lunes, 13 de abril de 2009

EL EX ALCALDE DE BOADILLA CONTRATÓ HASTA EN NUEVE OCASIONES AL DESPACHO DE JOSÉ MARÍA MICHAVILA















Arturo González Panero, José María Michavila, Boadilla del Monte, Eius Abogados

El despacho jurídico del ex ministro José María Michavila defendió en nueve ocasiones al Ayuntamiento de Boadilla durante los años en que Arturo González Panero (en la foto), imputado en el caso Gürtel, fue alcalde de este municipio madrileño. Eius Abogados mantuvo una relación privilegiada con el equipo de gobierno de Panero -conocido por los miembros de la trama de Francisco Correa como El Albondiguilla-, y situó a dos de sus letrados como directores jurídicos del Ayuntamiento.

Según ha podido saber El Confidencial, cada uno de los nueve contratos del Ayuntamiento de Boadilla con el despacho de Michavila podría rondar los 18.000 euros, y se adjudicaban de forma directa, por decreto de El Albondiguilla. El primer procedimiento data de 2002, y el último de 2008, siendo 2007 el año en que más adjudicaciones recibió Eius: un total de cinco.

El socio director de Eius, Alberto Dorrego, y su colega de despacho Andrés Jiménez, ambos letrados de las Cortes, están siendo objeto de investigación por el Congreso de los Diputados para esclarecer si su trabajo como funcionarios es compatible con sus servicios al consistorio de Boadilla. Diversos grupos parlamentarios han recibido recientemente la lista de procedimientos en que Eius trabajó en la defensa de los intereses de Panero y su equipo.

Una información que podría ser determinante para esclarecer si Dorrego y Jiménez vulneraron el Estatuto por el que se rigen los letrados de las Cortes, que refleja claramente la incompatibilidad de "percibir más de una remuneración con cargo a los presupuestos de las Administraciones Públicas y de los Entes, Organismos y Empresas de ellos dependientes". Esto incluye cualquier "derecho de contenido económico derivado, directa o indirectamente, de una prestación o servicio personal, sea su cuantía fija o variable y su devengo periódico u ocasional".

Michavila obtuvo el pasado 17 de marzo la autorización del Congreso para compaginar su sueldo como diputado con los ingresos que percibe en el sector privado. El ex ministro popular gestiona patrimonios de familias adineradas a través de la firma Michavila y De Fernando Family Office; trabaja en Eius y, entre otras actividades extraparlamentarias, representa a estrellas del espectáculo como Alejandro Sanz o Shakira.

Dos hombres de Eius en Boadilla

Uno de los casos más sonados en que el despacho de Michavila defendió al consistorio de Boadilla fue la polémica cesión del Palacio del Infante don Luis a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). En esa ocasión, Dorrego y su socio Alfredo Dagnino se encargaron de la defensa del Ayuntamiento y de la SGAE frente a la demanda interpuesta por el partido Alternativa por Boadilla.

Eius Abogados también ha conseguido colocar a dos de sus abogados en el cargo de director técnico jurídico del Ayuntamiento de Bodilla. El primero fue Francisco Javier González Sánchez, alias Farruquito, quien fue sustituido en 2006 por Carlos Ruiz Cabrera, también colega de Michavila.

Tras la dimisión como alcalde de Panero, que continúa como concejal, Eius ha mantenido su influencia en el cosistorio a través del actual alcalde, Juan Siguero, también del PP. De hecho, una de las primeras decisiones de Siguero, ex concejal de Hacienda de Panero, fue confirmar en su cargo a Ruiz Cabrera.

ELCONFIDENCIAL

GARZÓN OFRECE AL GOBIERNO PERSONARSE CONTRA LA TRAMA CORRUPTA LIGADA AL PP

LA INVESTIGACIÓN RECABÓ DATOS POR BLANQUEO DE DINERO EN CINCO PAÍSES

Justicia espera que la Agencia Tributaria decida si acusa por fraude fiscal - Las comunicaciones de los jefes de la red estuvieron intervenidas cinco meses

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

El juez Baltasar Garzón dictó una providencia el pasado 17 de febrero en la que ofrecía a la Administración central, a través de la Abogacía del Estado, personarse en la causa abierta contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, el hombre que montó todos los actos del PP cuando mandaba José María Aznar. Los negocios ilícitos que supuestamente perpetró esta red corrupta durante años estuvieron en su mayoría vinculados a decisiones políticas adoptadas en instituciones gobernadas por el PP.

