jueves, 6 de agosto de 2009

EL VELÓDROMO DE MATAS, RÉCORD MUNDIAL EN PRISAS Y MILLONES

'OPERACIÓN ESPADA'
La obra emblemática del PP

El ex presidente balear, Jaume Matas, en el velódromo. | Palma Arena

EL arquitecto García-Ruíz elevó la obra de 48 a 110 millones de euros
Se realizaron pagos sin respetar los preceptivos trámites administrativos
El 'Govern' pagó hasta cinco veces más por una maqueta del velódromo
Se pagó al publicista Miguel Romero sin que llevara a cabo trabajo alguno

E. Urreiztieta | E. Colom | Palma

El eje sobre el que gravita el escándalo del velódromo Palma Arena es el contrato a dedo suscrito por el Ejecutivo balear del PP con dos arquitectos mallorquines, Luis y Jaime García-Ruiz, por importe de más de nueve millones de euros.

El Govern presidido por Jaume Matas recurrió a ellos el 8 de mayo de 2006, cuando el proyecto inicial del recinto deportivo ya había sido diseñado por quien está considerado como uno de los más reputados especialistas del mundo en este tipo de instalaciones, el alemán Ralph Schürmann, que fue fulminantemente destituido al comenzar las obras bajo el argumento de un incumplimiento de contrato.

A pesar de lo elevado de la cuantía -más del triple de los baremos establecidos por el Colegio de Arquitectos-, no medió concurso público alguno para su elección y se les facultó por escrito para emplear discrecionalmente el dinero. Es más, de los nueve millones de euros, 6,6 les fueron entregados sin que mediara factura alguna.

Según la Fiscalía Anticorrupción, tanto el ex director de Deportes José Luis, Pepote, Ballester como el portavoz del PP de Palma y ex presidente del Consorcio del velódromo Rafael Durán incurrieron en delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

El polémico contrato facultaba a los García-Ruiz para acometer "cualquier actuación que, durante la ejecución de la obra, se deba llevar a cabo". Sin que mediara una sola limitación. El Govern de Matas recurrió a quienes, entre otros trabajos, habían acometido previamente la reforma de la sede del PP balear, y les encomendó, al precio que fuera, tener terminado el recinto deportivo para albergar los Mundiales de Ciclismo de 2007.

Una de las primeras medidas adoptadas por estos arquitectos consistió en la elaboración de un informe técnico que analizaba el trabajo de su antecesor alemán y que se convirtió en el salvoconducto para poder disparar de golpe el precio del velódromo.

Establecía que, pese a haber sido presupuestado en 48 millones de euros, serían necesarios «más de 110 millones de euros" para tener listo el recinto deportivo en tiempo y forma.

Los hermanos García-Ruiz argumentaron que el proyecto inicial sólo disponía del 8% de la información necesaria para llevarlo a cabo y que se habían topado con un sinfín de deficiencias, responsabilizando a Schürmann de que se hubiera olvidado de incluir en su proyecto elementos tan básicos como el vídeomarcador o los cronómetros.

Esgrimiendo estos argumentos, el coste comenzó a engordar exponencialmente. Y, según sostienen los fiscales anticorrupción y el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, se empezaron a realizar pagos sin respetar los preceptivos trámites administrativos, Obviando, de nuevo, convocar una nueva licitación, a pesar de haberse duplicado el coste.

Se sufragaron obras que se ha comprobado que nunca se acometieron y se inflaron las facturas de diversos materiales. Los investigadores destacan en sus informes, por citar un ejemplo, la adquisición de varios miles de metros de lona que se abonaron con un sobreprecio que ascendió a siete veces su coste real. O el pago de hasta cinco veces más por una maqueta del velódromo que se utilizó durante la promoción del mismo.

Los fiscales anticorrupción concluyen que se pagó al publicista Miguel Romero sin que éste llevara a cabo trabajo alguno. Y es que a los García-Ruiz el Govern del PP no sólo les encomendó la dirección de la obra, sino todos los gastos para publicitar la instalación.

Schürmann rompió su silencio hace meses resumiendo a EL MUNDO el proceso: "Pepote Ballester y Jorge Moisés se empeñaban en que aceptara ciertas ofertas cuando había otras más baratas [...]. Hablaban con el suministrador, decían que se habían equivocado y negociaban las ofertas al alza".

