lunes, 9 de abril de 2012

"CASO MALAYA"; LA POLICÍA DICE QUE FINCAS MUNICIPALES SE MINUSVALORARON Y SE LAS QUEDÓ ROCA

Reanudación del juicio


Europa Press | Málaga

Una de las investigadoras del caso 'Malaya' ha asegurado este lunes, en la reanudación del juicio, que les llamó la atención que fincas municipales se minusvaloraron conforme fueron pasando por distintas sociedades y ha señalado cómo finalmente aparecen asociadas a empresas del presunto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca.

La agente, perteneciente a uno de los grupos de Blanqueo de la Policía Judicial de Madrid, ha ratificado un informe policial elaborado en mayo de 2007 y contenido en la causa, en el que se analizan las relaciones comerciales de Roca y fundamentalmente los empresarios acusados Andrés Liétor y Carlos Sánchez, a través de la operación llamada 'Pueblo Andaluz'.

Según ha indicado, a preguntas del fiscal Anticorrupción, se vio el sucesivo traspaso de dos fincas, con las que el Ayuntamiento de Marbella convenia. Así, la primera parcela parte con un valor de 102.172 euros y luego, a través de una permuta, pasa a otra sociedad, que la vende a una tercera, vinculada a Roca, por 48.080 euros. Ocurre lo mismo con la segunda finca.

La agente ha aseverado que le llamó la atención esa operativa, aunque ha añadido que también se vio la dinámica inversa. Además, ha apuntado a que se intervinieron faxes sobre el desarrollo urbanístico de las parcelas, indicando que la última venta "está condicionada" a la concesión de la edificabilidad prevista en la revisión del planeamiento.

Documentos
Ha indicado que este informe se realizó, bajo la supervisión del jefe de grupo, que ya declaró en el juicio, con documentos extraídos en registros de la propiedad, mercantiles, archivos informáticos, documentación embridada que fue intervenida a lo largo de la investigación y también las declaraciones de los entonces imputados, algo por lo que ha sido cuestionada por la defensa de Roca.

Otros letrados, en especial la del empresario Andrés Liétor, le han preguntado por si analizó otra documentación distinta, contestando la agente que en todos los casos se ha especificado en el informe los documentos que se utilizaron para la elaboración. Ha indicado que con indicios se fueron realizando las diferentes hipótesis para la investigación.

También han declarado al menos ocho agentes que intervinieron en registros en domicilios u oficinas relacionadas con los detenidos. Las defensas les han cuestionado por cómo se intervinieron los documentos, tanto en papel como informáticos, y la forma en la que fueron precintados y enviados a los investigadores o al propio juzgado instructor.

Entre los testigos, ha comparecido uno de los expertos en informática de la Policía, quien ha dicho no recordar los registros en los que participó y ha señalado que el secretario judicial estaba presente y decía lo que había que hacer, aunque ha explicado que cuando veía algo de interés, se informaba a los investigadores y se procedía a precintarlos.

Ha indicado que en algunos casos se extraía la documentación de los ordenadores y en otros, directamente se trasladaba el propio aparato a dependencias judiciales. Preguntado por si inició la cadena de custodia, ha dicho desconocer "cómo se tiene que hacer" ésta, ni a qué se estaba refiriendo la letrada al preguntarle por el protocolo de actuación, apuntando que los objetos "se precintan".

Además

"TRAMA DE LOS ERE"; LA JUEZ MANTIENE EN PRISIÓN A GUERRERO "PORQUE SU FUGA PODRÍA BENEFICIAR A MUCHOS"


No descarta que la investigación 'suba peldaños'
La juez ve probable 'que sea condenado a penas extraordinariamente elevadas'
Alaya podría imputarles nuevos delitos por la declaración de su chófer

Efe | Sevilla

La juez Mercedes Alaya, que investiga los ERE irregulares pagados por la Junta de Andalucía, ha confirmado la prisión sin fianza para Francisco Javier Guerrero, ex director general de Trabajo de la Junta, por la "impresionante gravedad" de los hechos que se le imputan y la posibilidad de que se amplíen a otros delitos como haber recibido sobornos.

La juez Mercedes Alaya, en un auto al que ha tenido acceso Efe, no descarta que la investigación pueda "subir peldaños" entre los colaboradores "de importancia, dentro y fuera de la administración" que Guerrero tuvo a lo largo de sus nueve años en el cargo, pues aún queda por examinar mucha documentación sobre la "prolongada actividad delictiva cometida en el seno de esta administración autonómica".

Guerrero está encarcelado desde el pasado 9 de marzo por delitos de malversación, cohecho, prevaricación, dos de falsedad en documentos mercantil y uno de falsedad en documento oficial.

