viernes, 30 de diciembre de 2011

EL ABOGADO PASCUAL VIVES SE PERSONA PARA EJERCER LA DEFENSA DE URDANGARÍN

JUSTICIA | El duque de Palma, imputado

El abogado de los hermanos Tejeiro pide aplazar la declaración del duque

Europa Press | Palma de Mallorca

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, ha acudido este viernes al Juzgado de Instrucción múmero 3 de Palma, con el fin de personarse e informar así de que será el encargado de defender al duque de Palma en la causa en la que está imputado el marido de la Infanta Cristina y por la cual declarará el próximo 6 de febrero.

El abogado de Urdangarin ha acudido al Juzgado alrededor de las 11.15 horas, acompañado de una mujer con quien ha permanecido en la segunda planta de los Juzgados de Vía Alemania de la capital balear durante escasos minutos, para cumplir así con el trámite de personarse.

Pascual Vives ha eludido hacer declaraciones a los medios de comunicación alegando "el secreto profesional", si bien ha agradecido a los periodistas "su atención e interés". Por otro lado, se desconoce si el abogado ha aprovechado su visita a Palma para acudir a la copistería en la que se está llevando a cabo la informatización del extenso sumario que supera las 2.000 páginas y que será remitido a las partes a partir de la próxima semana.

Durante la visita al Juzgado de Instrucción número 3 de Palma el letrado no ha coincidido ni con el juez que instruye la causa en la que está imputado Urdangarin, José Castro, ni con el Fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción 3 de Palma de Mallorca ha citado a declarar como imputado a Urdangarin el día 6 de febrero a las 9.00, aunque podrá adelantar su declaración "si así le interesa" a su representación, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares.

En un auto dictado este jueves por el juzgado, se levanta el secreto sobre el sumario impuesto el pasado mes de agosto sobre la pieza número 25 del caso 'Palma Arena', en el que está implicado el yerno del Rey.

Además de Iñaki Urdangarin, por este auto queda citado a declarar también como imputado Diego Torres, socio del Duque de Palma en el Instituto Nóos, así como Ana M. Tejeiro Losada, Marco Antonio Tejeiro Losada, Miguel Tejeiro Losada y Salvador Trinxet Llorca. Todos ellos deberán acudir al juzgado de Palma el día 5 de enero a partir de las 9.30 horas.

Antoni Buades, el procurador de los hermanos Tejeiro Losada, ha pedido al juez José Castro el aplazamiento de la declaración del duque de Palma, prevista para el 6 febrero, al alegar que el abogado defensor de los hermanos ese mismo día tiene previsto un señalamiento en la Audiencia Provincial de Barcelona y, por lo tanto, no podrá acudir al interrogatorio del yerno del Rey.

Por otro lado, Buades ha indicado que también ha solicitado a Castro el aplazamiento de la declaración, también en calidad de imputados, de los hermanos Tejeiro, prevista para el día 5 de enero, al estimar "que no ha habido plazo suficiente para estudiar el procedimiento", teniendo en cuenta, según ha señalado, que la Ley indica que las partes deben tener más de 30 días de plazo para poder estudiar el sumario.

Finalmente, el letrado ha anunciado que el próximo lunes, 2 de enero, el Juzgado de Instrucción número 3 remitirá a los abogados de los imputados el sumario de más de 2.000 páginas en soporte digital, una vez se ha llevado a cabo la digitalización del mismo en una copistería de Palma.


jueves, 29 de diciembre de 2011

FABRA SE PERSONA EN EL "CASO EMARSA" PARA QUE LOS RESPONSABLES "PAGUEN LAS CONSECUENCIAS"

El presidente valenciano rechaza que "se ponga en duda la honorabilidad de las instituciones"

MIGUEL OLIVARES - Valencia 

El presidente valenciano Alberto Fabra ha decidido personarse como acusación particular en la causa abierta por el saqueo de la empresa pública Emarsa "para defender los intereses de la Generalitat". Fabra ha evitado mencionar la actitud hacia el caso de Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, o de Rita Barberá, alcaldesa de Valencia. Sí ha insistido en que facilitará a la justicia "todos los datos necesarios" para determinar "las posibles responsabilidades, si las hubiere", para que las personas que hayan hecho una mala gestión de los recursos públicos paguen las consecuencias

Emarsa es la empresa que gestiona la depuradora de aguas residuales de la zona metropolitana de Valencia. Estaba controlada por una entidad metropolitana en la que participan 51 ayuntamientos. El Ayuntamiento de Valencia domina el 44% de esa entidad. Los vocales del PP cubren el 77% del organismo. Hace poco más de un año Emarsa tuvo que ser clausurada con un agujero contable estimado en 17 millones de euros.

El juzgado de instrucción de Valencia abrió una investigación para intentar averiguar si la cúpula de Emarsa acordó el saqueo de la empresa con una trama de empresas que prestaron servicios inverosímiles a la depuradora. Están imputados el expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, que también es vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Enrique Cuesta, exgerente de Emarsa y presidente de una agrupación local del PP de Valencia hasta que fue separado del cargo hace cinco semanas por decisión de la organización regional del PP. También están imputados otros dos directivos y hasta 15 proveedores de Emarsa.

El presidente de la Generalitat ha explicado que "el PP no va a consentir que se ponga en duda la honorabilidad de las instituciones ni del partido". "Lo que hacemos es defender nuestros intereses", ha concluido.



"CASO CAMPEÓN"; EL SUPREMO INVESTIGARÁ A BLANCO POR PRESUNTO COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

El tribunal actúa tras las acusaciones de un empresario imputado por fraude

MANUEL ALTOZANO - Madrid 

Era una decisión esperada, aunque no por ello menos trascendente. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer los argumentos de la fiscalía y asumió la investigación contra el exministro de Fomento José Blanco tras las acusaciones formuladas por el industrial Jorge Dorribo, imputado en el caso Campeón por fraude de subvenciones públicas que instruye el juzgado número 3 de Lugo. El magistrado José Ramón Soriano será el encargado de investigar la parte del caso que afecta al exministro, que sigue siendo aforado al haber sido reelegido como diputado.

El magistrado Soriano tendrá que esclarecer si son ciertas las acusaciones contra Blanco. Dorribo aseguró que le había pagado más de 200.000 euros a cambio de gestiones para obtener una subvención del ministerio de Economía y agilizar una licencia para comercializar medicamentos que debía dar el ministerio de Sanidad.

La resolución, firmada por los magistrados Juan Saavedra (presidente), Julián Sánchez Melgar (ponente), Perfecto Andrés Ibáñez, Miguel Colmenero y Francisco Monterde afirma que la exposición razonada por la que la juez de Lugo Estela San José envió el caso al Supremo relata "indicios correspondientes a los presuntos delitos de cohecho y de tráfico de influencias que confluyen en el comportamiento del aforado", es decir, de Blanco. El auto sugiere que algunos de los aspectos de las declaraciones del empresario están respaldados por correos electrónicos, facturas, transferencias, intervenciones telefónicas y mensajes de móvil. Todo ese material permitiría inferir "indiciariamente" una serie de entregas de dinero a Blanco realizadas presuntamente a través de su primo político y también empresario Manuel Bran. La Sala admite que la investigación es todavía "incipiente", pero se apoya en el escrito del fiscal, que pidió que el Supremo asumiera la competencia en lo que afecta al exministro porque la indagación "necesariamente debe llevarse a cabo".

