domingo, 15 de noviembre de 2009

A QUIÉN INTERESA LA CORRUPCIÓN

JOSEP TORRENT

El despilfarro de los partidos políticos y el déficit financiero de los ayuntamientos están en el origen de algunos de los casos de corrupción más conocidos recientemente. Mucho antes, el caso Filesa, directamente relacionado con la financiación irregular del PSOE, ya había destapado una práctica habitual en los partidos políticos. El funcionamiento de éstos y sus desmesurados gastos en las campañas electorales precisaban de "ayudas externas" para sobrevivir. Este tipo de ayudas casi siempre venían de empresas que resultaban ser adjudicatarias de contratas de la Administración. Pero lo que, inicialmente, fue una ayuda para financiar el funcionamiento de los partidos, con el tiempo se ha convertido en auténticas redes de corrupción que han ido controlando empresas, municipios e, incluso, áreas completas de la Administración autonómica. Qué es, si no, la trama Gürtel más que un grupo organizado de corruptores que contaminaban por igual políticos, empresarios e instituciones.

La Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía Nacional ha documentado el modus operandi de esa trama a través de un informe de un centenar de páginas más varios anexos. Sobre la base de esa documentación, los socialistas valencianos han presentado una querella en la que señalan por igual a políticos y a empresarios. La presencia de éstos últimos en la denuncia del PSPV ha provocado extrañas reacciones en sectores sociales que, con la excusa de advertir a los socialistas de los males que les puede acarrear si persisten en su actitud, maldisimulan su voluntad de no afrontar el trasversal sistema de corrupción que afecta a ayuntamientos y comunidades autónomas en toda España, independientemente de su signo político, y a todos los partidos.

El paternalismo de estos consejeros del PSPV es inquietante. Sus reflexiones son equívocas porque, más que preocuparse por lo que les pueda ocurrir a los socialistas valencianos, parecen más interesados en la defensa del statu quo del sistema corrupto. La querella presentada por el partido de Jorge Alarte, con independencia de su recorrido en los tribunales, tiene la virtud de haber reventado uno de los granos de la corrupción en la Comunidad Valenciana. Y esa denuncia, lo saben hasta sus críticos más acendrados, no tendría ninguna razón de ser si los presuntos corruptores no figuraran junto a los corruptos. Pero hay quien prefiere fijarse en la periferia de las cosas para no colocar el foco donde más interesa. Y se dicen progresistas.

Bancaja, la CAM y una SIP. El pasado domingo el periódico Información contaba el posible interés entre la CAM y Caja Madrid por formar un Sistema Institucional de Protección (SIP). Una figura que, en tiempos de crisis, permite a las cajas de ahorro llevar a cabo alianzas estratégicas para enlazar actividades comunes sin llegar a la fusión. De hecho, se trata de una fusión virtual. La semana que termina, con el director general de la CAM, Roberto López, de visita en el Banco de España, ha sido pródiga en rumores. Estos contactos, que pueden entrar dentro de la normalidad, o no, vendrían a demostrar que la caja de Alicante recorre un camino diferente del marcado por el presidente Camps. Por cierto, Esperanza Aguirre, pensando en las SIP, ha cambiado la Ley de Cajas para tener el control sobre las alianzas de Caja Madrid. Gerardo Camps, el consejero fijo discontinuo, habrá pensado en ello o andará en otras cosas.

elpaís.com

"CASO MILLET"; EL FISCAL ACUSARÁ A MILLET DE MALVERSACIÓN DE FONDOS PÚBLICOS

El Palau pide al juez que decida si el cobro de los bonos constituye delito

P. RÍOS / C. SERRA - Barcelona

El cerco legal contra Fèlix Millet se estrecha. Las conclusiones de las dos auditorías presentadas anteayer revelan que el ex presidente del Palau desvió para su uso particular 2,95 millones de euros procedentes del consorcio, lo que supone una actuación de manual para acusarle de malversación de caudales públicos, según fuentes judiciales.

El principal inculpado pasó de cobrar 273.000 euros a 1,4 millones

Cuando Millet y su mano derecha, Jordi Montull, declararon el pasado 19 de octubre, el juez Juli Solaz acotó el interrogatorio la querella del fiscal, que les acusaba de apropiación indebida y falsedad. De nada sirvieron los intentos de las acusaciones para preguntar por otros hechos desvelados por los medios de comunicación, como los pagos a la Fundación Trias Fargas. "Si hemos de preguntar por lo que se ha publicado en la prensa, podríamos montar una tienda de campaña", dijo Solaz.

Pero ahora del Juzgado de Instrucción 30 de Barcelona tiene en sus manos las dos auditorías que le han entregado los nuevos gestores de la entidad, que revelan al detalle el saqueo del Palau. Lo cifran en 23,7 millones de euros y concretan de manera pormenorizada el destino privado que dio Millet a 2,95 millones de euros de fondos públicos, que se gastaron en las obras de ampliación de su casa de L'Ametlla del Vallès, en lotes navideños y en sufragar un viaje privado a las islas Maldivas, adonde acudieron los dos acusados y sus familias.

Esas revelaciones contables detallan el importe y la fecha de los viajes y de otros gastos, por lo que fuentes judiciales consideran que lo razonable sería que el juez citara de nuevo a Millet y Montull para preguntarles por esos hechos. Si no lo hace, lo solicitará la fiscalía. La Generalitat, a la que el juez no ha permitido ejercer la acusación, también anunció ayer que remitirá a sus servicios jurídicos el contenido de las auditorías para que emprendan las actuaciones legales pertinentes.El Código Penal prevé el delito de malversación de caudales públicos cometido por particulares y lo tipifica con penas de hasta seis años de cárcel, que pueden llegar a ocho "si la malversación revistiera especial gravedad atendiendo el valor de las cantidades sustraídas y el daño o entorpecimiento producido al servicio público".

