miércoles, 30 de mayo de 2012

ADMITIDO OTRO RECURSO DE CARLOS FABRA QUE PEDÍA ARGUMENTOS AL JUEZ POR LA FIANZA DE 4.2 MILLONES

TRIBUNALES | La Audiencia de Castellón revoca el auto del Juzgado de Nules
La Audiencia dice que ha de admitirse el recurso pero no reduce la cuantía
La cuantía se debería a la responsabilidad civil por los delitos fiscales

ELMUNDO.es | Castellón

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón ha estimado el recurso de apelación interpuesto por el presidente del PP de Castellón, Carlos Fabra Carreras, y su ex mujer, Maria Desamparados Fernández Blanes, contra el auto de fecha del 7 de marzo de 2012 dictado por el Juzgado de Instrucción 1 de Nules, que no admitía a trámite el recurso de reforma en el que pedía explicaciones al juez sobre la cuantía de la fianza que imponía el magistrado, cifrada en 4,2 millones para Fabra y 800.000 euros para Fernández.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), a Carlos Fabra y su ex mujer no se les permitió recurrir para solicitar la argumentación de la cuantía de la fianza y el juez debe dar cuenta de este trámite.

El tribunal señala en su auto que las resoluciones en materia de medidas cautelares son susceptibles de recurso por lo que pide al juzgado que lo admita y sustancie su decisión de fijar esa fianza. La Audiencia advierte en su auto que la decisión del juez de Nules de no admitir a trámite el recurso formulado por Fabra contra el pronunciamiento sobre la adopción de las fianzas "fue desacertada", por lo que el juzgado "debió proceder a la admisión y trámite" del recurso que deberá llevarse a cabo en la pieza de responsabilidades pecuniarias.

La sala considera que se ha privado a Carlos Fabra de la posibilidad de conocer las razones tenidas en cuenta por el juez instructor para la cuantificación de las fianzas a efectos de poder rebatir los argumentos tenidos en cuenta, lo cual, no significa, según las mismas fuentes del TSJ, que una vez admitido a trámite el recurso de reforma, el titular de Nules considere que debe detallar las explicaciones.

Tampoco supone, hasta el momento, la reducción de los 4,2 millones de fianza, puesto que, según las mismas fuentes, la cuantía se debe a la responsabilidad civil que debería cubrir en relación a los presuntos delitos fiscales, por los propios delitos, por la multa que le podría suponer y por el recargo de impagos al fisco.

Carlos Fabra está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y cuatro presuntos delitos fiscales tras determinar la semana pasada la Audiencia Provincial la inexistencia del presunto delito de cohecho, admitiendo a trámite un recurso de Carlos Fabra. Su ex mujer, María Amparo Fernández, está imputada por presuntos delitos fiscales.

"CASO PEAJE"; LOS COSTES QUE SURGÍAN EN LA CARRETERA DE MANACOR LOS ASUMÍA LA CONCESIONARIA

Declaración de un técnico


Europa Press | Palma

El asistente técnico de las obras del desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor, cuyos trabajos están siendo investigado en el marco del caso Peaje por un presunto desvío de fondos públicos, ha defendido ante la juez instructora que las facturas de los trabajos se justificaban ante la empresa concesionaria de los mismos y no ante el Consell de Mallorca, puesto la adjudicación de las obras habían recaído en manos de esta mercantil y ésta a su vez las subcontrató a la UTE que finalmente las llevó a cabo.

De hecho, durante su declaración como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Palma, Ana San José, Ricardo Collado ha incidido en que la propia concesionaria, Pamasa, era la que asumía el coste de la reparación que cualquier anomalía que surgiera y que hubiera que subsanar más allá de la cantidad inicialmente presupuestado, de forma que si a alguien le supuso un "coste importante" los remates en la carretera fue a la empresa adjudicataria y no a la Institución insular.

"Cualquier reparación que debiera hacerse correspondía a Pamasa, porque el contrato era a riesgo y ventura", ha aseverado el declarante. Precisamente, las defensas niegan que el presunto sobrecoste producido durante la ejecución -que los investigadores elevan a unos 23 millones de euros- repercutiese en las arcas del Consell, al defender que la Institución otorgó la concesión de los trabajos a Pamasa, que a su vez subcontrató las obras a la UTE Desdoblamiento C-715, encargada así de los trabajos y sus modificaciones.

