domingo, 25 de diciembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL SASTRE, A ESCENA

José Tomás, tras declarar en mayo de 2009 en el TSJ. | José Cuéllar
El juicio de los trajes

El decisivo testimonio de José Tomás abre la tercera semana del juicio a Camps
Trabajó en Milano y Forever Young y confeccionó los presuntos trajes regalados
'Camps no pagó ni una peseta', aseguró tras declarar en julio en el TSJ

Rodrigo Terrasa | Valencia

Dos semanas hablando de José Tomás. Del sastre, no del torero. Del señor con bigotes que no es 'El Bigotes'. El señor Tomás decía que... El señor Tomás me ordenó... Eso era cosa de Tomás...

Dos semanas de juicio a Camps y Costa y se ha nombrado casi tanto a los acusados como al testigo más esperado. Este lunes se reanuda el proceso, día 11, con la declaración del sastre, convertido en el archienemigo de Francisco Camps en la película de los trajes, el referente de la versión opuesta de la defensa del ex presidente, el pivote sobre el que gira el juicio. Están los que avalan a Camps y los que avalan a José Tomás. No hay más.

El sastre, que según sus detractores no es ni sastre, trabajó en la tienda de ropa Milano durante más de 30 años, luego fue director en Forever Young hasta que le despidieron. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción sus trajes son los que presuntamente regalaban los cabecillas de la trama Gürtel a los cargos del PP valenciano. "Camps no pagó ni una peseta", contó José Tomás tras declarar durante la instrucción del caso ante el juez Flores el pasado mes de julio.

Con el escándalo aún caliente, Tomás concedió una entrevista a El País para presentar su versión. Cada vez que Camps iba a Madrid se alojaba en el Ritz y citaba al sastre para que le tomase medidas. "Me hizo repetir bastantes trajes", relató. Le hizo en total ocho trajes, tres americanas, varios pantalones, un esmoquin, un chaleco para ir a ver al Papa... Mientras el sastre declaraba ante la Policía con el proceso ya en marcha, el ex presidente valenciano le llamó varias veces.

Unos días después le echaron de Forever Young. Su jefe, Eduardo Hinojosa, le acusaba (aún lo hace) de crear facturas falsas en la tienda. Su despido fue declarado improcedente por el juez.

En 2009, José Tomás aún dudaba de la responsabilidad de Camps. Repetía que el ex presidente nunca pagó en la tienda pero no se atrevía a decir que no le cobrasen después Crespo o 'El Bigotes'. Lo mismo dijo en la Audiencia Nacional o en el TSJ de Valencia cuando declaró en mayo de aquel año. Entonces llegó a testificar acompañado en el taxi por unos reporteros de 'Cuatro'. Ya era una estrella mediática, encantada de desfilar ante las cámaras. 'Vanity Fair' le acabó dando una columna. "Es un tío de vestir clásico, un 'dandy'", escribía de Camps.

'Ha mentido a sus votantes'
El pasado mes de julio volvió al Tribunal Valenciano, enojado por la campaña ya orquestada contra él por los afines a Camps (Federico Trillo al mando) y decidido a declarar sin ambigüedades. "Camps ha mentido a todos sus votantes y se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo", soltó tras su interrogatorio. "A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó. No pagó ni una peseta".

Tres días después el juez Flors procesaba a Camps y Costa. Cinco meses después José Tomás vuelve al TSJ. Se reencontrará con el presidente al que decía tomar medidas en el Ritz, con ese "exigente" cliente que pedía pantalones con ceñidor, el que vestía trajes de solapa Napoli y americana semientretelada.

El abogado de Camps, Javier Boix, le espera desde hace semanas. Su 'duelo' promete. Durante diez días el letrado del ex presidente ha intentado colgar a cada testigo incómodo de los brazos del sastre, convencido de que si este lunes consigue tirar a José Tomás por el precipicio, todos caerán con él. Si no lo logra, Francisco Camps se acercará al abismo.

