lunes, 13 de febrero de 2012

UNA IMPUTADA EN EL "CASO EMARSA" SE NIEGA A RESPONDER A LAS PREGUNTAS DEL JUEZ


Moreno fue, supuestamente, una de las personas que cobraban sin trabajar
La abogada afirma que prestó "asesoría extrajudicial" a la empresa

Ignacio Zafra Valencia

Archivado en:

Leonor Moreno, imputada por el saqueo de la sociedad pública de depuración Emarsa, se ha negado esta mañana a responder a las preguntas del ministerio público y del juez instructor del caso. Moreno, abogada de profesión es, según declaró en su momento el exgerente de la empresa Esteban Cuesta, una de las cuatro personas que estuvieron cobrando varios años de Emarsa a pesar de no prestar ningún servicio. Cuesta también afirmó que los cuatro casos de falsos trabajadores le fueron impuestos por el expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, recientemente dimitido a causa de su implicación en la rapiña de fondos públicos, que alcanzó, al menos, los 25 millones de euros, según la estimación realizada por el juez Vicente Ríos.

La imputada afirma que no prestó asesoría judicial a Emarsa porque la sociedad tenía un gabinete propio

Moreno, vinculada al Ayuntamiento de Manises que dirigía Crespo, solo ha respondido a preguntas de su letrado, y ha afirmado que su contrato con Emarsa contemplaba la realización de asesoría jurídica tanto judicial como extrajudicial. La imputada ha reconocido, sin embargo, que no llevó ningún caso ante los tribunales porque se le "advirtió desde el principio que había un servicio jurídico propio" en la empresa pública.

La abogada ha presentado unos documentos en el juzgado que, según su versión, acreditarían que sí realizó asesoría extrajudicial para la sociedad. En contra de lo declarado por Cuesta (que dijo que no tuvo ningún trato con ella), Moreno ha afirmado que sí existió una relación laboral. La imputada, que cobró de Emarsa entre los años 2006 y 2009, ha indicado igualmente que decidió desvincularse de la empresa tras aprobar una oposición en el Ayuntamiento de Manises y llegar a la conclusión de que no podría sostener tanta carga de trabajo.

NOTICIAS RELACIONADAS
EN EL PAÍS

EN OTROS MEDIOS

"CASO EMARSA"; EL JUEZ CITA A DECLARAR AL EX ALCALDE DE MANISES ENRIQUE CRESPO EL 28 DE MARZO

El ex alcalde de Manises, Enrique Crespo | Vicent Bosch

TRIBUNALES
Dejó este cargo y el de vicepresidente de la Diputación el 2 de febrero

Europa Press | Valencia

El magistrado del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, que investiga el agujero de unos 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha acordado citar a declarar al ex vicepresidente de la Diputación y ex alcalde de Manises, Enrique Crespo, imputado en la causa, para el 28 de marzo a las 9.15 horas.

Crespo dejó ambos cargos y pidió su baja temporal del PP el pasado 2 de febrero, sin que aún hubiera sido citado a declarar, y después de que el magistrado fijara una fianza de 25 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran en su día declararse procedentes. El ex alcalde justificó su decisión en que quería defenderse "libremente y voluntariamente sin tener que afectar a otra personas" y a su entorno.

El instructor ha fijado la fecha de comparecencia en una providencia de este mismo lunes, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en la que se señalan nuevas citaciones, entre ellas, la continuación de las comparecencias de otros imputados como el ex gerente de la depuradora, Esteban Cuesta, para quien, tras algunas suspensiones, su declaración ha quedado fijada para el 5 de marzo a las 9.30 horas.

Hasta la fecha, el ex gerente de la depuradora ha declarado cuatro veces: el 7 de octubre, el 10 y el 27 de octubre y el 24 de noviembre de 2011, día en el que el juez tuvo que interrumpir su comparecencia puesto que alegó sentirse indispuesto. En esta sesión, el magistrado instructor le interrogaba por el pago por parte de Emarsa de varias noches de hotel a mujeres procedentes de Rumanía y que él aseguró que eran traductoras de documentos.