La exposición razonada enviada el pasado 31 de octubre por la juez San José al Supremo recoge tres declaraciones contradictorias de Dorribo. En la primera de ellas asegura que entregó en Andorra más de 40.000 euros a José Antonio Orozco, socio de la asesoría Proitec, que supuestamente iban destinados a Blanco a cambio de su intermediación con el Ministerio de Sanidad para agilizar una autorización para que su empresa, Laboratorios Nupel, pudiera comercializar medicamentos en formato unidosis. Esa autorización nunca fue concedida por el ministerio.

En esa primera declaración, Dorribo también habla de un encuentro con Blanco, en una gasolinera de Guitiriz (Lugo) el 5 de febrero de 2011, gestionado por su primo político Manuel Bran. La existencia de esa reunión -que se produjo presuntamente en el mismo coche oficial de Blanco- quedaría acreditada por una llamada entre Bran y el empresario farmacéutico realizada a las 9.57 de ese día para concertar esa cita.

La segunda declaración del empresario contradice a la primera. En ella, Dorribo dice que ese supuesto pago de más de 40.000 euros realizado en Andorra fue en realidad de 90.000, y que se hizo a través de una sociedad denominada Salut d'Innovació radicada en el Principado. En esa comparecencia también asegura que media hora antes de que llegara Blanco a la gasolinera de Guitiriz, quedó allí mismo con Bran, al que le entregó otros 200.000 euros para el exministro. El objetivo de esa entrega, según Dorribo, era "agilizar los trámites en el Ministerio de Sanidad y la subvención del Ministerio de Economía".

La juez de Lugo también encuentra indicios de tráfico de influencias en la supuesta ayuda de José Blanco a José Antonio Orozco mediante gestiones con el Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) para que su empresa, Azkar, pudiera construir una nave junto al aeropuerto. Esos indicios aparecen en las llamadas y SMS intervenidos a Orozco. En total, las comunicaciones grabadas entre Orozco y el exministro son 14. En una de esas llamadas, Blanco pregunta al empresario si el alcalde de Sant Boi "es de los suyos". El Código Penal castiga el cohecho con penas de prisión de tres a seis años. El tráfico de influencias conlleva una sanción de seis meses a dos años de cárcel.
 
El exministro de Fomento niega la mayor
El vicesecretario general del PSOE, José Blanco, volvió ayer a rechazar las acusaciones del empresario farmacéutico Jorge Dorribo, pero no cuestionó la decisión del Supremo de aceptar la competencia para investigarle. En una conversación con este periódico, el número dos del PSOE y ministro de Fomento hasta la semana pasada, aseguró que respeta la decisión de la Sala de lo Penal.

Blanco asegura que esperaba esta decisión tras conocer el informe de la fiscalía, que calificaba de "necesaria" la apertura de una investigación en el alto tribunal. Pero al mismo tiempo califica de "falsas" las acusaciones contra su persona y muestra esperanza de que la causa abierta ahora contra él permita que "prevalezca la verdad".

Desde el PP, su portavoz en el Congreso, Alfonso Alonso, afirmó que el futuro procesal del exministro "es cada día más oscuro" y le recordó que la justicia "es inexorable e igual para todos". Alonso animó a Blanco a decidir "cuál es la posición más razonable para ejercer su defensa y dar explicaciones a los ciudadanos". "Se negó a comparecer en el Congreso, pero ahora tendrá que comparecer en los tribunales. La justicia sigue su camino", añadió. Más allá fue Carrlos Martínez Gorriarán (UPyD), que reclamó su dimisión como diputado.


elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; LOS TESTIGOS DE CAMPS NIEGAN UN TRATO PREFERENTE A LAS EMPRESAS DE CORREA

Nueva ubicación de Camps y Costa en el juicio. / EUROPA PRESS
Funcionarios y cargos mantienen que los contratos no fueron impugnados

Así te lo hemos contado en directo

María Fabra Valencia

Más de dos docenas de testigos, llamados a declarar por la defensa del expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, han asegurado, durante dos jornadas de declaraciones que en ningún momento favorecieron a las empresas del grupo Correa. El abogado ha intentado preguntarles si recibieron algún tipo de presión o instrucción de Camps para que fueran estas las empresas contratadas pero el magistrado que preside el tribunal del jurado se lo ha impedido al considerar el cuestionamiento “impertinente”.

Un par de veces en cada interrogatorio, en cada uno de los testigos, el letrado ha manifestado su protesta pese a la explicación del juez que considera que la pregunta no tiene que ver con la causa ya que busca defenderle de una acusación a la que no está sometido, la de favorecer a las empresas de la trama Gürtel. El juicio de los trajes, que se celebra desde el día 12 en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, se limita a una acusación de cohecho impropio, por recibir, supuestamente, regalos de la red corrupta en su condición de autoridad, pero no en contraprestación por favorecerles en contratos públicos.

Los testimonios han encontrado también la parte fiscalizadora de las acusaciones, sobre todo de la acusación popular, que ha desgranado cada uno de los contratos que los funcionarios y cargos defendían, desvelando ante el jurado que se trataron, en muchos casos, de contratos menores que no pasaron por un concurso público. En cualquier caso, los testigos han señalado que ninguna de las adjudicaciones fue impugnada.

Las empresas del grupo Correa llegaron a obtener cerca de 70 contrataciones de la administración valenciana, un total de más de siete millones de euros.

"OPERACIÓN BABEL"; EL JUEZ LEVANTA EL SECRETO E IMPUTA A IÑAQUI URDANGARÍN


El instructor del caso, José Castro, levanta el secreto del sumario y le cita a declarar el 6 de febrero
El magistrado advierte al duque de Palma que le detendrá si no comparece
Auto del juez José Castro

Andreu Manresa Palma de Mallorca

Archivado en:
Iñaki Urdangarin
Jaume Matas
Operación Babel
Imputados
Caso Palma Arena
Corrupción política
Corrupción


El juez José Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, ha imputado al yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, y le citará a declarar el 6 de febrero. La citación se  formaliza, de acuerdo con el fiscal anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, al alzarse el secreto judicial sobre los 2.700 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente.

El magistrado,además, advierte al duque de Palma que le detendrá si finalmente no comparece sin causa justificada. El texto del auto, como por otro lado suele ser habitual en estos procedimientos, deja claro que "de no comparecer ni alegar justa causa que se lo impida, la orden de citación podría convertirse en orden de detención".
El abogado del duque de Palma ha informado que el juzgado le ha enviado por fax el auto a su domicilio de Washington, donde reside con su esposa, la infanta Cristina, desde el verano de 2009. Pese a ello, tras dos horas de intentos aún no se había podido comunicar el contenido del auto porque la línea comunicaba.