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Contradicciones, facturas falsas y caos
Preguntas del caso 'Gürtel' | Claves | Cronología

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"CASO PEAJE"; LA FISCALÍA RASTREA LA GRAVA DE MUNAR EN EL SOBRECOSTE DE LA CARRETERA DE MANACOR

Anticorrupción sospecha que sus camiones participaron en la obra
Se investiga si los proveedores entregaron todos los materiales facturados

María J. García | Eduardo Colom | Palma

Tras la entrega del peritaje de la carretera de Manacor al Juzgado que instruye el caso Peaje, los investigadores se centran ahora en determinar cuál es la valoración económica del 20% de asfalto que le falta a su trazado, a qué se debe este adelgazamiento y en qué punto de la obra se produce el desfase. Un análisis que incluye verificar si hubo algún tipo de descuadre en el transporte de la grava a la carretera, un negocio en el que tenía intereses, a través de su empresa Bamusa, la ex presidenta del Consell de Mallorca que había adjudicado la carretera, Maria Antònia Munar.

El asfalto se facturó como si se hubiera cumplido lo que dictaminaba el proyecto cuando su grueso no superó el 80% de lo estipulado en el contrato, según desvela ahora el peritaje publicado en exclusiva ayer por este diario, en lo que podría suponer un descuadre millonario.

El presupuesto final de la carretera no sólo apuntaba a que las obras se habían realizado al 100% conforme con el proyecto oficial, sino que además incluyó un millonario sobrecoste: 18 según cifró el ex conseller del Consell insular de Mallorca, Antoni Pascual, imputado en el caso; 23 según determinaron los investigadores y 26 según revela el peritaje recién entregado al Juzgado que además, indica, no puede explicar de dónde procede el recargo. La adjudicación fue de 122 millones de euros y la liquidación final de la obra de más 145, sin embargo, señala el perito, la última «relación valorada» de las obras apunta a un importe de 119 millones de euros.

Por ello, además de valorar el «claro perjuicio económico para la administración contratante» –el Consell de Mallorca– y dado que los materiales se facturaron aunque no se utilizaron, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares trabaja en determinar si se produjo un escape de materiales o bien una facturación inexistente. Anticorrupción sospecha que los camiones de la que fuera presidenta del Consell de Mallorca, con negocios en el transporte de áridos a través de su empresa Bamusa, participaron en la obra y analizan si pudieron cobrar por más grava de la que sirvieron en una de las mayores infraestructuras realizadas durante su etapa en el ente insular. Munar fue presidenta del Consell de Mallorca desde 1995 hasta 2007.

¿Quién ordenó el recorte?
Las pesquisas se centran a su vez en determinar quién era el responsable de los materiales y quién dio las órdenes de no colocar el total del asfalto que obligaba el contrato. En el caso Peaje, que estudia los supuestos desvíos de fondos públicos de la obra y que arrancó en marzo de 2009, están imputados el ex conseller de Obras Públicas y Carreteras del Consell de Mallorca, el ex director insular de carreteras, Gonzalo Aguiar, el administrador de la UTE, directivos de las empresas que la forman, jefes de obras y varios profesionales como un carpintero.

La carretera de Manacor comenzó a construirse en el verano de 2004 y se terminó a finales de 2006. Durante los ejercicios anteriores a la obra, desde 2001 y hasta 2004 –año en el que este diario denunció el escándalo de los negocios de la grava de la presidenta y año en el que, tras reconocer que los camiones eran suyos, los transfirió a otra empresa–, Bamusa facturó oficialmente al principal contratista de obras públicas del Consell de Mallorca y capitán de la UTE que luego ejecutaría la carretera investigada, Melchor Mascaró, 424.000.000 euros, más de 70 millones de las antiguas pesetas.

En 2004, y prácticamente a la vez que arrancaban las obras, Munar vendió sus camiones graveros. Fue en mayo, en una operación sospechosa para Hacienda, ya que Bamusa traspasó por 697.000 euros todo el negocio, un precio que según la Agencia Tributaria correspondería sólo al valor de los camiones, cuando también se cedió, sin coste alguno, la cartera de clientes. Así lo desgrana un informe sobre los negocios de Munar presentado por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que investiga el caso Maquillaje en el que están imputados tanto Munar como su marido, Miguel Munar.

