miércoles, 10 de noviembre de 2010

"CASO GÜRTEL"; BILLETES DE 500 PARA COMPRAR A CARGOS DEL PP

Los escándalos que afectan al PP 
LAS NUEVAS REVELACIONES DE LA INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Documentos del sumario acreditan el pago a dirigentes populares de comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas mediante "moneda de alta denominación"

JOSÉ ANTONIO HERNÁNDEZ - Madrid

Una "tira de impresión de calculadora" encontrada en una carpeta azul que guardaba el contable de la red Gürtel, cuya fotocopia está incorporada al sumario y se muestra en esta página, delata que la trama corrupta de Francisco Correa pagaba a los cargos públicos del PP con billetes de 500 euros la "primera fase del blanqueo de capitales", según señala un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

Entre 2003 y 2007, Teconsa sacó cinco millones en billetes de 500 euros

Correa pagó comisiones ilegales a Bárcenas, Merino, Galeote y Santiago

La policía halló una tira de calculadora con sumas de billetes y monedas

El reparto de euros en efectivo era la primera fase del blanqueo de dinero

En dicho informe se detalla cómo la red corrupta se encargó de cobrar un 3% de comisión ilegal a la constructora leonesa Teconsa por al menos tres obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular.

En el historial tributario de Teconsa, según explica el informe policial, se recoge cómo entre 2003 y 2007 sacó más de cinco millones de euros en billetes de 500. Los pagos en billetes de 500 euros por obras adjudicadas en Castilla y León a los que hace referencia el sumario corresponden a 2002, cuando todavía no se hacían controles en los bancos sobre ese tipo de billetes.

Correa, según la investigación judicial, repartía esa comisión ilegal entre dirigentes políticos del PP, entre los que la policía señala al ex diputado nacional Jesús Merino, al ex senador y ex tesorero Luis Bárcenas; al ex eurodiputado Gerardo Galeote y al actual presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago.

Las conclusiones de la policía se basan en documentos encontrados en las sedes de la trama corrupta, cotejados con los expedientes de contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León.

La tira de impresión de calculadora que halló la policía refleja cómo el contable fue sumando las cantidades que tenía en billetes de 500 y en monedas de un euro y que sumaban exactamente el 3% del precio final de la adjudicación a Teconsa de las obras de la variante de Villanueva de Mena por 5,8 millones de euros. El reparto del dinero, según los documentos incautados a la trama corrupta, se hizo el 14 de junio de 2002 mientras la adjudicación fue el 9 de mayo de ese mismo año.

La policía escribe: "El dinero que recibe la organización de Francisco Correa por parte de los responsables de las empresas como contraprestación por la intermediación de esta para la consecución de la adjudicación de proyectos otorgados por parte de las Administraciones públicas se otorgaban en su mayor parte en billetes de alta denominación (200 o 500 euros). Estas cantidades posteriormente se repartían entre los partícipes en el proceso mediante entregas de dinero en metálico, también en billetes de alta denominación. Existe una preferencia por la utilización de billetes de alta denominación por parte de las organizaciones por su facilidad en el transporte".

Los investigadores hacen ver que este modo de repartir comisiones ilegales por la adjudicación de obras "constituye la primera fase del proceso de blanqueo de los capitales de procedencia ilícita denominada de adquisición y que se caracteriza por la utilización masiva de medios de pago transformables directamente en dinero en efectivo". Teconsa, la empresa que pagó las comisiones ilegales por obras en Castilla y León, es la misma que, según la investigación, repartió con Correa parte de los 3,5 millones que ganó cuando la televisión pública valenciana le adjudicó los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de vídeo en las calles por las que iba a pasar el Papa en su visita a Valencia.

Teconsa carecía de experiencia para este trabajo, por el que cobró siete millones de euros. Y subcontrató por 3,5 millones todas las tareas.

ANTICORRUPCIÓN PREPARA EL TERCER FRENTE DEL "CASO GÜRTEL"

Los escándalos que afectan al PP

Espera un informe para abrir otra causa en Castilla y León

J. M. R. - Madrid


La Fiscalía Anticorrupción espera un último informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervención General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y León ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y amaño de adjudicaciones en esa comunidad autónoma.

Correa se repartió con políticos 384.000 euros por la planta de Gomecello

El último informe policial sobre la trama Gürtel en Castilla y León revela al menos tres adjudicaciones amañadas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagaría por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organización de Francisco Correa, quien repartiría la comisión entre dirigentes del PP.

Los dos aforados implicados en la supuesta recepción de comisiones son José Manuel Fernández Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y León, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.

El último informe policial señala que Correa cobró 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisión total de 600.000 euros por la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejería de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables están implicados en el caso Gürtel por otras adjudicaciones supuestamente amañadas. La policía cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis Bárcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jesús Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisión pactada la repartió Correa entre Bárcenas, Merino, Galeote y él mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llevó 144.200 euros, y que la policía cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude así a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y León.