Así las cosas, el testigo ha negado que el excelador de la carretera Palma-Manacor Gabriel Mestre tomase las decisiones en torno a las modificaciones que iban realizándose durante la ejecución de las obras y, al respecto, a preguntas del letrado de Mestre, Josep de Luis, ha explicado que semanalmente se celebraban reuniones de seguimiento en las que se planificaba el trabajo a realizar la semana siguiente. "Cada semana se contrastaba lo que se había planificado con lo ejecutado y, en su caso, se incrementaban los nuevos trabajos", ha precisado.

"CASO MAQUILLAJE"; LA FISCALÍA ASEGURA QUE LA ACUSACIÓN POPULAR ES "UN APÉNDICE" DE MUNAR

Las defensas piden su expulsión
Anticorrupción también ha denunciado que el dinero público del Consell que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y Nadal se infiltraron

Eduardo Colom | María José García | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha asegurado hoy que la acusación popular del juicio por el caso Maquillaje, que estos días se celebra en la Audiencia Provincial de Palma, es "un apéndice" de Maria Antònia Munar.

Los fiscales Joan Carrau y Miguel Ángel Subirán también han denunciado durante su alegato final que el dinero público del Consell de Mallorca que recibía Video U aumentó un 1500% cuando Munar y su delfín Miquel Nadal -otro de los acusados en el juicio- se infiltraron en la productora.

Los fiscales destacan, además, que cuando la ex presidenta de Mallorca se fue al Parlament en el año 2007, Video comenzó a trabajar para esa institución. Señalan que casualmente se le contrató desde Presidencia cuando ella era la presidenta.

Carrau ha destacado en sus conclusiones definitivas las "mentiras e incertezas" en las que incurrió Munar durante su declaración ante el tribunal que la juzga, informa Efe.

El fiscal ha considerado que existen suficientes pruebas para condenar a los acusados en este caso de supuesta corrupción, en el que la ex presidenta de Mallorca se enfrenta a una petición fiscal de 6 años de cárcel, y su expresidente Miquel Nadal a 2 años y 7 meses, por haber dado una subvención de 240.000 euros del Consell a una productora de su propiedad para elaborar un programa de radio que nunca hizo.

Durante su exposición, el fiscal ha resaltado varias partes de la declaración de Munar ante el tribunal en las que la expresidenta supuestamente "mintió", lo que a su juicio desacredita su versión desentendiéndose de la compra de la productora y de la concesión de las subvenciones.

El fiscal ha recordado que la expresidenta dijo que solo veía "de Pascuas a Ramos" a su prima política Coloma Munar, quien en cambio testificó en el juicio que la visitaba todas las semanas.

También aseguró, ha dicho, que no existía dinero negro en Unió Mallorquina (UM), mientras que el excontable de este partido afirmó en la vista que sí había y que además parte de él lo manejaba la propia Munar.

El fiscal ha apuntado que los acusados cometieron el delito de fraude a la Administración al dar dinero a la productora de Munar y Nadal, Vídeo U, para el programa de radio; el de falsedad porque elaboraron facturas falsas para justificar un trabajo que no se hizo; malversación porque se llevaron el dinero público; negociaciones prohibidas porque intervinieron para auto-adjudicarse la subvención y prevaricación porque se hizo de manera irregular.

Rechazo a la acusación popular
Por su parte, los tres abogados defensores han solicitado al tribunal que aparte de la causa a dicha acusación popular, representada por el letrado Francisco Hernando y que precisamente solicita la absolución de la ex presidenta del Parlament balear.

Los defensores de Miquel Oliver, Luisa Armiñana y Ramón Rullán reclaman la expulsión de Hernando por abuso de derecho al pedir únicamente las absoluciones para Munar y Margarita Sotomayor, ex directora de Comunicación del Consell. También solicita 3 años para Miquel Nada y 2,7 para los socios de video U, para los cuales la fiscalía ha pedido penas menores.

Hernando representa a la Asociación Justicia y Democracia, que preside un ex guardia civil autor de un libro que defiende la gestión de Munar en la venta de Can Domenge.

Peticiones de la fiscalía
En la jornada de ayer, Fiscalía Anticorrupción decidió rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Munar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

Además

"CASO TÓTEM"; LA SALA CIVIL Y PENAL DEL TSJ ORDENA LA "INMEDIATA" DETENCIÓN E INGRESO EN PRISIÓN DEL EXALCALDE DE TOTANA


Señalan que el delito de cohecho es continuado, que tiene pendiente otro proceso y que solo buscaba su interés propio y personal

MURCIA, 30 (EUROPA PRESS)

La Sala Civil y Penal del TSJ de Murcia ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del exalcalde de Totana y exdiputado regional, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

Por auto de hoy, 30 de mayo, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Murcia(TSJRM).