Además
* Rafa Durán y Pepote Ballester, detenidos por el Palma Arena
* Pepote Ballester: De regatista de élite a la política
* Así se engordó el Palma Arena

ELMUNDO.ES

LA DEFENSA DE RAFAEL DURÁN PRESENTA UN HÁBEAS CORPUS EN EL JUZGADO DE GUARDIA

CASO PALMA ARENA Operación Espada

José Ramón Orta atiende a los periodistas anoche. | Cati Cladera

* Es una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo
* Su abogado no entiende 'por qué se agota el plazo de las 72 horas'
* Se queja de que Durán fue detenido a las 12 y no se le interrogó hasta las 21
* El resto de detenidos será interrogado a lo largo del día de hoy

Hugo Sáenz | Palma

La defensa del portavoz del PP de Palma, Rafael Durán, detenido ayer en el marco de la operación Espada, que investiga presuntas irregularidades en el presupuesto del Palma Arena, presentó anoche a las 01.30 horas en el juzgado de instrucción número 4 -en funciones de guardia- un hábeas corpus, según ha confirmado a elmundo.es su abogado José Ramón Orta.

Se trata de una institución jurídica que garantiza la libertad personal del individuo, con el fin de evitar los arrestos y detenciones arbitrarias. Orta asegura que el objetivo de presentar este habeas corpus es "adelantar el plazo de 72 horas lo máximo posible, ya que Durán no va a comparecer ante la Policía, sino ante el juez". "Nada justifica que mi cliente siga detenido", añade Orta, quien explica que es un procedimiento que puede ser utilizado en el supuesto en el que el letrado considere que la detención de su cliente se ha llevado a cabo "sin tener las garantías procedimentales legales oportunas" o estime que el arresto es "ilegal, porque en nada beneficia ni ayuda al esclarecimiento de los hechos investigados".

Durán se acogió anoche a su derecho a no declarar por lo que permanecerá en los calabozos hasta el próximo sábado agotando así el plazo de las 72 horas hasta que sea de nuevo interrogado en dependencias judiciales. Su abogado mostró entonces su "indignación" por el arresto del regidor 'popular', a quien, según reveló, el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, le imputa un delito de prevaricación.

José Ramón Orta se ha quejado la "innecesariedad de la detención" del portavoz del PP en Palma ayer, así como del hecho de que tres policías acudieran a Cort para arrestarlo a eso de las doce del mediodía y no le fuese tomada declaración hasta pasadas las 21.00 horas. Su abogado considera que si su objetivo era que declarara, lo podían haber citado voluntariamente y no haberlo detenido como hicieron.

Paralelamente, Orta considera que la pretensión de la Policía manteniendo 72 horas a Durán en el calabozo es "quebrantar su estado de ánimo" para que acabe por realizar una declaración inculpatoria, pero lo que "él quiere es declarar ante el juez".

El hábeas corpus se basa en la obligación de presentar ante el juez a todo detenido, quien podría ordenar la libertad inmediata del detenido si no encontrara motivo suficiente de arresto. Se da la circunstancia de que ésta es la principal solicitud que Rafael Durán realizó ayer, declarar ante el juez lo antes posible, y es por ello por lo que su defensa ha presentado el habeas corpus, ya que no entiende "por qué se agota el plazo de las 72 horas" en dependencias policiales, sin poder comparecer ante un magistrado.

En este sentido, recordó que la prevaricación "no acarrea una pena de cárcel", por lo que, a su juicio, no se trata de un delito que implique mantener a Durán "tanto tiempo detenido" en los calabozos de la Policía Nacional.

Primera noche en los calabozos para los detenidos
Tanto el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Palma, Rafa Durán, como el resto de los detenidos, entre los que está el ex-director general de Deportes del Govern y ex-medallista olímpico, José Luis 'Pepote' Ballester, pasaron anoche su primera noche en los calabozos de la Policía Nacional.

Así, 'Pepote', el ex-gerente del Palma Arena, Jorge Moisés, el director de la empresa de comunicación Nimbus, Miquel Romero, y una quinta persona que responde a las iniciales de I.A.S. serán interrogados a lo largo del día de hoy en las dependencias policiales por el fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach, y está previsto que a las declaraciones también asista el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro.