La fiscalía considera que no es necesario ampliar la querella contra Millet y Montull porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite que nuevos hechos que afloren se investiguen dentro de la misma causa. Es lo que está ocurriendo con el caso Palau, una causa judicial que se inició el 10 de junio con una querella del fiscal Emilio Sánchez Ulled por el desvío de 2,3 millones de euros en billetes de 500 euros y de la que ha acabado emergiendo un enorme saqueo a costa del erario público efectuado por Millet y Montull durante años .

Así las cosas, el panorama judicial que se avecina a ambos saqueadores confesos es cada vez más incierto, pese a sus esfuerzos por intentar maquillar su comportamiento, confesar parte de los hechos y depositar 3,6 millones de euros en el juzgado.

El mismo Fèlix Millet explicaba en su confesión que se atribuyó durante años el cobro de "bonos" millonarios para "premiar" su gestión al frente del Palau. Pero si él hablaba de que en 2008, con motivo del "esfuerzo" de los actos del centenario, se había adjudicado un bonus especial de 690.000 euros, las auditorías realizadas en el Palau han encontrado que el aumento de la retribución percibida este año fue de 1,1 millones de euros. Según explicó el pasado viernes el actual director del Palau, Joan Llinares, en 2007 la retribución de Millet fue de 273.320 euros y en 2008 ascendió a 1.411.578 euros. Estas cantidades se cobraron por métodos diversos. Por una parte estaba el sueldo del consorcio, el único legal; por otra, el sueldo que desde 2006 recibía de la fundación -"algo que no estaba autorizado por el patronato ni tampoco por el consorcio", según Llinares-, y el resto, a través de facturas. La doble retribución del consorcio y de la fundación la cobraban también Jordi Montull, el otro imputado en la causa, que pasó de cobrar 169.366 euros en 2007 a 474.661 en 2008, y su hija y directora general de la fundación, Gemma Montull, que vio como sus emolumentos pasaron de 69.837 a 118.698 euros en 2008. En 2009 este astronómico aumento se había consolidado y favorecía también a Rosa Garicano. La ex directora general del Orfeó Català del Palau no se benefició del "esfuerzo" del centenario tanto como el resto del equipo directivo -pasó de cobrar 181.048 euros en 2007 a 197.530 euros en 2008-, pero en cambio "hasta septiembre de 2009 ya había cobrado 209.000 euros y si no hubiera sido destituida habría acabado cobrando este año 300.000 euros", indicó Llinares.

"Todo esto forma parte de unas cifras que no están justificadas ni aprobadas por ningun órgano de gobierno", añadió el director del Palau, que señaló que estas cantidades no forman parte de la suma de 23.720.966 euros que se detalla en el informeque el viernes se entregó al juez. "Están en otro documento aparte porque, aunque nosotros las consideramos irregulares, es el juez el que deberá decidir".

Con estos nuevos detalles sobre el caso Palau, el presidente de la Generalitat, José Montilla, aseguró que el Gobierno trabaja para que no se repita un asunto parecido y pidió también la implicación de la comunidad educativa.

elpaís.com

"CASO GORDILLO"; OCASO DEL "VIRREY" DE CEUTA

REPORTAJE

El Gobierno de la ciudad ocultó durante dos semanas el vídeo que fulminó a su vicepresidente Pedro Gordillo

JUAN DIEGO QUESADA - Ceuta

En Ceuta se pensaba que ante cualquier necesidad se podía acudir a Pedro Gordillo, cuando era vicepresidente y jefe del PP, a pedir un favor. Así funcionaban las cosas. No es de extrañar que Sineb Ahmed, una militante del PP con problemas, se presentara en febrero en el despacho de Gordillo, currículo en mano, pidiendo ayuda.

Vivas, tras ver la grabación, no le dio opción: "O te vas o te echo"

La mujer asegura que el vicepresidente le prometió una casa en el Sarchal, una barriada cerca de la playa, y un empleo en una naviera. Pero nunca se cumplieron esas promesas. Sineb, de 33 años, le comentó después a un primo suyo, guardia civil, que estaba sufriendo un supuesto acoso sexual por parte de Gordillo, antiguo sacerdote. Para demostrarlo, iba a grabar una de sus visitas al despacho. Según el relato de la denuncia presentada por la mujer, el guardia civil contactó con Francisco Pérez Hita, colaborador de la televisión privada de Ceuta. "Esto le interesa a Vivas para quitarse de en medio a Gordillo", dijo Pérez Hita.

Días después, Sineb se presentó en la oficina de Gordillo, de 68 años, con la cámara de vídeo del teléfono móvil encendida. En la grabación se ve a Gordillo decir que le va a filtrar las preguntas de un examen para acceder a un empleo municipal. Después mantienen una relación sexual. Ella ha declarado ante la policía que lo hizo "obligada". Más tarde, le dejó el móvil al guardia civil y a Pérez Hita y se lo devolvieron con todo borrado. Sin vídeo.

El presidente Vivas llegó temprano al Ayuntamiento el lunes, 26 de octubre. Le llevaron el vídeo en un CD. En él vio la grabación de su número dos, el hombre que le ayudó al llegar al Gobierno pero que durante años ha ido acumulando tanto poder que está cuestionando su autoridad. El Ayuntamiento estaba dividido en dos: los vivistas, fuertes en el Gobierno, y los gordillistas, inexpugnables en el partido.

El presidente tomó la iniciativa y a espaldas de Gordillo, jefe del PP, le contó el asunto a Javier Arenas y a Ana Mato, números dos y tres del partido a nivel nacional. Acordaron destituir a Gordillo, que ese mismo lunes asistía a una reunión en Sevilla. Después fue a Madrid, donde se ve con Miguel Ángel Moratinos y Manuel Chaves.

En las fotos, Gordillo aparece relajado.

El equipo de Vivas, que durante las dos semanas siguientes ocultó la existencia del vídeo, investigó a Sineb Ahmed, una musulmana separada y con dos hijos. No hallaron un empleo, vivienda o una ayuda que pudiera haber recibido a cambio de favores sexuales. Vieron decenas de veces el vídeo y concluyeron que no había delito.

