martes, 18 de octubre de 2011

"CASO GÜRTEL"; CAMPS Y COSTA SERÁN JUZGADOS POR "COHECHO CONTINUADO" EL PRÓXIMO 12 DE DICIEMBRE

El juez Climent fija esta fecha para el inicio del juicio

* El juicio oral comenzará a las 10 horas en la sede del TSJ de Valencia
* Rafael Betoret y Víctor Campos ya han sido condenados por esta misma causa
* Ambos se declararon culpables de un delito de cohecho impropio en julio
* El sorteo para elegir a los 36 miembros del jurado será el 26 de octubre

F. Álvarez | Valencia

El ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ya sabe cuando se sentará en el banquillo por el conocido como 'caso de los trajes'. Será el 12 de diciembre, a las 10 horas, según ha establecido este martes en un nuevo auto el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Juan Climent.

Camps y el que fuera secretario general del PP, Ricardo Costa, serán juzgados por un delito de cohecho impropio , supuestamente, por haber recibido prendas de vestir como obsequio de firmas de la trama Gürtel en Valencia.

Por esta misma causa ya han sido condenados otros dos procesados, el ex vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos, y el que fuera jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

Ambos admitieron su culpabilidad tras presentar sendos escritos de conformidad en el juzgado. El TSJ dio a conocer el fallo el 16 de septiembre: una multa de 9.600 euros, 80 euros por día, las costas del proceso así como el decomiso de los trajes.

Camps y Costa, que mantienen sus actas de diputados en la Cámara autonómica, serán juzgados por un tribunal popular de 9 miembros que se elegirá por sorteo. Los 36 candidatos a jurado se escogerán el próximo 26 de octubre en vista pública en la Ciudad Justicia a las 9.15 horas, según se establece también en el citado auto.

La Fiscalía Anticorrupción solicita una multa de 41.250 euros para los dos procesados, mientras que el PSPV eleva la petición hasta los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque también contempla tres escenarios alternativos para los cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.
 

Hechos enjuiciables
Según recoge Climent como hechos enjuiciables, la entidad Orange Market S.L., gestionada en Valencia por Álvaro Pérez, se dedicaba a la organización de actos para el PPCV. Aparte de los encargos que le hiciera este partido, a partir del año 2005 le fueron adjudicados por parte de diferentes organismos de la Generalitat numerosos contratos de muy variado objeto y, en particular, el que anualmente se convocaba con motivo de la instalación del pabellón de la Generalitat en la feria de Fitur, así como en otras ferias denominadas TVC, Expovacaciones, SITC e Intur. El importe de estas contrataciones ascendió, en el año 2005, a 1.748.839,19 euros; en 2006 a 1.174.767,17 euros; en 2007 a 1.325.741,44 euros; en 2008 a 1.714.860,26; y en 2009 a 953.172 euros.

Según sostiene el magistrado, Orange Market estaba relacionada con un grupo de sociedades dedicadas a la inversión especulativa y a la prestación de servicios que gestionaba Pablo Crespo y que dirigía y contrataba Francisco Correa desde una oficina de la calle Serrano de Madrid. Entre estas sociedades figuraban las denominadas Easy Concept Comunicación S.L.; Diseño Asimétrico S.L.; Good&Better S.L.; y Servimadrid Integral S.L.
 

Cuenta a nombre de Álvaro Pérez
Álvaro Pérez solía frecuentar con Pablo Crespo un establecimiento de prendas de vestir de la cadena Milano, en las que les atendía normalmente su director comercial, el sastre José Tomás. Tal y como recoge el auto, Pérez y Crespo llegaron a convenir con Tomás que las compras que hicieran, bien para sí, bien para otras personas a quienes acompañaran, no les fueran cobradas en caja y se anotaran en una cuenta abierta a nombre de Pérez. Luego Crespo saldaba el importe, bien en metálico, bien por transferencia o mediante cheques librados con cargo a la cuenta de algunas de las sociedades del grupo.

Cuando Tomás, después del verano de 2006, se fue a trabajar como director de la cadena de establecimientos comerciales denominados Forever Young, con locales abiertos en la ciudad de Madrid, siguió manteniendo con Pérez y Crespo la misma relación y el mismo modo de actuar que ya habían utilizado en Milano. El propósito al que obedecía la asunción de esos pagos de prendas elegidas por terceros era el de ganarse, mediante el agasajo, el afecto o el favor, de las personas así obsequiadas.