En este sentido, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad".

Cabe recordar que el principal acusado en el denominado 'caso Tótem', que saltó a la luz pública en noviembre de 2007, había pedido evitar su ingreso en la cárcel al no superar los dos años de prisión.

Así como que el pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región (TSJ) en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

SENTENCIA DE MARZO

La Sala de lo Civil y Penal del TSJ emitió el pasado mes de marzo su fallo condenando a Morales, para el que el fiscal pedía inicialmente 28 años de prisión por los delitos de cohecho, fraude, blanqueo de capitales, falsedad, malversación e infidelidad en la custodia de documentos, a casi cinco años de cárcel en su conjunto y una multa de ocho millones de euros por el delito de cohecho.

En concreto, por el delito de cohecho por el cobro de comisiones se le condena a dos años de prisión y una multa de ocho millones de euros; y por el de blanqueo, a la pena de cinco meses de prisión y una multa de 133.000 euros, además del comiso de dos vehículos, una vivienda en Murcia por valor de 120.000 euros y 55.800 euros que en su momento le fueron incautados.

Por el delito de falsedad, la pena de un año, seis meses y un día de prisión sustituible por una multa de 32.900 euros, y una multa de cinco meses con cuota diaria de 30 euros; por el de malversación, la pena de cárcel de cinco meses sustituible por una multa de 3.000 euros, así como una pena de multa de un mes y 15 días; e infidelidad en la custodia de documentos, seis meses de prisión sustituibles por una multa de 10.800 euros, así como una multa de seis meses con una cuota diaria de 30 euros.

Procede también que Morales indemnice al Ayuntamiento de Totana en la cantidad de 2.945 euros por las facturas telefónicas y al mismo tiempo se decretará la nulidad de los contratos firmados.

Estos delitos se relacionan con la gestión de convenios urbanísticos, en concreto el que promovió con la empresa gallega Inmonuar, propiedad de Manuel Núñez, en la finca totanera de El Raiguero.

Otras actividades acreditadas de Morales fue el envío de dinero a Brasil a través de su pareja, además de llamadas telefónicas a ésta y otras amigas de Brasil con cargo al teléfono municipal y la sustracción y apoderamiento de expedientes municipales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

OTRO PROCESO PENAL ABIERTO

En abril, el Ministerio Fiscal solicitó que se averiguara si existían procesos penales contra el condenado y en la información solicitada por los Juzgados de Totana detallaba que seguía contra Morales un proceso penal en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción número 1 de Totana por un presunto delito contra los Recursos Naturales y Medio Ambiente, así como por un posible delito de prevarización.

Tras lo que el Ministerio Fiscal presentó un escrito pidiendo que no se suspendiera la ejecución de la pena impuesta a Morales, quien solicitaba la suspensión de la pena privativa de libertad de dos años.

Finalmente, la Sala fundamenta que el artículo 80 del Código Penal dispone que los Jueces o Tribunales podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años mediante resolución motivada, atendiendo fundamentalmente a la peligrosidad criminal del sujeto, así como a la existencia de otros procedimientos penales contra éste.

Sobre la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, la Sala recuerda que Juan Morales ha sido condenado por un delito continuado de cohecho cometido por funcionario público, que no ha sido un delito realizado esporádica y ocasionalmente una sola vez "porque le han tentado desde fuera los particulares con dádivas o regalos aprovechando una debilidad humana".

Sino que, puntualizan, "es él en persona quien ha fijado un verdadero plan de ejecución de su actuación como alcalde, de suerte que centralizó en su condición de autoridad en el ejercicio del cargo la tramitación de los convenios urbanísticos como un suculento negocio a explotar a nivel particular, exigiendo comisiones o participaciones en la venta de terrenos, tras conseguir la calificación de urbanizables, asesorando a los particulares a tal fin no sólo a los vendedores sino también al comprador, como ha sucedido en el caso de Inmonuar S.L".

De tal forma, añaden, que "su firma en los instrumentos urbanísticos iba dirigida y condicionada a la percepción de comisiones y participación en las plusvalías urbanísticas de los terrenos de los propietarios. Concretamente 1,2 millones en la operación de 'Inmonuar'; 2,1 millones en la actuación de 'Agroproducciones Integradas S.L.'; 5,4 millones en la operación 'Visanfer' y 6,5 millones en la operación con 'Frutas Guadalentín'.