Asimismo, el juez ha acordado la declaración de Daniel Calzada, administrador único de Llar Calzada para que siga prestando declaración el 6 de marzo a las 9.30; al ex edil del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno Gascón para el 9 de marzo; al que fuera jefe medioambiental de la depuradora, Adolfo Polo, el 21 de marzo y a su mujer, Olga del Pozo Blanco, administradora de una empresa intermedia que facturó a la depuradora, el 23 del mismo mes.

En la misma providencia, el juez une a la causa diversa documentación, como la certificación del secretario del Ayuntamiento de Valencia en la que se hace constar que el servicio de planeamiento no ha tramitado hasta la fecha ningún expediente de reclasificación o recalificación del suelo de los terrenos que ocupan las instalaciones de la depuradora así como que desde la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y hasta hoy, la parcela ocupa terrenos clasificados como suelo no urbanizable y calificados como infraestructura básica y de servicio, a excepción de una pequeña superficie en la parte noroeste tenido como sistema local de espacio libre.

ABSUELVEN AL EX ALCALDE DE BENALMÁDENA POR UN DELITO DE PREVARICACIÓN


TRIBUNALES | Enrique Bolín


Efe | Málaga

El excalde independiente de Benalmádena (Málaga), Enrique Bolín, ha sido absuelto de un delito de prevaricación tras haber sido éste denunciado en 2009 por el ayuntamiento de la localidad.

El motivo fue la anulación, por parte de Bolín, de un Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos (plusvalía) al que era su primer teniente de alcalde José Nieto.

En 2004 el interventor municipal consideró improcedente anular esa liquidación, de 1.708,64 euros, al que entonces era edil de Hacienda con el Grupo Independiente de Benalmádena (GIB) en un equipo encabezado por el alcalde Enrique Moya (PP).

Según la sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, el Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga ha considerado probado que en 1997, José Nieto Sánchez solicitó al consistorio de Benalmádena la anulación de la liquidación a su nombre por la venta en aquella fecha de un inmueble.

En ese momento, Nieto alegó que no le correspondía pagar la misma, según la sentencia, por haberse recogido en las escrituras de transmisión que el pago de la plusvalía correspondía al comprador así como que la deuda tributaria que ascendía a 1.708,64 euros había prescrito.

El escrito relata que el acusado, en abril de 2004, en su condición de alcalde-presidente de la ciudad, dictó una resolución administrativa acordando anular la liquidación número 51,423 por el impuesto del Incremento del Valor de los Terrenos a nombre de José Nieto en la creencia de que la petición de éste era legítima.

Por el presunto delito de prevaricación, el Ministerio Fiscal pidió una condena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, así como una indemnización al ayuntamiento de Benalmádena de 1.708,64 euros; la acusación particular solicitó la misma pena y la defensa del acusado pidió la libre absolución.

El juzgado ha señalado que aunque "consta documentalmente como el acusado adopta una decisión que no respeta lo informado por el interventor del ayuntamiento de Benalmádena" no demuestra el hecho de que "adoptase su decisión a sabiendas de que la misma era arbitraria e injusta".

Así, el juez ha entendido que "no existe prueba de cargo suficiente como para enervar la presunción de inocencia que asiste al acusado".

"CASO MALAYA"; EL CONTABLE DE ROCA INSISTE EN RESTAR IMPORTANCIA A LOS ARCHIVOS MARAS

Salvador Gardoqui
Son la principal prueba de cargo para demostrar los sobornos
El testaferro ha llegado a decir que no sabía usar el programa Excel

José Carlos Villanueva | Málaga

El contable y testaferro de Juan Antonio Roca, el abogado Salvador Gardoqui, ha tratado este lunes de restar importancia a los conocidos como 'archivos Maras', correspondientes a la contabilidad interna de la sociedad Maras Asesores S.L y que le fueron incautados por la Policía a raíz de su detención, durante la primera fase de la operación 'Malaya', en marzo de 2006.