El juez Castro también ha llamado a declarar el día 5 de enero como imputados al socio de Urdangarin, Diego Torres, así como a otros cargos del Instituto Nóos como Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

Los primeros en declarar como imputados en esta causa serán, sin embargo, el exdirector general de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, José Luis Ballester; el exdirector de la Fundación Illesport, Gonzalo Bernal, y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía, que han sido citados para el 25 de enero.

El TSJIB ha señalado que cabe recurso de reforma contra el auto dictado hoy por Castro ante el propio juzgado, en un plazo de tres días, y de apelación ante la Audiencia de Palma.

En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.

El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.

La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.

Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.

Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.

Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

Esta entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz ade que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.

El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.

Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.

Imputados de Nóos y del Gobierno de Jaume Matas
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, no es el único imputado en la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos. Junto al duque de Palma, el juez Jose Castro, titular del juzgado de instrucción número 3 de Palma de Mallorca, también ha imputado a Diego Torres, experto en estrategia empresarial, patrocinio y mano derecha de Urdangarin, y a los miembros de Nóos Ana M. Tejeiro, Marco Antonio Tejeiro, Miguel Tejeiro y Salvador Trinxet.

El auto dictado hoy también sirve para llamar a declarar como imputados José Luis Ballester, Pepote, campeón olímpico y exdirector general de Deportes del Gobierno de las Islas Baleares durante el mandato del popular Jaume Matas; Gonzalo Bernal, exdirector de la Fundación Illesport; y el exgerente del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Juan Carlos Alía.


martes, 27 de diciembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; ADVERTENCIAS A CAMPS, EL SILENCIO DE MILAGROSA Y PREGUNTAS "IMPERTINENTES"

El juez Climent advierte al ex presidente que guarde silencio o le echa
Una ex cajera de Milano y Forever declara que Camps y Costa 'no pagaban'
Milagrosa Martínez, la única de los altos cargos citados que no ha declarado

Iván Pérez | Rodrigo Terrasa | Agencias | Valencia

La duodécima jornada del denominado 'juicio de los trajes' ha supuesto el fin de la "pesadilla" de tres años de investigación policial y judicial para el ex responsable de Milano José Tomás, y la declaración de una decena de altos cargos de la Administración, cuatro de ellos imputados en una causa matriz por presunta financiación irregular.

La sesión de este martes, únicamente matinal, aunque ha finalizado sobre las 15.30 horas, ha sido la primera de todo el proceso en la que se ha cumplido el calendario de declaraciones previsto, pese al retraso acumulado. En ella hemos sido testigos de la 'redención' del sastre que no es sastre, que ha salido airoso de la segunda entrega del interrogatorio de Boix, letrado de Camps, de las reiteradas advertencias del juez Climent al ex presidente por gesticular y hablar en voz alta y de un rosario de preguntas "impertinentes" a criterio del magistrado.

En la segunda parte de su declaración como testigo tras las siete horas del lunes, Tomás ha afirmado que tenía "orden" de los supuestos cabecillas de la red Gürtel, Pablo Crespo y Álvaro Pérez 'el Bigotes', de que a clientes como Camps "no se les cobrara" por los encargos realizados.

En su testimonio ha vuelto a afirmar que las prendas supuestamente regaladas al ex presidente y a Ricardo Costa las pagaba "siempre" Pablo Crespo, y ha rescatado el episodio en el que Camps le pedía que le sacara dela puro y "no le faltaría de nada". Esta vez, el recuerdo ha venido acompañado por las lágrimas de la mujer de Camps.

Al abandonar el Palacio de Justicia, el "director de moda", 'vencedor' en el segundo asalto con el letrado de Camps, ha afirmado que su "pesadilla" personal ha acabado tras testificar y que no desea saber "absolutamente (nada) más" del caso Gürtel.
 
'Ni Camps ni Costa pagaban' sus prendas
Tras José Tomás ha declarado la cajera Ana Belén Luque, que trabajó en Milano entre 2003 y 2006 y en Forever Young más tarde, y ha afirmado que "ni Camps ni Costa pagaron" sus prendas y que éstas se anotaban en cuentas de Pérez y Crespo.

Luque ha reconocido los documentos de venta que le ha mostrado la Fiscalía y la acusación popular y los ha relacionado con dos inventarios de deudas pendientes que se elaboraron en 2006.
 
Villalonga no recuerda, Milagrosa no habla
La ex cajera de las tiendas de ropa ha dado paso a una sucesión de testimonios, hasta una decena, de altos cargos o ex responsables de la Agencia Valenciana de Turismo y la Conselleria de Turismo.

La tónica general ha sido admitir su militancia 'popular' y no conocer a 'El Bigotes' hasta que se destapó la trama corrupta. Recuerdan que Álvaro Pérez organizaba actos del partido, pero señalan que la relación de la Administración valenciana con Orange Market no era diferente al trato con otras muchas empresas.

Mientras el juez ha considerado "impertinentes" en varias ocasiones las preguntas de las defensas sobre la posible influencia de los procesados en contratos y adjudicaciones públicas -no afecta al derecho de la defensa preguntar por algo de lo que no se acusa-, el letrado de Costa se ha dedicado a desmarcar a su cliente de posibles responsabilidades y capacidades para tomar decisiones en el seno del Gobierno valenciano.

Por orden de intervención han desfilado por la sala María Victoria Palau, Jorge Miguel Guarro, Juan Bover, Isaac Vidal, María José Argudo, Dora Ibars, Isabel Villalonga, Milagrosa Martínez, Carlos Alberto Preciosos y Jorge Juan Muñoz.

Las intervenciones más destacadas han sido las de Isabel Villalonga, subsecretaria de Turismo hasta 2005, quien asegura no tener relación con Francisco Camps y admite haber contratado con Easy Concept, aunque de forma "menor". "Por lo que he visto", Álvaro Pérez se encargaba de la organización de los eventos, ha declarado Villalonga ante el juez.

Menos ha durado el interrogatorio a la ex presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, quien se acoge a su derecho a no declarar como imputada en la causa de la presunta financiación irregular en el partido. La también ex consellera de Turismo tampoco se ha pronunciado cuando la acusación le ha preguntado por el reloj que presuntamente le regaló la trama.
 
Tensión en la sala
Los letrados de la defensa han aludido a que las conclusiones de la Fiscalía consideraban que Camps y Costa podían "desplegar influencia" en relación a intereses económicos de la trama corrupta. La inadmisión de estas cuestiones ha soliviantado al ex presidente Camps, que ha empezado a gesticular y a realizar comentarios de rechazo desde el banco de los acusados y ha sido advertido hasta en tres ocasiones por Climent.

"Camps, guarde silencio, por favor. Guarde silencio o lo tendré que echar de la sala -ha reiterado-, si quiere hablar con su abogado hágalo en silencio y que no le escuche nadie", ha manifestado Climent, tras lo cual Camps se ha levantado y ha realizado unas indicaciones al oído de su abogado.

Instantes después, el magistrado presidente le ha rogado "una vez más" que "no haga gestos ni hable, y mucho menos delante del testigo o del jurado", y también ha pedido al público presente que se abstuviese de saludar a los acusados.