Gordillo regresó a Ceuta el jueves, día 29. En su escritorio había una carta de dimisión. Vivas apareció por su despacho y le dijo: "O te vas o te echo". Le habló del vídeo y, con otro consejero como testigo, Gordillo reconoció los hechos. Vivas le reprochó que abusara de su poder. Gordillo se derrumbó y pidió tres días para explicar a los suyos el asunto. No le dio tiempo. La noticia se filtró al día siguiente y se vio obligado a dimitir alegando "motivos personales". Desaparecido Gordillo, Vivas es el hombre más poderoso de Ceuta. Manda en el Gobierno y domina su partido.

Sineb denunció el supuesto "acoso sexual" y el extravío del vídeo dos semanas después. "Me han dejado tirada. Nadie me ha ayudado", dice ahora. El juzgado de Violencia de Género se ha hecho cargo del caso y ha recuperado el vídeo.

El día de la dimisión, se reunieron todos los miembros del Gobierno. De madrugada, siendo Pedro Gordillo historia, abandonaron el Ayuntamiento por la puerta principal. Un fotógrafo retrató a Vivas sonriendo.

elpaís.com

PIDEN UN AÑO DE CÁRCEL PARA EL ALCALDE SOCIALISTA DE CASARABONELA

TRIBUNALES | Por delito urbanístico

Efe | Málaga

El alcalde de Casarabonela (Málaga), Sebastián Gómez (PSOE), se enfrentará a una petición fiscal de un año de prisión y ocho de inhabilitación por conceder presuntamente una licencia de obras a sabiendas de la ilegalidad.

El ministerio público pide la apertura de juicio oral y que el regidor sea condenado por un delito contra la ordenación del territorio, según el escrito acusatorio, al que ha tenido acceso Efe.

Los hechos se remontan al 3 de febrero de 2006 cuando un particular solicitó una licencia municipal de obras para la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el consistorio.

El Ayuntamiento incoó un expediente de licencia de obras y en mayo de 2007 se emitió un informe por la técnico municipal como "no favorable", pero, a pesar de ello, el alcalde dictó el mismo día un decreto que otorgaba la licencia de obras, sin informe jurídico y a sabiendas de la ilegalidad.

Unos días después se notificó al particular la concesión de la licencia de obras y se le especificaba que "era necesario presentar proyecto de ejecución para poder comenzar las obras".

Tras recibirse en el Ayuntamiento un oficio del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) donde se ponía en conocimiento las obras que se estaban realizando, al día siguiente el regidor dictó decreto de suspensión de las obras.

El fiscal afirma que "sin aportar ningún documento más al expediente", el particular comenzó las obras que consistían en la ampliación de una vivienda ubicada en suelo no urbanizable.

En abril de 2009 una técnico municipal tras una visita de inspección comprobó que las obras estaban prácticamente finalizadas.

Estas obras, según el fiscal, no son susceptibles de legalidad y fueron llevadas a cabo por el particular amparándose en una licencia ilegal, al haberse concedido pese al informe desfavorable del arquitecto técnico municipal y sin haberse aportado por parte del interesado proyecto de ejecución.

Por todo ello, el ministerio público también pide que el propietario de la vivienda sea juzgado y condenado por otro delito contra la ordenación del territorio a nueve meses de prisión, multa de 15 meses con una cuota diaria de quince euros e inhabilitación para realizar obras durante dos años y seis meses. El fiscal también solicita en su escrito acusatorio que el propietario del inmueble proceda a la demolición de lo ilícitamente construido.

Además
* El alcalde de Sayalonga, condenado

elmundo.es

"OPERACIÓN PONIENTE"; FACTURAS FALSAS "COMPRADAS" EN CÁDIZ JUSTIFICABAN LOS GASTOS DE KA TRAMA DE EL EJIDO

ALMERÍA | Encargaban facturas por tuberías a empresas de venta de caracoles

* En El Ejido nadie vio nunca a los instaladores de 'tuberías'
* Las primeras denuncias anónimas ya implicaban a políticos locales


Miguel Cabrera | Almería

Seis de las subcontratas que trabajaban para Elsur, la empresa mixta de servicios municipales de El Ejido, propiedad de José Amate encarcelado en la operación Poniente desde el 23 de octubre, compraban facturas falsas a otras empresas, buena parte de ellas de la provincia de Cádiz, para justificar gastos e inversiones, según la primera denuncia anónima presentada en torno a la trama ante la Inspección de Hacienda el 14 de febrero de 2007, que ahora está en poder de la Fiscalía Anticorrupción y de la juez que tramita el caso.

Entre estas facturas se encontraban, supuestamente, las emitidas por D.M., una empresa gaditana cuya actividad, recogida en el registro mercantil, es la del «comercio al por menor de pescados y caracoles», pero que facturó «12 kilómetros de tuberías» que habrían sido instaladas en El Ejido, «cosa que nadie se cree, porque esa gente no se ha visto nunca por aquí», señala la denuncia, a la que ha tenido acceso EL MUNDO de Andalucía, y que fue interpuesta presuntamente por un trabajador de Elsur.

Esta denuncia fue, precisamente, el primer hilo que sirvió para desenmarañar el ovillo de la trama que ha dado lugar a la operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción , en la que hasta el momento han sido detenidas 20 personas.

De ellas, siete permanecen en prisión, entre los que se encuentran el alcalde ejidense, Juan Enciso (PAL), el interventor José Alemán, y el propio José Amate junto uno de sus hijos y dos yernos, como propietarios de las subcontratas que pudieron defraudar unos 150 millones de euros.

Lo que parece claro, dos años y medio después de la presentación de este documento, es que quien lo dirigió a Hacienda tenía un conocimiento profundo de la situación de las empresas y de sus actividades fraudulentas, puesto que buena parte de los hechos que relata han sido corroborados oficialmente después –en primer lugar por la Inspección de Trabajo en un informe demoledor sobre otras dos subcontratas de Amate (Arborimar y Mariroad)– y ahora siguen siendo investigados.

