martes, 16 de junio de 2009

EL PP PRESENTARÁ UNA QUEJA ANTE EL CGPJ POR LAS "FILTRACIONES" DEL "CASO SCALA"


La formación popular afirma que hay una «persecución» judicial por parte de la Fiscalía

Rosa Estarás, presidenta del Partido Popular en Baleares

JOSEP MARÍA AGUILÓ | PALMA DE MALLORCA

El portavoz del PP balear, Carlos Simarro, dio a conocer ayer que la formación popular presentará una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Ministerio de Justicia ante «las continuas filtraciones a los medios de comunicación» de documentos relativos al llamado «caso Scala», que investiga un presunto caso de corrupción que se habría producido en la pasada legislatura en el seno del Consorcio para el Desarrollo Económico de las Islas Baleares (CDEIB), órgano que dependía del consejero de Comercio, Josep Juan Cardona, que se halla imputado por este caso.

Según la anterior responsable del CDEIB, Antònia Ordinas, parte del dinero cobrado por la adjudicación irregular de contratos se habría destinado a la edición de publicidad electoral del PP en Ibiza, extremo que Simarro volvió a desmentir.

Arropado por la dirección regional del partido, con su presidenta Rosa Estaràs al frente, Simarro dijo que ahora habría «una persecución» judicial contra el PP.

Las citadas «filtraciones» estarían provocando «juicios paralelos» y una situación de «indefensión», al llegar a la prensa acusaciones que desconocen los propios imputados. Simarro defendió la «honorabilidad» de Cardona, y señaló que el objetivo de la Fiscalía sería «lesionar a la gente y a los partidos contrarios».

Preguntado por la posibilidad de que la Fiscalía pueda estar actuando de forma inversa en otros casos, en velada alusión a la actual presidenta del Parlamento balear, Maria Antònia Munar, y al «caso Son Oms», Simarro dijo que lo que contra el PP sería «persecución» en UM estaría siendo «salvaguarda».

Asimismo, afirmó que el PP ha actuado de forma «contundente» cuando ha habido presuntos casos de corrupción en su partido, y añadió que si desde el Gobierno balear se pide la dimisión de Cardona, debería pedirse también la del presidente del Consejo de Ibiza, el socialista Xicu Tarrés, y la de diversos cargos de UM

ABC.ES

UN SEGUNDO PODER NOTARIAL INCULPA A MANUEL CHAVES DEN EL "CASO MATSA"

Niegan al PP copias para ocultar la rúbrica de su hija

* La Junta niega copias al PP para ocultar la rúbrica de Paula Chaves aceptando el incentivo

Manuel María Becerro | Sevilla

La Junta de Andalucía se negó ayer de nuevo en redondo a entregar al PP las copias del expediente del incentivo de casi 10,1 millones de euros concedido a Minas de Aguas Teñidas (Matsa), la empresa en la que está apoderada la hija del vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, por el miedo a que los medios de comunicación tengan acceso a las mismas y reproduzcan tanto su firma aceptando el pasado 23 de febrero la ayuda que aprobó su padre como, sobre todo, el poder notarial que la habilitaba para ello.

Según volvieron a constatar ayer los dos diputados regionales del PP que revisaron el expediente, José Luis Rodríguez y Jorge Ramos, en el mismo figura un documento de apoderamiento a favor de Paula Chaves Iborra que está fechado el pasado 14 de enero, estos es, seis días antes de que su progenitor no se inhibiera en la reunión del Consejo de Gobierno y votara a favor de conceder la subvención, contra lo que le imponía el artículo 7 de la Ley 3/2005 de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta.

EL MUNDO ha tenido acceso a una copia de esta escritura, firmada en Sevilla, y que no fue inscrita en el Registro Mercantil de Huelva hasta el pasado 4 de marzo. En la misma se precisan las atribuciones de la hija del ahora ministro de Cooperación Territorial, pero en el fondo no se introducen variaciones significativas respecto del apoderamiento anterior, que –como adelantó este diario– se registró el 12 de noviembre de 2008.

Entonces, ¿por qué no se remitió una simple copia de aquel primer asiento registral a la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía –IDEA–, o incluso la escritura del poder primigenio a favor de Paula Chaves que la validaba también para firmar la aceptación del incentivo? No se puede perder la vista la fecha de aprobación por el Consejo Rector de IDEA de la ayuda de los más de 10 millones: 13 de enero, justo 24 horas antes de elevarse a escritura pública el segundo apoderamiento.