* La Abogacía acusó en el 'caso Filesa' en tiempos de González

El juez ha pedido información a Italia, Suiza y Antillas Holandesas

El magistrado dictó que no había un perjucio al PP, sino a las instituciones

La Administración central del Estado sería parte perjudicada en esta causa si se probase, como apuntan indicios que han aparecido durante la investigación, que la trama corrupta ha llevado a cabo blanqueo de capitales y otros delitos fiscales que han ocasionado perjuicios importantes a la Hacienda Pública. En tal caso, la administración pública se habría visto dañada por la actuación de la red corrupta que dirigía Correa y tendría derecho a defender sus intereses ante los tribunales, como ha ofrecido el juez a la Abogacía del Estado. El pasado 13 de febrero, Garzón rechazó la personación del PP en la causa al considerar que "ningún perjuicio existe [...] para el Partido Popular sino, en su caso, para las administraciones o instituciones a las que pertenecen las personas afectadas".

El Gobierno no ha respondido aún a la invitación. Cuando se recibió la providencia de Garzón había dudas respecto al órgano judicial que se iba a encargar de la causa, que de momento ha recaído en los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y Comunidad Valenciana, tras la inhibición de Garzón. En sus autos, el juez sugiere que la competencia real para instruir este caso corresponde al Tribunal Supremo, debido a que los delitos se cometieron en varias comunidades y hay posibles implicados que ocupan cargos en el Senado (Luis Bárcenas, tesorero nacional del PP) y en el Parlamento Europeo (Gerardo Galeote, europarlamentario popular).

Además, será la Agencia Tributaria la que deba examinar si, a la vista de los datos conocidos, es conveniente la personación del Estado en la causa. Entonces, debería indicarle a la Abogacía del Estado que iniciara los trámites para llevar a cabo esta acción.

Durante toda la investigación judicial, la Agencia Tributaria colaboró con la Audiencia Nacional mediante la elaboración de distintos informes sobre los supuestos implicados. También la brigada para prevenir el blanqueo de capitales trabajó en la causa. "Después de Semana Santa habrá una decisión respecto a si hay personación del Estado en la causa", indicaron a este periódico fuentes gubernamentales.

El primer auto de Garzón sobre esta causa apunta múltiples indicios de "defraudación fiscal y el movimiento de dinero en el extranjero y un entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offshore (paraísos fiscales) o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación impide, gracias a las técnicas de ingeniería financiera, alcanzar los fondos desplazados".

La investigación policial y judicial de la trama corrupta se inició en agosto de 2008 y ha detectado un conglomerado de sociedades de "inversión especulativa" cuyo objetivo era "la búsqueda de operaciones inmobiliarias o la gestión del patrimonio personal de Francisco Correa".

La trama había montado una estructura internacional con sociedades en paraísos fiscales con el objetivo de blanquear dinero. Durante la instrucción, el juez Garzón ordenó comisiones rogatorias internacionales para recabar distintos datos a Reino Unido, Italia, Holanda, Suiza y Antillas Holandesas. La red también tejió numerosos negocios basados en facturas falsas y, por tanto, en la evasión al fisco de muchos de los beneficios que obtenían por su actividad ligada al tráfico de influencias y el cohecho. Más de una decena de cargos públicos del PP han sido imputados en una causa que ahora instruyen los tribunales superiores de justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana.

Durante la investigación, Garzón ordenó numerosas intervenciones telefónicas a los principales implicados de la red empresarial que fueron prorrogadas a petición del fiscal. Entre el 4 de septiembre de 2008 y el 12 de febrero de 2009, las conversaciones de los principales sospechosos a las órdenes de Correa estaban siendo escuchadas por la policía por orden de Garzón.

ELPAÍS.COM

MÁS DE LOS VOTANTES DEL PP PIDE LA DIMISIÓN DE BÁRCENAS


ENCUESTA DE EL MUNDO

Más de la mitad de los votantes del PP entiende que Luis Bárcenas (en la foto) debe dimitir "para no dañar la imagen del partido". Según una encuesta publicada por El Mundo, los consultados también tienen claro que la operación Cacería no es Filesa y que Garzón actuó para perjudicar a Rajoy.

