domingo, 25 de marzo de 2012

LA CORRUPCIÓN, EL ESTIGMA DE LA POLÍTICA

En 2010, la Fiscalía cursó 3.874 avisos sobre casos sospechosos


M. Casado

MADRID- La corrupción política se ha convertido en una lacra difícil de erradicar, venga de donde venga y más allá de siglas y partidismos. En 2010, a petición del Congreso de los Diputados, el fiscal general del Estado por aquel entonces, Cándido Conde-Pumpido, informó a sus señorías de que la Justicia había tramitado nada menos que 730 causas en las que se investigaba a cargos públicos por corrupción. Lo de menos era si el PSOE tenía más (264) o el PP tenía menos (200), lo importante era el número desorbitado de casos.

En ese informe, que hacía referencia a datos de 2009, la Fiscalía General del Estado ya avisó de que la corrupción no era «un fenómeno generalizado, pero sí preocupante». Y no se equivocaba. Ante el volumen de casos que iban surgiendo, se vieron obligados a crear una Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada que, sólo en 2010, recibió 249 denuncias y cursó 3.874 comunicaciones. Así figura en la última memoria presentada por la Fiscalía, que no duda en mostrar su perplejidad ante las nuevas «armas» de corrupción.

Atrás quedaron ya las grandes tramas urbanísticas. Ahora, está en alza el tráfico de influencias, la malversación de caudales públicos, la prevaricación, el abuso o uso indebido de información privilegiada... e, incluso, sorprende la capacidad de algunos cargos públicos para idear nuevos delitos, como el de fraude contra el empleo. Y es que el caso de los ERE irregulares en Andalucía ha marcado un antes y un después a muchos niveles.

Es un hecho. La actividad de esta Fiscalía es vertiginosa, si bien es cierto que también contempla los delitos contra el crimen organizado. En 2010 presentó 28 escritos de acusación, frente a los 17 del año anterior, y asumió 14 nuevos procedimientos judiciales, seis más que en 2009. Pero quizá sean los 35 procesos penales en los que interviene donde más se haya notado su trabajo. De hecho, a lo largo de 2010 se dictaron siete sentencias, todas ellas condenatorias.

Y como no todo se reduce a datos, desde la Fiscalía del Estado han denunciado presiones. En su última memoria, destacan su firme acción contra la corrupción política, «pese a los permanentes intentos de ejercer presión sobre la Fiscalía tratando de desligitimar, por interés político» su actividad en este terreno. Un esfuerzo, el de cerca de 40 fiscales repartidos por toda España, que ha dado como fruto el «afloramiento de conductas que con anterioridad permanecían ocultas e impunes».

Ante el Congreso, Conde-Pumpido, quizá con ánimo de echar un capote a la clase política, dijo que la corrupción sólo afectaba al uno por ciento de los cargos públicos españoles. Pero lo que trasciende no es eso. Lo llamen como lo llamen: Malaya, Andratx, Gürtel, ERE falsos, Pretoria, Palau, Nóos, Campeón... y lo enmascaren como lo enmascaren, todo se reduce a lo mismo, corrupción. Desde ministros a concejales, pasando por presidentes autonómicos y alcaldes, los casos se acumulan.

Llegan las sanciones
La futura Ley de Transparencia y Buen Gobierno, que pasó su primer trámite en el Consejo de Ministros del pasado viernes, pretende marcar un punto de inflexión en la lucha contra esta lacra y establece una serie de sanciones para los cargos públicos, impensables hasta ahora. Los contratos irregulares, las adjudicaciones o subvenciones a dedo y el desvío de fondos a amiguetes tienen los días contado. Este anteproyecto determina que aquel cargo público que oculte facturas o falsee datos contables podrá ser sancionado con hasta diez años de inhabilitación. La pena máxima contempla inhabilitación y multa, pero si ésta última no se paga, la pena se transforma en cárcel. Un último detalle: para que haya delito tiene que ser «a sabiendas» y «causar un perjuicio económico».