Conviene recordar que, según la versión ofrecida tanto por Chaves como por la Junta de Andalucía, él no fue quien «aprobó» el incentivo, sino que la decisión residía en el órgano dependiente de la Consejería de Innovación. ¿Podía haber entonces interés en que la vinculación de la hija del antiguo presidente de la Junta sólo constara en el expediente de la ayuda a partir del día después en el que ya estaría todo amarrado?

Voto de calidad


El problema de fondo es que se pretende quitar relevancia a una decisión del Consejo de Gobierno sin la que jamás se podría haber aprobado el incentivo a favor de Matsa conforme a la vigente orden. Una decisión en la que Chaves pudo inhibirse –hay que recordar que se trata de un órgano colegiado–, pero sin embargo decidió ejercer su derecho a voto cualificado, que en caso de empate habría sido el decisivo.

Su hija estaba apoderada especialmente para firmar la ayuda, según el expediente revisado ayer por el PP, desde el 14 de enero. El Gobierno andaluz alegará ahora que la comunicación del poder es posterior a esa fecha, pero es claro que los efectos se despliegan desde seis días antes de pasar por el Consejo de Gobierno.

Además, no se puede olvidar que Matsa vincula a Paula Chaves con la tramitación del incentivo, como «responsable del departamento jurídico», desde el mismo momento en que se solicitó, puesto que desde el «2 de julio de 2007» se encargaba «de la gestión y tramitación de incentivos y ayudas», y la petición a la Junta se efectúa el 11 de octubre de aquel mismo año.

Con todos estos datos, el PP exigió ayer la «dimisión» tanto de Chaves como del consejero de Innovación, Ciencia y Empresa, Martín Soler. Nada más finalizar la visita a la Agencia IDEA, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, comparecía en rueda de prensa para afirmar que habían «constatado», con el expediente «en mano», que la hija del ex presidente andaluz constaba como apoderada en el expediente de la concesión de la ayuda a Matsa.

Sanz consideró que, por este motivo, el ahora vicepresidente tercero se tenía que haber inhibido, ya que se ha incumplido «claramente» la Ley de Incompatibilidades. «Ya no valen más excusas por parte de Chaves para seguir escudándose en que su hija no era la apoderada de la empresa», dijo Sanz, quien aseguró que su formación está trabajando en una denuncia ante los tribunales sobre esta cuestión.

Reunión parlamentaria extraordinaria

«Pero la base de ésta hay que soportarla mediante documentos, que hoy nos niegan», subrayó Sanz, que anunció que solicitará que la Mesa del Parlamento se reúna de manera extraordinaria para que les «dé amparo» y se cumpla «estrictamente» el Reglamento de la Cámara y el Estatuto a daluz.

«Es curioso que, si un alcalde no ofrece en cinco días la información que se le requiere, puede ser condenado por los tribunales si es denunciado por un grupo municipal. Aquí llevamos cinco meses pidiendo una información que no se nos facilita», denunció.

Las reacciones políticas se suceden también a nivel nacional. La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, instó al PP a que acuda a los tribunales si ve indicios de ilegalidad en el expediente. Además, subrayó que el caso de Chaves «no está siendo investigado ni por la Fiscalía ni por los tribunales, lo que sí ocurre de forma clara con el caso Gürtel».

Por su parte, el presidente del PP, Mariano Rajoy, advirtió ante la junta directiva nacional de su partido que seguirán pidiendo explicaciones tanto en el Parlamento andaluz como en el Congreso de los Diputados. «Y es obligado por parte del presidente del Gobierno darlas y se las vamos a exigir», proclamó entre aplausos.

Además


* Veto a EL MUNDO tras facilitar los papeles a otros medios informativos
* 'Es imposible que no supiera que su hija apoderaba a Matsa'
* Un Chaves engañó a la Junta al recibir ayudas de otro Chaves
* Climo Cubierta, el otro negocio del clan

ELMUNDO.ES

EL PP PIDE LA DIMISIÓN DE PEDRO CASTRO POR EL ESCÁNDALO DE LA ADJUDICACIÓN DE PÁRQUING


PRESUNTA TRAMA DE CORRUPCIÓN EN GETAFE

No está siendo el mejor año de Pedro Castro. Tras la polémica como presidente de la FEMP por llamar "tontos de los cojones" a los votantes del PP, ahora se enfrenta a una presunta trama de corrupción y tráfico de influencias en la adjudicación de plazas de aparcamiento en Getafe.

Pedro Castro.