La policía tiene más clara la supuesta recepción de comisiones, en otras obras, por parte de Fernández Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".

Más información:
    * Tema: Caso Gürtel
    * Billetes de 500 para comprar a cargos del PP
    * Fotografía: José Manuel Fernández Santiago
    * Fotografía: Silvia Clemente

elmundo.es

CAMPS Y BARBERÁ PUDIERON PAGAR A URDANGARÍN 5,5 MILLONES, SEGÚN ESQUERRA UNIDA

POLÍTICA  | Cuando presidía la Fundación Noós

    * Por los congresos Valencia Summit y la candidatura a los Juegos Europeos
    * EU reclama los detalles de la relación del Consell con dicha sociedad
    * Aseguran que desde 2005 podría haber abonado más de 5 millones de euros

Efe | Valencia

Esquerra Unida (EU) ha instado este miércoles a la Conselleria de Presidencia a que informe sobre el convenio que la Generalitat firmó en 2006 con la empresa de Iñaki Urgandarín, ya que según ha asegurado, ésta podría "haberse embolsado más de 5,5 millones de euros de las Administraciones Públicas valencianas".

La diputada autonómica Marina Albiol ha solicitado el contenido del convenio suscrito entre el Instituto Nóos, presidido entonces por el duque de Palma, y la Sociedad Gestora por la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana.

"Queremos conocer punto por punto cuáles han sido las relaciones entre la Generalitat valenciana y la empresa del yerno del Rey, relacionada con el sumario de caso Palma Arena", ha señalado la diputada.

Asimismo, Albiol ha denunciado que esa empresa "podría haberse embolsado más de 5,5 millones de euros de las Administraciones Públicas valencianas a lo largo de los últimos años".

Valencia Summit y Juegos Europeos
En este sentido, ha afirmado que los "382.000 euros que se embolsó la empresa" de Urdangarín a través de la firma del convenio del 2006 "se añaden los 2,4 millones de euros que ya recibió por las dos ediciones de Valencia Summit", así como la cifra, ha señalado, "aún indeterminada que recibió" del Consell "por unos inexistentes Juegos Europeos".

Ha calificado de "absolutamente escandaloso" que el Ejecutivo de Francisco Camps "se escude en la confidencialidad para no confesar la cifra que pagó a Urdangarín".

"Si las cifras son correctas, en total Urdangarín se habría embolsado de las cuentas públicas valencianas la faraónica cifra de 5,782.203 euros", ha denunciado Albiol en referencia a las informaciones aparecidas en los medios de comunicación que han cifrado el contrato en tres millones de euros.

"Resulta absolutamente lamentable que el Gobierno de Camps dilapide más de 5,5 millones de euros en turbios negocios pilotados por miembros de la monarquía española", ha indicado Albiol.

elmundo.es

CONDENADO A 15 MESES DE PRISIÓN EL EX ALCALDE DE CAMBIL POR PREVARICACIÓN CONTINUADA

JAÉN  | Dio licencia de obras para viviendas levantadas en suelo rústico

    * El fallo, que será recurrido, lo inhabilita por siete años

Europa Press | Jaén

El ex alcalde socialista de Cambil Agustín Cubillo ha sido condenado a un año y tres meses de prisión y siete años de inhabilitación como autor de un delito continuado de prevaricación por otorgar licencias para edificar dos viviendas sabiendo que no se debían autorizar al encontrarse en suelo no urbanizable.

Fuentes de la defensa han explicado a Europa Press que, junto a Cubillo, han sido condenados otras ocho personas -propietarios de las casas y los responsables técnicos de los proyectos y de las constructoras- a seis meses de prisión, si bien no se ordena la demolición de los inmuebles, como había solicitado el Ministerio Fiscal que, además, retiró su acusación al décimo acusado, el aparejador J.F.L.S., durante el juicio.

La sentencia, en cualquier caso, va a ser recurrida, ya que al menos el abogado del ex alcalde ha mostrado su intención de apelar a la Audiencia Provincial al considerar que "se contradice" con el propio Código Penal. En este sentido, ha defendido que las licencias "están dadas correctamente" frente al carácter irregular o no de las edificaciones, recalcando que su patrocinado está procesado por un delito continuado de prevaricación y no por ningún otro.

En la vista oral, celebrada el pasado martes en el Juzgado de lo Penal número dos de Jaén, se analizó la construcción de una vivienda en el paraje Huerta de las Cerezas, cuya obra, según reconoció el dueño, R.D.L., comenzó en 2006 antes de obtener la licencia que se le otorgó después.

En trámite, pero con estructura
El constructor M.L.L. afirmó que preguntó por ella y le indicó que estaba en trámites, motivo en el que se excusó para realizar la estructura, mientras que otros dos acusados, los hermanos D.M.M. y F.M.M., aseguraron que fueron contratados sólo para la colocación de la alambrada en un muro perimetral para cerrar la parcela. El arquitecto responsable del proyecto J.S.F., por su parte, no compareció.