En total, 15.483.901 euros, que es la cantidad "con la que el condenado pretendía enriquecerse", lo que evidencia, según la Sala, "la magnitud de la operación y la degradación del ejercicio de funciones públicas, movido exclusivamente por el enriquecimiento privado".

Asimismo, señala que el delito de cohecho es continuado y que tiene pendiente otro proceso en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 1 de Totana por delitos contra el medio ambiente y prevaricación, por lo que, subraya la Sala del TSJ, "durante todo el ejercicio de sus funciones propias como alcalde sólo iba dirigido al menoscabo de la función pública, y la búsqueda de su interés propio y personal".

LICENCIAS PARA CONSTRUIR 5.000 VIVIENDAS

El 'caso Tótem' saltó a la luz pública en noviembre de 2007, cuando la Guardia Civil destapó una trama de pago de comisiones millonarias a cambio de licencias municipales en la localidad de Totana.

El grupo gallego Nuaria habría adquirido para ello las licencias para construir más de 5.000 viviendas en 2,2 millones de hectáreas a través de comisiones ilegales en lo que sería el mayor complejo residencial del municipio. En el transcurso de la investigación, fueron arrestadas casi una veintena de personas.

"CASO TOTEM"; ODENAN EL "INMEDIATO" INGRESO EN PRISIÓN DEL EX ALCALDE DE TOTANA

Juan Morales, ex alcalde de Totana. | Alfonso Durán


JUSTICIA | Corrupción en Murcia
Juan Morales cumplirá dos años de prisión por corrupción urbanística
El Tribunal Superior de Justicia de Murcia dice que no 'ha lugar' a beneficios

Agencias | Murcia

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJM) ha ordenado "la inmediata detención e ingreso en prisión en calidad de preso" del ex alcalde de Totana, Juan Morales Cánovas, por su implicación en el llamado 'caso Tótem', de corrupción urbanística en el citado municipio.

En el auto de este miércoles, el tribunal decreta el cumplimiento de la pena privativa de libertad que se le había impuesto a Morales en sentencia firme, de dos años de privación de libertad, por el delito continuado de cohecho, según han informado fuentes del TSJRM.

Sobre este aspecto, la Sala entiende que "no ha lugar a la concesión al citado penado de los beneficios de la suspensión de la ejecución de la pena privativa de libertad". El principal acusado en este caso de corrupción urbanística de la localidad murciana, había pedido evitar su ingreso en prisión al no superar los dos años de prisión.

El pasado 1 de marzo se hacía pública la sentencia de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ sobre el 'caso Tótem', en la que se señalaba el acuerdo de conformidad alcanzado por el fiscal y las defensas de los acusados.

De acuerdo con la conformidad alcanzada por la fiscalía, las defensas y los acusados, el ex alcalde de Totana y ex diputado regional fue condenado a la pena de dos años de prisión y multa de ocho millones de euros por un delito de cohecho, y a cinco meses de prisión y multa de 133.000 euros por un delito de blanqueo de capitales.

Por otra parte, los otros diez acusados que reconocieron los hechos y se conformaron igualmente con las penas se les imponen condenas menores por cohecho.

"CASO GÜRTEL"; VICENTE RAMBLA: "SU SEÑORÍA HA VISTO QUE MI ACTUACIÓN SE HA AJUSTADO A LA LEGALIDAD";

Vicente Rambla llega junto a su abogado al TSJ de Valencia. | José Cuéllar
La financiación del PP
El ex vicepresidente del Consell ha declarado durante cerca de tres horas

Europa Press | Valencia

El ex vicepresidente del Consell Vicente Rambla ha asegurado este martes que está convencido de que el juez José Ceres, que instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la causa por la presunta financiación irregular del PPCV, ha visto con su declaración que su actuación durante sus 12 años de responsabilidades en el Gobierno valenciano "ha estado siempre ajustada a la legalidad".

Rambla ha llegado sobre las 09.50 horas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para comparecer como imputado en la causa por la presunta financiación irregular del PPCV por las piezas que componen la causa: un supuesto delito electoral en los comicios autonómicos y municipales de 2007, presunta falsedad documental en las generales de 2008 y posible prevaricación de la Generalitat en la contratación de Orange Market entre 2005 y 2009.

Al respecto, tras comparecer durante cerca de tres horas ante el magistrado, ha mostrado su "satisfacción" por "haber podido prestar declaración". "Estoy convencido de que su señoría ha visto que mi actuación ha estado ajustada a la legalidad como siempre lo he hecho a lo largo de mis 12 años como miembro del Gobierno de la Generalitat valenciana", ha apuntado.

