martes, 19 de octubre de 2010

"CASO MALAYA"; LA DEFENSA DE GARCÍA MARCOS INTENTA ANULAR EL REGISTRO DE SU DOMICILIO

TRIBUNALES

José Carlos Villanueva | Málaga

La clave está en el dinero, algo que se convirtió en la principal prueba de cargo, por delito de cohecho, contra la que fuera primer teniente de alcalde de Marbella, tránsfuga del PSOE, Isabel García Marcos. Su abogado defensor, José Luis Rueda, ha pedido la nulidad del registro domiciliario de su representada, en el que se hallaron más de 360.000 euros en metálico (billetes de 500 euros), distribuidos por su vivienda malagueña y que el juez atribuyó a comisiones ilegales, en el marco de su actividad municipal entre 2003 y 2006.

Así ha arrancado la séptima sesión del juicio oral por el 'caso Malaya', que se celebra en la Audiencia de Málaga. Si dicho letrado consiguiera su propósito -la anulación del registro- el delito de cohecho pasivo que se le imputa a la que fuera látigo y después báculo de Jesús Gil se desvanecería por completo.

Cree Rueda que el auto de entrada y registro del piso de García Marcos, ubicado en la zona de El Limonar en Málaga, "no estuvo suficientemente motivado", ya que -ha acotado- "estaba basado en una intensa actividad empresarial" entre la entonces primer teniente de alcalde y otros ex ediles como el también tránsfuga del PSOE, José Jaén y el gilista Victoriano Rodríguez. Ella cobraba supuestas comisiones -en forma de sobornos- a empresarios también acusados en la trama que pretendían obtener concesiones, permisos urbanísticos y contratos municipales en Marbella.

Para la posteridad quedan aquellas frases de la ex portavoz socialista marbellí: "Yo papel que muevo papel que cobro, porque yo genero plusvalías y mucho dinero", exponía García Marcos cuando hablaba, sin tapujos, por teléfono con José Jaén, un antiguo agente judicial de Málaga que se arrimó al PSOE a raíz del escándalo del robo de sumarios de Jesús Gil en los Juzgados de Marbella, destapado por EL MUNDO el 10 de agosto de 2001.

Dicha defensa trata de cuestionar todo lo relacionado con los supuestos pagos que Isabel García Marcos recibió en comisiones, supuestamente de la llamaca 'caja B' de Roca. Ella misma aseguró que el dinero incautado en su domicilio era producto de una herencia, así como regalos de boda, puesto que acaba de contraer matrimonio cuando fue detenida a finales de marzo de 2006.

Rueda va más lejos en sus peticiones. Considera que "si se declarara nulo el auto de entrada y registro" de dicho domicilio "toda la obra derivada del mismo" también quedaría fuera del procedimiento penal, incluidas las declaraciones que la ex edil socialista prestó, ante el entonces titular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres.

"Si eliminamos todo eso no queda nada", ha insistido el defensor de García Marcos sobre las impugnaciones. De hecho, también pretende -al igual que la totalidad de defensas que ya han intervenido- la nulidad de las escuchas telefónicas por no estar suficientemente motivadas. De ellas salió valiosísima información que sirvió a la Udyco para tirar del hilo de la trama de corrupción, que se había asentado en el Ayuntamiento de Marbella.

A juicio del penalista malagueño "el hecho de que la investigación a posteriori tenga éxito no justifica la falta de motivación del auto inicial", ha expuesto en alusión a la autorización para intervenir las comunicaciones telefónicas.

También ha aludido la defensa de la que fuera candidata del PSOE a la Alcaldía marbellí -en cuatro ocasiones- a que lo "único" que había para ordenar la intervención de sus teléfonos era la declaración del máximo responsable de la asesoría jurídica de Urbanismo, Jorge González.

Asimismo ha citado "un oficio" remitido por el juez a la Seguridad Social en el que pedía datos sobre García Marcos, la ex alcaldesa Marisol Yagüe y el ex edil del GIL Victoriano Rodríguez, ya fallecido.

Rueda ha denunciado que "antes de recibirse respuesta de la Seguridad Social, el juez ya dictó el auto de intervención" de dichos teléfonos. Además, la defensa ha tratado de desmontar la versión del juez sobre que García Marcos "supervisaba todos los convenios urbanísticos".

Lo cierto es que aunque era Yagüe la delegada de Urbanismo, con Roca como asesor, rara era la semana en la que García Marcos no acudía a despachar con ambos a las oficinas que ocupaba el considerado cerebro de la trama en Planeamiento 2000, la empresa encargada de gestionar el PGOU. De hecho, la ex socialista ofrecía incluso ruedas de prensa sobre asuntos urbanísticos. A todas luces llevaba la voz cantante.