La compradora de los camiones de Bamusa, Roadtrans, se había creado también ese mismo 2004. Recién nacida y recién adquiridos los camiones a Munar, comenzó a facturar también a Melchor Mascaró, precisamente mientras la constructora ejecutaba la carretera de Manacor, y a importantes cementeras con las que ya había trabajado la ex presidenta de UM. Pero además, se abrió puertas en otro mercado: el de las grandes concesionarias del reciclaje en Mallorca. MAC y Tirme. Entre las dos pagaron al empresario que operaba con los camiones de la presidenta más de 4 millones de euros de 2004 a 2010.


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"CASO RILCO"; EL EX DELEGADO DE ZONA FRANCA RODRÍGUEZ DE CASTRO, EN BUSCA Y CAPTURA

CÁDIZ | Cuentas pendientes con la Justicia

Ana M. Fopiani | Cádiz

El Juzgado número 4 de Cádiz ha emitido orden de busca y captura contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, después de que éste no se haya presentado a ninguna de las citaciones del juez por su implicación en el 'caso Rilco'.

La orden se emite después de aceptar la petición del propio Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que solicitó al juez una fianza de 600.000 euros o prisión provisional contra Rodríguez de Castro, tras ser condenado por el Tribunal de Cuentas al pago de 4,3 millones de euros, junto a su sucesor Miguel Osuna, por las irregularidades cometidas durante su gestión entre los años 2000 y 2004.

Manuel Rodríguez de Castro no se ha presentado ante la Justicia, pese a los continuos requerimientos, y se desconoce su paradero, que se sitúa, presuntamente, fuera de España. Las únicas declaraciones realizadas por el ex delegado del Consorcio han sido a través de las redes sociales y, en ocasiones, en tono amenazante. El segundo de los implicados, Miguel Osuna, sí ha acudido a las citaciones judiciales y su domicilio está establecido en la capital gaditana.

El Tribunal de Cuentas condenó a Rodríguez de Castro tras considerar probado que el ex delegado de la Zona Franca puso en marcha el proyecto Rilco, para la promoción del Consorcio en el extranjero, mediante el que benefició a la sociedad Miami Free Zona Services, gestionada por un matrimonio que obtuvo la concesión sin concurso previo y sin experiencia en los trabajos informáticos que se requerían para tal promoción con la puesta en marcha de una web.

El ex delegado firmó informes y concesiones por un montante de 4,2 millones de euros, pese a que no tenía competencia para ello, según el mismo tribunal. Su sucesor, Miguel Osuna, se vio implicado en estas gestiones, a las que, a juicio del Tribunal de Cuentas, no puso freno.

El actual delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, en su despedida del cargo, ha confirmado a la prensa que el proceso judicial, que "está siendo muy largo", continúa con la petición de busca y captura de Rodríguez de Castro, que deberá responder con su patrimonio o con la cárcel a las irregularidades cometidas.


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"CASO PALMA ARENA"; UN DUQUE A PUNTO DE SER IMPUTADO

El juez citará en los próximos días a Iñaki Urdangarin por sus negocios en Nóos
La investigación destapa prácticas irregulares en el instituto sin ánimo de lucro

Andreu Manresa Palma de Mallorca

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Caso Palma Arena
Corrupción política

   
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y duque de Palma, será citado a declarar en los próximos días como imputado por el juez José Castro de acuerdo con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, según fuentes judiciales.

La citación se formalizará al alzarse el secreto judicial sobre los más de 2.000 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente.

En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.

El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.

La declaración del yerno del Rey llegará al levantarse el secreto del sumario

La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.

Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.

Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.

Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

La investigación analiza los últimos informes tributarios del Instituto Nóos

Este entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz de que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.

El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.

El PSOE: “Por respeto a la Corona hicimos preguntas moderadas”

Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.

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