* Documentos: Asamblea de la cooperativa Gabriel y Galán
Contrato del aparcamiento de la calle Jilguero
Anexo al contrato de ejecución de obras
Firmas del concejal de Hacienda y del padre y el marido de la concejala de Obras
Intento de concesión del aval del ayuntamiento
Ingresos y gastos de la cooperativa Gabriel y Galán

Caso Getafe: la edil adjudicó el parking a la empresa de su marido, su padre y su madre

Una concejal de Getafe otorgó la construcción de un parking de 461 plazas a su marido

El Partido Popular de Getafe ha exigido la dimisión del alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Pedro Castro, como “máximo responsable de la presunta trama de corrupción” en la adjudicación de 1.423 plazas de aparcamiento en el municipio, “que se realizó presuntamente con su connivencia y su complicidad”.

Esta petición llega tras aportar este martes nuevos datos que demuestran que “existe una vinculación, desde el inicio hasta el final, entre los adjudicatarios de los aparcamientos, la gestora responsable de los mismos y miembros del Gobierno municipal del Ayuntamiento de Getafe, como el concejal de Hacienda, David Castro y la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, así como el marido, el padre y la madre de esta última”, ha explicado Carlos González, portavoz del PP de Getafe.

El propio concejal de Hacienda fue el encargado de firmar el contrato de una de las adjudicatarias, Sociedad Cooperativa Jilguero 2005, en el que también aparecen las rúbricas del marido y del padre de la concejala de Obras y Servicios, Cristina González, tal y como se puede comprobar en el escrito desvelado por el Partido Popular.

Anexo al contrato

Entre los documentos difundidos públicos también se encuentra un “anexo al contrato privado para la ejecución de obras” para la construcción de los aparcamientos, que, dentro de su acuerdo segundo dice textualmente:

* “Por otro lado, cuenta con el respaldo del Ayuntamiento, en cuanto que se compromete a asumir las plazas que, a día 1 de enero de 2010, hubiera pendientes de vender y apoyar la continuidad de las obras”.

Igualmente, en actas de las asambleas generales de estas sociedades cooperativas se apunta también en esta dirección:

* “Quien toma la palabra es la gestora Roblepark, S.L, explicando el acuerdo adoptado con el Ayuntamiento de Getafe y que consiste en que, en enero del año 2010, será el propio Ayuntamiento el que asuma las plazas que quedasen por vender en dicha fecha”.

El portavoz popular se pregunta, “¿quién ha adoptado este acuerdo?, ¿por qué se llegó a este compromiso?, ¿qué saben estas empresas adjudicatarias y estas gestoras para que el Ayuntamiento se vea forzado a adquirir plazas de aparcamiento a entidades privadas?”.

“Desde que Roblepark S.L, en 2005, hizo los estudios de demanda de plazas de aparcamiento en el municipio, ¿qué sabía para finalmente convertirse en la gestora adjudicataria de 1.423 plazas de aparcamiento?, ¿qué sabían para que incluso afirmen que han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento para que éste se quede con las plazas no vendidas en enero de 2010?, ¿qué sabían para que el Ayuntamiento quisiera a toda costa avalar a estas empresas con el dinero de todos los vecinos, aunque esto último finalmente fuera retirado de la Junta de Gobierno local, ante la posibilidad de incurrir en nuevos presuntos delitos de prevaricación?”, ha explicado Carlos González.

Además, el PP ha informado, basándose en el estado de cuentas de las cooperativas, que la gestora Roblepark S.L ha facturado más de 200.000 euros en concepto de gestión por cada uno de estos aparcamientos, en total unos 800.000 euros.

Expedientes mutilados

Asimismo, el Partido Popular ha denunciado que los documentos solicitados en el día de ayer en el marco de la comisión de investigación que se está llevando a cabo para esclarecer los hechos, “están mutilados e incompletos”.

Entre las irregularidades detectadas, los representantes del PP en la comisión han comprobado cómo “no han puesto a nuestra disposición el expediente de uno de los aparcamientos que afectan directamente al concejal David Castro, el de la calle Valdemorillo”.

En cuanto a los expedientes de los restantes cuatro aparcamientos “han sido mutilados. Les faltan las plicas originales de las empresas que se presentaron al concurso, y documentos acreditativos de la incompatibilidad y de la capacidad financiera y solvencia técnica de las empresas adjudicatarias”, señala Carlos González.

Tras estudiar los expedientes, “hemos constatado que gran parte de los socios gestores de estas cooperativas no están domiciliados en el área de influencia de los aparcamientos, una de las condiciones para optar a una plaza, según el pliego de condiciones”, ha adelantado el portavoz popular.