Tras esta primera denuncia, este diario puso de manifiesto la existencia de la red de subcontratas que trabajaban sólo para Elsur, constituidas la mayoría con un capital mínimo por el propio Amate, entonces también director de producción de la empresa mixta, y que conseguían desmesurados beneficios, puesto que sólo ofrecían mano de obra y apenas contaban con maquinaria o vehículos para hacer sus trabajos de servicios de todo tipo para el Ayuntamiento.

De ahí que, además de inflar los partes de trabajo de sus empleados –como el cobro de 2.100 euros por colocar una baldosa o 24.000 por un paso de peatones elevado– necesitaran de otras facturas para justificar las supuestas inversiones y gastos y completar los supuestos servicios cobrados al Ayuntamiento.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; MUNAR DECLARA COMO IMPUTADA

Can Domenge era una 'obra en curso' para Sacresa desde 2005

Munar junto al dueño de Sacresa -a la izquierda de la imagen- y el arquitecto francés Nouvel -segundo por la derecha- al presentar Can Domenge | J.A.


* La promotora dejó escrito en 2005 que tenía una promoción en Mallorca
* Había invertido, según sus cuentas, 125.000 euros un año antes del concurso

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

La contabilidad de la promotora catalana Sacresa contemplaba ya durante el ejercicio de 2005 el proyecto de Can Domenge como una "obra en curso". Eso, sin que existiera todavía el concurso; sin que oficialmente se conocieran las condiciones del mismo, que no se hicieron públicas a través del Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) hasta el 3 de enero de 2006; y sin que se pudiera intuir siquiera si el solar iba a ser vendido por Unió Mallorquina (UM) así como si el Consell de Mallorca que presidía Maria Antònia Munar iba a emplear la fórmula de la subasta o, por el contrario, la del concurso.

Pese a que Can Domenge sólo se encontraba un año antes en la mente de los políticos de UM, la promotora Sacresa ya la contemplaba en sus cuentas como una "promoción" en marcha. Junto a otras ya avanzadas en localidades como Getafe, Manresa o Murcia.

La contabilidad de la empresa catalana propiedad de la familia Sanahuja, a la que tuvieron acceso el pasado viernes los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, los inspectores de la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción durante el registro que practicaron en su sede central en Barcelona, alberga un cuadro encabezado por el título: "Localidad de las obras en curso".

El apunte contable
Corresponde a la documentación perteneciente a la sociedad Sacresa Terrenos Promoción, S.L., que posteriormente integraría con un 95% de las participaciones la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se acabaría llevando el solar de 52.200 metros cuadrados a mitad de precio: por 30 millones de euros cuando valía 60 y otro de los concursantes, la también promotora catalana Núñez y Navarro, puso encima de la mesa 61.

Además
* Sacresa tenía el plan de excavación meses antes del concurso
* A la caza de pagos en Gibraltar
* Registran las sedes de Sacresa y Ferratur

elmundo.es

MÁLAGA PAGÓ MEDIO MILLÓN DE EUROS POR FACTURAS SUUPESTAMENTE INFLADAS A UNA CONTRUCTORA VINCULADA A LA GÜRTEL

Teconsa y Begar dejaron obras sin terminar en la ciudad

N.T.

Ayuntamiento del PP, dinero del Plan E, facturas presuntamente infladas y constructoras vinculadas a la Gürtel… Algo huele a podrido en Málaga, cuyo Consistorio ha pagado 444.927 euros a la constructora Teconsa, acusada de pagar comisiones a la red de Francisco Correa. A la citada constructora se le adjudicó la obra estrella del proyecto de inversión municipal en Málaga, la remodelación de la carretera Azucarera-Interlhorce, un trabajo que debía estar terminado en diciembre y que lleva un semestre de retraso. Teconsa, en suspensión de pagos desde septiembre pasado, subcontrató a seis empresas para realizar las obras (el presupuesto total ascendía a 4,38 millones), cobró varias facturas supuestamente infladas y, por si fuera poco, no pagó a sus subcontratas. El asunto ha acabado en manos de la Fiscalía, que ha abierto una investigación tras la denuncia de Servicios Auxiliares Las Nieves, entidad a la que se deben 49.599 euros por trabajos de demolición. En declaraciones hechas a este periódico, el concejal socialista Sergio Brenes ha lamentado que, por segunda vez consecutiva, “se implique a Málaga con empresas vinculadas a la Gürtel”. Y es que Begar, del imputado José Luis Ulibarri, se dejó unas cuantas VPO sin construir…

La Fiscalía ha abierto una investigación ante la denuncia del administrador de la empresa perjudicada, Francisco Ternero, a quien se deben 49.599 euros por trabajos de demoliciones, excavaciones y movimientos de tierras. El administrador de Las Nieves ya acudió al Ayuntamiento en julio pasado para denunciar el impago de sus servicios y para alertar al Consistorio de que se le estaba cobrando más de lo debido. El Consistorio, sin embargo, no le escuchó y siguió pagando a Teconsa hasta el 31 de octubre, cuando le revocó el contrato por la paralización de las obras.

¿
Dónde está el dinero?
“Algo raro hay. Si ejecuto 13.000 metros cúbicos, ¿por qué el Ayuntamiento paga 40.000? ¿Por qué esa diferencia de metros, si no existen”, denunció Ternero al diario digital El Confidencial, preguntándose “dónde está el dinero y quién se lo ha quedado”. “No creo que los controles hayan fallado. Aquí había un director de obra todas las mañanas y dos personas del Ayuntamiento. Desde luego, por falta de control no ha sido”.

El Ayuntamiento niega todo
Precisamente, el Ayuntamiento ha negado rotundamente que faltase supervisión reiterando que “lo que se ha ejecutado es lo que se ha pagado ni más ni menos”. En palabras del concejal de Urbanismo, Manuel Díaz, quien ha justificado el exceso en las facturas –aparecen 10 veces más metros de los que habría hecho Las Nieves- en que Teconsa trabajó conjuntamente con 6 subcontratas. No especificó, sin embargo, quiénes habrían realizado tales obras, aunque sí especificó que Teconsa dejó deudas con las seis y que todas ellas han llamado al Consistorio a quejarse, recoge El País.