Así, a lo largo de los años 2005 a 2008, los presuntos cabecillas de la trama asumieron el pago del precio de varias prendas, así como de calzado. Estas fueron entregadas en Valencia, bien en los domicilios de Camps o de Costa, en la sede de Orange Market, o en el domicilio de Pérez.

La acusación pública concreta los regalos recibidos por Camps y Costa. En concreto, atribuye al primero al menos cinco trajes y tres americanas entre finales de 2005 y septiembre de 2006 por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano; cinco trajes y tres pares de zapatos entre finales de 2006 y julio de 2007 por 5.393,5 euros, adquiridos en Forever Young; y dos trajes, una americana y dos pares de zapatos, valorados en 2.680 euros, también de este último establecimiento.

Por su parte, indica que Costa recibió al menos tres trajes entre enero y agosto de 2006 por valor de 2.400 euros adquiridos en Milano, y seis pantalones y un traje entre finales de 2006 y julio de 2007 por importe de 4.925 euros de Forever Young. La acusación cuantifica los regalos de ambos en 14.14.021,50 euros en el caso de Camps; y de 7.325 en el caso de Costa.

Salvo cuatro trajes procedentes de Milano que Camps devolvió a Tomás porque consideró que no le venían bien, todas las demás prendas elegidas y encargadas fueron recibidas y aceptadas por ellos a sabiendas de quién asumiría el pago de su importe, según recoge el magistrado en el auto.

La persona que realizaba el pago de las prendas obtenía de José Tomás la emisión de facturas por conceptos diferentes de los realmente adquiridos, pero por igual importe que el efectivamente satisfecho, con la finalidad de poder justificar aquellos pagos en las cuentas de las empresas del grupo que sumían el coste de los regalos.
 

Pruebas
Climent decide en su escrito admitir las pruebas propuestas por las partes en sus respectivos escritos de acusación y defensa, y en los escritos de cuestiones previas por ser todas ellas "útiles" y "pertinentes", con algunas precisiones. Respecto a las solicitadas por el fiscal, acepta los informes de la UDEF; el informe de 29 de noviembre de 2010 de la División de coordinación económica y técnica de la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil; o los documentos originales de los documentos de pago y tiques de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young.

En cuanto a la prueba propuesta por el letrado de Camps, el magistrado ha decidido no incluir unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la trama que el abogado creía que beneficiaban al cliente, y que han sido declaradas nulas en diferentes ocasiones.

Además

"CASO BRUGAL"; EL JUEZ DE LAS BASURAS DE LA VEGA BAJA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A RIPOLL

Por cinco supuestos delitos

* Junto al ex presidente de la Diputación declararán seis empresarios
* Entre ellos, el oriolano Ángel Fenoll y el constructor Enrique Ortiz
* La supuesta trama de las basuras afecta a 27 municipios de distinto signo
* Es una de las piezas separadas del Caso Brugal, que se inició en 2006

Efe | Orihuela (Alicante)

El juez de Orihuela que instruye las supuestas ilegalidades en el plan zonal de residuos de la comarca alicantina de la Vega Baja (pieza separada del caso Brugal) ha citado para declarar como imputado al expresidente de la Diputación José Joaquín Ripoll (PP) el próximo 1 de diciembre.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), además de Ripoll, actualmente presidente del puerto de Alicante y también líder del PP provincial, también declararán como imputados en torno a las presuntas irregularidades en la adjudicación del plan zonal de gestión de residuos de la zona XVII otros seis empresarios, entre ellos el constructor Enrique Ortiz y el industrial oriolano Ángel Fenoll.

Ripoll fue imputado en julio de 2010 por el titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, de cinco supuestos delitos: cohecho, fraude, tráfico de influencias, información privilegiada y actuación prohibida a autoridades en su etapa al frente de la Diputación.

En esta pieza separada del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.

A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll y a diez personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación.

La ronda de comparecencias se iniciará el 25 de octubre con el industrial Ángel Fenoll y le seguirá un día después el hijo de éste último, Antonio Ángel, que trabaja en las empresas de su padre.

El 7 de noviembre le tocará el turno al que la investigación atribuye el papel de intermediario entre los Fenoll y Ripoll, el empresario Rafael Gregory, y el día 8 de ese mes será interrogado el constructor Ortiz (también imputado en la pieza separada por presuntas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante).