Asimismo, “hemos comprobado que todas las cooperativas adjudicatarias de estos aparcamientos presentaron la misma oferta en cada aparcamiento, con una diferencia de 900 euros entre la mayor y la menor, siendo para la avenida de Aragón de 15.982,01 euros; Gabriel y Galán, 15.660,74 euros; Jilguero, 15.014,60 euros y Plus Ultra, 15.708,66 euros. Lo que presuntamente demuestra es que todas ellas tenían una información privilegiada para llevarse la máxima puntuación en la oferta económica”.

LIBERTADDIGITAL.COM

MATSA PAGÓ MENOS A LA JUNTA EN AVALES QUE SUS COMPETIDORAS


ESCÁNDALO EN LA FAMILIA CHAVES

Suma y sigue el caso de corrupción en torno al vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chaves y su familia. La empresa apoderada por su hija pagó una cantidad muy inferior que sus competidoras en avales medioambientales a la Administración andaluza.

Chaves en la inauguración de Matsa.

El poder de la hija de Chaves afecta a su progenitor

La Junta se niega a facilitar al PP copia del expediente


El PP exige el cese de Chaves porque mintió en el Congreso

Antonio Chaves seguía ejerciendo de apoderado al recibir dinero de la Junta

El PP, "seguro" de que Chaves acabará dimitiendo por el escándalo de MATSA

LD (Pedro de Tena) Según los datos facilitados por las propias compañías y por la Junta de Andalucía, Minas de Aguas Teñidas, S.A.,MATSA, la empresa apoderada por Paula Chaves, hija del vicepresidente tercero del gobierno, Manuel Chaves, pagó poco más de 17 millones de euros en avales medioambientales mientras que sus competidoras pagaron una cantidad de dinero muy superior.

En el caso de la compañía Cobre las Cruces pagó por el mismo concepto 78,8 millones y su otra competidora, Emed Tartessus, en cuyo consejo aparecen destacados socialistas adversarios de Manuel Chaves, 24 millones más una póliza sobre las balsas de 40 a 70 millones de euros. Como es sabido, Chaves sólo acudió a la inauguración de MATSA, la empresa de Paula Chaves.

La mayor mina a cielo abierto de Europa va a ser de Cobre las Cruces, enclavada en el área metropolitana de Sevilla, a caballo entre Gerena, Salteras y Guillena. Está previsto que comience su producción en junio de 2009 si supera las numerosas dificultades puede que así sea. Las obras de excavación de la corta de Las Cruces fueron paralizadas por la Junta de Andalucía, pero ya tiene permiso para continuar con los trabajos –que estaban en su recta final– y empezar a producir cobre.

Fue la empresa Riomin Exploraciones, subsidiaria del grupo Río Tinto, la que solicitó los derechos de exploración en el enclave, obtenidos en 1992. Dos años más tarde se encontró la veta de cobre. Tuvo graves problemas con los propietarios de los terrenos hasta que se hicieron finalmente con 860 hectáreas en el año 2006.

Al estar situada cerca de donde se produjo el vertido tóxico que provocó la rotura de la balsa de la antigua mina de Boliden en Aznalcóllar, Cobre las Cruces tuvo que depositar como garantía 78,8 millones de euros en avales por si ocurría algo. La empresa obtuvo la declaración de impacto ambiental en 2002, la concesión de explotación de la mina en 2003, la autorización de uso de las aguas residuales urbanas de la depuradora del barrio de San Jerónimo (Sevilla) en 2004 y el plan especial de la Ley del Suelo y la autorización ambiental integrada en 2005, además de otras licencias y permisos durante esos años.

Sin embargo, el visto bueno para explotar el acuífero Niebla-Posadas, autorización que fue revocada en mayo de 2008 por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) al considerar que se estaba incumpliendo el sistema de protección y que se habían contaminado las aguas subterráneas con sustancias tóxicas, lo que llevó a una denuncia de la Fiscalía de Sevilla. Esto provocó una paralización de prácticamente toda su actividad durante casi un año, bloqueo criticado por la patronal y empresas auxiliares que demandaron una agilización de los trámites para que se reanudasen las tareas lo antes posible. Tras un auto que verificaba que no había riesgo para el acuífero y presentar un nuevo plan de seguridad, la mina ya puede terminarse.