Soraya: "Todo el mundo sabe con quién caza Garzón"

"Pretender que Bárcenas dimita es ir más allá del Estado de Derecho"

Basagoiti pide al PP apartar "a aquellos que puedan haber trincado del partido"

Según una encuesta de Sigma Dos para El Mundo, más de la mitad de los ciudadanos que votaron a Mariano Rajoy en las pasadas elecciones cree que el tesorero del PP, Luis Bárcenas, debe dimitir de su cargo por su implicación en el caso Cacería. Concretamente, el 51,8 por ciento pide su marcha del partido frente al 29,1 por ciento que apuesta porque se mantenga en el cargo.

Los votantes del PP se muestran más indulgentes con el eurodiputado Gerardo Galeote: el 41 por ciento asegura que la imputación del juez Garzón no le inhabilita para figurar en las listas del Parlamento Europeo mientras que el 39,4 por ciento que piensa que no debe ir en esa candidatura. Galeote suena con fuerza para repetir en la lista que lidera Jaime Mayor Oreja.

Lo que tienen claro los votantes del primer partido de la oposición, según El Mundo, es que la operación Cacería no es un nuevo caso Filesa. El 39 por ciento de los encuestados considera que este asunto no se asimila a una trama de financiación ilegal del PP, frente a un 26 por ciento que así lo entiende.

Parecida contundencia muestran al ofrecer sui opinión sobre la investigación judicial de Baltasar Garzón: ocho de cada diez consultados consideran que el magistrado tenía la intención de perjudicar al partido de Rajoy.

LIBERTADDIGITAL

ACUSAN A PSOE-EXC DE ADJUDICAR OBRAS MILLONARIAS A LA EMPRESA DE UN SOCIALISTA

IBIZA | Las dos más importantes hasta ahora

* Los populares denuncian obras por valor de más de 600.000 euros
* El administrador de la empresa fue candidato al Ayuntamiento de Sant Joan

Efe | Ibiza

El grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Ibiza ha denunciado en nota de prensa que el equipo de Gobierno de PSOE-ExC ha adjudicado "dos obras millonarias" a una empresa de la que es administrador un ex candidato socialista.

Se trata, según los populares, de las obras de restauración de la Casa Broner, por un precio total de 284.898 y las obras de rehabilitación de tres viviendas en sa Penya, por un importe de 328.793 euros. Ambas obras se han adjudicado provisionalmente a la empresa Construcciones y Mejoras sa Torre.

Según afirma el PP en su nota, su administrador figuraba en la lista electoral de la coalición PSOE-ExC al Ayuntamiento de Sant Joan en 2007.

Según el PP, sólo un año después de su constitución como sociedad limitada, esta empresa ha resultado adjudicataria de las dos obras principales que el Consistorio ibicenco está realizando en el marco de la rehabilitación de sa Penya.

Las obras objeto de polémica se incluyen en el programa de actuación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de sa Penya. Los tres inmuebles tienen un plazo de ejecución de un año y la previsión es que se destinen a viviendas con algún régimen de protección.

En el mismo proyecto, se contempla la creación de un pasaje entre las dos vías para facilitar la comunicación del barrio.

La Casa Broner, está catalogada como Bien de Interés General en la categoría de monumento. El Plan Especial para la Reforma Interior de sa Penya califica la Casa Broner como "un conjunto de importante valor histórico.

ELMUNDO.ES

EL AYUNTAMIENTO DE ALGECIRAS INVESTIGA EL PRESUNTO COBRO IRREGULAR DEL SERVICIO DE GRÚA

SERVICIO MUNICIPAL | El Consistorio y la empresa se acusan mutuamente

Alberto Espinosa | Algeciras

La empresa Servicios Generales del Estrecho lleva prestando el servicio de grúa municipal en Algeciras durante la última década y ahora expira el contrato de concesión que, provisionalmente ya ha sido adjudicado a una nueva firma. Sin embargo, el Ayuntamiento de la ciudad investiga el presunto cobro irregular del servicio durante los últimos tres años.

La empresa se defiende argumentando que este trámite era conocido, de manera verbal, por la delegada municipal del ramo, la socialista, Cristina Garrido, aunque no ha negado que lo practicara.

De momento, el PA ha solicitado la dimisión de la edil hasta que se aclare la situación.

En principio, según el pliego de condiciones el abono que deben hacer las personas que ven retirado su vehículo de la vía pública, por no cumplir las ordenanzas, es de 42,80 euros más IVA. Mientras que la empresa estaba cobrando entre 12 y 13 euros más por servicio.