Quien sí prestó declaración anoche fue el ingeniero industrial Miquel Àngel Verger, presuntamente implicado en el caso, quien en torno a las 00.30 horas salió en libertad con cargos -se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos- aunque su declaración se retomará mañana, tal y como afirmó su abogado, José Ignacio Herrero, a la salida de la Policía.

Posteriormente, el letrado señaló que su patrocinado fue citado a declarar esta tarde y por ello acudió "por su propio pie" a las dependencias policiales, por lo que negó que haya sido arrestado como los cinco detenidos. Verger habría dirigido el proyecto inicial del Palma Arena junto a los arquitectos Luis y Jaime García Ruiz.

Además
* El PP 'pone la mano en el fuego' por los detenidos
* Grosske pide la dimisión de Durán como portavoz y regidor
* Antich considera que las detenciones 'dañan a la clase política'
* De la Vega defiende la 'tolerancia cero' ante la corrupción

ELMUNDO.ES

AGUJERO DE MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS EN LA FUNDACIÓN MERCASEVILLA

EDUARDO BARBA. SEVILLA

La publicación de las conversaciones entre los directivos de la sociedad pública Mercasevilla y empresarios de La Raza donde los primeros piden comisiones a los segundos no sólo destapó hace varios meses un grave caso de corrupción que supuso el relevo en la cúpula del mercado central de abastos sevillano y la apertura de un proceso penal, sino que generó la realización de una auditoría en la Fundación Mercasevilla -germen de la polémica por ser la receptora de las «donaciones»- cuyos resultados han sido reveladores. Así, éstos han mostrado un descontrol enorme en todo lo referente a los gastos y las contrataciones, al tiempo que señalan un agujero financiero de al menos 1,1 millones de euros; en concreto, la contabilidad registra un resultado negativo de 1.116.148 euros.

La auditoría, realizada con el asesoramiento de la empresa Deloitte, fue trasladada a una comisión auditora nombrada por los partidos políticos, que extrajo conclusiones tan contundentes que el Ayuntamiento decidió disolver la Fundación de inmediato alegando que llevaba una contabilidad «a espaldas del patronato de la empresa». Esta auditoría acabó en manos de la jueza que instruye el caso, Mercedes Alaya, que rápidamente abrió una investigación en torno a las donaciones a esta fundación asistencial y centró buena parte de sus pesquisas en la venta del suelo del «Merca» en 2006 a la empresa Sando.

Del trabajo auditor se desprende un auténtico descontrol en las cuentas y las contrataciones de la fundación, puesta en marcha en verano de 2006, precisamente en el mismo período en que se adjudicaron los terrenos de Mercasevilla a Sando pese a ser su oferta menor que la de su competidora, Osuna. En poco más de dos años, el desfase contable -dinero que ha entrado del que no se encuentra destino o destinatario- supera el millón de euros. asegura que se constata «un exceso» de personal empleado en la Fundación de la empresa pública, con el consiguiente gasto que implica la abultada plantilla para la entidad, de la que formaba parte incluso la esposa del ex director gerente Fernando Mellet, nombrada directora de la guardería de la empresa de abastos.

«A dedo»
Las irregularidades detectadas en el informe profundizan en el sistema de contratación, señalando que para contratar al personal no cualificado el sistema utilizado por la directiva cesada era el de la bolsa de empleo, de la que se iba llamando al personal según las necesidades. Eso sí, para el operario cualificado la técnica cambiaba: de hecho, ni existía, ya que la contratación se realizaba a dedo. Tanto es así que el documento señala al mismo Mellet como el que se encargaba de la elección «discrecional» del personal que acababa siendo contratado por la Fundación.

La auditoría incide en que este apartado de las contrataciones de trabajadores cualificados, usando múltiples e ilustrativos ejemplos, se gestionaba sin conocimiento alguno de los órganos directivos de la empresa, al igual que ocurría con la propia contabilidad de la fundación. Destaca incluso la auditoría que la contabilidad se llevaba «con el mismo modo de operar» con respecto a la empresa pública, esto es, sin informar de todo. Éste es el principal argumento usado por el Ayuntamiento para disolver la fundación -gracias a su 51% en el consejo de administración- hace unas semanas, pese a que desde el Consistorio se ha sacado pecho constantemente en los últimos años de la impecable gestión económica de Mellet.