En sus declaraciones, los testigos de la Administración han asegurado que las contrataciones de la Agencia Valenciana de Turismo o de la Conselleria no dependían de Presidencia ni del PP valenciano, que en su mayoría no conocían a Álvaro Pérez y que, en consecuencia, éste no les indicó que tuviese buena relación con Camps.

A pesar de que Guarro, Vidal, Ibars y Martínez están imputados en una causa matriz con cargos entre los que figuran los delitos de supuesta financiación ilegal del PP, prevaricación, malversación de fondos y cohecho, solo la ex consellera y ex presidenta de las Cortes Milagrosa Martínez se ha negado a declarar acogiéndose a esta condición.

"CASO GÜRTEL"; EL TESTIGO CLAVE DEL JUICIO JURA QUE CAMPS "JAMÁS PAGÓ NI UN EURO DE SUS TRAJES"


El sastre José Tomás dice que nunca quiso perjudicar con su declaración al expresidente valenciano, al que quería mucho

Ignacio Zafra / María Fabra Valencia

Archivado en:
Caso Gürtel
Corrupción política
Corrupción


José Tomás García, exdirector comercial en las tiendas Milano y Forever Young, testigo clave en el juicio de los trajes derivado del caso Gürtel, pasó todo el lunes declarando en el tribunal y aseguró que Francisco Camps: “Jamás ha pagado ni un solo euro ni en Milano ni en Forever. Lo juro por Dios y ante este jurado”. Tomás, conocido como el sastre, narró el temor que embargó al expresidente al conocer que el empleado iba a declarar al día siguiente sobre los supuestos regalos que la trama Gürtel hacía a cargos valencianos, entre otros, a él mismo y Ricardo Costa. “El día anterior me llamó no una, sino seis o siete veces. La última fue cerca de la una y media de la mañana”; “me llegó a decir: ‘Por favor, sácame de esta, que cuando pase esto hablaré con tu jefe y no te va a faltar de nada”.

La declaración de José Tomás se esperaba con la sensación de último asalto. Los muchos testigos que han desfilado ya ante el Tribunal Superior de Justicia valenciano han aportado su versión sobre los fragmentos del supuesto cohecho que tuvieron oportunidad de conocer. Tomás era, sin embargo, el único que podía ofrecer un teórico relato completo de lo ocurrido, desde el día en que tomó por primera vez medidas a Camps en el Hotel Ritz de Madrid y a Costa en su despacho de secretario general del PP valenciano, hasta el envío de las prendas a Álvaro Pérez y el pago por parte de las empresas de la trama “con talones, transferencias o en efectivo”. “Yo era el que les acompañaba desde que entraban en la tienda hasta que salían”, contó.

Las defensas, especialmente la de Camps, habían dedicado muchas sesiones a intentar desacreditar anticipadamente a Tomás. La táctica pareció haber dado algún resultado porque cuando el sastre entró en la sala y se sentó alguno de los jurados lo miró con un gesto que parecía expresar algo más que prevención. A medida que la representante de la Fiscalía Anticorrupción avanzó en el interrogatorio y Tomás fue hablando (con respuestas extensas, una considerable dispersión y un buen número de anécdotas) los rostros fueron cambiando, como si se cumpliera el principio de que la credibilidad la dan los detalles. Y Tomás dio muchos.

Confirmó, tal y como ha declarado Camps, que hizo cuatro trajes que el expresidente acabó devolviendo. “¿Esa devolución era porque rechazaba el regalo?, preguntó el abogado de la acusación popular que representa a los socialistas, Virgilio Latorre. “Fue porque no le quedaban bien. Me llamó y me dijo: ‘Oye a mí esto no me gusta cómo me queda. El tercer botón este es altísimo...”, contestó Tomás. “El señor Camps me dijo que jamás se ponía una prenda si no estaba hecha exactamente como a él le gustaba. Desde el primer detalle al último”, añadió.

Contó cómo, para satisfacer esas peticiones, decidió finalmente pedirle a Camps un traje (“uno con el que se sintiera cómodo”) y desmontarlo completamente para tomar de ahí las medidas. Explicó cómo hablaba posteriormente por teléfono con el encargado de la sastrería industrial Sastgor para asegurarse de que las prendas quedasen exactamente a su gusto. Y la premura con la que en algunas ocasiones tuvo que terminar los encargos del expresidente. Una vez, con motivo del premio de Fórmula 1 en Valencia. Otra, para una recepción en Nueva York. Y una tercera para conseguirle un esmoquin negro (“como manda el protocolo del Vaticano”) para ir a ver al Papa a Roma.

Tomás aseguró que todos en las tiendas sabían que las prendas para Camps y Costa las pagaba el número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, y que este “no se fiaba” de que Álvaro Pérez El Bigotes no cargara a otras prendas que eran para él. “Crespo me hacía detallarle por personajes qué prendas compraba cada uno”, dijo Tomás.

La defensa de Camps había tratado de convencer al jurado por anticipado de la animadversión que el sastre tenía contra el expresidente. Tomás afirmó, en cambio, que todo el proceso le había dolido “muchísimo” y que “los quería mucho”. “Parece como si se me responsabilizara de haber dicho la verdad. Como si yo fuera un traidor a algo. Yo, que toda la vida he sido votante del Partido Popular”, sostuvo.

La línea del interrogatorio de la acusación popular chocó un poco, en un principio, al adoptar un tono más inquisidor que conciliador con un testigo clave para sostener sus acusaciones. Sin embargo, de inmediato quedó patente que el letrado utilizó su turno para adelantar todas las contradicciones en las que podía incurrir el sastre cuando comenzara a preguntar la defensa de Camps. Tanto fue así que este, Javier Boix, llegó a agradecer a la acusación, no sin cierta sorna, “que haya adelantado las cosas que yo quería preguntar”.

Las preguntas se refirieron, fundamentalmente, a las declaraciones, hasta seis, que José Tomás ha protagonizado ante la policía y los juzgados. Este lunes, ante el jurado, insistió en que nunca se ha desdicho de ninguna de ellas y mantuvo que únicamente puede haber precisiones entre unas y otras y que se hayan recogido afirmaciones que él realmente conoce por boca de otros empleados de las tiendas. Sin embargo, en su primer tramo de interrogatorio, que continuará el martes, la defensa de Camps no dejó de instigarle sobre las diferentes versiones y pidió la incorporación de los testimonios ofrecidos hasta ahora. Esta documentación se añade como prueba de la credibilidad del testigo ya que el jurado no ha de conocer nada de lo que se tramitó en la causa sino únicamente los testimonios y pruebas que se planteen durante el juicio.

Además, José Tomás tenía preparado un golpe de efecto que no gustó a las defensas. Al ser preguntado por unos tiques de Forever Young, los que supuestamente fueron manipulados y sobre los que el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, acabó admitiendo que eran copias, el sastre dijo que los documentos que le estaban mostrando eran falsos. ¿Cómo lo sabe?, le preguntó el abogado de la acusación. “Porque yo tengo los originales”, dijo y sacó unas fotocopias que, según dijo, están en un CD de la causa principal, que se instruye en Madrid y que corresponden a esos mismo tiques en los que figura claramente el nombre de Camps.