Otra competidora

En el caso de Emed Tartessus, el Gabinete de Prensa de UGT Andalucía informaba el 11 de mayo de que "tras más de dos años de gestionar las instalaciones de Minas de Riotinto, con un coste mensual de 400.000 $, y de múltiples estudios para determinar las reservas y estado de las instalaciones, EMED MINING y sus accionistas de referencia (….) en EMED TARTESSUS, han decidido formalizar la presentación del proyecto de explotación de la mina, con la petición de los derechos mineros ante la Junta de Andalucía y la Dirección Provincial de Industria del Gobierno Central."

Dicho estudio, a la espera de consolidar las reservas definitivas tras la inversión de la nada desdeñable cifra de 7 millones de euros en sondeos, contempla entre otros aspectos:

• Un horizonte de explotación de 10 años. (a nuestro juicio un tanto conservador pues las reservas certificadas actualmente darían para 14 años de explotación y después de la campaña de sondeos programada podría ampliarse a entre 20 y 25 años).
• Una inversión por un importe total de 211 millones de euros.
• La contratación de entre 350 y 400 trabajadores directos
• Avales Sociales y Medioambientales que garanticen, en su momento, un final ordenado de la actividad, de 7 millones de euros y 17 millones respectivamente.
• La constitución de una póliza sobre las balsas mineras de entre 40 y 70 millones de euros.
• Medidas que faciliten la diversificación industrial de la zona y evitar la histórica dependencia del monocultivo de la minería.

La Junta de Andalucía rechazó dos proyectos presentados por la empresa con anterioridad. En esta empresa están en calidad de apoderados dos socialistas andaluces de renombre. Guillermo Gutiérrez Crespo, ex consejero de Empleo de uno de los gobiernos de Manuel Chaves y el hijo del otrora factótum del socialismo sevillano, Pepe Caballos, Gonzalo Caballos Cataño.

Un aval menor

Sin embargo, la Junta de Andalucía pidió a MATSA avales medioambientales y sociales por más de 17 millones de euros y así lo confesó el exconsejero de de Innovación, Ciencia y Empresa, Francisco Vallejo, en el Parlamento andaluz. Vallejo dijo que el proyecto de la empresa Aguas Teñidas SAU (Matsau) de creación de una nueva planta de tratamiento de minerales en Almonaster la Real (Huelva) contaba con avales medioambientales y sociales por un valor superior a los 17 millones de euros.

Vallejo explicó que este proyecto, al igual que otros similares, llevaba aparejado todas las garantías empresariales, sociales y medioambientales que requiere la legislación vigente. Así, la Administración andaluza ha requerido a la empresa avales relativos a los proyectos de la planta de tratamiento, del depósito de estériles y de la escombrera provisional, así como de los efectos sociales de un hipotético cese de la actividad por parte de la compañía.

En concreto, la empresa Aguas Teñidas presentó un aval superior al millón de euros de restauración de la planta de beneficio; otro de 4,6 millones de restauración de depósito de estériles; por importe de 114.000 euros para la restauración de la escombrera provisional; una póliza de responsabilidad civil de 6 millones de euros para cubrir potenciales daños que pudiese ocasionar el depósito de pasta y un aval social por otros 6 millones de euros.

LIBERTADDIGITAL.COM

EL GOBIERNO SE PERSONARÁ EN EL "CASO GÜRTEL" TRAS APRECIAR DELITOS FISCALES

El juez instructor de este asunto en el TSJM, Antonio Pedreira, preguntará al Supremo a cuál de los dos tribunales compete levantar el secreto sumarial

El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha anunciado este martes que ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para personarse como acusación en el 'caso Gürtel' después de que la Agencia Tributaria (AEAT) viera indicios de la posible comisión de delitos contra la Hacienda Pública. En una rueda de prensa tras reunirse con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el titular de Justicia ha explicado que en este caso están en juego supuestos delitos contra la Hacienda Pública "y la Hacienda Pública somos todos nosotros", por lo que la obligación del Gobierno es defender y velar por los intereses de todos los españoles. Este mismo martes, el juez instructor de este caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que este lunes remitió la causa al Tribunal Supremo, preguntará a este órgano a cuál de los dos tribunales compete levantar el secreto sumarial de este asunto. Según fuentes jurídicas, Pedreira tiene previsto realizar esta consulta al Supremo el próximo lunes, ya que el secreto de sumario vence a finales de este mes.

Este martes, la sala de lo penal del Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe asumir este caso tras recibir una exposición razonada del TSJM, que ha pedido al Alto Tribunal que llame a declarar como imputados "con carácter urgente" a los parlamentarios del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote.

Además, ha nombrado ponente de este asunto al magistrado Andrés Martínez Arrieta.