El 30 de noviembre declarará Ángel Luis Bracho, el 1 de diciembre Ripoll y cerrará la ronda de declaraciones José Candel el 5 del mismo mes.

elmundo.es

"CASO ANDRATX"; LA AUDIENCIA CONDENA A MASSOT, GIBERT Y UNA EX EDIL DE UM POR UNA LICENCIA ILEGAL

Los acusados en el banquillo ante el tribunal | EP
Se han declarado culpables

* A Massot le correspondería un año de prisión y a Gibert dos años
* Sobre Porcel y Ozonas recaerían multas de 2.160 euros y 3.600 euros

Europa Press | Palma

La Audiencia Provincial de Palma  ha condenado al ex jefe de Urbanismo en el Ayuntamiento de Andratx, Jaume Massot, la ex concejal de UM en el municipio mallorquín, Maria Porcel, un arquitecto recién contratado por el equipo de gobierno del PP en Sóller, Joaquín Ozonas, y el ex celador Jaime Gibert, después de que todos ellos se hayan declarado culpables de permitir la construcción de un chalet unifamiliar en terreno protegido. Los cuatro acusados se han sentado este martes en el banquillo en el marco de la pieza número 4 del caso Andratx junto al ex asesor jurídico Jacobo Rodríguez Miranda, para quien tanto la Fiscalía como el Ayuntamiento 'andritxol', representado por la abogada Isabel Fluxà, han retirado su acusación. Las defensas de los inculpados han alcanzado de esta forma un acuerdo de conformidad con las acusaciones, de modo que el juicio, que debía prolongarse hasta este miércoles, ha quedado visto para sentencia.

Así, de acuerdo al escrito de conformidad suscrito por las partes, a Massot le correspondería un año de prisión y ocho años y medio de inhabilitación si bien el documento considera cumplida esta pena tras haber sido condenado por prevaricación urbanística. Mientras tanto, sobre Porcel recae una multa de 2.160 euros y tres años y medio de inhabilitación; Ozonas se ha conformado a 3.600 euros de multa mientras que deberá demoler lo construido; y Gibert se enfrenta a dos años de cárcel y de forma subsidiaria será responsable de la demolición.

Se da la circunstancia de que el mismo tribunal que les ha juzgado, el de la Sección Segunda, fue el que recientemente condenó mediante una dura sentencia a Rodríguez Miranda y a otros tres acusados dentro de otro fleco de esta compleja causa de corrupción urbanística, en la que fue absuelto Massot.

"CASO MALAYA"; EL EMPRESARIO PÉREZ PEÑA PAGÓ SOBORNOS A ROCA Y YAGÜE TRAS SER FAVORECIDO

Pagó 180.000 euros y regaló tres coches a la ex alcaldesa
 
* La Policía logró relacionarlos con actos administrativos
* Otro acusado se declara culpable de falsedad documental y rebaja su pena

José Carlos Villanueva | Málaga


La sesión número 98 del juicio por el caso 'Malaya', celebrada este martes, ha servido para corroborar, aún con más pruebas, la confesión del empresario Ismael Pérez Peña sobre el pago de 180.000 euros que éste hizo al principal acusado, Juan Antonio Roca, así como los tres coches que le regaló a la ex alcaldesa de Marbella Marisol Yagüe.

El que fuera inspector jefe de Udyco Costa del Sol, José Manuel Rando, ha testificado que el rastreo de los sucesivos actos administrativos que tuvieron lugar en el Ayuntamiento de Marbella, entre 2004 y 2005 a la hora de favorecer al citado empresario para adjudicarle el servicio de grúa, guardan relación con el pago de 180.000 euros y la matriculación posterior de los vehículos obsequiados a Yagüe.

Hubo un primer decreto de la alcaldesa en el que ésta resolvía la "adjudicación discrecional", según la Policía, a la empresa Alquicamsa, de Pérez Peña. Dos días después de dicha decisión se matriculaba a nombre de la regidora el vehículo marca Lexus, regalado. Tiempo después el empresario Pérez Peña renunció a la adjudicación a dedo y se convocó un concurso que quedó desierto. A nadie le interesó presentarse al mismo, porque se fijaban unas tarifas propias de 1990, algo en absoluto rentable.