Paralelamente, José Luis Rueda, argumenta que antes de proceder a las intervenciones telefónicas "no se aportaron datos concretos, ni reales, sobre el poder que ejercía Roca" en el Consistorio marbellí. Ese poder, calificado como "omnímodo", además de "alcalde en la sombra", fue relatado por el citado Jorge González. Su declaración, en otra causa de índole urbanística, abrió la puerta al juez Torres para incoar las diligencias previas del denominado 'caso Malaya'.

La Fiscalía Anticorrupción acusa García Marcos de los delitos de cohecho pasivo, malversación de caudales, prevaricación administrativa y alteración del precio de los concursos y las subastas. Para ella reclama 12 años de cárcel. Además, solicita una multa de más de 700.000 euros

Además
    * La defensa de Yagüe pide la nulidad de las escuchas
    * El calvario judicial de Isabel Pantoja

elmundo.es

EL ABOGADO DE MARISOL YAGÜE DESLIZA QUE LA POLICÍA ALTERÓ PRUEBAS DE MALAYA

El empresario Andrés Liétor pide que la Audiencia Nacional juzgue el caso
JUANA VIÚDEZ - Málaga

Pablo Luna, el abogado de la ex alcaldesa de Marbella (Málaga) Marisol Yagüe, trató ayer de derribar uno de los pilares del caso Malaya: la documentación informática intervenida en la sede de la sociedad Maras Asesores y que los investigadores utilizaron para acreditar la supuesta red de sobornos tejida por el ex asesor de urbanismo marbellí Juan Antonio Roca. El abogado de Yagüe sugirió que los policías examinaron y seleccionaron los soportes informáticos antes de entregarlos en un sobre sellado en sede judicial, por lo que rompieron la cadena de custodia y vulneraron el derecho a un proceso con todas las garantías.

"Si le sobro, me levanto y me voy", dice el presidente de la sala a una letrada

El letrado cuestionó la instrucción dentro de la fase de cuestiones previas, en la que ya han intervenido la mitad de los 95 procesados. Luna incidió en que los agentes llevaron al juzgado los soportes informáticos intervenidos el 29 de mayo de 2006, dos meses después de los registros, y que, sin embargo, el día 23 de mayo de 2006, ya habían presentado un informe de avance sobre su contenido. Después de soltar la bomba, trató de suavizarla. "No estamos acusando a personas (...) criticamos la forma y manera en la que se hizo", matizó. El abogado, que también solicitó la nulidad de las escuchas y los registros, se cuestionó la autenticidad de la documentación y habló de "registros subrepticios".

La Fiscalía Anticorrupción pide que se condene a la ex regidora a 20 años de prisión por los delitos de cohecho continuado, malversación, alteración del precio en concurso y subasta, y fraude. Su abogado pidió al tribunal "limpieza mental" para escuchar las argumentaciones y comparó el macroproceso con un cáncer.

Tal y como ya han hecho otras defensas, criticó la forma en la que fue detenida la ex regidora marbellí. "La trasladaron a velocidades de Fernando Alonso para preguntarle si era alcaldesa y si conocía a Juan Antonio Roca", detalló. También solicitó que se sacaran del procedimiento todas las acusaciones relacionadas con la participación de Yagüe en la redacción de los convenios urbanísticos, algo por lo que, según Luna, no se le ha preguntado en ninguna de sus tres declaraciones.

La mayor parte de la sexta sesión del juicio la ocuparon los abogados del empresario Andrés Liétor. El procesado granadino se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de prisión, la segunda más alta después de Roca. Está acusado, junto con su socio Carlos Sánchez, de pagar a su amigo Roca y de participar en operaciones que descapitalizaron enormemente al municipio.

El abogado Manuel Sanchís consideró que el caso Malaya debería juzgarse en la Audiencia Nacional y someterse a un jurado. Su compañera, Susana Pizarroso, planteó la nulidad de prácticamente todas las actuaciones, incluso las que afectan a otros procesados.

El orden de intervención de los letrados de Liétor provocó una de las escasas llamadas de atención del presidente del tribunal, José Godino. Pizarroso intentó protestar hasta en cuatro ocasiones porque Godino no le permitió intervenir antes que su compañero.

Cuando le llegó el turno a Pizarroso, intentó desquitarse, pero el magistrado la interrumpió en varias ocasiones para pedirle que no repitiera alegaciones de su compañero u otras cuestiones planteadas por el resto de las defensas en otras sesiones. En una ocasión, Pizarroso se quejó porque, con tanta pausa, perdía el hilo. "Si le sobro yo, me levanto y me voy, porque parece ser que es usted la encargada de presidir el juicio", le contestó Godino. Al finalizar, la letrada dio las gracias al tribunal por la paciencia. "Ha sido un placer", le contestó el juez.