Casi medio millón de euros
Málaga pagó a Teconsa tres facturas entre mayo y agosto por un total de 444.927 euros. “Yo garantizo que lo que se ha pagado es lo que se ha ejecutado, quien ha hecho una cosa y otra no lo sé”, ha apuntado el director de las obras, Antonio Navarro. “Todo está dentro de la más absoluta normalidad”, ha agregado el concejal de Urbanismo. Estas versiones, por supuesto, ni convencen a la oposición ni disuaden a la Fiscalía. El portavoz socialista, Rafael Fuentes, ha exigido que se asuman “las correspondientes responsabilidades políticas para que el asunto no se quede en agua de borrajas y se devuelva el dinero público pagado indebidamente”. Pedro Moreno Brenes, su homólogo de IU, ha exigido explicaciones urgentes.

Curiosidades del contrato
En declaraciones hechas a este periódico, el concejal socialista Sergio Brenes ha puesto de relieve algunas “curiosidades” del caso, por ejemplo, el que Teconsa hubiese ganado el concurso la primera vez que se presentaba en Málaga y que lo hubiese hecho en segunda vuelta -presentando un recurso contra la decisión inicial, que beneficiaba a la UTE a la que ahora, ante el descuelgue de Teconsa, han vuelto las obras-. “Hay bastantes dudas y las declaraciones del equipo de Gobierno no están dando claridad, algo que sí ha hecho el empresario perjudicado”, explica, asegurando que un topógrafo podría aclarar fácilmente cuántos metros se trabajaron y qué obras se acometieron en ellos.

Segunda empresa Gürtel
En su opinión, el Ayuntamiento actúa con secretismo al retrasar la entrega de los expedientes de las obras, solicitados por el PSOE el 13 de octubre pasado. “Lamentamos que la ciudad de Málaga se vea implicada con una empresa vinculada a la Gürtel, y que no sea la primera vez que esto ocurre. A Begar (constructora del imputado José Luis Ulibarri también en suspensión de pagos) ya la tuvimos, y se han dejado sin construir viviendas de protección oficial de la Empresa Municipal de la Vivienda. Aquí llueve sobre mojado”, concluye.

elplural.com

"CASO MILLET"; CDC DISFRAZA DE DONATIVO LA DEVOLUCIÓN DE LOS PAGOS

El saqueo del Palau

CLARA BLANCHAR - Barcelona

Cuarenta y tres días después de saberse que la Fundación Orfeó Català del Palau de la Música que presidía Fèlix Millet donó 630.000 euros a la fundación de Convergència Democràtica de Catalunya, la Trias Fargas, y tras sucesivas negativas, el secretario general del partido, Artur Mas, anunció ayer que el partido devolverá el dinero. Aunque Mas no habló de una devolución, sino de "una donación a través de convenios de colaboración".

Los detalles del retorno -el Palau sí empleó esta palabra- se fijaron en una reunión celebrada por la tarde: acordaron que la fundación devolverá la suma en ocho entregas, entre 2010 y 2017, de 79.000 euros cada una y avaladas por CDC. Lo rubricarán el lunes ante notario, una fórmula que evoca el compromiso que firmó Artur Mas durante la campaña de 2006 para garantizar que no pactaría con el PP. "Entendemos que las subvenciones no se otorgaron en una sola vez", afirmaron fuentes del Orfeó para justificar los plazos. El hecho de que Millet actuó a iniciativa propia y al margen de la contabilidad oficial cuando firmó los siete convenios con la fundación de CDC, entre 1999 y 2008, fue confirmado ayer por el director ejecutivo de la organización, Joan Llinares.

Negativa a devolver
Pese a esta constatación y a las múltiples revelaciones de irregularidades por parte de las auditorías internas en el Palau, las actuaciones de la fiscalía y el juez, los números de la propia Trias Fargas y las investigaciones de este diario, tanto CDC como la fundación se han enrocado durante semanas en su negativa a devolver los 630.000 euros -pese al clamor del resto de los partidos políticos- y han llegaron a desenterrar el caso Banca Catalana, convencidos de ser víctimas de una operación de "desgaste".

Ayer por la mañana, cuando Mas habló de las donaciones, no precisó de qué cantidad se trataría. Sí quiso dejar muy claro, sin embargo, que la fundación desconocía la ilegalidad de las subvenciones del Palau, que salieron del Orfeó por orden de Fèlix Millet y sin el permiso de sus patronos, y que actuaron "de buena fe". De ahí, concluyó, que Convergència haya decidido al fin realizar "una donación importante para que el Palau no pierda recursos de cara al futuro".Todos los partidos catalanes celebraron que CDC haya dado su brazo a torcer. Lo han exigido semana tras semana desde que se conocieron las donaciones de Millet a la Fundación Trias Fargas. Y todos coincidieron en señalar que la devolución llega tarde. El portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Daniel Fernández, calificó de "adecuada y lógica" la decisión "una vez que se ha descubierto lo que había detrás". "Es una lástima que no la hubieran tomado en el primer momento", concluyó. Por parte de Esquerra Republicana, su portavoz en el Congreso, Joan Ridao, destacó que la devolución "era una medida necesaria".

Iniciativa fue un paso más allá y, además de celebrar la devolución de "todo" el dinero, la portavoz del partido, Laia Ortiz, reprochó la "hipocresía" de CDC e insistió en que "pida perdón por haberse apropiado de forma inmoral de un dinero que no es suyo". Además, recordó que "está por demostrar en qué se gastó" el dinero.

Desde la convención que el Partido Popular celebra este fin de semana en Barcelona, la presidenta del partido en Cataluña, Alícia Sánchez-Camacho, destacó lo que "ha costado" a CDC devolver el dinero entregado por el Palau a la Fundación Trias Fargas y sugirió a Artur Mas que aborde ahora la devolución del dinero que también Fèlix Millet entregó a Àngel Colom para que liquidara la deuda del Partit per la Independència.