El portavoz del grupo municipal socialista, Diego Sánchez Rull y su compañera de formación y presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Isabel Beneroso, han asegurado hoy que «todo lo que se dice por parte de la empresa es falso». Según Rull la persona que denunció estas posibles irregularidades es «la propia Cristina Garrido», que cuenta, dijo «con el respaldo de todo el partido».

De hecho, según ha anunciado Rull, la delegada de Seguridad Ciudadana «ha emprendido acciones legales contra la empresa» en defensa de su honor.

Según el portavoz del equipo de gobierno (PSOE-IU), el 4 de julio de 2008 fue cuando se elaboró "un informe en el que se detectan estas presuntas irregularidades», y desde entonces «se trabaja internamente tanto por parte administrativa como policial».

Diego Sánchez Rull ha negado que exista conversación alguna entre la dirigente y la empresa. «El único canon que se reconoce es el aprobado por el pleno», ha afirmado, antes de mostrar en su comparecencia un escrito, con fecha del 22 de octubre de 2008, «en el que Servicios Generales del Estrecho reconoce que no hay revisión en el canon».

Después de insistir en que la investigación ha sido impulsada por "gracias a la denuncia de Garrido» y que no se reconoce «revisión alguna más que lo aprobado en pleno», el portavoz municipal también se ha referido a la oposición para reclamar al PP que «no intente confundir a la ciudadanía con mensajes equivocados», subrayando que «las chorizadas se han acabado en este Ayuntamiento».

ELMUNDO.ES

PIDEN INHABILITAR AL ALCALDE DE BURGUILLOS POR CONCEDER UNA LICENCIA "MANIFIESTAMENTE ILEGAL"



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SEVILLA (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Sevilla ha pedido hoy nueve meses de prisión y ocho años de inhabilitación para el alcalde de la localidad sevillana de Burguillos, José Juan López, al considerar que el regidor socialista concedió en agosto de 2007 una licencia de obra "manifiestamente ilegal" y que contaba con informes contrarios por parte del arquitecto municipal y de la secretaría del propio Consistorio.

En la vista oral celebrada en el juzgado de lo Penal número 12 de Sevilla, el representante del Ministerio Público ha argumentado que con la petición de prisión e inhabilitación "no se quiere juzgar una gestión política sino el hecho de haber dado una licencia manifiestamente ilegal y a sabiendas del propio alcalde".

En esta línea, el fiscal recordó que la citada licencia fue otorgada a la empresa Castillo de Lenenn "con conciencia" de que había informes "claramente desfavorables" porque incumplían las normas subsidiarias de Planeamiento y el Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU).

El alcalde de Burguillos "era consciente de que no podía dar la licencia y pese a ello la dio", prosiguió el fiscal en su informe de conclusiones antes de advertir de que "si se parte, como hace el alcalde, de la buena intención, se entra en el ámbito de lo subjetivo y se corre el riesgo de que se pueda llamar capricho" a la citada decisión del regidor. Según el Ministerio Fiscal, el arquitecto municipal informó "claramente y con letra mayúscula de que no se podía dar la licencia".

Por su parte, el Partido Popular, que fue quien denunció los hechos en primer lugar, elevó a definitivas sus conclusiones y reclamó dos años de cárcel y diez de inhabilitación para José Juan López porque "sabía de la ilegalidad" de la citada licencia.

De otro lado, la representación jurídica del acusado solicitó la libre absolución de su cliente, ya que "no se puede hacer" del delito genérico de prevaricación "un cajón de sastre donde todo cabe".

EL ORIGEN

La denuncia que da origen al proceso, la cuarta de las presentadas contra el alcalde por presuntas irregularidades urbanísticas, pone en cuestión la licencia de obra concedida a Castillo de Lennen S.L. --empresa integrada en la sociedad 'Cruz de la Ermita', implicada en otras irregularidades denunciadas-- para la construcción de viviendas y locales en el municipio.

Según las normas subsidiarias, en dicha parcela sólo se podían levantar planta baja, primera planta y ático retranqueado, al igual que en el documento de aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Por tanto, con fecha 25 de julio de 2006 el arquitecto técnico municipal redactó un informe negativo al respecto de la concesión de dicha licencia, en el que consideró que "no procede" la misma, y desde la Secretaría del Ayuntamiento se hizo lo propio el día 26 de julio, también en sentido desfavorable.