La insistencia de José Tomás sobre la ausencia de cualquier tipo de pagos de Camps varió al referirse a Ricardo Costa, del que llegó a decir que en ocasiones pagó algunas prendas. El testigo ratificó la versión del acusado sobre un primer traje encargado en Milano ya que confirmó que su secretaria llamó para pedir el precio. Incluso admitió saber que Costa le había dado el dinero a El Bigotes para pagarlo pero aseguró que ese dinero “nunca llegó”, sino que el encargo siguió el trámite de todos los demás, que fueron pagados por el número dos de la trama, Pablo Crespo. Aún así, Tomás siguió las instrucciones de Álvaro Pérez y llamó a la secretaria de Costa para agradecerle el pago y decirle que “no corría tanta prisa”. Al margen de este encargo, el sastre certificó la existencia de otros encargos realizados por el ex secretario general del PP valenciano que no fueron abonados.

más información:
 

"CASO GÜRTEL"; LOS CARGOS INSTITUCIONALES DE CAMPS MINIMIZAN LOS CONTRATOS A ORANGE MARKET

La expresidenta de las Cortes se niega a declarar al estar imputada en la financiación ilegal

María Fabra Valencia

Archivado en:
Caso Gürtel
Corrupción política
Corrupción


El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha contado esta mañana con la comparecencia de una decena de cargos que formaron parte de la Agencia Valenciana de Turismo, que fue una de las administraciones que contrató con Orange Market, la sociedad que, presuntamente, pagó los trajes.

Las declaraciones de los distintos cargos institucionales han sido muy parecidas. Todos admitieron que, al margen de Orange Market, desde sus puestos, contrataron con otras muchas empresas e incluso, algunos de ellos, minimizaron los montantes que se llevó la sociedad que lideraba Álvaro Pérez El Bigotes. También todos dijeron que el trato con esta empresa fue igual que el que mantenido con otras contratistas de la Consejería de Turismo, que era de la que dependía la Agencia que adjudicaba los expositores de Fitur que hizo Orange Market.

Sin embargo, ninguno pudo contestar a la pregunta que, insistentemente, ha pretendido formular la defensa de Francisco Camps sobre si en alguna ocasión recibieron algún tipo de instrucción para beneficiar a las empresas de la trama. El presidente del tribunal del jurado, Juan Climent, ha declarado improcedentes todas estas preguntas, al considerar que no están relacionadas con la causa. El juicio se está celebrando por un cohecho impropio, después de que Camps y el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, hayan sido acusados de recibir regalos en su condición de autoridad y no por cohecho propio, que sería la acusación si estos regalos se hubieran recibido en contraprestación por alguna adjudicación o contrato.

La única testigo que se ha negado a declarar ha sido la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, que está imputada en la causa de financiación ilegal del PP valenciano, por lo que se ha acogido a su derecho a no responder a las preguntas por si sus respuestas le pudieran perjudicar en el otro asunto.


lunes, 26 de diciembre de 2011

EL ALCALDE DE MECO Y CINCO ANTIGUOS CONCEJALES, IMPUTADOS POR DOS DELITOS

Los ediles actuaron supuestamente contra la ordenación del territorio

Tono Calleja Madrid
Vista panorámica de Meco, con la iglesia al fondo. / CARLOS ROSILLO
Archivado en:
Meco
Casos judiciales
Delitos


El alcalde de Meco, Pedro Luis Sanz Carlavilla (PP), y cinco de los nueve concejales populares de la anterior corporación municipal deberán declarar como imputados el próximo 9 de enero como presuntos autores de los delitos de desobediencia y contra la ordenación del territorio. El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Alcalá de Henares ha decidido tomarles declaración como imputados después de que la fiscalía presentara una denuncia por aprobar la construcción de un restaurante en una zona verde. Pero, además, la falta de colaboración del equipo de gobierno con la investigación ha determinado al magistrado a incluir entre los delitos que imputa a los ediles el de desobediencia. Este es el motivo por el cual el juez añade en el auto del pasado 30 de noviembre un párrafo con la advertencia de que, si no comparecen los imputados, la orden de citación podrá convertirse en “orden de detención”.

El regidor asegura que las actuaciones en El Verdoso están dentro de la ley

El regidor de Meco, preguntado por este periódico, aseguró estar muy tranquilo, resaltando que todas las actuaciones realizadas en La Alameda de El Verdoso están contempladas en la ley: “No es verdad que en una zona verde no se pueda construir nada, sino que las normas subsidiarias y el Plan General prevén la posibilidad de edificar un restaurante en la misma zona en la que había un chiringuito. En este parque se pueden llegar a construir 100 metros cuadrados o hasta el 7,5% de todo el terreno, que serían unos 280 metros. Yo, que soy de Meco de toda la vida, siempre he visto ahí un chiringuito”, aseguró Sanz Carlavilla, quien desconocía, según dijo, que el juez le hubiera citado a declarar por el delito de desobediencia: “No sabía nada de eso. Y me extraña, ya que nosotros hemos remitido todos los expedientes, incluido el informe de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid”.

La explicación del primer edil de la superficie de la edificación contrasta con el proyecto presentado inicialmente por el Consistorio. En una nota de prensa explicaba que la remodelación abarcaba unos 3.000 metros cuadrados, de los que 900 se correspondían con la terraza, que iba a albergar un servicio de hostelería durante todo el año. El resto correspondían a la extensión del parque, donde los vecinos podrían emplear su tiempo de ocio y recreo, según informó la edil popular e imputada Beatriz Palomo.

La previsión inicial era construir un edificio con porche acristalado, almacén, aseos y vestuarios, al mismo tiempo que se plantaban nuevos árboles, instalando una pérgola. Además estaba previsto recuperar e integrar en el espacio el antiguo lavadero o fuente. Pero según asegura ahora el alcalde, casi nada de eso se hizo, al mismo tiempo que el restaurante es mucho más pequeño que los 900 metros cuadrados del proyecto.

Además de Sanz Carlavilla, los otros imputados son los ediles que formaron parte de la junta de gobierno local celebrada el 8 de enero de 2008 en la que se aprobó el proyecto denominado “nueva terraza y parque de El Verdoso de Meco”. Los concejales que han sido citados son Beatriz Palomo Rodríguez, Francisco Javier Moreno Carlavilla, María Isabel de Lucas Hidalgo, Víctor García Salvador y Francisco Javier Llorente Guillén.