Antes de conocerse esta noticia, Caamaño había asegurado que, antes de tomar una decisión, se dejó actuar al Ministerio Fiscal, y que tan pronto como éste trasladó la idea de que podía haber algún acto ilícito relativo a delitos contra la Hacienda Pública, se decidió pedir un informe a la AEAT.

Según la exposición razonada que Pedreira remitió este lunes al Tribunal Supremo, ese informe pone de manifiesto la "posibilidad veraz" de que el senador del PP y tesorero nacional de este partido, Luis Bárcenas, haya cometido un delito fiscal.

"Es la propia Agencia la que ha dicho que, según la investigación que ella misma ha realizado, que creía que sí se han producido delitos", ha señalado el ministro, que ha agregado que fue por ese motivo por el que se emplazó a la Abogacía del Estado "a que adoptara las medidas necesarias para personarse en defensa de todos los españoles en esa causa".

Caamaño ha añadido que se está a la espera de que el Supremo declare su competencia en este asunto para comparecer ante este órgano o ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Defender los intereses de los españoles"

No obstante, ha insistido en que "habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno de España es personarse y defender los intereses de los españoles".

El ministro ha respondido además a las declaraciones en las que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmó que la actuación de jueces y fiscales es causada por el "mal perder" del Gobierno de España y ha dicho que el Ejecutivo "no ha cambiado de opinión" en este asunto, sino que se ha decidido a intervenir cuando ha apreciado la existencia de un delito fiscal.

Por su parte, el presidente extremeño ha abogado por dejar trabajar a los jueces y ha aseverado que "la Justicia no depende de quién gane unas elecciones o las pierda, depende de que se trate igual a todo el mundo en las mismas condiciones".

A juicio de Fernández Vara, es de una "enorme gravedad" la interpretación de absolución que "una parte del PP hace respecto de determinadas conductas presuntamente delictivas".

ESTRELLADIGITAL.ES

LA MANO IZQUIERDA Y LA DERECHA DE RAJOY


[Luis Bárcenas.] (PD).- Durante todo el fin de semana el tesorero nacional del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha estado dando explicaciones de su patrimonio económico al responsable de Justicia en el grupo parlamentario, el ex ministro Federico Trillo, que es el que está diseñando la estrategia jurídica del PP sobre el 'escándalo Gürtel', y al propio presidente del PP, Mariano Rajoy, ante el temor, que se ha hecho realidad a última hora de la mañana del lunes, de que el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, le implicase en uno de los mayores escándalos económicos y políticos de los últimos años.

Durante horas, Luis Bárcenas, que sigue insistiendo ante la dirección de su partido en su inocencia y que atribuye su notable y abultado patrimonio a operaciones financiaras que le han dado importantes beneficios en los últimos años, parece haber convencido a los máximos responsables de su partido de sus apuntes contables, a pesar de que la contabilidad "B" de la 'trama Gürtel' coincide, casi milimétricamente como escribe Pepe Oneto en Estrella Digital, con los datos aportados por la Agencia Tributaria que investiga al tesorero popular por un posible delito fiscal, al que habría que añadir, según el juez Antonio Pedreira, un delito de cohecho.

Aunque todavía la Sala Segunda del Tribunal Supremo no ha aceptado el caso que le ha sido remitido con toda urgencia por el juez Pedreira ante el temor de que el posible delito fiscal prescriba en las próximas semanas, sí parece haber datos suficientes como para pensar que el 'escándalo Gürtel' acabe de adquirir mayor gravedad, si bien todavía falta que el Supremo lo admita, nombre un ponente, dé traslado a la Fiscalía y designe un magistrado instructor, encargado de practicar las diligencias que estime oportuno, y dicte, en su caso, la posible imputación de Luis Bárcenas, de Jesús Merino, diputado por Ávila y miembro de la dirección del grupo parlamentario popular, y del todavía europarlamentario Gerardo Galeote, que no fue incluido en las listas a las elecciones al Parlamento Europeo pero que fue nombrado asesor personal de Mariano Rajoy para temas europeos.

Ante la gravedad del paso que acaba de dar el juez Pedreira (ya no es el juez Baltasar Garzón, al que, por estrategia procesal de Federico Trillo, se ha intentado demonizar con denuncias de prevaricación y querellas que no han prosperado), basándose no en informes de la Policía Judicial, a la que también han atacado por estar al servicio del ministro del Interior Pérez Rubalcaba, sino en datos de la Agencia Tributaria, es muy difícil de entender la posición de Rajoy ante la dirección nacional de su partido.

