sábado, 28 de marzo de 2009

DE LA RÚA DECIDIRÁ LA CAUSA CONTRA CAMPS, A PESAR DE LA AMISTAD QUE LES UNE


La ley dice que si existe "amistad íntima", el juez no debería actuar en el proceso



La Fiscalía Anticorrupcion no recusará al responsable del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Juan Luis de la Rúa, pese a la evidencia de su amistad con el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. De la Rúa es quien deberá decidir, en última instancia, si se imputan o se archivan los cargos contra el político popular, formulados por el juez Baltasar Garzón en su investigación del caso Gürtel.

Según la ley, si existe "amistad íntima o enemistad manifiesta" entre un juez que interviene en una causa y un implicado, el magistrado deberá abstenerse de actuar en el caso. De lo contrario, también podrá ser recusado por alguna de las partes, según publica el diario Levante.

"Intima y sentida relación"
El propio Camps ha reconocido y elogiado su amistad personal con el magistrado valenciano, cuando en 2008 durante un acto oficial confesó que “Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta [de amistad] que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat”.

Los cargos contra Camps
Pinchazos telefónicos, facturas y las declaraciones del sastre José Tomás son las pruebas que ha manejado el juez Baltasar Garzón, y que evidencian las vinculaciones del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, con las empresas de Francisco Correa, el principal imputado en la operación Gürtel En una de las grabaciones, una de las subordinadas de Correa, Isabel Jordán, aseguraba haber pagado personalmente una factura de 30.000 euros en trajes para Camps.

ELPLURAL.COM

El Presidente del TSJV, íntimo amigo de Camps.....

Camps elude habalr de sus relaciones con los jueces.....

Los socialistas valencianos piden al Presidente del TSJV....

De Rosa pdría haber incumplido la ley asesorando a Camps.

Lo que faltaba, el juez que investigará a Camps está vinculado con la abogada de el bigotes

Orange Market nació con la llegada de Camps a la Generalitat

AGUIRRE OCULTA LOS BIENES DE SU CONSEJERO GRANADOS


JUANMA ROMERO - MADRID

Conocer el patrimonio del consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, lleva camino de convertirse en misión imposible. Un informe del secretario general de la Asamblea regional, Fabio Pascua, con fecha de 26 de marzo y al que ayer tuvo acceso Público, juzga que “no existe un derecho de los grupos parlamentarios para acceder a las declaraciones de actividades y bienes de los altos cargos” del Ejecutivo autónomico. A los diputados, consigna el letrado mayor, “sólo” les cabe “solicitar de la Mesa de la Asamblea que recabe tales datos y obtener una resolución expresa al efecto”.

Es el penúltimo capítulo de una historia que arrancó el 23 de febrero. Ese día, este diario reveló que una promotora construye en Valdemoro (Madrid) una mansión de lujo al gusto del número tres de Esperanza Aguirre, que no ha pagado nada por la casa. El PSOE retó al consejero a que diera cuenta de todos sus bienes y Granados envió a la oposición dos folios. En ellos resumía sólo su patrimonio inmobiliario.

La decisión se revoca

El 16 de marzo, la Mesa de la Asamblea, presidida por Elvira Rodríguez (PP), acordó permitir al PSOE el acceso a la declaración de bienes y patrimonio de Granados. Una semana más tarde, el conservador Jacobo Beltrán, secretario tercero de la Cámara, interpuso un recurso contra la decisión, que Rodríguez estimó.

El diputado veía “lagunas procedimentales” que debía revisar el secretario general. Y Pascua las ha hallado. Considera que ni el Reglamento de la Cámara, de 1997, ni una resolución de 2001 –aprobada con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno–, dan a los grupos el “derecho” a este tipo de declaraciones. De hecho, aconseja que se reforme el texto de 2001 para dejar claro que la Mesa, una vez recibida la petición de los grupos, es la que tiene que decidir si la acepta o no. Rodríguez, previsiblemente, se agarrará este lunes al informe de Pascua para frenar la solicitud del PSOE.

“Pediremos que se reconsidere este informe ad hoc”, anuncia la socialista Maru Menéndez. “Es otra muestra de la estrategia de ocultación de Aguirre. Algo esconde Granados. La autonomía de Pascua queda manchada”. Con ella coincide Inés Sabanés (IU). El PP “no se pronunciará” hasta ver el escrito.