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elpaís.com

MILLET DESVIÓ DINERO PÚBLICO A LAS OBRAS DE SU CASA DE L'AMETLLA DEL VALLÉS

El saqueo del Palau

Las auditorías cifran el fraude en 23,7 millones, 2,9 de las administraciones


LLUÍS PELLICER - Barcelona

Ya hay pruebas para un posible delito de malversación de fondos públicos. Así lo afirmaron ayer los nuevos gestores del Palau de la Música, que cifran en 23,7 millones de euros la estafa que cometió Fèlix Millet al frente de la institución. De esta cantidad, al menos 2,95 millones proceden de subvenciones públicas que en su mayor parte fueron a parar a obras de la casa de Millet en L'Ametlla del Vallès, regalos y viajes familiares. El nuevo equipo gestor y la Generalitat presentaron ayer el resultado de sus auditorías al Juzgado de Instrucción número 30 de Barcelona.

Los administradores esperan que el juez recoja la acusación de malversación

Millet se hizo con 750.000 euros procedentes de facturas falsificadas

De momento, Millet y Montull están imputados por apropiación indebida y falsedad documental. Pero las administraciones públicas manifestaron, a través de sus representantes en el Palau, que confían en que la justicia recoja también las pruebas que indican que Millet malversó dinero público, puesto que así lo determina la auditoría elaborada por los interventores del Departamento de Economía y Finanzas.

El Palau está gestionado por tres entidades: la asociación, propietaria del edificio; la fundación, que se nutre de aportaciones privadas, y el consorcio, integrado por las administraciones. El ex presidente del Orfeó usó a su antojo las tres entidades. El director general del Palau de la Música, Joan Llinares, explicó que el modus operandi era casi siempre el mismo: aprovechaba que el Orfeó no estaba auditado para derivar dinero del consorcio y la fundación hacia allí.

La mayor parte del dinero del consorcio se desvió a través de las aportaciones que el organismo -integrado por el Ayuntamiento, la Generalitat y el Ministerio de Cultura- efectuaba a la asociación. Entre 2002 y 2008, Millet se embolsó 1,7 millones de euros con el pretexto de que era dinero que iba al Orfeó, cuando éste nunca llegaba a ingresar esas cantidades. De hecho, las auditorías que el Departamento de Economía había elaborado sobre los ejercicios de 2002 y 2003 ya advertían de que había ingentes cantidades de dinero público que iban a la asociación y que no estaban debidamente justificadas. Finalmente, tras entrevistar a dos empleados del consorcio, la Generalitat ha acreditado que Millet extendía cheques al portador que cobraban varios empleados en Caixa Catalunya y que luego le entregaban. Algunas cantidades también se retiraron en efectivo.

La segunda fórmula era la falsificación de facturas. En conjunto, Millet se hizo con 750.154 euros procedentes del consorcio a través de certificados que validaron las empresas Triobra, Clos 9, Clos Interiors, Manteniments Integrals FM2, Eiffage Energía, Instal·lacions i Manteniments Tècnics de Catalunya y Vigilancia y Sistemas de Seguridad. La empresa Triobra facturó al Palau 392.175,43 euros que correspondían a las obras que realizó en su casa de L'Ametlla del Vallès, según admite el anterior consejero delegado de la sociedad, Emilio Vidal, a los interventores. Vidal fue presidente hasta enero de la Asociación Española de Dirección Integrada de Proyectos, que reúne a las empresas que, curiosamente, deben encargarse de controlar que no haya desvíos presupuestarios o temporales en las obras.

Además, el Instituto Catalán de Finanzas, el banco de crédito de la Generalitat, concedió dos créditos al consorcio, uno por 1,26 millones y otro por 731.710 euros. La auditoría acredita que Millet usó al menos 172.308,45 euros de este dinero para su uso particular y, además, la mayoría de este dinero corresponde a las facturas de Triobra, por lo que fuentes de la investigación apuntan que también fueron a sufragar su casa de L'Ametlla. A todo este dinero hay que añadir varias cantidades que suman 637.286,37 euros, aportadas por el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (ICAEM), sin justificar.

El fraude final en las tres entidades suma más de 23 millones, y eso sin contar las remuneraciones que cobraron Millet, Montull, la ex directora financiera Gemma Montull y la ex directora general Rosa Garicano. Los cuatro, según Llinares, se subieron el sueldo sin motivo alguno ni amparo legal.

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Félix Millet I Tusell
A FONDO

Nacimiento:
08-12-1935

Lugar:
Barcelona

elpaís.com

"CASO MERCASEVILLA"; IMPUTADA LA CÚPULA DE LA CONTRUCTORA SANDO POR EL CONCCURSO PARA LA VENTA DEL TERRENO

La juez solicita al Ayuntamiento las obras contratadas por el grupo malagueño

JAVIER MARTÍN-ARROYO - Sevilla

Otro escalón más. La juez del caso Mercasevilla ha imputado a la cúpula de Sando, la mayor constructora andaluza, por su participación en el concurso para la venta de terrenos presuntamente fraudulento que ganó en 2006 y el derecho de superficie sobre los terrenos que adquirió un año antes. Con la imputación del presidente de la compañía, José Luis Sánchez, su hijo y vicepresidente Luis Sánchez y el ejecutivo del área inmobiliaria José Luis Miró, la causa ya acumula once imputados entre políticos, técnicos y empresarios.

El PP denuncia que Sando pagó parte del ERE de 2007 en Mercasevilla

La magistrada Mercedes Alaya tomará declaración a los tres directivos para que aclaren los detalles del concurso público para la venta de terrenos que calificó en un auto como "ilegal" y "antieconómico", puesto que Sanma, filial de Sando, lo ganó pese a no presentar la mejor oferta. Mientras que el grupo Noga ofreció 158 millones y Sando tan sólo 106, esta última se alzó con el concurso. El pasado octubre la Policía Judicial informó a la juez de los directivos que intervinieron en el contrato de derecho de superficie de 2005, de ahí su imputación en el auto dictado el pasado seis de noviembre.