Rambla ha señalado que no quería ser "descortés" con los numerosos periodistas que le aguardaban a la salida, pero ha rechazado contestar a más preguntas de los medios de comunicación.

Además

"CASO EMARSA"; CRESPO NIEGA HABER INSTADO AL EXGERENTE DE EMARSA A BUSCAR NEGOCIOS EN RUMANÍA

Duda de que lo hiciera la Epsar
'Nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía', afirma al juez
Admite que los estatutos de Emarsa impedían hacer negocios fuera de Valencia
Dice desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula 1

Europa Press | Valencia

El ex presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y de Emarsa, Enrique Crespo, ha negado este martes ante el juez que investiga un agujero de 25 millones de euros en la empresa que gestionó la depuradora de Pinedo, que él, el Consejo de administración o la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) autorizaran o instaran al gerente de la empresa, Esteban Cuesta, a ir a Rumanía a buscar "cualquier forma de financiación o de negocio".

En su segunda declaración de esta semana ante el magistrado, que continuará el próximo martes, Crespo ha afirmado, en relación con la declaración de Cuesta de que el Consejo había intado a la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos y de que estaban informados tanto Crespo como los directivos de la Epsar Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer, que en este órgano "por supuesto nunca se supo, ni se habló, ni se dijo nada sobre Rumanía".

Crespo, asegura en su declaración que personalmente a él no se le comunicó este extremo y "duda mucho" de que lo hicieran a la Epsar y a las personas a las que Cuesta alude en su declaración.

Limitación por los estatutos
El también ex alcalde de Manises y ex vicepresidente de la Diputación de Valencia ha destacado que la Epsar "nada tiene que ver fuera de la Comunidad Valenciana, ni siquiera Emarsa por sus estatutos podía hacer nada fuera del área metropolitana".

Durante su declaración, ha insistido en que ni la depuradora ni la entidad pública "podían hacer nada fuera de la depuradora ni la entidad pública podían hacer nada fuera del ámbito territorial delimitado para sus competencias".

Por ello, ha achacado las manifestaciones realizadas en ese sentido por Cuesta a una "burda estrategia malintencionada" de "a saber qué se haría en Rumanía y todos los agentes que participaron en aquella aventura, de querer involucrar en todo esto al consejo de administración" y a él mismo como presidente de la entidad, así como a la Epsar, a Morenilla y Bernácer.

'Ni siquiera en Albacete'
En su opinión, Crespo se debía creer que, involucrando al consejo, podía dar posibilidad a una cosa "inverosímil jurídica y legalmente y descabellada, como podía ser que una empresa pública 100% y la Emshi, con delimitación marcada de funciones y territorialmente y presupuesto público, pudiera hacer aventuras de negocios privados ni más ni menos que en Rumanía". "Ni siquiera en Albacete", ha apuntado.

No obstante, ha precisado que no sabe si en uno o varios consejos de administración se instó a Cuesta, por medio de consejeros, a buscar nuevas fórmulas de negocio "pero en el ámbito estricto de Emarsa" y el área metropolitana, con lo que se hace referencia a empresas contaminantes de lixiviados o aquellas que tuvieran que depurar sus aguas o que tuvieran que contratar una empresa para hacerlo, entre otras.

Así, ha sostenido que nadie hubiera sospechado que se le hubiera dado un "cheque en blanco" para "ni más ni menos ir a Rumanía a buscar negocio, y porque no se le ocurrió ir a China". En esta línea, ha insistido en que en ningún caso tuvo conocimiento del tema de Rumanía "ni de los contactos, ni los viajes, ni la gente que iba y venía, lo que se pretendía hacer allí".

Preguntado por la gestión de los lodos y las declaraciones de Cuesta sobre que todas las personas que se ocupan de esta cuestión y el sistema existía "desde antiguo", ha calificado de "increíbles" las manifestaciones.

Según ha dicho, el gerente tenía todos los poderes y la gestión delegada y ha asegurado que ésta fue una toma de decisión que solo adoptó Cuesta, que le ha involucrado a él, a Morenilla, a Bernácer y a Jorge Roca, a quien desconoce y con el que nunca ha contactado ni sabía que era proveedor de Emarsa.

secadero de jamones
Durante su declaración, Crespo también ha contestado a las preguntas sobre la nueva sede que se había planteado para la entidad, y para la que se propuso un secadero de jamones, que no prosperó. El expresidente de Emshi ha explicado que el ex edil del PP en Valencia Juan Carlos Gimeno, imputado en la causa, le ofreció realizar una distribución del edificio que se eligiera.