PÚBLICO.ES

UN JUZGADO INVESTIGA LA ETAPA DEL PP EN ARCOS


PEDRO ESPINOSA - Cádiz

El juzgado de instrucción número 1 de Arcos (Cádiz) ha abierto diligencias previas a raíz de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de Cádiz para investigar la gestión del PP al frente del Ayuntamiento de Arcos (Cádiz) en el año 2002.

Entonces se firmaron varias permutas de fincas y un contrato con una promotora para construir viviendas, unos trámites en los que se han detectado irregularidades que podrían ser constitutivas de un doble delito de prevaricación y malversación de caudales públicos.

En la causa aparecen como imputados el ex delegado de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, el secretario del Ayuntamiento, el arquitecto municipal y cuatro empresarios. A la mayoría de ellos se les ha tomado declaración en las últimas semanas.

Las irregularidades fueron detectadas por la Cámara de Cuentas en 2006 sobre datos fiscalizados de 2002, cuando el PP todavía estaba en el equipo de gobierno. El entonces teniente de alcalde y máximo responsable de Urbanismo, Juan Ignacio López Escobar, firmó aquel año directamente con la empresa Tecnisierra S. L., un contrato para la construcción de 18 viviendas y locales. Según el informe fiscalizador, corroborado después por la Fiscalía Anticorrupción, López Escobar no tenía delegada la competencia para este tipo de contratos, que debió firmar el alcalde.

Tampoco quedó justificada la contratación directa sin concurso. Además se modificó el uso de suelo sin el visto bueno de la Comisión Provincial de Urbanismo. A pesar de ello, el arquitecto municipal y el secretario del Ayuntamiento emitieron informes favorables.

ELPAIS

UN INFORME POLICIAL REVELA QUE BÁRCENAS RECIBIÓ PAGOS DE CORREA, SIN APARENTE JUSTIFICACIÓN


Garzón cerca al tesorero del PP por presunta corrupción

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha insistido ante la Fiscalía Anticorrupción en la presunta implicación de los aforados Luis Bárcenas, tesorero del PP, y Gerardo Galeote, eurodiputado de este partido, tras conocer el contenido de los últimos informes presentados por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF), que revelan pagos en metálico, recibidos por los dos militantes populares, de dinero procedente de las empresas de Francisco Correa, el principal implicado en el del caso Gürtel.

Garzón, según publica El Mundo hoy, ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si considera procedente elevar una exposición razonada a la Sala Penal del Tribunal Supremo, a la vista de los últimos informes policiales, para que examine su competencia en el caso Gürtel, ya que considera «fundamentales» los «nuevos datos» contenidos en el voluminoso informe de la UDEF en el que se explican los pagos, sin aparente justificación, por parte de la empresa de Correa a Bárcenas y Galeote, durante la época en la que el presidente del PP era José María Aznar.

Garzón a la espera
El juez Garzón ha dado de plazo a la Fiscalía hasta el próximo lunes para que se pronuncie sobre el tema, y ha planteado la misma cuestión al Ministerio Público al menos otras tres veces, los días 18, 19 y 24 de febrero. El 5 de marzo último remitió las diligencias del caso Gürtel a los Tribunales Superiores de Madrid y Valencia, pero ninguna de las dos instituciones judiciales se han pronunciado aún

El criterio de la Fiscalía
La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido hasta el momento el criterio de que corresponde al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) la investigación de todo el caso Gürtel, a excepción de la parte relativa a los supuestos trajes regalados por las empresas de Correa al presidente de la Generalidad Valenciana, Francisco Camps, que estima debe tratarlo el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

EL PLURAL.COM

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EN MURCIA NO DIMITE NADIE

El alcalde de Murcia y secretario regional del PP, Miguel Ángel Cámara, asegura que la acusación de la Fiscalía al jefe de planeamiento municipal, Joaquín Peñalver, ahora excedente, de organizar una trama profesional para controlar todo el urbanismo de la Región desde el ayuntamiento capitalino “no tiene relación” con la institución que preside.

Según la fiscalía, durante diez años, de 1996 a 2006, desde su despacho en la Gerencia de Urbanismo, Peñalver organizó una red de arquitectos e ingenieros que acaparaba proyectos y actuaciones, lo que constituye indicios de delitos de negociación prohibida a funcionarios públicos, cohecho, uso de información privilegiada y blanqueo de capitales. Sin embargo, el alcalde Cámara, que gobierna el Consistorio desde 1995, está convencido, según dice, de que la corporación municipal se encuentra al margen de la actuación de Peñalver, su hermano y su tío -también arquitectos-, su mujer –asociada con promotores-, su suegra, otros familiares y varios promotores locales.