Sando se hizo con el contrato de derecho de superficie tras llegar a un acuerdo con Mercasevilla y la constructora Larena98. Fernando Mellet, director de la empresa municipal por aquel entonces, impulsó el traspaso del derecho de superficie. Ahora Mellet está imputado junto al asesor jurídico Jorge Piñero y los técnicos María Victoria Bustamante y José Antonio Ripollés.

Mientras, la juez ordenó en este último auto que la Gerencia de Urbanismo informe a través del área de Vía Pública de las obras contratadas por Sando con el Ayuntamiento. La magistrada especifica que el Consistorio debe facilitar las obras contratadas sólo desde 2003, "fecha en la que Domingo Enrique Castaño [ex asesor del alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín], comenzó a ejercer funciones de Director de la citada área de Vía Pública". Desde el pasado verano, el Partido Popular ha señalado a Castaño como el cerebro del "concurso fraudulento" fraguado entre Mercasevilla y Sando. Tras ganar el concurso, Sando contrató a Castaño hasta que hace semanas prescindió de sus servicios.

Además, la juez pide en su auto al registrador de la propiedad de Málaga la historia registral de Sando para analizar toda la documentación que pueda resultar relevante.

Por otra parte, el PP denunció que Sando pagó parte del ERE de Mercasevilla condicionado a la posible adjudicación de la construcción del nuevo mercado en la zona de Majarabique, aún pendiente de construirse, informó Efe. El PP afirma que los acuerdos firmados entre Mercasevilla y Sando incluyen pagos de la constructora, varias cláusulas y estipulaciones de relevancia para la investigación, por lo que le ha dado traslado al juzgado. Además de un pago a cuenta de cinco millones por la opción de compra, el portavoz popular Beltrán Pérez denunció que "retorcieron" las cláusulas del acuerdo hasta recoger que Sando, si se le adjudicara la construcción del nuevo mercado, "y sin tener nada que ver" con el futuro traslado de sede, asumiría los costes de "reciclaje profesional" de la plantilla. Entre ellos el plan de prejubilaciones derivado del ERE de 2007 en Mercasevilla. "¿Qué hace una constructora pagando el ERE de una empresa pública?", interrogó Pérez.

elpaís.com

"CASO FABRA"; UN EX PRESIDENTE DEL CASTELLÓN INTENTA JUSTIFICAR INGRESOS DE FABRA

M. FABRA - Castellón

El ex presidente del CD Castellón Antonio Bonet aseguró ayer que los ingresos que realizó en una de las cuentas del presidente de la Diputación castellonense, Carlos Fabra, sirvieron para cubrir el impago de un crédito que avalaba. Según declaró ante el titular del Juzgado número 1 de Nules, cuando Fabra dejaba de pagar las mensualidades del crédito, él cubría estos impagos. Los avalistas, normalmente, abonan al banco directamente los impagos pero en este caso, según su declaración, lo hacía a través del propio Fabra.

Bonet acudió ayer a declarar, en calidad de testigo, en el llamado caso Fabra, en el que se investiga al también presidente del PP provincial por la posible comisión de varios delitos contra la Administración pública y por fraude fiscal.

Bonet fue presidente del CD Castellón, una entidad que recibe anualmente subvenciones de la Diputación, durante casi una década. Según la documentación de la Agencia Tributaria, Bonet realizó dos ingresos en una de las cuentas de Fabra, por algo más de 26.000 euros. El presidente de la Diputación de Castellón dijo en su día que se trataba de un préstamo personal, pero tampoco aportó ningún documento que lo acreditara. La Agencia Tributaria hizo constar en su denuncia a Fabra que no existía "justificación documental" de ese préstamo. Ahora Bonet dice que fue un aval.

Carlos Fabra Carreras
A FONDO

Nacimiento:
1946

Lugar:
Castellón

elpaís.com

"CASO CAN DOMENGE"; LOS AGENTES EN LOS REGISTROS: "BUSCAMOS TRANSFERENCIAS DE DINERO A GIBRALTAR"

La búsqueda de las comisiones ilegales

Un funcionario policial traslada una caja tras el registro de Ferrátur. | Jordi Avellà

* Los investigadores buscan pagos de Sacresa en el extranjero a UM
* El bufete Fiol en Palma también fue el objetivo de los agentes

Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma

"Estamos buscando transferencias de dinero a Gibraltar". Los agentes de la policía judicial que llevaron a cabo ayer los registros en el marco del caso Can Domenge espetaron esta frase a las empresas relacionadas con el concurso. El objetivo último, tal y como apuntó el auto del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que ordenó la operación, pasa por intentar hallar las posibles comisiones ilegales abonadas por la promotora Sacresa para hacerse con el último gran solar edificable de titularidad pública que quedaba en el centro de Palma a mitad de precio.

Esta es una de las principales líneas de investigación, después de que los hallazgos que deparó la jornada de ayer certifiquen que cuando el concurso se publicó en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB) Sacresa ya tenía listo su proyecto y tenía todo listo para empezar a construir los 600 pisos de lujo. Guiados por la intención de hallar indicios de las presuntas comisiones, el operativo que fue pilotado técnicamente por el equipo de inspectores de la Agencia Tributaria en Baleares, rastreó junto al Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional una tras otra las sedes de las empresas.

Última parada: Bufete Fiol
Ya por la tarde, tras comprobar que el domicilio social de la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria, se encontraba en el bufete del portavoz parlamentario del PP Francesc Fiol, acudieron allí sin encontrar indicios de desvíos de dinero al extranjero ni documentación anterior a la celebración del concurso. Los investigadores se incautaron de facturas profesionales del despacho. Santiago Fiol, abogado de Sacresa y hermano del líder popular, que recalcó que el ex conseller de Cultura no intervino en ningún momento en este proceso. «Durante su etapa como conseller, entre 2003 y 2007 no pisó este despacho», precisó a la policía judicial.

