domingo, 26 de abril de 2009

DOS DE LOS EMPRESARIOS IMPLICADOS EN EL CASO GÜRTEL PODRÍAN PONER EN APUROS AL TESORERO DEL PP


Luis Bárcenas, ¿o L.B.?

El tesorero del PP, Luis Bárcenas, o L.B como aparece supuestamente identificado en los documentos que obran en el sumario del caso Gürtel, podría haberse embolsado el pago de comisiones ilegales por la concesión de obras públicas. Dos de los empresarios beneficiados por estas adjudicaciones son los constructores Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo, quienes deberán declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la próxima semana, junto a otros cuatro imputados.

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En los registros contables incluidos en el sumario, aparece un presunto pago por parte de Enrique Carrasco de 105.000 euros, de los que 27.000 euros podrían haber ido a parar a las arcas de Luis Bárcenas. Otro documento revela que Alfonso García Pozuelo, presidente de la Constructora Hispánica ingresó 925.000 euros a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, quien derivó 270.000 euros a L. B, según datos de la investigación judicial, recogidos por El País.

El soborno de Constructora Hispánica
El auto del juez Baltasar Garzón indica que existen indicios suficientes para sostener que Alfonso García hizo "pagos ilícitos a Francisco Correa por su intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos en Boadilla del Monte y Pozuelo de Alarcón", localidades gobernadas por los populares. Los alcaldes de estos dos municipios en el momento en que se produjeron los hechos, Arturo González Panero (Boadilla) y Jesús Sepúlveda (Pozuelo) fueron destituidos, tras hacerse pública su vinculación con la red de corrupción.

El hermano del tesorero
El hermano del tesorero nacional del PP, Juan Carlos Bárcenas Gutiérrez, según el auto de Garzón, "aparece vinculado a la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón que ha realizado adjudicaciones a Constructora Hispánica", presidida por el empresario Alfonso García.

"1.000 millones de pesetas para L.B"
Las conversaciones grabadas por un ex concejal del PP en Majadahonda evidenciaron la presunta trama de corrupción en el PP. E el principal imputado, Francisco Correa, confesaba haber pagado "1.000 millones de pesetas" al que entonces era número dos del área de Tesorería del PP, Luis Bárcenas. Sin embargo, este lo ha negado en todo momento.

ELPLURAL.COM

EL TSJM COMIENZA ESTA SEMANA LOS INTERROGATORIOS A IMPUTADOS



CASO GÜRTEL

Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en este caso, está citado a declarar el próximo martes

El diputado del PP Alfonso Bosch (en la foto), quien se ha convertido en el primer aforado del PP imputado por el "caso Gürtel". EFE/Archivo
EFE - Madrid

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, designado instructor de la causa en la que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP, iniciará la semana que viene los interrogatrios a los imputados en el llamado "caso Gürtel".

El diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch Tejedor, el primer aforado formalmente imputado en este caso, está citado a declarar el próximo martes, mientras que también prestará declaración la próxima semana el presunto responsable de la trama, Francisco Correa, y varios empresarios.

Algunos de los citados, como Santiago Lago, Alfonso García Pozuelo y Enrique Carrasco, han sido relacionados por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón con el senador del PP Luis Bárcenas y el eurodiputado de este mismo partido Gerardo Galeote, que según el magistrado recibieron sobornos de la trama por valor de 1.353.000 y 652.310 euros, respectivamente.

El TSJM no informará de los delitos que se imputan a Bosch hasta que Pedreira se los comunique personalmente el martes inmediaamente antes de tomarle declaración, pero el tribunal ya señaló al hacerse cargo de la causa tras la inhibición de Garzón que los hechos que se le atribuyen pueden constituir cohecho o tráfico de influencias.

En el auto de inhibición, Garzón hablaba también de los delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita en relación con Bosch y con los otros dos aforados -el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo y el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco-, que, según fuentes del TSJM, serán llamados a declarar como imputados en las próximas semanas.

Según los autos dictados por Garzón, Bosch -hasta hace unas semanas gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMSV) de Boadilla del Monte (Madrid)- es "una persona próxima a Correa", quien le habría pagado por mediar para que la constructora Hispánica obtuviera la adjudicación del proyecto para la construcción de una ciudad deportiva en ese municipio.

Hispánica está presidida por Alfonso García Pozuelo Asins, que será interrogado el próximo jueves y que, también según Garzón, "habría hecho pagos ilícitos a Francisco Correa en contraprestación a la intermediación para la adjudicación de proyectos urbanísticos ante las Administraciones Públicas", entre ellas los Ayuntamientos de Boadilla y de Pozuelo de Alarcón.

Entre las sociedades de las que Hispánica recibió adjudicaciones está la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (SUMPASA), que presidía el ex alcalde de esta localidad Jesús Sepúlveda -que dimitió tras ser imputado en el caso- y con la que también aparece vinculado un hermano del senador Luis Bárcenas.