Tal y como hizo en su anterior declaración, durante el presente juicio oral -cuando Gardoqui se definió como "un mero amanuense del señor Roca"- ahora ha reiterado que se limitaba a "escribir lo que le él me ordenaba y me dictaba", en alusión al ex asesor urbanístico marbellí. También se ha descrito como "un simple porteador" del principal acusado: "Llevaba mi maletín donde él me decía".

En su afán de desvincularse por completo de cualquier manejo contable, el acusado de blanqueo de capitales ha llegado a asegurar que no sabe usar el programa informático Excel, en el que quedaron registradas todas las entradas y salidas de caja: "Yo de Excel no tenía ni idea", ha dicho a preguntas del fiscal. Todo ello a pesar de que la mayoría de los archivos que le fueron incautados están hechos en tal formato. Además, Gardoqui ha puesto en duda que las cantidades que él anotó, entre 2004 y 2006, se correspondiesen con dinero: "Supongo que las cantidades que yo anotaba eran cantidades de dinero, pero no puedo saber sobre su veracidad". De hecho, al contrario de lo que dijo cuando fue arrestado, niega tener ningún control sobre la caja de Roca, así como ser su contable.

La tesis en la que se mueve este letrado, administrador único de Maras Asesores S.L., es que lo que él apuntaba no estaba luego reflejado en ningún documento o factura. Está claro que la llamada 'caja B' de Roca era eso, dinero B, que procedía presuntamente de comisiones ilegales a empresarios que no pedían factura a cambio. Uno de ellos, Fidel San Román, ya declaró que pagó al cerebro de la trama más de 3 millones de euros en sobornos y no le dieron ninguna factura, o recibo que lo justificara.

En la llamada 'cuenta general' de Roca, así como en la 'cuenta Ayuntamiento' y 'hoja de caja cña' (campaña electoral) había entradas y salidas de dinero. En las salidas estaban los famosos sobres entregados al equipo de gobierno de tránsfugas, presidido por la entonces alcaldesa Marisol Yagüe. Gardoqui declaró ante el juez Torres que por sus manos pasaron esos sobres con dinero y dio todo lujo de detalles. Ahora no sabe nada, y nunca vio dinero en efectivo, ni tampoco a empresarios o concejales pasar por la sede de Maras.

El testimonio de Salvador Gardoqui ha servido precisamente a las defensas para tratar de desacreditar los famosos archivos Maras. Ello es debido a que se trata de la principal prueba de cargo del fiscal contra Roca y las personas que le entregaron o recibieron dinero (cohecho activo y pasivo). Si el contable diera validez a los documentos en hoja de cálculo arrastraría con él no sólo a Roca, sino también a los empresarios y concejales que se sientan junto a ambos en el banquillo de los acusados. De hecho, la primera en declarar tras finalizar los promotores será la ex regidora Yagüe.

EL MUNDO desveló en abril de 2003 la identidad de Salvador Gardoqui, así como la función que desempeñaba como contable y testaferro de Roca. En aquel entonces negó a este diario tales responsabilidades y se limitó a decir que conocía al entonces cargo municipal "sólo por los periódicos".

Informático y testaferro de Roca
Antes que Gardoqui ha prestado declaración Sergio Santana, el informático y testaferro de Roca. Su nombre y funciones en la trama también fueron puestas al descubierto por este medio en abril de 2003. Él figuraba como apoderado de la sociedad Perinal S.L., propietaria de la ganadería de reses bravas del ex gerente de Urbanismo marbellí.

Santana reconoció durante la instrucción del caso que el empresario José Ávila Rojas había hecho "muchas aportaciones a la caja de Roca". Este lunes ha matizado tal afirmación: «Muchas de las cosas que dije en condicional se transcribieron como afirmaciones que no lo son».

La declaración del empresario Gonzalo Fernández Castaño, que ha negado haber aportado 1,2 millones de euros a la caja de Roca, a raíz de un convenio de permuta en Marbella, ha puesto punto y final a la sesión de este lunes. Estaba previsto que continuara la declaración del promotor Andrés Liétor, pero la enfermedad de un familiar de su abogada ha motivado la suspensión. Este martes podría incluso comenzar a declarar la ex alcaldesa Marisol Yagüe.