El auto afirma que, tras la declaración de su ex chófer, Juan Francisco Trujillo, encarcelado también el 22 de marzo, "se han extendido considerablemente" los delitos que se le pueden imputar, como haber recibido sobornos de las mediadoras en los ERE y haber participado en facturas falsas.

Según Alaya, Guerrero, por sí solo o en connivencia con otros, "habría manejado de forma absolutamente arbitraria los fondos públicos, en beneficio de terceros o del suyo propio, actuando con total desprecio al derecho y a los más elementales principios de la gestión pública".

Riesgo de fuga
Considera que existe riesgo de que Guerrero intente fugarse si queda libre, dada la "impresionante gravedad" de los delitos que se le imputan y la "alta probabilidad de que resulte condenado a penas extraordinariamente elevadas".

El arraigo familiar que alegó su defensa "no evitaría el riesgo de fuga, pues su familia podría seguirle adonde él decidiera marcharse, "sobre todo teniendo en cuenta la corta edad de su hija".

Ante el maremágnum de documentación que baraja el juzgado, pueden abrirse nuevas líneas de investigación que "incrementarían su indiciaria responsabilidad", dice otro párrafo del auto.

Añade que "otros personajes de esta gran trama" podrían seguir a Guerrero como imputado cuando el ex director general sea interrogado por otras ramas de la investigación, por lo que su fuga "podría beneficiar a muchos, riesgo que debe ser valorado sobre todo a la vista de las presuntas entregas de dinero que este imputado recibió ilícitamente en el ejercicio de su cargo".

No es cierto, como afirma la defensa, que los futuros implicados serían "personas de perfil más bajo", pues según la juez "el nivel de la presente instrucción se mide por el grado de conocimiento" del testigo o imputado, y no "por la categoría profesional o política que posean".

La juez, que ha imputado hasta ahora a medio centenar de "intrusos" en los ERE, tiene citado como imputado al ex consejero de Empleo Antonio Fernández el próximo 18 de abril y ha imputado, entre otros, al ex viceconsejero Agustín Barberá y a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, actual titular en funciones.

EL ALCALDE DE SANTIAGO ADMITE UNA DEUDA CON HACIENDA PERO NIEGA EL FRAUDE FISCAL


El alcalde de Santiago, en una imagen de archivo. | Lavandeira
GALICIA | No pagó 291.000 euros de IVA por una venta en 2010
Dice que 'siempre' ha ofrecido 'constantemente la información' requerida
'Una cosa es la existencia de una deuda tributaria, y otra es que haya fraude'

Europa Press | Efe | Santiago de Compostela

El alcalde de Santiago de Compostela, el popular Gerardo Conde Roa, ha reconocido que tiene una deuda con Hacienda, pero ha asegurado "rotundamente" que no ha cometido ningún delito fiscal, porque "siempre" ha ofrecido "constantemente la información" que le han requerido las autoridades y que, por tanto, "no" va a dimitir.

"El delito de fraude requiere el dolo especial de ocultar y no ha sucedido, sino justo lo contrario, se puso toda la documentación relativa a la empresa Geslander en manos de la Administración Tributaria. No hay fraude", ha aseverado el regidor en una multitudinaria comparecencia pública realizada esta tarde, la segunda en menos de una semana para dar explicaciones sobre el tema.

La Fiscalía presentó una querella contra el regidor de Santiago de Compostela por fraude fiscal tras una denuncia de la Agencia Tributaria por no haber pagado 291.000 euros del IVA por la venta, en el 2010, de 61 viviendas construidas por su promotora Geslander Proyectos de Edificación.

'Esa deuda está reconocida'
El pasado mes de marzo, antes de que la querella fuera admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, Conde Roa firmó un documento de conformidad en el que reconocía la deuda. Al respecto, el regidor ha apuntado en su comparecencia que esa deuda está "reconocida y firmada tras una larga inspección de unos diez meses aproximadamente".

"Una cosa es la existencia de una deuda tributaria, al igual que pueden tener miles de ciudadanos españoles y ahora mucho más teniendo en cuenta la crisis, y otra es que haya fraude, entendiendo por ello la ocultación deliberada de datos que vaya en perjuicio propio de la hacienda publica", ha argumentado.

El regidor, que tendrá que declarar como imputado por un supuesto delito contra la hacienda pública, se reunió unas horas antes con su equipo de Gobierno para ofrecerles explicaciones sobre el caso que trascendió el miércoles de la semana pasada.

El alcalde ha reconocido que ha hablado con el presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, en una conversación que "fue cordial", dijo, y ha indicado que, en su opinión, su partido (PP) "está tranquilo" porque lo conoce.