Ante tal situación, el 4 de agosto el alcalde encarga un nuevo informe a la Secretaría del Ayuntamiento "aprovechando que en esos momento hay un nuevo secretario accidental", pero éste considera igualmente que "no procede el otorgamiento", según denunció el PP. Pese a todo, el 7 de agosto López aprobó por decreto la licencia de obra solicitada por Castillo de Lennen S.L.

EUROPAPRESS.ES

EL PP VETA LA INVESTIGACIÓN DE LAS EMPRESAS DE CORREA


IU Y PSOE se han topado con un muro de silencio

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, donde sólo está representada el Partido Popular, se ha negado reiteradamente a responder a las preguntas que la oposición le planteó por escrito sobre los contratos que el consistorio había adjudicado a empresas relacionadas con la trama de corrupción Gürtel, que investiga por el juez Baltasar Garzón.

Primero preguntó Izquierda Unida (IU). Su concejal, Alfonso Sánchez de Castro, registró el 20 de febrero una pregunta dirigida a la comisión de Hacienda y Función Pública en la que se interesaba por eventuales contratos suscritos durante la última década con alguna de las 23 empresas fantasma dirigidas directamente por Francisco Correa (en la foto), supuesto cerebro de la trama, o sus colaboradores y que se detallan en el primer auto del juez.

El ayuntamiento invitó a IU a revisar una por una facturas de los últimos cuatro años

El Ayuntamiento no ha contestado por escrito, aunque se ha dirigido al concejal invitándole a repasar una por una todas las facturas. La oposición estima que hay al menos 45.000 facturas cada año.

El Grupo Socialista acotó luego la pregunta y la dirigió directamente al alcalde, Francisco Javier León de la Riva. El pasado 20 de marzo, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Izquierdo, registró la pregunta, más sibilina, solicitando "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los años 2005, 2006, 2007 y 2008".

Silencio administrativo
El 27 de marzo, Javier Izquierdo dirigió una nueva comunicación al alcalde: "Habiendo transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resolución alguna por tu parte, entiendo concedida la petición por silencio positivo, por lo que te comunico que nos dirigiremos a la Intervención Municipal para que se nos facilite la documentación solicitada".

Pese a ello, el alcalde de Valladolid ha negado también al PSOE la herramienta informática que permitiría salir de dudas al instante. La respuesta ha sido la misma que se dio a Izquierda Unida: silencio oficial. Sólo informalmente, y de manera verbal, se les ha comunicado que pueden revisar las facturas cuando lo deseen. Eso sí, una a una y sin ningún tipo de ayuda informática.

Negocios polémicos con el Partido Popular

Aunque cuenta con adjudicaciones del Gobierno central y entidades en manos de PSOE, los contratos más polémicos de Begar se han dado siempre con administraciones controladas con mayoría absoluta por el PP:

PONFERRADA.
En 2002 obtuvo de forma irregular (según dos sentencias firmes) parcelas para construir 2.000 pisos, por los que desembolsó sólo 12,1 millones de euros, una cantidad equivalente al 20% de lo que fijaba el mercado. En total, el Ayuntamiento acumula cuatro sentencias judiciales por favorecer a Begar, pero ninguna ha sido ejecutada.

BOADILLA DEL MONTE.
En 2006, el grupo Begar fue el elegido para levantar el proyecto Boadilla Park en el epicentro del ‘caso Gürtel’. El proyecto incluía la construcción de 139 viviendas de alto standing. El juez Garzón investiga si Ulibarri pagó tres millones de euros de comisión.

MADRID.
Ulibarri se asoció para construir un hospital con la esposa del ex edil Sigfrido Herráez, que dimitió por una adjudicación sospechosa a Special Events, la empresa emblemática de la ‘trama Gürtel’.

PÚBLICO.ES

EL ALCALDE ÍNTIMO DE AZNAR Y ULIBARRI



León de la Riva gobierna Valladolid sin apenas oposición desde 1995

P. RUSIÑOL - Madrid

Francisco Javier León de la Riva (Valladolid, 1945), en la foto, es un político campechano a quien le gusta alardear de amistades importantes. Y entre ellas destacan las de José María Aznar y José Luis Ulibarri, empresario todopoderoso en la ciudad que desde 1995 gobierna con mayoría absoluta.

