceso de cobro, el consejero ha indicado, sobre la posibilidad de investigar los ERE ya cerrados, que "si se detecta alguna incidencia" en esos ERE "se actuará como siempre, investigando y poniéndolo en conocimiento de la Justicia", pero ha precisado que "en principio" no tiene "ningún indicio de que en esos ERE 'muertos' haya ningún tipo de irregularidad".

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