El fiscal inició su investigación tras recibir la denuncia de un particular que informaba de las presuntas irregularidades cometidas con la construcción de un restaurante en la zona verde conocida como La Alameda o parque de El Verdoso. Según esta información, el edificio que acoge el nuevo restaurante supera con creces la superficie permitida en la zona, al mismo tiempo que se encuentra en el entorno de la iglesia de la Asunción de Nuestra Señora, declarada Bien de Interés Cultural (BIC) por la Comunidad de Madrid. Y la misma denuncia destaca que la Dirección General de Patrimonio no hizo ningún informe. Por su parte, el regidor de Meco asegura que la documentación remitida al juzgado incluye el informe de Patrimonio: “Únicamente aseguraba que debíamos preservar una fuente, y que si la tocábamos tendríamos que hacer un informe. También nos decían que debíamos cambiar la orientación de unos paneles. Y les hemos hecho caso, porque el restaurante está muy alejado de la fuente y los paneles los hemos cambiado”.

elpaís.com

"CASO GÜRTEL"; CAMPS AL SASTRE: "SÁCAME DE ESTA Y NO TE FALTARÁ DE NADA"

José Tomás protagoniza un golpe de efecto al mostrar los tiques con el nombre de Camps que habían sido supuestamente manipulados y el juez los acepta como prueba
Hoy se ha celebrado la undécima sesión del juicio a Francisco Camps y Ricardo Costa

María Fabra Valencia

Archivado en:
Caso Gürtel
Corrupción política
Corrupción


El sastre José Tomás, que ha declarado hoy como testigo en la undécima jornada del juicio al expresidente de la Generalitat Francisco Camps y el exsecretario regional del PP Ricardo Costa por la causa de los trajes del caso Gürtel, ha reconocido esta mañana que Camps le telefoneó en varias ocasiones preocupado por si había facturas a su nombre en la tienda Forever Young. "Sácame de esta, que cuando pase esto con tu jefe aquí abajo no te va a faltar de nada", asegura el sastre que le dijo Camps.

José Tomás ha protagonizado un golpe de efecto al ser preguntado por las facturas que Hinojosa, el dueño de Forever Young, admitió que eran copias, en las que aparece la imagen del documento pero no el número y nombre del cliente, tal como ocurre en las otras. El abogado de la acusación ha preguntado al sastre por qué no aparecen estos datos y Tomás ha contestado que porque los han suprimido. "¿Cómo lo sabe?", ha continuado el letrado. "Porque yo tengo los originales", ha dicho el sastre. A continuación, Tomás ha mostrado los tiques con el nombre de Camps que habían sido supuestamente manipulados y el juez los acepta como prueba.

En la sesión de la mañana, Tomás ha admitido, a preguntas de la fiscal, que "lo único que le importaba a Álvaro [Pérez, El Bigotes] es que nunca dijera que los señores a los que les compraba la ropa, no la pagaban". "Que nunca se me escapara", ha asegurado ante las preguntas de la fiscal sobre el funcionamiento de la tienda Forever Young.

Sin embargo, las palabras del sastre han sido menos rotundas que las de los propios empleados de Forever Young, que aseguraron que los encargos de Camps y Costa iban a la cuenta de Álvaro Pérez. "Puede ser que los vendedores apuntaran en la cuenta de Álvaro Pérez prendas que no compraban ellos", ha dicho el sastre. José Tomás ha confirmado que "todos en la tienda sabían que en la cuenta de El Bigotes se tenían que apuntar los encargos de Camps y Costa. Y que Pablo Crespo, otro de los jefes de la trama corrupta, era el encargado de saldar esas deudas.

La fiscal le ha preguntado si recordaba cuántas prendas encargó Camps en 2007. Y el sastre las ha enumerado: "Cinco o seis trajes mínimo, un esmoquin, un chaleco para un acto en el Vaticano y un frac"

No obstante, el sastre no ha mostrado ninguna crítica al expresidente valenciano, al que ha llegado a calificar de "austero", coincidiendo con el perfil que el propio Camps quiso mostrar sobre sí mismo. Incluso ha llegado a afirmar que "quería muchísimo" a Camps y Costa.


domingo, 25 de diciembre de 2011

"CASO GÜRTEL"; EL SASTRE, A ESCENA

José Tomás, tras declarar en mayo de 2009 en el TSJ. | José Cuéllar
El juicio de los trajes

El decisivo testimonio de José Tomás abre la tercera semana del juicio a Camps
Trabajó en Milano y Forever Young y confeccionó los presuntos trajes regalados
'Camps no pagó ni una peseta', aseguró tras declarar en julio en el TSJ

Rodrigo Terrasa | Valencia

Dos semanas hablando de José Tomás. Del sastre, no del torero. Del señor con bigotes que no es 'El Bigotes'. El señor Tomás decía que... El señor Tomás me ordenó... Eso era cosa de Tomás...

Dos semanas de juicio a Camps y Costa y se ha nombrado casi tanto a los acusados como al testigo más esperado. Este lunes se reanuda el proceso, día 11, con la declaración del sastre, convertido en el archienemigo de Francisco Camps en la película de los trajes, el referente de la versión opuesta de la defensa del ex presidente, el pivote sobre el que gira el juicio. Están los que avalan a Camps y los que avalan a José Tomás. No hay más.

El sastre, que según sus detractores no es ni sastre, trabajó en la tienda de ropa Milano durante más de 30 años, luego fue director en Forever Young hasta que le despidieron. Según el relato de la Fiscalía Anticorrupción sus trajes son los que presuntamente regalaban los cabecillas de la trama Gürtel a los cargos del PP valenciano. "Camps no pagó ni una peseta", contó José Tomás tras declarar durante la instrucción del caso ante el juez Flores el pasado mes de julio.

Con el escándalo aún caliente, Tomás concedió una entrevista a El País para presentar su versión. Cada vez que Camps iba a Madrid se alojaba en el Ritz y citaba al sastre para que le tomase medidas. "Me hizo repetir bastantes trajes", relató. Le hizo en total ocho trajes, tres americanas, varios pantalones, un esmoquin, un chaleco para ir a ver al Papa... Mientras el sastre declaraba ante la Policía con el proceso ya en marcha, el ex presidente valenciano le llamó varias veces.

Unos días después le echaron de Forever Young. Su jefe, Eduardo Hinojosa, le acusaba (aún lo hace) de crear facturas falsas en la tienda. Su despido fue declarado improcedente por el juez.

En 2009, José Tomás aún dudaba de la responsabilidad de Camps. Repetía que el ex presidente nunca pagó en la tienda pero no se atrevía a decir que no le cobrasen después Crespo o 'El Bigotes'. Lo mismo dijo en la Audiencia Nacional o en el TSJ de Valencia cuando declaró en mayo de aquel año. Entonces llegó a testificar acompañado en el taxi por unos reporteros de 'Cuatro'. Ya era una estrella mediática, encantada de desfilar ante las cámaras. 'Vanity Fair' le acabó dando una columna. "Es un tío de vestir clásico, un 'dandy'", escribía de Camps.

'Ha mentido a sus votantes'
El pasado mes de julio volvió al Tribunal Valenciano, enojado por la campaña ya orquestada contra él por los afines a Camps (Federico Trillo al mando) y decidido a declarar sin ambigüedades. "Camps ha mentido a todos sus votantes y se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo", soltó tras su interrogatorio. "A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los trajes. No hay duda de que él no los pagó. No pagó ni una peseta".

Tres días después el juez Flors procesaba a Camps y Costa. Cinco meses después José Tomás vuelve al TSJ. Se reencontrará con el presidente al que decía tomar medidas en el Ritz, con ese "exigente" cliente que pedía pantalones con ceñidor, el que vestía trajes de solapa Napoli y americana semientretelada.