«Caso Malaya»
Trama de corrupción urbanística, dirigida por Juan Antonio Roca, que desvió fondos municipales, concedió licencias y blanqueó capital en Marbella.
«Caso ERES FALSOS»
Fraude llevado a cabo en Andalucía durante el mandato socialista, en el que se subvencionó, de manera irregular, a más de 68 empresas por un valor de 1.400 millones de euros
«Caso Matas»
El ex presidente balear y ex ministro del PP ha sido  condenado a 6 años de prisión por delitos de fraude a la Administración, tráfico de influencias, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso Palau»
Felix Millet, ex presidente del Palau de la Música, junto a otros cargos de esta entidad, desvió más de 10 millones de euros a empresas que supuestamente realizaban trabajos para el Palau.
«Caso SGAE»
De los más recientes casos de evasión de capitales, esta vez, dirigido por el ex presidente de la SGAE, Teddy Bautista y otros cargos de la cúpula, imputados también por apropiacion indebida.
«Caso GESCARTERA»
En 2001 fue intervenida esta sociedad de inversión al descubrirse un  agujero patrimonial de 50 millones de euros.
«Caso ROLDÁN»
Luis Roldán ex director de la Guardia Civil, se enriqueció ilícitamente con el robo de fondos reservados y cobro de comisiones  en obras por valor de 13 millones de euros.
«Caso GUERRA»
El hermano del ex vicepresidente socialista Alfonso Guerra fue condenado por delitos como cohecho, fraude fiscal, prevaricación y malversación de fondos.
«Caso FILESA»
El PSOE cobró una gran cantidad de dinero por unos supuestos asesoramientos para bancos y empresas importantes, que nunca llegaron a producirse.
«caso FONDOS»
Desvío de 5 millones de euros, destinados inicialmente a la lucha contra el terrorismo y narcotráfico, para uso privado y sobresueldos de 7 funcionarios socialistas.

El debate de la transparencia
Francisco Rodríguez Adrados, Académico
 «No se han tomado las medidas necesarias a tiempo, no es más que un resultado marginal de la crisis. Estamos todos escandalizados».
Enrique López, magistrado
 «Tenemos que reforzar nuestras normas penales y administrativas para combatir los procesos de corrupción. Combatirla en todos los ámbitos»

UN 62% DE ESPAÑOLES SEÑALA A LOS POLÍTICOS COMO EL COLECTIVO MÁS CORRUPTO

CREEN QUE LA MAYORÍA ESTÁ EN ANDALUCÍA

Los ciudadanos creen que la política es el hábitat natural de la corrupción. Bajo porcentaje de los empresarios: sólo el 5,8%.

Los españoles consideran que el colectivo de los políticos es el más proclive a la corrupción (62,2%), seguido por el de los jueces (16,6%), el de los abogados (11,2%) y el de los empresarios (5,8%).

Según una encuesta de NC Report publicada en La Razón este domingo, el 67,3% de los ciudadanos considera que la corrupción en España medra exclusivamente en el terreno de la política. En cuanto a su dimensión, el 61% de los ciudadanos cree que está "bastante extendida" y el 31,3% va más allá, afirmando que está "muy extendida".

El 74% de los encuestados sostienen que los partidos políticos están implicados en este tipo de escándalos, ocupando el PSOE la primera posición (30,1%), seguido por el PP (28,2%). La diferencia con el total la ocupan "otros grupos" (25,9%) y los que no saben o no contestan (15,8%).

En cuanto a si la corrupción forma parte de la cultura española, el porcentaje de los encuestados está casi empatado: un 48,6% dice que no, mientras que un 46,3% opina lo contrario.

Además, el 41,3% de los encuestados señala a Andalucía como la comunidad autónoma más azotada por la corrupción, seguida por la Comunidad Valenciana, con el 25,5%.

Por último, señalar que el 93,8% de los encuestados es favorable a que se inhabilite a los políticos que no hagan buen uso de los fondos públicos.