* Isabel García Marcos pide que se anulen sus declaraciones

   Operación Malaya
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elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; EL JUEZ PIDE A 79 BANCOS LAS CUENTAS DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP

Pedreira da un plazo de 30 días para que las entidades suministren la información requerida

EUROPA PRESS Madrid

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha solicitado a 79 entidades bancarias "una relación comprensiva" de las cuentas, depósitos o cajas de seguridad que han mantenido con ellas un total de 27 personas relacionadas con la causa, un listado en el que se incluyen 12 ex altos cargos del PP.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado pide la documentación bancaria relativa a los diputados madrileños Alfonso Bosch Tejedor, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco; del ex viceconsejero de Inmigración Carlos Clemente y de los ex alcaldes de Boadilla (Arturo González Panero), Arganda (Ginés López), Majadahonda (Guillermo Ortega) y Pozuelo (Jesús Sepúlveda), además de de la ex concejala Yolanda Estrada.

En la lista también figuran otros ex altos cargos como el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, los concejales Ricardo Galeote y José Galeote. A ellos se suman personas relacionadas con la trama como el supuesto cabecilla, Francisco Correa; el concejal que destapó el caso, José Luis Peñas, u otros miembros de la red como José Ramón Blanco Balín, Jacobo Gordon, Alvaro Pérez o José Luis Izquierdo.

El magistrado también solicita información de las cuentas que mantengan con las diversas entidades un total de 38 empresas que supuestamente han estado vinculadas a la trama, entre las que aparecen Boomerangdrive S.L., Easy Concept Comunicación, Down Town Consulting, Good and Better, Orange Market, Special Events, Servimadrid o Pasadena Viajes.

La documentación requerida, que va desde el año 1998 a 2009, debe ser aportada en un plazo de 30 días naturales. El magistrado también solicita los extractos de las cuentas en las que las personas tanto físicas como jurídicas afectadas figuren como titulares.

"La información comprenderá todos los movimientos de dichas cuentas realizados en el periodo respecto del cual se solicitan, con independencia que durante dicho periodo haya cambiado la persona o entidad que se reseña como titular de las mismas", apunta la resolución.

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LA "GÜRTEL" ORGANIZÓ TODOS LOS ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003

La policía requisó a la trama un archivo llamado "Relación actos E.A.-Beltrán.xls" donde figuran los trabajos hechos para la entonces candidata.
El interlocutor de la red era el actual gerente del PP de Madrid

ALICIA GUTIÉRREZ-MADRID

"Relación actos E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato excel creado con ese título y hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel prueba que la red corrupta organizó a través de Special Events no algunos sino todos los actos protagonizados por Esperanza Aguirre en la precampaña y la campaña de las primeras autonómicas de 2003. E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán, el nombre de pila de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en esa época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor regional en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP en el congreso regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el cargo a Beltrán Gutiérrez. Público intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del PP de Madrid.

Las revelaciones sobre el papel sustancial de la trama Gürtel en esa campaña de Aguirre, aquella tras la que se produjo el tamayazo, constan en el informe policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y 2004. La falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con la red de Francisco Correa y gracias al uso de Fundescam como canal opaco de financiación del PP.

El documento hace que se tambalee la versión de Aguirre de que no sabía nada

Desde que, en mayo de 2009, este diario informó del falseamiento de facturas electorales endosadas a Fundescam, Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne. La presidenta argumenta que, entonces y hasta noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían como presidente a Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado.

Pero el hallazgo de un archivo en formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los actos de la hoy presidenta de Madrid pone en solfa la versión de Aguirre sobre su desconocimiento de los entresijos financieros de 2003. En el estadillo archivado con las iniciales de la presidenta se consignan relata el informe policial "el conjunto de los actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".

La trama clasificaba los actos de Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos ellos figuran en el archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de principio a fin: el estadillo incluye el acto de apertura de la campaña para las elecciones del 25 de mayo de 2003, que contaba con su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña Regional Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que se añadió un complementario llamado "Extras.doc".

Entre 2004 y 2008, la red logró más de 300 contratos del Gobierno de Madrid

 
Special Events preparó incluso, y así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con interventores y apoderados y otro con agentes electorales.

Un año después de las autonómicas de mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un aluvión de contratos a dedo adjudicados por la Comunidad de Madrid, ya bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. El fraccionamiento de los contratos, táctica urdida para que el importe de cada adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red: sus empresas obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.

Campaña y... contratos

La versión oficial del PP sostiene que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto López Viejo, quien maniobró para beneficiar a la trama con contratos a dedo. Imputado desde el estallido del caso Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de director adjunto en la campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas de octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría absoluta. El ex consejero de Deportes mantiene su acta en la Asamblea de Madrid como diputado no adscrito.

El informe policial, incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, señala a Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización [la red corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.