Asimismo, ha asegurado que el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, le comunicó que el Ayuntamiento iba a ceder un solar en la avenida Ecuador para la sede, aunque luego se rechazó.

En todo caso, ha precisado que, con Gimeno no hubo contratación de ningún proyecto ni encargo de trabajo ni dio órdenes a Cuesta para pagar unas facturas a las que alude el ex edil popular. Tampoco negoció la salida laboral de Gimeno de Emarsa, según su declaración.

Comidas, lotería y Fórmula 1
Crespo ha insistido en este jornada en que no tenía secretaria ni despacho en Emarsa y, sobre las comidas de Navidad, ha apuntado que el menú lo concertaba el gerente.

En este punto, ha dicho que se hicieron hasta 2007, dada la situación de crisis, e ignoraba si en 2008 y 2009 se sigueron cargando estos gastos del Consejo. Preguntado por los pagos en lotería para estas fechas, ha dicho que recibía, igual que el resto de miembros del Consejo, un décimo, y ha negado llevarse más.

Asimismo, Crespo ha afirmado desconocer que se compraran entradas ni para la Fórmula Uno ni para el Open de Tenis, eventos a los que asegura no haber ido, ni tampoco haber encargado tickets para el acceso, en los que figura un desfase de 52.000 euros.

Además

"CASO MAQUILLAJE"; EL FISCAL REBAJA LA PETICIÓN DE PENA PARA NADAL A 2 AÑOS Y 7 MESES Y MANTIENE LA DE MUNAR

Octava jornada del juicio
La petición de pena para Nadal queda en 2 años y siete meses
Para el testaferro Miquel Sard ahora solicitan un año y un mes
Retira la acusación contra Elisabeth Diéguez
Luisa Almiñana y Ramón Rullan ven incrementada la petición de condena

María J. García | Eduardo Colom | Palma

La Fiscalía Anticorrupción ha decidido rebajar su solicitud de condena para el ex conseller de Turismo, Miquel Nadal, y su testaferro, Miguel Sard, al considerar la "atenuante analógica de confesión".

La petición de pena para Nadal queda en 2 años, siete meses y 15 días, para el testaferro Miquel Sard, a quien pedían dos años y tres meses, ahora solicitan un año y un mes.

Para Maria Antonia Muncar, sin embargo, mantiene la solicitud de 6 años de cárcel por malversación, falsedad en documento oficial, prevaricación y negociaciones prohibidas. Sin embargo, la acusación popular prevé pedir mañana que se le retire la acusación, en lo que a ella respecta, a la ex presidenta del Parlament y a Margarita Sotomayor, ex directora insular de Comunicacíón.

Asimismo ha retirado los cargos contra la dueña de Studio Media, Elisabeth Diéguez a quien acusaba de malversación continuada y falsedad en documento oficial y pedía para ella tres años de cárcel.

Luisa Almiñana, quien fuera administradora de Vídeo U, y Ramón Rullan, por su parte, ven incrementada la petición de condena hasta un año y cuatro meses.

El juicio por el Caso Maquillaje entra en su recta final y podría finalizar este miércoles.

En el juicio, Nadal narró con detalle la supuesta entrega del dinero, que él entendió que procedía de UM, explicando que ocurrió en el asiento de atrás del coche oficial de Munar cuando circulaba por la autopista de Inca y que ella le señaló el sobre y le dijo: "Ahí lo tienes".

El ex conseller responsabilizó en todo momento a Munar de la toma de decisiones y de la adjudicación de las subvenciones del Consell.

Munar negó ante el tribunal estas acusaciones y afirmó que se podrían deber "a la presión de la Fiscalía" y a que las relaciones entre ella y su antiguo delfín político se deterioraron cuando ella decidió dejar la política.

Tal y como sostiene la acusación pública, una vez que Munar, asistida por el letrado Gabriel Garcías, y Nadal se hicieron con el control mayoritario de Vídeo U intervinieron de forma "arbitraria e ilegal" con el objetivo de inyectarle fondos públicos "sin justificación ni motivo alguno". Tanto es así que la Institución supramunicipal tramitó entre 2004 y 2005 dos subvenciones de 120.000 euros cada una para la creación del programa radiofónico 'Temps d'esport', que de acuerdo a las investigaciones, nunca llegó a emitirse.

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