"OPERACIÓN CAMPEÓN"; EL ALCALDE DE LUGO ACUSA A DORRIBO DE INVENTAR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO

El alcalde de Lugo, con barba, a la salida del juzgado. / PEDRO AGRELO (EFE)

Orozco declara como imputado ante la juez de la Operación Campeón
El regidor sostiene que nunca habló de licencias con el dueño de Nupel

Pepe Seijo Lugo

Archivado en:


El alcalde de Lugo, el socialista Xosé López Orozco, atribuyó ayer a “un guión” de Jorge Dorribo, cerebro de la presunta trama corrupta destapada por la Operación Campeón, su implicación en el caso, por la que prestó declaración en calidad de imputado ante la juez que instruye el caso, Estela San José. Orozco fechó en el 8 de agosto la elaboración de ese intento de implicarlo a él y al exministro de Fomento José Blanco, que pasa por “involucrar a cuantas más personas y personajes, mejor”, según denunció el regidor tras comparecer en el juzgado.

De acuerdo con el relato de Orozco, ese 8 de agosto, Dorribo empezó a señalar a políticos como copartícipes de la trama con el objetivo de salir de prisión, en la que permanecía desde finales de mayo de 2011, cuando se conoció la investigación de la supuesta trama para favorecerse irregularmente de subvenciones públicas. Dorribo atribuye al alcalde un supuesto trato de favor a su empresa con unas licencias urbanísticas, que asegura que fueron concedidas a cambio de patrocinios de la fiesta local del Arde Lucus y de una celebración de la proclamación de la muralla como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Orozco, al que la juez imputa un delito de prevaricación, declaró durante media hora en los juzgados de Lugo acompañado por su abogado. “Salgo igual que entré, con la misma tranquilidad y creyendo en la justicia, porque sino estaríamos perdidos”, afirmó a los periodistas. “Me siento totalmente inocente, y sé que voy a estar en el grupo de los inocentes”, añadió.

El abogado de Orozco espera que la juez San José archive la causa

Orozco sostuvo ante la juez que nunca habló con Dorribo “sobre licencias ni sobre naves” industriales. Ni directamente, “ni por persona interpuesta”, subrayó. Del patrocinio que hizo del Arde Lucus, afirmó que Dorribo aún le debe 28.000 euros al Ayuntamiento. “Anunciarse en el Arde Lucus es una cosa muy importante y como empresa pensaría que merecía la pena”, subrayó el alcalde. El regidor lucense se mostró convencido de que la juez “ha visto la naturalidad del alcalde y la sujeción a la verdad en lo que ha contado”. “Ese es un guión montado, seguro, un guión que le está haciendo daño a la ciudad. Aquí claro que tenemos problemas como tienen otras ciudades, pero no somos distintos”, exteriorizaba un Orozco. “Aunque a nadie le gusta esto, y a mí tampoco, la justicia tiene que cumplir su papel, tiene sus tiempos y tiene su forma de actuar. Aquellos que defendemos el Estado de derecho y la independencia de los poderes, no tenemos más que decir”, afirmó el alcalde.

El abogado de Orozco, mientras, se mostró convencido de que la declaración servirá “para archivar la causa con respecto al alcalde”. Siguiendo con el “guión” que atribuye a Dorribo, el abogado sostuvo que si el principal imputado de la Operación Campeón quiere acusar al alcalde, desde el punto de vista procesal “lo que tenía que haber hecho es presentar contra él una querella”. “No sé en qué medida aporta elementos positivos para él esta manera de derramar tinta alrededor de todos aquellos con los que ha tratado, pero si el en verdad quiere acusar al alcalde tendría que constituirse en parte, y aquí es muy importante saber que no acusa formalmente sino que lo que hace es defenderse manchando a inocentes”, sostuvo.

Ni la fiscal que siguió la declaración, ni el abogado del propietario de laboratorios Nupel, Ignacio Peláez, formularon preguntas al alcalde durante el interrogatorio. El propio Peláez confirmaba que no había preguntado nada, y dedujo de lo expuesto en el despacho de la juez que pueda llamar a declarar a otras personas. “Preguntó por varias personas del ayuntamiento”, aseguró el abogado de Jorge Dorribo, que confirmó que el martes próximo su cliente deberá declarar de nuevo ante la titular del juzgado de instrucción número 3 de Lugo.