Además de a Bosch, el instructor tomará declaración el martes al abogado Santiago Lago Borstein -cuyo nombre aparece en la contablidad "B" de la trama de Correa junto al del ex concejal del PP en Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, hermano del eurodiputado Gerardo Galeote-, y a Carlos Clemente Aguado, ex diputado regional de Madrid y que fue asesor del ex ministro de Justicia José María Michavila, que, según Garzón, habría percibido unos 16.000 euros.

El jueves, además de Correa y de García Pozuelo, declarará ante el TSJM el empresario Enrique Carrasco Ruiz de la Fuente, que según las investigaciones entregó a la trama diversas cantidades de dinero supuestamente destinadas a Bárcenas y a Galeote.

PÚBLICO.ES

CÓMO HACER DESAPARECER 7 MILLONES

El alcalde de San Fernando, cuestionado tras un desfalco en la caja municipal

PEDRO ESPINOSA - Cádiz

Han sido los peores momentos de toda su carrera política. El alcalde de San Fernando (Cádiz), el andalucista Manuel María de Bernardo, vive sus horas más bajas desde que él mismo fuera el encargado de denunciar públicamente la desaparición de la caja municipal de una ingente cantidad de dinero público. De momento, se han contabilizado más de siete millones y medio de euros fugados. En todas sus comparecencias ha insistido en apuntar a la responsabilidad de los técnicos y en asegurar que desconocía absolutamente los continuos desfases económicos que han ido saliendo a la luz y que se producían desde que él era edil de Hacienda y después regidor local. Lo que no ha explicado todavía es cómo en un ayuntamiento acuciado por la falta de liquidez nadie hubiese advertido la ausencia de esas cantidades millonarias.

La policía ha ampliado su espectro de indagaciones a más funcionarios

El PP condiciona el pacto municipal al esclarecimiento del dinero desaparecido

Fue una auditoría ordinaria ordenada por la Cámara de Cuentas de Andalucía la que hizo saltar las alarmas. El órgano económico requirió al Consistorio varios informes y, en su elaboración, el interventor municipal comunicó al alcalde un llamativo desfase de medio millón de euros detectado en un análisis de los primeros tres meses del año. El alcalde, tras reunir a su equipo, decidió que el interventor y la tesorera presentaran una denuncia en la comisaría. Al día siguiente él mismo decidió comparecer ante la prensa para dar cuenta de la falta de ese dinero. La denuncia apuntaba ya a la responsabilidad de dos funcionarios, Clemente R.G. y María José L. de C., quienes, según el interventor y la tesorera, eran los únicos que tenían acceso directo al dinero. La policía les detuvo durante tres días pero, tras comparecer ante el juez, fueron puestos en libertad con cargos. El fiscal así lo pidió ante la falta de pruebas contundentes contra ellos.

Tres semanas después, el alcalde volvió a comparecer para informar de que un posterior recuento de la contabilidad hasta 2003 detectaba ya un agujero económico de siete millones y medio de euros, el 10% del presupuesto municipal. De Bernardo se agarró al secreto de sumario decretado por la juez para eludir explicaciones sobre el modus operandi del robo y sobre cómo había podido pasar desapercibido durante tanto tiempo la ausencia de este dinero.

Los dos funcionarios detenidos han aportado ante la policía y el juez algunas claves. "Observaba que los años comenzaban con unas previsiones de caja muy superiores a lo que realmente existía en ella", recuerda Ignacio Quintana, el abogado de Clemente R. G. "Mi cliente asegura que él comunicó a sus superiores este desfase pero le decían que eso era normal y que el dinero terminaría entrando". Nunca lo denunció por escrito.

El PSOE de San Fernando aportó ayer el saldo anual de la caja municipal desde 2002. "Eran cantidades extraordinarias, desorbitadas. Estaban sobre el papel pero ese dinero no estaba en metálico en la caja", denunció el portavoz socialista, Fernando López Gil. En otras localidades vecinas, como Jerez o Algeciras, la caja nunca pasó de 200.000 euros. El dirigente del PSOE apunta al alcalde. "Él firmaba esas cuentas. Las conocía y, por tanto, es responsable político". De Bernardo ha negado haberse dado cuenta del desfase y ha acusado a López Gil de "mezquino" por tratar de aprovecharse electoralmente del desfalco.

El alcalde se ve acorralado. Incluso por su propio socio de gobierno, el PP, que, durante el último pleno, decidió apoyar una propuesta del PSOE para aprobar una auditoría externa que compruebe las cuentas municipales, a pesar de que el PA puso reparos iniciales. Los populares han condicionado el mantenimiento del pacto al esclarecimiento de los hechos.

A De Bernardo tampoco le han ayudado las declaraciones de apoyo de su antecesor, Antonio Moreno, en las que eludía cualquier responsabilidad y apuntaba de nuevo a los técnicos. "Esas acusaciones les pueden costar caras", advierte el abogado Quintana, quien ha reclamado el levantamiento del secreto de sumario. Su cliente lleva un mes sin empleo ni sueldo. La policía se ha llevado los ordenadores que tenía en su inmobiliaria, que está cerrada desde su detención. "Mi cliente está hecho polvo. Le han hecho mucho daño".