Todo formaba parte de la maquinación para que dicho industrial de automoción se hiciera de nuevo con el servicio, aplicándole unas condiciones mucho más ventajosas, al subirse ad hoc las tarifas de recogida de vehículos, tal y como quedó demostrado en las escuchas telefónicas. Es ese el delito de alteración en subastas y concursos públicos, además de malversación de caudales públicos, que se imputa no sólo a Yagüe, sino a los exediles tránsfugas del PSOE, Isabel García Marcos y José Jaén.

Así pues, tras declararse desierto el concurso, se matriculó otro vehículo para la alcaldesa, modelo Kia Sorrento, y un tercer turismo obsequiado, además del pago de 180.000 euros a Roca detectado en la contabilidad interna del ex asesor urbanístico. El trasfondo de toda esta trama se enmarca en las pretensiones de Pérez Peña para tener prioridad en el cobro de una deuda contraída con el Consistorio marbellí- más de un millón de euros- por servicios de renting de vehículos desde 1991.

Durante su declaración, como testigo, el inspector Rando también ha hecho alusión a un informe del interventor municipal, Juan Antonio Castro, fechado el 6 de marzo de 2006 en el que el funcionario hablaba de un "daño económico irreparable al Ayuntamiento de Marbella" en las adjudicaciones del servicio de grúa. La adjudicataria anterior a Alquicamsa, Cactus Enterprise, no estaba habilitada para ello y tampoco pagaba las cuotas de la Seguridad Social.

Fue el 10 de noviembre de 2005, tres días antes de que el juez Torres incoara el auto de apertura de diligencias previas del caso 'Malaya', cuando EL MUNDO desveló que miembros de la sociedad Alquicamsa, nueva concesionaria de la grúa municipal, eran socios de la secretaria y testaferro del difunto alcalde marbellí Jesús Gil, Encarnación González Buenadicha. Así pues, todo quedaba en casa de los Gil.
 
Acuerdo de conformidad
Este martes también se ha hecho público el acuerdo de conformidad entre el fiscal y el acusado Carmelo Armenta, en la misma línea del alcanzado con Pérez Peña.


El segundo encausado que se declara autor confeso de hechos que se le imputan se enfrentaba a 2 años de prisión, por un delito de falsedad documental, y pasa a tener tan sólo 6 meses de reclusión y multa.

Armenta fue el empresario que se concertó con Roca y Pérez Peña para simular un contrato ficticio de compraventa de tres chalés. Todo ello después de que la Policía interceptara, a comienzos de 2006, dos millones de euros, en metálico, que iban destinados como préstamo del industrial de automoción para el exasesor urbanístico.

"OPERACIÓN BIBLIOTECA"; OCHO DETENIDOS POR CORRUPCIÓN URBANÍSTICA EN MURCIA


Los agentes han requerido información en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia

Tono Calleja Madrid

Al menos ocho personas han sido detenidas esta mañana, entre ellas el alcalde de Aledo (Murcia, 1.000 habitantes), Simón Alcaraz Alcaraz (PP), y la secretaria municipal de la misma localidad, además del exfuncionario de la comunidad murciana Domingo Peñalver. Las detenciones se enmarcan dentro de la segunda parte de la Operación Biblioteca, que investiga una presunta trama de corrupción urbanística sobre delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos en otra localidad murciana, Librilla.

Fuentes del Ejecutivo regional han informado de que los agentes de la Guardia Civil se han interesado por expedientes relacionados con la operación y ha requerido información en la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, aunque otras fuentes matizan que la operación está relacionada con funcionarios y no con políticos ni con el Gobierno regional.
 
más información
* Detenido el alcalde de Librilla, en Murcia, junto al concejal y abogado de urbanismo

Las mismas fuentes han indicado que parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número Seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano.

Los registros que se llevan a cabo hoy fueron solicitados por la Guardia Civil hace un mes al considerarlos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, han indicado las fuentes.

La ex concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Aledo (Murcia), María Pallarés, ha asegurado a Europa Press que Alcaraz ha sido detenido por la adjudicación "irregular" de obras, a lo largo de 20 años, a las tres empresas Urbisan, Urdemasa y Urvitec Levante, que en el fondo son "una misma compañía".

El alcalde de Aledo, del Partido Popular, gobierna en el Consistorio desde 1991. En las últimas elecciones autonómicas y municipales, su partido revalidó la mayoría absoluta, aunque obtuvo cinco concejales, uno menos que la pasada legislatura.