También señala el trabajo de los auditores de Deloitte que en la entidad también se llevaron a cabo actos de aprobación de gastos y ordenación de pagos sin someterlos a ratificación, algo básico para la transparencia contable. Es más, todas estas actuaciones «ni siquiera» se pusieron en conocimiento del Patronato de la Fundación, al que tampoco le han llegado a rendir cuentas por parte de los gestores de la empresa pública de abastos.

Pagos e intermediación
De la auditoría también destacan varios aspectos más que llamativos. En ella, por ejemplo, se mencionan el abono de 143.145 euros a la empresa «Maginae Solutions» entre 2007 y 2008 por asesorar a Mercasevilla en la tramitación ante la Consejería de Empleo del expediente de regulación de empleo (ERE) en el que resultaron afectados 63 trabajadores de los 176 que componían la plantilla. El responsable de esta empresa, Jaime Sierra, admitió a este periódico ser cuñado del ex sindicalista jiennense Juan Lanzas, que está siendo investigado por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla en torno a su papel en la concesión de los 900.000 euros de subvención desde la Delegación de Empleo al «Merca» para la construcción de la Escuela de Hostelería, que dio origen a la petición de comisiones ilegales a los empresarios de La Raza, adelantada por ABC.

Además, la auditoría detectó 30.200 euros sin justificar que se pagaron con una tarjeta de crédito VISA que pertenecía al departamento de dirección general, del que estaba al cargo Mellet, principal imputado por la petición de comisiones. Se indica en el informe que, sobre este gasto, «no se aporta soporte documental justificativo. Además, se refleja otro gasto de 11.417 euros sin justificar correspondiente a dos viajes realizados por el ex subdirector, Daniel Ponce, a Vietnam; el coste de estos trayectos es de 33.321 euros, de los que no se justificaron esos 11.417.

Noticias relacionadas:
Las empresas que donaban también firmaban convenios
El PP se plantea pedir de nuevo una comisión parlamentaria
De infarto
Los placeros de triana, afectados por los problemas de mercasevilla
Demasiados cabos sueltos

ABC.ES

EL EX ALCALDE DE SESEÑA DICE QUE NO RECUERDA POR QUÉ COBRÓ EL DINERO

Escándalos urbanísticos

Uno de los accesos al complejo creado por el 'Pocero'. | Carlos Alba

* José Luis Martín aseguró que tiene 'dificultades para leer y escribir'
* Dijo que se dio 'prisa' para aprobar el PAU porque 'le hacía ilusión'

Joaquín Manso | Madrid

El ex alcalde de Seseña José Luis Martín (PSOE) reconoció a la juez que le investiga por la adjudicación a Paco el Pocero de una urbanización de 13.000 viviendas que cobró "distintos importes en los años 2002 y 2003" de alguna de las empresas controladas por Gianni Montaldo, relacionado con la mafia de Calabria y procesado en el caso Malaya. En realidad, lo que percibió fue la fabulosa cifra de 700.000 euros. Eso sí, no aclaró por qué: "No recuerda en qué concepto", señala la declaración, a la que ha tenido acceso EL MUNDO.

Martín se hizo rico coincidiendo con la aprobación del PAU, pero descargó la responsabilidad en los técnicos municipales porque él tiene "dificultades para leer y para escribir", según dijo.

El ex alcalde compareció como imputado por prevaricación, cohecho y fraude fiscal en el Juzgado de Instrucción número 4 de Illescas (Toledo), cuya titular es Carmen Martín, el 27 de abril, nueve meses después de que la Fiscalía Anticorrupción le denunciase por la adjudicación de la urbanización, la mayor de España acometida por un solo promotor.

Las preguntas de la fiscal Belén Suárez se centraron en dos puntos: el extraordinario enriquecimiento que se observó en su patrimonio entre 2002 y 2003, coincidiendo con la tramitación del proyecto, y la reunión que mantuvieron en Toledo el mismo 8 de mayo de 2003, horas antes de aprobarse el plan, el entonces consejero de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha, Alejandro Gil; Paco el Pocero y su hijo mayor, y el propio ex alcalde.