Está bien que defienda la honorabilidad de su partido, sobre todo cuando parece que no estamos ante un caso de financiación ilegal, como el que vivió el PSOE en la década de los ochenta con Filesa-Malesa-Time Export, pero no se entiende la "prudencia y serenidad" con las que se quiere tratar un caso que, semana a semana, adquiere más gravedad y que terminará salpicando al propio Rajoy por la defensa numantina que está haciendo de algunos de los implicados, frente a la coherencia que ha demostrado con otros, especialmente los implicados en la trama en la Comunidad de Madrid.

Intentando colocar indirectamente el mensaje de que todos los partidos tienen su 'caso Gürtel', el presidente del PP ha tirado por elevación contra los socialistas con el 'escándalo Chaves', un caso claro de nepotismo político que todavía no se aclarado suficientemente, pero que no está pendiente de los tribunales.

Con la táctica de "tú más", Rajoy se niega a asumir las responsabilidades de algunos de los dirigentes de su propio partido, en un momento especialmente dulce para él y cuando quiere llevar a la opinión pública el convencimiento de que, efectivamente, él y su partido son una alternativa de poder frente al actual Gobierno, como se ha demostrado en las dos elecciones en las que ha ganado el PP. Galicia y el 7-J.

PERIODISTADIGITAL.COM

RAJOY SE AFERRA A LA INOCENCIA DE BÁRCENAS PERO LE ECHARÁ DEL PP SI ES IMPUTADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy (i), acompañado, ayer, de Manuel Fraga y Ana Mato (Efe).@José L. Lobo.

Mariano Rajoy sigue confiando en la inocencia de Luis Bárcenas. Incluso después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) emitiese ayer inquietantes señales sobre la presunta culpabilidad del tesorero nacional del PP.

El juez del TSJM Antonio Pedreira remitió ayer al Tribunal Supremo el sumario del caso Gürtel al considerar que Bárcenas -que tiene la condición de aforado por ser senador- pudo haber cometido los delitos de cohecho y fraude fiscal. El tesorero, por ahora, no está imputado, y el líder del PP "espera que eso no ocurra", según aseguró a El Confidencial una fuente muy cercana a Rajoy. Pero éste apartará al tesorero de su cargo si, finalmente, es imputado por el alto tribunal, según la opinión más ampliamente extendida en las filas populares.

"Ni siquiera será necesario que Rajoy le pida que se vaya. Bárcenas es un hombre de partido y presentará su dimisión un minuto después de ser imputado, si es que eso ocurre", sostiene un diputado del PP próximo al tesorero y senador por Cantabria.

Rajoy, que presidió ayer en Madrid la reunión de la Junta Directiva Nacional del partido, se comprometió a "defender la honorabilidad del PP y de sus militantes, que son inocentes mientras no se demuestre lo contrario", si bien añadió, en presencia del máximo órgano de dirección del partido, que "si se probara que alguno ha hecho cosas que no son aceptables, actuaremos en consecuencia".

Pero, tras reiterar que el PP "no se ha financiado ilegalmente", Rajoy eludió aclarar ante un auditorio tan numeroso si esa "consecuencia", en el caso de que Bárcenas fuese finalmente imputado por los delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública, sería la suspensión de militancia y la destitución de su cargo de tesorero.

Presunción de inocencia
En privado, en cambio, prácticamente nadie duda en el PP que Bárcenas pondrá su cargo a disposición de Rajoy si es imputado por el Tribunal Supremo, y que el líder del partido aceptará su renuncia. "Lo más lógico es que, si hay imputación, Bárcenas salvaguarde la imagen y la honorabilidad del partido cesando como tesorero. Es la salida más razonable, por un lado porque le sigue amparando la presunción de inocencia, y también porque ya hay varios precedentes en el caso Gürtel", añade otro diputado del PP.

Lo que ni Rajoy ni la dirección del PP harán, en ningún caso, será exigir a Bárcenas su renuncia al acta de senador, según coinciden en señalar las fuentes consultadas. También aquí hay precedentes: los parlamentarios del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco fueron suspendidos de militancia tras su imputación en el caso Gürtel, pero los tres conservan su acta de diputado autonómico. "No sería razonable que el partido actuase con más rigor contra Bárcenas que contra el resto de los imputados", apuntan las citadas fuentes.

Si Bárcenas resulta imputado y es destituido -o presenta la dimisión-, el dilema para Rajoy será entonces qué hacer con el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel. ¿Debería el líder del PP forzar también el cese de Camps o estaría dispuesto a asumir las críticas por aplicar un doble rasero con tal de salvar el pellejo político de uno de los principales activos del partido?

