sábado, 22 de octubre de 2011

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL DIRECTOR DEL IGAPE IMPUTADO AFIRMA QUE NO VOLVERÁ A OCUPAR EL CARGO

El director del Igape- PEDRO AGRELO
El empresario Jorge Dorribo declara por cuarta vez en los juzgados de Lugo

PEPE SEIJO - Lugo

El todavía director del Igape, Joaquín Varela, apartado provisionalmente del organismo de la Consellería de Industria después de ser imputado en la Operación Campeón, no volverá a la Administración pública. Lo anunció ayer, tras prestar declaración ante la juez Estela San José en el Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo. No fue el único en declarar: el empresario Jorge Dorribo, que ha llegado a implicar al ministro de Fomento en un cobro ilegal de comisiones, también acudió ayer a los juzgados de la Praza de Avilés. Dorribo está acusado de dirigir una trama para el cobro fraudulento de subvenciones públicas. Fue el mismo día en que unas 500 personas desfilaron por la ciudad en apoyo a la magistrada San José y a la juez Pilar de Lara, que en el Juzgado número 1 de la ciudad instruye el Caso Carioca por una red de prostitución.

"Mi colaboración es absoluta porque quiero que acabe pronto", dice Varela

Unas 500 personas se manifiestan en apoyo de las juezas San José y Lara


Antes de Varela, fue Dorribo quien presentó su versión de los hechos ante San José. A las nueve de la mañana llegaba a la sede judicial acompañado del abogado Ignacio Peláez, que lleva la defensa, además, de varios acusados en la trama Gürtel. Dos horas más tarde abandonaban el lugar esquivando a los periodistas. Diversos testigos afirman haber visto al empresario entrar en un notario ubicado en el centro de la ciudad alrededor de las seis y media de la tarde del pasado jueves.

Pero a las puertas de los juzgados no solo se esperaba a Dorribo. Joaquín Varela salía del edificio hora y media después del empresario. Acompañado de su esposa, este sí ofreció explicaciones. "Entré tranquilo y salgo tranquilo", adujo, antes de insistir en que se siente "inocente". El hasta ahora responsable del instituto de crédito de la Xunta compareció durante media hora en su segunda declaración. La primera se produjo en mayo, cuando agentes de la policía nacional lo detuvieron en la sede del organismo en Santiago. "He sido citado para aclarar ciertas dudas que podrían tener en el juzgado", se extendió, "por mi parte les he facilitado toda la información que se me requirió y he mostrado toda la información y mi disposición a colaborar al máximo con la justicia". "Mi colaboración es absoluta, porque deseo de que todo el proceso dure lo menos posible", añadió. Joaquín Varela acabó explicando que el proceso que comenzó en mayo con su arresto le está suponiendo "un coste muy importante desde un punto de vista familiar y personal". También anunció que no regresará a su puesto del Igape, a pesar de que la Xunta no ha aclarado todavía el futuro de la institución y de que solo está suspendido del cargo de forma temporal.

Otro de los imputados en el caso por las acusaciones de Dorribo, el ex conselleiro de Industria por el BNG Fernando Blanco, presentó ayer un escrito en el juzgado en el que pide que le llamen a declarar y que se levante el secreto del sumario. Blanco se queja de que está sometido a un juicio paralelo, después de que el diario El Mundo difundiese las acusaciones de Dorribo contra él.

Horas después de la juez acabase su trabajo, una marcha convocada por la recién creada Plataforma contra la Corrupción y en defensa de la Justicia recorría las calles de Lugo. Los promotores, miembros de agrupaciones como la Asocación en Defensa do Parque Rosalía, protestan porque, a su juicio, las magistradas San José y De Lara sufren presiones a la hora de desempañar su labor.

"Viva la justicia y vivan las juezas", se desgañitaba por el megáfono el portavoz Marcos Bourio. Y entre aplausos, tarjetas rojas y silbatos remataba la manifestación, que incluyó una parada incluida ante la casa consistorial. A la marcha se adhirieron representantes de fuerzas minoritarias tan alejadas entre sí como Unificación Comunista de España o el histórico exdirigente del Partido Galeguista Ramón González. Ayer, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia emitió un comunicado en el que respaldaba a las juezas pero criticaba la marcha y alegaba que los magistrados tienen mecanismos propios de protección.


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EL JUEZ RECHAZA TRAMITAR EL ENÉSIMO RECURSO PRESENTADO POR CAMPS EN LA "CAUSA DE LOS TRAJES"

El expresidente pretendía que el tribunal revisase la negativa a que el caso fuera trasladado al Tribunal Supremo

IGNACIO ZAFRA - Valencia

El tiempo de los recursos en la llamada causa de los trajes se ha agotado, aunque el expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se resiste a aceptarlo. Juan Climent, magistrado presidente del tribunal del jurado que debe juzgarlo, rechazó en un auto conocido hoy tramitar el último de las decenas de recursos presentados por Camps a lo largo del procedimiento.

El expresidente, acusado de aceptar regalos de la trama corrupta Gürtel, pretendía que la sala revisase la decisión de Climent de rechazar su pretensión de que el caso fuese trasladado al Tribunal Supremo para evitar el juicio con jurado señalado para el 12 de diciembre.

El juez ya había indicado en el auto que Camps pretendía discutir que contra el mismo no cabía recurso. Y en su nueva resolución se reafirma: "No estando previsto expresamente por la ley la interposición del recurso de apelación en este caso, pues el auto que se pretende impugnar no viene dictado por el magistrado presidente del tribunal del jurado constituido en el ámbito de la Audiencia Provincial, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal no cabe admitir el recurso interpuesto".

El procedimiento contra Camps se inició a principios de 2009. Su táctica procesal de interponer de recursos contra casi todas las decisiones que fue adoptando el juez instructor del caso, José Flors, así como el archivo del procedimiento dictado en su día por el Tribunal Superior de Justicia valenciano, revocado más tarde por el Tribunal Supremo, permitieron al expresidente presentarse a las últimas elecciones autonómicas sin haberse sentado en el banquillo. Ese mismo tacticismo le ha permitido igualmente retrasar el juicio hasta después de las elecciones generales.

Camps está acusado de haber aceptado unos 14.000 euros en regalos de la red Gürtel, que según la Fiscalía Anticorrupción se dedicaba paralelamente a rapiñar las arcas públicas valencianas. Junto al expresidente será juzgado Ricardo Costa, ex secretario general del PPCV y exportavoz de su partido en las Cortes valencianas. Tanto Camps como Costa siguen siendo, no obstante, diputados autonómicos. Climent ha dictado otros dos autos en los que ordena la ejecución de las penas de multa de los otros dos acusados en la causa, que confesaron los hechos en julio y ya han sido condenados. El juez señala que el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Víctor Campos, ha consignado ya los 9.600 euros a los que fue condenado; los 5.529 euros que equivalen al precio de las prendas de vestir que aceptó de la trama mafiosa, y le insta a abonar igualmente los 11.666 euros a los que fue condenado en concepto de pago de las costas.

En total, 26.795 euros. Climent recuerda que Betoret solo ha consignado hasta ahora los 9.600 euros de la pena de multa a la que fue condenado, pero no los 13.499 euros que debía pagar por el valor de los trajes y otras prendas que aceptó de Gürtel. En caso de no hacerlo, advierte el juez, le serán descontados del aval de 55.000 euros que depositó ante el tribunal.
   
Más información:
* Personaje: Francisco Camps Ortiz
* Tema: Caso Gürtel


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