Que entonces era el interlocutor de la Gürtel queda claro por la existencia del documento "Temas a tratar Beltrán Gutiérrez", incluido en el archivo "Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona señala la policía en referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

El apartado relativo a la organización de actos no es el único del informe que otorga relevancia a Beltrán Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número dos del PP de Madrid, Gutiérrez es uno de los dirigentes a quienes escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con Special Events, aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de Madrid.

Alta rentabilidad

Los documentos de la trama analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el PP como Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso Gürtel: que las empresas de ese grupo se convirtieron en la marca favorita del PP porque eran las más baratas. Según el informe, que cita como fuente "los datos del archivo Campaña.Madrid.xls.", Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada acto de Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una cuestión abierta.

A tenor de los documentos requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un beneficio del 65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande, Special Events se hacía con una ganancia del 50,2%. En otros casos, como el que aparece consignado como "Acto Villaverde", la rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de 2003, aún en fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de Villaverde.

Lo que dice el informe policial

"Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la organización con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña, así en el archivo "Beltran Gutierrez.doc", bajo el título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez", se establecen una serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña, acto 22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea que las facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él les va a pagar una parte de la factura de 120.000 euros. A esta persona se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta forma en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a fecha 14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".

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EL GOBIERNO DE CEUTA RECONOCE QUE SU EX CONSEJERO DE GOBERNACIÓN INCURRIÓ EN "IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS"

La portavoz del Gobierno de Ceuta, Yolanda Bel (PP), y su consejero de Fomento, Juan Manuel Doncel, han dado cuenta este viernes de la auditoría a la que ordenó someter el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, la gestión del que fuera titular de Gobernación desde las últimas elecciones hasta el miércoles de la semana pasada, cuando fue cesado por "razones de oportunidad y conveniencia".

EUROPA PRESS.

Según han explicado Bel y Doncel el informe elaborado por técnicos de Fomento y Hacienda concluye que José Antonio Rodríguez incurrió en "irregularidades administrativas" al "fraccionar" el más de 30 contratos de menos de 3.000 euros obras que en realidad tramitó como suministros.

El Ejecutivo local ha negado rotundamente, sin embargo, que se haya producido quebrando alguno de las arcas municipales o que el ex consejero haya metido "la mano en la caja". "No es el caso", ha dejado claro Bel. Las conclusiones de la auditoría descartan cualquier irregularidad en los cuatro contratos de obra realizados entre 2008 y marzo pasado por un importe de 239.824 euros para la "conservación y mantenimiento" de las dependencias de la Policía Local y Bomberos.

En las 32 propuestas de gasto realizadas por Rodríguez entre 2007 y 2010, todas ellas salvo una por cuantía inferior a 3.000 euros y siempre con las mismas dos empresas [una de electricidad, Rivas, y otra de construcción, Allitou], sí se han encontrado "irregularidades administrativas".

Según Bel "se formalizaron como contratos de suministro cuando lo debían haber sido de obras" mediante un "fraccionamiento" que permitió diluir la labor de control del facultativo técnico correspondiente. Esta vía llevó, además, a que del total gastado, más de 195.000 euros, "entre un 25% y un 30%" corresponda a costes de mano de obra que no se facturaron como tales.

"Ha habido irregularidades pero no enriquecimiento injusto de nadie porque las obras se han realizado a los precios habituales", han señalado Bel y Doncel, quienes han negado que se haya preguntado a Rodríguez Gómez por qué lo hizo así y han negado que su cese se haya producido por tales disfunciones. "Ambas cosas coinciden en el tiempo pero no están relacionadas", han distinguido.

Bel ha asegurado que el Gobierno ceutí no adoptará ninguna acción legal o de otro tipo al respecto y ha acusado a la coalición localista 'Caballas', cuyos líderes dejaron entrever la semana pasada que se podría estar ante un caso de "malversación de fondos", de haberse pronunciado de forma "precipitada" y "electoralista".

La portavoz del Ejecutivo ceutí ha señalado a preguntas de los periodistas que con esta mecánica de adjudicación no se lograba necesariamente beneficiar a las dos empresas involucradas, pues según su versión lo mismo se podía conseguir tramitando los contratos como menores, cuya cuantía fija la Ley de Contratos del Sector Público en 18.000 euros.

"Los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación", indica la legislación, que los Presupuestos de la Ciudad de cada año "adaptan" a la realidad local en forma de "limitaciones extra", según han explicado fuentes jurídicas a Europa Press.

Las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Ciudad reducen desde 2009 hasta 6.000 euros la cantidad máxima a contratar por esta vía. Hasta entonces, cuando el consejero adjudicó todos los contratos objeto de controversia salvo uno, el techo estaba fijado "en 3.000 euros".


20minutos.es