Asimismo se estudia por parte de los investigadores si los pagos realizados por Sacresa al Bufete Fiol se ajustan a los baremos establecidos por el Colegio de Abogados. Según ha podido saber EL MUNDO/El Día de Baleares, el bufete pactó con la promotora un porcentaje de la operación que ascendería aproximadamente a un 0,5% de la misma. No obstante, se está analizando tanto la minuta cobrada por el asesoramiento en la operación de Can Domenge como los pagos que continúa percibiendo a día de hoy al ser el letrado que defiende en Baleares los intereses de la promotora en el litigio que mantiene en estos momentos con el Consell de Mallorca. Tras la decisión de anular el concurso y anunciar que el solar volverá a poder de la institución insular, la presidenta Francina Armengol, negocia ahora una salida al conflicto.

elmundo.es

"CASO CAN DOMENGE"; SACRESA TENÍA EL PLAN DE EXCAVACIÓN DEL SOLAR MESES ANTES DEL CONCURSO

Registro a los beneficiarios del pelotazo

* Intervienen un plano de interferencias solicitado antes de la licitación
* Este documento es el paso previo al inicio de las obras
* El juez ordenó los registros de la promotora a petición de Fiscalía


Esteban Urreiztieta | Eduardo Colom | Palma | Barcelona

La comisión judicial que registró ayer las oficinas de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se llevó el concurso de Can Domenge se incautó, entre otros documentos, del plan de la promotora Sacresa para excavar en el solar. Este informe, tal y como ha podido constatar EL MUNDO/El Día de Baleares, está fechado en 2005.

Es decir, meses antes de que el terreno público de 52.200 metros cuadrados fuera puesto a la venta públicamente por el Consell de Mallorca que dirigía la actual presidenta del Parlament balear y líder de Unió Mallorquina (UM) Maria Antònia Munar el 3 de enero de 2006. Los registros fueron ordenados a primera hora de la mañana de ayer por el juez del Tribunal Superior de Justicia Francisco Javier Muñoz a petición de la Fiscalía Anticorrupción a tan sólo 72 horas de la declaración como imputada de Munar el próximo lunes.

La primera parada de la comisión judicial fueron las oficinas de la constructora Ferrá Tur, ubicadas en el polígono industrial de Son Bugadelles. Los técnicos de la Agencia Tributaria y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se incautaron allí de una carpeta remitida por Sacresa a la constructora mallorquina. En ella se encontraba lo que técnicamente se denomina un plano de interferencias, que identifica las conducciones eléctricas que atraviesan el solar y que constituye el paso previo a la excavación en el solar.

El resto de documentos
Este documento fue solicitado por Sacresa a la eléctrica Gesa-Endesa y está fechado en 2005, tal y como reza la carátula que lo acompaña y que fue intervenida por la policía judicial. Este documento revela la plena convicción de Sacresa de que iba a llevarse el solar valorado en 60 millones de euros y que UM le acabó vendiendo sólo por 30. Y es que meses antes de que existiera la licitación no sólo la promotora se planteaba ya la excavación de la parcela sino que había contratado al arquitecto francés Jean Nouvel; le había pagado una buena parte de sus honorarios; y éste ya dibujaba con 7 meses de antelación el proyecto de 600 viviendas de lujo que resultó finalmente elegido por la institución insular.

Además
* Pujals, de delfín de Pujol a la empresa privada
* Registran las sedes de Sacresa y Ferratur
* ¡Sálvese quien pueda!, por Antonio Alemany
* Humor: El chiste animado de Alfie

elmundo.es

"CASO MILLET"; LAS AUDITORÍAS CIFRAN EN 23,7 MILLONES DE EUROS EL DESFALCO DEL PALAU

La privada y la de la Generalitat

Millet, con sus abodagos, tras prestar declaración. | Christian Maury

* 20,1 de fondos privados, 2,9 de públicos y 637.286 euros sin destino probado

* La malversación de los fondos públicos, procedentes del Consorcio, elevarán la pena


* Los patronos de la institución se reducirán de 104 a 11 tras el escándalo


Núria Cuadrado | Germán González | Barcelona

Las auditorías sobre el desvío de fondos del Palau de la Música Catalana cifran en 23,7 millones de euros el desfalco.

En el apartado de los fondos privados se habrían desviado 5,5 millones y 14,6, millones de la Associació Orfeó Català y la Fundació del Palau de la Música, respectivamente -según el estudio realizado por la empresa Deloitte-; y, en el de los públicos, 2,9 millones del Consorcio del Palau-según el análisis del departamento de Economía de la Generalitat- Este último hecho podría conllevar malversación de caudales públicos, lo que supondría un considerable aumento de la pena.

Además, no se ha podido justificar el destino de otros 637.286 euros.

El desvío se produjo, en el caso de los fondos privados, entre el 31 de julio del año 2000 y septiembre de 2009, mientras que las públicas del Consorcio, entre 2002 y 2009.

Reducción de patronos
Tras el escándalo también llegan las reestructuraciones. La más contundente será la reducción del número de patronos del Palau, que pasará de 104 a 11, después de que el pasado martes todos dimitieran en bloque.

Por otra parte, la Fiscalía Superior de Cataluña ha pedido al juez, que impute a los otros ex altos cargos de la Fundación Orfeó Català que aparecen en la querella. En concreto los ex tesoreros de la entidad Pau Duran y Enric Álvarez, así como la hija de Montull, Gemma, aparecen en la querella de la Fiscalía, presentada a principios de junio, aunque no están imputados.

El Ministerio Público también quiere que se cite como imputado al ex secretario del Palau, el abogado Raimón Bergós. El fiscal quiere aclarar por qué Montull lo citó en su declaración como la persona que trataba con Hacienda desde el Palau, y que incluso podría haber asesorado en cómo aportar facturas falsas cuando la Agencia Tributaria descubrió el desvío de 2,2 millones de euros de las cuentas de la Fundación y la asociación en el año 2003.

Además
* Es hora de que el Palau sea noticia sólo por su música
* Más del 70% de los catalanes cree que hay corrupción | Informe

elmundo.es