Además
* Los cimientos de 'El Pocero'

ELMUNDO.ES

"CRESPO ME DIO UN SOBRE CON 120.000 EUROS PARA ENTREGAR AL (DIPUTADO) BOSCH"

Los escándalos que afectan al PP
"Vi en las listas de regalos de Navidad el nombre de Luis Bárcenas".-
"A.L.V. es Alberto López Viejo; se le dieron 286.000 euros".-
"Galeote tiene efectivo y viajes"

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ / JOSÉ MANUEL ROMERO - Madrid

Cuando el juez Baltasar Garzón ordenó la detención de los principales integrantes de la trama corrupta vinculada a gobiernos del PP que dirigía Francisco Correa y también un registro en la sede principal de la red empresarial, la policía encontró en poder del contable de la misma, José Luis Izquierdo, un pen drive (una memoria donde almacenaba datos reservados, que ocultaba en su mano, cerrada) y numerosa documentación donde se reflejaban los ingresos y los pagos.

Izquierdo apuntaba todas las entradas y salidas de fondos de la 'caja B'

Por indicación de los jefes de la trama abrió cuentas a nombre de políticos

Analizado el material, la policía halló decenas de apuntes contables referidos al supuesto pago de sobornos, en especie y en metálico, a 17 dirigentes del PP, que gobernaban en ayuntamientos y dos comunidades, por parte de la trama corrupta. El contable había apuntado durante cuatro años hasta seis millones de euros en pagos a diferentes políticos.

Cuando declaró ante Garzón, José Luis Izquierdo, a diferencia del resto de integrantes de la trama que han negado los hechos, explicó con cierto detalle todo lo que recordaba sobre esos pagos irregulares y confirmó los supuestos sobornos. En un principio trató de ocultar todo, pero cuando los agentes le sorprendieron con el pen drive escondido en su mano, optó por contar lo que sabía. Lo que sigue es un resumen de su declaración ante el juez Garzón, que se incluye entre las diligencias del caso Gürtel. Izquierdo, según su propio relato, estaba encargado de los apuntes en la caja B de la red empresarial, domiciliada en la calle de Serrano, 40 (Madrid).

Esa caja B se nutría con aportaciones de dinero que traía Pablo Crespo (número dos de la trama) procedente de otras cajas de seguridad de la organización con aportaciones de las distintas empresas adjudicatarias de obras de administraciones gobernadas por el PP o del dinero conseguido de contratos públicos. Izquierdo apuntaba todas las operaciones de entrada y salida de fondos de dicha caja. Para llevar el control de esas operaciones, había confeccionado un sistema de cuentas gestionado mediante archivos de Excel. Pablo Crespo, según Izquierdo, le indicó que abriera cuentas a nombre de determinadas personas o empresas donde se registraban automáticamente los apuntes que se realizaban. "Las indicaciones me las daba Pablo [Crespo] verbalmente, por teléfono o en el despacho". Baltasar Garzón, tras requisar la documentación que detallaba los sobornos millonarios a políticos del PP, preguntó a Izquierdo sobre cada uno de esos apuntes contables.

- Luis Bárcenas. El tesorero del Partido Popular, imputado por supuesto cohecho y delito fiscal, ha negado ante la Sala Penal del Tribunal Supremo que correspondan a él las siglas L. B., con múltiples apuntes en la caja B con entrega de diversas cantidades que suman 1,3 millones de euros. "El archivo con el nombre "cuentas L. B." puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo. En la época en la que Correa iba con asiduidad a la calle de Génova [sede del PP], vi en las listas de regalos de Navidad, en Serrano, 40, el nombre de Luis Bárcenas".

- Gerardo Galeote. El ex eurodiputado del PP perdió su plaza en las últimas europeas como consecuencia de su supuesta implicación en el caso de corrupción masiva. La contabilidad de la trama adjudica unos pagos de 245.000 euros en efectivo. Izquierdo señala: "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

- Alberto López Viejo. El ex consejero madrileño de Deportes y uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre adjudicó a dedo dos centenares de contratos a la trama corrupta para organizar actos de todas las consejerías de la Comunidad de Madrid en los que intervenía la presidenta autonómica. A cambio, según la caja B de Correa, cobró al menos 286.000 euros en efectivo. "ALV", declara al juez Izquierdo para explicar sus propios apuntes, "es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedora en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000 euros. Las fechas son clavadas". López Viejo sigue siendo diputado autonómico y, aunque está suspendido de militancia a petición propia, el PP no le ha solicitado que entregue el acta.