El regidor forma parte del círculo íntimo de Aznar desde hace más de 25 años y le acompañó en el Gobierno de la Junta de Castilla y León como consejero de Cultura y Bienestar Social. Al final de esa legislatura, cuando Aznar estaba ya en Madrid como líder del PP, León de la Riva aterrizó en Valladolid como candidato del PP. No ganó a la primera, pero en los siguientes comicios (1995) arrasó y desde entonces ha ganado siempre por mayoría absoluta y dirigido el Ayuntamiento a su antojo, sin apenas presencia de la oposición.

La relación con el ex jefe de Gobierno del PP va más allá de la política: este prestigioso médico ha sido el ginecólogo de cabecera de la familia Aznar-Botella.

También con Ulibarri ha llevado la relación al terreno de la amistad en la medida en que el empresario ha ido atesorando poder mediático y político entre bastidores en la Comunidad de Castilla y León. Antes de que estallara el caso Gürtel, el regidor explicaba sin problemas que ha navegado en el yate privado del empresario, afirmación que luego ha tratado de minimizar precisando que apenas estuvo una hora en el yate.

León de la Riva fue de los primeros en el PP que puso el grito en el cielo por la investigación de Garzón: "Desgraciadamente, igual que la bomba de ETA es algo habitual [cuando se acercan unas elecciones], las actuaciones del juez Garzón también", llegó a afirmar. Poco después, en un acto del PP exhibió la portada de un periódico en la que aparecía el juez junto a junto a un mono: "Os habéis fijado en la cara de horror que tiene el pobre mono, dirá quién es este tío y que va a hacer conmigo".

PÚBLICO.ES

VALLADOLID FAVORECIÓ A UN IMPUTADO DEL "CASO GÜRTEL"



LA TRAMA VINCULADA AL PP

El Ayuntamiento se apoyó de forma reiterada en criterios subjetivos para conceder obras a la empresa de Ulibarri

PERE RUSIÑOL - MADRID

El Ayuntamiento de Valladolid, que el Partido Popular gobierna con mayoría absoluta desde 1995, ha favorecido en varias adjudicaciones al empresario José Luis Ulibarri, imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel, la trama delictiva dirigida por Francisco Correa que operaba básicamente en feudos del PP como Madrid, Valencia y Castilla y León.

El Grupo Begar, que preside Ulibarri, es la constructora más beneficiada por las adjudicaciones del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco Javier León de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del consistorio vallisoletano por valor de 22,4 millones de euros.

Algunas de estas adjudicaciones reúnen aspectos anómalos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado a las preguntas de Público, que le fueron formuladas el viernes 3 de abril.

La contratación más importante obtenida por Begar, con un precio de licitación de 11,15 millones de euros, es la gran obra para canalizar las aguas residuales en la margen izquierda del río Pisuerga. La obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno, donde sólo está presente el PP, el 18 de mayo de 2007 apenas 10 días antes de las últimas elecciones municipales y en contra del informe elaborado por los técnicos del propio consistorio.

El documento de los técnicos apostaba por la oferta presentada por la empresa Teconsa y colocaba a Begar en segundo lugar.

En total, la empresa de Ulibarri facturó 22,4 millones de euros al municipio

El informe, al que ha tenido acceso Público, fue entregado el 25 de enero de 2007 y lleva la firma de tres profesionales cuyo campo está relacionado directamente con la obra: un arquitecto Pablo Gigosos, un ingeniero de obras públicas (Eduardo Encabo) y otro ingeniero de caminos, canales y puertos (Francisco Pérez).

Contrainforme
Sin embargo, según consta en un acta del 21 de marzo de 2007, el entonces concejal de Urbanismo, José Antonio García de Coca hoy fuera del consistorio e imputado en una causa por falsedad en documento público y manipulación del plan general de ordenación urbana, encargó otro informe, que asumió una única persona: el arquitecto Luis Álvarez Aller, de la más estricta confianza del alcalde, Francisco Javier León de la Riva.

La mayor obra fue concedida en contra de la opinión de un informe técnico

El nuevo informe, en cuya redacción ya no participa ningún ingeniero, se entregó el 2 de mayo de 2007, justo antes de las elecciones municipales, y altera el orden de las empresas. En el nuevo documento, Begar, que se presenta al concurso asociado a Corsán-Corviram, se sitúa en cabeza al primarse el criterio del precio ofertado para construir la obra: "Salvo el criterio del precio, las otras tres ofertas restantes [Sacyr, FCC Construcción y Teconsa] acreditan de forma suficiente su capacidad técnica y viabilidad de sus propuestas", concluye Luis Álvarez Aller para enmendar la propuesta de los tres técnicos del consistorio.