La actitud del alcalde del séptimo municipio en población de España, Murcia, ante las acusaciones de la Fiscalía es reveladora del clima de tolerancia hacia las irregularidades de los cargos públicos que invade la Región del Sureste. El precedente, la semana antes de conocerse estas acusaciones, es el de un edil cartagenero del PP que adjudicó obras del Plan E de Zapatero a su propio hijo por valor de más de 50.000 euros.

Este asunto ha vuelto a poner de relieve lo que se ha convertido en un mal endémico de las instituciones murcianas: los cargos públicos no dimiten, por mucho que sean pillados en falta, y a veces hasta usan sus puestos para eludir o retrasar la acción de la Justicia.

Este caso es ridículo comparado con el de Murcia, pero la actitud es la misma. La alcaldesa cartagenera, Pilar Barreiro, deshoja la margarita desde la semana pasada sobre qué hacer con su concejal de Vía Pública, Enrique Pérez Abellán, que ha incurrido en nepotismo con el dinero público. Le ha retirado las competencias, pero el edil sigue en posesión de sillón aunque lo ha puesto “a disposición” de la regidora.

La oposición socialista municipal brama por los pasillos y por los medios de comunicación olvidando que el caso Pérez Abellán no es sino uno más de la lamentablemente ya larga lista de cargos públicos murcianos que se niegan a dimitir a pesar de que la Justicia los tiene oficialmente imputados o acusados formalmente.

El anterior al del edil cartagenero fue el de un edil y portavoz socialista en otro ayuntamiento, el de Santomera. José Antonio Gil Sánchez fue formalmente acusado por la Fiscalía de delito ambiental en colaboración con el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia a cuenta de una cantera de áridos ilegal propiedad del segundo.

A los pocos días de conocerse la acusación, Gil Sánchez tomó posesión como diputado en la Asamblea Regional, en sustitución de un compañero fallecido, con lo que, como mínimo retrasa su proceso varios meses. El partido socialista cerró filas con él y lo defiende a capa y espada, señalando que su supuesto delito no tiene nada que ver con el de aquellos que meten la mano en la caja del erario público.

De uno y otro bando

Comparaban así en su beneficio los socialistas el caso santomerano con el del ex alcalde de Totana y diputado regional Juan Morales, imputado desde diciembre de 2007 por una retahíla de delitos que pueden ir desde el cohecho hasta las negociaciones prohibidas a funcionarios públicos. Nadie le exigió la dimisión desde su partido, el PP: sólo se ha trasladado al Grupo Mixto –con gran cabreo del único diputado de IU– y sigue cobrando su sueldo a pesar de haber estado un año de baja psiquiátrica.

Con Morales andaba en las lides procesales su heredero del bastón de mando municipal totanero José Martínez Andreo, quien tampoco recapacitó lo suficiente en sus casi tres meses de prisión preventiva como para renunciar a su cargo público.

Al otro lado de la barrera también saltan los astados, como prueba que Manuel Hurtado, todo un senador del Reino, alcalde socialista que fue durante casi 30 años del municipio de Ceutí, se vale de su condición parlamentaria, en la práctica, para dificultar la acción de la Justicia, en cuyas manos lo ha puesto la Fiscalía tras encontrar irregularidades en su larga gestión municipal.

El caso más antiguo, de este tenor, es el del alcalde de Alcantarilla, Lázaro Mellado, que lleva diez años imputado por delito ecológico y ya está, desde hace casi dos, acusado formalmente de tal y con petición de pena de años de cárcel. Otra cosa no, pero sus abogados deben ser maestros en el arte procesal. Su partido, el PP, lo apoya desde el principio hasta el final.

Si cualificados representantes de la clase política mayoritaria murciana, incluyendo al ex consejero y ex delfín del presidente Valcárcel, Francisco Marqués –que ha admitido ante el juez la comisión de varios delitos fiscales para eludir, dicen, las imputaciones penales–, actúan con semejante laxitud los siguientes en la escala no pueden comportarse de manera diferente.

La lista de ediles, altos funcionarios, directores y subdirectores generales murcianos imputados o investigados formalmente por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia regional se aproxima ya al medio centenar, con amplia mayoría del PP, acorde con los resultados electorales, pero con notorio representación del PSOE. Aquí no dimite nadie.

ELCONFIDENCIAL

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