El consejero regional  de Presidencia, Manuel Campos, ha informado de que un alférez de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acompañado de unos agentes acudió a las 08.30 horas a la Secretaría General de Presidencia, en el Palacio de San Esteban, con un auto judicial.

La Consejera de Sanidad de la Región, María Ángeles Palacios, ha declarado que su departamento está en "total colaboración con la justicia".

El portavoz del Partido Socialista de Murcia, Joaquín López, ha asegurado estar preocupado porque "otra vez" la Guardia Civil vuelve a investigar dependencias de la Comunidad Autónoma, lo que puede dar a entender, explicó en declaraciones a Europa Press, que tenga ver con alguna posible  corrupción política.

El 'caso Biblioteca'

EL PAÍS

La investigación destapó en 2008 que un grupo de empresario compraba facturas falsas de sociedades ya creadas para enmascarar las comisiones que pagaba al alcalde de Librilla, José Martínez García (PP), y al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, que ingresaron en prisión en 2008 por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a los funcionarios públicos. La trama, según publicó el diario La Verdad, logró siete millones en contratos reales y ficticios.

El juzgado de Instrucción número 6 de Murcia ordenó aquel año el ingreso en prisión provisional del consejero delegado de Iniciativas para el Desarrollo de Librilla S.L, José Andrés Cortés, y el responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios de la Dirección General de Administración Local de la Comunidad Autónoma, en excedencia desde el año 2007, José Luis Cano, que falleció posteriormente en un accidente de tráfico.

El juez titular Andrés Carrillo dictó además libertad con cargos y sin fianza para el ingeniero de caminos Domingo Peñalver, copropietario de la empresa Acadi, adjudicataria de la redacción del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM) urbana de Librilla.
 

"OPERACIÓN BIBLIOTECA"; DETIENEN AL ALCALDE DE ALEDO Y A OTRAS SIETE PERSONAS EN UNA REDADA ANTICORRUPCIÓN EN MURCIA

La Guardia Civil registra el Ayuntamiento de Aledo y las Consejerías de Presidencia y de Sanidad de la Región de Murcia

la verdad / EFE / murcia

El alcalde de Aledo, Simón Alcaraz, miembro Partido Popular, ha sido arrestado tras una operación anticorrupción desarrollada esta mañana en varios puntos de la Comunidad de Murcia. Las actuaciones están relacionadas con el llamado 'caso Biblioteca', que investiga una presunta trama de corrupción en Librilla por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Los agentes han registrado desde las 8 de la mañana, además del Consistorio de Aledo, la Secretaría General de la Consejería de Presidencia, y de la Consejería de Sanidad. 

Junto a él también habrían sido detenidas siete personas más, entre ellas, la secretaria municipal de este Ayuntamiento y el exjefe municipal del departamento de planeamiento del Consistorio de Murcia, el arquitecto Joaquín Peñalver.

Las actuaciones podrían estar relacionadas con el llamado "caso Biblioteca", que investiga una presunta trama de corrupción en Librilla por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que la Benemérita comenzó a investigar en 2007 en dicho municipio y que ahora tiene ramificaciones en la localidad vecina de Aledo. Los registros han comenzado a las ocho de la mañana en ambas consejerías, donde los agentes se han interesado por expedientes de 2003 a 2007 relativos a la citada operación, ha informado en rueda de prensa el consejero de Presidencia, Manuel Campos.

Según fuentes cercanas al caso, la operación se centra en una presunta trama de corrupción urbanística por delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos que la Guardia Civil comenzó a investigar en 2007 en el municipio de Librilla y que ahora tiene ramificaciones en la localidad vecina de Aledo.

Las mismas fuentes han indicado que parte de las diligencias están declaradas secretas por el juez que instruye el caso, el titular del Juzgado de Instrucción número seis de Murcia, Andrés Carrillo, y están siendo seguidas por el fiscal anticorrupción, Pablo Lozano.

Los registros que se llevan a cabo hoy fueron solicitados por la Guardia Civil hace un mes al considerarlos necesarios para el esclarecimiento de los hechos que se investigan, han indicado las fuentes.

El consejero Manuel Campos ha informado de que un alférez de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acompañado de unos agentes acudió a las 08.30 horas a la Secretaría General de Presidencia, en el Palacio de San Esteban, con un auto judicial.
 