El abogado de Camps, Javier Boix, le espera desde hace semanas. Su 'duelo' promete. Durante diez días el letrado del ex presidente ha intentado colgar a cada testigo incómodo de los brazos del sastre, convencido de que si este lunes consigue tirar a José Tomás por el precipicio, todos caerán con él. Si no lo logra, Francisco Camps se acercará al abismo.

Además
Contradicciones, facturas falsas y caos
Preguntas del caso 'Gürtel' | Claves | Cronología

elmundo.es

"CASO PEAJE"; LA FISCALÍA RASTREA LA GRAVA DE MUNAR EN EL SOBRECOSTE DE LA CARRETERA DE MANACOR

Anticorrupción sospecha que sus camiones participaron en la obra
Se investiga si los proveedores entregaron todos los materiales facturados

María J. García | Eduardo Colom | Palma

Tras la entrega del peritaje de la carretera de Manacor al Juzgado que instruye el caso Peaje, los investigadores se centran ahora en determinar cuál es la valoración económica del 20% de asfalto que le falta a su trazado, a qué se debe este adelgazamiento y en qué punto de la obra se produce el desfase. Un análisis que incluye verificar si hubo algún tipo de descuadre en el transporte de la grava a la carretera, un negocio en el que tenía intereses, a través de su empresa Bamusa, la ex presidenta del Consell de Mallorca que había adjudicado la carretera, Maria Antònia Munar.

El asfalto se facturó como si se hubiera cumplido lo que dictaminaba el proyecto cuando su grueso no superó el 80% de lo estipulado en el contrato, según desvela ahora el peritaje publicado en exclusiva ayer por este diario, en lo que podría suponer un descuadre millonario.

El presupuesto final de la carretera no sólo apuntaba a que las obras se habían realizado al 100% conforme con el proyecto oficial, sino que además incluyó un millonario sobrecoste: 18 según cifró el ex conseller del Consell insular de Mallorca, Antoni Pascual, imputado en el caso; 23 según determinaron los investigadores y 26 según revela el peritaje recién entregado al Juzgado que además, indica, no puede explicar de dónde procede el recargo. La adjudicación fue de 122 millones de euros y la liquidación final de la obra de más 145, sin embargo, señala el perito, la última «relación valorada» de las obras apunta a un importe de 119 millones de euros.

Por ello, además de valorar el «claro perjuicio económico para la administración contratante» –el Consell de Mallorca– y dado que los materiales se facturaron aunque no se utilizaron, la Fiscalía Anticorrupción de Baleares trabaja en determinar si se produjo un escape de materiales o bien una facturación inexistente. Anticorrupción sospecha que los camiones de la que fuera presidenta del Consell de Mallorca, con negocios en el transporte de áridos a través de su empresa Bamusa, participaron en la obra y analizan si pudieron cobrar por más grava de la que sirvieron en una de las mayores infraestructuras realizadas durante su etapa en el ente insular. Munar fue presidenta del Consell de Mallorca desde 1995 hasta 2007.

¿Quién ordenó el recorte?
Las pesquisas se centran a su vez en determinar quién era el responsable de los materiales y quién dio las órdenes de no colocar el total del asfalto que obligaba el contrato. En el caso Peaje, que estudia los supuestos desvíos de fondos públicos de la obra y que arrancó en marzo de 2009, están imputados el ex conseller de Obras Públicas y Carreteras del Consell de Mallorca, el ex director insular de carreteras, Gonzalo Aguiar, el administrador de la UTE, directivos de las empresas que la forman, jefes de obras y varios profesionales como un carpintero.

La carretera de Manacor comenzó a construirse en el verano de 2004 y se terminó a finales de 2006. Durante los ejercicios anteriores a la obra, desde 2001 y hasta 2004 –año en el que este diario denunció el escándalo de los negocios de la grava de la presidenta y año en el que, tras reconocer que los camiones eran suyos, los transfirió a otra empresa–, Bamusa facturó oficialmente al principal contratista de obras públicas del Consell de Mallorca y capitán de la UTE que luego ejecutaría la carretera investigada, Melchor Mascaró, 424.000.000 euros, más de 70 millones de las antiguas pesetas.

En 2004, y prácticamente a la vez que arrancaban las obras, Munar vendió sus camiones graveros. Fue en mayo, en una operación sospechosa para Hacienda, ya que Bamusa traspasó por 697.000 euros todo el negocio, un precio que según la Agencia Tributaria correspondería sólo al valor de los camiones, cuando también se cedió, sin coste alguno, la cartera de clientes. Así lo desgrana un informe sobre los negocios de Munar presentado por la Agencia Tributaria al Juzgado de Instrucción número 2 de Palma que investiga el caso Maquillaje en el que están imputados tanto Munar como su marido, Miguel Munar.

La compradora de los camiones de Bamusa, Roadtrans, se había creado también ese mismo 2004. Recién nacida y recién adquiridos los camiones a Munar, comenzó a facturar también a Melchor Mascaró, precisamente mientras la constructora ejecutaba la carretera de Manacor, y a importantes cementeras con las que ya había trabajado la ex presidenta de UM. Pero además, se abrió puertas en otro mercado: el de las grandes concesionarias del reciclaje en Mallorca. MAC y Tirme. Entre las dos pagaron al empresario que operaba con los camiones de la presidenta más de 4 millones de euros de 2004 a 2010.


elmundo.es

"CASO RILCO"; EL EX DELEGADO DE ZONA FRANCA RODRÍGUEZ DE CASTRO, EN BUSCA Y CAPTURA

CÁDIZ | Cuentas pendientes con la Justicia

Ana M. Fopiani | Cádiz

El Juzgado número 4 de Cádiz ha emitido orden de busca y captura contra el ex delegado de la Zona Franca de Cádiz Manuel Rodríguez de Castro, después de que éste no se haya presentado a ninguna de las citaciones del juez por su implicación en el 'caso Rilco'.

La orden se emite después de aceptar la petición del propio Consorcio de la Zona Franca de Cádiz, que solicitó al juez una fianza de 600.000 euros o prisión provisional contra Rodríguez de Castro, tras ser condenado por el Tribunal de Cuentas al pago de 4,3 millones de euros, junto a su sucesor Miguel Osuna, por las irregularidades cometidas durante su gestión entre los años 2000 y 2004.

Manuel Rodríguez de Castro no se ha presentado ante la Justicia, pese a los continuos requerimientos, y se desconoce su paradero, que se sitúa, presuntamente, fuera de España. Las únicas declaraciones realizadas por el ex delegado del Consorcio han sido a través de las redes sociales y, en ocasiones, en tono amenazante. El segundo de los implicados, Miguel Osuna, sí ha acudido a las citaciones judiciales y su domicilio está establecido en la capital gaditana.

El Tribunal de Cuentas condenó a Rodríguez de Castro tras considerar probado que el ex delegado de la Zona Franca puso en marcha el proyecto Rilco, para la promoción del Consorcio en el extranjero, mediante el que benefició a la sociedad Miami Free Zona Services, gestionada por un matrimonio que obtuvo la concesión sin concurso previo y sin experiencia en los trabajos informáticos que se requerían para tal promoción con la puesta en marcha de una web.