También en este punto una corriente de unanimidad recorre las filas populares, aunque salpicada con más matices que en el caso de Bárcenas. "La entidad de los hechos que se le imputan a Camps no es la misma, y sus efectos políticos tampoco pueden ser los mismos. En esto debe haber un cierto gradualismo", sostiene otro miembro del partido. "Si a Camps, que está imputado por cohecho, se le permite seguir en su cargo de presidente autonómico, ¿cómo vamos a explicar que al tesorero del partido, que probablemente también sea imputado por el mismo delito, sí se le obligue a dimitir? ¿Por qué uno sí y el otro no?", se pregunta otro dirigente del PP.

ELCONFIDENCIAL.COM

EL EX ALCALDE DE SAN MIGUEL (TENERIFE), IMPUTADO POR PREVARICACIÓN Y MALVERSACIÓN

Santa Cruz de Tenerife (EFE).- El ex alcalde de San Miguel de Abona Arturo Hernández González, de Coalición Canaria, detenido hoy por el equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil, ha sido imputado provisionalmente por prevaricación y malversación de caudales públicos, informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

En este caso, que está bajo secreto de sumario, también han sido detenidos Nicolás Rojo Garnica, ex interventor del Ayuntamiento, y los empresarios José Luis Bello Pérez y Wenceslao Rodríguez Santos, indicó la misma fuente.

El ex interventor está imputado por usurpación de funciones públicas, mientras que los dos empresarios por tráfico de influencias y cohecho.

Los detenidos pasarán a disposición judicial mañana a partir de las 10.00 horas.

La actuación ha sido dirigida por la juez del juzgado de primera instancia e instrucción número 4 de Granadilla de Abona, Elisa Isabel Soto Arteaga.

La investigación judicial en el Ayuntamiento de San Miguel de Abona, municipio situado en el sur de la isla de Tenerife, se abrió tras una denuncia sobre obras y facturas realizadas por el anterior gobierno municipal, encabezado por Hernández González.

En el pasado mandato municipal, Coalición Canaria, que ahora se encuentra en la oposición, gobernaba con mayoría absoluta este ayuntamiento tinerfeño.

EL CONCEJAL ZARAGOZANO ACUSADO POR LA TRAMA DE LA MUELA SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ


ROBERTO PÉREZ

ZARAGOZA. El concejal zaragozano Antonio Becerril, del PSOE, se negó ayer a declarar ante el magistrado Francisco José Picazo, titular del juzgado número 5 de Zaragoza. Llamó a declarar a Becerril en calidad de imputado, como presunto autor de un delito de revelación de secretos. Becerril acudió al juzgado, pero se acogió al derecho constitucional de no declarar, así que en cuestión de unos minutos volvió a salir del edificio acompañado por su abogado, Álvaro Bajén.

Tras ser incluido en las diligencias judiciales derivadas de la trama de corrupción urbanística de La Muela, la defensa de Becerril se está centrando en pedir la nulidad de las escuchas policiales, que interceptaron las comprometedoras conversaciones entre este concejal zaragozano y el primo de la alcaldesa de La Muela, Carmelo Aured.

El instructor del caso de La Muela decidió que las conversaciones telefónicas de Becerril fueran objeto de un proceso judicial aparte. Remitió las actuaciones a los juzgados de Zaragoza y el magistrado Francisco José Picazo decidió abrir diligencias e imputar a Antonio Becerril, al que el alcalde Juan Alberto Belloch había confiado la concejalía de Obras Públicas.

Las diligencias judiciales tratan de esclarecer si incurrió en delito por facilitar información privilegiada a su amigo Carmelo Aured, con intereses en el sector de la construcción.

Cuando se conoció su relación con la investigación judicial por la trama de La Muela, fue separado de sus responsabilidades de gobierno y, posteriormente, fue suspendido cautelarmente de militancia en el PSOE, aunque sigue como concejal del grupo municipal de gobierno.
Recursos rechazados.

El abogado de Becerril explicó ayer que su cliente no declarará hasta que se resuelvan los recursos que han presentado, en los que solicita la anulación de las actuaciones, en concreto de las escuchas telefónicas que realizó la policía. El titular del juzgado número 5 de Zaragoza rechazó los recursos la semana pasada, aunque podría presentarse otro más, de apelación.

Antonio Becerril, que también evitó hacer declaraciones a los medios de comunicación, se limitó a afirmar ayer, a la salida de los juzgados, que se encuentra «muy bien» y «muy fuerte».