Pequeña localidad
Aledo es una pequeña población de poco más de mil habitantes situada en las estribaciones de Sierra Espuña y próxima a Librilla.

Las mismas fuentes han indicado que los registros en Aledo pueden estar relacionados con los trabajos de obra pública que en esta población realizaron imputados en el "caso Biblioteca".


abc.es

CAMPS Y COSTA SERÁN JUZGADOS EL 12 DE DICIEMBRE POR EL "CASO DE LOS TRAJES"

rober solsona
Camps el día en que anunció su dimisión
Ambos están imputados por un delito de cohecho impropio por recibir regalos de la trama Gürtel


El expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, serán juzgados el próximo 12 de diciembre por un delito de cohecho impropio por recibir regalos de la «trama Gürtel», según ha podido saber ABC de fuentes del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

El propio tribunal ha comunicado a través de su cuenta en Twitter que el sorteo para elegir a los 36 miembros del jurado popular tendrá lugar el 26 de octubre a las 9.15 en la Ciudad de la Justicia.

En un auto hecho público este martes, el presidente del jurado, Juan Climent, establece el comienzo del proceso por el llamado «caso de los trajes» en la citada fecha a las diez de la mañana. El magistrado había rechazado en una resolución anterior que el expresidente valenciano fuera juzgado por el Supremo, tal y como pidió su abogado en la vista de cuestiones previas.

Dos años y medio de investigación
El exvicepresidente del valenciano Víctor Campos y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael Betoret, procesados en la misma causa, asumieron su culpabilidad y fueron condenados el 16 de septiembre a 9.600 euros de multa.

Camps presentó el pasado julio su dimisión como presidente de la Generalitat para no entorpecer el proyecto de Mariano Rajoy en las próximas elecciones generales. Su dimisión supuso el broche político final a dos años y cinco meses de investigación judicial sobre él y otros ex altos cargos de sus gobiernos y del partido por la supuesta trama de corrupción del caso «Gürtel».

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"OPERACIÓN BIBLIOTECA"; OCHO DETENIDOS, INCLUIDO UN ALCALDE DE MURCIA, EN UNA REDADA ANTICORRUPCIÓN

El alcalde detenido, Simón Alcaraz. | J. Adán
Operación de la Guardia Civil

* Agentes de la UCO registran las consejerías de Presidencia y Sanidad
* Se investiga una presunta corrupción urbanística en Librilla y Aledo
* Delitos de cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios
* El Gobierno regional asegura que la operación no tiene que ver con su gestión

Javier Adán | Murcia

El alcalde del municipio murciano de Aledo, Simón Alcaraz, del Partido Popular, ha sido detenido por la Guardia Civil junto a otras siete personas por un presunto caso de corrupción dentro de la denominada 'operación Biblioteca'.

También se ha llevado a cabo el registro de las consejerías de Presidencia y Sanidad del Gobierno regional de Murcia.

Según las primeras actuaciones de la Guardia Civil, apoyada por la Policía Nacional, estarían relacionadas con una rama del llamado 'caso Biblioteca' que data de 2008 e investiga una presunta trama de corrupción en el próximo municipio de Librilla que se extiende, ahora, a Aledo. El municipio de Librilla dista en 30 kilómetros de la capital murciana y el de Aledo, en 50.

Los Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) comenzaron a las ocho de mañana su registro en la sede del Gobierno regional, donde han recabado información de los años 2003, 2004 y 2005 vinculada al caso de posible cohecho, prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.

De la misma manera se han llevado actuaciones en la Consejería de Sanidad en las dependencias del Servicio de Obras y Contratación, donde un funcionario de la Secretaría General Técnica del Servicio de Obras y Contratación puede haber sido detenido.

Desde el Gobierno Regional se asegura que esta actuación policial no tiene nada que ver con la gestión del Ejecutivo autonómico, sino que se circunscribe únicamente a lo acontecido en Librilla. Según aseguran las mismas fuentes, uno de los implicados en dicha investigación podría haber sido detenido de nuevo. Se trataría, por tanto, de un asunto que tiene que ver con presuntas irregularidades de funcionarios, y no de políticos.

Entre los detenidos parece estar también la secretaria del Ayuntamiento de Aledo y el alto funcionario de Murcia Domingo Peñalver (actualmente en libertad con cargos).

elmundo.es