El ex delegado firmó informes y concesiones por un montante de 4,2 millones de euros, pese a que no tenía competencia para ello, según el mismo tribunal. Su sucesor, Miguel Osuna, se vio implicado en estas gestiones, a las que, a juicio del Tribunal de Cuentas, no puso freno.

El actual delegado de la Zona Franca, el socialista José de Mier, en su despedida del cargo, ha confirmado a la prensa que el proceso judicial, que "está siendo muy largo", continúa con la petición de busca y captura de Rodríguez de Castro, que deberá responder con su patrimonio o con la cárcel a las irregularidades cometidas.


elmundo.es

"CASO PALMA ARENA"; UN DUQUE A PUNTO DE SER IMPUTADO

El juez citará en los próximos días a Iñaki Urdangarin por sus negocios en Nóos
La investigación destapa prácticas irregulares en el instituto sin ánimo de lucro

Andreu Manresa Palma de Mallorca

Archivado en:
Caso Palma Arena
Corrupción política

   
El yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina y duque de Palma, será citado a declarar en los próximos días como imputado por el juez José Castro de acuerdo con el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, según fuentes judiciales.

La citación se formalizará al alzarse el secreto judicial sobre los más de 2.000 folios de la investigación por supuestas prácticas delictivas en el conglomerado de empresas del Instituto Nóos, un organismo sin ánimo de lucro que impulsó el duque de Palma como presidente.

En la causa judicial abierta se rastrean indicios de delito de malversación de caudales públicos, falsedad documental, fraude a la Administración y prevaricación, en una pieza separada del caso Palma Arena, en el que está imputado el expresidente balear Jaume Matas (PP) por adjudicaciones ilegales de un macropolideportivo.

El instituto Nóos organizó dos congresos de fomento turístico de la isla a través del deporte por los que cobró 2,3 millones de euros del Gobierno balear. La investigación ha detectado que más de la mitad de ese dinero fue a parar a empresas con ánimo de lucro del propio Urdangarin o de su socio, Diego Torres, imputado en el caso.

La declaración del yerno del Rey llegará al levantarse el secreto del sumario

La investigación ha descubierto también las mismas prácticas con tres ediciones de los Summit del deporte en la Comunidad Valenciana por las que el Gobierno de Francisco Camps llegó a pagar casi tres millones de euros. Los eventos con ambos Gobiernos del PP se desarrollaron entre 2004 y 2006.

Las empresas de Urdangarin, según la investigación judicial, no pudieron justificar todos los gastos o lo hicieron de manera irregular. Entre las empresas privadas a las que se derivaron fondos logrados por Nóos figura la sociedad Aizoon, propiedad del duque de Palma y la infanta Cristina. Aizoon facturó varios cientos de miles de euros por su apoyo logístico a los eventos en Baleares. El desvío de fondos, según la investigación, lo maquillaban a través de “la contratación de servicios ficticios a sus propias entidades mercantiles o presumiblemente facturados por importe superior al servicio realmente prestado”.

La infanta Cristina y Carlos García Revenga, asesor de la Casa del Rey, formaron parte de la junta directiva de Nóos hasta junio de 2006, en la que dimitieron al igual que Urdangarin. El juez que investiga el caso considera que ni la infanta ni García Revenga pertenecían al círculo cerrado de toma de decisiones, por lo que no está previsto que sean imputados.

Entre 2003 y 2006, Nóos facturó más de 15 millones de euros, según un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario. Al menos la mitad de los fondos procedía de los contratos con Administraciones públicas y el resto por sus tratos con compañías privadas, que patrocinaban los eventos.

Cerca de medio millón de euros fueron derivados a una sociedad domiciliada en Londres a través de una de las sociedades de la trama llamada De Goes Center for Stakeholder Management, compañía pantalla comprada a un testaferro de un paraíso fiscal por una de las ramas de Nóos, la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social.

La investigación analiza los últimos informes tributarios del Instituto Nóos

Este entidad altruista fue creada tras dejar Urdangarin la presidencia de Nóos en junio de 2006, a raíz de que la Casa del Rey descubriera que en el Parlamento balear, la oposición empezaba a preguntar por los contratos sospechosos del Gobierno autónomo con el duque de Palma.

El juez Castro sospecha que Urdangarin y su mano derecha en el Instituto Nóos, Diego Torres, imputado en la causa, “organizaron un entramado societario utilizando un grupo de sociedades mercantiles, a través de las cuales desviaban los fondos públicos y privados [por patrocinios de empresas] que recibía el Instituto Nóos, apoderándose de los mismos”, según consta en el auto judicial que ordenaba los registros de las empresas de la supuesta trama.

La Casa del Rey apartó de las actividades de la familia real a Iñaki Urdangarin por su conducta no ejemplar. A mediados de 2006 un emisario del Rey gestionó en Barcelona el desenganche del duque de Palma de sus negocios privados. Aunque el duque de Palma abandonó la junta directiva de Nóos en junio de 2006, la investigación sospecha que siguió ligado a la red con sus apoderados.

El PSOE: “Por respeto a la Corona hicimos preguntas moderadas”

Entre 2004 y 2006, el PSOE de Baleares preguntó en diferentes ocasiones en el Parlamento regional —“de una manera muy moderada, por respeto a la Corona”, reconocen hoy sus dirigentes— sobre las actividades de la empresa de Urdangarin. El juez Castro considera que con Nóos se buscó en su día la “cobertura de una asociación que formalmente no perseguía ánimo de lucro, una especie de ONG dedicada a proyectos sociales, a los efectos de aparentar la no persecución de fines lucrativos y rodearse del prestigio social derivado de las actuaciones altruistas a las que presuntamente se dedicaba la asociación”.

La relación privada de Urdangarin con el Gobierno de Matas comenzó a finales de 2003 cuando actuó como intermediario en la venta del equipo ciclista Banesto para que luciera la marca Illes Balears por 18 millones de euros en tres años. A continuación, Urdangarin gestionó para su grupo tres contratos directos por 300.000 euros de 2004. Los investigadores analizan esos contratos al sospechar que fueron ficticios, sin expediente y por trabajos simulados.

más información
La Casa del Rey intentó en 2007 poner en orden los negocios de Urdangarin
Urdangarin pedía a las empresas un 'canon anual'
La importancia de ser casi perfecto

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS
El 10% del mayor contrato al duque de Palma acabó en su empresa privada
Iñaki Urdangarin será imputado en el 'caso Palma Arena'
El juez sostiene que Urdangarin y su socio se "apoderaron" de dinero público
Excelencia, le investigan
Ver todas

EN OTROS MEDIOS
rtve.es Hacienda entrega al juez un informe que corrobora los movimientos económicos de Nóos con ánimo de lucro
elmundo.es Hacienda considera que la actividad de Urdangarin tenía fines lucrativos
20minutos.es Hacienda registró numerosas entradas y salidas de dinero en el instituto de Urdangarin
adn.es La investigación sobre el Instituto Nòos gravita sobre Urdangarín
Ver todas