La policía ha ampliado sus indagaciones a más funcionarios. La Fiscalía ha dejado el caso en manos de Juan José Lombera, fiscal asignado al juzgado de San Fernando. No ve necesario que lo asuman los de Anticorrupción o Delitos Económicos. El alcalde dice que esperará hasta el final de la investigación para decidir si hay que asumir o no alguna responsabilidad política.

Saldo de la caja municipal de San Fernando

- 2002: 112.827,51 euros.

- 2003: 312.492, 16 euros.

- 2004: 1.161.468,76 euros.

- 2005: 2.573.094,21 euros.

- 2006: 3.998.320,35 euros.

- 2007: 5.790.280,47 euros.

- 2008: 7.354.260,96 euros.

Datos ofrecidos por el PSOE

ELPAIS.COM

UN DIRECTIVO REVELA QUE PAGÓ A UN "CONSEGUIDOR" POR LOGRAR UN ERE EN MERCASEVILLA


El ex director asegura que el pago es legal

Sebastián Torres | Sevilla

El ex director general del mercado de mayoristas de Sevilla (Mercasevilla) Fernando Mellet asegura en la grabación que originó el caso de las supuestas comisiones ilegales que se valió de un «conseguidor» para lograr que le autorizaran un expediente de regulación de empleo (ERE) y que le pagó por ello una comisión. Para demostrar que dicha medida es «legal», el ex directivo asegura que incluso elevó el asunto al consejo de administración.

Mellet realiza esta confesión casi al final de la charla, de poco más de una hora, que grabaron los empresarios Pedro Sánchez-Cuerda y José Ignacio de Rojas, dueños del grupo hostelero sevillano La Raza, a los que presuntamente les exigió 450.000 euros en comisiones ilegales a cambio de una subvención de 900.000 euros de la Junta.

A pesar de las constantes objeciones de los empresarios, que no entienden por qué deben pagar una comisión, el entonces director gerente y su subdirector, Daniel Ponce, les insisten en que deben pagar.

Al principio de la conversación, Daniel Ponce, subdirector de Mercasevilla, pregunta a uno de los empresarios cuántas empresas públicas están haciendo expedientes de regulación de empleo. «Muchísimas», responde erróneamente el empresario. «¿Públicas?», replica Ponce.

Una interrupción de uno de los empresarios –en la conversación participan cuatro personas– impide saber a dónde quería llegar Ponce con el ejemplo de los ERE. Es posible que la solución esté al final de la conversación.

Habla el director gerente, Fernando Mellet: «Cuando me consiguen una subvención del tipo ERE que es la que te iba a explicar Daniel –probablemente se refiera a la alusión anterior de Ponce a los expedientes de regulación de empleo de las empresas públicas–, yo por razones obvias al conseguidor tengo que darle una comision, y eso sí es una práctica habitual, legal, y eso sí lo planteé yo en un consejo de administración. Estaba allí el PP y sin ningún problema. Yo pagué una comision por haber conseguido un ERE y conseguir un ERE no es solamente una gestión mía. Es decir, el planteamiento puede ser otro, Pedro, quillo. Aquí la Fundación ha puesto una subvención de 900.000 euros y una comisión por eso es totalmente lógico. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por cualquier gestión que tú consigas una subvención, un ERE, cualquier cosa, siempre hay una comisión. Eso es una cuestión legal. Si Mercasevilla obtiene una subvención, lo lógico es que pague una comisión por esa subvención. La Raza igual. ¿Quién ha hecho la gestión? Eso es pura lógica. Yo tengo aquí una comercial que sale a la calle y por cada curso nuevo que me consiga le doy una comisión. Y es lo mismo que te estoy planteando. Ésa es la pura realidad».

Los dos ex directivos investigados por la Fiscalía aseguran que ése es el funcionamiento habitual con la Junta de Andalucía y presuntamente ofrecen fórmulas para que La Raza pueda maquillar la subvención. Incluso les prometen la concesión de todos los catering que organicen las empresas municipales.

El gerente de Mercasevilla asegura que se trata de prácticas extendidas en el sistema: Sobre la situación de corrupción generalizada, Mellet asegura: «Ni creo en los sindicatos, porque he trabajado doce años con ellos y me conozco todas las interioridades, y no creo en los políticos, porque conozco a los cuatro grupos, ante eran cuatro y ahora son tres [el PA ya no tiene representación en Sevilla capital]. Con lo cual, yo no me creo nada, desgraciadamente, y yo sigo votando. Si la ciudadanía supiera la verdad de muchas cosas –esto es una mierda ¿eh?–, de la realidad de los partidos cómo se mueven, es que no te lo crees, tío, habría un golpe de estado ciudadano, no militar». Un empresario se lamenta: «¿Cómo hemos llegado a esto?».

ELMUNDO.ES

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