El 18 de mayo, ya en plena campaña electoral, la Junta de Gobierno materializa la adjudicación, en una orden que lleva la firma del concejal de Urbanismo y que ignora el informe inicial de los técnicos.

Más caro

Los proyectos de Begar fueron elegidos pese a ser los mas caros
Las cuatro ofertas aludidas en el contrainforme se situaban por debajo del precio de licitación, en una horquilla que va de 7,2 a 7,9 millones de euros. Begar logró el contrato en contra del criterio inicial de los técnicos por ser su propuesta la más barata, pero al final facturará una cifra muy superior a lo acordado.

La obra aún no ha concluido, pese a que debía finalizar el pasado noviembre. Y el alcalde ya ha advertido públicamente que debido a "imprevistos" la construcción se encarecerá al menos el 25% con respecto a la oferta de Begar.

El criterio de primar la oferta más económica no ha sido precisamente una constante en el Ayuntamiento de Valladolid. Más bien al contrario: el Grupo Begar se ha beneficiado de varios contratos en los que su oferta era de las más caras.

Un ejemplo es la adjudicación, en 2006, de las instalaciones generales del servicio de limpieza del consistorio, que asumió a Begar por 5,42 millones de euros. Los otros tres candidatos presentaron proyectos más económicos: el de Acciona era de 5,12 millones, el mismo precio que el de la Unión Temporal de Empresas ACR-Viveros Gimeno, mientras que el presentado por Indeza rebajaba el presupuesto a 4,65 millones. En el informe municipal, Begar escaló posiciones al valorarse elementos más subjetivos, como la calidad del proyecto.

Algo parecido sucede en otras adjudicaciones recientes, en las que la oferta de Begar es más cara que la de sus competidores y, sin embargo, logra la concesión en base a la supuesta calidad de su proyecto, que no se acredita documentalmente.

El proyecto y obra del polideportivo Parquesol, adjudicado a Begar el 14 de enero de 2009 siete meses después de la licitación es emblemático en este sentido. Al concurso se presentaron 22 empresas y la oferta de Begar es de las más caras: con 2,85 millones de euros, ocupa el lugar 15º del listado. Y es la más costosa del selecto grupo que tiene posibilidades reales de obtener el contrato: de los seis proyectos que superaron los 80 puntos en el informe de evaluación, el de Ulibarri era el más caro.

Puntuación sospechosa
Pese a ello, Begar obtiene el contrato al lograr extraordinarias puntuaciones en aspectos de nuevo subjetivos como "criterios de diseño" y "criterios constructivos".

En este último apartado Begar obtiene la máxima puntuación (20 sobre 20) a pesar de que en el proyecto que entrega incluso deja en blanco, sin detallar, muchos aspectos que en cambio sí concretan sus competidores: no hay propuesta por escrito de Begar en "Calefacción pista" ni en "Calefacción vestuarios" ni en "Equipamiento". Y, sin embargo, de nuevo logra la máxima puntuación, lo que le permite superar a sus rivales en el cómputo final pese a que su precio es el más caro.

El fenómeno se repite en otras obras, como la de la construcción de la piscina cubierta en el antiguo mercado central, en 2003, o la de remodelación de la cubierta del polideportivo Huerta del Rey, adjudicada el 21 de julio de 2008. Para esta última hay cinco candidatos y la propuesta de Begar 780.100 euros es la más cara. Los "materiales de construcción" y los "criterios estéticos" son los que le sirven una vez más a la empresa de Ulibarri para dar la vuelta a la clasificación.

Un empresa en crecimiento vertiginoso

Años provechosos
El Grupo Begar ha tenido un crecimiento vertiginoso desde 2003, cuando facturaba 197 millones de euros. En 2006, el volumen de negocio ascendía a 614 millones de euros.

Diversificación
El 65% de la facturación total del grupo procede de la construcción, pero ha ido entrando en nuevos negocios. Sobre todo, limpieza y mantenimiento y seguridad.

Dueño de los medios
El grupo ha mimado sus inversiones en medios de comunicación: controla la Televisión de Castilla y León, participa en Punto Radio y gestionará la futura televisión autonómica de Castilla y León. También es el propietario del ‘Diario de León’, ‘Diario de Soria’ y ‘El Correo de Burgos’ y del ‘Semanal Digital’. Cuenta además con televisiones locales y de TDT en Valencia.

PÚBLICO.ES