miércoles, 19 de mayo de 2010

MERCASEVILLA FIRMÓ FACTURAS FALSAS PARA DESVIAR DINERO PAFADO POR LARENA 98

Fernando Mellet, ex director del «Merca», llegando a los juzgados


EDUARDO BARBA. SEVILLA

El economista José Antonio Ripollés cobró 17.000 euros que la constructora Larena 98 —que tenía el derecho de superficie de los suelos del mercado central antes de que Sando ganara el concurso de todos los terrenos— abonó por un estudio de viabilidad que se encargó por la propia empresa de mayoristas para la instalación en sus suelos de un centro de Inspección Técnica de Vehículos (ITV). Este negocio fue propuesto a la constructora por los directores de la sociedad municipal para desbloquear el conflicto que mantenía con el Consistorio o para que vendiera su derecho de superficie antes de que se celebrara el concurso de adjudicación de los terrenos completos. Larena 98 había solicitado licencias urbanísticas para construir naves en Mercasevilla, pero Urbanismo no llegó a dárselas y la constructora dejó de abonar el canon por el derecho de superficie. Entonces, con la idea de presionar a la promotora madrileña, los responsables del «Merca» y alguno del propio Ayuntamiento —como denunció en los juzgados el propietario de Larena, Antonio Pardal— realizaron varios ofrecimientos al empresario, entre los que se encontraba este centro de ITV.

Hay más. Como declaró el mismo Pardal, Larena 98 dio su visto bueno al ofrecimiento, que consideró un negocio rentable. Recibió la oferta en una reunión a la que asistió el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, que lideró la propuesta al ser él un alto cargo de la cartera autonómica encargada de conceder las licencias. Fue entonces cuando Pardal expuso sus reparos ante la imposibilidad técnica de acometer la instalación al tratarse de terrenos de un mercado. Los directores, Fernando Mellet y Daniel Ponce, le explicaron no obstante que no habría problema y que sólo había que presentar un estudio de viabilidad, que es el que finalmente se encargó a Ripollés. Mellet y Ponce pidieron luego a Larena que costeara el informe, lo que la constructora aceptó aunque pactando con Mercasevilla una «fórmula» para declarar oficialmente el gasto. La «fórmula» ideada por los directores del mercado central, según se indica en un fax previo a la propia factura —de fecha 4 de marzo de 2004, que ya está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla y a la que ABC ha tenido acceso—, es una supuesta contratación de vallas publicitarias que promocionarían la imagen de Larena en terrenos de Mercasevilla, carteles que nunca llegaron a colocarse pero que sirvieron para justificar el pago de 17.000 euros a Ripollés por el estudio de viabilidad.

Ripollés es uno de los imputados por el Juzgado en la investigación por la operación de venta de suelos del mercado de mayoristas a Sanma, empresa filial de Sando, que culminó a comienzos de 2006 pese a que ésta ofreció unos 50 millones de euros menos que su principal competidora en el concurso, Noga. La juez considera que el concurso fue «fraudulento» al haberse modificado el pliego de condiciones para favorecer a Sando. Por este asunto están también imputados Mellet y Ponce, así como el ex presidente de Mercasevilla y ex edil, Gonzalo Crespo; el asesor jurídico de la empresa pública, Jorge Piñero; la técnico de Urbanismo Victoria Bustamante; el que fuera asesor del alcalde, director de Vía Pública y consejero de «Merca» Enrique Castaño; y los principales responsables de la compañía Sando, que se llevó el concurso.

Doble problema
Dicho estudio de viabilidad para la ITV elaborado por Ripollés, además, no sirvió para nada, ya que ninguno de los ofrecimientos realizados a Larena 98 cuajó y esta promotora mantuvo su rechazo a pagar el canon por el derecho de superficie que tenía en virtud al contrato firmado con Mercasevilla en octubre de 2003. Ese conflicto, el impago en sí, suponía un doble problema para la empresa municipal: de un lado, para la sociedad era vital económicamente cobrar el canon y, por otro, según el criterio de la juez Mercedes Alaya y de Pardal, se estaba presionando a Larena para que dejase vía libre a Sando, que finalmente se subrogó en ese contrato pagando a Larena algo más de un millón de euros. Ese derecho de superficie adquirido por Sando fue después decisivo para ganar el concurso de todos los suelos. En el pliego de condiciones, además, Ripollés tuvo una participación decisiva al ser el encargado de realizar las valoraciones económicas de las ofertas en base a una fórmula matemática que el juzgado ha puesto en entredicho.

El comité prevé reunirse el lunes con Viera a cuenta del ERE
El comité de empresa de Mercasevilla prevé reunirse a las 20.30 horas del próximo lunes con el secretario general del PSOE sevillano, José Antonio Viera, para buscar respaldo institucional a la financiación de las pre jubilaciones incluidas en el expediente de regulación de empleo (ERE) de 2007, cuyo coste es de 9 millones de euros, la mayor losa económica de esta empresa. El comité sostiene que la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía tiene obligación legal de aportar fondos a esas prejubilaciones esgrimiendo como justificante una fotocopia de una autorización de pago a varios empleados por parte de un alto cargo de este departamento. Empleo mantiene, incluso después de reunirse con el comité y analizar el documento, que no tiene obligación legal alguna de pagar y que dicho papel «no modifica en absoluto» esta postura. A esta reunión con Viera, según especificó ayer el comité, asistirá como representante del Ayuntamiento el consejero apoderado de Mercasevilla, el concejal Alfonso Mir.

ABC.ES