Con respecto a la segunda vivienda, construida en 2005 en la zona de San Marcos, tanto el propietario, F.L.R., como el arquitecto responsable del proyecto técnico, S.R.J., señalaron que su ubicación es correcta, razón por la que el constructor y procesado A.O.L. hizo la obra. De hecho, obtuvo la licencia municipal y cuenta también con el certificado de final de obra del arquitecto y licencia municipal de primera ocupación.

Por su parte, el ex alcalde de Cambil manifestó que en su época como regidor continuó "como se venía trabajando" con anterioridad para otorgar permisos de obras, de modo que se solía pedir un informe técnico al aparejador municipal pero "no había costumbre" de solicitar el de carácter jurídico al secretario del Ayuntamiento.

En el caso de la primera casa, el aparejador municipal dio el visto bueno al vínculo de la casa al uso agrícola del terreno. Sin embargo, sí emitió un informe desfavorable para aclarar algún punto en el proyecto de F.L.R. al comprobar que en el lugar indicado ya había otro edificio.

Al respecto, Cubillo insistió en que la licencia de obra se dio porque el proyecto era conforme a la normativa y no percibió modificación. Igualmente, declaró que la licencia de primera ocupación se otorgó tras comprobar que se había emitido el pertinente certificado de fin de obra por parte del arquitecto.


elmundo.es

UN EX ALCALDE DE CALP DEJA SUS COMPETENCIAS COMO CONCEJAL DEL PP POR EL "CASO BRUGAL"

Javier Morató, que también es presidente local de los populares, se considera una víctima y defiende su "honorabilidad"

EP / EL PAÍS - Alicante

El ex alcalde de Calp (Alicante) y actual concejal del PP Javier Morató ha puesto sus competencias a disposición del alcalde, Ximo Tur, del Bloc, por las revelaciones del caso Brugal. Morató también pone su acta de edil a disposición de la dirección provincial de su partido, aunque considera que es víctima de "un linchamiento mediático" y defiende su "honorabilidad".

En un comunicado, Morató destaca que no está imputado "y ni tan siquiera" ha sido citado "a ninguna declaración previa" en la investigación de la trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en Alicante. Según el también presidente local del PP, le faltó "reacción" cuando en los medios de comunicación apareció su nombre vinculado a supuestas irregularidades en la concesión de una planta de residuos en Calp y por la presunta manipulación del pesaje de los vertidos que llegarían a dicha instalación, todo ello en posible connivencia con uno de los principales investigados en la operación, el empresario oriolano Ángel Fenoll.

Tras divulgarse esta información, el alcalde pidió a los ediles del PP mencionados que dejaran sus competencias. Morató le replicó entonces que no pensaba hacerlo y recordó a Tur que gobierna gracias al apoyo del PP. En cambio, otro concejal del PP, Pedro Jaime Fernández, dejó la militancia del PP sin abandonar el consistorio por la supuesta implicación de sus compañeros de partido en el caso Brugal. Ahora, Morató pide al alcalde que "no tenga ninguna duda sobre su honorabilidad", aunque ha puesto a su disposición todas sus competencias.

La presunta relación de varios políticos del PP de Calp con la trama Brugal surge de las grabaciones realizadas por Ángel Fenoll, uno de los principales implicados en la trama del negocio de la basura en el sur de Alicante. Las grabaciones, intervenidas por la Policía, apuntan a supuestas irregularidades en la adjudicación de la planta de basura de la localidad. La Policía sospecha, además, que pudo haber manipulación del pesaje de los residuos llegados a la planta y, en consecuencia, en la factura del servicio. La investigación considera que estarían relacionadas con estos hechos los concejales del PP Juan Roselló, Fernando Penella y Javier Morató.

Morato, en cambio, dice sentirse "desconcertado y agobiado por tantas falsedades". En su opinión, es "imposible asumir que alguien te puede grabar una conversación" telefónica si "jamás has hablado con dicho señor", en referencia a Fenoll, con el que dice haber coincidido solo tres veces. "Jamás he recibido ni un solo duro de dicho señor, ni de él ni de nadie", añade.

No obstante, hoy mismo la Junta de Gobierno Local ha acordado investigar las facturas sobre el pesaje de los residuos sólidos urbanos remitidas al consistorio por la mercantil Colsur, adjudicataria del servicio y vinculada a Fenoll. El gobierno local pedirá al técnico responsable del servicio de recogida de residuos sólidos un informe exhaustivo y que se investigue a todas las partes implicadas en el proceso de pesaje de las basuras -pesadores, controladores y conductores, entre otros- desde la fecha en que sea posible técnicamente obtener datos fiables, según fuentes municipales.

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