- Benjamín Martín Vasco. Ex concejal de Arganda del Rey (Madrid), sigue siendo diputado autonómico pese a que la investigación judicial ha detectado que la trama le pagó más de 345.000 euros en comisiones ilegales a cambio, supuestamente, de sus gestiones para concursos de suelo que beneficiaron a Martinsa, una empresa para la que trabajaba supuestamente Francisco Correa como intermediario. Izquierdo declara sobre los apuntes referidos a Martín Vasco: "Hay viajes donde figuran estancias en hoteles, billetes de avión, gastos en joyería Suárez y dinero en efectivo. El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero que se le dio, no ha pasado por mí. En cuanto a los viajes, hasta la fecha que pone el archivo, no se hicieron efectivos".

- Alfonso Bosch. Diputado autonómico al que el PP no ha solicitado que entregue el acta, aparece en la caja B con pagos de al menos 250.612 euros. El contable declara: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para que se le entregara a este señor".

- Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla). Los apuntes de pagos al ex alcalde suman 642.942 euros. De algunos de esos apuntes, Izquierdo habló así al juez: "La cuenta en la que figuran 48.900 euros a nombre de Arturo González Panero son movimientos en efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal". A González Panero le echó el PP de la alcaldía, pero sigue de concejal.

- Ginés López, alcalde de Arganda. "Es del alcalde de Arganda, en el archivo figuran viajes y alguna entrega en efectivo. Hay un sobre de 30.000 euros que me dijeron que preparara, que lo recogería Andrés (el conductor de Correa) que supuestamente hacía las entregas".

- Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo). En la caja B figuran pagos que suman 542.992 euros a favor del ex alcalde de Pozuelo, al que también se investiga por el supuesto cobro de regalos en especie (coches). Izquierdo habló de uno de esos apuntes preguntado por el juez: "Hay un asiento de cancelación facturas Pasadena Viajes. Es el mismo sistema, pagado por caja B". Sepúlveda dimitió de su cargo y sigue de concejal.

- Guillermo Ortega (ex alcalde de Majadahonda). "Hay un apunte de Pasadena Viajes 19.850 euros es la cancelación del expediente de un servicio que se pagó con la caja B. Pablo Crespo me pidió también que preparara un sobre con 50.000 euros y que lo pusiera a nombre de Guillermo Ortega", señala Izquierdo. A Ortega le quitó Esperanza Aguirre de alcalde pero le dio un cargo en la Comunidad, del que salió tras estallar el escándalo Gürtel, al comenzar las detenciones de implicados.

EL TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS IZQUIERDO SOBRE PAGOS A CARGOS POPULARES

Luis Bárcenas, tesorero

- "El archivo L. B. puede referirse a él". "El archivo con el nombre 'cuentas L. B'. puede referirse a Luis Bárcenas, pero no lo puedo asegurar con total certeza porque ha pasado mucho tiempo".

Alberto López Viejo, diputado

- "Se le dieron 286.000 euros". Izquierdo asegura: "A. L. V. es Alberto López Viejo. Esta persona era acreedor en 240.000 euros y al final se le dieron 286.000. Las fechas están clavadas".

G. Galeote, ex eurodiputado

- Mezcla de cosas. "El archivo de Galeote tiene una mezcla de unas entregas hechas en efectivo, según datos que me daban, y servicios de viajes, bien para él o bien para su familia".

B. Martín Vasco, diputado

- "Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí". "El dinero entregado en efectivo y los gastos de la joyería Suárez salen de la caja B. Si ha devuelto el dinero, no ha pasado por mí".

Arturo G. Panero, ex alcalde

- "Movimientos en efectivo que se le han dado". "La cuenta en la que figuran 48.900 euros son movimientos de efectivo que se le han dado a este señor, si no recuerdo mal".

Alfonso Bosch, diputado

- "Lo he visto por la oficina". "Me suena que es un amigo de Pablo. Lo he visto un par de veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000 euros para entregar a este señor".

* EL TESTIMONIO DE JOSÉ LUIS IZQUIERDO SOBRE PAGOS A CARGOS POPULARES

* Huida hacia adelante
* El Bigotes, prestamista para trajes
* El PSOE exige a Rajoy que se retracte de que el Gobierno no persigue a ETA
* Detenidos en Palma el portavoz del PP y dos cargos de Matas

ELPAÍS.COM